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Corte Suprema de Justicia · Sala de Casación Laboral

Sentencia SL1032-2020

Fecha
17 de marzo de 2020
Magistrado ponente
Omar de Jesus Restrepo Ochoa

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia SL1032-2020

Corte Suprema de Justicia · Sala de Casación Laboral

Parte resolutiva

DECISIÓN En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley, NO CASA la sentencia proferida por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, DC, el siete (7) de junio de dos mil dieciséis (2016), en el proceso que instauró JOSÉ VENTURA CAMAÑO CADENA contra WEATHEFORD COLOMBIA LIMITED y WEATHEFORD SOUTH AMÉRICA INC hoy WEATHEFORD SOUTH AMÉRICA GMBH. Costas, como se indicó.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Corte Suprema de Justicia

Sala de Casación Laboral

Sentencia SL1032-2020

Magistrado ponente: Omar de Jesus Restrepo Ochoa

17 de marzo de 2020

OMAR DE JESÚS RESTREPO OCHOA

Magistrado ponente

SL1032-2020

Radicación n.° 76245

Acta 09

Bogotá, DC, diecisiete (17) de marzo de dos mil veinte (2020).

Decide la sala el recurso de casación interpuesto por WEATHEFORD SOUTH AMERICA GMBH, contra la sentencia proferida por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, DC, el 7 de junio de 2016, en el proceso que instauró JOSÉ VENTURA CAMAÑO CADENA contra la recurrente y WEATHEFORD COLOMBIA LIMITED.

ANTECEDENTES

José Ventura Camaño Cadena demandó a la empresa Weatheford Colombia Limited y Weatheford South América GMBH, con el fin de que se declarara que prestó sus servicios para «GENERAL PIPE SERVICES (hoy WEATHERFORD SOUTH AMERICA GMBH), desde el 31 de marzo de 1978 al 30 de octubre de 1986»; que se desempeñó en el cargo de mecánico en la base de Sabana de Torres, Santander, y que el último salario devengado fue de $250.000 mensuales.

Subsidiariamente, que se condenara a las demandadas al reconocimiento y pago de la cuota parte o el bono pensional con los rendimientos financieros o la indexación; y que estos sean enviados a Colpensiones para que esta entidad le reconociera la pensión de vejez, en la modalidad de pensión compartida.

Fundamentó sus peticiones, en que nació el 14 de junio de 1957; que laboró para la empresa General Pipe Service Inc., del 31 de marzo de 1978 al 30 de octubre de 1986; que desempeñó el cargo de mecánico en la base de Sabana de Torres, Santander; que sus funciones eran de exploración, perforación y explotación de petróleo; que se retiró voluntariamente de la compañía; que su último salario fue de $250.000.

Afirmó que el pasivo pensional de General Pipe Service Inc., se encontraba a cargo de las empresas demandadas; que cotizó para el riesgo de vejez al ISS, a través de varias compañías petroleras, por más de 20 años; que nunca recibió asignación del tesoro nacional ni del sector privado por concepto de pensión; que cumplió los requisitos de edad y tiempo de servicios para obtener la pensión de jubilación consagrada en el artículo 7° de la Ley 71 de 1988, y que interpuso debidamente la reclamación administrativa el 9 de octubre de 2013.

Weatherford Colombia Limited, al dar respuesta a la demanda se opuso a las pretensiones y, en cuanto a los hechos, expuso que el señor Camaño Cadena tuvo una relación laboral con una persona jurídica distinta; que solo asumió obligaciones de naturaleza pensional respecto de unos trabajadores determinados de la sociedad General Pipe Service Inc., hoy denominada Weatherford South América GMBH; que el demandante no se encontraba entre estos beneficiarios, y que nunca tuvo un vínculo de trabajo con ella.

Agregó que el actor solo relacionó la prestación del servicio con la compañía General Pipe Service Inc., y no con las demandadas; que no le constaba que hubiese laborado por 20 años para el sector petrolero. En su defensa propuso las excepciones de cobro de lo no debido, inexistencia de la obligación, ausencia de causa, buena fe y prescripción.

Por su parte, Weatherford South América GMBH, se opuso a las pretensiones; en cuanto a los hechos, aceptó los extremos de la relación laboral y el cargo que desempeñó el demandante, y que su retiro fue voluntario; dijo que no le constaba que hubiese prestado servicios por 20 años en compañías petroleras; aclaró que el último salario devengado fue de $51.150 y el último promedio de $70.853; los demás hechos los sometió al debate probatorio.

En su defensa propuso las excepciones de cobro de lo no debido por inexistencia de la obligación, ausencia de causa, buena fe y prescripción.

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

El Juzgado Treinta y Cuatro de Oralidad Laboral del Circuito de Bogotá, DC, mediante fallo del 10 de mayo de 2016, decidió:

PRIMERO: DECLARAR que el demandante JOSÉ VENTURA CAMAÑO CADENA […] tiene derecho a que la empresa WEATHERFORD SOUTH AMÉRICA INC le realice el cálculo actuarial o el valor de la cuota parte de los aportes de la seguridad social con destino a la Administradora Colombiana de Pensiones COLPENSIONES conforme a lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO: CONDENAR a la sociedad WEATHERFORD SOUTH AMÉRICA INC a realizar el cálculo actuarial o el valor de la cuota parte pensional teniendo en cuenta lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.

TERCERO: NEGAR las restantes pretensiones de la demanda.

CUARTO: DECLARAR sin mérito alguno las excepciones propuestas por la parte demandada WEATHERFORD SOUTH AMÉRICA INC.

QUINTO: ABSOLVER de las pretensiones a WEATHERFORD COLOMBIA LIMTED.

[…]

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

Por apelación de Weatherford South América INC., la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, DC, a través de sentencia del 7 de junio de 2016, confirmó la decisión.

En lo que interesa al recurso extraordinario, el tribunal consideró como fundamento de su decisión, que no encontró duda respecto de la relación laboral que existió entre el demandante y la compañía General Pipe Services Inc., (hoy Weatheford South América GMBH) del 31 de marzo de 1978 al 30 de octubre de 1986; que, en el contexto histórico de las reglas de derecho que regulaban la materia, la Ley 90 de 1946 obligaba a los empleadores a cobijar a sus trabajadores en un sistema pensional propio de la empresa hasta que el ISS asumiera el riesgo, por lo tanto, debía mantener una reserva de capital para el pago de futuras pensiones.

Agregó que la demandada debió mantener dicho aprovisionamiento de capital para el eventual pago de las pensiones, pero como el actor no cumplió los requisitos antes de culminar la relación laboral con la empresa, ello no era óbice para que contribuyera con el pago del cálculo actuarial correspondiente a ese periodo; razón por la cual se confirmaría la sentencia de primera instancia.

De otro lado, adujo que no existía norma alguna vigente que endilgara responsabilidad al Estado en esos eventos; destacó que era la jurisprudencia construida por la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia la que había determinado la responsabilidad a cargo del empleador, de participar en la financiación de la pensión en todos los casos en que no hubo afiliación al ISS, hasta tanto se diera la subrogación en dicho instituto.

RECURSO DE CASACIÓN

Interpuesto por Weatherford South América GMBH, concedido por el tribunal y admitido por la corte, se procede a resolver.

ALCANCE DE LA IMPUGNACIÓN

Pretende el recurrente que la corte:

[…] CASE TOTALMENTE la sentencia impugnada. Una vez constituida la Honorable Corte en sede de instancia, se servirá (sic) revocar en su integridad la sentencia de primer grado, para, en su lugar, absolver a Weatherford South América GMBH de las pretensiones incoadas en su contra.

Con el segundo cargo se busca la casación parcial de la sentencia de segunda instancia en cuanto confirmó la condena por el cálculo actuarial, sin deducir del mismo la suma que corresponde a los aportes a cargo del demandante. En sede de instancia se persigue que revoque parcialmente la sentencia de primer grado en cuanto condenó a la demandada a pagar la suma correspondiente a la totalidad del cálculo actuarial, para que, en su lugar, se autorice a descontar de esa suma la que corresponda a los aportes en pensiones a cargo del demandante […].

Con tal propósito formuló dos cargos, por la causal primera de casación, que no fueron objeto de réplica.

CARGO PRIMERO

Acusó la sentencia de ser violatoria de la ley sustancial, por vía directa, en la modalidad de interpretación errónea de los artículos 72 y 76 de la Ley 90 de 1946; 259 y 260 del CST; 59, 60 y 61 del Acuerdo 224 de 1966, aprobado por el Decreto 3041 del mismo año; 33 de la Ley 100 de 1993; 9 de la Ley 797 de 2003; Decreto 1824 de 1965, y Decreto 1993 de 1967.

En la demostración del cargo, adujo que el tribunal fundó su decisión en la interpretación de unas normas jurídicas contenidas en los precedentes de la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia; que dicha intelección fue equivocada porque la empresa no tenía responsabilidad en el reconocimiento de cálculos actuariales correspondientes a los periodos en que no fue posible afiliar a sus trabajadores a la seguridad social por falta de cobertura respecto de ciertos tipos de actividades, como las relativas a la industria del petróleo; que el discernimiento del ad quem no se correspondía con los textos de los artículo 72 y 76 de la Ley 90 de 1946, preceptos que en ningún momento mencionaron la obligación de los empleadores de hacer reservas o aprovisionamientos para el pago de aportes, ni de cotizaciones por periodos anteriores a la asunción del riesgo.

Aseveró que los artículos 72 de la Ley 90 de 1946, 193 y 259 del CST, establecieron una subrogación progresiva y gradual de los riesgos correspondientes a la seguridad social, en cabeza del ISS; que, de acuerdo con los reglamentos de ese instituto, la obligación de un empleador solamente surgía cuando «[…] en el municipio donde el trabajador ejercía sus funciones, estuvieran cumplidos los pasos para la asunción de los riesgos»; que la empresa no vulneró el derecho a la igualdad puesto que la regulación aplicable a un trabajador dependía de la región en que trabajara; que el actor tenía menos de 10 años de servicio cuando el ISS asumió el riesgo de vejez, de conformidad con los artículos 60 y 61 del Acuerdo 224 de 1966, aprobado por el Decreto 3041 del mismo año y, la sentencia CSJ SL 6508, 8 nov. 1976; o sea que, los periodos anteriores no estaban cobijados por dicha afiliación, como lo determinó la sentencia CSJ SL 18999, 31 ene. 2003, reiterada en la CSJ SL 27475, 24 nov. 2006.

Insistió en que el empleador no tenía responsabilidad alguna de afiliar al demandante al ISS porque no existía cobertura en el lugar de prestación del servicio del trabajador; que de haberlo hecho sería indebida, salvo que se tratara de trabajadores con contrato vigente al momento en que entró a regir la Ley 100 de 1993. Adujo que ese era el criterio sentado en las sentencias CC T-119-2011 y CC C-505-2011.

CONSIDERACIONES

Dada la senda de ataque elegida por la empresa recurrente, la directa o de puro derecho, quedan al margen de la controversia las conclusiones fácticas de la sentencia de segunda instancia: (i) que existió un contrato de trabajo entre el demandante y la compañía General Pipe Services Inc., hoy Weatheford South América GMBH, desde el 31 de marzo de 1978 al 30 de octubre de 1986; y (ii) que en el interregno de la relación laboral no se generó la obligación de afiliar al trabajador al ISS, puesto que no se produjo el llamamiento a la inscripción en el territorio donde prestó el servicio.

Aunque los argumentos expuestos por la censura se respaldan en jurisprudencia de esta corporación, de una época en la que se establecieron algunas reglas, por ejemplo, que la responsabilidad por el pago del cálculo actuarial solo procedía en aquellos eventos en que la relación laboral estaba vigente al momento de expedirse la Ley 100 de 1993; la verdad es que actualmente ese condicionamiento no existe, debido al avance dinámico de la doctrina decantada por la corporación, cuya hermenéutica se recoge, entre otras, en la sentencia CSJ SL5109-2019, así:

En efecto, la jurisprudencia de esta Sala, de manera reiterada y pacífica ha adoctrinado que el empleador, que no afilie a su trabajador al sistema de seguridad social, incluso debido a la falta de cobertura del ISS debe responder por las obligaciones pensionales frente a sus trabajadores (CSJ SL5790-2014, CSJ SL4072-2017 y SL14215-2017), máxime cuando se trata de períodos en que aquellas estaban a su cargo (CSJ SL17300-2014, CSJ SL4072-2017, CSJ SL10122-2017, CSJ SL5541-2018 y CSJ SL3547-2018) y, por tanto, deben asumir el título pensional correspondiente a efectos del reconocimiento de la pensión de vejez (CSJ SL9856-2014, CSJ SL173002014, SJ SL14388-2015, CSJ SL10122-2017, CSJ SL15511-2017, CSJ SL068-2018, CSJ SL1356-2019 y CSJ SL1342-2019).

Ello es así, porque el pago del mencionado título a la entidad de seguridad social a la cual se encuentra afiliado el trabajador, tiene por finalidad cubrir esos períodos no cotizados e integrar el capital que se requiere para el reconocimiento de la prestación de vejez, es decir, su único objetivo es que se perfeccione la subrogación de un riesgo que anteriormente asumía el empleador. (Subrayas al margen).

[…]

Lo anterior, busca garantizar el derecho fundamental a la seguridad social de los trabajadores que no pueden verse perjudicados por la falta de cobertura del ISS, especialmente, tratándose de periodos realmente laborados y que, como tales, deben tenerse en cuenta para efectos pensionales. Por lo anterior, cuando no fue posible la afiliación, lo pertinente es que el empleador pague el título pensional para que se integre el capital que se requiere para el otorgamiento de la pensión de vejez.

Por otra parte, esta Corporación ha explicado que lo dispuesto en los literales c) y d) del artículo 33 de la Ley 100 de 1993, modificado por el artículo 9.º de la Ley 797 de 2003, disposiciones que establecen que las entidades de seguridad social pueden tener en cuenta el tiempo servido como tiempo efectivamente cotizado, con la obligación correlativa del empleador de pagar el título pensional que corresponda por los tiempos omitidos, son aplicables a las pensiones que se otorguen en virtud del régimen de transición (CSJ SL9856-2014 y CSJ SL068-2018).

Ahora, la Corte ha precisado que para que opere la convalidación de tiempos servidos en los términos del literal c) del artículo 33 en comento, no es necesario que el contrato de trabajo esté vigente a la entrada en vigor de la Ley 100 de 1993, toda vez que dicho aparte es contrario a los postulados de la seguridad social y, por ello, lo ha inaplicado, entre otras, en las sentencias CSJ SL 42398, 20 mar. 2013, CSJ SL646-2013, CSJ SL2138-2016, CSJ SL15511-2017 y CSJ SL3937-2018.

Así las cosas, ante situaciones de trabajadores que tienen tiempos laborados para empleadores que no estaban en la obligación de afiliar a sus trabajadores al ISS, porque para entonces no había cobertura, se debe tener en cuenta el tiempo servido como efectivamente cotizado, para el reconocimiento de la pensión de vejez y, en tales casos, los empleadores deben responder por el título pensional correspondiente (CSJ SL5790-2014, CSJ SL4072-2017, SL14215-2017, CSJ SL9856-2014, CSJ SL17300-2014, CSJ SL14388-2015, CSJ SL10122-2017, CSJ SL15511-2017 y CSJ SL068-2018, entre otras).

En efecto, en la sentencia CSJ SL14388-2015, reiterada en la CSJ SL1358-2018, esta Sala de la Corte Suprema de Justicia precisó lo siguiente:

No obstante lo anterior, no se puede desconocer que la jurisprudencia de la Sala ha tenido una evolución, coordinada y concordante con el espíritu de las nuevas disposiciones que ha expedido el legislador para contrarrestar estas hipótesis de falta de afiliación, que afectan la configuración del derecho pensional de los afiliados, con arreglo a los principios de la seguridad social de universalidad, unidad, integralidad y eficiencia. En lo fundamental, esa progresión de la jurisprudencia ha estado encaminada a lograr la financiación plena de las prestaciones, así como unidad en su reconocimiento, a través de las entidades de seguridad social.

Concretamente, el sistema de seguridad social y sus desarrollos en la jurisprudencia han tendido a reconocer expresamente tales omisiones de afiliación, dadas en el pasado, así como a buscarles una solución adecuada y suficiente, a través del reconocimiento de la respectiva prestación por parte de las entidades de seguridad social, con el consecuente recobro o integración de los aportes y recursos, por medio de títulos pensionales que deben pagar los empleadores omisos.

Así, partir de sentencias como las CSJ SLSL9856-2014 y CSJSL17300-2014, la Corte abandonó viejas posiciones en las que se predicaba una inmunidad total del empleador frente a dichas eventualidades, a la vez que definió, entre otras cosas, i) que no se podía negar que los empleadores mantenían obligaciones y responsabilidades respecto de sus trabajadores, a pesar de que no actuaran de manera incuriosa, al dejar de inscribirlos a la seguridad social en pensiones; ii) que, en ese sentido, esos lapsos de no afiliación, por falta de cobertura, debían estar a cargo del empleador, por mantener en cabeza suya el riesgo pensional; iii) y que la manera de concretar ese gravamen, en casos «…en los que [el trabajador] no alcanzó a completar la densidad de cotizaciones para acceder a la pensión de vejez, [es] facilitar… que consolide su derecho, mediante el traslado del cálculo actuarial para de esa forma garantizarle que la prestación estará a cargo del ente de seguridad social.

Conforme lo anterior, si bien los empleadores de trabajadores que tenían menos de 10 años de servicio al momento en el que el ISS asumió el riesgo de vejez, quedaron subrogados de reconocer esa prestación económica, tal previsión no los exime de su responsabilidad pensional por el lapso en el que no hubo cobertura y, en particular, de contribuir a la financiación de la pensión por el tiempo efectivamente laborado por el trabajador, incluso si con ello, el empleado no alcanza a completar la densidad de cotizaciones exigida para la prestación, toda vez que aquel puede cotizar hasta obtenerla.

Ello, porque el derecho a la pensión es de carácter fundamental y, por tanto, se debe garantizar sin afectar la estabilidad financiera del sistema, en la medida que propende por la integración de los recursos por parte de los empleadores y de las entidades de seguridad social con las cotizaciones sufragadas, situación que no depende de que el empleador sea público o privado, o que sea o no pagador de pensiones. […].

Por otra parte, es oportuno indicar que, contrario a lo que aduce la censura, la suma de tiempos en los que hubo omisión en la afiliación, estaba establecida por el legislador y por la jurisprudencia desde antes de la entrada en vigencia del Sistema General de Pensiones previsto en la Ley 100 de 1993, modificado por la Ley 797 de 2003, tal como se ha explicado en diversas providencias, entre otras, en CSJ SL 27475, 24 nov. 2006, CSJ SL9856-2014, CSJ SL14388-2015, SL3937-2018 y SL3110-2019.

Importa precisar, que el argumento jurídico neural de la sentencia de segunda instancia apuntó a que no se trataba de inculpar al empleador que se excusaba en la ausencia de una norma que lo obligara a cumplir con el pago de las cotizaciones antes de la empresa ser llamada por el ISS a inscribir los trabajadores en la región donde funcionaba dicha petrolera, sino por el cumplimiento del deber de constituir con los aprovisionamientos financieros pertinentes, para cuando ello acaeciera.

De otro lado es menester poner de presente que, al momento de causarse la pensión de vejez por parte del actor, ya estaba vigente la Ley 100 de 1993, modificada por la 797 de 2003 (nació el 14 de junio de 1957), de manera que la construcción jurisprudencial ha tenido en cuenta no solo estas connotaciones sino la aplicación de los principios constitucionales y legales que inspiran el Sistema de Seguridad Social.

En la sentencia CSJ SL16715-2014, la corte precisó la orientación vertida en la sentencia CSJ SL646-2013, bajo el entendido de que, ante realidades como la expedición del artículo 9 de la Ley 797 de 2003, la respuesta más acoplada al sistema de seguridad social, ante omisiones en la afiliación, es el cubrimiento de las prestaciones por el sistema de pensiones, con el recobro de los recursos a los empleadores, a través de un cálculo actuarial. En la mencionada sentencia, se dijo al respecto:

Los hechos anteriores permitirían afirmar que la pensión estaría a cargo de la entidad bancaria demandada, sino fuera porque en el asunto bajo examen es necesario distinguir entre una afiliación tardía al sistema pensional, efectuada al poco tiempo de iniciada la relación laboral, de la abstención completa de afiliación durante todo el tiempo de duración del contrato de trabajo, o cuando es ostensiblemente tardía, últimos dos eventos en los cuales el ordenamiento jurídico colombiano asignaba al empleador la obligación de reconocer y pagar la pensión de vejez en las mismas condiciones en las que lo hubiera asumido el sistema general de pensiones.

En tanto que, en la primera de las situaciones descritas, es decir, una afiliación tardía o una simple omisión parcial de cotizaciones, podía el empleador cancelar lo adeudado juntos con los réditos causados, dejando en cabeza del sistema la obligación de asumir la prestación de vejez.

Sin embargo, el artículo 9 de la Ley 797 del 29 de enero de 2003, reglamentado por el Decreto 3798 de 2003, estableció la posibilidad de sumar el tiempo de servicios con empleadores omisivos en la afiliación al sistema general de pensiones, a través del pago de un título pensional a favor de la entidad de seguridad social, con base en el cálculo actuarial que ésta elabore. Así lo dispuso la norma en comento:

“PARÁGRAFO 1o. Para efectos del cómputo de las semanas a que se refiere el presente artículo, se tendrá en cuenta:

a) El número de semanas cotizadas en cualquiera de los dos regímenes del sistema general de pensiones;

b) El tiempo de servicio como servidores públicos remunerados, incluyendo los tiempos servidos en regímenes exceptuados;

c) El tiempo de servicio como trabajadores vinculados con empleadores que antes de la vigencia de la Ley 100 de 1993 tenían a su cargo el reconocimiento y pago de la pensión, siempre y cuando la vinculación laboral se encontrara vigente o se haya iniciado con posterioridad a la vigencia de la Ley 100 de 1993. (La Corte Constitucional declaró estarse a lo resuelto en la Sentencia C-506-01 mediante Sentencia C-1024-04 de 20 de octubre de 2004, “...mediante la cual se declaró la constitucionalidad de la expresión acusada <subrayada> por un cargo idéntico al impetrado en esta oportunidad”).

d) El tiempo de servicios como trabajadores vinculados con aquellos empleadores que por omisión no hubieren afiliado al trabajador.

e) El número de semanas cotizadas a cajas previsionales del sector privado que antes de la Ley 100 de 1993 tuviesen a su cargo el reconocimiento y pago de la pensión.

En los casos previstos en los literales b), c), d) y e), el cómputo será procedente siempre y cuando el empleador o la caja, según el caso, trasladen, con base en el cálculo actuarial, la suma correspondiente del trabajador que se afilie, a satisfacción de la entidad administradora, el cual estará representado por un bono o título pensional. (…) (Resaltado de la Sala).

Consecuente con lo anterior, el cargo no prospera.

CARGO SEGUNDO

Acusó la sentencia de ser violatoria de la ley sustancial, por vía directa, en la modalidad de infracción directa de los del Acuerdos 189 de 1965, artículo 14, aprobado por el Decreto 1824 del mismo año; 31 del Decreto 433 de 1971; 2 del 029 de 1985, aprobado por el Decreto 2879 de 1985; «[…] del acuerdo 049 de 1990, aprobado por el Decreto 758 de 1990», como consecuencia de la interpretación errónea de los artículos 72 de la Ley 90 de 1946; 16, 259 y 260 del CST; 59 y 60 del 224 de 1966, aprobado por el Decreto 3041 del mismo año, conduciendo a una aplicación indebida de los artículos 17, 18, 20, 21, 22 y 33 de la Ley 100 de 1993.

En la demostración del cargo, cuestionó que se le hubiese condenado al pago de la totalidad del cálculo actuarial correspondiente a las cuotas pensionales, sin tener en cuenta que no era la responsable de la totalidad de esta suma, sino de la parte que legalmente le correspondía; es decir, que el demandante también tenía la obligación de cotizar al sistema de pensiones con el porcentaje de la norma vigente en el momento en que se debió realizar el pago de tales cotizaciones.

Agregó que el ad quem pasó por alto, que según el artículo 17 del Acuerdo 189 de 1965, aprobado por el Decreto 1824 del mismo año, los aportes para el seguro obligatorio de invalidez, vejez y muerte estaban a cargo de trabajadores y empleadores.

Añadió que también se infringieron los artículos 31 del Decreto 433 de 1971, 2 del Acuerdo 029 de 1985 y 45 del Acuerdo 049 de 1990, alusivos a la obligación del demandante de contribuir con los aportes para la financiación de la cobertura de los riesgos de invalidez, vejez y muerte; que la falta de afiliación no surgió por negligencia suya, y que por tal razón no podía hacerse responsable del pago de la totalidad de las cotizaciones del señor Camaño Cadena para cubrir la contingencia de la vejez.

CONSIDERACIONES

Es cierto que en los reglamentos del ISS se contempló la participación del empleador y el trabajador en el pago de los aportes que financiarían la pensión; así lo previno el artículo 31 del Decreto 433 de 1971; los preceptos 6 y 21 del Decreto 1824 de 1965, aprobatorio del Acuerdo 189 del mismo año, a cuyo tenor (art. 6): «Cuando el patrono no hubiere inscrito a los trabajadores, estando obligado a hacerlo, y estos soliciten las prestaciones de este seguro […], el patrono deberá pagar al Instituto el capital constitutivo de las rentas y prestaciones que se otorguen […]». Y el 21 expresaba:

El patrono al efectuar el pago del salario de cada asegurado retendrá la cotización que este deba aportar para el seguro de invalidez, vejez y muerte, correspondiente al periodo de trabajo cubierto por el salario, si el patrono no descontare el monto de la cotización en la oportunidad señalada en este artículo, no podrá efectuarlo después, y las cotizaciones no descontadas del asegurado, serán también a cargo del patrono. (Subrayas al margen).

Por su parte, tanto el artículo 2 del Decreto 2979 de 1985, aprobatorio del Acuerdo 029 del mismo año, como el 45 del Decreto 758, aprobatorio del Acuerdo 049 de 1990, consagraron:

La cotización global para el Seguro de Invalidez, Vejez y Muerte, se fija en un seis y medio por ciento (6.1/2%) de los salarios asegurables, y será cubierta en un cuatro punto treinta y tres por ciento (4.33%) por los patronos y en un dos punto diecisiete por ciento (2.17%) por los trabajadores asegurados.

Sin embargo, esos argumentos centrales del cargo, referidos a que el pago del cálculo actuarial debe compartirse entre el trabajador y la empresa, constituyen un «medio nuevo», que se encuentra proscrito en casación laboral, en tanto no hicieron parte de la relación jurídico procesal y tampoco se plantearon en el recurso de apelación. Sobre lo anterior, «[…] como con profusión lo ha dicho la Sala, por cuanto vulnera el debido proceso y el derecho de defensa y contradicción de la contraparte» (SL5179-2019).

En consecuencia, el cargo no prospera.

Costas en el recurso extraordinario a cargo de la recurrente y a favor del demandante. Como agencias en derecho se fija la suma de ocho millones cuatrocientos ochenta mil pesos ($8.480.000), valor que se incluirá en la liquidación que haga el juez de primera instancia, con arreglo a lo dispuesto en el artículo 366 del Código General del Proceso.

DECISIÓN

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley, NO CASA la sentencia proferida por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, DC, el siete (7) de junio de dos mil dieciséis (2016), en el proceso que instauró JOSÉ VENTURA CAMAÑO CADENA contra WEATHEFORD COLOMBIA LIMITED y WEATHEFORD SOUTH AMÉRICA INC hoy WEATHEFORD SOUTH AMÉRICA GMBH.

Costas, como se indicó.

Notifíquese, publíquese, cúmplase y devuélvase el expediente al tribunal de origen.

ANA MARÍA MUÑOZ SEGURA

OMAR DE JESÚS RESTREPO OCHOA

GIOVANNI FRANCISCO RODRÍGUEZ JIMÉNEZ

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