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Corte Suprema de Justicia · Sala de Casación Civil

Sentencia SC21053-2017

Fecha
13 de diciembre de 2017
Magistrado ponente
Álvaro Fernando García Restrepo
Citada por
6 providencias

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia SC21053-2017

Corte Suprema de Justicia · Sala de Casación Civil

Parte resolutiva

DECISIÓN En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casación Civil, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, RESUELVE PRIMERO. NO CONCEDER el exequátur de la sentencia proferida el 10 de Octubre de 2008 por la Corte del Distrito del Condado Harris, Estado de Texas, Estados Unidos de América, mediante la cual se declaró convertida en divorcio la separación de cuerpos y de bienes de JENNIFER ANN SAYLE ALBARRACIN y FRANK ALEXANDER ACEVEDO ARENALES. SEGUNDO. Sin costas en el trámite.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Corte Suprema de Justicia

Sala de Casación Civil

Sentencia SC21053-2017

Magistrado ponente: Álvaro Fernando García Restrepo

13 de diciembre de 2017

ÁLVARO FERNANDO GARCÍA RESTREPO

Magistrado Ponente

SC21053-2017

Radicación n° 11001-02-03-000-2015-01059-00

(Aprobado en sesión de primero de noviembre de dos mil diecisiete)

Bogotá, D. C., trece (13) de diciembre de dos mil diecisiete (2017).-

Procede la Sala a resolver la demanda de exequátur presentada por JENNIFER ANN SAYLE ALBARRACIN, con el fin de que produzca efectos en la República de Colombia la sentencia proferida el 10 de Octubre de 2008 por la Corte del Distrito del Condado Harris, Estado de Texas, Estados Unidos de América, mediante la cual se decretó el divorcio solicitado de común acuerdo, de la aquí demandante con Frank Alexander Acevedo Arenales.

ANTECEDENTES

1. Como fundamento del escrito petitorio, la demandante adujo los hechos que se compendian a continuación:

1.1. Contrajo matrimonio con Frank Alexander Acevedo Arenales, el 27 de mayo de 1994 en Notaría Primera de la ciudad de Bucaramanga.

1.2. Los contrayentes residieron en el Estado de Texas, donde finalmente tramitaron y obtuvieron sentencia de divorcio de mutuo acuerdo.

1.3. El demandado fue notificado y compareció en legal forma al proceso y la sentencia no ha sido objeto de apelación.

2. La demanda fue admitida mediante auto de 1º de julio de 2015, en el que se ordenó correr traslado al Ministerio Público en la forma prevista en el artículo 695 del Código de Procedimiento Civil, sin que se dispusiera lo propio respecto a Frank Alexander Acevedo Arenales, en consideración a que el divorcio no fue contencioso, tal como ha procedido de antaño la Corte con sustento en el artículo 694 ibídem (CSJ SC, 16 jul. 2004, rad. 2003-00079-01, auto del 15 de diciembre de 2003, rad. 2003-00228-01, autos 178 del 11 de agosto de 1998 rad. 7271 y 125 del 27 de abril de 1994, rad. 4868).

3. La Procuradora Delegada para Asuntos Civiles, tras pronunciarse sobre los hechos del libelo introductorio y discurrir sobre los requisitos que deben acreditarse en el caso concreto para la procedencia de la homologación pedida, se opuso a ella, por cuanto “no se acompañó prueba de la ejecutoria de la Sentencia del 10 de octubre de 2008, proferida por la Corte del Condado de Harris, Texas (Estados Unidos), con Radicación Caso No. 2008-03149” (fl. 161, cd. Corte).

4. Por su parte, la Procuradora Delegada para la Defensa de los Derechos de la Infancia, la Adolescencia y la Familia no se opuso a otorgar efecto jurídico a la sentencia de divorcio por mutuo consentimiento y adujo que los progenitores acordaron guardia y custodia de los dos hijos menores comunes, que está acorde con el mejor interés de los niños.

5. Agotada la etapa probatoria, se corrió traslado para alegar de conclusión, oportunidad que aprovechó el demandante para reiterar que se cumplen los presupuestos legales para proferir sentencia favorable de exequátur y señalar, que lo solicitado no contraviene el orden público internacional, y están dados los presupuestos de hecho y de derecho para que se conceda el mismo.

5. Así las cosas, no queda más que decidir la referida demanda.

CONSIDERACIONES

1. La exclusividad de la jurisdicción es una de las manifestaciones de la soberanía del Estado, y como tal, comporta que éste se reserve para sí la sublime función pública de administrar justicia, en virtud de la cual, únicamente las decisiones judiciales adoptadas por los jueces permanentes y los particulares habilitados transitoriamente para ello, producen consecuencias jurídicas y son de obligatorio acatamiento dentro del territorio nacional.

Sin embargo, dicho imperium jurisdiccional, y más concretamente, el axioma de la independencia de los Estados, ha adoptado “una nueva concepción (…), más acorde con la universalización de ciertos valores y formas de organización política y económica”, en razón al inacabado proceso de globalización, “[e]l creciente flujo de bienes y personas y la agilidad de todo tipo de comunicaciones” (CSJ SC, 16 jul. 2004, rad. 2003-00079-01).

2. Por eso, excepcionalmente se ha admitido, en atención a exigencias prácticas de internacionalización, cooperación y eficacia de la justicia, que las sentencias, laudos arbitrales y otros proveídos que tengan tal carácter, dictados en un Estado foráneo, en procesos contenciosos o de jurisdicción voluntaria, surtan efectos en Colombia, siempre que se respeten los postulados sustanciales y procesales establecidos en los artículos 693 y 694 del Código de Procedimiento Civil, de los que emana “el sistema llamado de la ‘regularidad internacional de los fallos extranjeros’ sobre una base previa de reciprocidad, sistema éste que consiste en aceptar por norma el cumplimiento en el país de providencias de esa naturaleza, en la medida en que se reúnan ciertas exigencias mínimas señaladas por la legislación con el fin de precaver eventuales ‘irregularidades internacionales’ de que las ameritadas sentencias [y laudos arbitrales] puedan adolecer” (CSJ SC, 5 nov. 1996, rad. 6130).

El legislador nacional diseñó, para que una decisión judicial pronunciada por una autoridad de otro país produzca consecuencias en el ámbito espacial patrio, un sistema mixto o combinado, sustentado en la reciprocidad diplomática y, a falta de ésta, en la reciprocidad legislativa y de hecho.

Sobre el particular ha precisado esta Corporación:

“[P]ara que los fallos extranjeros produzcan efectos en el territorio colombiano, necesariamente deberá acreditarse la existencia de un tratado suscrito entre Colombia y el país que dictó la sentencia, es decir lo que es conocido como la reciprocidad diplomática; o, en su defecto, lo que a ese respecto prevea la ley foránea o la práctica jurisprudencial imperante, en orden a reconocerle también efectividad a las sentencias dictadas en Colombia, fenómenos denominados en su orden reciprocidad legislativa y reciprocidad de hecho» (CSJ SC, exequatur, 17 jul. 2001, rad. 0012).

Por consiguiente, como lo ha sostenido la Corte en numerosas oportunidades,

“en primer lugar se atiende a las estipulaciones de los tratados que tenga celebrados Colombia con el Estado de cuyos tribunales emane la sentencia que se pretende ejecutar en el país. Y en segundo lugar, a falta de derecho convencional, se acogen las normas de la respectiva ley extranjera [o su jurisprudencia reinante] para darle a la sentencia la misma fuerza concedida por esa ley [o la doctrina jurisprudencial] a las proferidas en Colombia” (G.J. t. LXXX, pág. 464; CLVIII, pág. 78; CLXXVI, pág. 309; CSJ SC, 18 dic. 2014, rad. 2013-02234-00).

Claro está, que para el éxito del exequátur, no basta con demostrar alguna de las advertidas reciprocidades, sino que se requiere, en adición, que la respectiva providencia que se aspira irradie efectos en Colombia, cumpla con los requisitos consagrados en el prenotado artículo 694 del Código de Procedimiento Civil y las del correspondiente instrumento internacional, ley o jurisprudencia pertinente.

3. En el presente asunto, está acreditado que entre la República de Colombia y los Estados Unidos de América no existe reciprocidad diplomática conforme a la respuesta dada por la Coordinadora del Grupo Interno de Trabajo de Tratados en la que expresamente sostuvo que en esa oficina «…no reposa información sobre la adopción de tratados bilaterales o multilaterales sobre reconocimiento recíproco de sentencias en los que la República de Colombia y los Estados Unidos de América sean Estados Parte» (fl. 181 vto)

4. En lo que atañe a la reciprocidad legislativa, conforme lo exige el artículo 693 del Código de Procedimiento Civil como condición para acoger la convalidación perseguida, es preciso realizar las siguientes apreciaciones:

4.1. Se obtuvo respuesta del Cónsul General de Colombia en Houston en donde precisó que «…el reconocimiento de decisiones judiciales extranjeras en los Estados Unidos es un asunto de materia Estatal, por tal motivo, cada Estado tiene la potestad de regular este tema. Dentro del capítulo 36, subtítulo C, título 2 del “Civil Practice and Remedies Code”, Código de Práctica Civil y Recursos de Texas, el cual se adjunta a la presente comunicación; se establecen regulaciones respecto de la ejecución de resoluciones judiciales de otros países dentro del Estado de Texas. Este código instituye los requisitos de reconocimiento de dichas decisiones, sin embargo, no regula el reconocimiento de divorcios» (fl. 192)

4.2 A la par de lo anterior, explicó que las Cortes de los Estados Unidos han reconocido divorcios de autoridades extranjeras bajo el precepto de «Comity Among Nations» o «Cortesía» entre las naciones el cual se basa en que el Estado del que se está reconociendo la decisión, reconozca a su vez la de los Estados Unidos.

En lo que corresponde al Estado de Texas, adujo en su comunicación que se ha reconocido divorcios de otros países cuando los mismos, cumplen entre otros, los siguientes requerimientos: «Domicilio (…); apropiada notificación, en cumplimiento con las normas del debido proceso; que la decisión del país extranjero no infrinja alguna política pública del Estado de Texas y que la decisión no sea producto de fraude…”. A renglón seguido informó que ningún divorcio emitido por autoridades Colombianas había sido reconocido en el Estado de Texas. (fl. 192)

4.3. Sobre conceptos como el aquí rendido, ha tenido la oportunidad esta Corporación de pronunciarse de la siguiente manera:

‘(…) ‘no existe una ley de naturaleza federal que resulte aplicable en forma uniforme en todo el territorio estadounidense’, lo que es comprensible, teniéndose en cuenta que en los Estados Unidos cada Estado de la Unión tiene sus leyes por ser un Estado de naturaleza ‘confederada’, sumado a que pertenecen a la familia del Derecho Anglosajón que es jurisprudencial’; así mismo precisó que en los Estados Unidos de América ‘la ejecución de las sentencias es una cuestión regulada por el derecho estadual como se mencionó anteriormente lo que genera características propias según se intente ejecutar en un estado o en otro, por ejemplo, la ejecución puede tener requerimientos diferentes en Texas o en Florida, etc’ y, que el principio rector de dicha práctica es el ‘comity’, el cual ‘se debe complementar con el cumplimiento de otros principios que deben analizarse en el contexto de un caso particular y concreto, respetando las reglas mínimas del debido proceso con la noción general a un juicio justo, tribunal competente e imparcial, y a ser debidamente notificado y escuchado, donde los tribunales analizan que no haya existido fraude en el proceso o en la sentencia extranjera que se intenta ejecutar. Los principios en mención han sido elaborados extensamente en la jurisprudencia norteamericana y recogidos con distintos alcances en la legislación estatal que regula la ejecución de sentencias extranjeras que tienen un componente pecuniario, (…)’. (Sentencia CSJ SC, 6 jun. 2013, rad. n° 2008-01381-00)

4.4 De esta manera entonces, con el material probatorio agotado en este trámite, ha de concluirse que tampoco fue posible acreditar la reciprocidad en lo que de antaño la Corte ha considerado como «reciprocidad de hecho» entendida esta como aquélla que emerge de la jurisprudencia; pues, como se desprende de la respuesta dada por el Cónsul General de Colombia en Houston, «En el Estado de Texas las Cortes han reconocidos divorcios de otros países cuando los mismos cumplen entre otros, con los siguientes requerimientos (…)» siendo entonces que la lista allí descrita no fue omnicomprensiva, correspondiendo a la carga de la prueba del actor demostrar la aludida reciprocidad a través de otros medios de prueba.

En asunto de similares contornos en torno a la carga de la prueba, dijo esta Corporación:

«[s]e ha admitido que se acredite la reciprocidad fundada en la jurisprudencia de las cortes estaduales de los Estados Unidos de América, de acuerdo con el inciso final del artículo 188 del Código de Procedimiento Civil, que autoriza probar la ley extranjera no escrita, con el testimonio de dos o más abogados del país de origen del fallo materia de la homologación, y en la actualidad, según lo previsto en los incisos 3º y 4º del artículo 177 del Código General del Proceso, además de los señalados elementos de juicio, también se autoriza su demostración, con dictamen pericial emitido por persona o institución experta en razón de su conocimiento o experiencia en cuanto a la ley de un país o territorio fuera de Colombia, con independencia de si está habilitado para actuar como abogado allí». (Sentencia CSJ SC, 7 dic. 2016, rad. n° 2014-00211-00)

Vistas así las cosas, no es posible tener por demostrada la aludida reciprocidad de hecho con la insular manifestación realizada por el Cónsul General de Colombia en Houston, pues era preciso al actor probar de manera fehaciente cuáles son los requisitos que exigen las Cortes del Estado de Texas para reconocer divorcios de otros países, con el fin de determinar, a través de esos medios de persuasión, si existe la aludida reciprocidad de hecho, que le dé cabida a la homologación de la sentencia por este trámite solicitada.

5. Sin probarse la aludida reciprocidad, ya diplomática, ora legislativa o jurisprudencial, necesaria para la prosperidad del exequátur respecto de la sentencia extranjera dictada el 10 de Octubre de 2008 por la Corte del Distrito del Condado Harris, Estado de Texas, Estados Unidos de América, resulta forzoso concluir que no puede abrirse paso la validación reclamada.

DECISIÓN

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casación Civil, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

RESUELVE

PRIMERO. NO CONCEDER el exequátur de la sentencia proferida el 10 de Octubre de 2008 por la Corte del Distrito del Condado Harris, Estado de Texas, Estados Unidos de América, mediante la cual se declaró convertida en divorcio la separación de cuerpos y de bienes de JENNIFER ANN SAYLE ALBARRACIN y FRANK ALEXANDER ACEVEDO ARENALES.

SEGUNDO. Sin costas en el trámite.

Notifíquese,

LUIS ALONSO RICO PUERTA

(Presidente de Sala)

MARGARITA CABELLO BLANCO

ÁLVARO FERNANDO GARCÍA RESTREPO

AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO

ARIEL SALAZAR RAMÍREZ

LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA

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