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Corte Suprema de Justicia · Sala de Casación Civil

Sentencia SC21037-2017

Fecha
13 de diciembre de 2017
Magistrado ponente
Margarita Cabello Blanco
Citada por
2 providencias

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia SC21037-2017

Corte Suprema de Justicia · Sala de Casación Civil

Parte resolutiva

III. DECISIÓN En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, RESUELVE PRIMERO: NO CONCEDER el exequátur al fallo proferido el 21 de mayo de 2007 por el Juzgado de Primera Instancia número 9 de Familia de Murcia - España, a través del cual se decretó el divorcio y la disolución del vínculo civil celebrado entre Constanza Linares Rodríguez y Edgar Hernán Estela Buenaventura. SEGUNDO: NO CONDENAR en costas en la actuación.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Corte Suprema de Justicia

Sala de Casación Civil

Sentencia SC21037-2017

Magistrado ponente: Margarita Cabello Blanco

13 de diciembre de 2017

MARGARITA CABELLO BLANCO

Magistrada ponente

SC21037-2017

Ref. Exp. n°. 11001 02 03 000 2014 01680 00

(Aprobado en sesión de tres de octubre de dos mil diecisiete)

Bogotá, D. C., trece (13) de diciembre de dos mil diecisiete (2017).

Se decide sobre la solicitud de exequátur presentada por la señora Constanza Linares Rodríguez respecto de la sentencia de divorcio proferida el 21 de mayo de 2007 por el Juzgado de Primera Instancia número Nueve de Murcia (España).

I. ANTECEDENTES

1.- Mediante escrito presentado a través de apoderado judicial especialmente constituido para tal fin, la aludida demandante, mayor de edad y de nacionalidad colombiana, deprecó el otorgamiento de efecto jurídico a la providencia extranjera ab initio citada.

2.- Como soporte de su solicitud, la peticionaria narró los siguientes hechos:

2.1.- Los «señores: EDGAR HERNAN ESTELA BUENAVENTURA y CONSTANZA LINARES RODRIGUEZ, de nacionalidad colombiana, contrajeron matrimonio civil ante la Notaria 18 de Cali Valle, el 19 de Julio de 2005 tal como se acredita con el respectivo registro civil de matrimonio que aparece en el folio registral No. 4322544», y «no procrearon hijos ni adquirieron bienes durante su convivencia».

2.2.- Los cónyuges referenciados, viajaron a «España en busca de mejores oportunidades de vida y allí lo que ocurrió fue que empeoró su relación sentimental, lo que conllevó a que se solicitara el DIVORCIO en el que el demandado EDGAR HERNAN ESTELA BUENAVENTURA actuó en situación de rebeldía».

2.3.- El 21 de mayo de 2007, el Juzgado de Primera Instancia número 9 de Familia de Murcia España, declaró «la disolución por divorcio del matrimonio formado por CONSTANZA LINARES RODRIGUEZ y EDGAR HERNAN ESTELA BUENAVENTURA, con todos los efectos legales inherentes a dicha declaración; todo ello sin hacer expresa imposición de las costas causadas», y en estos momentos, la demandante «desconoce por completo [el] paradero» del señor Edgar Hernán Estela.

2.4.- La sentencia objeto de homologación «se encuentra ejecutoriada y así lo anota el Secretario del Juzgado, mediante certificación que expide el 23 de Marzo de 2012, en donde además se hace claridad que corresponde a un DIVORCIO tramitado y resuelto no de mutuo acuerdo sino de forma contenciosa entre las partes por lo tanto entra en vigor desde la fecha indicada».

II. EL TRÁMITE OBSERVADO

1.- Cumplidas las exigencias formales previstas en el artículo 695 del C. de P. C., por auto del 10 de octubre de 2014, fue admitida la solicitud y, en el mismo proveído, se dispuso correr traslado al Ministerio Público, entidad que en tiempo, a través de la Delegada para Asuntos Civiles, manifestó:

“para que pueda homologarse la sentencia de divorcio proferida por las autoridades jurisdiccionales españolas, el demandante debe demostrar clara e inequívocamente que el divorcio fue resuelto de una causa que sea compatible con la legislación nacional. Al analizar el fallo, se encuentra que el divorcio fue solicitado por ambos cónyuges (sic), y que en la providencia se cataloga el divorcio como “contencioso” como así lo certificó la Subdirectora General Adjunta de Cooperación Jurídica Internacional de la Dirección General de Cooperación Jurídica Internacional y Relaciones con las Confesiones (folio 13). Hecho que se reafirma al revisar el contenido de la sentencia proferida por el juzgado español, cuando expone que el demandado Edgar Hernán Estela Buenaventura, precluída la fase de alegaciones se encontraba en situación de rebeldía (folio 9), lo que reafirma que el mutuo acuerdo alegado no existió”.

Por tanto, consideró que “no es viable otorgar el exequatur solicitado, toda vez que la sentencia del 21 de mayo de 2007, proferida por el Juzgado de Primera Instancia número 9 (Familia), Murcia, España, mediante la cual se declaró la disolución por divorcio del matrimonio formado por Constanza Linares Rodríguez y Edgar Hernán Estela Buenaventura, no aparece probado que esté sustentada en una causal que guarde consonancia con el ordenamiento jurídico colombiano y viola las normas de orden público”.

2. Dentro de la etapa de ordenación y práctica de pruebas (folios 36 a 37), se dispuso tener en cuenta los documentos anexados con la demanda; vencido dicho período, se le concedió a las partes oportunidad para alegar de conclusión, de la cual hizo uso el extremo activo de la litis (Fls. 63 a 66).

3. El trámite reservado para esta clase de asuntos fue agotado plenamente y por esto, corresponde resolver sobre el fundamento y viabilidad de la petición elevada.

III. CONSIDERACIONES

1. En línea de principio, en el territorio patrio, sólo las decisiones emitidas por los jueces nacionales o las de los particulares facultados expresamente para ello, producen efectos; por tanto, bajo esa perspectiva, las sentencias de funcionarios extranjeros no podrán hacerse cumplir en el país, habida cuenta que resultaría afectada la soberanía del Estado.

No obstante, por diferentes circunstancias, se ha posibilitado que esos fallos tengan plena aplicación en Colombia, para lo cual deben someterse al cumplimiento de un mínimo de requisitos, a más de necesitar la autorización que expide la Corte Suprema de Justicia a través del trámite del exequátur.

2. El artículo 693 y siguientes del Código de Procedimiento Civil, regulan esa posibilidad, al ordenar el primero de ellos que «Las sentencias y otras providencias que revistan tal carácter, pronunciadas en un país extranjero en procesos contenciosos o de jurisdicción voluntaria, tendrán en Colombia la fuerza que les concedan los tratados existentes con ese país, y en su defecto la que allí se reconozca a las proferidas en Colombia».

De acuerdo con la norma trascrita, para que produzcan eficacia las providencias y/o sentencias extranjeras en nuestro ordenamiento es menester que, el país de donde proviene la decisión objeto de validación, le brinde a las de los jueces nacionales similar tratamiento, ya sea como consecuencia de tratados bilaterales o multilaterales celebrados; o, en defecto de los mismos, por la existencia de reciprocidad legislativa.

Dicha directriz, en variadas ocasiones, ha sido precisada por la Corte en los siguientes términos:

“[…] en primer lugar se atiende a las estipulaciones de los tratados que tenga celebrado Colombia con el Estado de cuyos tribunales emane la sentencia que se pretende ejecutar en el país. Y en segundo lugar, a falta de derecho convencional, se acogen las normas de la respectiva ley extranjera para darle a la sentencia la misma fuerza concedida por esa ley a las proferidas en Colombia […]” (G. J. t. LXXX, pág. 464, CLI, pág. 69, CLVIII, pág. 78 y CLXXVI, pág. 309, reiterada en CSJ SC6143-2014, Rad. 2013-01441-00).

3.- En el expediente contentivo de la petición de exequátur se tiene acreditado lo siguiente:

a.- El registro de matrimonio de los señores Edgar Hernán Estela Buenaventura y Constanza Linares Rodríguez celebrado en la ciudad de Cali el 19 de julio de 2005 (Fl. 5).

b. Sentencia del 21 de mayo de 2007, emitida por el Juzgado de Primera Instancia Número 9 Familia de Murcia (España) que resolvió «dándose las circunstancias que establece el art. 86 en relación con el artículo 81.1 CC, por lo que procede resolver conforme a lo solicitado, declarando la disolución del matrimonio» (Fls. 6 a 7 Ídem).

c.- Convenio sobre ejecución de sentencias civiles entre España y Colombia del 30 de mayo de 1908, que dispone que las «sentencias civiles pronunciadas por los Tribunales comunes de una de las Altas Partes contratantes, serán ejecutadas en la otra […]» (Fls. 40 a 41).

d. Certificación del Ministerio de Relaciones Exteriores que “[…] una vez revisado el Archivo de la Coordinación del Grupo Interno de Trabajo de Tratados de la Dirección de Asuntos Jurídicos Internacionales de este Ministerio, se verificó que el “Convenio Sobre Ejecución de Sentencias Civiles entre la República de Colombia y el Reino de España”, suscrito en Madrid el 30 de mayo de 1908 y puesto en vigor el 16 de abril de 1909, se encuentra vigente a la fecha para ambos Estados” (Fl. 45 Ídem).

4.- Así las cosas, si bien se advierte que existe reciprocidad diplomática entre los dos Estados, por ser ambos integrantes del ya citado cuerpo normativo bilateral, (Convenio sobre Ejecución de Sentencias Civiles – Madrid, 30 de mayo de 1908), la sentencia objeto de homologación no puede tener efectos en territorio patrio, toda vez que no cumple con el requisito fundamental del numeral 2° del artículo 694 del Código de Procedimiento Civil, debido a que dicha providencia se opone a las «leyes u otras disposiciones colombianas de orden público».

En efecto, el divorcio que se llevó a cabo en el extranjero por los solicitantes, se cumplió bajo los preceptos de un proceso contencioso, situación que de acuerdo con los motivos taxativos del artículo 154 del Código Civil es permitida en la Nación; no así lo esbozado por el Juzgado extranjero, al referir en el numeral primero de los «ANTECEDENTES DE HECHO», que fue presentado «escrito […], formulando demanda de divorcio contencioso del matrimonio contraído por los citados con fecha 19-7-2007 que fue inscrito en el Registro Civil de Bogotá, Sección 2, Tomo 1904, pág. 46 […]» (subrayado por fuera de texto); subsiguientemente, en los «FUNDAMENTOS DE DERECHO», resolvió que «dándose las circunstancias que establece el art. 86 en relación con el artículo 81.1 CC […], declar[o] la disolución del matrimonio».

En ese orden de ideas, conforme con la ley de enjuiciamiento civil española, en el artículo 81, que regula lo concerniente con el divorcio en dicho Estado, se establece que:

Artículo 81. Se decretará judicialmente la separación, cualquiera que sea la forma de celebración del matrimonio:

1º A petición de ambos cónyuges o de uno con el consentimiento del otro, una vez transcurridos tres meses desde la celebración del matrimonio. A la demanda se acompañará una propuesta de convenio regulador redactada conforme al artículo 90 de este Código.

2º A petición de uno solo de los cónyuges, una vez transcurridos tres meses desde la celebración del matrimonio. No será preciso el transcurso de este plazo para la interposición de la demanda cuando se acredite la existencia de un riesgo para la vida, la integridad física, la libertad, la integridad moral o libertad e indemnidad sexual del cónyuge demandante o de los hijos de ambos o de cualquiera de los miembros del matrimonio.

Razón que a todas luces no tiene reconocimiento en Colombia, pues la legislación nacional no contempla este motivo dentro de los expuestos en el mencionado artículo 154 del estatuto civil, por consiguiente, pretender la concesión de su homologación en el territorio patrio, bajo la causal citada, estaría vulnerando abiertamente el orden público colombiano.

En un asunto que guarda simetría con el que aquí se plantea, la Sala sostuvo que:

“Empero, la legislación colombiana no autoriza la ruptura del vínculo por la sola circunstancia de que haya transcurrido ese lapso desde cuando nació el matrimonio, pues, dentro de los distintos motivos previstos en el artículo 154 del Código Civil patrio, no existe uno análogo que así lo autorice.

La sentencia objeto de homologación se dio únicamente porque desde la fecha del matrimonio a la de la demanda habían transcurrido más de los tres meses requeridos en aquella disposición de la legislación foránea. Esta causal no es subsumible, directa ni indirectamente, en las del régimen colombiano.

[…] De concederse exequátur, se socavaría el orden público, no solo porque la providencia está fundada en un motivo de ningún modo reconocido en el derecho patrio, sino también porque se habilitaría, sin más, el mero paso injustificado del tiempo como motivo de divorcio, todo lo cual atenta contra la institución de la familia, concebida por la norma superior como el núcleo fundamental de la sociedad, y contra la protección integral que, a partir de hacer taxativas las causales de divorcio, el Estado se propone garantizar (art. 42, C. P.), para darle estabilidad.

Así mismo, la Corte ha planteado respecto del orden público que este:

“implica «(…) la indispensable defensa de esos principios esenciales en los que está cimentado el esquema institucional e ideológico del Estado en aras de salvaguardarlo» (CSJ SC. Sentencia de 8 de julio de 2013, Rad. #2008-2099-00), y «(…) se evidencia en asuntos de esta índole como un mecanismo de defensa de las instituciones patrias impidiendo la grave perturbación que significaría la aplicación de una decisión de un juez (…) extranjero que socava la organización social colombiana. De ahí que en la materia deba estar plenamente clarificado que la sentencia cuyo exequátur se reclama no contraría el orden público nacional, ni hiere en forma grave aquellas normas del ordenamiento que son intangibles» (CSJ SC 18 Dic. 2014 Rad. 2013-02234-00, reiterada en CSJ AC 14 de Sept. 2015 Rad. 2015-01938-00). No obstante

5. Ahora bien, en el libelo demandatorio se alega que la sentencia objeto de homologación no «se opone a las leyes ni a otras disposiciones colombianas de orden público y contrario a ello, en Colombia aparece contemplada entre otras causales de divorcio la del muto (sic) consentimiento que fue precisamente lo que se invocó para obtener el divorcio», situación que dentro de las piezas procesales no se vislumbra sucintamente, por lo que no se puede colegir, que dicha causal fuera acogida por el juez foráneo para decretar el divorcio de los citados, pues fundamentó su decisión, exclusivamente, en el precepto de que cualquiera de los consortes puede solicitar la separación después de tres meses de celebrado el matrimonio (Art. 81.1ª Código Civil Español), adicionalmente, y, en contradicción con lo expuesto en el escrito introductorio manifiesta el actor en memorial del 5 de febrero de 2016 (Fl. 75 Ídem), que «corresponde a un divorcio tramitado y resuelto no de mutuo acuerdo sino de forma contenciosa entre las partes».

6. En consecuencia, frente a la vulneración del orden público y la incuria probatoria inmediatamente dicha, cuya carga indudablemente gravitaba en cabeza del promotor, no queda alternativa distinta que negar el exequatur solicitado.

III. DECISIÓN

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

RESUELVE

PRIMERO: NO CONCEDER el exequátur al fallo proferido el 21 de mayo de 2007 por el Juzgado de Primera Instancia número 9 de Familia de Murcia - España, a través del cual se decretó el divorcio y la disolución del vínculo civil celebrado entre Constanza Linares Rodríguez y Edgar Hernán Estela Buenaventura.

SEGUNDO: NO CONDENAR en costas en la actuación.

NOTIFÍQUESE

LUIS ALONSO RICO PUERTA

Presidente de Sala

MARGARITA CABELLO BLANCO

ÁLVARO FERNANDO GARCÍA RESTREPO

AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO

ARIEL SALAZAR RAMÍREZ

LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA DE CASACIÓN CIVIL

SC21037-2017

Radicación número 11001-02-03-000-2014-01680-00

ACLARACIÓN DE VOTO

Aunque acompaño la decisión tomada por la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia en el presente proceso en el cual se negó el exequatur a la sentencia proferida por el Juzgado de primera Instancia número Nueve de Murcia- España, el 21 de mayo de 2007, y así lo manifesté en la sala correspondiente, es preciso que aclare mi voto en cuanto, tanto la Procuraduría Delegada para la Familia como la decisión aprobada tienen razón cuando afirman que no está probada una causal de las señaladas en la legislación colombiana para decretar el divorcio y en ese sentido debe negarse el exequatur, pero el motivo de la aclaración es que los tres meses a que se refiere el artículo 81 del código civil español no se habla de una causal de divorcio sino a un requisito de procedibilidad, pues en la legislación española no se requiere causal alguna sino la voluntad de las partes conjuntamente o de uno solo de los cónyuges, solo que, sea de común acuerdo o contencioso, no puede concederse el divorcio sino cuando la solicitud se presenta después de tres meses de celebrado. En ese sentido no se trata de una causal de divorcio sino de un requisito de procedibilidad. Por eso aunque considero que exigir causales es inconstitucional, ya la Corte Constitucional Colombiana dijo lo contrario y mientras tanto debe exigirse que para dar el exequatur por divorcio contencioso debe estar probada una de las causales vigentes en Colombia, quedando por ahora solamente la posibilidad de concederlo cuando el divorcio en España se solicitó de mutuo acuerdo, lo cual quedó claro en la providencia.

En ese sentido aclaro mi voto compartiendo la decisión tomada.

ALVARO FERNANDO GARCIA RESTREPO

Magistrado

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