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Corte Suprema de Justicia · Sala de Casación Laboral

Sentencia SL1034-2020

Fecha
17 de marzo de 2020
Magistrado ponente
Omar de Jesus Restrepo Ochoa
Citada por
1 providencia

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia SL1034-2020

Corte Suprema de Justicia · Sala de Casación Laboral

Parte resolutiva

DECISIÓN En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley, NO CASA la sentencia dictada el diez (10) de febrero de dos mil dieciséis (2016) por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali, dentro del proceso ordinario laboral seguido por CARLOS RUBIEL LÓPEZ OSPINA contra EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI EICE ESP, EMCALI EICE ESP. Costas, como se dijo en la parte motiva.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Corte Suprema de Justicia

Sala de Casación Laboral

Sentencia SL1034-2020

Magistrado ponente: Omar de Jesus Restrepo Ochoa

17 de marzo de 2020

OMAR DE JESÚS RESTREPO OCHOA

Magistrado ponente

SL1034-2020

Radicación n.º 75535

Acta 09

Bogotá, DC, diecisiete (17) de marzo de dos mil veinte (2020).

Decide la sala el recurso de casación interpuesto por EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI EICE ESP, EMCALI EICE ESP, contra la sentencia proferida por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali, el 10 de febrero de 2016, en el proceso que en su contra instauró CARLOS RUBIEL LÓPEZ OSPINA.

ANTECEDENTES

Carlos Rubiel López Ospina llamó a juicio a Empresas Municipales de Cali EICE ESP, Emcali EICE ESP, con el fin de que se le ordenara reconocerle y pagarle todos los salarios, con sus reajustes, horas extras y prestaciones sociales de orden legal y convencional, con el salario asignado al cargo de «Profesional Operativo I de la Gerencia Unidad Estratégica de Negocio de Telecomunicaciones», por haber sido este el que en la realidad desempeñó, desde el 12 de diciembre de 2005 hasta el 2 de octubre de 2007.

También solicitó la reliquidación y pago de la diferencia a su favor respecto de la pensión de jubilación convencional que le otorgó la empresa, teniendo en cuenta todos los salarios y prestaciones sociales, de orden legal y extralegal, del mismo cargo atrás indicado, reconocidos y pagados entre el 2 de octubre de 2006 y el mismo día y mes del año 2007, incluyendo específicamente, el 100% de las primas de vacaciones y de antigüedad, junto con los aumentos anuales y la indexación de las sumas adeudadas.

En subsidio, exigió la reliquidación de la pensión extralegal, en similares condiciones, con base en el salario de «Técnico Red Teléfono I».

Fundamentó sus peticiones, en que estuvo vinculado a Emcali EICE ESP entre el 2 de octubre de 1985 y el 1 de octubre de 2007, cuando la entidad le reconoció la pensión vitalicia de jubilación convencional; que sus prestaciones sociales definitivas le fueron reconocidas y pagadas tomando como asignación básica la suma de $1.880.500, correspondiente al cargo de «Técnico Red Teléfono I»; que desde el 12 de diciembre de 2005 venía desempeñando el cargo de «Técnico Red Teléfono I», para ejercer funciones como interventor de contratos celebrados por la Gerencia de la Unidad Estratégica de Teléfonos; que durante el tiempo que se desempeñó en el último cargo, la demandada fijó las funciones y requisitos de esa posición en diversas resoluciones, de las cuales detalló las tareas asignadas y el requisito de ser tecnólogo en electricidad o electrónica; que en esa época también se señalaron las funciones encomendadas al cargo de «Profesional Operativo I» y el requisito de ostentar título profesional, según el área de desempeño y posgrado afín al área; que Luis Olimpo Valencia y Marco Tulio Castaño, ambos profesionales operativos I, desempeñaron iguales funciones que las que él desarrolló, en idéntico horario y condiciones locativas, con similar eficiencia, pero que a ellos se les reconoció una mayor remuneración.

Expuso que obtuvo el título de ingeniero industrial y la especialización en sistemas gerenciales de ingeniería; y, que su jefa inmediata, durante el tiempo que desarrolló las funciones a cuya remuneración aspiraba, fue la ingeniera Gloria Inés Palomeque.

También relató que el 9 de marzo de 1999 Emcali EICE ESP y Sintraemcali suscribieron una convención colectiva de trabajo que establecía las condiciones de jubilación aplicables a él; que el 4 de mayo de 2004 se suscribió una nueva convención de trabajo que estableció unos factores salariales y excluyó otros, así como un régimen de transición para el acceso a la jubilación convencional, pero que, en su caso, al liquidarle la prestación, no se tuvieron en cuenta las primas de antigüedad y de vacaciones, con lo que su pensión se estaba pagando en cuantía deficitaria.

Al dar respuesta a la demanda, la accionada se opuso a las pretensiones y, en cuanto a los hechos, dio por cierta la existencia del vínculo laboral con el actor y sus topes temporales, así como la última asignación básica que percibió, pero dijo que el cargo que desempeñó y las funciones que cumplió fueron las de «Técnico de Red Teléfono I», y no las aducidas en el memorial introductorio; los restantes hechos los negó, o dijo que eran conclusiones propias del peticionario.

En su defensa propuso las excepciones de fondo que denominó: Planta global y flexible, «Imposibilidad jurídica de modificar la planta de cargo de Emcali EICE ESP y de introducir elementos no contemplados en la convención colectiva de trabajo 2004-2008», «Infundada similitud de funciones del cargo de técnico de red teléfono I y el de profesional operativo I», inexistencia de agotamiento de reclamación administrativa, de la obligación, prescripción, cobro de lo no debido, compensación, «cumplimiento obligatorio de las disposiciones contenidas en la convención colectiva de trabajo 2004-2008», inexistencia del derecho y «aplicación de la convención colectiva de trabajo 2004-2008 para efectuar la liquidación de jubilación de la parte demandante».

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

El Juzgado Doce Laboral del Circuito de Cali, mediante fallo del 22 de septiembre de 2014, declaró probada la excepción de inexistencia de la obligación, absolvió a Emcali de todas las pretensiones y le impuso las costas a la parte demandante.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

La Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali, al desatar el recurso de apelación propuesto por la parte activa de la litis, mediante fallo del 10 de febrero de 2016 revocó la decisión de primer grado y, en su lugar, dispuso:

SEGUNDO: CONDENAR a EMCALI E.I.C.E. ESP a pagar a CARLOS RUBIEL LOPEZ OSPINA la suma de $80.887.247 por concepto de diferencias sobre la mesada pensional causadas desde el 02 de octubre de 2007 hasta el 31 de enero de 2016, suma que deberá ser indexada al momento del pago de conformidad con el Índice de Precios al Consumidor decretado por el DANE. La demandada deberá continuar pagando al demandante a partir del 1º de febrero de 2016 la suma de $4.910.640 por concepto de mesada pensional sin perjuicio de los incrementos anuales de ley.

TERCERO: Se autoriza a la demandada para que descuente del retroactivo reconocido al demandante los aportes que se deben destinar al sistema de seguridad social en salud, salvo por las mesadas adicionales.

CUARTO: ABSOLVER a EMCALI de las demás pretensiones de la demanda.

En lo que interesa al recurso extraordinario, el tribunal consideró que la controversia giraba, en primer término, en torno a determinar si el actor adquirió el derecho a que Emcali le pagara la diferencia salarial entre el cargo de «[…] técnico red teléfono 1 y el cargo de profesional operativo 1 de la Gerencia Unidad Estratégica Negocio de Telecomunicaciones», por el período comprendido entre el 12 de diciembre de 2005 y el 2 de octubre 2007.

En segundo término, si fuera necesario, dijo que se pronunciaría en cuanto a las pretensiones subsidiarias en relación con la reliquidación de la pensión vitalicia de jubilación convencional solicitada, con la inclusión de salarios y primas de antigüedad y vacaciones, y las de toda especie, devengados durante su último año de servicios, en el cargo de «[…] técnico red teléfono 1», conforme a lo establecido en el literal a) del artículo 48 y al anexo número 1 de la revisión de la convención colectiva de trabajo suscrita entre Emcali y Sintraemcali, vigente entre 2004 y 2008.

Luego de desestimar la pretensión principal, por no haber demostrado el actor las condiciones que lo hicieran merecedor del reajuste salarial deprecado, estudió la pretensión subsidiaria relacionada con la reliquidación de la pensión, tema frente al cual razonó así:

En cuanto a la segunda queja, la sala considera que debe reliquidarse la pensión de jubilación de Carlos Rubiel López Ospina, en los términos de la convención colectiva 2004-2008; el fundamento está en lo dicho por la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, radicación 47394, de febrero 15 de 2011.

Observó que Emcali y Sintraemcali acordaron la revisión de la convención colectiva de trabajo, con el fin de recoger y regular íntegramente las relaciones laborales entre la empresa y los trabajadores oficiales beneficiarios, así, el 4 de mayo de 2004, suscribieron la convención única vigente entre el 1º de enero de 2004 y el 31 de diciembre de 2008, en cuyo anexo 1 se retomaron los artículos concernientes a la pensión de jubilación y jubilación especial contenidos en los artículos 98, 100, 101, 103, 104 y 106 a 113 de la convención colectiva de los años 1999-2000, el primero de los cuales dispuso los requisitos para que los trabajadores oficiales accedieran a la pensión de jubilación.

De la lectura de esas normas surgió que el beneficio que contiene el régimen convencional, que las partes calificaron de exceptuado y especial, consiste en que los trabajadores se jubilarían bajo los términos de lo pactado en la convención vigente para el período 1999-2000 y que la intención de las partes contratantes fue la de mantener vigente el derecho a la pensión de jubilación convencional hasta el 31 de diciembre de 2007, dado que, a partir del 1º de enero 2008, este se extinguiría para dar aplicación exclusiva al Sistema General de Pensiones; tales hallazgos llevaron a la sala a exponer las siguientes conclusiones:

En el caso que nos ocupa, Carlos Rubiel López laboró para Emcali desde el 2 de octubre de 1985 hasta el 1º de octubre 2007, desempeñando el cargo de técnico de red teléfonos 1; que adquirió el derecho al beneficio de la jubilación a partir del 2 de octubre de 2007, con una mesada pensional de $2.848.100 (folios 40 y 41); en los folios 246 y 247 figura que en la primera quincena de octubre de 2007 el demandante recibió por prima de antigüedad la suma de $4.872.445 y $2.757.988, por prima de vacaciones, así las cosas, la sala concluye que al actor le asiste el derecho a la reliquidación de la pensión de jubilación convencional.

En los documentos que obran a folios 40 al 43 se advierten los rubros que recibió el demandante por concepto de prima de vacaciones, prima de antigüedad, prima semestral de junio, prima semestral extralegal de mayo, prima de navidad y horas extras, rubros que constituyen factor de liquidación de la pensión de jubilación, a la luz de lo establecido en el artículo 48 de la convención colectiva de trabajo vigente para los años 2004-2008, que reglamenta el régimen de transición exceptuado y el artículo 104 del mismo texto, que refiere que la base salarial para efectos pensionales es «el 90% del promedio de los salarios y primas de toda especie devengados por el trabajador en el último año de servicios», tal como lo señaló la Corte Suprema de Justicia en la sentencia del 15 de febrero de 2011, con radicación número 47394.

Con relación a las vacaciones compensadas 2007, no son factor de salario, ni legal ni constitucionalmente, para reliquidar la presión, así las cosas, la mesada pensional del actor al 2 de octubre 2007, corresponde a $3.420.400 y no a $2.848.100, que fue la liquidada por la demandada; el retroactivo de la pensión de jubilación causada desde el 2 de octubre de 2007, hasta el 30 de enero de 2016 asciende a la suma de $80.887.247, suma que deberá ser indexada al momento del pago de conformidad con el Índice de Precios al Consumidor decretada (sic) por el DANE. No hay mesadas prescritas, por cuanto la pensión se reconoció a partir del 2 de octubre 2007 y la demanda se presentó en la Oficina de Reparto el 1º de diciembre de 2009, sin que se hubiere superado el término trienal del artículo 151 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social.

La demanda deberá continuar pagando al demandante, a partir del 1º de febrero de 2016, la suma de $4.910.640 por concepto de mesada pensional, sin perjuicio de los incrementos anuales de ley; por último, se autoriza a la demandada para que descuente del retroactivo reconocido al demandante los aportes que se deben destinar al Sistema de Seguridad Social en Salud. excepto sobre las mesadas adicionales.

RECURSO DE CASACIÓN

Interpuesto por la demandada, concedido por el tribunal y admitido por la corte, se procede a resolver.

ALCANCE DE LA IMPUGNACIÓN

Pretende la recurrente que la corte:

[…] CASE PARCIALMENTE la sentencia del Tribunal, solo en cuanto por su numeral primero revocó la sentencia absolutoria que impartió el Juzgado y por su numeral segundo impuso condena a la demandada a pagar la suma de “$80.887.247 por concepto de diferencias sobre la mesada pensional causadas desde el 02 de octubre de 2007 hasta el 31 de enero de 2016, suma que deberá ser indexada al momento del pago de conformidad con el Indice (sic) de Precios al Consumidor decretado por el DANE.” Y en cuanto ordenó continuar pagando una mesada pensional a partir del 1º de febrero de 2016 de $4.910.640 sin perjuicio de los incrementos anuales de ley. Para que en sede de instancia absuelva por estos conceptos y confirme el fallo de primer grado.

Con tal propósito formuló un cargo, por la causal primera de casación, que fue objeto de oposición.

CARGO ÚNICO

Acusó la sentencia de violar, por la vía indirecta, en la modalidad de aplicación indebida, los artículos 467 y 476 al 480 del CST, en relación con el 61 del CPTSS.

Como errores de hecho evidentes, en los que habría incurrido el tribunal, enunció:

1.- Dar por demostrado, sin estarlo, que el beneficio calificado en la Convención Colectiva como “exceptuado y especial”, daba la posibilidad a los trabajadores inmersos en la transición que podían pensionarse hasta el 31 de diciembre de 2007, en los términos de la convención vigente para los años 1999-2000.

2.- Dar por demostrado, sin estarlo, que el actor tenía derecho a que en el monto de la pensión mensual se incluyeran como factores de salario lo devengado por prima de antigüedad y de vacaciones.

3.- No dar por demostrado, estándolo, que el actor no tenía derecho a que se le incluyeran en el monto de la mesada pensional los factores salariales por conceptos de prima de antigüedad y de vacaciones.

4.- No dar por demostrado, estándolo, que en el parágrafo primero del artículo 28 de la Convención Colectiva de Trabajo celebrada entre EMCALI EICE E.S.P., y SINTRAEMCALI, vigente para los años 2004-2008, expresamente se pactó que a partir de la firma de la misma “la prima de vacaciones y la prima de antigüedad no constituirán factor de salarió”; y en el parágrafo transitorio estableció que las mismas primas y los demás factores de salario que dejaron de serlo y que hubieran sido pagados antes de la firma de dicha Convención sí constituían factor de salario para todas las liquidaciones que se efectuaran dentro del año inmediatamente siguiente a la fecha en que se efectuó el pago.

5.- No dar por demostrado, estándolo, que el actor no tenía derecho a la reeliquidación (sic) de su pensión convencional.

Como pruebas equivocadamente apreciadas, mencionó:

1.- Convención Colectiva de Trabajo 1999 — 2000 (folios 99 a 164).

2.- Convención Colectiva de Trabajo 2004 — 2008 (folios 178 a 226).

3.- Documento que contiene el reconocimiento y pago de la pensión de jubilación (folios 40 y 41)

4.- Comprobantes de pago - activo de la primera quincena de octubre de 2007 (folios 246 y 247)

5.- Liquidación de prestaciones sociales (folio 43)

También manifestó que el tribunal dejó de apreciar las Resoluciones n.os 000141 del 23 de enero de 2003 y 000562 del 5 de marzo siguiente, expedidas por la Superintendencia de Servicios Públicos (folios 342 a 344 vto.).

En la demostración del cargo señaló que, a pesar de las consideraciones del tribunal en torno a la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia, el verdadero sustento de la decisión lo constituyó el examen fáctico, de tal manera que la acusación debía quedar encaminada por la vía indirecta, pues el tribunal incurrió en el dislate fáctico de no percatarse de que el artículo 28 de la convención colectiva de trabajo 2004-2008, en sus parágrafos, advirtió que, a partir de la firma de la misma, las primas de vacaciones y de antigüedad no constituirían factor salarial.

Pregonó que, si bien existió un régimen de transición, el mismo apuntó a favorecer a los trabajadores oficiales de la empresa que cumplieran 20 años de servicios y 50 de edad antes del 31 de diciembre de 2007, de conformidad con los artículos 48 y 49 de la misma convención mencionada, así como el 98 de la vigente para 1999-2000, pues esa era la idea de quienes participaron en la negociación, ante la difícil situación económica que atravesaba la entidad.

Consideró que, de haber valorado el tribunal las dos resoluciones, habría corroborado que hubo una intervención de la Superintendencia de Sociedades frente a la crisis económica que afrontaba, lo cual llevó a que se designara un agente especial, con el fin de recuperar la viabilidad financiera de la empresa y de garantizar la continuidad en la prestación de los servicios públicos

Luego dio cuenta de como el mencionado agente interventor, obrando en condición de representante legal de la empleadora, junto con el presidente de Sintraemcali, «[…] debidamente autorizado por la Asamblea General de afiliados celebrada el 2 de febrero de 2003 y por la Junta Directiva» del sindicato, manifestaron «[…] haber llegado al siguiente Acuerdo de Revisión de la Convención Colectiva de Trabajó vigente, con el ánimo de salvar y reestructurar a EMCALI», y así suscribieron el 4 de mayo de 2004 la nueva Convención Colectiva de Trabajo vigente para el interregno 2004-2008, depositada ante el Ministerio del Trabajo en la misma fecha de su firma.

De haber valorado correctamente la convención colectiva de trabajo 2004-2008, dijo, el ad quem habría reparado en que el parágrafo del artículo segundo estableció que ese nuevo convenio derogaba los celebrados entre las mismas partes, de manera que este se convertía en el único reconocido por ellas como vigente, con excepción de los artículos, parágrafos y anexos de la convención colectiva de trabajo suscrita el 9 de marzo de 1999, que quedaron expresamente citados en el nuevo texto.

De lo anterior, según su razonamiento, habría concluido que las primas en comento no fueron acordadas en la última negociación como factor salarial, acorde con lo que se pactó en los parágrafos del artículo 28, en el cual, específicamente se acordó que, en el caso de existir factores salariales como primas de vacaciones y de antigüedad que dejaron de serlo a partir del 4 de mayo de 2004, y que ya hubiesen sido pagadas antes de la firma de la convención colectiva de trabajo, podrían incluirse en todas las liquidaciones dentro del año inmediatamente siguiente a la fecha en que se efectuó el pago, es decir que lo máximo permitido para que tales primas constituyeran salario fue hasta el 3 de mayo de 2005.

Agregó que ese no era el caso del actor, porque él recibió su pensión a partir del 2 de octubre de 2007, con lo que estimó demostrado que lo pactado en los parágrafos del artículo 28 convencional fue quitarles la connotación salarial a las aludidas primas para efectos de la liquidación de prestaciones.

En ese orden, el tribunal, a pesar de que se percató de que la entidad liquidó las primas de vacaciones y antigüedad dentro de las prestaciones sociales, se equivocó al tener en cuenta esos valores como factor salarial, ignorando que en los parágrafos del artículo 28 se decía todo lo contrario, so pretexto de darle aplicación al artículo 48, que consagró la transición.

RÉPLICA

Consideró inviable el cargo porque el tribunal concluyó, en debida forma, que la convención colectiva de trabajo 2004-2008 estableció que la pensión de jubilación se debía liquidar con la inclusión de los salarios y primas de toda especie devengados por el trabajador en el último año de servicio, como lo indica su cláusula 48, lo que le pareció acorde con el artículo 53 de la CN y el 21 del CST, por ser aquella la norma más favorable. Agregó que, si bien los preceptos 28, 32 y 33 del mismo convenio excluyeron como factores salariales tanto la prima de antigüedad, como la de vacaciones, al tiempo, en su artículo 48, concordado con el anexo n.º 1, fueron incluidas ambas primas como componentes de la base liquidatoria pensional. Seguidamente citó apartes de las sentencias CC C-168-1995 y CSJ SL 24830, 28 jul. 2005, por considerar sus fundamentos aplicables a este evento.

Finalmente, pidió que no se casara la sentencia recurrida, en razón de que el artículo 45 del Decreto 1045 de 1978 estableció los factores que constituyen salario para la liquidación de las pensiones de los servidores públicos, como el demandante, incluyendo la bonificación por servicios prestados (prima de antigüedad) y la prima de vacaciones.

CONSIDERACIONES

El tribunal fundamentó la decisión condenatoria en que, atendiendo la calidad de beneficiario de la convención colectiva de trabajo 2004-2008, así como el régimen de transición previsto en el 48 ibidem, que permitía el reconocimiento de la pensión especial de jubilación del accionante con base en la convención colectiva de trabajo 1999-2000, a él le asistía el derecho a que su prestación pensional le fuera liquidada en los términos del artículo 104 convencional, es decir, con el «[…] promedio de los salarios y primas de toda especie devengadas […] en el último año de servicios», entre las cuales se encontraban la de vacaciones y la de antigüedad, de manera que, tras efectuar las inclusiones dinerarias correspondientes al ingreso base de liquidación, estimó que la primera mesada pensional correspondía a $3.420.400.

En contraste, la censura cuestiona el fallo de segunda instancia, por apreciar en forma errada la citada convención, pues no advirtió que los parágrafos de su cláusula 28 excluyeron de manera expresa la prima de vacaciones y de antigüedad como factores salariales.

En relación con la inclusión de estas prestaciones, devengadas en el último año de servicio, para reliquidar la pensión convencional del ahora opositor, por así señalarlo expresamente la convención colectiva de trabajo 2004-2008, debe decir la sala que no existió error de hecho en el fallo recurrido, pues atendiendo la calidad de beneficiario del régimen de transición del literal a) del artículo 48 ibidem (f.º 200, cuaderno principal), resulta procedente la aplicación del anexo n.º 1 referido, cuyo artículo 104 ampara la liquidación pensional, incluyendo todas las primas devengadas, entre ellas las antes mencionadas, sin que sea dable su armonización con los artículos 32 y 33 de la convención colectiva 2004-2008, pues regulan situaciones diferentes, concernientes a los casos de aplicación plena de ese acuerdo colectivo, no las del régimen de transición, a cuyos beneficiaros, como el señor López Ospina, las partes del negocio jurídico les garantizaron la aplicación de la normativa anterior.

Así lo ha explicado la corte, por ejemplo, en la sentencia CSJ SL844-2019, en la que iteró el razonamiento construido sobre ese punto en la providencia CSJ SL19567-2017, en estos términos:

[…] que aun cuando el parágrafo 1.° del artículo 32 de la Convención Colectiva 2004 - 2008, así como la cláusula 33 del mismo ordenamiento, disponen, en su orden, que la prima de antigüedad y la de vacaciones no constituyen salario, para aquellas personas beneficiarias del régimen de transición exceptuado y especial de jubilación, con contrato vigente, y que de conformidad con lo dispuesto en el literal b), adquirieron el derecho a la prestación económica y cumplan los requisitos de la Convención 1999 - 2000, se les debe aplicar, a efectos de liquidar su prestación, lo dispuesto en el Anexo 1.° Así lo señaló en sentencias CSJ SL., 21 abril, Rad. 21235 y CSJ SL., 9 de septiembre de 2004, Rad. 23143, CSJ SL., 13 de abril, Rad. 40254 y CSJ SL., 16 de junio de 2010, Rad. 37533, CSJ SL., 29 de mayo de 2012, Rad. 40488 y CSJ SL., 24 de julio, Rad. 40876 y CSJ SL., 2 de octubre de 2013, Rad. 42325 CSJ SL 16170 2015, radicación 44944 del 24 de noviembre de 2015 y SL5075-2017.

Especialmente en la última de las citadas dijo:

En el asunto que ahora detiene la atención de la Corte, entre otras cosas, similar al estudiado en la sentencia que se acaba de citar, no existe controversia en cuanto que el actor era beneficiario del régimen de transición especial y exceptivo de jubilación previsto en la convención colectiva de trabajo de 2004, artículo 48, razón por la que fue pensionado a partir del 17 de abril de 2006, toda vez que cumplió los requisitos exigidos en el anterior artículo convencional, y en el 104 de la convención colectiva de trabajo de 1999, incorporada a la de 2004, así como también, beneficiario del anexo No. 1.

Por la razón anterior, no encuentra la Sala un error manifiesto en el alcance que dio el tribunal al artículo convencional que consagra el beneficio del régimen de transición, el cual establece una vigencia durante los años 2003 y 2007, en cuanto dispone que dicha prestación se liquidará de conformidad con el anexo 1, situación fáctica en la que se halla el actor, pues fue pensionado a partir del 17 de abril de 2006, y al igual que en el caso estudiado por la Sala en la sentencia citada, en este tampoco se podría entender que dicho artículo (48 de la convención colectiva de trabajo de 2004 que establece la transición), ni el 28 ibídem, deban ser armonizados con los artículos 32 y 33 el mismo texto convencional, como lo pretende la recurrente en casación, pues regulan situaciones diferentes a las presentes.

Es cierto que los artículos 32, 33 y 65 de la convención colectiva de 2004 estatuyen que las primas de antigüedad y vacaciones no serán factor salarial para ningún efecto, ni se tendrán en cuenta al momento de la liquidación de las pensiones, las cuales rigen sólo a partir de la suscripción de la convención colectiva, 4 de mayo de 2008, ni afectan las que se hubieren pagado con carácter salarial, se itera, no puede olvidarse que el accionante era beneficiario del régimen de transición pensional de orden convencional, como quedó demostrado, y que además no es motivo de controversia, y por último, que fue pensionado a partir del 17 de abril de 2006, esto es, durante la vigencia del aludido régimen transicional, porque acreditó los requisitos de la convención colectiva de 1999, a cuya virtud resulta procedente la aplicación del anexo No. 1 referido, que salvaguarda la liquidación de la pensión de jubilación incluyendo las primas que ahora cuestiona la censura.

Bajo esa perspectiva, al no existir discusión alguna en cuanto a que el actor fue pensionado a partir del 2 de octubre de 2007 (f.os 39 a 41), y según lo adoctrinado por la corte, el trabajador cumplió los presupuestos para ser beneficiario del régimen de transición convencional, por haber satisfecho los requisitos y obtener la pensión de jubilación antes del 31 de diciembre de 2007, tal como lo ordenó el literal B. del artículo 48 de la convención colectiva de trabajo 2004-2008.

Así las cosas, no se equivocó el juez de apelaciones al ordenar la reliquidación de la prestación con base en las primas de antigüedad y de vacaciones, por cuanto los requerimientos los satisfizo el accionante dentro de la vigencia del texto convencional 2004-2008.

Finalmente, no es suficiente para enervar la decisión del ad quem el argumento según el cual la valoración de las Resoluciones n.os 000141 y 000562, ambas del año 2003, emanadas de la Superintendencia de Servicios Públicos, permitiría corroborar que la entidad recurrente se encontraba en una crisis económica, pues dicha situación, así haya dado lugar al nombramiento de un agente interventor, no es motivo suficiente para restarle efecto a los acuerdos convencionales que, precisamente, establecieron las reglas alusivas al régimen de transición de la pensión de jubilación convencional, las que fueron valoradas, comprendidas y aplicadas rectamente por el tribunal.

Sobre los documentos que contienen el reconocimiento y pago de la pensión de jubilación y los comprobantes de pago de la quincena de octubre de 2007, así como la liquidación de prestaciones sociales, no hizo el impugnante ningún esfuerzo por colacionarlas en la estructura argumentativa del cargo, razón por la cual la corte no está llamada a revisar su contenido, en la medida que no se explicó cómo incidieron en la comisión de los yerros endilgados al ad quem, ejercicio que correspondía a la carga deparada al extremo recurrente, pero que este no asumió.

Por lo desarrollado hasta aquí, el cargo no prospera.

Las costas del recurso extraordinario quedan a cargo de la parte recurrente, por cuanto la acusación no tuvo éxito y hubo réplica. Como agencias en derecho se fija la suma de ocho millones cuatrocientos ochenta mil pesos ($8.480.000), que se incluirá en la liquidación que el juez de primera instancia realice, con arreglo a lo dispuesto en el artículo 366 del CGP.

DECISIÓN

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley, NO CASA la sentencia dictada el diez (10) de febrero de dos mil dieciséis (2016) por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali, dentro del proceso ordinario laboral seguido por CARLOS RUBIEL LÓPEZ OSPINA contra EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI EICE ESP, EMCALI EICE ESP.

Costas, como se dijo en la parte motiva.

Notifíquese, publíquese, cúmplase y devuélvase el expediente al tribunal de origen.

ANA MARÍA MUÑOZ SEGURA

OMAR DE JESÚS RESTREPO OCHOA

GIOVANNI FRANCISCO RODRÍGUEZ JIMÉNEZ

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