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Corte Suprema de Justicia · Sala de Casación Laboral

Sentencia SL1048-2022

Fecha
23 de marzo de 2022
Magistrado ponente
Fernando Castillo Cadena
Citada por
4 providencias

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia SL1048-2022

Corte Suprema de Justicia · Sala de Casación Laboral

Parte resolutiva

VIII. DECISIÓN En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, NO CASA la sentencia dictada el dieciséis (16) de septiembre de dos mil diecinueve (2019) por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, dentro del proceso ordinario laboral seguido por ANA SARET ARDILA RODRÍGUEZ contra TITO LOZANO. Sin Costas.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Corte Suprema de Justicia

Sala de Casación Laboral

Sentencia SL1048-2022

Magistrado ponente: Fernando Castillo Cadena

23 de marzo de 2022

FERNANDO CASTILLO CADENA

Magistrado ponente

SL1048-2022

Radicación n.° 88960

Acta 10

Bogotá, D. C., veintitrés (23) de marzo de dos mil veintidós (2022)

Decide la Sala el recurso de casación interpuesto por ANA SARET ARDILA RODRÍGUEZ, contra la sentencia proferida por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, el dieciséis (16) de septiembre de dos mil diecinueve (2019), en el proceso que promovió contra TITO LOZANO.

I. ANTECEDENTES

Ana Saret Ardila Rodríguez llamó a juicio a Tito Lozano, para que se declarara la existencia de un contrato de trabajo que se desarrolló en forma continua y sin interrupción entre el 8 de septiembre de 2014 y el 11 de mayo de 2016; como consecuencia, se condenara al demandado al pago del auxilio de cesantía, intereses a las cesantías y la sanción por no pago; las primas de servicios, las vacaciones, la indemnización moratoria, la sanción por no consignar el auxilio de cesantía, los recargos nocturnos, horas extras diurnas, dominicales y festivos, de los años 2014 a 2016, la indexación de los valores adeudados, las cotizaciones al sistema de seguridad social, extra y ultra petita y las costas del proceso.

Fundamentó sus peticiones, básicamente, en que: fue vinculada laboralmente mediante contrato verbal para prestar labores, a partir del día lunes 8 de septiembre de 2014, en oficios varios como atender parejas que ingresaban al hospedaje de propiedad del demandado; limpiar pisos, lavado de sábanas, cobijas y toallas; cobrar a los clientes, las cuales desempeñó en un motel ubicado Bogotá; nunca fue afiliada al fondo de pensiones, al reclamar verbalmente por sus derechos se le dijo que no estaba obligado; desempeñaba un horario de 24 horas que iniciaban a las 9 a.m. de un día hasta las 9 a.m. del día siguiente y así sucesivamente; nunca tuvo descanso en las labores que desempeñó; debía laborar todos los domingos bien porque recibiera o entregara turno a las 9 a.m.; que se le pagaba un monto de $50.000 por turno trabajado; laboró en promedio 96 horas por semana lo que sobrepasaba el límite establecido en la ley; trabajó tiempo suplementario horas extras ordinarias, diurnas y nocturnas, horas extras dominicales y festivas diurnas y nocturnas; no fueron pagadas; nunca se le consignó el auxilio de cesantías, ni fue afiliada a una EPS, ni a un fondo de pensiones, ni a una administradora de riesgos laborales; no disfrutó de vacaciones ni se le compensó en dinero; tampoco recibió el pago de las primas de servicio, la de navidad, no se le liquidaron las prestaciones sociales; se le ofreció a la desvinculación la suma de $1.200.000; y que el 11 de mayo de 2016 el demandado llegó al lugar de trabajo en estado de embriaguez a insultarla y la despidió de manera grosera.

Al dar respuesta a la demanda, la parte accionada se opuso a las pretensiones con fundamento en que no existió contrato de trabajo sino «una colaboración», por la que se le pagaba la suma de $50.000; negó los hechos de la demanda, aunque admitió que la actora desempeñaba labores en el hospedaje y que no pagó salarios, ni prestaciones, ni acreencias labores, porque no tenía derecho. En su defensa propuso las excepciones de inexistencia del contrato de trabajo, prueba engañosa e irreal, cobro de lo no debido, mala fe de la demandante, buena fe del demandado y la genérica o innominada.

II. SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

El Juzgado Veinticinco Laboral del Circuito de Bogotá, al que correspondió el trámite de la primera instancia, mediante fallo del 21 agosto de 2019, absolvió al demandado de todas las pretensiones sin imponer costas.

III. SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

La Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, en providencia del dieciséis (16) de septiembre de dos mil diecinueve (2019), al decidir la apelación interpuesta por la parte actora, confirmó la decisión de primer grado e impuso costas a la actora.

En lo que interesa al recurso extraordinario, el Tribunal consideró como fundamento de su decisión, que las pruebas daban cuenta de la prestación personal del servicio de la demandante al servicio del demandado pero que:

[…] el dislate persiste en la ausencia de extremos temporales del vínculo, así como la habitualidad e intencionalidad diaria en su ejecución que permita efectuar el cálculo de las acreencias debidas, pues no solo resulta inviable la confesión ficta prevista en el artículo 205 del CGP por la inasistencia del demandado al interrogatorio de parte, en tanto el operador judicial no efectuó su declaración de manera correcta al ser huérfano en relacionar uno a uno los hechos que la comportarían, como de manera inveterada lo ha enseñado la H. Corte Suprema de Justicia, al constatarse que el A quo solo indicó “no se enumeran de manera expresa en este momento” (CD a folio 54), aunado a que fue la misma accionante quien a folio 11 aceptó que el vínculo fue por turnos y “en forma ocasional”.

Suceso que es reiterado por los testigos ARTURO OSPINA y HÉCTOR ORTÍZ OSPINA al informar, que ellos eran convocados para prestar sendos turnos por las ausencias de ARDILA RODRÍGUEZ, que podían superar entre 20 días y 1 mes, o en otras oportunidades, de 2 y 3 veces por semana, alusiones que dan cuenta de lo accidental o circunstancial de la labor que desplegaba la activa y que impiden consumar un cómputo real de turnos en la semana, el mes o un año prestado, para con ello, desprender el valor de los jornales en cada ciclo de pago y, de contera, ratificar las posibles sumas debidas por acreencias laborales, prestaciones sociales, indemnizaciones, aportes a seguridad social y demás pretensiones reclamadas en el escrito de demanda. Máxime, cuando no hay claridad en los extremos, en tanto el primero alude que posiblemente lo fue en el interregno de 2014 a 2016 y, ORTIZ OSPINA que ello acaeció en el 2016 y por 2 años, ello sería, hasta el 2018.

De manera que, no queda otra solución al presente debate que la confirmación del fallo impartido por el A quo, en tanto no acreditó diáfanamente los extremos temporales y los ciclos ejecutados por turnos, pues solo fue manifestado por la activa en su declaración de parte, sin que ello constituya confesión a voces del artículo 191 del CGP, aplicable por analogía a la jurisdicción laboral según el artículo 145 del compendio procesal laboral.

IV. RECURSO DE CASACIÓN

Interpuesto por la demandante, concedido por el Tribunal y admitido por la Corte, se procede a resolver.

V. ALCANCE DE LA IMPUGNACIÓN

Pretende el recurrente que la Corte case la sentencia impugnada, para que en sede de instancia «REVOQUE la de primer grado y, en su lugar, se condene al señor TITO LOZANO, a reconocer y pagar todas las pretensiones incoadas en la demanda. Sobre costas se resolverá de acuerdo con el resultado del proceso».

Con tal propósito formula un cargo, por la causal primera de casación, que no fue objeto de oposición.

VI. CARGO ÚNICO

Acusa la sentencia recurrida de violar:

[…] indirectamente, por aplicación indebida, el artículo 24 del Código Sustantivo del Trabajo, subrogado por el artículo 2º de la Ley 50 de 1990, en relación con los artículos 22 y 23 del C.S.T., subrogado este último por el artículo 1º de la Ley 50 de 1990, y los artículos 3, 14, 21, 45, 55 y 64 (modificado art. 6º Ley 50 de 1990), 65 (modificado art. 29 Ley 789 de 2002), 127 (modificado art. 14 Ley 50 de 1990), 142, 186, 249 y 306 del Código Sustantivo del Trabajo. Así mismo, el artículo 99 de la Ley 50 de 1990, el artículo 1º de la Ley 52 de 1975; los artículos 1º, 25 y 53 de la Constitución Nacional y los artículos 60, 61 y 77 del Código Procesal del Trabajo; 203, 204 y 205 del Código General del Proceso como violación medio.

Señala que la violación denunciada ocurrió como consecuencia de los siguientes errores evidentes de hecho:

Dar por demostrado, sin estarlo, que entre las partes no se configuró una relación de carácter laboral.

No tener por demostrado, estándolo, que la actora prestó sus servicios personales a favor del demandado bajo continuada subordinación o dependencia laboral.

Dar por demostrado, sin estarlo, que la demandante no logró comprobar los extremos temporales de la relación laboral.

No tener por probado, estándolo, que la relación laboral entre las partes inició en el mes de septiembre de 2014 y finalizó el 14 de junio de 2016.

No dar por demostrado, estándolo, que se obtuvo la confesión ficta[sic] por la inasistencia del demandado al interrogatorio de parte.

Dar por demostrado, sin estarlo, que el juez de primera instancia no hizo un pronunciamiento expreso de los hechos de la demanda que se entendían probados por la confesión ficta.

No dar por demostrado, estándolo, que el vínculo laboral entre las partes termino por decisión unilateral y sin justa causa por el demandado.

No tener por acreditado, estándolo, que la demandante era beneficiaria de todos los derechos y prerrogativas propios de una relación laboral, tales como cesantías, intereses de cesantías, vacaciones, primas de servicios y aportes al sistema de seguridad en pensiones.

No dar por demostrado, estándolo, que el demandado actuó de mala fe durante la vigencia y a la terminación de la relación laboral con la demandante.

No dar por demostrado, estándolo, que la demandante tenía derecho al reconocimiento de la indemnización moratoria, por el no pago completo y oportuno de las prestaciones sociales.

Añade que a los anteriores yerros arribó el Tribunal por las deficiencias en su gestión probatoria que expone así:

PRUEBAS ERRÓNEAMENTE APRECIADAS

Constancia de entrega de bonificación por colaboración prestada, obrante de folio 11 del cuaderno de instancias.

Escrito de demanda, obrante a folios 2 a 8 del cuaderno de instancias.

Contestación de la demanda, obrante a folios 26 a 37 del cuaderno de instancias.

Derecho de petición de fechas 05 de junio de 2016 y 29 de junio de 2016, obrante a folios 12 y 13 del cuaderno de instancias.

Respuesta de fecha 21 de julio de 2016, obrante a folios 20 y 41 del cuaderno de instancias.

La presunción cierta de los hechos de la demanda susceptibles de confesión, obrante a CD a folio 54, record 7:32 y s.s.

PRUEBAS NO CALIFICADAS, ERRÓNEAMENTE APRECIADAS

Testimonio de la señora María Diocelina Maldonado, obrante en CD a folio 54.

Testimonio del señor Arturo Ospina, obrante en CD a folio 54.

Testimonio del señor Héctor Ortiz Ospina, obrante en CD a folio 56.

Asevera que pese a que el sentenciador observó que la demandante prestó sus servicios personales al accionado, no encontró probados los extremos temporales de la relación laboral; y que ello ocurrió por no observar el documento obrante a folio 11 en el que se deriva no solamente la actividad cumplida por la actora, sino que el extremo final del contrato o la terminación ocurrió el 14 de junio de 2016, cuando le entregó una bonificación «por la colaboración que prestó en su negocio de hospedaje».

Anota que el extremo inicial quedó demostrado con la ausencia del demandado a la audiencia de conciliación y al absolver interrogatorio de parte, confesión presunta que recayó en el hecho 4 de la demanda que da cuenta que el inicio fue el 8 de septiembre de 2014, que el Tribunal se rebeló contra dicha prueba con el argumento de que el juez no se pronunció expresamente sobre los hechos que entendía probados, contrario a lo que este expresó en la audiencia respectiva cuando anunció:

No hace presencia el demandado como era su obligación asistir, por lo tanto conforme al artículo 204 y siguientes del Código General del Proceso, se entenderán como ciertos los hechos susceptibles de confesión que vienen relatados en el acápite de hechos de la demanda de folio 4 al 6 del primero al vigésimo noveno. No se enumeran de manera expresa en este momento, pero se entienden incluidos dentro de la presente providencia para los efectos legales […]

Conforme a lo anotado entiende que el juzgador de primera instancia sí hizo un pronunciamiento expreso en torno a los hechos de la demanda sobre los que opera la presunción de certeza, y dado que no se desvirtuó por la demandada, quedó demostrado en el juicio que el contrato inició en septiembre de 2014 y finalizó el 14 de junio de 2016.

Añade que en todo caso, los extremos temporales pudo haberlos extraído de los testimonios de María Docelina Maldonado y Arturo Ospina, quienes coincidieron en señalar que los servicios fueron prestados entre los años 2014 y 2016, por lo que «al tener como referencia en el año, podía dar por probado como data de iniciación de laborales(sic) el último día del último mes de ese año, dado que por lo menos un día de esa anualidad pudo haberlo laborado», prueba que, si bien no es calificada en casación, denota credibilidad y contundencia. Se remite al efecto a las sentencias CSJ SL905-2013, CSJ SL1181-2018, con base en las cuales concluye que el sentenciador podía haber declarado como extremo inicial el 31 de diciembre de 2014 al tener como referencia ese año con base en la prueba testimonial.

Acota que el demandado no logró desvirtuar la presunción de existencia del contrato de trabajo en los términos del artículo 24 del CST, pues quedó demostrado mediante la confesión presunta que el servicio fue «constante y permanente», que se le cancelaba la suma de $50.000 diarios, lo que también se acredita con la contestación de la demanda. Sostiene que el colegiado concluyó sin acierto que la vinculación de las partes no estuvo regida por un contrato de trabajo, pese a que se demostró la ejecución continua de labores de aseo y atención de clientes «la no continuidad fue una afirmación realizada por la parte demandada que de ningún modo fue probada en juicio» y, por la otra, el salario devengado, con base en lo cual era viable efectuar el cálculo de las acreencias laborales.

Finalmente, estima que el juez de alzada debió sopesar la actitud del demandado de no pagar durante la ejecución del contrato y a la finalización del mismo, las prestaciones sociales a que tenía derecho, por el contrario, pagó una suma que denominó por «colaboración» que ascendió a $1.200.000, que impide entender que su conducta estuvo revestida de buena fe, lo que daba lugar a imponer la indemnización moratoria. Por todo lo anterior considera que se debe acceder a lo solicitado en el alcance de la impugnación, revocando la sentencia de primera instancia y condenando al pago de los derechos narrados en las pretensiones de la demanda.

VII. CONSIDERACIONES

Como se recuerda, el Tribunal fundamentó su decisión en que si bien «el debate no radica en la prestación del servicio», el dislate persiste en la ausencia de prueba de los extremos temporales del vínculo, «así como la habitualidad e intencionalidad diaria en su ejecución», pues no consideró viable dar aplicación a la confesión presunta porque el juez no enumeró de manera expresa los hechos de la demanda sobre los que recaía la misma, tal como lo ha indicado la jurisprudencia, sino porque los testigos Arturo Ospina y Héctor Ortiz Ospina, señalaron que la actora se ausentaba por periodos de tiempo que iban entre 20 días y un mes y en ocasiones 2 y 3 veces por semana «alusiones que dan cuenta de lo accidental o circunstancial de la labor desplegada [por] la activa.»

La censura radica su inconformidad en que el juez de primera instancia sí determinó de manera expresa sobre cuáles hechos de la demanda recaía la presunción de veracidad o confesión presunta con base en el cual se podía tener por acreditado el extremo inicial del contrato de trabajo; pero que en todo caso, con otros medios de convicción podía establecer que inició la prestación de servicios en el año 2014, y atendiendo a la jurisprudencia de la Corte, podía entenderse que al menos trabajó durante un día de ese año. El extremo final también puede verificarse con el documento visible a folio 11 que corresponde al pago de la bonificación que el demandado hizo a la actora el 14 de junio de 2016, luego esa fecha podía tomarse también como finalización del vínculo.

En ese orden de ideas, corresponde a la Sala determinar si efectivamente el Juez Plural incurrió en un yerro evidente al no estimar las pruebas obrantes en el expediente, concretamente la confesión presunta prevista en el artículo 205 del CGP, aplicable al proceso laboral por remisión del canon 145 del CPTSS, así como la documental referida en el cargo para determinar los extremos de la relación laboral y, en caso afirmativo, si se imponía la declaración judicial de existencia del contrato de trabajo en los términos solicitados en la demanda.

De manera previa es importante recordar que en el presente asunto el recurrente acude a la vía indirecta con respecto a la cual, es oportuno señalar que, se abre paso cuando el sentenciador estime erróneamente, o deje de contemplar algún medio de prueba. Tal proceder lo conducirá a incurrir en errores de hecho o de derecho, consistentes ambos, en tener por probado dentro del proceso algo que realmente no lo está, o, en no tener por acreditado lo que realmente sí lo está; los primeros, (conocidos como «de hecho»), se cometen –en la casación del trabajo- sólo respecto de las pruebas calificadas, estas son, la confesión judicial, la inspección judicial o el documento auténtico y, los segundos (llamados «de derecho»), sobre las pruebas solemnes.

Ha dicho la Corte igualmente que cuando la acusación se enderece formalmente por la vía indirecta, le corresponde al censor cumplir los siguientes requisitos elementales: precisar los errores fácticos, que deben ser evidentes; mencionar cuáles elementos de convicción no fueron apreciados por el juzgador y en cuáles cometió errónea estimación, demostrando en qué consistió ésta última; explicar cómo la falta o la defectuosa valoración probatoria, lo condujo a los desatinos que tienen esa calidad y determinar en forma clara lo que la prueba en verdad acredita. Dicho en otras palabras, cuando de error de hecho se trata, es deber del impugnante en primer lugar precisar o determinar los errores y posteriormente demostrar la ostensible contradicción entre el defecto valorativo de la prueba y la realidad procesal, sirviéndose para ello de las pruebas que considere dejadas de valorar o erróneamente apreciadas (sentencia CSJ SL, 23 mar. 2001, rad. 15.148).

Sentado lo anterior procede la Sala a analizar si efectivamente incurrió el Tribunal en error evidente de hecho con respecto a las pruebas hábiles denunciadas.

Del documento constancia de entrega de bonificación

A folio 11 obra el documento de la referencia suscrito por la demandante Ana Saret Ardila Rodríguez y el demandado Tito Lozano, mediante el cual se hace constar la entrega de la suma de $1.200.000 que este último hizo a la primera a título de bonificación voluntaria, el cual data del 14 de junio de 2016.

Considera la recurrente que el colegiado incurrió en yerro al estimar esta prueba por cuanto de allí bien pudo establecer, además de las condiciones en las que se prestó el servicio por la actora, la fecha de terminación del vínculo, que corresponde con la fecha del documento.

Revisado el aludido elemento de juicio no encuentra la Corte un error que en el grado de ostensible o evidente se endilga al ad quem, ello en atención a que la fecha allí impuesta da cuenta de la elaboración o suscripción del escrito, sin que pueda por ese hecho considerarse que debía entenderse como el de finalización de la relación laboral, como lo afirma la accionante, con mayor razón si se tiene en cuenta que ésta no coincide con la afirmada en la demanda y en el interrogatorio de parte que absolvió la actora, pues en ambos medios se indica que sus labores las desempeñó hasta el 11 de mayo de 2016.

Demanda y contestación, Petición y respuestas

Se acusa como erróneamente apreciada la demanda y la contestación, así como las solicitudes que se elevaron con fundamento en el derecho de petición y las respuestas a las mismas, conforme obran en el expediente; no obstante lo anterior, salvo en lo relacionado con el monto de la suma cancelada por la labor desempeñada por la actora, que se afirma en las labores que se aceptaron en la contestación de la demanda; en el desarrollo del cargo, ningún argumento se expone para sostener que el sentenciador de segundo grado apreció de manera equivocada tales documentos pues su discurso se fundó exclusivamente en el valor probatorio del documento obrante a folio 11 y en la confesión presunta que dejó de tener en cuenta el sentenciador y a la cual procede la Sala a analizar.

De la confesión presunta

Resulta claro para la Corte que la supuesta disparidad, entre lo que razonablemente se extrae del artículo 205 del CGP con lo expuesto por el Tribunal, se concreta respecto de la posibilidad jurídica de tener en cuenta o no la prueba de confesión con miras a dar por demostrados los hechos de la demanda que soportan las pretensiones del actor, sin parar mientes en la omisión del a quo en punto a precisar los supuestos fácticos que quedaban afectados por dicha declaración, escenario que traduce un ataque propio de la vía directa (CSJ SL, 3 ago. 2010, rad. 35099, CSJ SL17058-2017 y CSJ SL4741-2019).

Lo expuesto es suficiente para dar al traste con la acusación con respecto a la prueba referida en atención a que en el caso concreto se acude a la vía fáctica, no obstante aun cuando se pasara por alto lo anterior, lo cierto es que el artículo 205 del Código General del Proceso dispone que la inasistencia del citado a la audiencia, la renuencia a responder y las respuestas evasivas, harán presumir ciertos los hechos susceptibles de confesión sobre las preguntas asertivas contenidas en el interrogatorio escrito, o a falta de éste, sobre los hechos susceptibles de confesión contenidos en la demanda y en las excepciones o sus contestaciones.

Cabe reiterar el criterio de la Sala en cuanto a que es verdad que resulta ineludible que el juez de primera instancia especifique cuáles son los hechos sobre los que pesa la declaración de confesión judicial y los que no tengan esa virtualidad, ello como garantía del debido proceso y el derecho a la defensa. Esa delimitación procesal no es de poca monta y adquiere mayor entidad en el escenario de casación, dado que, si se trata de lo segundo, es decir, lo que no es susceptible de confesión, generaría un indicio grave en contra del ausente en los términos del artículo 210 del CPC, hoy 205 CGP, prueba que no es calificada (art. 7 L. 16/69, CSJ SL, 12 feb. 1992, rad. 4772, CSJ SL, 22 may. 1992, rad. 4000 y CSJ SL, 2 jun. 2009, rad. 34390).

Es justo ahí donde radica la importancia de identificar los hechos sobre los cuales pesa la confesión presunta, y aquellos que constituyen indicio grave. En ese sentido se ha pronunciado esta Corporación en varias ocasiones, como lo hizo en sentencia CSJ SL, 23 ago. 2006, rad. 27060, reiterada, entre otras, en decisión CSJ SL, 27 jun. 2012, rad. 43398, que explicó:

[…] debe tenerse en cuenta que la que el recurrente aspira se tenga como prueba de confesión presunta no cumple con los requisitos exigidos por la jurisprudencia y por la ley para que se configure esa figura jurídica, de suerte que no sería dable atribuirle al Tribunal un desacierto por no haberla considerado.

En efecto, la sanción prevista por el numeral segundo del inciso 7º del artículo 39 de la Ley 712 de 2001, consistente en presumir ciertos los hechos susceptibles de confesión de la demanda cuando el demandado no comparece a la audiencia de conciliación, se halla concebida en términos similares a las consagradas en los artículos 56 del Código Procesal del Trabajo y 210 del Código de Procedimiento Civil, de tal modo que le resultan aplicables los mismos requerimientos que a estas para que pueda conducir a una confesión presunta. En relación con esas consecuencias ha precisado esta Sala de la Corte que es necesario que el juez deje constancia puntual de los hechos que habrán de presumirse como ciertos, de tal manera que no es válida una alusión general e imprecisa a ellos, como la efectuada en este caso, en que el que el juez de la causa se limitó a consignar en la audiencia celebrada el 8 de marzo de 2004 (f. 67) que ‘… Se presumirán como ciertos todos aquellos hechos susceptibles de prueba de confesión contenidos en la contestación de la demanda y en las excepciones de mérito propuestas en la misma, pues de no admitir esa prueba, se tendrán entonces como un indicio grave en su contra’, pero sin precisar, como era su deber, cuáles de esos hechos se tendrían como ciertos, ni, por la misma razón, cuáles constituirían indicio grave, prueba que, como es sabido, no es hábil en la casación del trabajo.

Con el fin de establecer si en el caso concreto, efectivamente se dio aplicación a lo señalado por la jurisprudencia, esto es, establecer los hechos de la demanda susceptibles de confesión y cuáles no lo son, a efecto de dar cabida a la presunción contenida en la norma adjetiva mencionada, que en consideración del censor sí se cumplió, procede la Sala a revisar la audiencia del 8 de abril de 2019, en la que luego de dejar constancia de la inasistencia del demandado, el juez dijo lo siguiente:

No hace presencia el demandado como era su obligación asistir por lo tanto y conforme al artículo 204 y siguientes del CGP, se entenderán como ciertos los hechos susceptibles de confesión que vienen relatados en el acápite de hechos de la demanda de folios 4 al 6 del primero al vigésimo noveno; no se enumeran de manera expresa en este momento pero se entienden incluidas dentro de la presente providencia para los efectos legales, claro ésta que como toda presunción admite prueba en contrario […]

Con posterioridad a dicha providencia y estando en desarrollo la audiencia se presentó el demandado según se observa en el video y se dejó la constancia respectiva en la diligencia, pese a lo cual no se practicó el interrogatorio de parte, ni se emitió pronunciamiento alguno por el juez, las partes o sus apoderados.

Ahora, aun cuando no existe una fórmula sacramental para que se puedan derivar las consecuencias de la inasistencia a absolver interrogatorio de parte y concretamente para declarar la confesión presunta sobre los hechos que fueran susceptibles de dicho medio de prueba, debe la Sala indicar que el juez sí debe ser suficientemente preciso al aplicar las consecuencias allí previstas y aun cuando en el presente caso el sentenciador de primer grado aludió genéricamente a los hechos de la demanda y a continuación simplemente se limitó a referirse a todos («primero a vigésimo noveno»), sin determinar cuáles de ellos eran susceptibles de confesión y cuáles no, simplemente hizo una enunciación de la que no se podía establecer que, por ejemplo, los extremos temporales allí señalados quedaban revestidos de veracidad, a fin de que la parte demandada hubiera podido infirmar esa decisión en ejercicio del debido proceso y el derecho a la defensa, lo que no se permite en este caso, dada la manera en que lo hizo el a quo.

No obstante lo anterior, y aun cuando se admitiera que la declaración realizada por el sentenciador de primer grado permite inferir que la confesión presunta recayó sobre los hechos de la demanda, incluyendo los extremos y la continuidad de la prestación del servicio, es claro que por tratarse de una presunción legal es susceptible de ser desvirtuada a través de otros medios de prueba como se anunció en la misma providencia referida, o a voces del artículo 197 del CGP, «toda confesión admite prueba en contrario» .

En ese orden, cabe señalar que el juez plural, no solamente encontró que no era válido aplicar la presunción legal, sino que, además, con base en otros medios de prueba, concretamente en el mismo documento obrante a folio 11 en el que la actora declaró que prestó servicio al demandado «en forma ocasional y por turnos», y de la prueba testimonial de Arturo Ospina y Héctor Ortiz Ospina, concluyó que no se podía establecer la continuidad alegada en la demanda, aspecto este último que quedó libre de ataque por la recurrente.

En este punto es necesario recordar que, al acudir en casación, se deben atacar todos los pilares de la sentencia, pues de no ser así y mantenerse inalterados algunos de los fundamentos en los que el juez de alzada fundó su decisión, no es posible quebrar el acto jurisdiccional, que valga la pena mencionar una vez más, está provisto de la doble presunción de legalidad y acierto que es como llegan investidas al Palacio de Justicia las providencias judiciales, atacadas en casación.

Finalmente, como quiera que no se probó el error evidente de hecho sobre las pruebas válidas en casación, no es dable remitirse a la prueba testimonial que también se denuncia en el cargo, conforme a lo dispuesto en el artículo 7 de la Ley 16 de 1969.

Las razones anotadas resultan suficientes para despachar desfavorablemente el cargo.

Sin costas, al no presentarse réplica.

VIII. DECISIÓN

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, NO CASA la sentencia dictada el dieciséis (16) de septiembre de dos mil diecinueve (2019) por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, dentro del proceso ordinario laboral seguido por ANA SARET ARDILA RODRÍGUEZ contra TITO LOZANO.

Sin Costas.

Notifíquese, publíquese, cúmplase y devuélvase el expediente al tribunal de origen.

(Aclara Voto)

IVÁN MAURICIO LENIS GÓMEZ

Presidente de la Sala

GERARDO BOTERO ZULUAGA

FERNANDO CASTILLO CADENA

LUIS BENEDICTO HERRERA DÍAZ

OMAR ÁNGEL MEJÍA AMADOR

ACLARACIÓN DE VOTO

Demandantes: Ana Saret Ardila Rodríguez

Demandado: Tito Lozano

Radicación: 88960

Magistrado Ponente: Fernando Castillo Cadena

Con el acostumbrado respeto a mis compañeros de Sala, y como lo expresé en la sesión en la que se debatió el asunto, comparto la decisión de no casar la sentencia, toda vez que si bien se acreditó en el proceso la subordinación que el demandante ejerció respecto de la actora, lo cierto es que no existe prueba de la habitualidad con la cual aquella prestó sus servicios.

No obstante, aclaro mi voto toda vez que considero que con la manifestación que realizó el juez de primera instancia respecto a los hechos que entendía como susceptibles de confesión sí era procedente en el presente caso dar aplicación a la presunción que consagra el artículo 205 del Código General del Proceso.

Al respecto, es importante destacar que en la audiencia realizada el 8 de abril de 2019, ante la inasistencia del demandado para absolver el interrogatorio de parte, el a quo indicó en forma expresa que «se entenderán como ciertos los hechos susceptibles de confesión que vienen relatados en el acápite de hechos de la demanda de folios 4 al 6 del primero al vigésimo noveno; no se enumeran de manera expresa en este momento pero se entienden incluidas dentro de la presente providencia para los efectos legales, claro ésta que como toda presunción admite prueba en contrario».

Claro lo anterior, a mi juicio, tal manifestación es suficiente para identificar los supuestos fácticos respecto de los cuales el citado juez aplicó la confesión presunta del artículo 205 del Código General del Proceso, lo que es contrario a lo afirmado por la Sala relativa a que tal manifestación es genérica e imprecisa.

En efecto, nótese que el juez de primera instancia identificó claramente los folios en los cuales estaban enunciados los hechos respectos de los cuales se entendería que existió confesión y expresamente manifestó que correspondían a aquellos contenidos en los numerales primero a vigésimo noveno.

Además, no comparto la afirmación respecto a que el cuestionamiento de la recurrente relativa a que la mala valoración del escrito de demanda -ante la no asistencia obligatoria del demandado a absolver el interrogatorio de parte- debió dirigirse por la vía directa; lo anterior, porque al requerirse la valoración de dicha pieza procesal era perfectamente admisible que la acusación se encausara por la vía indirecta.

Así, contrario a lo indicado por la Sala, considero que en el presente caso con la manifestación que realizó el a quo y la valoración de los hechos respecto de los cuales indicó se aplicaba el artículo 205 del Código General del Proceso era viable determinar aquellos supuestos fácticos que se entendían como confesos; cosa distinta es que los mismos se desvirtuaran o no en el trámite del proceso.

Por último, tampoco comparto lo afirmación relativa a que la fecha consignada en la «constancia de entrega de bonificación» no daba cuenta del día en que finalizó el vínculo laboral existente entre demandante y el demandado, toda vez que la misma solo permitía concluir el momento de elaboración o suscripción del documento.

Por el contrario, considero que pese a que dicha calenda no coincidía con aquella que la actora indicó en la demanda o al absolver el interrogatorio de parte como fecha de terminación del vínculo laboral, ello no obstaba para desconocer la «regla de aproximación» que ha creado jurisprudencialmente la Corte, según la cual, en aquellos casos en los que se tiene certeza sobre la prestación de un servicio en un determinado período, los jueces deben ocuparse de desentrañar los extremos temporales de la relación laboral, conforme a lo que logre extraerse de los medios de convicción.

En efecto, nótese que la Sala ha adoctrinado que tales casos debe asumirse que por lo menos la relación laboral se extendió desde «el último día del último mes del año» que se identificó como la anualidad inicial -o aquella data que se pruebe en el proceso como fecha de inicio- hasta «el primer día del primer mes, pues por lo menos un día de esa anualidad pudo haberlo laborado» conforme lo indiquen las probanzas (CSJ SL, 22 mar. 06, rad. 25580; CSJ SL, 28 abr. 2009, rad. 33849; CSJ SL905-2013 y CSJ SL1181-2018).

En tal perspectiva, al no debatirse la existencia de subordinación en el presente caso y existir una certificación de pago de una bonificación -que se aludía como la retribución por la prestación del servicio-, nada impedía que, si bien en el mismo únicamente se consignaba la fecha de suscripción del mismo, se entendiera que la citada calenda correspondía al último día del vínculo laboral.

Así, si bien comparto la decisión de no casar la sentencia toda vez que no se probó la habitualidad con la cual la actora prestó sus servicios en forma ocasional y por turnos, discrepo de los argumentos indicados en precedencia.

Dejo así planteada mi aclaración de voto

Fecha et supra.

IVÁN MAURICIO LENIS GÓMEZ

Magistrado

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