Ficha de la providencia
Sentencia SC19858-2017
Corte Suprema de Justicia · Sala de Casación Civil
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Ficha de la providencia
Sentencia SC19858-2017
Corte Suprema de Justicia · Sala de Casación Civil
República de Colombia
Corte Suprema de Justicia
Sala de Casación Civil
Sentencia SC19858-2017
Magistrado ponente: Álvaro Fernando García Restrepo
ALVARO FERNANDO GARCÍA RESTREPO
Magistrado ponente
SC19858-2017
Radicación n.° 11001-02-03-000-2015-03031-00
(Aprobado en Sala de tres de octubre de dos mil diecisiete)
Bogotá, D. C., veintiocho (28) de noviembre de dos mil diecisiete (2017.-)
La Corte procede a resolver la solicitud mediante la cual OSCAR OSORIO pretende que produzca efectos en Colombia la sentencia proferida el 4 de mayo de 2006 por el Juzgado de 1ª Instancia No. 1 de Valdemoro, España.
I. ANTECEDENTES
1. Mediante escrito radicado el 3 de diciembre de 2015, el demandante a través de apoderado judicial pretende la homologación del fallo antes mencionado, en el cual se decretó el divorcio del matrimonio que celebró con Angélica Murcia Godoy.
2. Como fundamento de su aspiración, el solicitante relató los hechos que se compendian así:
El 11 de marzo de 2004 contrajo esa unión en la Notaría Única de Honda, Tolima.
1.2. Mediante sentencia de 4 de mayo de 2006 la Juez de Primera Instancia e Instrucción del municipio de Valdemoro, España, aprobó el acuerdo de divorcio a que llegó con su consorte.
1.3. El 6 de junio de ese mismo año esa autoridad extranjera declaró en firme esa determinación, “toda vez que no fueron interpuestos recursos en contra de ella” (fls. 11 al 14).
2. Previa aclaración del actor de que ninguno de los hijos procreados con su cónyuge es menor de edad (fl. 19), el libelo fue admitido por proveído de 31 de agosto de 2016, en el que se ordenó correr traslado al Ministerio Público en la forma prevista en el artículo 695 del Código de Procedimiento Civil (fl. 22).
3. La Procuraduría Delegada para Asuntos Civiles se pronunció sobre los hechos y discurrió sobre los requisitos de la homologación deprecada, sin oponerse a ella por cuanto la decisión objeto de la misma es “un acto de autoridad legítima en el concierto judicial internacional que, además, en su contenido y efectos guarda consonancia con el régimen nacional atinente al divorcio y sus efectos frente a los hijos menores comunes, en concreto a los artículos 154-9 (…) y 164 del Código Civil” (fls. 27 al 30).
4. La Procuradora Delegada para la Defensa de los Derechos de la Infancia, la Adolescencia y la Familia observó, que además del acuerdo para divorcio, en el fallo objeto de homologación se aprobó el convenio a que llegaron los consortes el 23 de septiembre de 2005, sobre las obligaciones recíprocas con su hija, “Andrea Lizeth Osorio Murcia, que como se desprende de los textos allegados como anexos, nació el 2-12-1995, [y] a la fecha ha alcanzado su mayoridad, lo que no hace necesario profundizar sobre su estado de garantía de derechos”.
Agregó que es necesario acreditar la celebración del comentado vínculo matrimonial, para lo cual solicitó oficiar a la respectiva Notaría, “pues finalmente ante la eventual prosperidad de la acción, debe haber certeza de la existencia del acto que afecta, el registro civil, con las anotaciones correspondientes que pueda tener” (fls. 32 al 38).
5. Agotada la etapa probatoria, en la que se obtuvo el precitado documento registral, se corrió traslado para alegar de conclusión, sin allegarse pronunciamiento alguno (fl. 76).
II. CONSIDERACIONES
1. Preliminarmente, se advierte que la solicitud de exequátur fue radicada el 3 de diciembre de 2015, en vigencia del Código de Procedimiento Civil, por lo que el trámite y decisión final se siguen con apoyo en ese ordenamiento, por así disponerlo los artículos 624 y 625 numerales 5º y 6º, del Código General del Proceso, en vigor integralmente desde el 1º de enero de 2016, según el Acuerdo PSAA15-10392 del Consejo Superior de la Judicatura, Sala Administrativa.
Sobre ese criterio, consolidado en la Sala, da cuenta el auto CSJ AC de 2 de agosto de 2016, Rad. 2015-00495-0, reiterado entre otros en SC18557-2016, acorde con el cual
[S]alvo que se trate de alguno de los casos expresamente establecido en el referido artículo 625, dentro de los cuales, valga la pena decirlo, no se encuentra el procedimiento de exequátur, es imperativo aplicar “…la regla general prevista en el numeral anterior…” (numeral 6 ibídem), esto es, que se seguirán gobernando por las disposiciones que estaban en vigor a la formulación. Así lo reconoció la Corte en reciente pronunciamiento: Quiere decir que al no existir una referencia concreta al exequátur en la norma referida –numeral 6 del artículo 625-, queda comprendido dentro de la última regla transcrita, por lo que se tendrán en cuenta las normas que establecía el Código de Procedimiento Civil, por ser las aplicables al momento en que se inició (CSJ SC8655-2016, 29 jun. 2016, radicación n° 11001-02-03-000-2015-01712-00)” Y es que no podría ser de otra forma, dado que como la homologación de sentencias extranjeras no busca resolver la controversia entre las partes, sino simplemente reconocer efectos a una sentencia foránea en nuestro país, su naturaleza jurídica guarda similitud con algunos trámites incidentales atípicos, los cuales, de acuerdo con el artículo 40 de la Ley 153 de 1887, subrogado por el artículo 624 del Código General del Proceso, “se regirán por las leyes vigentes cuando…se promovieron los incidentes”.
2. La exclusividad de la jurisdicción es una de las manifestaciones de la soberanía del Estado, y como tal comporta que éste se reserve la función pública de administrar justicia, por lo que únicamente las decisiones adoptadas por sus jueces permanentes y los particulares habilitados transitoriamente producen consecuencias jurídicas y son de obligatorio acatamiento dentro del territorio nacional.
Sin embargo, ese imperium jurisdiccional, y más concretamente el axioma de la independencia de los Estados, ha adoptado “una nueva concepción (…), más acorde con la universalización de ciertos valores y formas de organización política y económica”, en razón al inacabado proceso de globalización, “[e]l creciente flujo de bienes y personas y la agilidad de todo tipo de comunicaciones” (CSJ SC, 16 jul. 2004, rad. 2003-00079-01).
3. Por eso, excepcionalmente se ha admitido, en atención a exigencias prácticas de internacionalización, cooperación y eficacia de la justicia, que las sentencias, laudos arbitrales y proveídos análogos, dictados en un Estado foráneo, en procesos contenciosos o de jurisdicción voluntaria, surtan efectos en Colombia, siempre que se respeten los postulados sustanciales y procesales establecidos en los artículos 693 y 694 del Código de Procedimiento Civil, de los que emana
(…) el sistema llamado de la ‘regularidad internacional de los fallos extranjeros’ sobre una base previa de reciprocidad, sistema éste que consiste en aceptar por norma el cumplimiento en el país de providencias de esa naturaleza, en la medida en que se reúnan ciertas exigencias mínimas señaladas por la legislación con el fin de precaver eventuales ‘irregularidades internacionales’ de que las ameritadas sentencias [y laudos arbitrales] puedan adolecer” (CSJ SC, 5 nov. 1996, rad. 6130).
4. Para que una decisión judicial pronunciada por una autoridad de otro país produzca consecuencias en el suelo patrio, el legislador nacional diseñó un sistema mixto o combinado, sustentado en la reciprocidad diplomática y, a falta de ésta, en la reciprocidad legislativa y de hecho.
Sobre el particular, esta Corporación ha precisado:
Para que los fallos extranjeros produzcan efectos en el territorio colombiano, necesariamente deberá acreditarse la existencia de un tratado suscrito entre Colombia y el país que dictó la sentencia, es decir lo que es conocido como la reciprocidad diplomática; o, en su defecto, lo que a ese respecto prevea la ley foránea o la práctica jurisprudencial imperante, en orden a reconocerle también efectividad a las sentencias dictadas en Colombia, fenómenos denominados en su orden reciprocidad legislativa y reciprocidad de hecho (CSJ SC, exequatur, 17 jul. 2001, rad. 0012).
Por consiguiente, como lo ha sostenido la Corte en numerosas oportunidades,
(…) en primer lugar se atiende a las estipulaciones de los tratados que tenga celebrados Colombia con el Estado de cuyos tribunales emane la sentencia que se pretende ejecutar en el país. Y en segundo lugar, a falta de derecho convencional, se acogen las normas de la respectiva ley extranjera [o su jurisprudencia reinante] para darle a la sentencia la misma fuerza concedida por esa ley [o la doctrina jurisprudencial] a las proferidas en Colombia (G.J. t. LXXX, pág. 464; CLVIII, pág. 78; CLXXVI, pág. 309; CSJ SC, 18 dic. 2014, rad. 2013-02234-00).
5. En el sub exámine está acreditada la correspondencia diplomática, puesto que entre Colombia y el Reino de España se encuentra vigente el “Convenio Sobre Ejecución de Sentencias Civiles” suscrito el 30 de mayo de 1908, aprobado por el Congreso mediante la Ley 7ª de 13 de agosto de ese año y operante desde el 16 de abril de 1909.
6. De conformidad el artículo 1° de ese instrumento
(…) Las sentencias civiles pronunciadas por los Tribunales comunes de una de las Altas Partes contratantes, serán ejecutadas en la otra, siempre que reúnan los requisitos siguientes: Primero. Que sean definitivas y que estén ejecutoriadas como en derecho se necesitaría para ejecutarlas en el país en que se hayan dictado. Segundo. Que no se opongan a las leyes vigentes en el Estado en que se solicite su ejecución.
El artículo 2° ídem precisa que el presupuesto inicial se colma con “…un certificado expedido por el Ministerio de Gobierno o de Gracia y Justicia”, y aunque a renglón seguido prevé que su firma debe estar “legalizada por el correspondiente Ministro de Estado o de Relaciones Exteriores y la de éste a su vez por el Agente Diplomático respectivo acreditado en el lugar de la legalización”, es pertinente anotar que la “Convención sobre la abolición del requisito de legalización para documentos públicos extranjeros” adoptada en La Haya el 5 de octubre de 1961, aprobada mediante Ley 455 de 1998 declarada exequible según sentencia C-164 de 1999 Corte Constitucional la sustituyó por la colocación de un sello de apostilla.
Además, el artículo 3° del acuerdo bilateral requiere oír “…al Ministerio Público o Fiscal de acuerdo con las leyes de cada uno de los dos países contratantes”.
7. Adicionalmente, para que la providencia extranjera irradie efectos en Colombia es preciso satisfacer las exigencias complementarias consagradas en el artículo 694 del Código de Procedimiento Civil, a la luz del entendimiento que la jurisprudencia les ha dado, es decir, que no “…verse sobre derechos reales respecto de bienes situados en territorio nacional; que no recaiga sobre asuntos de resorte exclusivo de los jueces nacionales o respecto de los cuales exista proceso en curso o sentencia en firme. Además, si el fallo fue contencioso, se haya cumplido la debida citación y contradicción del demandado” (CSJ SC 20 mar. 2014, rad. 2012-02652-00).
7.1. Examinada la actuación, se destaca que se aportó copia el fallo proferido por el Juzgado de 1ª Instancia No. 1 de Valdemoro, España, que decretó el divorcio entre Oscar Osorio y María Angélica Murcia Godoy debidamente legalizado conforme los artículos 3º y 4° de la citada Ley 455 de 1998.
7.2. Tal pronunciamiento foráneo es definitivo y se encuentra en firme, desprendiéndose lo primero de su tenor y lo segundo del certificado emanado de la Dirección General de Cooperación Jurídica Internacional y Relaciones con las Confesiones del Ministerio de Justicia de España, en el cual, “...conforme al artículo 2 del Convenio sobre Ejecución de Sentencias Civiles entre España y Colombia, hecho en Madrid el 30 de mayo de 1908 (Gaceta de Madrid de 18 de abril de 1909), el Secretario Judicial del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción No. 1 de Valdemoro, hace constar que la sentencia dictada en el procedimiento Divorcio Mutuo Acuerdo 686/2005 tramitado a instancia de D. Oscar Osorio Zárate es firme”.
La firma de dicho funcionario, igualmente, fue autenticada mediante la apostilla de que trata la aludida Convención de La Haya (fls. 10 y 10 vto.).
7.3. No se observa ninguna oposición entre lo dispuesto en ella y el ordenamiento jurídico colombiano, porque la autoridad judicial extranjera tuvo en cuenta el pacto mediante el que las partes consintieron la finalización del vínculo y regularon los aspectos económicos del mismo y sus obligaciones para con la descendiente común, que en ese entonces era menor de edad, lo cual corresponde, sin lugar a posibles equívocos, al mutuo acuerdo previsto en el numeral 9 del artículo 154 del Código Civil Colombiano.
En un caso semejante, la Sala avaló la homologación, diciendo que
Habiéndose declarado la prosperidad del divorcio, según la audiencia final, por mutuo acuerdo de las partes, infiere la Corte que esta decisión extranjera no contraviene la legislación patria en la materia, en cuanto resulta coherente con la causal instituida en el artículo 6º-9 de la Ley 25 de 1992 modificatorio del artículo 154 del Código Civil, reformado por el 4º de la Ley 1ª de 1976, donde se habilita el divorcio por “consentimiento de ambos cónyuges, manifestado ante juez competente y reconocido por éste mediante sentencia”, quedando así desvirtuado lo aseverado por la delegada del Ministerio Público (CSJ SC15172-2016 y SC18557-2016).
Ciertamente que la Sala expuso en sentencia de 25 de junio de 2010, Rad. 2009-01066-00, que “Lo que importa a la hora de determinar si la sentencia extranjera es susceptible de homologación, es la hipótesis legal que se invocó para sentenciar el divorcio, pues es a partir de ella, en abstracto, que la Corte debe hacer el examen de compatibilidad con las normas colombianas”.
7.4. Por lo demás, la sentencia examinada no versó sobre derechos reales constituidos en bienes ubicados en el territorio nacional al momento de iniciarse el trámite que culminó con el divorcio, pues, el adquirido en vigencia de la sociedad conyugal que fue objeto de reparto se encontraba ubicados en el Reino de España, como se puede comprobar al leer su texto y el pacto que aprobó entre las partes.
7.5. El asunto no fue contencioso sino resultado de un proceso voluntario por consenso en el divorcio, lo que necesariamente comporta la comparecencia de los cónyuges, y la impertinencia del llamamiento adicional de alguno al trámite del exequatur.
7.6. También se advierte que intervinieron dos dependencias del Ministerio Público y ninguna dio concepto contrario sobre la viabilidad de lo pretendido, y en todo caso se allegó al expediente la prueba de la existencia del matrimonio que una de ellas echó de menos (fl. 48).
7.7. Además, no se demostró que existiera proceso en curso o fallo ejecutoriado de los jueces colombianos sobre ese mismo asunto.
7.8. Y, finalmente, las determinaciones adoptadas en relación con la guarda y custodia de la hija común, el régimen de visitas y las cuotas alimentarias a cargo de los padres, no son extrañas a las que generalmente se adoptan en Colombia en estos temas, con soporte en instituciones sustancialmente idénticas, sin perjuicio claro está, de lo que sobre el particular regulen éstas, dada la mayoría de edad que actualmente ostenta esa descendiente.
8. Con fundamento en las motivaciones que anteceden, procede el reconocimiento de efectos jurídicos a la decisión jurisdiccional sometida al presente trámite.
III. DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casación Civil, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,
RESUELVE
PRIMERO: CONCEDER el exequátur de la sentencia proferida el 4 de mayo de 2006 por el Juzgado de 1ª Instancia No. 1 de Valdemoro, España, mediante la cual se declaró la disolución por divorcio del matrimonio de Oscar Osorio y María Angélica Murcia Godoy y se aprobó el convenio regulador suscrito por ambas partes.
SEGUNDO: ORDENAR, para los efectos previstos en los artículos 6°, 10, 11, 22 y 72 del Decreto 1260 de 1970 y de conformidad con los artículos 1° y 2° del Decreto 2158 de 1970, la inscripción de esta providencia junto con el fallo reconocido, en el folio correspondiente al registro civil de matrimonio celebrado entre Oscar Osorio y María Angélica Murcia Godoy, así como en el de su nacimiento. Por secretaría líbrense los oficios a que haya lugar.
Sin costas en el trámite.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
LUIS ALONSO RICO PUERTA
Presidente de Sala
MARGARITA CABELLO BLANCO
ÁLVARO FERNANDO GARCÍA RESTREPO
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO
ARIEL SALAZAR RAMÍREZ
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA
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