OLGA YINETH MERCHÁN CALDERÓN
Magistrada ponente
SL036-2023
Radicación n.° 84095
Acta 01
Bogotá, D. C., veinticuatro (24) de enero de dos mil veintitrés (2023).
Procede la Sala a emitir la sentencia de instancia dentro del ordinario laboral interpuesto por GRACIELA CIFUENTES DE PASCUAS contra la ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES (COLPENSIONES).
ANTECEDENTES
Graciela Cifuentes de Pascuas demandó a Colpensiones, con el fin de que se declare que en su calidad de cónyuge supérstite de Álvaro Pascuas Medina, tiene derecho a la pensión de sobrevivientes y, en consecuencia, se ordene en su favor el reconocimiento y pago de dicha prestación a partir del 24 de enero de 1995, junto con el retroactivo pensional, los intereses moratorios, la indexación de las mesadas, los derechos a que haya lugar en uso de las facultades ultra y extra petita, y las costas procesales.
Fundamentó sus peticiones, básicamente, en que el 18 de julio de 1959 contrajo matrimonio con el ya mencionado, con quien convivió hasta el 24 de enero de 1995, día en que falleció; que el causante trabajó para la Gobernación del Huila, desempeñó el cargo de chofer caudillo desde el 16 de abril de 1960 hasta el 20 de julio de 1969 y realizó cotizaciones al ISS durante «257,14 semanas»; agregó que aquel, además, antes del 1 de abril de 1994, «laboró por 5.135 días, equivalentes a 733 semanas» y que era beneficiario del régimen de transición.
Precisó que a pesar de que Colpensiones, mediante Resolución GNR 310092 de 2016, reconoció que «es beneficiaria de cualquier prestación en calidad de cónyuge supérstite», al solicitarle el reconocimiento de la pensión de sobrevivientes, se la negó con acto administrativo GNR 310092 de 2016, confirmado a través de la Resolución GNR 357699 del mismo año; y que para el momento de presentación de la demanda estaba pendiente de decidirse el recurso de apelación.
Al dar respuesta al escrito inaugural, la parte accionada se opuso a las pretensiones; y en cuanto a los hechos, admitió que el causante prestó servicios para la Gobernación del Huila al igual que las cotizaciones realizadas al ISS; la fecha de fallecimiento de aquel, la reclamación administrativa y su contestación, así como la calidad de beneficiaria de la demandante. Frente a los demás supuestos fácticos dijo que no eran ciertos o no le constaban.
En su defensa alegó que no había lugar al otorgamiento de la prestación por cuanto el afiliado no dejó cotizada la densidad de semanas requerida, según la normativa aplicable y que no era procedente el principio de la condición más beneficiosa. Como excepciones de mérito propuso las de inexistencia del derecho reclamado, cobro de lo no debido, «no hay lugar a condena en costas», «no hay lugar a cobro de intereses moratorios», «no hay lugar al cobro de mesadas indexadas», prescripción y la genérica.
El Juzgado Primero Laboral del Circuito de Neiva, al que correspondió el trámite de la primera instancia, mediante fallo del 19 de julio de 2017, declaró que Graciela Cifuentes de Pascuas no tenía derecho al reconocimiento de la prestación deprecada y, en consecuencia, absolvió a Colpensiones de todas las pretensiones de la demanda; declaró probadas las excepciones de inexistencia de la obligación y cobro de lo no debido; y condenó en costas a la parte actora.
La Sala Civil Familia Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Neiva, mediante proveído del 26 de octubre de 2018, al resolver el grado jurisdiccional de consulta en favor de la demandante, confirmó la sentencia del Juzgado, sin condenar en costas en la instancia. Frente a tal decisión, se interpuso recurso extraordinario de casación, el cual fue resuelto por esta Corte, mediante sentencia CSJ SL3244-2022, providencia en la que se casó la providencia en mención por las siguientes razones.
En primer lugar, se tuvieron como hechos indiscutidos i) la calidad de cónyuge supérstite de la demandante frente al afiliado fallecido; ii) el deceso de Álvaro Pascuas Medina ocurrido el 24 de enero de 1995; iii) la cotización de 257,14 semanas ante el extinto ISS, entre el 8 de marzo de 1972 y el 31 de octubre de 1983; iv) el aporte de 476 semanas a la Caja de Previsión Social Caprehuila por haber prestado servicios al departamento del Huila antes del 1 de abril de 1994; y v) que el causante era cotizante inactivo al momento de su muerte y no sufragó veintiséis semanas en el año anterior a este suceso.
Para el reconocimiento de las pensiones en los términos previstos en el Acuerdo 049 de 1990, mediante sentencia CSJ SL5147-2020, reiterada, entre otras en la CSJ SL4165-2021, esta Corte modificó el criterio que adoctrinaba la imposibilidad de realizar la sumatoria de tiempos públicos sin cotización con los aportes hechos ante el ISS, a efectos de conceder la pensión prevista en el Decreto 758 de 1990; siendo la actual postura la de que sí es posible la predicada acumulación a efectos de dejar causada la pensión de sobrevivientes regulada en los artículos 6 y 25 del mencionado acuerdo.
De otra parte, como el causante falleció el 24 de enero de 1995, esto es, en vigencia del artículo 46 original de la Ley 100 de 1993, es viable aplicar el principio de la condición más beneficiosa a efecto de que sus beneficiarios puedan reclamar la pensión de sobrevivientes con base en el Acuerdo 049 de 1990, aprobado por el Decreto 758 de ese año, dado que los artículos 6 y 25 exigían 300 semanas de aportes en toda la vida laboral o 150 en los seis años anteriores al deceso.
Por tanto, al sumar los tiempos aportados a la Caja de Previsión Social Caprehuila (476 semanas) con las cotizaciones realizadas al ISS (257,14 semanas), emerge con claridad que se supera el límite de 300 semanas antes del 1 de abril de 1994.
No obstante, como en el expediente no obran constancias de tiempos laborados o cotizados como servidor público, para mejor proveer se ordenó oficiar a la Gobernación del Huila para que remitiera una certificación en la que constara: i) el cargo desempeñado; ii) los tiempos laborados; iii) el salario percibido y iv) las cotizaciones realizadas a las cajas de previsión por el señor Álvaro Pascuas Medina, identificado con cédula de ciudadanía 1.604.111.
Mediante comunicación del 4 de noviembre de 2022, la Gobernación del Huila allegó certificación de ese mismo día, en los siguientes términos:
Que el señor ALVARO PASCUAS MEDINA, identificado con cédula de ciudadanía No. 1.604.111 de Neiva, prestó servicios al Departamento del Huila, como CHOFER DE VOLQUETA, dependiente de la extinta secretaría (sic) de Obras Públicas Departamentales, desde el dieciséis (16) de abril de 1960 hasta el veinte (20) de julio de 1969. Con un total de días de tres mil trescientos ochenta y seis (3.386).
Que durante los últimos tres meses devengó un jornal diario de 30.oo
Esta información se obtuvo de su expediente de cesantías de la Caja Departamental de Previsión Social del Huila y se expide con destino a la Corte Suprema de Justicia.
CONSIDERACIONES
El Juzgado Primero Laboral del Circuito de Neiva, al resolver la primera instancia, fundamentó la decisión absolutoria en que no era procedente el reconocimiento de la prestación porque no se cumplían los presupuestos consagrados en el artículo 46 de la Ley 100 de 1993, norma vigente para la fecha de deceso del causante, toda vez que en el último año no acreditó veintiséis semanas de cotización; que tampoco había lugar al reconocimiento de la pensión en aplicación del principio de la condición más beneficiosa por cuanto no acreditó 300 semanas en cualquier época o 150 en los seis años anteriores al fallecimiento, conforme lo preveían los artículos 6 y 25 del Acuerdo 049 de 1990, aprobado mediante Decreto 758 de la misma anualidad.
Al efecto consideró que solamente se demostraron 257,14 semanas aportadas al ISS, dado que las cotizaciones realizadas a la Caja de Previsión del Departamento del Huila (476 semanas) no podían ser tenidas en cuenta para el reconocimiento de la prestación deprecada, como quiera que el Decreto 758 de 1990 señalaba que solamente se tomaban las efectuadas a dicho Instituto en aplicación de principio de la condición más beneficiosa, según lo indica la sentencia CSJ SL, 3 may. 2011, rad. 37793, de la cual citó algunos apartes. Iteró que no era viable considerar el tiempo servido en el sector público o el regido por otro sistema.
Finalmente, dijo que no había lugar a la aplicación de la sentencia CC SU769-2014, sumando tiempos públicos y privados, toda vez que allí se trató el reconocimiento de una pensión de vejez y no de sobrevivientes, prestaciones que son diferentes, máxime que la primera se reconoce por cuotas partes, circunstancia que no se presenta en la segunda. Por consiguiente, absolvía a la demandada de las pretensiones incoadas en su contra.
Como frente a la anterior decisión la parte actora no interpuso recurso de apelación, se procede a resolver el grado jurisdiccional de consulta en favor de la demandante.
Al efecto, es preciso tener en cuenta que en la presente controversia está demostrado que el deceso de Álvaro Pascuas Medina ocurrió el 24 de enero de 1995, según consta en el registro de defunción (f.º 18); que aportó al extinto ISS un total de 257,14 semanas entre el 8 de marzo de 1972 y el 31 de octubre de 1983, data en que realizó la última cotización (f.º 16); y que prestó servicios en la Secretaría de Obras Públicas del departamento del Huila, desempeñando el cargo de conductor, durante el lapso comprendido entre el 16 de abril de 1960 y el 20 de julio de 1969, tal como consta en la certificación emitida por la Secretaría General de la Gobernación del mencionado ente territorial, obrante a folio 58 del cuaderno de la Corte, información que coindice plenamente con lo registrado en el formato n.º 1 del Certificado de Información Laboral (f.º 9), en el que consta, además, que durante dicho lapso cotizó a la Caja de Previsión Social del Huila (Caprehuila). Téngase en cuenta que la accionada, al contestar la demanda inaugural, admitió la prestación de los servicios del causante al sector público durante dicho lapso.
Pues bien, definidos los anteriores supuestos fácticos, es necesario memorar que, por regla general, el derecho a la prestación pensional de sobrevivientes debe ser dirimido con base en la norma que se encuentra vigente al momento de la muerte del causante, en razón a que las leyes sociales son de aplicación inmediata y, en principio, rigen hacia el futuro. Al efecto, luce imperativo recordar que el artículo 16 del CST impone la obligación de aplicar los nuevos preceptos que regulan situaciones jurídicas de carácter general desde su vigencia, ello sin afectar los derechos adquiridos.
En esa dirección, la Corte ha reiterado que la regla general es la de que «la contingencia está cobijada por la norma de seguridad social de la prestación pensional correspondiente vigente al momento de su ocurrencia, esto es, para la pensión de sobrevivientes, la que está en vigor a la calenda de la muerte del afiliado o pensionado» (CSJ SL4650-2017).
De ahí que, al haber ocurrido el deceso del afiliado el 24 de enero de 1995, la disposición que gobierna el asunto es el artículo 46 de la Ley 100 de 1993 en su versión original, cuyos requisitos no cumplió, dado que para el momento de la muerte era cotizante inactivo y no aportó ninguna cotización en el año anterior.
Ahora bien, tal como lo ha admitido la jurisprudencia de la Sala, el principio de la condición más beneficiosa permite que se aplique la norma inmediatamente anterior a la vigente al momento del fallecimiento, bajo el cumplimiento de determinadas condiciones. Así, si la muerte ocurrió en vigencia de la Ley 100 de 1993, solo puede acudirse, con la observancia de los requisitos necesarios, a las previsiones del Acuerdo 049 de 1990, aprobado por el Decreto 758 del mismo año.
Como quedó sentado en sede extraordinaria, es preciso tener en cuenta que esta Corte modificó el criterio que adoctrinaba la imposibilidad de realizar la sumatoria de tiempos públicos sin cotización con los aportes hechos ante el ISS, a efectos de conceder la pensión de sobrevivientes regulada en los artículos 6 y 25 del Acuerdo 049 de 1990, aprobado por el Decreto 758 de la misma anualidad, en virtud de la aplicación del principio de la condición más beneficiosa.
En efecto, en la sentencia CSJ SL4165-2021, en la que iteró la providencia CSJ SL5147-2020, esta Corte señaló que, en el marco del referido principio, cuando el tránsito legislativo que gobierna la situación pensional se da entre el Decreto 758 de 1990 y la Ley 100 de 1993, es posible acumular dichos tiempos de servicios a efectos de dejar causada las pensiones reguladas en los artículos 6 y 25 de aquel reglamento del ISS. En dicha oportunidad, esta corporación asentó:
No se discute en sede casacional que: (i) Hernán Arturo Heredia Medina prestó servicios en el Departamento de Antioquia entre el 18 de julio de 1958 y el 4 de mayo de 1960; y del 23 de junio de 1961 al 9 de abril de 1962, para un total de 133.13 semanas; (ii) cotizó al Instituto de Seguros Sociales entre el 28 de septiembre de 1977 y el 23 de mayo de 1983 185.86 semanas; (iii) falleció el 30 de abril de 1995; (iv) era cotizante inactivo al momento de su muerte y no sufragó 26 semanas en el año anterior a este suceso, de modo que no dejó causada la pensión de sobrevivientes bajo las reglas de la Ley 100 de 1993, y (v) la demandante era su compañera permanente.
[..]
Así, la Corte debe resolver si el Tribunal incurrió en un yerro jurídico al considerar que para efectos de acreditar las exigencias del Acuerdo 049 de 1990, cuando se aplica en virtud del principio de la condición más beneficiosa, no se pueden adicionar a los aportes realizados al ISS los tiempos de servicio público sin cotizaciones a esa entidad.
Pues bien, este asunto fue definido recientemente por la Sala en la sentencia CSJ SL5147-2020, oportunidad en la que modificó el criterio que adoctrinaba la imposibilidad de realizar esa sumatoria, para señalar que en el marco del principio de la condición más beneficiosa, cuando el tránsito legislativo que gobierna la situación pensional se da entre el Decreto 758 de 1990 y la Ley 100 de 1993, es posible acumular dichos tiempos de servicios, a efectos de dejar causada las pensiones reguladas en los artículos 6.º y 25 de aquel reglamento del ISS. En dicha oportunidad, la Corporación asentó:
(...) es oportuno rememorar la sentencia en la cual la Corporación justificó la aplicación de los intereses moratorios del artículo 141 de la Ley 100 de 1993, a las pensiones de invalidez y de sobrevivientes que se concedieron con apoyo en la normativa anterior a la vigencia del Sistema General de Pensiones de la Ley 100 de 1993, esto es el Acuerdo 049 de 1990, aprobado por el Decreto 758 de ese año, cuando se invoca la condición más beneficiosa.
En esa ocasión, la Corte adujo que en dichas circunstancias las prestaciones mencionadas debían considerarse integradas al esquema general de pensiones concebido por la Ley 100 de 1993 (CSJ SL, 31 mar. 2009, rad. 33761). Este análisis tiene sustento en el hecho de no ser las pensiones así causadas ajenas a la nueva legislación, en cuanto el riesgo se verificó en su vigencia y, por tanto, «deben ser consideradas como pertenecientes al régimen solidario de prima media con prestación definida» y «como de aquellas de que trata la Ley 100 de 1993».
Nótese, además, que, cuando se trata de condición más beneficiosa, la alusión a la normativa inmediatamente precedente es para efectos únicamente de conservar las expectativas legítimas y garantizar la cobertura de prerrogativas inherentes a los derechos fundamentales de la seguridad social a quienes tenían cumplido el número mínimo de semanas en esa disposición. Los demás requisitos y condiciones se regulan por las normas vigentes cuando se estructuran los riesgos protegidos, por ejemplo, las condiciones de convivencia, el monto de las prestaciones o las circunstancias para la estructuración de la invalidez.
En este punto es oportuno señalar que la parte pertinente de los preceptos acusados relativa a la posibilidad de la sumatoria de tiempos públicos no cotizados al ISS con los aportes efectivamente sufragados a esa entidad, a efectos de acceder a la prestación de vejez prevista en el Acuerdo 049 de 1990, son desarrollo del literal f) del artículo 13 de la Ley 100 de 1993.
En esa medida, guarda coherencia con los aspectos mencionados, el entender que para efectos de definir el requisito mínimo de semanas previsto en los artículos 6.º y 25 del Acuerdo 049 de 1990, en el caso de las pensiones de sobrevivientes e invalidez, se puede acudir a las disposiciones de la Ley 100 de 1993 y concretamente al artículo 13 literal f), que establece:
[…]
La nueva orientación jurisprudencial sobre el tema guarda armonía con el criterio reciente de la Sala que abrió la posibilidad de adicionar tiempos de servicios públicos no cotizados al ISS con las semanas efectivamente sufragadas a esa entidad, cuando se acude en materia de pensiones de vejez a las previsiones del Acuerdo 049 de 1990 en virtud del régimen de transición del artículo 36 de la Ley 100 de 1993 (CSJ SL1981-2020, CSJ SL1947-2020, CSJ SL 74937, 26 ago. 2020 y CSJ SL 55270, 26 ago. 2020). (...).
De modo que no existe obstáculo alguno para considerar que a fin de acreditar el número de semanas previsto en los artículos 6.º y 25 del Acuerdo 049 de 1990 para las pensiones de invalidez y sobrevivientes, en virtud del principio de condición más beneficiosa, se puedan adicionar los tiempos públicos sin cotizaciones al ISS y las semanas sufragadas a esa entidad […].
Ahora, conforme al anterior precedente judicial y a los supuestos fácticos indiscutidos en casación, al sumar los tiempos de servicios que Heredia Medina laboró para el Departamento de Antioquia con los aportes al ISS, era evidente que dejó causada la pensión de sobrevivientes al amparo del Decreto 758 de 1990, aplicable por virtud del principio de la condición más beneficiosa.
Así las cosas, atendiendo el precedente traído a colación y a los supuestos fácticos acreditados, se tiene que, para efectos del reconocimiento de la pensión de sobrevivientes en los términos previstos en el Acuerdo 049 de 1990, aprobado por el Decreto 758 del mismo año, es viable la sumatoria de los tiempos servidos al sector público no cotizados al ISS, con los efectivamente aportados a dicho Instituto.
Entonces, como el causante laboró al sector público en el interregno comprendido entre el 16 de abril de 1960 y el 20 de julio de 1969, esto es, 3335 días que equivalen a 476,43 semanas que fueron aportadas a la Caja de Previsión Social Caprehuila; que sumadas con las 257,14 semanas cotizadas al ISS, en total tenía de 733,57.
De tal suerte que el causante sí superaba el límite de 300 semanas exigidas en el Decreto 758 de 1990 y ello antes del 1 de abril de 1994, por lo que hay lugar al reconocimiento de la pensión de sobrevivientes en los términos previstos en el mencionado acuerdo, aplicable al presente asunto en virtud del principio de la condición más beneficiosa, siendo claro para la Sala la existencia de una expectativa legítima sujeta de protección (CSJ SL11548-2015, CSJ SL4064-2019).
Al respecto en la sentencia CSJ SL1663-2021 sobre este particular se explicó:
En todo caso, cabría decir, que no se equivocó el Tribunal al estudiar el asunto de esa manera, ya que la jurisprudencia de la Corte ha enseñado, que en tratándose de la pensión de sobrevivientes por la muerte de un afiliado al régimen de prima media, cuando ella acontezca en vigencia de la Ley 100 de 1993, la aplicación del principio de la condición más beneficiosa busca resguardar las prerrogativas de los derechohabientes, otorgándoles la prestación por muerte, aunque el causante no hubiera cotizado 26 semanas al momento del deceso (afiliado cotizante) o en el año inmediatamente anterior (afiliado no cotizante), exigidas por el artículo 46 de dicha ley -en su versión original-.
Pero para hacer efectivo tal principio, el causante deberá haber reunido –al momento de entrar a regir el sistema, las condiciones (semanas cotizadas) exigidas por los artículos 6° y 25° del Acuerdo 049 de 1990, aprobado por el Decreto 758 del mismo año, o sea, las requeridas por el régimen inmediatamente anterior a la citada ley.
Así, la Sala ha establecido que, para considerar viable la aplicación del principio de la condición más beneficiosa en el evento de una pensión de sobrevivientes, el causante debió haber reunido una de las siguientes condiciones: 1) al momento de entrar en vigencia la Ley 100 de1993, haber cotizado al menos 300 semanas en cualquier tiempo; o 2) haber cotizado al menos 150 semanas dentro de los seis años anteriores a la fecha del fallecimiento, e igual número a la entrada en vigencia de la citada ley.
Ahora, frente a la calidad de beneficiaria de la prestación alegada por la señora Graciela Cifuentes de Pascuas, basta con señalar que la entidad accionada aceptó tal condición al responder el hecho 10 de la demanda inaugural, en el que se indicó que Colpensiones, mediante Resolución GNR 310092 de 2016, reconoció que «es beneficiaria de cualquier prestación en calidad de cónyuge supérstite». En efecto, la entidad accionada explícitamente dijo «No se desconoce la calidad de Beneficiaria y por lo tanto, se recomienda la indemnización sustitutiva ante la carencia de los requisitos de orden legal para el reconocimiento de la pensión de sobrevivientes» (f.º 77).
Aclarado lo anterior, para establecer el monto de la pensión, debe destacarse que el ingreso base de liquidación se calculará conforme al artículo 21 de la Ley 100 de 1993, es decir, con las cotizaciones efectuadas en los últimos diez años, pues el causante no alcanzó a aportar 1250 semanas en toda su vida laboral, para que se pudiera tomar las pagadas en ese lapso, tan solo cotizó 733,57. Realizadas las operaciones de rigor, el IBL asciende a $168.785, conforme se aprecia en el siguiente cuadro:
FECHAS
Nº DE
SALARIO
SALARIO
I B L
INICIO
FIN
DIAS
DEVENGADO
INDEXADO
PROMEDIO
01/07/1964
31/07/1964
14
$ 669
$ 174.800
$ 680
01/08/1964
31/08/1964
30
$ 669
$ 174.800
$ 1.457
01/09/1964
30/09/1964
30
$ 648
$ 169.313
$ 1.411
01/10/1964
31/10/1964
30
$ 669
$ 174.800
$ 1.457
01/11/1964
30/11/1964
30
$ 648
$ 169.313
$ 1.411
01/12/1964
31/12/1964
30
$ 669
$ 174.800
$ 1.457
01/01/1965
31/01/1965
30
$ 669
$ 174.800
$ 1.457
01/02/1965
28/02/1965
30
$ 604
$ 157.817
$ 1.315
01/03/1965
31/03/1965
30
$ 659
$ 172.187
$ 1.435
01/04/1965
30/04/1965
30
$ 648
$ 169.313
$ 1.411
01/05/1965
31/05/1965
30
$ 669
$ 174.800
$ 1.457
01/06/1965
30/06/1965
30
$ 648
$ 169.313
$ 1.411
01/07/1965
31/07/1965
30
$ 669
$ 174.800
$ 1.457
01/08/1965
31/08/1965
30
$ 669
$ 174.800
$ 1.457
01/09/1965
30/09/1965
30
$ 648
$ 169.313
$ 1.411
01/10/1965
31/10/1965
30
$ 669
$ 174.800
$ 1.457
01/11/1965
30/11/1965
30
$ 648
$ 169.313
$ 1.411
01/12/1965
31/12/1965
30
$ 669
$ 174.800
$ 1.457
01/01/1966
31/01/1966
30
$ 775
$ 177.184
$ 1.477
01/02/1966
28/02/1966
30
$ 700
$ 160.038
$ 1.334
01/03/1966
31/03/1966
30
$ 775
$ 177.184
$ 1.477
01/04/1966
30/04/1966
30
$ 750
$ 171.469
$ 1.429
01/05/1966
31/05/1966
30
$ 775
$ 177.184
$ 1.477
01/06/1966
30/06/1966
30
$ 750
$ 171.469
$ 1.429
01/07/1966
31/07/1966
30
$ 775
$ 177.184
$ 1.477
01/08/1966
31/08/1966
30
$ 775
$ 177.184
$ 1.477
01/09/1966
30/09/1966
30
$ 750
$ 171.469
$ 1.429
01/10/1966
31/10/1966
30
$ 775
$ 177.184
$ 1.477
01/11/1966
30/11/1966
30
$ 750
$ 171.469
$ 1.429
01/12/1966
31/12/1966
30
$ 775
$ 177.184
$ 1.477
01/01/1967
31/01/1967
30
$ 775
$ 157.497
$ 1.312
01/02/1967
28/02/1967
30
$ 700
$ 142.256
$ 1.185
01/03/1967
31/03/1967
30
$ 775
$ 157.497
$ 1.312
01/04/1967
30/04/1967
30
$ 750
$ 152.417
$ 1.270
01/05/1967
31/05/1967
30
$ 775
$ 157.497
$ 1.312
01/06/1967
30/06/1967
30
$ 750
$ 152.417
$ 1.270
01/07/1967
31/07/1967
30
$ 775
$ 157.497
$ 1.312
01/08/1967
31/08/1967
30
$ 775
$ 157.497
$ 1.312
01/09/1967
30/09/1967
30
$ 750
$ 152.417
$ 1.270
01/10/1967
31/10/1967
30
$ 775
$ 157.497
$ 1.312
01/11/1967
30/11/1967
30
$ 750
$ 152.417
$ 1.270
01/12/1967
31/12/1967
30
$ 775
$ 157.497
$ 1.312
01/01/1968
31/01/1968
30
$ 930
$ 170.097
$ 1.417
01/02/1968
29/02/1968
30
$ 840
$ 153.636
$ 1.280
01/03/1968
31/03/1968
30
$ 930
$ 170.097
$ 1.417
01/04/1968
30/04/1968
30
$ 900
$ 164.610
$ 1.372
01/05/1968
31/05/1968
30
$ 930
$ 170.097
$ 1.417
01/06/1968
30/06/1968
30
$ 900
$ 164.610
$ 1.372
01/07/1968
31/07/1968
30
$ 930
$ 170.097
$ 1.417
01/08/1968
31/08/1968
30
$ 930
$ 170.097
$ 1.417
01/09/1968
30/09/1968
30
$ 900
$ 164.610
$ 1.372
01/10/1968
31/10/1968
30
$ 930
$ 170.097
$ 1.417
01/11/1968
30/11/1968
30
$ 900
$ 164.610
$ 1.372
01/12/1968
31/12/1968
30
$ 930
$ 170.097
$ 1.417
01/01/1969
31/01/1969
30
$ 930
$ 170.097
$ 1.417
01/02/1969
28/02/1969
30
$ 840
$ 153.636
$ 1.280
01/03/1969
31/03/1969
30
$ 930
$ 170.097
$ 1.417
01/04/1969
30/04/1969
30
$ 900
$ 164.610
$ 1.372
01/05/1969
31/05/1969
30
$ 930
$ 170.097
$ 1.417
01/06/1969
30/06/1969
30
$ 900
$ 164.610
$ 1.372
01/07/1969
20/07/1969
20
$ 930
$ 170.097
$ 945
08/03/1972
31/03/1972
24
$ 930
$ 121.498
$ 810
01/04/1972
30/04/1972
30
$ 930
$ 121.498
$ 1.012
01/05/1972
31/05/1972
31
$ 930
$ 121.498
$ 1.046
01/06/1972
30/06/1972
30
$ 930
$ 121.498
$ 1.012
01/07/1972
31/07/1972
31
$ 930
$ 121.498
$ 1.046
01/08/1972
31/08/1972
31
$ 930
$ 121.498
$ 1.046
01/09/1972
30/09/1972
30
$ 930
$ 121.498
$ 1.012
01/10/1972
31/10/1972
31
$ 930
$ 121.498
$ 1.046
01/11/1972
30/11/1972
30
$ 930
$ 121.498
$ 1.012
01/12/1972
31/12/1972
31
$ 930
$ 121.498
$ 1.046
01/01/1973
31/01/1973
31
$ 930
$ 106.311
$ 915
01/02/1973
28/02/1973
28
$ 930
$ 106.311
$ 827
01/03/1973
31/03/1973
31
$ 930
$ 106.311
$ 915
01/04/1973
30/04/1973
30
$ 930
$ 106.311
$ 886
01/05/1973
31/05/1973
31
$ 930
$ 106.311
$ 915
01/06/1973
30/06/1973
30
$ 930
$ 106.311
$ 886
01/07/1973
02/07/1973
2
$ 930
$ 106.311
$ 59
01/01/1974
31/01/1974
31
$ 930
$ 85.049
$ 732
01/02/1974
28/02/1974
28
$ 930
$ 85.049
$ 661
15/10/1974
31/10/1974
17
$ 2.430
$ 222.224
$ 1.049
01/11/1974
30/11/1974
30
$ 2.430
$ 222.224
$ 1.852
01/07/1976
31/07/1976
31
$ 4.410
$ 278.134
$ 2.395
01/08/1976
31/08/1976
31
$ 4.410
$ 278.134
$ 2.395
01/09/1976
30/09/1976
30
$ 4.410
$ 278.134
$ 2.318
01/10/1976
31/10/1976
31
$ 4.410
$ 278.134
$ 2.395
01/11/1976
30/11/1976
30
$ 4.410
$ 278.134
$ 2.318
01/12/1976
31/12/1976
31
$ 4.410
$ 278.134
$ 2.395
01/01/1977
31/01/1977
31
$ 4.410
$ 217.997
$ 1.877
01/02/1977
28/02/1977
28
$ 4.410
$ 217.997
$ 1.696
01/03/1977
31/03/1977
31
$ 4.410
$ 217.997
$ 1.877
01/04/1977
30/04/1977
30
$ 4.410
$ 217.997
$ 1.817
01/05/1977
31/05/1977
31
$ 4.410
$ 217.997
$ 1.877
01/06/1977
30/06/1977
30
$ 4.410
$ 217.997
$ 1.817
01/07/1977
31/07/1977
31
$ 4.410
$ 217.997
$ 1.877
01/08/1977
31/08/1977
31
$ 4.410
$ 217.997
$ 1.877
01/09/1977
30/09/1977
30
$ 4.410
$ 217.997
$ 1.817
01/10/1977
31/10/1977
31
$ 4.410
$ 217.997
$ 1.877
01/11/1977
30/11/1977
30
$ 4.410
$ 217.997
$ 1.817
01/12/1977
31/12/1977
31
$ 4.410
$ 217.997
$ 1.877
01/01/1978
31/01/1978
31
$ 4.410
$ 171.615
$ 1.478
01/02/1978
28/02/1978
28
$ 4.410
$ 171.615
$ 1.335
01/03/1978
31/03/1978
31
$ 4.410
$ 171.615
$ 1.478
01/04/1978
30/04/1978
30
$ 4.410
$ 171.615
$ 1.430
01/05/1978
31/05/1978
31
$ 4.410
$ 171.615
$ 1.478
01/06/1978
30/06/1978
30
$ 4.410
$ 171.615
$ 1.430
01/07/1978
31/07/1978
31
$ 4.410
$ 171.615
$ 1.478
01/08/1978
31/08/1978
31
$ 4.410
$ 171.615
$ 1.478
01/09/1978
30/09/1978
30
$ 4.410
$ 171.615
$ 1.430
01/10/1978
31/10/1978
31
$ 4.410
$ 171.615
$ 1.478
01/09/1980
30/09/1980
30
$ 5.790
$ 147.082
$ 1.226
01/10/1980
31/10/1980
31
$ 5.790
$ 147.082
$ 1.267
01/11/1980
30/11/1980
30
$ 5.790
$ 147.082
$ 1.226
01/12/1980
31/12/1980
31
$ 5.790
$ 147.082
$ 1.267
01/01/1981
31/01/1981
31
$ 5.790
$ 116.373
$ 1.002
01/02/1981
11/02/1981
12
$ 5.790
$ 116.373
$ 388
25/04/1983
30/04/1983
6
$ 11.850
$ 152.631
$ 254
01/05/1983
31/05/1983
31
$ 11.850
$ 152.631
$ 1.314
01/06/1983
30/06/1983
30
$ 11.850
$ 152.631
$ 1.272
01/07/1983
31/07/1983
31
$ 11.850
$ 152.631
$ 1.314
01/08/1983
31/08/1983
31
$ 11.850
$ 152.631
$ 1.314
01/09/1983
30/09/1983
30
$ 11.850
$ 152.631
$ 1.272
01/10/1983
31/10/1983
31
$ 11.850
$ 152.631
$ 1.314
3.600
$ 311.101
$ 20.664.595
$ 168.785
Así mismo, para efectos de establecer el monto de la mesada es importante tener en cuenta que la prestación se causó a partir del 25 de enero de 1995, calenda en que ocurrió el deceso de Álvaro Pascuas Medina, para la cual se encontraba vigente el artículo 48 de la Ley 100 de 1993 en su redacción original, el cual preveía lo siguiente:
ARTÍCULO 48. MONTO DE LA PENSIÓN DE SOBREVIVIENTES. El monto mensual de la pensión de sobrevivientes por muerte del pensionado será igual al 100% de la pensión que aquel disfrutaba.
El monto mensual de la Pensión total de sobrevivientes por muerte del afiliado será igual al 45% del ingreso base de liquidación más 2% de dicho ingreso por cada cincuenta (50) semanas adicionales de cotización a las primeras quinientas (500) semanas de cotización, sin que exceda el 75% del ingreso base de liquidación.
En ningún caso el monto de la pensión podrá ser inferior al salario mínimo legal mensual vigente, conforme a lo establecido en el artículo 35 de la presente Ley.
Lo precisado implica que el ingreso base de liquidación corresponde al 45%, que puede incrementarse en un 2% por cada cincuenta semanas adicionales a las primeras quinientas. Entonces, atendiendo las semanas de cotización sufragadas y aplicada la tasa de reemplazo 53%, se tiene que el monto de la primera mesada sería de $96.176, cantidad inferior al SMLMV.
VALOR DEL I B L
$168.785
FECHA DE PENSIÓN
25/01/1995
SEMANAS COTIZADAS
733,57
PORCENTAJE
53,00%
VALOR PRIMERA MESADA
=
$89.546
Por tanto, de conformidad con lo previsto en el artículo 35 de la Ley 100 de 1993, hay lugar a imponer condena por una mesada pensional equivalente al salario mínimo mensual legal vigente a favor de la demandante, esto es, por la suma de $118.934.
En lo que al reconocimiento de la mesada catorce se refiere, resulta a todas luces procedente, toda vez que, la prestación se causó con anterioridad a la entrada en vigor del Acto Legislativo 01 de 2005 y en cuantía inferior a tres salarios mínimos mensuales legales vigentes.
Así se destacó en la decisión CSJ SL5132-2020 al memorar la CSJ SL2054-2019, en los siguientes términos:
1.- De la mesada catorce
Las mesadas adicionales de diciembre y junio fueron creadas en dos momentos distintos: la primera a través del artículo 5.º de la Ley 4.ª de 1976 recogido en el artículo 50 de la Ley 100 de 1993, y la segunda –que se discute– a través del artículo 142 de la misma norma sustancial la cual prevé:
Los pensionados por jubilación, invalidez, vejez y sobrevivientes, del sector público, oficial, semioficial, en todos sus órdenes, en el sector privado y del Instituto de Seguros Sociales, así como los retirados y pensionados de las Fuerzas Militares y de la Policía Nacional cuyas pensiones se hubiesen causado y reconocido antes del primero (1º) de enero de 1988, tendrán derecho al reconocimiento y pago de treinta (30) días de la pensión que le corresponda a cada uno de ellos por el régimen respectivo, que se cancelará con la mesada del mes de junio de cada año, a partir de 1994.
Los pensionados por vejez del orden nacional, beneficiarios de los reajustes ordenados en el Decreto 2108 de 1992, recibirán el reconocimiento y pago de los treinta días de la mesada adicional sólo a partir de junio de 1996.
PARÁGRAFO.- (sic) Esta mesada adicional será pagada por quien tenga a su cargo la cancelación de la pensión sin que exceda de quince (15) veces el salario mínimo legal mensual.
Como se observa, inicialmente el legislador restringió el alcance de la mesada de junio –la catorce– a quienes causaran la pensión antes del 1.º de enero de 1988, pero tal límite fue declarado inexequible por la Corte Constitucional a través de la sentencia C-409-1994, al considerar que esa exclusión quebrantó la prohibición supralegal de crear situaciones discriminatorias al interior de los mismos grupos de jubilados «otorgando privilegios para unos en detrimento de los otros, al restringir el ejercicio del derecho a la misma mesada adicional sin justificación alguna, para aquellos pensionados jubilados con posterioridad al 1o. de Enero de 1988». Por tanto, la mesada adicional de junio que se instituyó para beneficiar a un grupo selecto, se extendió a todos los pensionados sin excepción.
Posteriormente, a raíz de la expedición del Acto Legislativo 01 de 2005, aquella fue suprimida para quienes se pensionarán a partir de su entrada en vigencia (29 de julio de 2005), salvo para aquellas personas que percibieran una mesada igual o inferior a tres veces el salario mínimo legal, y cuyo derecho se causara antes del 31 de julio de 2011, es decir, después de esta fecha la mesada adicional analizada dejó de existir.
Del anterior recuento se concluye que: (i) en virtud de la sentencia CC C-409-1994, la mesada adicional de junio de que trata el artículo 142 de la Ley 100 de 1993 se aplica a todos los pensionados sin excepción; (ii) a partir de la vigencia del Acto legislativo 01 de 2005 (29 de julio de 2005), dicha prerrogativa fue derogada, salvo para quienes recibieran pensiones iguales o inferiores a tres salarios mínimos legales mensuales vigentes y (iii) tal beneficio se extinguió definitivamente a partir del 31 de julio de 2011 por virtud de la citada norma supralegal, es decir, las pensiones causadas con posterioridad a tal fecha no pueden ser reconocidas en 14 mesadas al año.
En lo que atañe a las excepciones propuestas son suficientes las anteriores consideraciones para declarar su no prosperidad, excepto la de prescripción, la cual opera respecto de las mesadas causadas con anterioridad al 26 de agosto de 2013, como quiera que, tal como emerge de la Resolución GNR 310092 del 20 de octubre de 2016 (fos. 31-33) la solicitud de reconocimiento de la pensión de sobrevivientes se hizo el 26 de agosto de 2016, supuesto que además fue admitido por la accionada al contestar el hecho 3.8 de la demanda inaugural (f.º 76); y que de conformidad con el acta de reparto (fo. 1) la demanda que dio pie al presente proceso se presentó el 3 de febrero de 2017, es decir el plazo prescriptivo se interrumpió conforme a los artículos 488 del CST y 151 del CPTSS, con la formulación de la reclamación ya referida.
Conforme lo anterior, el retroactivo que adeuda la demandada asciende a $102.210.676, sin perjuicio de las mesadas que se causen a futuro, según se aprecia en el siguiente cuadro:
FECHAS
Nº DE PAGOS
VALOR PENSIÓN DE SOBREVIVIENTES
TOTAL MESADAS ADEUDADAS
INICIO
FIN
25/01/1995
31/12/1995
$ 118.934
Prescripción
01/01/1996
31/12/1996
$ 142.125
Prescripción
01/01/1997
31/12/1997
$ 172.005
Prescripción
01/01/1998
31/12/1998
$ 203.826
Prescripción
01/01/1999
31/12/1999
$ 236.460
Prescripción
01/01/2000
31/12/2000
$ 260.100
prescripción
01/01/2001
31/12/2001
$ 286.000
prescripción
01/01/2002
31/12/2002
$ 309.000
prescripción
01/01/2003
31/12/2003
$ 332.000
prescripción
01/01/2004
31/12/2004
$ 358.000
prescripción
01/01/2005
31/12/2005
$ 381.500
prescripción
01/01/2006
31/12/2006
$ 408.000
prescripción
01/01/2007
31/12/2007
$ 433.700
prescripción
01/01/2008
31/12/2008
$ 461.500
prescripción
01/01/2009
31/12/2009
$ 496.900
prescripción
01/01/2010
31/12/2010
$ 515.000
prescripción
01/01/2011
31/12/2011
$ 535.600
prescripción
01/01/2012
31/12/2012
$ 566.700
prescripción
01/01/2013
25/08/2013
$ 589.500
prescripción
26/08/2013
31/12/2013
5,17
$ 589.500
$3.045.750
01/01/2014
31/12/2014
14
$ 616.000
$8.624.000
01/01/2015
31/12/2015
14
$ 644.350
$9.020.900
01/01/2016
31/12/2016
14
$ 689.455
$9.652.370
01/01/2017
31/12/2017
14
$ 737.717
$10.328.038
01/01/2018
31/12/2018
14
$ 781.242
$10.937.388
01/01/2019
31/12/2019
14
$ 828.116
$11.593.624
01/01/2020
31/12/2020
14
$ 877.803
$12.289.242
01/01/2021
31/12/2021
14
$ 908.526
$12.719.364
01/01/2022
31/12/2022
14
$ 1.000.000
$14.000.000
$102.210.676
De otra parte, en cuanto a los intereses moratorios de que trata el artículo 141 de la Ley 100 de 1993, es preciso memorar que estos se causan por la tardanza en el reconocimiento de las pensiones establecidas en la Ley 100 de 1993, lo cual implica que para su imposición debe existir certeza de que quien reclama la prestación cumple los presupuestos determinados para su reconocimiento.
Al respecto, esta Corte ha dicho que existen casos especiales y excepcionales en los que los intereses moratorios no son viables, como, por ejemplo: i) cuando se trata de prestaciones pensionales consolidadas antes de la vigencia de la Ley 100 de 1993; ii) cuando existe incertidumbre respecto de los beneficiarios o titulares del derecho pensional, es decir, que la administradora tiene serias dudas sobre quién es el titular del derecho pensional por existir controversia entre sus beneficiarios (CSJ SL14528-2014); iii) cuando las actuaciones de las administradoras de pensiones al no reconocer la pensión tienen plena justificación porque encuentran respaldo normativo (CSJ SL704-2013); iv) cuando el reconocimiento deviene de un cambio de criterio jurisprudencial; v) cuando se reconoce por inaplicación del principio de fidelidad; y vi) cuando el pago de las mesadas pensionales no supera el término de gracia que la ley concede a la entidad que deba otorgar la prestación pensional.
En efecto, esta corporación ha señalado en forma reiterada, que su imposición no es procedente cuando el reconocimiento de la prestación se origina en un cambio jurisprudencial, en consideración a que el actuar de la entidad no puede calificarse como arbitrario o caprichoso, como ocurre en el presente caso respecto del actual criterio sobre la sumatoria de tiempos públicos sin aportes con semanas aportadas al ISS.
Sobre este particular en la providencia CSJ SL1586-2020 se destacó:
Esta Corte, en sentencia CSJ SL2941-2016, explicó que los intereses moratorios del artículo 141 de la Ley 100 de 1993 se generan por el retardo en el pago de las mesadas pensionales, sin que para ello resulte menester evaluar las circunstancias por las que el derecho pensional se encontraba en discusión o el actuar de las entidades encargadas del reconocimiento y pago del derecho pensional.
Igualmente, en la misma providencia la Corporación, sostuvo:
(…)
Ahora, si bien esta Sala ha indicado que excepcionalmente la entidad se encuentra exonerada del pago de los citados intereses, ello solo es posible en casos precisos y excepcionales, bien sea cuando la administradora de pensiones negó el derecho con apego minucioso a la ley vigente aplicable al caso concreto o cuando el reconocimiento de la prestación obedeció a un cambio de criterio jurisprudencial que dicha entidad no podía prever (ver sentencias CSJ SL 787-2013, rad.43602; SL10504-2014, rad.46826; SL13076-2014, rad.55252; SL10637-2015, rad. 43396 y SL15975-2015) […]
Entonces, la Sala ha admitido que cuando la prestación se origina en un cambio jurisprudencial, como sucede en el presente caso, es posible la exoneración de los intereses moratorios […]
Por consiguiente, cuando el reconocimiento de la prestación obedece a un cambio jurisprudencial, corresponde al fallador estudiar con detenimiento las particularidades del caso, tales como la fecha en que se presenta la reclamación, la naturaleza de la prestación, la reiteración de la doctrina sobre el particular, a efectos de valorar si el comportamiento de aquella puede justificarse.
El anterior discernimiento fue reiterado en la sentencia CJS SL51465-2021, en el que se resolvió una controversia de similares contornos a la aquí analizada, en los siguientes términos:
Los intereses moratorios no son procedentes dado que la pensión se otorga con fundamento en un cambio de jurisprudencia (CSJ SL1947-2020). En su lugar, se ordenará la indexación del retroactivo pensional, dado que es necesario compensar el impacto inflacionario que sufre el valor de las mesadas pensionales con el simple transcurrir del tiempo.
En consecuencia, los intereses moratorios no son procedentes dado que la pensión se otorga con fundamento en un cambio de jurisprudencia (CSJ SL1947-2020).
Entonces, ante la improcedencia de los aludidos réditos por las razones ampliamente esbozadas, se ordena la indexación de las sumas adeudadas desde la exigibilidad de cada una de las mesadas hasta que se realice el pago efectivo, dado que es necesario compensar el efecto inflacionario que sufre el valor de los instalamentos con el simple transcurrir del tiempo. Para ello se debe aplicar la siguiente fórmula:
VA = VHxIPC final
IPC inicial
En donde VA es el valor actualizado, VH es el valor a indexar, IPC inicial es el índice de precios al consumidor acumulado a la fecha en que cada acreencia se hizo exigible y el IPC final es el índice de precios al consumidor acumulado a la fecha en que se haga el pago efectivo de lo adeudado.
Finalmente, se autorizará a Colpensiones a efectuar los descuentos para cotización en salud, con destino a la EPS a la cual se encuentre vinculada la demandante.
Bajo las anteriores consideraciones, se revocará la providencia consultada y, en consecuencia, se proferirá condena en los términos señalados.
Sin costas en segunda instancia y las de primera están a cargo de la demandada.
DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, RESUELVE:
PRIMERO: REVOCAR la sentencia proferida por el Juzgado Primero Laboral del Circuito de Neiva el 19 de julio de 2017.
SEGUNDO: CONDENAR a la ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES (COLPENSIONES) a reconocer y pagar en favor de Graciela Cifuentes de Pascuas la pensión de sobrevivientes en calidad de cónyuge supérstite del causante Álvaro Pascuas Medina, a partir del 25 de enero de 1995, en cuantía equivalente al salario mínimo legal mensual vigente para cada anualidad, junto con los reajustes legales y mesadas adicionales. El retroactivo hasta el 31 de diciembre de 2022 es por la suma de CIENTO DOS MILLONES DOSCIENTOS DIEZ MIL SEISCIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS ($102.210.676), sin perjuicio de las mesadas futuras, sumas que deberán indexarse atendiendo la fórmula descrita en las consideraciones de esta providencia. A partir del 1 de enero de este año se debe cancelar una mesada equivalente al SMLMV, esto es, en cuantía de UN MILLÓN CIENTO SESENTA MIL PESOS ($1.160.000).
TERCERO: DECLARAR probada parcialmente la excepción de prescripción de las mesadas causadas y exigibles antes del 26 de agosto de 2013, conforme lo expuesto en la parte motiva de esta sentencia.
CUARTO: AUTORIZAR a Colpensiones a efectuar los descuentos para cotización en salud, a partir de la fecha de reconocimiento de la pensión, con destino a la EPS a la cual se encuentre vinculada la demandante.
QUINTO: ABSOLVER a la demandada de las demás pretensiones de la demanda.
SEXTO: Costas como se indica en la parte motiva
Notifíquese, publíquese, cúmplase y devuélvase el expediente al tribunal de origen.
MARTÍN EMILIO BELTRÁN QUINTERO
DOLLY AMPARO CAGUASANGO VILLOTA
OLGA YINETH MERCHÁN CALDERÓN