Ficha de la providencia
Sentencia SL035-2023
Corte Suprema de Justicia · Sala de Casación Laboral
Jurisprudencia › Corte Suprema de Justicia › SL035-2023
Corte Suprema de Justicia · Sala de Casación Laboral
Ficha de la providencia
Sentencia SL035-2023
Corte Suprema de Justicia · Sala de Casación Laboral
República de Colombia
Corte Suprema de Justicia
Sala de Casación Laboral
Sentencia SL035-2023
Magistrado ponente: Donald Jose Dix Ponnefz
24 de enero de 2023
DONALD JOSÉ DIX PONNEFZ
Magistrado ponente
SL035-2023
Radicación n.°92258
Acta 1
Bogotá, D. C., veinticuatro (24) de enero de dos mil veintitrés (2023).
La Sala decide el recurso de casación interpuesto por la ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES – COLPENSIONES contra la sentencia proferida por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali, el 13 de julio de 2021, en el proceso que en su contra promovió JOSÉ ABSALÓN VALENCIA LÓPEZ, al que fue vinculado el MUNICIPIO DE OBANDO – VALLE DEL CAUCA.
ANTECEDENTES
José Absalón Valencia López llamó a juicio a Colpensiones, para que se declarara que es beneficiario del régimen de transición previsto en el art. 36 de la Ley 100 de 1993; que tiene derecho a la pensión de vejez, en los términos del art. 12 del Acuerdo 049 de 1990, aprobado el Decreto 758 de esa anualidad; y, que la administradora era responsable por la omisión en el cobro de los aportes en mora a cargo del empleador Municipio de Obando de los siguientes periodos: «1993/07 a 1994/12 y 1995/06 a 1995/07, 1995/08, 1996/03 y 1996/12 a 2011/06».
En consecuencia, solicitó la prestación a partir del 1 de junio de 2011, junto con el retroactivo pensional; las mesadas adicionales de junio y diciembre; el reajuste según el IPC de cada anualidad; los intereses moratorios del art. 141 de la Ley 100 de 1993; lo ultra y extra petita; y, las costas procesales.
Fundamentó sus pedimentos, en que nació el 25 de junio de 1950, por lo que cumplió 60 años de edad en 2010; que era beneficiario del régimen de transición, ya que al 1 de abril de 1994, tenía más de 40 años; que requirió la pensión de vejez a Colpensiones, la cual fue denegada mediante la Resolución n.° 104937 del 15 de septiembre de 2011, con el argumento de que no acreditó la densidad de semanas requeridas para acceder al derecho pensional; que de nuevo pidió la prestación el 5 de diciembre de 2012, la que fue denegada en los actos administrativo GNR 28423 de 7 de marzo de 2013 y GNR 198078 del 1 de agosto de ese mismo año.
Aseguró que cotizó un total de 856 semanas al ISS, desde el 17 de junio de 1988 hasta el 31 de mayo de 2011; prestó sus servicios al Municipio de Obando – Alcaldía Municipal de Obando -, en los períodos comprendidos del 17 de junio de 1988 al 7 de diciembre de 1989, del 1 de noviembre de 1991 al 15 de noviembre de 1996 y del 10 de febrero de 1999 al 10 de agosto de 2000, equivalentes a 231.46 semanas certificadas, mas no incluidas en la «historia laboral»; de ahí que elevó petición a Colpensiones con el propósito de que corrigiera dicho reporte, que fue contestado en oficio del 27 de diciembre de 2017, en el sentido de que los tiempos laborados al municipio estaban «acreditados correctamente», sin embargo, aclaró que «figura deuda» en los ciclos 1993/07 a 1994/12 y 1995/06 a 1995/07, 1995/08, 1996/03 y 1996/12 a 2011/06, razón por la cual no eran «tenidos en cuenta para el total de semanas cotizadas».
Señaló que los tiempos servidos a la Alcaldía Municipal de Obando eran necesarios para reunir las 500 semanas que exige el art. 12 del Acuerdo 049 de 1990, aprobado por el Decreto 758 de esa anualidad y, por ende, el 13 de febrero de 2018, insistió en el reconocimiento pensional, para lo cual allegó los «soportes y certificados formularios 1, 2 y 3», pero que obtuvo respuesta negativa, a través de la Resolución SUB 47480 del 26 de febrero de 2018.
Manifestó que no pudo seguir cotizando al sistema pensional, ya que por su edad avanzada tenía pocas posibilidades de conseguir empleo, sumado a que padecía de «diabetes mellitus» (fs.°35 a 40).
La Administradora Colombiana de Pensiones –Colpensiones, al contestar, se opuso a todas las pretensiones. En cuanto a los hechos, aceptó que el accionante requirió la pensión de vejez, la cual fue denegada a través de las resoluciones n.°104937 del 15 de septiembre de 2011 y GNR 28423 del 7 de marzo de 2013, confirmada en la GNR 198078 del 1 de agosto de ese año y SUB 47480 de 26 de febrero de 2018; y, que el actor solicitó la corrección de historia laboral. De los demás, dijo que no eran ciertos.
Resaltó que conforme a la historia laboral del 25 de abril de 2018, «no se evidencia relación laboral con el Municipio de Obando entre los periodos comprendidos entre 01/11/1991 al 15/01/1992, del 01/07/1993 al 01/01/1995 ni del 10/02/1999 al 10/08/2000»; y, que no era viable el reconocimiento pensional en los términos del Acuerdo 049 de 1990, aprobado por el Decreto 758 de esa anualidad, como quiera que no alcanzó 500 semanas en los últimos 20 años al cumplimiento de la edad mínima ni 1000 en toda la vida laboral, aunado a que tampoco era beneficiario del régimen de transición, pues a pesar de que cumplió el requisito de la edad a 1 de abril de 1994, lo cierto era que no reunió la exigencia consagrada en el Acto Legislativo 01 de 2005.
En su defensa, formuló la excepción previa de «falta de integración del litisconsorte necesario» y las excepciones de mérito de «inexistencia de la obligación y cobro de lo no debido», «buena fe de la entidad demandada», «prescripción», «legalidad de los actos administrativos que resuelven la situación pensional del demandante» y la «inominada o genérica» (fs.°46 a 54).
El a quo a través de proveído del 22 de junio de 2018 (f.°66), integró a la litis al Municipio de Obando – Valle del Cauca, a quien se le tuvo por no contestada la demanda en auto del 27 de noviembre de ese año (fs.°78).
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
El Juzgado Octavo Laboral del Circuito de Cali, a través del fallo de 6 de diciembre de 2018 (f.° cd.88), resolvió:
PRIMERO: DECLARAR no probadas las excepciones propuestas por la ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES COLPENSIONES, en la contestación de la demanda, salvo la de prescripción que se declara probada parcialmente, en relación con las mesadas causadas con antelación al 20 de marzo de 2015.
SEGUNDO: CONDENAR a la ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES COLPENSIONES […] a reconocer y a pagar al señor JOSÉ ABSALÓN VALENCIA LÓPEZ […] la pensión de vejez, conforme al artículo 12 del Decreto 758 de 1990 (sic), a partir del 20 de marzo de 2015, en cuantía mensual de un salario mínimo legal vigente, que para esa anualidad ascendía a $644.350, así como los reajustes legales y las mesadas adicionales de junio y diciembre; mesadas que entre el 20 de marzo de 2015 al 30 de noviembre de 2018, ascienden a la suma de $37.462.800.
TERCERO: AUTORIZAR a COLPENSIONES, para que efectúe los descuentos con destino al Sistema de Seguridad Social en Salud sobre las mesadas ordinarias.
CUARTO: CONDENAR a la ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES COLPENSIONES a reconocer y pagar al señor JOSÉ ABSALÓN VALENCIA LÓPEZ los intereses moratorios consagrados en el artículo 141 de la Ley 100 de 1993, desde el 20 de marzo de 2015, sobre el importe de cada mesada pensional no pagada y hasta que se verifique su pago.
QUINTO: CONDENAR al MUNICIPIO DE OBANDO – VALLE DEL CAUCA […] a pagar a COLPENSIONES, el cálculo actuarial que liquide esta entidad pública, por el periodo comprendido entre el 17 de junio y el 11 de julio de 1988, sobre el salario mínimo legal mensual vigente.
De igual forma, se ordena al MUNICIPIO DE OBANDO – VALLE DEL CAUCA que pague los aportes en mora de los periodos del 2 de noviembre a 7 de diciembre de 1989, 1 de noviembre a 31 de diciembre de 1991, 1 al 14 de enero de 1992, 1 de julio a 31 de diciembre de 1993, 1 de enero a 31 de diciembre de 1994, 1 de abril a 31 de diciembre de 1999, 1 de enero a 31 de marzo de 2000, 1 de mayo al 10 de agosto de 2000.
SEXTO: COSTAS a cargo de la entidad demandada COLPENSIONES y MUNICIPIO DE OBANDO — VALLE DEL CAUCA. Como agencias en derecho se fija la suma de $1.500.000 que debe pagar COLPENSIONES y $350.000 que debe pagar el MUNICIPIO DE OBANDO - VALLE DEL CAUCA.
SÉPTIMO: CONSULTAR la presente providencia, conforme a la previsión del artículo 69 del CPTSS, modificado por el artículo 14 de la Ley 1149 de 2007. Ofíciese al Ministerio de Salud y Protección Social y al Ministerio de Hacienda y Crédito Público, sobre la remisión del expediente al superior. (Negrilla de la Sala).
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
La Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali, al resolver el grado jurisdiccional de consulta a favor de Colpensiones y el Municipio de Obando, mediante sentencia del 13 de julio de 2021, (fs.° 48 a 51 cuad. Tribunal), resolvió:
PRIMERO: MODIFICAR el ordinal segundo de la sentencia n.° 313 proferida el 6 de diciembre de 2018 por el Juzgado Octavo Laboral del Circuito de Cali, en el sentido de precisar que el retroactivo liquidado desde el 20 de marzo de 2015 hasta el 30 de noviembre de 2018, asciende a la suma de $37.460.666.
SEGUNDO: ACTUALIZAR la condena por concepto de retroactivo del 1 de diciembre de 2018 al 30 de junio de 2021, que asciende a $31.023.790.
TERCERO: CONFIRMAR en lo restante la sentencia de primera instancia.
CUARTO: SIN COSTAS en esta instancia.
QUINTO: DEVOLVER por Secretaría el expediente al Juzgado de origen, una vez quede en firme esta decisión. (Negrilla de la Sala).
En lo que interesa al recurso extraordinario, señaló que no era materia de discusión la existencia del vínculo laboral entre el demandante y el Municipio de Obando, desde el 17 de junio de 1988 hasta el 7 de diciembre de 1989, del 1 de noviembre de 1991 al 15 de noviembre de 1996 y del 10 de febrero de 1999 al 10 de agosto de 2000 (fs.° 15 a 16 y 22 a 28); y, que el ente municipal afilió al trabajador al ISS el 12 de julio de 1988 (f.° 19).
Advirtió:
[…] i) que la afiliación se efectuó de manera tardía en tanto, como se señaló, la relación laboral inició el 17 de junio de 1988 y la afiliación se dio hasta el día 12 del mes siguiente; y ii) que las cotizaciones se efectuaron de manera ininterrumpida (sic), pues no obran las correspondientes del 2 de noviembre al 7 de diciembre de 1989, del 1 de noviembre de 1991 al 14 de enero de 1992; del 1 de julio de 1993 al 31 de diciembre de 1994; del 1 de abril de 1999 al 31 de marzo de 2000; y del 1 de mayo al 10 de agosto de 2000, en consecuencia, y al no evidenciarse justificación por parte del Municipio ante tal actuar, le corresponde pagar el cálculo actuarial por la afiliación tardía, así como los aportes de aquellos meses antes enunciados en los que omitió efectuar el pago.
Como soporte de lo anterior, trajo a colación la sentencia CSJ SL 9856-2014, en la que se adoctrinó que «con independencia de la razón de la omisión de la afiliación al sistema de pensiones, les corresponde a las entidades de seguridad social tener en cuenta el tiempo laborado y velar por la estabilidad financiera del sistema, sin que el empleador se desligue de esa obligación, pues le compete pagar el cálculo actuarial».
Precisó que el accionante era beneficiario del régimen de transición, ya que para la época de entrada en vigor del Sistema General de Pensiones -1 de abril de 1994-, contaba 43 años de edad, dado que nació el 25 de junio de 1950 (f.° 2) y, que según la historia laboral (f.° cd 58), cotizó en toda la vida laboral 564,71 semanas, empero, «en los meses de noviembre y diciembre de 1996, julio, agosto y octubre de 1997 la demandada contabilizó un número inferior al reportado, sin ninguna justificación»; de ahí que, los incluiría en el reporte de semanas, en atención a lo dispuesto en la sentencia CC T463-2016.
Agregó que incluido el cálculo actuarial y los aportes en mora a cargo del Municipio de Obando, el actor completaba un total de 732,29 semanas en toda la vida laboral, de los cuales 607,43 fueron cotizados en los 20 años anteriores al cumplimiento de la edad, es decir, entre el 25 de junio de 1990 y ese mismo día y mes del 2010, superando las 500 exigidas por el art. 12 del Acuerdo 049 de 1990, aprobado por el Decreto 758 de esa anualidad; por lo anterior, concluyó que era procedente el reconocimiento de la prestación, sin que fuera necesario analizar las restricciones consagradas en el Acto Legislativo 01 de 2005, en tanto se alcanzaron los requisitos con anterioridad al 31 de julio de 2010.
Afirmó que el «disfrute» de la prestación sería a partir del 1 de junio de 2011, esto es, al día siguiente de la última cotización (f.° 3), dado que ya contaba 60 años de edad y las semanas mínimas, sin embargo, declaró la prescripción parcial de las mesadas causadas con antelación al 20 de marzo de 2015, en tanto, «el derecho se causó en el año 2010 como se dijo, fue negado mediante resolución notificada el 13 de diciembre de 2011 (f.° 4 Vto.) y la demanda se instauró el 20 de marzo de 2018 (f.° 41), es decir, vencidos los tres años de que trata el art. 151 del CTPSS».
A continuación, indicó:
Teniendo en cuenta que se revisa el presente asunto en el grado jurisdiccional de consulta a favor de la entidad demandada y se condenó al pago de la pensión de vejez en cuantía del salario mínimo, sin que existiese reparo sobre tal aspecto, el mismo resulta intangible para esta Corporación.
Así, al efectuar el cálculo del retroactivo causado a partir del 20 marzo de 2015 al 30 de noviembre de 2018, se obtiene la suma de $37.460.666 -conforme al anexo 2- ligeramente inferior a la reconocida por la Juez, sin embargo, en virtud del grado jurisdiccional de consulta en favor de la demandada se modificará dicha condena.
Ahora, en atención a lo dispuesto en el art. 283 del CGP se actualiza la condena por concepto de mesadas pensionales del 10 de diciembre de 2018 al 30 de junio de 2021, que equivale a $31.023.790 -conforme al anexo 3-.
Advirtió que, en atención a que el actor presentó la reclamación administrativa el 16 de agosto de 2011 (f.° 4), la condena por concepto de intereses moratorios se configuró el 17 de diciembre de ese mismo año, sin que hubiere lugar a considerar la buena o mala fe de la entidad, dado su carácter resarcitorio, no obstante, como se había declarado la prescripción parcial, correrían a partir del 20 de marzo de 2015.
IV. RECURSO DE CASACIÓN
Interpuesto por Colpensiones, concedido por el Tribunal y admitido por la Corte, se procede a resolver.
ALCANCE DE LA IMPUGNACIÓN
Pretende que esta Corte, case la sentencia impugnada, para que una vez constituida en sede de instancia, revoque la de primer grado y, en consecuencia, la absuelva de todas las pretensiones de la demanda y se «determine la condena en costas según corresponda».
En subsidio, solicitó la casación parcial de la sentencia recurrida, en lo atinente a la «condena al pago de intereses moratorios», para que en sede de instancia.
Modifique parcialmente la sentencia de primer grado[,] para condicionar el reconocimiento de la pensión hasta tanto se realice el pago del calculo (sic) como lo ordena el articulo (sic) 33 de la Ley 100 de 1993, se revoque la condena al pago de intereses moratorios y determine la condena en costas según corresponda. (Negrilla del texto).
Con tal propósito, formula tres cargos por la causal primera de casación, que fueron replicados por José Absalón Valencia López y que se estudiarán a continuación.
CARGO PRIMERO
Acusa la sentencia impugnada, por vía directa en la modalidad de interpretación errónea de los artículos 36 de la Ley 100 de 1993 y 53 de la Constitución Política, lo que condujo a la aplicación indebida del artículo 12 del Acuerdo 049 de 1990, aprobado por el 1 del Decreto 758 de esa anualidad.
Manifiesta que el Tribunal trasgredió la ley sustancial al darle un alcance equivocado al art. 36 de la Ley 100 de 1993, lo que conllevó el reconocimiento pensional, sin tener en cuenta que el demandante no contaba con una «expectativa legítima», para acceder a la prestación en los términos del art. 12 del Acuerdo 049 de 1990, aprobado por el Decreto 758 de ese año, pues, con anterioridad a la entrada en vigencia del Sistema General de Pensiones «solo desempeñó actividades en el sector público», por lo que la norma que regula el asunto es la Ley 33 de 1985 que consagra la posibilidad de tener en cuenta «tiempos públicos».
Advierte que:
[…] se está protegiendo una expectativa inexistente, o por lo menos, que no es legítima, como quiera que al remitirnos a las expectativas que podría tener cualquier afiliado al momento de entrar en vigencia la Ley 100 de 1993, por lo general (salvo los regímenes especiales) sólo pueden ser tres: (i) La primera, reunir 20 años de servicios en el sector público y pensionarse con la Ley 33 de 1985; (ii) la segunda, efectuar 1000 semanas de cotización en cualquier tiempo ante el ISS, o 500 semanas a dicho ente administrador durante los 20 años anteriores al cumplimiento de la edad para cumplir con los requisitos de que trata el Acuerdo 049 de 1990; y (iii) la tercera y última expectativa que pudiera tener, era reunir 1029 semanas de aportes en cualquier Caja, Fondo o Entidad de Previsión Social y el ISS o en tiempo de servicios acumulados tanto en el sector público como privado, para pensionarse por virtud de la Ley 71 de 1988.
Afirma que la decisión del ad quem no se enmarca dentro de los parámetros legales ni jurisprudenciales contenidos en la sentencia CC SU769-2014, ya que ello supondría un cambio en el ordenamiento jurídico al permitir que se acceda a la pensión del Acuerdo 049 de 1990, con la inclusión de tiempos de servicios prestados en el sector oficial, cuando esa posibilidad solo era viable en la Ley 33 de 1985.
Dice que la interpretación acogida por el juez plural no se acompasa con la finalidad del régimen de transición, ya que si bien con la expedición de la Ley 100 de 1993, se buscó zanjar las inequidades por la diversificación de regímenes paralelos, tal unificación lograda con el nuevo sistema no podía considerarse una «expectativa legítima», dado que la sumatoria de tiempos públicos y privados antes del tránsito legislativo se encontraba prohibida; y, que permitir esa posibilidad conduce a la «aplicación indebida de la norma o régimen pensional y a un fraccionamiento», y a la trasgresión del principio de legalidad que rige al Sistema de Seguridad Social.
Aduce que también se trasgredió el principio de inescindibilidad, que a la postre establece que la norma debe aplicarse «de manera íntegra en su relación con la totalidad del cuerpo normativo al que pertenece, sin que sea admisible escisiones o fragmentaciones tomando lo más favorable de las disposiciones en conflicto, o utilizando disposiciones jurídicas contenidas en un régimen normativo distinto al elegido».
RÉPLICA
El demandante se opone a la prosperidad de la acusación, pues a su juicio, sí tenía una expectativa legítima para pensionarse con base en el Acuerdo 049 de 1990, aprobado por el Decreto 758 de esa anualidad, en concordancia con el art. 36 de la Ley 100 de 1993, como quiera que prestó sus servicios a la Alcaldía Municipal del Municipio de Obando, en calidad de trabajador oficial y cotizó al ISS, la densidad de semanas exigidas en las mencionadas normas.
CONSIDERACIONES
El problema jurídico sometido a consideración de la Sala se contrae a esclarecer, si el Tribunal se equivocó al confirmar la decisión condenatoria de primer grado, en tanto estimó que los tiempos de servicios que el demandante prestó al Municipio de Obando - Valle del Cauca, debían tenerse en cuenta para efectos de computar la densidad de semanas exigidas para acceder al derecho pensional, en los términos del art. 12 del Acuerdo 049 de 1990, aprobado por el art. 1 del Decreto 758 de esa anualidad.
Dada la senda de puro derecho por la que se encauza la acusación, no existe controversia en cuanto a que: i) José Absalón Valencia López nació el 25 de junio de 1950 (f.°2); ii) que es beneficiario del régimen de transición, pues a 1 de abril de 1994 contaba más de 40 años de edad; iii) prestó sus servicios al Municipio de Obando, desde el 17 de junio de 1988 hasta el 7 de diciembre de 1989, del 1 de noviembre de 1991 al 15 de noviembre de 1996 y del 10 de febrero de 1999 al 10 de agosto de 2000 (f.° 22 a 28); iv) el ente territorial lo afilió al ISS el 12 de julio de 1988 (f.°19); v) aportó un total de 732,29 semanas, de las cuales 607,43 fueron cotizadas dentro de los 20 años anteriores al cumplimiento de la edad – 60 años-; y, vi) el ISS hoy Colpensiones negó la pensión de vejez, a través de las resoluciones n.°104937 del 15 de septiembre de 2011, GNR 028423 del 7 de marzo de 2013, confirmada en las GNR 198078 del 1 de agosto de ese año y SUB 47480 de 26 de febrero de 2018 (fs.° 4, 5 a 6, 8 a 9 y 32 a 33).
Esta Sala advierte que, la censura en la demostración del cargo, parte de una premisa equivocada, como quiera que en la sentencia impugnada, no existe sumatoria de tiempos públicos y privados, puesto que como lo señalo el Tribunal, el Municipio de Obando afilió directamente al ISS al demandante, desde el 12 de julio de 1988, esto es 24 días después de su vinculación como trabajador oficial y durante su vida laboral siempre estuvo vinculado a esta entidad de seguridad social; de ahí que, la norma que regula el asunto es el Acuerdo 049 de 1990, aprobado por el Decreto 758 de esa anualidad, en virtud del art. 36 de la Ley 100 de 1993, por ser beneficiario del régimen de transición.
Ahora si en gracia de discusión, se entendiera que hubo sumatoria de tiempos, esta Corte en las sentencias CSJ SL1947-2020 y CSJ SL1981-2020, replanteó el criterio jurisprudencial que había sostenido, entre otras, en las providencias CSJ SL16104-2014, CSJ SL4457-2014 y CSJ SL770-2019, en el entendido de que los tiempos laborados a entidades públicas «pueden consolidarse con semanas efectivamente cotizadas al ISS, hoy Colpensiones», para el reconocimiento de la pensión de vejez prevista en el art. 12 del Acuerdo 049 de 1990, aprobado por el Decreto 758 de esa anualidad, en virtud del art. 36 la Ley 100 de 1993, en atención a que el régimen de transición tuvo como finalidad esencial «proteger las expectativas legítimas de quienes estaban próximos a pensionarse, a fin que estuvieran cobijados por la legislación precedente, en los aspectos definidos por el legislador».
De modo que, no se acreditó el desacierto jurídico atribuido al ad quem y, por ende, la acusación resulta infundada.
CARGO SEGUNDO
Denuncia la sentencia impugnada, por vía directa en la modalidad de infracción directa del artículo 17 del Decreto 1474 de 1997 y del inciso 2 del literal e) del artículo 33 de la Ley 100 de 1993, modificado por el artículo 9 de la Ley 797 de 2003.
Señala que el Tribunal no tuvo en cuenta que con el reconocimiento de la pensión de vejez, debía ordenarse el traslado del cálculo actuarial por parte del empleador, en los términos del inciso 2 del artículo 33 de la Ley 100 de 1993, como quiera que es obligación de los operadores judiciales dar cumplimiento a los preceptos legales que así lo establecen «so pena de afectar el sostenimiento financiero del fondo pensional al tener que reconocer prestaciones sin el debido aprovisionamiento».
RÉPLICA
Afirma que el cálculo actuarial que se refiere la censura, corresponde a la condena que estableció el a quo, por un periodo corto entre el «17 de junio de 1988» al «11 de julio del mismo año», equivalente a 24 días, que se originó debido a el ente territorial no lo vinculó desde el inicio de la relación laboral, además de que incurrió en mora en el pago de aportes, omisiones de las que, según lo ha indicado la jurisprudencia no tiene la obligación de asumir el trabajador.
CONSIDERACIONES
La censura pretende que se case la decisión impugnada, por cuanto el Tribunal omitió ordenar el traslado del «cálculo actuarial» a cargo del empleador con destino a la administradora de pensiones, por la afiliación tardía al sistema de seguridad social, además de cancelar los aportes en mora.
De entrada, esta Sala colige que los desaciertos jurídicos endilgados no tienen asidero, pues contrario a lo alegado por la administradora recurrente, el Tribunal consideró que al Municipio de Obando le correspondía pagar el «cálculo actuarial» por la afiliación tardía, esto es, desde la fecha de inicio del vínculo laboral entre José Absalón Valencia López y el ente territorial - 17 de junio de 1988 - hasta el momento en que lo afilió al ISS -12 julio de 1988-; así mismo, por los periodos en los que empleador omitió el pago de aportes a favor del trabajador, que son: del 2 de noviembre al 7 de diciembre de 1989, del 1 de noviembre al 31 de diciembre de 1991, del 1 al 14 de enero de 1992, 1 de julio al 31 de diciembre de 1993, del 1 de enero al 31 de diciembre de 1994, del 1 de abril al 31 de diciembre de 1999, del 1 de enero al 31 de marzo de 2000 y del 1 de mayo al 10 de agosto de 2000.
De ahí que, el ad quem confirmó el numeral quinto de la sentencia de primer grado que ordenó:
CONDENAR al MUNICIPIO DE OBANDO – VALLE DEL CAUCA […] a pagar a COLPENSIONES, el cálculo actuarial que liquide esta entidad pública, por el periodo comprendido entre el 17 de junio y el 11 de julio de 1988, sobre el salario mínimo legal mensual vigente.
De igual forma, se ordena al MUNICIPIO DE OBANDO – VALLE DEL CAUCA que pague los aportes en mora de los periodos del 2 de noviembre a 7 de diciembre de 1989, 1 de noviembre a 31 de diciembre de 1991, 1 al 14 de enero de 1992, 1 de julio a 31 de diciembre de 1993, 1 de enero a 31 de diciembre de 1994, 1 de abril a 31 de diciembre de 1999, 1 de enero a 31 de marzo de 2000, 1 de mayo al 10 de agosto de 2000. (Negrilla de la Sala).
Lo expuesto, resulta suficiente para declarar el cargo infundado.
CARGO TERCERO
Acusa la sentencia impugnada, por vía directa en la modalidad de infracción directa del artículo 141 de la Ley 100 de 1993, «producto de la interpretación errónea» de los artículos 12 del Acuerdo 049 de 1990, aprobado por el Decreto 758 de 1990 y 36 de la Ley 100 de 1993.
Expone que el colegiado se equivocó al imponer de manera «automática e inexorable» los intereses moratorios de que trata el art. 141 de la Ley 100 de 1993, sin hacer ninguna consideración al «origen del reconocimiento pensional» con fundamento en el Acuerdo 049 de 1990, contrariando lo decantado por esta Corte en la sentencia CSJ SL787 del 6 de noviembre de 2013, «por medio de la cual cambió su precedente y determinó que no habrá lugar a la imposición […] cuando se encuentre plenamente justificado la negación del derecho invocado», bien sea porque la entidad hubiera actuado con pleno respaldo normativo o, porque su postura provenga de la aplicación minuciosa de la ley, «sin los alcances que en su momento pueda darse por las autoridades judiciales en su interpretación de las normas sociales».
Manifiesta que los interese moratorios se causan:
[…] por la demora en la concesión o pago de la pensión, pero permitiendo la configuración de excepciones que justifican la mora, como por ejemplo:
(i)Cuando la entidad tiene que desplegar una actuación administrativa que le permita establecer verdades en torno a la causación del derecho; (ii) cuando se presenta un cambio jurisprudencial entre el momento de la decisión administrativa y en el que se adopta la decisión judicial (sentencia SL4754/19) y (iii) cuando el reconocimiento obedece a un criterio de creación jurisprudencial.
Bajo este entendido, si bien en cada uno de estos supuestos no se escudriña sobre la buena o mala fe la entidad, si se explora sobre circunstancias particulares, objetivas y razonables que hayan rodeado la instancia administrativa. Si bien es cierto, la postura primigenia fue morigerada, esta Corporación ha sido cuidadosa en establecer un límite frente a las excepciones, pues ha considerado que de ninguna manera se analiza o se valora la buena o mala fe de la entidad, tal y como ha quedado decantado en pronunciamientos como los contenidos en sentencias SL4011/19, SL1243/19 y SL5566/18, entra otras.
Insiste que el reconocimiento pensional, conforme lo dispone el Acuerdo 049 de 1990, aprobado por el art. 1 del Decreto 758 de esa anualidad, es una «creación jurisprudencial» contenida en la sentencia CC SU769-2014, dado que hasta esa oportunidad «era incompatible la acumulación de tiempos para cumplir el requisito de semanas de cotización», por lo que las resoluciones que negaron la prestación del demandante en los años 2011 y 2013, se encuentran ajustadas al ordenamiento jurídico aplicable para esa época, es decir, no fue producto de una decisión arbitraria ni caprichosa, «sin necesidad de hacer miramientos sobre la buena o mala fe». Alude a la sentencia CSJ SL5600-2019.
RÉPLICA
Indica que en el presente asunto, «no hay sumatoria de tiempo públicos no cotizados al Instituto de Seguros Sociales y privados para acceder al régimen de transición», pues las cotizaciones realizadas a través del Municipio de Obando fueron realizadas directamente al ISS, razón por la que Colpensiones debe resarcir por retardado en el reconocimiento de su pensión de vejez.
CONSIDERACIONES
En lo que concierne a la procedencia de los intereses moratorios del artículo 141 de la Ley 100 de 1993, conviene reiterar que, por regla general, proceden cuando existe retardo en el pago de las mesadas pensionales, en tanto que las entidades de seguridad social se encuentran obligadas al reconocimiento y desembolso oportuno de ellas.
De tal manera que, al encontrarse previstos como una forma para reparar los efectos ocasionados por el pago tardío de la pensión a la que hubiere lugar y, no como una sanción al deudor, su naturaleza es netamente resarcitoria (CSJ SL13388-2014, CSJ SL7893-2015), y su imposición no está condicionada al estudio de la conducta de la administradora de pensiones o, si su actuar estuvo revestido de buena fe, pues solo basta con que se verifique una tardanza en el pago de las respectivas mesadas pensionales para su procedencia (CSJ SL10728-2016).
Resulta pertinente remitirse a la sentencia CSJ SL2512-2021, donde nuevamente la Corte insistió:
Al respecto se hace necesario recordar que el criterio de la Sala frente a los intereses moratorios previstos en el artículo 141 de la Ley 100 de 1993, es que estos proceden siempre que haya retardo en el pago, sentencia CSJ SL3130-2020, independientemente de la buena o mala fe en el comportamiento del deudor, o las circunstancias que hayan rodeado la discusión del derecho pensional, en tanto su imposición es simplemente el resarcimiento ante los efectos adversos para el acreedor por la mora del deudor en el cumplimiento de sus obligaciones (Negrillas dentro del texto original).
Ahora bien, esta Corporación ha adoctrinado que no hay lugar a condenar por concepto de intereses moratorios del artículo 141 de la Ley 100 de 1993, cuando, por ejemplo, la negativa de la entidad para reconocer las prestaciones a su cargo tiene respaldo en las normas que en un comienzo regulaban la situación o su postura proviene de la aplicación minuciosa de la ley sin los alcances o efectos que en un momento dado puedan darle los jueces (CSJ SL704-2013); cuando se otorga una prestación pensional en aplicación de un cambio de criterio jurisprudencial (CSJ SL 787-2013, reiterada en la CSJ SL2941-2016); en los casos en que se inaplica el requisito de fidelidad al sistema (CSJ SL10637-2014, reiterada en CSJ SL6326-2016, CSJ SL070-2018); cuando el asunto se define bajo una interpretación normativa, como sucede en la aplicación del principio de la condición más beneficiosa (CSJ SL12018-2016); o, existe controversia entre beneficiarios de la pensión de sobrevivientes (CSJ SL 21 sep. 2010, rad. 33399 y CSJ SL14528-2014).
De tal manera que no se configura en el sub examine, ninguno de los eventos establecidos por esta Corporación, para exonerar del pago de intereses moratorios, por cuanto como se indicó anteriormente, el no reconocimiento oportuno de la pensión de vejez al demandante, se debió a la omisión en la obligación legal de la administradora de cobrar los aportes en mora en su debida oportunidad, lo que conllevó que se considerara que no alcanzó a completar el número de semas requeridas para tener derecho a la prestación.
En ese orden, la sentencia impugnada continúa con la doble presunción de acierto y legalidad de la que viene revestida.
Por consiguiente, no prospera el cargo.
Las costas en el recurso extraordinario estarán a cargo de Colpensiones, en tanto se presentó réplica. Como agencias en derecho se fija la suma de $9.400.000 que será incluida en la liquidación que haga el juzgado de primera instancia, en los términos del artículo 366-6 del CGP.
DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, NO CASA la sentencia dictada el 13 de julio de 2021, por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali, dentro del proceso seguido por JOSÉ ABSALÓN VALENCIA LÓPEZ contra la ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES – COLPENSIONES, al que fue vinculado el MUNICIPIO DE OBANDO – VALLE DEL CAUCA.
Con costas, como se expuso en la parte motiva.
Cópiese, notifíquese, publíquese, cúmplase y devuélvase el expediente al Tribunal de origen.
DONALD JOSÉ DIX PONNEFZ
JIMENA ISABEL GODOY FAJARDO
JORGE PRADA SÁNCHEZ
Sigue leyendo
RuleX es la IA para el trabajo legal: inteligencia artificial y software jurídico, todo en una sola plataforma. Crea tu cuenta y RuleX abre la sentencia SL035-2023 completa, te explica sus reglas y la lleva a tu escrito con la cita puesta. Siete días de prueba sin tarjeta.