República de Colombia
Corte Suprema de Justicia
Sala de Casación Civil
Sentencia SC2499-2021
Magistrado ponente: Alvaro Fernando García Restrepo
23 de junio de 2021
ÁLVARO FERNANDO GARCÍA RESTREPO
Magistrado ponente
SC-2499-2021
Radicación n.° 08001-31-03-008-2006-00135-01
(Aprobado en sesión virtual de veinticinco de marzo de dos mil veintiuno)
Bogotá D.C., veintitrés (23) de junio de dos mil veintiuno (2021).-
Decide la Corte el recurso de casación interpuesto por la demandada LADYS CHARRIS DE CHARRIS, frente a la sentencia proferida el 27 de febrero de 2017 por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla, Sala Civil - Familia, en el proceso ordinario seguido en su contra y de los señores LADYS ESTHER CHARRIS CHARRIS y ANTONIO JOSÉ LEWIS BROCHERO por el señor ALIRIO SUÁREZ QUINTERO.
ANTECEDENTES
1. Sea lo primero poner de presente que el expediente contentivo del proceso se extravió cuando se encontraba para el decreto del acto previsto en el artículo 101 del Código de Procedimiento Civil, y que, debido a ello, fue reconstruido con base en las copias que para ese fin aportaron las partes, en audiencia verificada el 1º de marzo de 2010 (fl. 149, cd. 1)
2. Así las cosas, según la reproducción de la demanda que obra en los folios 52 a 58 del mencionado cuaderno, se establece:
2.1. Las pretensiones elevadas consistieron, en síntesis, en que se declare, de un lado, la simulación de la compraventa expresada en la escritura pública No. 2108 del 14 de noviembre de 1997, otorgada en la Notaría Cuarta de Barranquilla, celebrada entre Ladys Charris de Charris y Antonio José Lewis Brochero; y de otro, que dicho negocio, en realidad fue realizado por Ladys Esther Charris Charris, como compradora, quien, por lo tanto, es la verdadera dueña del inmueble sobre el que versó el mismo.
2.2. Los hechos fundantes de esas solicitudes, correspondieron a los que enseguida se compendian:
2.2.1. El actor y la señora Ladys Esther Charris Charris convivieron en unión marital de hecho desde 1993 hasta julio de 1999, como se reconoció en sentencia del 7 de diciembre de 2005, dictada por el Tribunal Superior de Barranquilla, Sala Civil - Familia, vínculo del que nació una hija y que dio lugar al surgimiento de la correspondiente sociedad patrimonial, de la que forma parte el inmueble ubicado en la calle 80 B No. 38-40 de esa ciudad, objeto de la negociación cuestionada.
2.2.2. La prenombrada compañera, con el propósito de que dicho bien no ingresara a la mencionada sociedad, y por ende, no hiciera parte de su posterior liquidación, simuló la adquisición del mismo por parte de su señora madre, la otra demandada, a quien, por lo tanto, hizo figurar como compradora en el instrumento público atrás identificado.
2.2.3. Ladys Charris de Charris no tuvo la intención de comprar, ni causa para ello, ni pagó el precio. Quien contaba con capacidad económica para realizar tal negocio fue Ladys Charris Charris, toda vez que laboraba como docente, y adicionalmente “tenía el negocio de préstamo de dinero a interés”, actividades que le permitieron acumular un capital importante.
3. La demanda correspondió por reparto al Juzgado Octavo Civil del Circuito de Barranquilla, oficina que la admitió mediante auto del 9 de agosto de 2006 (fl. 86, cd. 1).
4. Vinculados al proceso los demandados, solamente respondió el libelo introductorio la accionada Ladys Esther Charris Charris, escrito en el que se opuso a que se acogieran las pretensiones, se pronunció de distinta manera sobre los hechos alegados y planteó las excepciones meritorias que denominó “[i]ncumplimiento de los requisitos obligatorios que debe llevar el indicio de la simulación”, “INEXISTENCIA DE LA CAUSA SIMULANDI E INCONGRUENCIA DE LOS FUNDAMENTOS JIURÍDICOS DE LA DEMANDA CON SU PRETENSIÓN”, “FALTA DE ACUERDO PARA SIMULAR”, “FALTA DE DOMINIO DE LOS DINEROS POR LOS CUALES SE PAGÓ EL PRECIO DEL CONTRATO OBJETO DE ESTE PROCESO Y LEGITIMACIÓN ACTIVA PARA DEMANDAR” e “INCUMPLIMIENTO DE LOS PRESUPUESTOS DEL ARTÍCULO 1766 DEL C.C.” (fls. 103 a 115, cd. 1).
5. Agotado el trámite de la primera instancia, el juzgado del conocimiento le puso fin con sentencia del 7 de marzo de 2013, en la que desestimó las excepciones propuestas, declaró “simulado en forma relativa el contrato de compraventa contenido en la Escritura [P]ública No. 2108 del 14 de noviembre de 1997 de la Notaría Cuarta del Círculo de Barranquilla, mediante la cual ANTONIO JOSÉ LEWIS BROCHERO dijo vender a LADYS CHARRIS DE CHARRIS el derecho de dominio sobre el inmueble localizado en la calle 80B No. 38-40 de esta ciudad, identificado con la matrícula inmobiliaria No. 040-0050677, siendo que en la realidad quien compraba dicho inmueble era la señora LADYS ESTHER CHARRIS CHARRIS”; ordenó comunicar esa determinación a la citada notaría y a la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de la ciudad, para que dispusieran las correcciones de rigor; y condenó en las costas a la parte demandada (fls. 277 a 283, cd. 1).
6. Apelado dicho pronunciamiento por las señoras Ladys Charris de Charris y Ladys Esther Charris Charris, el Tribunal Superior de Barranquilla, Sala Civil – Familia, en sentencia del 27 de agosto de 2014, optó por confirmarlo y por condenar en las costas de la segunda instancia a la última de las nombradas (fls. 25 a 44, cd. 2).
LA SENTENCIA IMPUGANDA
El ad quem, luego de historiar lo ocurrido en el litigio, de compendiar el proveído de primera instancia y de reseñar los argumentos soportantes de la apelación interpuesta para controvertirlo, en procura de arribar a las decisiones que adoptó, esgrimió los razonamientos que a continuación se puntualizan:
Concretó los problemas jurídicos propuestos con la alzada, en establecer si el fallo del a quo era incongruente; la plausibilidad de los indicios en que se fundó el mismo; y la factibilidad de las súplicas elevadas en el libelo introductorio.
Sobre lo primero, descartó que la sentencia de primera instancia adoleciera de inconsonancia, puesto que, “pese a que en las pretensiones de la demanda no se indicó con exactitud si lo pretendido era la declaratoria de simulación absoluta o relativa”, el estudio conjunto de los hechos y las solicitudes deprecadas permitían colegir que el accionante no buscaba “desconocer la existencia del contrato de compraventa atacado”, esto es, que se lo declarara absolutamente simulado, sino “que se di[jera] que quien realmente compró el inmueble fue la demandada LADYS ESTHER CHARRIS CHARRIS; pues claramente se expres[ó] en la demanda que la persona que fung[ió] como compradora, no tenía la capacidad económica para efectuar tal negociación, y que lo que se hizo fue colocar la propiedad a su nombre para apartarla del haber social, propio de la unión marital de hecho existente entre el demandante y una de las demandadas”.
Respecto de lo segundo, observó que el juez del conocimiento “no expresó de manera pormenorizada ni detallada los indicios en que basó su decisión”, razón por la cual “resulta necesario determinar si en el proceso militan pruebas que permitan deducir la existencia de actos simulados en el otorgamiento de la [e]scritura [p]ública que contiene el negocio jurídico atacado de tal irregularidad”.
En ese orden de ideas, estableció la comprobación de la simulación relativa reclamada, con respaldo en las siguientes pruebas:
3.1. El interrogatorio de parte absuelto por el demandado Antonio José Lewis Brochero y la copia auténtica del contrato de promesa de compraventa que él celebró con la señora Ladys Esther Charris Charris, aportada por aquél en la diligencia.
De esos medios de convicción, el Tribunal infirió la acreditación de que la enajenación cuestionada fue realizada por los arriba nombrados, el primero como vendedor, y la segunda como compradora; y el indicio de que “al suscribirse el contrato de compraventa del inmueble se incurrió en simulación relativa subjetiva”, como quiera que “extrañamente al perfeccionarse la tradición, quien aparece firmando como compradora es la madre” de Ladys Esther Charris Charris, y no ella, no obstante haber sido la persona con quien se convino la promesa que antecedió la enajenación.
Añadió que las referidas pruebas “sugieren que las afirmaciones de la ya nombrada demandada, en punto a la inexistencia de un acuerdo entre los contratantes para simular, son falsas, pues el mismo vendedor, quien indefectiblemente participó [en] la transacción, aceptó el acuerdo a que llegaron las partes para correr la escritura a nombre de un tercero”, hechos que, en sentir de esa autoridad, evidencian el “indicio que la jurisprudencia y la doctrina han definido como ‘la documentación sospechosa (preconstitutio)’, pues ante el contrato atacado y su virtual legalidad y ajuste a la realidad, se enfrenta un documento anterior al mismo en el que se denotan condiciones diferentes a las finalmente pactadas”.
3.2. La copia de la sentencia de segunda instancia en la que el Tribunal de Barranquilla declaró la existencia, disolución y liquidación de la sociedad patrimonial de hecho conformada desde 1993 entre el actor y la señora Charris Charris, fechada el 7 de diciembre de 2005, que no fue objetada por la parte demandada, y de la que esa Corporación dedujo, en primer lugar, la relación sentimental que los vinculó y, de otro, el “indicio que jurisprudencialmente se conoce como (…) ‘el móvil para simular (causa simulandi)’”.
Con fundamento en esos mismos hechos, el ad quem, adicionalmente aseveró la configuración del indicio de “ocultamiento de bienes a la sociedad patrimonial de hecho, alegado por el demandante, pues al haber adquirido el bien en vigencia de la sociedad creada entre los compañeros permanentes, a su disolución y posterior liquidación, el mismo habría de verse sometido a la partición correspondiente, lo que explicaría la razón de que la demandada LADYS ESTHER CHARRIS CHARRIS hubiese puesto el bien a nombre de su madre”.
3.3. La conducta procesal de la accionada Ladys Charris de Charris, quien “se abstuvo de defenderse” y adoptó una actitud “silente y pasiva ante la litis”, la que “se erige en un indicio adicional (…), pues qui[é]n mejor que ella, para demostrar el origen de los dineros con los que compró el bien”, lo que no se acreditó y condujo a la inexistencia “en el proceso de prueba demostrativa de que la supuesta compradora tuviese la suficiente capacidad económica para adquirir un bien inmueble de las características señaladas”, a lo que se agrega el hecho “de habérsele citado a interrogatorio de parte, al cual nunca acudió, sin que mediara excusa para su inasistencia”.
3.4. La certificación expedida por el BBVA que milita en el folio 228 del cuaderno No. 1, mediante la cual quedó “plenamente probado (…) que los dineros con que se pagó la transacción prov[inieron] de una cuenta bancaria de la demandada LADYS ESTHER CHARRIS CHARRIS”, sin que ella hubiese contraprobado que esos recursos fueran de su progenitora “y que (…) sólo los custodiaba, como lo afirm[ó] (…) al contestar la demanda y al absolver el interrogatorio de parte”.
En definitiva, el Tribunal señaló:
En virtud de todo lo antedicho, forzoso es concluir que, ante la confesión de uno de los demandados, la pluralidad de indicios planteados en precedencia, y el que la parte demandada no (…) pro[bó] las acotaciones que planteó como defensa; la pretensión de simulación relativa del contrato de compraventa ha de salir avante; pues analizados los hechos y las probanzas allegadas al proceso, es plausible concluir que el acto de compraventa que se tach[ó] de simulado, en efecto lo es; pues la verdadera compradora dispuso que se corriera la escritura pública a nombre de un tercero con la finalidad de mantener dicho bien por fuera de la sociedad patrimonial de hecho; ante lo que se impone su adecuación a la realidad probada, esto es, disponer que la titularidad del derecho de dominio sobre el inmueble quede en cabeza de quien verdaderamente lo adquirió, la señora LADYS ESTHER CHARRIS CHARRIS”, y como así lo determinó el Juez de primer grado, su proveído habrá de ser confirmado pero por las razones que se han explicado, condenando a la demandada y recurrente, señora Ladys Esther Charris Charris, al pago de las cosas de la segunda instancia (…).
LA DEMANDA DE CASACIÓN
CARGO ÚNICO
Con fundamento en la causal primera del artículo 368 del Código de Procedimiento Civil, se reprochó la sentencia del Tribunal por ser indirectamente violatoria del artículo 1766 del Código Civil, como consecuencia de la errada apreciación probatoria en que incurrió esa Corporación, al haber dado “por demostrado, sin estarlo, el acuerdo simulatorio, o la causa simulandi, necesaria para la simulación relativa por interposición de personas”.
En sustento de la acusación, su proponente expuso:
Luego de reproducir la norma atrás citada y de referirse en abstracto, con ayuda de la jurisprudencia y la doctrina, sobre la simulación absoluta y relativa, así como respecto de las diversas modalidades de la última, el censor puso de presente que el ad quem dio por probado “el acuerdo simulatorio entre las verdaderas partes del contrato de compraventa contenido en la escritura pública No. 2108 del 14 de noviembre de 1997, de la Notaría Cuarta del Círculo de Barranquilla” con el interrogatorio de parte absuelto por el demandado Antonio José Lewis Brochero, aseveración en desarrollo de la cual reprodujo las apreciaciones que dicho sentenciador plasmó en el fallo cuestionado.
Precisó que esa supuesta confesión, “no puede afectar a otros” y que tal deficiencia no puede entenderse suplida con “la prueba previa o documental anotada”, esto es, con el contrato de promesa de compraventa celebrado por el vendedor y la señora Ladys Esther Charris Charris, “ya que no basta afirmar que existió ese pacto secreto y allegar algún testimonio, sino que se requiere de una prueba que emane de todas las partes y no solo de una persona, pues aquel testimonio (sic) no puede dar al traste con el contenido de un documento público”, como es la escritura atrás identificada, en la que se consignó que “la verdadera compradora del inmueble es la señora LADYS CHARRIS DE CHARRIS”.
Así las cosas, estimó que el Tribunal tuvo por acreditado el acuerdo simulatorio “con una prueba que no existe en el expediente”, pues era indispensable comprobar que la nombrada prestó “su nombre solo para que su hija adquiriera el inmueble objeto de la venta”.
2. A continuación, el censor concentró su atención en el indicio que el sentenciador de segunda instancia “denominó ‘el móvil para simular’” y observó que para “la fecha de celebración de la venta (…)[,] no existía ninguna diferencia sentimental ni económica entre los señores ALIRIO SUÁREZ QUINTERO (demandante) y LADYS CHARRIS CHARRIS, aquí demandada, pues (…) su unión se prolongó hasta el año 1999”, estado de cosas que, en su sentir, desvirtúa que al momento de la referida negociación concurriera algún “móvil para simular” o que la segunda de los nombrados, tuviera el propósito de ocultar bienes a la sociedad patrimonial que tenía conformada con el primero.
Explicó que para la configuración de ese indicio, el Tribunal partió de un hecho que “no es cierto” y que, “[f]rente a premisas falsas, resulta también falso todo el silogismo jurídico”, yerro que tildó de “protuberante”, puesto que, como en precedencia lo dejó indicado, el “hecho indicador” no corresponde a la realidad, condición indispensable para colegir válidamente “el hecho indicado”.
En relación con la supuesta ocultación de bienes a la sociedad patrimonial, clarificó que el falso hecho del que se partió fue que los dineros con los que se pagó el precio del inmueble pertenecían a dicha sociedad, cuestión no acreditada en el proceso.
3. Finalmente, el impugnante reprochó al ad quem la preterición de las pruebas con las que se demostró que el dinero con el que se pagó el precio del inmueble enajenado en el instrumento público base de la acción, sí era de propiedad de la señora Ladys Charris de Charris, en concreto las que pasan a relacionarse:
3.1. Testimonio rendido por el señor Jorge Salah Donado, quien, a decir del censor, señaló que la prenombrada demandada “tenía su negocio propio”, así como un “capital producto de lo que le correspondió en la sucesión de su esposo”, mortuoria en la que se le adjudicaron “muchas cabezas de ganado y otros bienes que demuestran fácilmente que tenía capacidad económica para comprar el inmueble ubicado en la Calle 80B No. 38-40 de la ciudad de Barranquilla”.
En refuerzo de lo anterior, el recurrente reprodujo lo que consideró pertinente de la respectiva declaración.
3.2. Testimonio de Julieth Paulina Salah Charris, en el que, según el impugnante, la deponente se refirió “al titular del dinero con el que se compró el inmueble, demostrándose (…) objetivamente, que el precio de compra del [mismo] (…), lo pagó la señora LADYS CHARRIS DE CHARRIS”, por lo que “ella es [su] verdadera adquirente”.
Como en el caso anterior, se transcribió a espacio la comentada versión.
3.3. Testimonio recibido a la señora Ana Emilia Charris Charris, cuyo contenido también copió el recurrente, del que, en su opinión, se infiere, contrariamente a lo que sostuvo el Tribunal, que “el inmueble producto de la venta sí lo adquirió la compradora con dineros de su propio peculio y que por tal circunstancia no puede existir ningún tipo de simulación sobre aquella venta”.
4. Al cierre, el censor expuso los argumentos que le permitieron aseverar la trascendencia del cargo y solicitó, de un lado, “casar la sentencia objeto de impugnación” y, de otro, que, “en sede de instancia”, se dicte una nueva “en la que se revoque” la del a quo.
CONSIDERACIONES
1. Habida cuenta de la fecha de formulación del recurso de casación que se desata (8 de septiembre de 2014), propio es señalar que él está sometido a las disposiciones del Código de Procedimiento Civil, toda vez que el numeral 5º del artículo 625 del Código General del Proceso, en cuanto hace al tránsito de esa legislación a ésta, previó que “(…) los recursos interpuestos, (…), se regirán por las leyes vigentes cuando se interpusieron (…)”, razón por la cual, para su resolución, se observarán las reglas de ese primer ordenamiento jurídico.
2. Como se dejó señalado al compendiarse el fallo del Tribunal, éste halló comprobada la simulación relativa impetrada en la demanda, con (i) el interrogatorio absuelto por el demandado Antonio José Lewis Brochero; (ii) la copia auténtica del contrato de promesa de compraventa que antecedió a la enajenación cuestionada, que él celebró con la señora Ladys Esther Charris Charris y aportó en esa diligencia; (iii) la copia de la sentencia que esa misma Corporación expidió el 7 de diciembre de 2005, en la que reconoció la sociedad patrimonial de hecho que existió entre el actor y la prenombrada demandada desde 1993; (iv) la conducta procesal de la accionada Ladys Charris de Charris, por no haber contestado el escrito generatriz de la controversia, ni asistido al interrogatorio de parte que debía absolver, sin justificar el motivo de su incomparecencia; y (v) la certificación expedida por el Banco Bilbao Vizcaya Argentaria Colombia S.A., que data del 21 de junio de 2011.
De esos elementos de juicio el ad quem, específicamente, infirió:
a) De los dos primeros, apreciados en conjunto, que la compraventa la convinieron el señor Lewis Brochero, como vendedor, y la señora Ladys Esther Charris Charris, como compradora.
b) De la referida declaración de parte rendida por aquél, que éste “aceptó el acuerdo a que llegaron las partes para correr la escritura pública a nombre de un tercero”, manifestación con la que estimó desvirtuadas “las afirmaciones de la ya nombrada demandada, en punto a la inexistencia de un acuerdo entre los contratantes para simular”.
c) De la indicada promesa, el indicio que siguiendo a la jurisprudencia y a la doctrina denominó “la documentación sospechosa (preconstitutio)”.
d) De la indicada sentencia, “la relación sentimental que existió entre” Alirio Suárez Quintero y Ladys Esther Charris Charris “desde el mes de octubre de 1993”, así como la conformación “de un haber común, creado por [é]stos entre el año 1993 y el año 2005, fecha en que se decretó la disolución de la sociedad y se ordenó su liquidación”.
Esos hechos, dijo el Tribunal, “constituyen el sustento del indicio que jurisprudencialmente se conoce como (…) ‘el móvil para simular (causa simulandi)’”, al igual que del “indicio” consistente en el “ocultamiento de bienes a la sociedad patrimonial de hecho”, puesto que la circunstancia de haberse “adquirido el bien en vigencia de la sociedad creada entre los compañeros permanentes” explica “la razón de que la demandada LADYS ESTHER CHARRIS CHARRIS hubiese puesto el bien a nombre de su madre”.
e) Del comportamiento procesal de la demandada Ladys Charris de Charris, su “falta de interés (…) en demostrar con certeza que fue ella quien adquirió el aludido bien”.
f) De la certificación expedida por el BBVA, la plena comprobación de que “los dineros con que se pagó la transacción provenían de una cuenta bancaria de la demandada LADYS ESTHER CHARRIS CHARRIS” y que, por ende, eran suyos, como quiera que “las reglas de la experiencia” y la “lógica” indican que “los dineros depositados en una cuenta bancaria pertenecen a su titular, a menos de que se compruebe lo contrario, y como en este caso ello no aconteció, los argumentos que en sentido contrario se propusieron carecen de credibilidad”.
3. Con el propósito de quebrar dicho fallo, el recurrente formuló, en concreto, tres reproches, como igualmente se dejó consignado al hacerse el resumen de cargo, a saber:
a) La suposición de la prueba del acuerdo simulatorio, por cuanto el interrogatorio absuelto por Lewis Brochero y la supuesta confesión que contiene, “no puede[n] afectar a otros”; esa declaración de parte y el contrato de promesa de compraventa que el absolvente aportó, no eran suficientes para su acreditación, toda vez que con ese fin se “requiere de una prueba que emane de todas las partes y no solo de una persona”; ese conjunto de medios de convicción “no pueden dar al traste” con la escritura pública contentiva de la compraventa; y porque no existe en el proceso la prueba de que “LADYS CHARRIS DE CHARRIS prestara su nombre solo para que su hija adquiriera el inmueble objeto de venta”.
b) La indebida configuración de los indicios que el Tribunal denominó “móvil para simular” y “ocultamiento de bienes de la sociedad conyugal (sic)”, toda vez que los dos se edificaron sobre hechos indicadores falsos, el primero, que para la fecha de celebración de la compraventa, existiera alguna “diferencia sentimental [o] económica” entre los señores Suárez Quintero y Charris Charris, y el segundo, “que el dinero con el que se compró el bien pertenecía a la sociedad (…) patrimonial”.
c) Preterición de las pruebas demostrativas de la capacidad económica de la compradora Ladys Charris de Charris, concretamente, de los testimonios rendidos por los señores Jorge Salah Donado, Julieth Paulina Salah Charris y Ana Emilia Charris Charris.
4. Del cotejo de unos y otros argumentos, los del Tribunal, por una parte, y los del censor por la otra, se colige que el cargo auscultado, en algunos aspectos, adolece de fallas técnicas; en otros, luce incompleto o desenfocado; y en los restantes, deviene intrascendente, como pasa a explicarse:
4.1. Sobre lo primero, se advierte que, pese a haberse enrutado el cargo por la vía indirecta a consecuencia de los presuntos errores de hecho en que incurrió el Tribunal al apreciar las pruebas del proceso, las críticas que el censor efectuó en torno de la comprobación del acuerdo simulatorio, concernientes con el interrogatorio absuelto por el demandado Antonio José Lewis Brochero y con la copia del contrato de promesa de compraventa que él aportó en esa diligencia, apuntaron a cuestionar la eficacia y el valor demostrativo de esos medios de convicción.
Ciertamente, lo que el impugnante observó a ese respecto fue que la mencionada declaración, así se la considere contentiva de una confesión, “no puede afectar a otros”; y que tal deficiencia no puede entenderse suplida con la promesa de compraventa aportada, porque no proviene de todos los partícipes en el acuerdo, siendo necesario para la acreditación del mismo que el elemento de juicio “emane de todas las partes”.
De suyo, entonces, lo que el censor le enrostró al ad quem fue haber desconocido el restringido alcance que tenían las manifestaciones que efectuó uno sólo de los demandados frente a los demás y, adicionalmente, que como la demostración del acuerdo simulatorio es cualificada, porque requiere de una prueba proveniente de todos los partícipes en él, el contrato de promesa tampoco sirve a ese efecto, en tanto que en su celebración no intervino la señora Ladys Charris de Charris.
Es ostensible entonces, que las quejas del impugnante no estuvieron referidas al contenido objetivo de las mencionadas probanzas sino, se reitera, a su eficacia y valor demostrativo, objeciones propias del error de derecho.
Se sigue de lo expuesto, que el recurrente, por lo tanto, entremezcló los errores de hecho y de derecho, en un hibridismo que choca abiertamente con la técnica del recurso de casación, defecto que impide la prosperidad de la precisa acusación examinada.
Al respecto, cabe memorar que:
En efecto, se han reiterado por la jurisprudencia en forma constante las claras diferencias existentes entre el error de hecho y el de derecho. Así, se ha señalado que ‘la impugnación en casación por violación indirecta de normas sustanciales debe diferenciar el error de hecho y el de derecho, pues el primero se refiere a equivocaciones del juzgador en relación con la materialidad de las pruebas, en cuanto las ignora o las supone, o en cuanto cercena o adiciona su contenido, mientras el segundo, alude a yerros en la aplicación de las normas legales reguladoras de su admisión, práctica o eficacia, esto último por asignarles un mérito que la ley no les atribuye o por desconocerles el que la misma les reconoce.
‘Sobre este tema, la Sala ha puntualizado ‘que en el campo de la casación, el error de hecho y el de derecho, ‘no pueden ser de ninguna manera confundidos’, pues aquél ‘implica que en la apreciación se supone o se omitió una prueba’, mientras que éste parte de la base de ‘que la prueba fue exacta y objetivamente apreciada pero que, al valorarla, el juzgador infringió las normas legales que reglamentan tanto su producción como su eficacia’ (sentencia 187 de octubre 19 de 2000, exp. # 5442); esta diferencia permite decir que ‘no es admisible para la prosperidad del cargo en que se arguye error de hecho, sustentarlo con razones propias del error de derecho, ni viceversa, pues en el fondo implica dejar enunciado el cargo pero sin la sustentación clara y precisa que exige la ley; y, dada la naturaleza dispositiva del recurso de casación, le está vedado a la Corte escoger a su libre arbitrio entre uno y otro yerro’ para examinar las acusaciones’ (sentencias 077 de 15 de septiembre de 1998, exp. # 4886; 112 de 21 de octubre de 2003, exp. # 7486; entre otras)’ (Sentencia de 23 de abril de 2009, Exp. 11001-31-03-011-2002-00607-01) (CSJ, AC del 15 de enero de 2014, Rad. n.° 2007-00304-01; se subraya).
4.2. Desde la segunda perspectiva anunciada, se advierte que el censor no combatió ninguno de los siguientes fundamentos de la sentencia de segunda instancia:
4.1.1. La inferencia que el ad quem extrajo del interrogatorio de parte absuelto por el demandado Antonio José Lewis Brochero y de la copia del contrato de promesa de compraventa que él aportó en la respectiva diligencia, consistente en que la compraventa fue acordada entre el nombrado, como vendedor, y la señora Ladys Esther Charris Charris, como compradora.
4.1.2. El indicio que, según esa autoridad, la jurisprudencia y la doctrina han denominado como “(…) ‘la documentación sospechosa (preconstitutio)’”.
4.1.3. La relación sentimental y la sociedad patrimonial que existió desde 1993 entre Alirio Suárez Quintero y Ladys Charris Charris, que la mencionada Corporación halló comprobadas con la copia de una sentencia suya, que data del 7 de diciembre de 2005.
4.1.4. El comportamiento procesal de la demandada Ladys Charris de Charris, por no haber dado contestación a la demanda y no haber comparecido al interrogatorio de parte que debía absolver, sin justificar su inasistencia, del que dedujo su falta de interés en acreditar que ella fue la verdadera compradora del inmueble materia del litigio.
4.1.5. La plena comprobación de que los dineros con los que se pagó del precio convenido en la compraventa, fueron sacados de una cuenta bancaria cuya única titular era la demandada Ladys Esther Charris Charris, que estableció con base en la certificación remitida por el BBVA.
4.1.6. Esas omisiones del recurrente, evidencian que la acusación examinada no comprendió buena parte de los fundamentos torales del fallo cuestionado, los cuales, al mantenerse en pie, siguen prestando suficiente apoyo a la decisión confirmatoria adoptada por el ad quem.
Es que, como con insistencia lo ha enseñado esta Corporación, “[n]o es suficiente, entonces, con denunciar que el Tribunal incurrió en equivocaciones, sino que debe existir un ataque a todos los argumentos de la sentencia, de suerte que, en caso de prosperar, ésta se quiebre por falta de apoyadura. (…). El ataque realizado a espaldas de este requisito está condenado al fracaso, por cuanto carecería de la vocación de invalidar el proveído cuestionado, pues aún de admitirse el defecto, la decisión se mantendría incólume, por descansar sobre las premisas no cuestionadas. (CSJ, SC 1916 del 31 de mayo de 2018, Rad. n.° 2005-00346-01).
4.3. Se suma a lo anterior, el grave desenfoque de que adolece el cargo, puesto que, como ya se detalló, el Tribunal, fincado en la copia de su sentencia del 7 de diciembre de 2005, coligió, en resumen, que entre Alirio Suárez Quintero y Ladys Esther Charris Charris existió, de un lado, una unión marital, y de otro, la sociedad patrimonial derivada de ella.
En tal orden de ideas, dicha Corporación estimó que esos hechos “constituyen el sustento” de los indicios que identificó como “móvil para simular” y “ocultamiento de bienes”, como quiera que explican que la mencionada accionada, al haber adquirido el bien en vigencia de la referida sociedad patrimonial, buscó impedir que él entrara a forma parte del activo de la misma.
Es ostensible entonces, el descarrío de la censura, pues el censor, en procura de desvirtuar tales inferencias, con absoluta desatención de las apreciaciones en las que las soportó el ad quem, adujo la inexistencia de problemas sentimentales y/o económicos entre ella y su compañero permanente, señor Alirio Suárez Quintero, para la época de la compra y la falta de demostración de que los dineros con los que se pagó el precio del inmueble fuesen de propiedad de la mencionada sociedad patrimonial, asertos que ni por asomo corresponden al sustento de la sentencia, en el punto de que ahora se trata.
Es que, como también de forma constante lo ha expuesto esta Corporación:
(…) Todos los cargos que se propongan en casación, con respaldo en la primera de las causales que sirven a dicho recurso extraordinario, deben ser una crítica simétrica al fallo que controvierten, de modo que, con su formulación, es necesario que resulten desvirtuados en su totalidad los genuinos fundamentos en los que ellos se respaldan.
(…) Esa correspondencia entre los argumentos que sustenten, de un lado, la sentencia cuestionada y, de otro, las específicas falencias que por la indicada vía se denuncien en desarrollo de la impugnación extraordinaria de que se trata, para los efectos de esta última, se desdobla en dos requisitos puntuales: en primer lugar, la completitud del cargo, que traduce la necesidad de que no se deje por fuera del ataque ninguno de los pilares esgrimidos por el juzgador de instancia; y, en segundo término, el adecuado enfoque de las censuras, esto es, que ellas versen sobre los verdaderos motivos que soporten el proveído generador de la inconformidad, y no sobre unos que no tengan tal carácter, surgidos de su inadecuada comprensión por parte del recurrente o de la inventiva de éste (CSJ, SC 18563 del 16 de diciembre de 2016, Rad. n.° 2009-00438-01; negrillas fuera del texto).
4.4. Si bien es verdad que, en principio pudiera admitirse que el Tribunal no apreció los testimonios rendidos por los señores Jorge Salah Donado, Julieth Paulina Salah Charris y Ana Emilia Charris Charris, tal omisión no resulta trascendente, como quiera que la ponderación de esas declaraciones de terceros, no cambiaría el sentido de la decisión adoptada por el Tribunal, por las razones que pasan a explicarse:
4.4.1. Cada uno de los deponentes atrás mencionados fue tachado de sospechoso por el apoderado del actor, habida cuenta de los nexos que tenían con las demandadas Ladys Charris de Charris y Ladys Esther Charris Charris.
Jorge Salah Donado, según él mismo lo reconoció en la declaración que rindió, fue el compañero permanente de la señora Charris Charris por “m[á]s de doce años”, a partir de 1978, unión de la cual nació su hija común Julieth Paulina Salah Charris, otra de las testigos (fls. 211 y 212, cd. 1).
Julieth Paulina, como viene de indicarse, es hija de la demandada atrás nombrada y, por ende, nieta de la otra accionada, como ella misma lo señaló en la respectiva audiencia (fls. 209 y 210, cd. 1).
A su turno, Ana Emilia Charris Charris es hija de Ladys Charris de Charris y hermana de Ladys Esther (fls. 214 a 216, cd. 1).
4.4.2. Significa lo anterior, que el cuestionamiento formulado a los testigos fue comprobado y que, por lo tanto, las declaraciones que se comentan son “sospechosas”, como quiera que los deponentes, por los vínculos que admitieron, se encontraban en circunstancias que podían afectar “su credibilidad o imparcialidad”, tal y como lo establecía el artículo 217 del Código de Procedimiento Civil.
Así las cosas, esas declaraciones debían, y deben, apreciarse “de acuerdo con las circunstancias de cada caso”, como lo indicaba el artículo 218 de la precitada obra.
En el punto, se impone reiterar que “la sospecha no descalifica de antemano [al declarante] -pues ahora se escucha al sospechoso-, sino que simplemente se mira con cierta aprensión a la hora de auscultar qué tanto crédito merece. Por suerte que bien puede ser que a pesar de la sospecha haya modo de atribuirle credibilidad a testigo semejante, si es que, primeramente, su relato carece de mayores objeciones dentro de un análisis crítico de la prueba, y, después -acaso lo más prominente- halla respaldo en el conjunto probatorio” (CSJ, SC del 19 de septiembre de 2001, Rad. n.° 6624; se subraya. Reiterada en SC del 9 de septiembre de 2011, Rad. n.° 2001-00108-01).
4.4.3. En este orden de ideas, así se admita que los referidos declarantes dieron cuenta de la capacidad económica que tenía la señora Ladys Charris de Charris para adquirir el inmueble objeto de la compraventa materia de esta acción y/o que los dineros con los que se sufragó su precio eran propiedad de ella, los cuales obtuvo de los bienes que le fueron adjudicados en la sucesión de su cónyuge y de los negocios que realizaba, es lo cierto que esas aseveraciones no encuentran respaldo en los restantes medios probatorios y que, por el contrario, resultan enervadas con las pruebas apreciadas por el ad quem, cuya ponderación, como ya se registró, no fue cuestionada en lo más mínimo por el recurrente.
A ello se opone, de un lado, el comportamiento procesal de la precitada accionada, al no haber contestado la demanda, ni asistido al interrogatorio de parte que debía absolver, procederes de los que el ad quem dedujo un indicio en su contra, sin reparo alguno del recurrente; y, de otro, la certificación expedida por el Banco Bilbao Vizcaya Argentaria Colombia S.A., de la que ese juzgador infirió la plena comprobación de que los dineros con los que se pagó el precio estipulado en la compraventa, se encontraban en una cuenta bancaria cuya titular era la demandada Ladys Esther Charris Charris, constatación de la que, aplicadas las “reglas de la experiencia” y la “lógica”, debía colegirse que tales recursos económicos eran de su propiedad, valoración que tampoco fue blanco de ataque por el censor.
Significa lo expuesto, que las manifestaciones de los mencionados testigos, como ya se anunció, apreciadas como corresponde, están desprovistas del poder de convicción para desvirtuar la precedente inferencia, y por lo mismo, para erosionar la decisión confirmatoria de la sentencia de primera instancia que adoptó el Tribunal.
5. Corolario de todo lo expresado, es que el cargo examinado está llamado al fracaso.
DICISIÓN
En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casación Civil, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, NO CASA la sentencia proferida el 27 de febrero de 2017, por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla, Sala Civil - Familia, en el proceso que se dejó plenamente identificado al comienzo de este proveído.
Costas en casación a cargo de la recurrente. Como el actor se abstuvo de replicar la demanda con la que se sustentó dicha impugnación extraordinaria, se fija la suma de $3.000.000.oo como agencias en derecho. La Secretaría de la Sala, efectúe la correspondiente liquidación.
Cópiese, notifíquese, cúmplase y, en oportunidad, devuélvase el expediente al Tribunal de origen.
FRANCISCO TERNERA BARRIOS
Presidente de Sala
ÁLVARO FERNANDO GARCÍA RESTREPO
HILDA GONZÁLEZ NEIRA
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO
LUIS ALONSO RICO PUERTA
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA
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