Ficha de la providencia
Sentencia SL1042-2022
Corte Suprema de Justicia · Sala de Casación Laboral
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Corte Suprema de Justicia · Sala de Casación Laboral
Ficha de la providencia
Sentencia SL1042-2022
Corte Suprema de Justicia · Sala de Casación Laboral
República de Colombia
Corte Suprema de Justicia
Sala de Casación Laboral
Sentencia SL1042-2022
Magistrado ponente: Jorge Prada Sanchez
30 de marzo de 2022
JORGE PRADA SÁNCHEZ
Magistrado ponente
SL1042-2022
Radicación n.° 87650
Acta 11
Bogotá, D. C., treinta (30) de marzo de dos mil veintidós (2022).
La Sala decide el recurso de casación interpuesto por las sociedades INVERSIONES DAMA SALUD S.A.S. e INVERSIONES DENTALES DEL TOLIMA S.A.S., contra la sentencia proferida por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Ibagué, el 19 de septiembre de 2019, en el proceso que DIANA IVONNE YEPES SÁNCHEZ instauró en contra de las recurrentes.
ANTECEDENTES
Diana Ivonne Yepes Sánchez llamó a juicio a las recurrentes, con el fin de que se declarara que estuvo vinculada a ellas mediante un contrato de trabajo de carácter verbal, ejecutado entre el 8 de enero de 2004 y el 30 de abril de 2016, terminado por causa imputable al empleador (fls. 235 a 260).
Reclamó la devolución de lo retenido por honorarios e incentivos, así como la compensación por vacaciones, la prima de servicios, el auxilio de cesantías e intereses, junto con la sanción por su no pago, las indemnizaciones de los artículos 64 y 65 del Código Sustantivo del Trabajo, y 99 de la Ley 50 de 1990, los aportes al sistema de seguridad social en pensiones, la indexación y las costas del proceso.
Informó que, en virtud de un acuerdo comercial de franquicia celebrado entre las demandadas, en la ciudad de Ibagué se constituyó el establecimiento de comercio denominado SONRÍA CLÍNICA DENTAL. Que se vinculó con Inversiones Dentales del Tolima S.A.S. mediante contrato de prestación de servicios, suscrito el 8 de enero de 2004, para desempeñarse como odontóloga ortodoncista en la clínica mencionada. El 1 de enero de 2008, celebró contrato de idéntica naturaleza y objeto con Inversiones Dama Salud S.A.S., que perduró hasta el 30 de abril de 2016, «fecha en la cual entregó su cargo por solicitud expresa de la gerencia» de Inversiones Dentales del Tolima S.A.S.
Precisó que siempre laboró en forma subordinada, siguiendo las directrices impartidas por los representantes de dichos entes y dentro del horario de la clínica.
Inversiones Dentales del Tolima S.A.S. se opuso a la prosperidad de las pretensiones y propuso las excepciones de inexistencia de contrato de trabajo, buena fe, inexistencia de las obligaciones demandadas, cobro de lo no debido y prescripción. Admitió la celebración de un contrato mercantil de franquicia con la otra sociedad demandada, para la explotación del establecimiento de comercio denominado SONRÍA CLÍNICA DENTAL. Así mismo, aceptó la suscripción de un contrato de prestación de servicios con la demandante, pero adujo que en ese momento, ni posteriormente, aquella manifestó inconformidad con la modalidad de vinculación (fls. 283 a 297, subsanada de folios 327 a 341).
Negó el carácter subordinado de la relación y adujo que el cumplimiento de una agenda, para la atención de los pacientes, no implicaba el cumplimiento de horarios, ni el sometimiento a las órdenes e instrucciones de la compañía. Explicó que los pagos realizados a la actora correspondían a los honorarios pactados, sin lugar a prestaciones sociales u otro tipo de derecho laboral, como quiera que la naturaleza del vínculo no daba lugar a ello.
Inversiones Dama Salud S.A.S. se pronunció en iguales términos (fls. 307 a 324).
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
El 26 de septiembre de 2018, el Juzgado Tercero Laboral del Circuito de Ibagué declaró que, entre la actora y las demandadas «como empleadoras, existió un contrato de trabajo a término indefinido entre el 8 de enero de 2004 y el 30 de abril de 2016». Junto con las costas del proceso, condenó a las accionadas al pago indexado de $60.243.656 por auxilio de cesantías y $1.196.158 por sus intereses; $8.745.336 por prima de servicios y $6.409.482 a título de compensación por vacaciones. Declaró probada la excepción de buena fe, parcialmente la de prescripción y no probadas las demás. Negó las restantes pretensiones.
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
Al resolver la apelación de la actora y las demandadas, el Tribunal adicionó condena por $179.439.465 a título de indemnización por no consignación del auxilio de cesantías; $43.755.828 por indemnización por despido sin justa causa; $184.889 pesos diarios, desde el 1 de mayo de 2016 hasta el 30 de abril de 2018, y a partir del 1 de mayo siguiente intereses moratorios sobre las prestaciones sociales objeto de condena, hasta cuando se solucionen dichas acreencias. Además, dispuso el pago de los aportes pensionales por el periodo laborado, conforme con el cálculo actuarial que efectúe la AFP a la que se encuentre afiliada la actora. Confirmó en lo demás, con costas a cargo de las vencidas en juicio (fl. 6 Cd Cdno. Tribunal).
En lo que interesa al recurso extraordinario, centró la disquisición en discernir si existió contrato de trabajo entre las partes. Anunció que, en caso positivo, verificaría la procedencia de las condenas impuestas, así como de las indemnizaciones de los artículos 64 y 65 del Código Sustantivo del Trabajo, y 99 de la Ley 50 de 1990, en tanto fueran echadas de menos por la promotora del proceso. Igualmente, si había lugar al pago de los aportes pensionales y si tenía cabida la solidaridad entre las demandadas, o se trató de servicios prestados en forma independiente a cada ente llamado al proceso.
Tras repasar los artículos 23 y 24 del estatuto laboral, descendió a los contratos de prestación de servicios celebrados entre la demandante e Inversiones Dentales del Tolima S.A.S., así como a las certificaciones emitidas por la directora de gestión humana de Inversiones Dama Salud S.A.S., que daban cuenta de que «la demandante se desempeñó como ortodoncista desde el 8 de enero de 2004». También, destacó que mediante la comunicación de 24 de junio de 2008, suscrita por la gerente nacional de servicios de Clínicas Dentales Sonría, se hicieron recomendaciones a la actora acerca de la atención de los pacientes remitidos para control, así como para la evolución de los tratamientos a su cargo; de igual manera, se refirió a los instructivos para el diligenciamiento de historias clínicas, relación de pacientes, actas de capacitación, extractos bancarios, relación de pagos de honorarios y órdenes de servicios.
A la luz de ese panorama, halló probada la prestación personal del servicio por parte de la accionante, a favor de las demandadas. Luego de compendiar los hechos de la demanda asociados a la subordinación ejercida por las sociedades llamadas a juicio, los encontró corroborados con el dicho de los testigos, que estimó consistentes, contestes, espontáneos y suficientemente informados. Concluyó que dichos relatos, en correspondencia con los demás medios de convicción adosados al expediente, proporcionaban certeza de que la actora:
[…] trabajó al servicio de las demandadas como ortodoncista, en la clínica Sonría, desde 2004 hasta 2016, cumpliendo órdenes y una programación de agenda de turnos, para realizar procedimientos dentales a pacientes de la clínica, bajo la subordinación de las gerentes Alexandra Pérez y Sandra Castiblanco, quienes se desempeñaron como gerentes de la clínica Sonría, cumpliendo a veces horarios adicionales a la jornada laboral, debiendo participar en reuniones y capacitaciones convocadas por las demandadas, además de someterse a auditorías, en las que revisaban los protocolos de diligenciamiento de historias clínicas, elementos propios de un contrato de trabajo y no de un contrato de prestación de servicios (…).
Añadió que las demandadas no lograron desvirtuar la presunción del artículo 24 del Código Sustantivo del Trabajo, sino que, por el contrario, quedó demostrado que la promotora del proceso prestó servicios propios de la actividad empresarial que aquellas decidieron explotar mediante un contrato de franquicia; también, que esa relación laboral se extendió por más de 12 años, «desdibujando cualquier característica excepcional y temporal».
Descartó que la profesión liberal ejercida por la demandante, desdibujara de plano el carácter subordinado de la relación. A ello se oponía, dijo, la entrega de la fuerza de trabajo con total disponibilidad, a favor de las demandadas, «al menos desde las 7 de la mañana a 1 de la tarde, sin interferir en las posibles labores independientes que ella tuviera».
Acotó que, al contestar la demanda, la defensa de ambas sociedades se centró en que los servicios prestados por la actora fueron bajo contratos de prestación de servicios. Destacó que solo al acudir en alzada, aquellas desconocieron la responsabilidad solidaria impuesta por el a quo, con el argumento novedoso de que fueron beneficiarias de los servicios en forma independiente, por lapsos determinados y separados en el tiempo, que no de manera conjunta.
Sin embargo, hizo hincapié en que, inicialmente, los contratos de prestación de servicios fueron celebrados por Inversiones Dentales del Tolima S.A.S. y luego, el 1 de enero de 2008 y por un término inicial de un año, con Inversiones Dama Salud S.A.S., pero en representación de la primera sociedad. Precisó que este último contrato fue finalizado el 11 de mayo de 2016 por la directora de desarrollo organizacional de Inversiones Dama Salud S.A.S., con efectos a partir del 20 de mayo de 2016. Continuó:
Es decir, que diferente a lo referido por el recurrente, existió una sola relación laboral, como anteriormente se concluyó, y de otra, que las demandadas sí tuvieron injerencia para contratar a la demandante, pues incluso así quedó consignado en el segundo contrato, esto es, que Inversiones Dama Salud SAS actuaba en representación de Inversiones Dentales del Tolima SAS. Aunado a lo anterior, es claro que las labores desarrolladas por la demandante no eran extrañas a las actividades propias o normales del objeto social que cada una de las sociedades demandadas tiene, esto es, prestar los servicios odontológicos, y además, porque conforme a lo señalado por la demandante y los testigos (…), para el desarrollo del objeto contractual, las demandadas le agendaban los pacientes de la clínica Sonría, establecimiento de comercio registrado por la sociedad Inversiones Dama Salud SAS, como se evidencia en el certificado de existencia y representación legal que figura de folios 7 a 12.
Leyó apartes del objeto social de las enjuiciadas, según los certificados de existencia y representación legal (fls. 4 vto. y 7 vto). Volvió sobre los contratos de prestación de servicios, para destacar que los suscritos por Inversiones Dentales del Tolima S.A.S. y por Inversiones Dama Salud S.A.S., se dieron en desarrollo de la explotación de la marca «SONRÍA». En ese mismo sentido, destacó que las certificaciones de servicios emitidas por la segunda sociedad incluyeron el tiempo prestado a la primera, sin distinción. En ese contexto, concluyó que:
[…] la responsabilidad en el pago de las acreencias que se ordenen, por parte de Inversiones Dentales del Tolima SAS, deriva del hecho de que ella contrató inicialmente la prestación de los servicios de la actora, y después, como su objeto social se lo permite, prestar servicios a través de franquicia, permitió que Inversiones Dama Salud SAS lo hiciera en su representación hasta cuando terminó el contrato en 2016. En tal sentido, Inversiones Dama Salud SAS actuó en las condiciones previstas en el artículo 32 del Código Sustantivo del Trabajo, ejercitando actos de representación con la aquiescencia tácita, y luego expresa, de Inversiones Dentales del Tolima SAS, y como su intermediario, ambas sociedades, en uso de la marca Sonría, que es la que las identifica con intereses comunes, incluyendo un apoderamiento judicial común, que, en otras circunstancias, hubiera implicado la defensa de intereses opuestos (…). En todo caso, al haberse desarrollado una relación en la que una sociedad contrata primero y después otra, y durante la ejecución del contrato una y otra sociedad le dan órdenes a la trabajadora, y una de ellas, Dama Salud SAS, le certifica labores por todo el tiempo y se aporta tal prueba por conducto del mismo apoderado de la otra demandada, lo que denota es que tanto una como otra sociedad, como patronos, dieron motivos para que se creyera, que una u otra estaban autorizadas para celebrar el contrato, quedando así obligadas en los términos pactados ante terceros de buena fe, dándose los efectos de la representación aparente de que trata el artículo 842 del Código de Comercio.
En ese orden, consideró que el a quo no erró al imponer condena conjunta, y desestimó los argumentos de independencia contractual y ausencia de solidaridad.
Asentó que ninguna de las pruebas daba cuenta de que la conducta de los accionados hubiera estado guiada por la buena fe, al sustraerse de consignar el auxilio de cesantías y pagar las prestaciones sociales a la finalización del vínculo. Con mayor razón, dijo, en tanto fluye evidente el carácter subordinado de la relación. Por tal razón, concluyó que la demandante tenía derecho a las indemnizaciones de que tratan los artículos 99 de la Ley 50 de 1990 y 65 del Código Sustantivo del Trabajo.
Resaltó, además, que la simple creencia del empleador de estar inmerso en un contrato diferente al laboral, así como la aquiescencia de la trabajadora y su silencio a lo largo de la relación contractual, no hacen surgir la buena fe requerida para enervar las sanciones atrás indicadas.
Advirtió que, pese a estar demostrado que el contrato finalizó por su decisión, las demandadas no probaron la existencia de una justa causa, por manera que también procedía la indemnización correspondiente.
RECURSO DE CASACIÓN
Interpuesto por las sociedades demandadas, fue concedido por el Tribunal y admitido por la Corte. Se procede a resolver.
ALCANCE DE LA IMPUGNACIÓN
Pretenden que la Corte case la sentencia recurrida, para que, en sede de instancia, revoque la del a quo y, en su lugar, las absuelva de todas las pretensiones. En subsidio, solicitan el quiebre parcial de la decisión de segundo grado, para que se confirme la de primer nivel que las absolvió de algunas de las pretensiones «o que se case parcialmente la del ad quem, en el sentido de modificar el valor de las indemnizaciones de que trata el numeral 3 del artículo 99 de la ley 50 de 1.990, y las previstas en los art. 64 y 65 del C.S.T.»
Con tal propósito formulan un cargo, por la causal primera de casación, que mereció réplica.
CARGO ÚNICO
Denuncian violación indirecta, por aplicación indebida, de los artículos 22, 23, 24, 34, 36, 62, 64, 65, 186, 194, 306, 249 y 253 del Código Sustantivo del Trabajo; 32 y 99 de la Ley 50 de 1990; 15, 17 y 22 de la Ley 100 de 1993; 261 y 842 del Código de Comercio; 1602, 1494 y 1502 del Civil; y 60 y 61 del de Procedimiento Laboral.
Enrostran al Tribunal la comisión de los siguientes errores manifiestos de hecho:
Dar por demostrado, sin existir la prueba, que entre las demandadas Inversiones Dentales del Tolima S.A.S., e Inversiones Dama Salud S.A.S., existió un contrato de franquicia referido a la marca “Clínica Sonría”.
Dar por demostrado sin estarlo, que las señoras Alexandra Pérez y Sandra Castelblanco, obraron como gerentes de las sociedades demandadas Inversiones Dentales del Tolima S.A.S., e Inversiones Dama Salud S.A.S.
Dar por demostrado, sin estarlo, que “la demandante desarrolló labores propias con el objeto social de las demandadas, esto es de servicios odontológicos a sociedades ligadas por un contrato de franquicia”.
Dar por demostrado, sin estarlo, que Diana Ivonne Yepes Sánchez trabajó al servicio de las demandadas Inversiones Dentales del Tolima S.A.S., e Inversiones Dama Salud S.A.S, como ortodoncista desde el 8 de enero 2004 hasta abril 2016, cumpliendo órdenes y una programación de agenda de turnos para realizar procedimientos dentales a pacientes de la Clínica, bajo subordinación de Alexandra Pérez y Sandra Castiblanco, quienes se desempeñaron como gerentes de la Clínica Sonría.
No dar por demostrado, estándolo, que lo que existió entre las partes fueron contratos civiles de prestación de servicios con dos sociedades diferentes, no ajenos, prohibidos o extraños en la legislación nacional.
No dar por demostrado, estándolo que la actora ejerció su profesión de manera independiente y sin subordinación jurídica.
Dar por demostrado, sin estarlo, la existencia de un solo contrato de prestación de servicios con las demandadas, entre el 8 de enero de 2004 y el 30 de abril de 2016, cuando se probaron varios contratos entre dos sociedades diferentes.
No dar por demostrado estándolo, que el vínculo con Inversiones Dentales del Tolima S.A.S., finalizó el 31 de diciembre de 2011.
No dar por demostrado estándolo, que el vínculo con la sociedad “Inversiones Dama Salud S.A.S., fue desde el 10 de septiembre de 2013.
Dar por demostrado, sin estarlo, que la responsabilidad en el pago de las condenas a Inversiones Dentales del Tolima S.A.S., deriva del hecho de que ella contrató inicialmente la prestación de los servicios de la actora y después como su objeto social se lo permite de prestar servicios a través de franquicia permitió que Inversiones Dama Salud S.A.S lo hiciera en su representación hasta cuándo terminó el contrato en 2016.
Dar por demostrado, contrario a la realidad, que “no existe ninguna prueba en el plenario que demuestre un actuar de buena fe de los accionados”.
Dar por demostrado, sin sustento alguno, que “la intención de la demandada fue esconder tal tipo de relación laboral a fin de no reconocer los derechos de una relación de tal índole”.
No dar por demostrado, estándolo que las demandadas allegaron elementos de juicio para demostrar la buena fe.
Dar por demostrado, sin estarlo, que la terminación del contrato fue por parte de las sociedades demandadas.
Dar por demostrado, sin estarlo, que la demandante devengó salarios así: Año 2014 un salario de $4.910.453 Año 2015 un salario de$ 4.441.222 Año 2016 un salario de $5.546. 667.
Dar por demostrado, sin estarlo que entre las demandadas Inversiones Dentales del Tolima SAS., e Inversiones Dama Salud SAS, existió una unidad de empresa, en los términos señalados por el artículo 194 del Código Sustantivo de Trabajo.
Aseguran que los dislates descritos son producto de la valoración equivocada de los contratos de prestación de servicios aportados al proceso; las certificaciones laborales de 31 de marzo de 2016, 8 de enero de 2016 y 15 de diciembre de 2011, expedidas por la directora de gestión humana de inversiones Dama Salud S.A.S. (fls. 23 a 25); la comunicación de 24 de junio de 2008, suscrita por la Gerente Nacional de Servicio de Clínicas Dentales Sonría (fl. 26); la circular informativa de 20 de diciembre de 2005, dirigida a todos los odontólogos generales y especialistas, suscrita por Alexandra Pérez Cifuentes; el documento de parámetros generales dirigido a todos los profesionales de la Clínica, para el diligenciamiento de historias clínicas, esquemas de pago y honorarios profesionales (fls. 28 a 31).
También, de la relación de clientes atendidos por la accionante (fls. 38 a 48); las actas de capacitación (fls. 49 a 51); los extractos bancarios y la relación de pago de honorarios (fls. 52 a 80); las órdenes de servicios (fls. 32 a 36); los documentos de folio 82 a 234; la carta «emanada de la demandante de servicios profesionales» (fls. 300 y 301); las comunicaciones de 10 de noviembre de 2015, 17 de febrero de 2016 y 11 de mayo de 2016; los certificados de existencia y representación legal de las demandadas (fls. 4 y 7); y de los testimonios de Marta Lucía Cardoso, Lina Marcela Vargas Peñuela y Andrea del Pilar Ríos Ortiz. Denuncia preterición de los folios 36, 37, 298 y 368.
Para sustentar la configuración de los primeros cuatro errores, sostienen que, según lo declarado por la demandante en el interrogatorio, y lo manifestado por los testigos, aquella recibía órdenes de Alexandra Pérez y Sandra Castelblanco, quienes fungían como gerentes de la clínica Sonría. Niegan dicha condición porque, en su criterio, eso no se infiere de la circular informativa de 20 de diciembre de 2005, ni del acta de capacitación de marzo de 2013. Estiman que, de ninguna manera, el juez plural podía concluir que dichas personas fueran «las gerentes o representantes legales de las empresas demandadas, con facultad para dar órdenes, instrucciones o imponer reglamentos».
Añaden que tales personas no figuran en los certificados de existencia y representación legal de las empresas demandadas. También, que estos documentos no acreditan la existencia de un contrato de franquicia de la marca Sonría con las demandadas, como lo infirió el ad quem.
Aseveran que la calidad atribuida a las señoras Pérez y
Castelblanco, que comporta la facultad de subordinación sobre la accionante, junto con «la existencia de un supuesto contrato de franquicia», fue producto de «una apresurada y equivocada conclusión a que llegó el Tribunal»; en cambio, dice, el fallo debió ser absolutorio, por falta de prueba de la continuada subordinación.
En cuanto a los errores 5 y 6, se duelen de la falta de apreciación de los folios 36, 37, 298, 299 y 300, así como de las comunicaciones de 17 de febrero de 2016 y 10 de noviembre de 2015; también, de la valoración equivocada de los contratos de prestación de servicios suscritos entre las partes, de los certificados de existencia y representación legal de las demandadas y de «la confesión realizada por la accionada al interrogatorio a que fue sometida por el a-quo en la audiencia del 21 de septiembre de 2018».
Aseguran que de los anteriores medios de prueba, «se infiere, sin duda, que la demandante no estaba subordinada a ninguna de las demandadas»; por el contrario, afirman, de allí se desprende que la promotora del proceso actuó en forma libre y autónoma, «reasignando y recortando a su gusto su agenda de trabajo». Destacan que según los folios 299 a 301, la accionante dejó clara cuál era su disponibilidad de tiempo y las condiciones para prestar servicios a las enjuiciadas, «cuando la contratista quiera o tenga tiempo, así como en los días que pueda, actitudes que no son propias de un trabajador subordinado, sometido a los reglamentos y horarios que le imponga obligatoriamente el empleador, sino que evidencian todo lo contrario».
Añaden que, en el campo de la odontología, el uso de los equipos especializados de propiedad de la clínica y de implementos facilitados por esta, no puede tomarse como una expresión de subordinación, porque esta particularidad solo persigue el cumplimiento de normas de salud e higiene.
Retoman los errores 7, 8 y 9, y cuestionan la conclusión sobre la «existencia de un solo contrato». Aseguran que a ello se opone la solución de continuidad entre el celebrado el 1 de enero de 2008, por el término de un año (fls. 17 a 22) y que se ejecutó «hasta el 31 de diciembre de 2011», y el suscrito el 10 de septiembre de 2013 (fl. 302), que terminó el 30 de abril de 2016. Sostienen que, en ese contexto, «no existe la concluida solidaridad entre las demandadas».
Se detienen en el décimo error, para insistir en que no existe prueba «de la llamada “franquicia” y menos aún con Inversiones Dentales del Tolima S.A.S.»; tampoco, de que Inversiones Dama Salud S.A.S. hubiera actuado en representación de Inversiones Dentales del Tolima S.A.S.
Sobre los errores 11, 12 y 13, argumentan que el Tribunal impuso en forma automática las indemnizaciones de los artículos 99 de la Ley 50 de 1990 y 65 del Código Sustantivo del Trabajo, «basado en la simplicidad de la norma, desde el punto de vista literal, objetivamente, por el hecho concreto del no pago de salarios y prestaciones sociales». Lamentan que no hubiera tenido en cuenta los contratos de prestación de servicios, el pago de honorarios, la iniciativa de la actora en la modificación de horarios y turnos, ni «la creencia de haber contratado bajo esa modalidad contractual y la falta de reclamo durante más de 12 años».
En punto al error 14, explican que la carga de la prueba del despido corría por cuenta de la demandante; empero, «sin evidencia alguna», el ad quem coligió que las demandadas pusieron fin al vínculo el 30 de abril de 2016, a pesar de que la comunicación de 11 de mayo de 2016, «demuestra todo lo contrario, que se puso fin con el respectivo preaviso a los contratos de prestación de servicios con “Inversiones Dama S.A.”, a partir del 20 de mayo de 2016, haciendo uso de las cláusulas contractuales civiles pactadas y no a una terminación de un contrato laboral».
De cara al décimo quinto dislate, arguyen que «por un desliz inexcusable en la mala apreciación del libelo», las condenas por indemnización moratoria y sanción por no consignación de cesantías, se calcularon sobre salarios «que no están demostrados en el plenario». Sostienen que los salarios tomados para los años 2014 a 2016, no coinciden con los descritos en el hecho 5 de la demanda «y no existe ninguna prueba al respecto». Así mismo, señalan que el Tribunal incurrió en desaciertos que «lo llevaron a obtener un promedio superior al que efectivamente le corresponde» a la demandante.
Lamentan que el juez colegiado de instancia hallara demostrada la excepción de prescripción de lo causado con anterioridad al 1 de septiembre de 2014, pero tasara la indemnización moratoria por la no consignación del auxilio de cesantías, por todo ese año, «cuando debió ser únicamente de 4 meses».
Expresan que el Tribunal también incurrió en el décimo sexto error, porque «no aparece la prueba de la existencia de unidad de empresa, ni de una situación de control entre Inversiones Dama Salud e Inversiones Dentales del Tolima», como «lo exigen los artículos 194 del C.S.T. y 32 de la ley 50 de 1990, en concordancia con el artículo 261 del C. Co.».
RÉPLICA
Tras un repaso de las pruebas adosadas al expediente y contrastarlas con la decisión de segundo grado, la demandante anota que la censura no demuestra ninguno de los errores de hecho endilgados al Tribunal.
CONSIDERACIONES
En lo fundamental, el Tribunal concluyó que las demandadas no desvirtuaron la presunción de existencia de un contrato de trabajo derivada del artículo 24 del estatuto laboral, forjada a partir de la demostración de la prestación personal de servicios entre 2004 y 2016, como odontóloga ortodoncista de la Clínica Sonría. Estimó que, por el contrario, el relato de la actora sobre la subordinación a la que fue sometida, quedó perfectamente corroborado con los elementos de convicción adosados al expediente, en especial, los testimonios recaudados.
En ese orden, confirmó las condenas y adicionó las indemnizaciones por falta de consignación de las cesantías causadas desde el 1 de septiembre de 2014, por encontrar prescritos los periodos anteriores, y falta de pago de prestaciones sociales a la finalización del vínculo. En ambos casos, dedujo que los demandados no aportaron pruebas concretas de haber actuado de buena fe, y que la simple existencia de los contratos de prestación de servicios, la creencia de haber ejecutado un contrato diferente al laboral, ni el silencio de la trabajadora a lo largo de la relación, hacían surgir la buena fe requerida para enervar la imposición de tales indemnizaciones.
La acreditación de que el contrato finalizó por iniciativa de las sociedades demandadas y la falta de configuración de una de las justas causas previstas en la ley, generó la procedencia de la indemnización contemplada en el artículo 64 del estatuto laboral.
La censura pretende derruir las anteriores conclusiones. Argumenta que el Tribunal incurrió en 16 errores manifiestos de hecho, resultantes de la valoración equivocada o la preterición de varios medios de prueba. Siguiendo el mismo esquema y derrotero trazado por las empresas recurrentes, los reproches pueden condensarse en que el juez plural se equivocó al ignorar, contra la evidencia, que i) Alexandra Pérez y Sandra Castelblanco, no fungieron como gerentes o representantes legales de la Clínica y, por tanto, no pudieron ejercer subordinación sobre la promotora del litigio (errores 1 a 4); y ii) no quedó demostrada la existencia del contrato de franquicia que habría unido a las demandadas, ni de la relación de representación comercial entre una y otra, de donde provino la condena solidaria (errores 1 a 4 y 10).
También, que el Tribunal desapercibió que iii) la demandante no estaba subordinada a las demandadas, sino que, por el contrario, actuó con plena autonomía al momento de diseñar su agenda de trabajo, y que el uso de herramientas e implementos de las enjuiciadas no constituye rasgo de subordinación, sino que es una expresión del cumplimiento de normas de higiene y seguridad de los pacientes (errores 5 y 6); y que iv) no existió unicidad contractual entre el 8 de enero de 2004 y el 30 de abril de 2016 (errores 7, 8 y 9).
Así mismo, que el juez colegiado de instancia v) aplicó en forma automática las consecuencias previstas en los artículos 99 de la Ley 50 de 1990 y 65 del Código Sustantivo del Trabajo (errores 11 a 13); vi) ignoró que la demandante debía demostrar el despido, y que la relación terminó por virtud del preaviso previsto en los contratos de prestación de servicios (error 14); vii) calculó las condenas sobre salarios no demostrados, erró al obtener el promedio de lo devengado por la actora y liquidó la indemnización por falta de consignación de cesantías sobre periodos afectados por prescripción (error 15); y viii) mantuvo la condena en contra de las llamadas al proceso, sin que existiera prueba de la «existencia de unidad de empresa, ni de una situación de control entre Inversiones Dama Salud e Inversiones Dentales del Tolima».
Aunque anuncia un sinnúmero de medios de prueba mal apreciados o preteridos, la censura solo se centra en algunos para desarrollar sus argumentos. La Sala se concentrará en los que realmente sustentan la acusación.
De cara al primer cuestionamiento y sin perder de vista la orientación fáctica de la acusación, cumple acotar que contrario a lo que entiende la censura, las facultades de representación legal no constituyen requisito esencial o sine qua non para habilitar el ejercicio de actos de subordinación sobre los trabajadores. Sin cortapisas, el artículo 32 del estatuto laboral preceptúa que son representantes del empleador y lo obligan frente a sus trabajadores, además de quienes tengan aquel carácter según la ley, la convención o el reglamento de trabajo, quienes ejerzan funciones de dirección o administración, ejerciten actos de representación con la aquiescencia expresa o tácita del empleador, o los intermediarios.
De esta suerte que, con base en las declaraciones de la demandante y las versiones de los testigos, el juzgador de alzada se hubiera referido en forma genérica a dos trabajadoras que habrían fungido como gerentes de la Clínica, no conlleva necesariamente el uso de una categoría jurídica en particular, como la que se deriva de la condición de representante legal de la sociedad. En ese orden, el fallador de segundo nivel no incurrió en los errores endilgados, al desapercibir que Alexandra Pérez y Sandra Castelblanco no aparecían inscritas como representantes legales en los certificados de existencia y representación legal.
Tampoco, al apreciar la circular informativa de 20 de diciembre de 2005 (fls. 27 a 31), ni el acta de capacitación de marzo de 2013 (fl. 51 vto). La primera está suscrita por Alexandra Pérez Cifuentes en calidad de «gerente» y dirigida a todos los odontólogos de la clínica; remite formatos de obligatorio diligenciamiento e imparte instrucciones para la entrega de comprobantes de pago de aportes, so pena de la no cancelación de honorarios. La segunda, da cuenta de que la capacitación para la estandarización de procesos prioritarios asistenciales fue presidida por Sandra Castelblanco, y firma la demandante en señal de asistencia.
Por tanto, aflora evidente que las actuaciones de las personas mencionadas caben dentro de la noción general de representantes del empleador, en los términos atrás descritos, en tanto orientaban la labor de los trabajadores de la Clínica, al menos desde la perspectiva administrativa.
En respuesta al segundo reproche, debe decirse que los certificados de existencia y representación legal (fls. 4 a 12) no aportan información acerca del contrato de franquicia, al que se hizo referencia a lo largo del proceso. Sin embargo, desde la senda escogida para orientar la acusación, la censura no aporta elementos para colegir que aquello fuera obligatorio en el propósito de dar por probada una relación comercial entre ambas sociedades.
Un análisis detenido de la sentencia gravada, permite verificar que el Tribunal no profundizó en esta arista de los hechos en litigio, ni precisó la fuente del convencimiento que obtuvo de la existencia de un contrato de franquicia entre las demandadas. Sin embargo, ello no desarticula las premisas de la conclusión pues, contrario a lo que entiende la censura, el soporte de la existencia del contrato de trabajo entre la actora y las demandadas, no halló venero en dicho contrato comercial, sino en la prestación de servicios personales por parte de aquella a favor de estas.
Con todo, si la razón estuviera de lado de la censura, lo que se observa es que lo que ahora propone la parte recurrente no se aviene al cauce por el que avanzó el litigio. Como se memoró al historiar la actuación, la demandante comenzó por manifestar que Inversiones Dentales del Tolima S.A.S. celebró un «contrato de franquicia» con Inversiones Dama Salud S.A.S., «para el uso y la explotación de la marca Sonría Clínicas Dentales en la ciudad de Ibagué, y en tal virtud tiene un establecimiento de comercio de su propiedad, denominado SONRÍA CLÍNICA DENTAL» (Hecho 1 de la demanda, fl. 238). En respuesta, las demandadas contestaron que ello era cierto (fls. 287 y 312).
De esta suerte, la censura sorprende con el planteamiento traído a sede extraordinaria que, además de fútil, se muestra contradictorio con un hecho que nunca estuvo en discusión a lo largo del proceso.
Otro tanto ocurre con la ausencia de una relación comercial que habilitara a Inversiones Dama Salud S.A.S. para obrar en nombre de Inversiones Dentales del Tolima S.A.S. La censura reprocha que el Tribunal ignorara que ese vínculo no está acreditado en los certificados de existencia y representación legal de las sociedades. De ello, cabe predicar las mismas deficiencias que sirvieron para desechar el argumento sobre la falta de prueba del convenio de franquicia por esta vía.
Adicionalmente, la censura no controvierte que, según el contrato de prestación de servicios valorado en la alzada (fls. 18 a 22), emerge paladino que Inversiones Dama Salud S.A.S. celebró dicho acuerdo «en representación de» Inversiones Dentales del Tolima S.A.S., de donde se sigue lo infundado de la acusación.
El tercer cuestionamiento aborda disquisiciones que escapan a la senda por la que se orienta la acusación; dilucidar si, en determinados sectores de la economía, el uso de herramientas e implementos de propiedad del empresario no puede tomarse como rasgo de subordinación, conlleva una discusión de estirpe jurídica. Está visto que la censura no lo plantea por la vía que correspondía.
En cualquier caso, ninguna posibilidad de éxito se vislumbra en ese horizonte. Por el contrario, la Sala ha explicado que los rasgos de autonomía e independencia del prestador del servicio deben ser claros e inequívocos, si se quiere descartar un vínculo que, en virtud de lo reglado por el artículo 24 del Código Sustantivo del Trabajo, se presume laboral. En ese mismo orden, para evaluar los indicios de la presencia de la subordinación dentro de una relación aparentemente autónoma, en sentencia CSJ SL1439-2021, la Corte acudió a la Recomendación 198 de la OIT. Consideró que el sentenciador debe echar mano de los «datos fácticos relevantes que denoten el ejercicio de facultades empresariales de organización, dirección y control de las condiciones de trabajo».
Antes, en pronunciamiento CSJ SL4479-2020, había destacado la importancia de los indicios de subordinación dentro de «las dinámicas productivas actuales», en tanto sirven de herramienta relevante para resolver casos dudosos, «como aquellos que se presentan en sectores económicos fragmentados por prácticas de tercerización laboral o de subcontratación en las que el juez se enfrenta a una pluralidad de empresas (relaciones multipartitas o redes empresariales) o trabajos caracterizados por el uso intensivo de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones».
La Corte partió de la forma en que deben analizarse dichos criterios de búsqueda de la dependencia, en aras de dilucidar la existencia de una verdadera relación laboral, así:
Cuando el empleador organiza de manera autónoma sus procesos productivos y luego inserta al trabajador en ese ámbito para dirigir y controlar su labor, según esos fines empresariales, se estará ante un indicio claro de subordinación. El trabajador que no tiene un negocio propio, una organización empresarial suya con su propia estructura, medios de producción, especialización y recursos, sino que se ensambla en la de otro, carece de autonomía. No se trata de una persona que desarrolla libremente y entrega un trabajo para un negocio, sino que su fuerza de trabajo hace parte del engranaje de un negocio conformado por otro.
Sobre el particular, la doctrina autorizada ha señalado que el criterio en cita tiene la peculiaridad de englobar una tríada de conceptos: integración, organización y empresa. De modo tal que este indicio se traduce «en la inserción o disponibilidad del prestador de servicios dentro del ámbito de dirección y organización del beneficiario, esto es, en la esfera de la empresa a su cargo», premisa de la que se deriva suficientemente «el carácter dependiente o subordinado de la prestación de servicios».
Al trasluz de esta doctrina y para descartar cualquier dislate del Tribunal en esta materia, que la actora dirigiera comunicaciones a las demandadas para precisar particularidades sobre su disponibilidad para prestar el servicio (fls. 36, 37, 298, 299 y 300), por razones de salud u otras actividades profesionales, no tiene el efecto esperado por la censura. Es decir, no enerva la presunción de subordinación que pesaba sobre el litigio, como quiera que ello no desdibuja que al final del día, la demandante fue insertada en el engranaje empresarial, sin la menor posibilidad de desplegar una actividad libre y desprovista del control propio de un nexo laboral.
El cuarto cuestionamiento no tiene de donde asirse. Lejos está la censura de demostrar que el Tribunal se equivocara al ignorar la solución de continuidad del vínculo. Nada arguye acerca de los documentos que valoró el juez de segundo grado, que obran de folios 23 a 25, en los que Inversiones Dama Salud S.A.S. certificó en diferentes épocas (15 de diciembre de 2011, y 8 de enero y 31 de marzo de 2016), que la actora «presta sus servicios como ortodoncista (…) desde el 8 de enero de 2004». También, porque de la exploración de los contratos mencionados por la censura no se colige un error manifiesto en su valoración.
Si bien, el contrato del 1 de enero de 2008 (fls. 18 a 22) fue celebrado por el término inicial de un año, la censura no aporta elementos que persuadan a la Sala de que el Tribunal hubiera ignorado que este se ejecutó «hasta el 31 de diciembre de 2011». Con mayor razón, si allí se indica que el acuerdo estará sometido a «renovaciones automáticas por igual término si ninguna de las partes manifiesta su intención de terminarlo unilateralmente en cualquier tiempo, dando aviso la una a la otra»; desde la perspectiva fáctica, las recurrentes no aluden a documentos que pongan en evidencia que antes de la suscripción del siguiente contrato, el 10 de septiembre de 2013 (fls. 302 a 306), se hubiera acudido a dicho procedimiento de terminación contractual.
Por el contrario, en el último pacto mencionado, las partes dan por entendido que cualquier contrato anterior «automáticamente queda sin vigencia a partir de la firma del presente instrumento». Es decir, bien puede colegirse de dichas expresiones, que la relación contractual venía en curso al momento de la celebración del nuevo acuerdo, situación que deja sin piso la interrupción alegada por la censura.
La discusión sobre la aplicación en forma automática de las consecuencias previstas en los artículos 99 de la Ley 50 de 1990 y 65 del estatuto laboral (quinto cuestionamiento), tampoco corresponde a la senda seleccionada.
En cualquier caso, no puede menos que descartarse que al Tribunal le hubiera bastado la existencia de obligaciones laborales insolutas, para despachar las condenas cuestionadas en sede extraordinaria. Evidentemente, descendió al plenario para indagar sobre la conducta del empleador, sin hallar rastros de buena fe. En nada permea esta conclusión, la insistencia de las impugnantes en la existencia de los contratos de prestación de servicios y de la documentación propia de esta modalidad; como lo ha enseñado inveteradamente esta Corporación, ese contexto no es suficiente, por sí solo, para justificar la omisión del empleador. Tampoco, lo es la aceptación de los términos contractuales por parte del trabajador, ni su silencio a lo largo del vínculo.
En el mismo sentido, las disquisiciones sobre carga de la prueba del despido no son propias de una discusión de orden fáctico. Ahora bien, sin perder de vista la senda seleccionada, conviene acotar que la declaración de la existencia de un contrato de trabajo supone la aplicación de las reglas que gobiernan su terminación, de suerte que si está demostrado el fenecimiento del vínculo por iniciativa de quien es declarado empleador, como es el caso, a este incumbe probar las razones que justificaron la medida.
En ese contexto, la Sala advierte que si bien, la censura insiste en que el vínculo terminó por expiración del plazo pactado, mediante el aviso estipulado en los contratos de prestación de servicios, deja de lado que el Tribunal dio por sentado que se hallaba ante un contrato de trabajo a término indefinido. Tal premisa, que no es objeto de ataque, respalda el razonamiento del juez colegiado de instancia, en tanto supone que la terminación de esta clase de vínculos debe estar mediada por alguna de las justas causas previstas en la ley laboral. Evidentemente, este pilar no es derruido.
En el séptimo cuestionamiento, la censura reprocha al Tribunal el supuesto desatino en que incurrió al definir el salario base de liquidación de las condenas. Aduce que los guarismos a los que se refirió no coinciden con los planteados en el hecho quinto de la demanda, ni con los medios de prueba recolectados. Así mismo, le imputa desacierto en el cálculo del promedio anual devengado por la trabajadora y que al totalizar lo adeudado por indemnización por falta de consignación del auxilio de cesantías, incluyó todo el 2014, siendo que tenía claro que lo causado antes del 1 de septiembre de ese año, corresponde a periodos afectados por prescripción.
En efecto, para los años 2014 a 2016, el Tribunal se refirió a promedios salariales que no coinciden con los descritos por la actora en el hecho 5 de la demanda. Sin embargo, ello no significa que hubiera incurrido en los errores endilgados, esto es, que hubiera echado mano de información no acreditada en el proceso.
Aunque no lo dijo expresamente, las cifras empleadas por el ad quem coinciden con las indicadas en la sentencia de primer grado, que fueron extraídas de «la información exógena de la demandante de los años 2005 a 2016, suministrada por la DIAN, donde se verifica los pagos por concepto de honorarios reportados a su nombre por las sociedades demandadas» (fl. 426). Es así como para 2014, se señaló la suma de $4.910.453; 2015, $4.441.222; y 2016, $5.546.667. En ese orden, distante está la censura de probar un desacierto del Tribunal en esta materia, con la entidad necesaria para proceder al quiebre de la decisión, en cuanto nada cuestiona de cara a la procedencia y probidad de dichos datos.
En estricto sentido, los reproches que giran en torno al cálculo de la indemnización por falta de consignación del auxilio de cesantías, bien fuera por exceder el promedio salarial diario o desbordar los periodos a liquidar, no reflejan una controversia sobre la valoración o preterición de pruebas calificadas; es decir, no se alude a medios de convicción que puedan ser estudiados por la Sala, para verificar los dislates endilgados al juez plural. En gracia de discusión, tampoco se vislumbra que la censura pretenda poner en evidencia un criterio equivocado en la interpretación o aplicación de las normas sustanciales.
Todo apunta a una inconformidad de las demandadas por el ejercicio aritmético adelantado en la alzada, por manera que conviene acotar que, en aquellos eventos en que las partes consideren que los jueces de las instancias ordinarias del proceso se equivocaron al plasmar los resultados de esa clase de ejercicios, las nomas adjetivas disponen de los mecanismos de aclaración o corrección de la sentencia, en los términos de los artículos 285 y 286 del Código General del Proceso y dentro de las oportunidades allí previstas. El recurso extraordinario no es el medio ni la oportunidad para revivir esa discusión.
Desde la perspectiva fáctica, tampoco tiene cabida la discusión sobre la necesidad de que existiera unidad de empresa o una situación de control empresarial, para que deviniera procedente la condena impuesta a las demandadas. En cualquier caso, como se explicó líneas atrás, la fuente de las obligaciones laborales provino de la demostración de la prestación personal de servicios a órdenes y en beneficio de las sociedades demandadas, que no acreditaron que la actividad de la actora estuviera signada por la autonomía e independencia propia de los vínculos de índole civil.
Como lo ha adoctrinado la Corporación en múltiples oportunidades, la violación indirecta de la ley supone la comisión de errores manifiestos o protuberantes en el ejercicio de valoración probatoria, con la trascendencia o entidad necesaria para variar el curso de la decisión. Nada de esto demuestra la censura, por manera que la sentencia gravada conserva la doble presunción de acierto y legalidad con la cual viene revestida.
Por lo expuesto, la acusación no prospera.
Las costas en el recurso extraordinario estarán a cargo de las recurrentes y a favor de la demandante. Se fija la suma de $9.400.000 a título de agencias en derecho, que deberá ser tenida en cuenta dentro de la liquidación que realice el juez de conocimiento, en los términos del artículo 366 del Código General del Proceso.
DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, NO CASA la sentencia dictada el 19 de septiembre de 2019, por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Ibagué, dentro del proceso seguido por DIANA IVONNE YEPES SÁNCHEZ contra las sociedades INVERSIONES DAMA SALUD S.A.S. e INVERSIONES DENTALES DEL TOLIMA S.A.S.
Costas, como se dejó dicho.
Cópiese, notifíquese, publíquese, cúmplase y devuélvase el expediente al Tribunal de origen.
DONALD JOSÉ DIX PONNEFZ
JIMENA ISABEL GODOY FAJARDO
Salva el voto
JORGE PRADA SÁNCHEZ
Radicación No. 87650
Magistrado Ponente: JORGE PRADA SÁNCHEZ
DIANNA IVONNE YEPES SÁNCHEZ contra INVERSIONES DAMA SALUD SAS e INVERSIONES DENTALES DEL TOLIMA SAS.
SALVAMENTO DE VOTO
Con el acostumbrado respeto por las decisiones que toma esta Corte, debo expresar que, contrario a lo considerado por la mayoría de los integrantes de la Sala, estimo que le asistía razón a la entidad recurrente y su impugnación debió prosperar, dado que se acreditaron los yerros en la decisión del Tribunal, como lo expuso la censura.
Concretamente, a continuación presento los argumentos que me llevan a disentir de la decisión adoptada por la tesis mayoritaria:
En la versión final que se pasó para firma, se dijo:
En estricto sentido, los reproches que giran en torno al cálculo de la indemnización por falta de consignación del auxilio de cesantías, bien fuera por exceder el promedio salarial diario o desbordar los periodos a liquidar, no reflejan una controversia sobre la valoración o preterición de pruebas calificadas; es decir, no se alude a medios de convicción que puedan ser estudiados por la Sala, para verificar los dislates endilgados al juez plural. En gracia de discusión, tampoco se vislumbra que la censura pretenda poner en evidencia un criterio equivocado en la interpretación o aplicación de las normas sustanciales.
Todo apunta a una inconformidad de las demandadas por el ejercicio aritmético adelantado en la alzada, por manera que conviene acotar que, en aquellos eventos en que las partes consideren que los jueces de las instancias ordinarias del proceso se equivocaron al plasmar los resultados de esa clase de ejercicios, las nomas adjetivas disponen de los mecanismos de aclaración o corrección de la sentencia, en los términos de los artículos 285 y 286 del Código General del Proceso y dentro de las oportunidades allí previstas. El recurso extraordinario no es el medio ni la oportunidad para revivir esa discusión.
No comparto estas afirmaciones, pues lo que cuestionó la censura era que, al liquidar la sanción por la no consignación de las cesantías no se tuvo en cuenta la excepción de prescripción y que, por ende, debía liquidarse solo por 4 meses en 2014 y no por todo el año.
Tampoco considero, como se indica a continuación, que tal yerro debía corregirse por la vía de la aclaración o de la corrección de error aritmético, por el contrario, debía entrar la Corte a verificar, a partir de la prescripción que se declaró, si se liquidó adecuadamente dicha sanción, labor que omitió.
Fecha ut supra,
JIMENA ISABEL GODOY FAJARDO
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