Ficha de la providencia
Sentencia SL1063-2023
Corte Suprema de Justicia · Sala de Casación Laboral
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Corte Suprema de Justicia · Sala de Casación Laboral
Ficha de la providencia
Sentencia SL1063-2023
Corte Suprema de Justicia · Sala de Casación Laboral
República de Colombia
Corte Suprema de Justicia
Sala de Casación Laboral
Sentencia SL1063-2023
Magistrado ponente: Fernando Castillo Cadena
FERNANDO CASTILLO CADENA
Magistrado ponente
SL1063-2023
Radicación n.° 95284
Acta 7
Bogotá D.C., primero (1°) de marzo de dos mil veintitrés (2023).
Decide la Sala los recursos de anulación interpuestos por los apoderados de la CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR COMFENALCO ANTIOQUIA, y de la UNIÓN SINDICAL DE TRABAJADORES DE LA SALUD COMFENALCO -USTSC- contra el laudo arbitral del 21 de julio de 2022, adicionado mediante providencia del 16 de agosto siguiente, proferido por el tribunal de arbitramento obligatorio convocado para dirimir el conflicto colectivo surgido entre las partes recurrentes.
I. ANTECEDENTES
El Ministerio del Trabajo, mediante la Resolución n.° 1438 del 6 de mayo de 2022, convocó e integró un tribunal de arbitramento obligatorio para que dirimiera el conflicto colectivo suscitado entre la UNIÓN SINDICAL DE TRABAJADORES DE LA SALUD COMFENALCO -USTSC- y la CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR COMFENALCO ANTIOQUIA.
II. LAUDO ARBITRAL
El respectivo laudo arbitral fue emitido el 21 de julio de 2022, adicionado mediante providencia del 16 de agosto siguiente.
El tribunal de arbitramento adujo que:
Tuvo como marco de referencia el artículo 458 del Código Sustantivo del Trabajo, lo que supone la necesidad de resolver sobre todas las peticiones contenidas en el pliego presentado por la organización sindical USTSC a la Caja de Compensación Familiar Comfenalco Antioquia sobre las cuales no se presentó acuerdo entre las partes.
Adoptó las decisiones de manera racional y teniendo como criterio fundamental la equidad, que es ponderación, proporcionalidad y razonabilidad, lo que implica considerar las circunstancias en que se encuentran las partes involucradas en el conflicto.
Procedió a un análisis particular de la situación, encontrando de un lado que se está en presencia de una entidad sin ánimo de lucro y cuyo objeto social es la prestación de servicios a los trabajadores y a sus grupos familiares.
Revisó el historial de los aumentos salariales de los últimos años en la entidad, en los que aparecen incrementos generales superiores al IPC. En cuanto a prestaciones sociales, coexisten en la institución tres (3) organizaciones sindicales, cada una con su propio régimen prestacional, además, de un portafolio de beneficios para los trabajadores no sindicalizados, paralelo a los convencionales que se aplican a los sindicalizados.
Encontró que en las prestaciones y beneficios establecidos en la Convención vigente de la Caja con la organización sindical SINALTRACOMFENALCO aparecen prestaciones económicas que el tribunal estima favorables y de las cuales no disfrutan los afiliados a la organización sindical USTSC, por lo cual su inclusión en el laudo a proferir luce como forma conveniente y equitativa de dar solución a varios puntos del petitorio.
En cuanto a los trabajadores en conflicto, halló que el número total de trabajadores de la Caja de Compensación Familiar Comfenalco Antioquia es de 1909, aproximadamente, de los cuales 106 o 108 pertenecen a la organización sindical USTSC, circunstancia a considerar para tratar de preservar la igualdad en el tratamiento de los servidores, evitando diferencias significativas que puedan afectar el clima laboral y complicar el manejo administrativo de la institución.
Se basó en el criterio establecido por esta Corte, en los casos de coexistencia de varias organizaciones sindicales con negociaciones individuales, en cuanto a buscar una armonización entre los distintos estatutos, evitando que se quiebren principios lógicos de unidad en el tratamiento que los empleadores dan a sus trabajadores y procurar «mantener la igualdad de condiciones entre los trabajadores afiliados a los dos sindicatos».
Se pronunció acogiendo la conveniencia de mantener la equidad y el principio de igualdad de los afiliados a la organización sindical USTSC respecto de los trabajadores miembros de SINALTRACOMFENALCO.
III. RECURSO DE ANULACIÓN
Fue interpuesto por los apoderados de la CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR COMFENALCO ANTIOQUIA, y de la UNIÓN SINDICAL DE TRABAJADORES DE LA SALUD COMFENALCO -USTSC-.
IV. RECURSO DE LA CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR COMFENALCO ANTIOQUIA
Solicita: (i) se anule el artículo 15- Crédito calamidad doméstica- o, «subsidiariamente se MODULE sus efectos, para que el crédito por calamidad doméstica funcione con intereses y de forma IDÉNTICA a lo establecido en la convención suscrita con el sindicato SINALTRACOMFENALCO, de forma que no se desdibujen los criterios de equidad y equilibrio económico que imponen la norma especiales aplicables al sector de subsidio familiar, los cuales son de obligatorio cumplimiento para la Caja,» y (ii) se anule el artículo 3- Indemnización por despido sin justa causa- o, «subsidiariamente se MODULE sus efectos, para que se entienda que el personal sindicalizado afiliado a la UNIÓN SINDICAL DE TRABAJADORES DE LA SALUD COMFENALCO “USTSC” con antigüedad entre 10 años y un día, y hasta antes de cumplir 15 años, no se incluya en la tabla de indemnización por despido extralegal por no haberse solicitado en el pliego de peticiones». La Unión Sindical de Trabajadores de la Salud Comfenalco -USTSC-, se opuso a la prosperidad de la impugnación.
1. Crédito calamidad doméstica
1.1 Pliego de peticiones
5.18 Crédito de calamidad doméstica a) Los trabajadores beneficiarios de la presente Convención Colectiva de Trabajo o Laudo Arbitral, tendrán derecho a participar del fondo para crédito de calamidad doméstica, el cual estará destinado para otorgarles créditos en caso de calamidad doméstica debidamente comprobada. b) Se incluye como calamidad doméstica entre otros, la muerte de los hijastros, un familiar hasta el cuarto grado de consanguinidad, segundo de afinidad, tercero civil. c) El monto del crédito será hasta de diez (10) SMLMV sin interés, a un plazo máximo de sesenta (60) meses. Para administrar el fondo, la empresa aplicará el reglamento correspondiente.
1.2 Laudo arbitral
ARTÍCULO 15. CRÉDITO DE CALAMIDAD DOMÉSTICA Los beneficiarios del presente laudo tendrán derecho a participar del fondo para crédito de calamidad doméstica creado en la Caja en el año dos mil veinte (2020) para los trabajadores de la Caja en igualdad de condiciones que los demás empleados de la misma. El cual estará destinado para otorgarles créditos en caso de calamidad doméstica debidamente comprobada. Se incluye como calamidad doméstica la muerte de un familiar hasta el cuarto grado de consanguinidad y primero de afinidad. El monto del crédito será hasta de tres (3) SMLMV, sin intereses, a un plazo máximo de treinta y seis (36) meses. Para administrar el fondo, la Gerencia de lo Humano aplicará el reglamento correspondiente.
1.3 Argumentos de la Caja de Compensación Familiar Comfenalco Antioquia
Sostiene que la decisión arbitral, es manifiestamente inequitativa, toda vez que, sin justificación alguna, el crédito es reconocido sin intereses, cuando para «los trabajadores de la Caja, afiliados a los demás sindicatos (UNIÓN SINDICAL DE TRABAJADORES Y EMPLEADOS DE LAS CAJAS DE COMPENSACIÓN DE COLOMBIA “USTECCFC” y SINALTRACOMFENALCO) el mismo crédito tiene un interés mensual del cero punto cuatro por ciento (0.4%), lo que genera una inequidad entre los trabajadores y un favorecimiento INJUSTIFICADO a un GRUPO DE TRABAJADORES en específico».
Lo anterior es relevante por varias razones:
1. El Tribunal argumenta en las consideraciones que tomó como parámetro para reconocer el referido beneficio lo establecido en otro contrato colectivo existente previamente en la Caja, específicamente lo contenido en la convención colectiva suscrita con el sindicato SINALTRACOMFENALCO; sin embargo, esta armonización no se refleja en la parte resolutiva del laudo, ya que se trascribe el mismo texto del beneficio contenido en la convención de SINALTRACOMFENALCO, pero agregando, sin ninguna justificación, la expresión: «sin intereses», lo que genera una diferencia sin ninguna razón y contraria el criterio de armonización previsto que el propio Tribunal.
2. El no ordenar intereses, genera una carga económica adicional para la Caja, lo cual está en contra de los criterios legales que regulan a la misma. Es importante precisar que las Cajas de Compensación Familiar son entidades de derecho privado sin ánimo de lucro, organizadas en forma de corporación, y que se encargan del recaudo, la administración y el pago del subsidio familiar a los beneficiarios. A partir de allí, todos los recursos que maneja la Caja se entienden como aportes de carácter parafiscal, que deben ser reinvertidos en el mismo sector.
De ahí que, por la naturaleza jurídica de los recursos de las Cajas de Compensación, su destinación tiene una limitación conforme lo establecido en el artículo 43 de la Ley 21 de 1982.
En ese orden de ideas, las Cajas de Compensación Familiar solo pueden disponer para sus gastos de administración y funcionamiento de un 8% de sus ingresos por concepto de aportes parafiscales.
En este mismo marco, recientemente, fue proferido el Concepto con radicado No. 2021IE0099353 por parte de la Oficina Jurídica de la Contraloría General de la República, de fecha 18 de noviembre de 2021, adjunto, «en el que se concluye que el otorgar beneficios extralegales pactados en acuerdos colectivos a los trabajadores de las Cajas de Compensación con recursos del 4% rompe el principio de economía, en la medida que los recursos de la caja son de carácter público»; por lo que, se restringe o limita la posibilidad de otorgar beneficios extralegales a los trabajadores de la Caja con recursos diferentes a los propios.
3. Partiendo de lo anterior, las Cajas de Compensación Familiar, solo pueden invertir sus recursos en los términos establecidos en la normatividad vigente, por lo que, no podrá excederse bajo ninguna circunstancia, del valor designado para cada uno de los rubros señalados previamente, debiendo entonces tenerse en cuenta que, cualquier obligación que se derive de la suscripción de un pacto colectivo, convención colectiva o laudo arbitral, debe ajustarse a los porcentajes establecidos en la ley y, por supuesto, se reitera, no debe excederlos. Para ello, recuerda que, si bien es cierto los trabajadores pueden propiciar espacios de negociación a fin de lograr mejoras laborales y una instancia arbitral resolver el conflicto colectivo, a falta de acuerdo de la empresa y el sindicato, no es menos cierto que, las condiciones laborales que se negocien mediante la suscripción de convenciones, pactos colectivos y/o laudos arbitrales, no deben afectar, ni alterar la normalidad económica de las Cajas, máxime si, como en nuestro caso, se hace imperativo mantener un equilibrio económico para la distribución de los recursos, los cuales devienen completamente del aporte de nuestros afiliados.
1.4 Réplica de la Unión Sindical de Trabajadores de la Salud Comfenalco -USTSC-
Afirma que los árbitros, «con su laudo arbitral», no desbordaron su competencia ni le cercenaron derechos a ninguna de las partes, pues lo que decidieron en equidad es plausible y tenían competencia para ello. En sus palabras:
Lo dicho por el empleador sobre el crédito de calamidad domestica trae una argumentación sobre un fondo de vivienda que no ha lugar, adicionalmente con sus razones pretende limitar la negociación colectiva a elementos presupuestales, lo que va en contravía del principio de la libertad de negociación colectiva, los jueces en equidad lo que hicieron fue plegarse en este punto a una parte del pliego de peticiones presentado por el sindicato donde pretendía un crédito sin intereses.
V. CONSIDERACIONES
Como en otras ocasiones lo ha explicado esta Sala, en los eventos de entidades sin ánimo de lucro (CSJ SL4827-2020), la naturaleza de la Caja de Compensación no puede constituirse en un obstáculo para los árbitros a la hora de resolver el conflicto y tratar de hacer su labor creadora, toda vez que sus colaboradores, sin hesitación ninguna, se encuentran habilitados para asociarse en las organizaciones permitidas por el ordenamiento jurídico, promover conflictos colectivos, que de llegar al escenario arbitral, es posible un mejoramiento de sus condiciones laborales, claro está, y así lo definieron en este caso los componedores, puesto que adujeron con contundencia que estaban «en presencia de una entidad sin ánimo de lucro y cuyo objeto social es la prestación de servicios a los trabajadores y a sus grupos familiares», por lo que tal consideración se erige en un buen parámetro para limitar las concesiones hechas a los trabajadores y, de esa manera, no afectar la sostenibilidad y existencia misma de la institución.
En la mencionada providencia esta Corte también explicó que la circunstancia de que los trabajadores exijan ciertas prerrogativas laborales que superen los mínimos previstos en la ley, y que los árbitros en su función componedora accedan a ello, para nada desconoce la esencia misma de las entidades sin ánimo de lucro; por el contrario, realza su naturaleza, ya que va en la misma vía del derecho de asociación y de iniciativa privada con que se forman esas instituciones, permitiendo no solo que sus recursos y excedentes se inviertan de forma exclusiva en la realización de su objeto, sino igualmente, promoviendo en otros, por ejemplo, sus propios trabajadores, valores y actitudes de justicia social, equidad, género, participación, solidaridad y crecimiento, que son los motivos que inspiran la creación de dichas entidades no lucrativas.
De otra parte, la recurrente no acredita con plena certeza cómo lo decidido por los árbitros desconoce las diferentes leyes citadas, y cómo puede afectar o alterar «la normalidad económica de las Cajas, máxime si, como en nuestro caso, se hace imperativo mantener un equilibrio económico para la distribución de nuestros recursos, los cuales devienen completamente del aporte de nuestros afiliados».
De todas formas, no olvidemos que el dinero se otorga a título de crédito, lo que implica que el trabajador debe devolver lo recibido por concepto de calamidad doméstica.
Ahora bien, en lo que sí tiene razón la recurrente es que la norma arbitral presenta una falencia que riñe con el principio de equidad, y es el relacionado con el no cobro de intereses, ya que esa gratuidad va en desmedro de la capitalización y sostenimiento de los recursos necesarios para seguir asumiendo las necesidades que requieren los trabajadores, acorde con la finalidad con la que se creó el auxilio (CSJ SL282-2021).
A propósito, la Corporación, en sentencia CSJ SL4259-2020, razonó:
Pero en lo atinente a la generación de intereses […] por ser un tema que escapa a la órbita de decisión de los árbitros y que se puede constituir en un elemento de inequidad de los préstamos. De manera que es a las partes, con las limitaciones legales sobre generación de réditos en el campo del derecho laboral, a quienes corresponde delinear este aspecto del préstamo, atendiendo las especiales circunstancias en las que éste se otorga y velando que la naturaleza del fondo rotatorio, no se desvirtúe, es decir, que no pierda su carácter solidario y no se descapitalice, para que pueda seguir cumpliendo con la finalidad para la cual es creado, con lo que, los intereses generados por los préstamos concedidos, pueden ser una fuente permanente de ingresos para el mismo.
Por consiguiente, se mantendrá la disposición arbitral con excepción de la expresión «sin intereses», la cual se anulará, en tanto la imposición o exoneración de estos no es de competencia de los árbitros, sino que debe ser consensuado por los protagonistas sociales.
2. Indemnización por despido sin justa causa
2.1 Pliego de peticiones
4.2 Indemnización por despido sin justa causa: Si La Caja determina unilateralmente dar por terminado el contrato de trabajo, deberá pagar al trabajador afiliado al sindicato además de la indemnización dispuesta en la ley vigente al momento de la finalización del vínculo laboral, una indemnización así:
a) Diez (10) días adicionales de lo que establezca la ley laboral vigente al momento de la terminación del contrato de trabajo a quienes lleven entre tres meses y un año.
b) Quince (15) días de salario adicionales a la tabla legal, a los trabajadores cuyo contrato de trabajo hubiere tenido una duración entre 1 año y 1 día y 5 años, por cada uno de los años laborados
c) Veinte (20) días de salario adicionales a la tabla legal a los trabajadores cuyo contrato hubiere tenido una duración entre 5 años y 1 día y 10 años, por cada uno de los años laborados.
d) Veinticinco (25) días de salario adicionales a la tabla legal a los trabajadores cuyo contrato hubiere tenido una duración entre 15 años y 1 día y 20 años.
e) Treinta (30) días de salario adicionales a la tabla legal, a partir del año 20 y 1 día, por cada uno de los años laborados.
2.2 Laudo arbitral
ARTÍCULO 3. INDEMNIZACIÓN POR DESPIDO SIN JUSTA CAUSA En los casos de terminación unilateral del contrato de trabajo a término indefinido, sin justa causa, por parte de la Caja de Compensación Familiar COMFENALCO Antioquia, ésta reconocerá a los trabajadores beneficiarios del presente laudo, además de la indemnización dispuesta en la ley vigente al momento de la finalización del vínculo laboral, una indemnización así:
• Por el primer año, lo que establezca la ley laboral vigente al momento de la terminación del contrato de trabajo.
• Tres (3) días de salario adicionales a la tabla legal, a los trabajadores cuyo contrato de trabajo hubiere tenido una duración entre 1 año y 1 día y 5 años por cada uno de los años laborados.
• Siete (7) días de salario adicionales a la tabla legal a los trabajadores cuyo contrato hubiere tenido una duración entre 5 años y 1 día y 10 años por cada uno de los años laborados.
• A partir del año diez (10) y un (1) día se reconocerán diez (10) días de salario adicionales a la tabla legal, por cada uno de los años laborados.
2.3 Argumentos de la Caja de Compensación Familiar Comfenalco Antioquia
Expone que los árbitros exceden su competencia al reconocer un beneficio que no fue solicitado en el pliego de peticiones del sindicato, en la forma en como fue concedido en el laudo.
En el artículo del pliego de peticiones no se encuentra la indemnización «para la población con antigüedad entre 10 años y un día, y hasta antes de cumplir 15 años. Por lo que, al ordenar el tribunal que “[a] partir del año diez (10) y un (1) día se reconocerán diez (10) días de salario adicionales a la tabla legal, por cada uno de los años laborados.”, está excediendo sus competencias».
Es decir, que el sindicato al no incluir en el pliego de peticiones la solicitud de una tabla de indemnización extralegal para un grupo específico de trabajadores, (los que contaran con una antigüedad superior a 10 años e inferior a 15), «le estaba vetado» a los árbitros resolver sobre la misma, ya que estos no pueden otorgar beneficios más allá de lo pedido en el pliego.
2.4 Réplica de la Unión Sindical de Trabajadores de la Salud Comfenalco -USTSC-
En relación con la indemnización los árbitros tienen plena potestad para moderar las peticiones del pliego de peticiones, esto no significa que el Tribunal haya fallado extra o ultra petita. Apoya su argumentación en la sentencia CSJ SL 3453 de 2022.
VI. CONSIDERACIONES
Desde el umbral, una precisión insoslayable: dada la naturaleza jurídica del recurso extraordinario de anulación, la Corte tiene competencia para pronunciarse única y exclusivamente en torno al punto materia de disconformidad que exhibe la recurrente, esto es, «que al sindicato no incluir en el pliego de peticiones la solicitud de una tabla de indemnización extralegal para un grupo específico de trabajadores, (los que contaran con una antigüedad superior a 10 años e inferior a 15), le estaba vetado a los árbitros resolver sobre la misma, ya que estos no pueden otorgar beneficios más allá de lo pedido en el pliego».
PLIEGO DE PETICIONES
LAUDO ARBITRAL
4.2 Indemnización por despido sin justa causa Si La Caja determina unilateralmente dar por terminado el contrato de trabajo, deberá pagar al trabajador afiliado al sindicato además de la indemnización dispuesta en la ley vigente al momento de la finalización del vínculo laboral, una indemnización así:
a) Diez (10) días adicionales de lo que establezca la ley laboral vigente al momento de la terminación del contrato de trabajo a quienes lleven entre tres meses y un año.
b) Quince (15) días de salario adicionales a la tabla legal, a los trabajadores cuyo contrato de trabajo hubiere tenido una duración entre 1 año y 1 día y 5 años, por cada uno de los años laborados
c) Veinte (20) días de salario adicionales a la tabla legal a los trabajadores cuyo contrato hubiere tenido una duración entre 5 años y 1 día y 10 años, por cada uno de los años laborados.
d) Veinticinco (25) días de salario adicionales a la tabla legal a los trabajadores cuyo contrato hubiere tenido una duración entre 15 años y 1 día y 20 años.
e) Treinta (30) días de salario adicionales a la tabla legal, a partir del año 20 y 1 día, por cada uno de los años laborados.
ARTÍCULO 3. INDEMNIZACIÓN POR DESPIDO SIN JUSTA CAUSA En los casos de terminación unilateral del contrato de trabajo a término indefinido, sin justa causa, por parte de la Caja de Compensación Familiar COMFENALCO Antioquia, ésta reconocerá a los trabajadores beneficiarios del presente laudo, además de la indemnización dispuesta en la ley vigente al momento de la finalización del vínculo laboral, una indemnización así:
• Por el primer año, lo que establezca la ley laboral vigente al momento de la terminación del contrato de trabajo.
• Tres (3) días de salario adicionales a la tabla legal, a los trabajadores cuyo contrato de trabajo hubiere tenido una duración entre 1 año y 1 día y 5 años por cada uno de los años laborados.
• Siete (7) días de salario adicionales a la tabla legal a los trabajadores cuyo contrato hubiere tenido una duración entre 5 años y 1 día y 10 años por cada uno de los años laborados.
• A partir del año diez (10) y un (1) día se reconocerán diez (10) días de salario adicionales a la tabla legal, por cada uno de los años laborados.
Pues bien, lo primero que hay que decir es que el laudo arbitral es incongruente por ultra petita cuando concede más de lo implorado por los trabajadores en el pliego de peticiones.
Para esta Corte, la disonancia planteada por la sociedad recurrente, en puridad de verdad, no pasa de ser simple apariencia, toda vez que al rompe, fácil se advierte que el sindicato al elaborar el pliego de peticiones incurrió simplemente en un lapsus calami o errores de pluma cuando al elaborar la tabla de indemnización pasó por alto incluir la indemnización por terminación del contrato de trabajo sin justa causa para los trabajadores con antigüedad superior a 10 e inferior a 15 años de servicios.
Repárese, además, que, si en el pliego se solicitó como indemnización el equivalente a 20 días de salario para quienes fueran despedidos con más de cinco años y hasta diez años, y se pretendía el equivalente a 25 días, para los que tuvieran más de quince años, el valor concedido por el tribunal, esto es, 10 días de salario para quienes tuvieran más de una década de servicios, evidentemente no supera lo solicitado.
Lapsus que se hace más notorio si se avista que la tabla indemnizatoria va acompañada de la antigüedad que tenga el trabajador en su empleo, es decir, acorde con el tiempo laborado; luego iría contra toda lógica jurídica pensar que entre más tiempo laborado menor sea la reparación de los perjuicios e incluso excluir a dichos trabajadores, sin justificación alguna, constituiría una notoria discriminación proscrita por la Constitución Política e instrumentos internacionales.
Por lo expuesto, no se anulará la disposición controvertida.
Sin costas dada la prosperidad del recurso.
VII. RECURSO DE LA UNIÓN SINDICAL DE TRABAJADORES DE LA SALUD COMFENALCO -USTSC-
La organización sindical pretende la devolución del expediente al Tribunal para que se pronuncie sobre lo que se declaró inhibido o incompetente, así como anular el laudo o, en su defecto, modular de manera excepcional el mismo, de las siguientes cláusulas arbitrales. El recurso fue replicado por la empleadora.
1. Evaluación de desempeño
• Pliego de peticiones
4.3 Evaluación de desempeño La Caja podrá realizar si lo requiere la aplicación de la evaluación de desempeño para desarrollar y gestionar el talento humano a través de la metodología que crea pertinente, pero en ningún caso esta se tendrá como prerrequisito para acceder a cualquiera de las prestaciones que contenga la Convención Colectiva de Trabajo o Laudo Arbitral, ni podrá supeditar la entrega de ningún emolumento pactado respecto a ninguno de los resultados en la escala determinada para su medición, en ningún caso las evaluaciones y resultados de desempeño, se utilizarán para discriminar, sancionar, condicionar el acceso a los recursos, empleos, oportunidades o beneficios que brinda la Caja, como tampoco justificación para despedir al trabajador.
2. Vacantes y ascensos
• Pliego de peticiones
4.6 Vacantes y ascensos a) La Caja garantizará durante la vigencia de la Convención Colectiva o del Laudo Arbitral, la participación de un miembro del sindicato en el Comité de Escalafón Docente b) Las vacantes se proveerán de conformidad con la política de selección vigente de la organización al momento del respectivo proceso de selección. c) Cuando resultare una vacante, inicialmente la convocatoria debe realizarse al interior de la Caja; teniendo como primera opción el trabajador (a) que por su formación académica y de crecimiento en la empresa pueda postularse para aplicar a dicho cargo. d) Los procesos de convocatoria a cualquier cargo dentro de La Caja serán de carácter público, donde pueda evidenciarse con claridad fáctica los puntajes de cada prueba aplicada. e) Si un trabajador a través del concurso de una convocatoria y habiendo surtido todas las pruebas y requisitos resultare ganador de una vacante, por ningún motivo se le exigirá cambio de régimen contractual como condición para su nombramiento. f) Los representantes de la junta directiva, trabajadores y trabajadoras, que se encuentren afiliados al sindicato, podrán postularse a las convocatorias sin ninguna discriminación, considerando que tienen la formación académica, habilidades y competencias, para aplicar a dicho cargo o ascenso
• Laudo arbitral
En relación con los artículos 4.3 (Evaluación de desempeño) y 4.6 (Vacantes y ascensos) del petitorio, el Tribunal los negó al estimar que el manejo de los dos temas pertenecen al resorte exclusivo del empleador, ya que tienen que ver con políticas de manejo interno cuya definición son de su exclusiva competencia, bajo el entendido de que en su ejercicio no puede desbordar los marcos legales, pero sin que le sea dable a los árbitros como terceros imponer limitaciones o reglamentaciones como las que acá se persiguen.
2.1 Argumentos comunes de la Unión Sindical de Trabajadores de la Salud Comfenalco -USTSC-
El colegiado negó las peticiones al considerar, en resumen, que no eran competentes pues «los dos temas pertenecen al resorte exclusivo del empleador, ya que tienen que ver con políticas de manejo interno cuya definición son de su exclusiva competencia, bajo el entendido de que en su ejercicio no puede desbordar los marcos legales, pero sin que le sea dable a los árbitros como terceros imponer limitaciones o reglamentaciones como las que acá se persiguen».
Si se analiza con detenimiento la petición de evaluación de desempeño es claro que, si bien el empleador tiene la potestad de evaluar el desempeño del trabajador, la evaluación de desempeño no puede ser un elemento que limite, restrinja el acceso a las prestaciones extralegales obtenidas vía autocomposición del conflicto materializada en la convención colectiva (salvo que las partes así lo pacten) o por la heterocomposición por un laudo arbitral, de modo, que en ese aspecto por ser un asunto de naturaleza económica y por no estar reglado en la ley, sí tenía competencia el tribunal de arbitramento para pronunciarse al respecto.
En relación con la petición de vacantes y ascensos los falladores también tenían competencia en lo que atañe a los literales a), b) y f).
Sobre la participación de un miembro del sindicato en el Comité de Escalafón Docente, es perfectamente válido «por ser una interesante forma del devenir de la democracia participativa que un miembro del sindicato-9823451102042500 pertenezca a este escalafón, pues permiten la fluidez del diálogo entre empleadores y trabajadores y acercan al país al cumplimiento de recomendaciones de organismos internacionales especializados del mundo del derecho del trabajo. Este miembro del sindicato podrá deliberar sobre asuntos de interés de los trabajadores, el acceder a ello en nada restringe las libertades y facultades del empleador». Trae a colación la sentencia CSJ SL 2615-2020.
2.2 La Réplica de la Caja de Compensación Familiar Comfenalco Antioquia
Acota que a los árbitros no les es dable establecer los criterios para la evaluación de desempeño en una empresa. Esta última es la única llamada determinar cuáles son los aspectos a tener en cuenta al momento de evaluar a un trabajador (CSJ SL2008-2021).
El comité solicitado sí pretendía la intervención del sindicato en las políticas de la empresa relacionadas con vacantes y/o promociones y ascensos, razón por la cual los árbitros negaron tales peticiones.
VIII. CONSIDERACIONES
A la luz de la norma constitucional aplicable a la libertad empresarial -artículo 333 CP-, que implica la libertad contractual y la negociación colectiva; en el conflicto laboral se habilita a las partes para llegar a acuerdos frente a la referida materia, pero la situación es sustancialmente diferente cuando resulta fallida la etapa de arreglo directo y, el tribunal debe decidir sobre el pliego de peticiones objeto de negociación, por cuanto en ese estadio, está limitado por la Constitución y la ley, quien le veda pronunciarse sobre ciertos temas que, se itera, son del resorte exclusivo de las partes en ejercicio de la autocomposición (CSJ SL4233-2022 y CSJ SL3248-2022).
En ese horizonte, verbigracia, temas que gravitan en torno a los procesos de evaluación de desempeño, establecimiento de escalafón de cargos u oficios, vacantes y ascensos no son de competencia de los árbitros, dado que son actividades que palmariamente constituyen funciones que atañen al empleador, pues son de su resorte autónomo determinar las metodologías que sirvan para valorar la labor de sus trabajadores, con el fin de establecer si la misma es eficaz y eficiente para las necesidades de la empresa, luego, adoptar decisiones de esa naturaleza, representa invadir y restringir las facultades que por constitución y ley le son otorgadas al empleador y que son inherentes las atribuciones de dirección, organización, conducción y manejo empresarial (CSJ SL3254-2022, CSJ SL2008-2021, CSJ SL2488-2019, CSJ SL 2034-2016).
De suerte que no procede la devolución de esta cláusula en los términos solicitados por el sindicato.
3. Permisos 24 y 31 de diciembre
3.1 Pliego de peticiones
5.35 Permiso por 24 o 31 de diciembre La Caja otorgará permiso remunerado a los trabajadores por el día veinticuatro (24) o el treinta y uno (31) de diciembre de cada año, siempre que cumplan las siguientes condiciones: a) Para cubrir el servicio sólo debe contarse con el personal del área b) Se garantice equidad entre las personas de la respectiva área. c) Este permiso no se aplica a quienes en las fechas antes indicadas se encuentren en vacaciones, incapacidades o licencias. d) No es acumulable. e) Para este efecto, la administración elaborará los cuadros de turnos que permitan garantizar que unas personas descansen por el día veinticuatro (24) de diciembre y otras por el día treinta y uno (31). Parágrafo. Cuando la fiesta de fin de año sea atendida por el área de esparcimiento de la Caja, la Gerencia de lo Humano organizará una actividad alterna, para aquellos trabajadores que prestaron servicio en este evento.
3.2 Laudo arbitral
En cuanto a la petición 5.35 (Permiso por 24 o 31 de diciembre), el Tribunal decidió negarlo por mayoría, no obstante encontrarse este tipo de permiso previsto en la convención colectiva de trabajo vigente entre la Caja y SINALTRACOMFENALCO. Lo anterior porque entienden los árbitros que los días 24 y 31 son días hábiles y no les está permitido a ellos exonerar a los trabajadores de la obligación contractual de prestar el servicio en esas fechas, beneficio que bien puede conceder la entidad empleadora en la etapa de la autocomposición, pero que en sentir de este Tribunal excede el ámbito de sus facultades. El Dr. León Ovidio Medina salvó el voto frente a esta decisión.
3.3 Argumentos de la Unión Sindical de Trabajadores de la Salud Comfenalco -USTSC-
Los árbitros sí tienen competencia (por ende se deberá devolver el laudo para que se pronuncien) para conceder este beneficio extralegal, por tratarse de una petición económica que va más allá de la ley y que se trata de permisos remunerados al igual que un permiso sindical o un permiso por calamidad doméstica que se concede en horas hábiles y días hábiles de trabajo, donde se exonera a los trabajadores de su obligación contractual de prestar el servicio; es más, según la petición será el empleador quien decide si concede el permiso, de modo, que no hay injerencia en la fijación de la jornada laboral que será fijada por el empleador ni intrusión en los días de descanso determinados por la ley, pues se reitera no es un descanso, es un permiso.
Beneficio que, sí concede la empresa a los afiliados de la organización Sinaltracomfenalco y al personal no sindicalizado, por lo que no acceder a lo solicitado, es una discriminación sin sustento.
3.4 La Réplica de la Caja de Compensación Familiar Comfenalco Antioquia
La jurisprudencia no les permite a los árbitros tal atribución. Es decir, si bien es cierto que los árbitros resuelven el conflicto colectivo en equidad y pueden tomar como referencia otras convenciones colectivas existentes en la empresa, también es cierto que no pueden ordenar en los laudos aspectos que exceden su competencia.
IX. CONSIDERACIONES
En lo que concierne a la petición del descanso remunerado el 24 y 31 de diciembre de cada anualidad, esta Sala, también en el referido fallo, CSJ SL3254-2022, trajo a colación la sentencia CSJ SL2615-2020, reiterada en providencia CSJ SL2887-2021, en la que se adoctrinó que los árbitros no pueden imponer al empleador obligaciones en menoscabo de su autonomía administrativa, pues «las modificaciones de aspectos relacionados con jornada laboral, descansos, manejo de turnos de trabajo, vacaciones y otros aspectos» no pueden regularse a través de decisiones arbitrales, ya que es la ley (artículos 186 a 192 CST y 1.° Ley 59 de 1983), la que determina, en el evento de las vacaciones, las condiciones de concesión y remuneración por parte del empleador, del cómo se habrá de disfrutar del referido descanso, así como de los días que son de obligatorio descanso y que deben ser remunerados por el empleador.
Luego, siendo ello así, no se accederá a la devolución del laudo.
4. Auxilio por excluidos de la convención colectiva de trabajo
4.1 Pliego de peticiones
6.4 Auxilio por excluidos de la Convención Colectiva de Trabajo Como auxilio por no aplicación de la Convención Colectiva de Trabajo o del Laudo Arbitral, a los trabajadores que desempeñen o llegaren a desempeñar cargos en los niveles directivo, directivo medio, coordinador, según la estructura organizacional de la Caja, así como a los trabajadores contratados para cumplir con los convenios y contratos suscritos por ella, La Caja pagará al Sindicato un auxilio por valor de cuarenta millones de pesos m.l. ($40.000.000) anuales, pagadero en doce (12) cuotas, los cuales serán consignados dentro de los cinco (5) primeros días de cada mes de los años indicados.
4.2 Laudo arbitral
En cuanto a la Petición 6.4 del pliego (Auxilio por excluidos de la Convención Colectiva de Trabajo), los árbitros decidieron negarla por considerar que no pueden atenderla desde el punto de vista de sus facultades, fijando una suma de dinero como contraprestación para que trabajadores con unos cargos determinados no puedan beneficiarse del laudo, una exclusión que afecta el ámbito personal de aplicación del estatuto, asunto cuya regulación corresponde a la ley.
4.3 Argumentos de la Unión Sindical de Trabajadores de la Salud Comfenalco -USTSC-
La anterior solicitud no es un tema regulado de manera taxativa en la ley, es un elemento transformador de las relaciones laborales y adicional a ello no es una simple repetición vacua de lo que ya está en la Constitución y ley, pues en la legislación laboral no está definido de manera precisa y concreta un auxilio por exclusión de la convención o laudo arbitral y como tal debe ser regulado extralegalmente y para el efecto sí tendrían competencia los árbitros, por ende, se debe devolver el laudo para que los despachadores de justicia en equidad decidan al respecto.
4.4 La réplica de la Caja de Compensación Familiar Comfenalco Antioquia
Es errado el argumento del apoderado del sindicato al señalar que por ser un auxilio económico la petición sindical y un tema aparentemente no regulado en la ley, los árbitros eran competentes para resolverlo, lo cual no es cierto puesto que cualquier aspecto relacionado con el campo de aplicación de un contrato colectivo, no es un tema que se le permita a los árbitros regular.
X. CONSIDERACIONES
En reciente providencia CSJ SL3453-2022, la Sala memoró que es criterio doctrinal antiguo en el derecho colectivo relacionado con las prerrogativas de la negociación colectiva que las partes comprometidas en un conflicto de esa naturaleza tienen la facultad de excluir a ciertos trabajadores de los beneficios de la convención colectiva, sustracción que también puede darse en decisiones arbitrales que las reemplazan, en el entendido que tal diferenciación debe obedecer a razones lógicas que desvirtúen cualquier tipo de discriminación o desconocimiento del principio de igualdad de los trabajadores; luego, un acuerdo o disposición arbitral en tal sentido ha de corresponder a las condiciones y limitaciones que afecten al empleador, como son las circunstancias de contar con un orden jerárquico derivado de la existencia de cargos de dirección, confianza, control, coordinación, la antigüedad en el servicio, las características del lugar donde se presta el servicio, los niveles de remuneración y fundamentalmente, a la situación económica de la empresa.
De manera que, si los tribunales de arbitramento tienen competencia para excluir a determinados trabajadores del laudo arbitral, claro está, sin lesionar la constitución y a la ley, también la tienen para conocer sobre un auxilio económico en favor de la organización sindical, que podría ser reconocido por la circunstancia de que a algunos colaboradores no se les extienda la decisión arbitral.
En ese orden de ideas se devolverá para que el tribunal se refiera al respecto.
Ahora, una cosa debe quedar clara: la circunstancia de devolver el laudo para que el tribunal de arbitramento se pronuncie sobre este especifico punto, no implica, rigurosa e irrestrictamente, que el cuerpo colegiado deba decidir en la forma propuesta en el pliego de peticiones. Lo que ha enseñado la Sala es que los árbitros tienen competencia para resolverlo, bien sea a favor o en contra de lo propuesto por el sindicato, bajo los parámetros, entre otros, de la equidad, razonabilidad y proporcionalidad.
5. Derecho a la igualdad
5.1 Pliego de peticiones
5.38 Derecho a la igualdad La Caja de Compensación Familiar Comfenalco Antioquia a fin de mantener el principio de igualdad, extenderá a todos los trabajadores sindicalizados de Unión Sindical de Trabajadores de la Salud Comfenalco todo beneficio que quede expresamente consignado dentro de la CONVENCIÓN COLECTIVA, LAUDO ARBITRAL, PACTO COLECTIVO, PLAN DE BENEFICIOS u otro régimen, en consecuencia, cualquier auxilio o prerrogativa adicional que la empresa conceda a cualquier título a los trabajadores no sindicalizados y sindicalizados de otra organización sindical, se hará efectivo a todos los afiliados de Unión Sindical de Trabajadores de la Salud Comfenalco siempre y cuando les sea más favorable que lo determinado en la Convención Colectiva de Trabajo o de la expedición del Laudo Arbitral que rija las relaciones entre Unión Sindical de Trabajadores de la Salud Comfenalco y la Caja de Compensación Familiar Comfenalco Antioquia. De igual manera La Caja de Compensación Familiar Comfenalco Antioquia a fin de mantener el principio de igualdad, extenderá al sindicato Unión Sindical de Trabajadores de la Salud Comfenalco todo beneficio que quede expresamente consignado dentro de la CONVENCIÓN COLECTIVA, LAUDO ARBITRAL, PACTO COLECTIVO, PLAN DE BENEFICIOS u otro régimen, en consecuencia, cualquier auxilio o prerrogativa adicional que la empresa conceda a cualquier título a los trabajadores no sindicalizados u otra organización sindical, se hará efectivo al sindicato Unión Sindical de Trabajadores de la Salud Comfenalco siempre y cuando le sea más favorable que lo determinado en la Convención Colectiva de Trabajo o de la expedición del Laudo Arbitral que rija las relaciones entre Unión Sindical de Trabajadores de la Salud Comfenalco y la Caja de Compensación Familiar Comfenalco Antioquia.
5.2 Laudo arbitral
En cuanto a la Petición 5.38 del pliego (Derecho a la igualdad), los árbitros decidieron negarla por unanimidad, ya que conforme se encuentra redactada la petición supondría una intervención en el ámbito de vigencia de los distintos estatutos que pueden concurrir en el ámbito laboral del empleador, un tema que no solo luce como fundamentalmente jurídico sino claramente inconveniente, al privar del derecho de que disponen las organizaciones sindicales y los grupos de trabajadores de manejar sus negociaciones y acordar con la contraparte la aplicación personal que quieren dar a sus diferentes contratos colectivos. Pero además consideran los árbitros que, conforme a jurisprudencia de nuestros máximos tribunales, existe la prohibición de acordar en pactos y estatutos beneficios superiores a los establecidos en las convenciones, pero la valoración debe hacerse comparando el conjunto de sus disposiciones y no deteniendo la mirada en cada beneficio en particular como acá se pretende.
5.3 Argumentos de la Unión Sindical de Trabajadores de la Salud Comfenalco -USTSC-
Si se lee con detenimiento la petición no se presenta ningún tipo de intervención en el ámbito de vigencia de diferentes reglamentos normativos que concurran al interior del espectro laboral de COMFENALCO, por razones de igualdad y no discriminación, lo que en esencia se pide es que los afiliados de Unión Sindical de Trabajadores de la Salud de Comfenalco se les extiendan los beneficios que la empresa le concede a los trabajadores no sindicalizados en el plan de beneficios, pactos colectivos u otro régimen colectivo por lo que, es evidente que los árbitros sí tienen competencia amén de que los -38101102169500heterocomponedores del conflicto deben decidir todas aquellas materias y peticiones que sean de interés de los trabajadores sin importar si las mismas poseen o no un contenido económico, es claro que la petición no es jurídica pero si versa sobre un punto de interés para los afiliados del sindicato. Se refiere a la sentencia CSJ SL-3116 -2020.
6. Espacio en intranet
6.1 Pliego de peticiones
6.3 Espacio en la intranet corporativa La Caja concederá a la organización sindical, un espacio en su intranet corporativa, con el fin de que pueda publicar en éste información que interese a sus afiliados y que verse sobre asuntos de interés sindical, observando siempre las normas de respeto que deben mantener las partes en sus relaciones
6.2 Laudo arbitral
5.31 (Auxilio por Discapacidad), 5.32 (Practicantes), 6.3 (Espacio en la intranet corporativa) y 6.6 (Auxilio para desplazamiento y viáticos para la actividad sindical) del pliego, los árbitros decidieron negarlas por inconveniencia, dado que se trata de asuntos que no se encuentran regulados en la convención colectiva de trabajo suscrita entre la Caja y SINTRACOMFENALCO que se ha tomado como referencia central, sin que medien razones particulares para atender a ellas, creando diferencias injustificadas entre los afiliados de las distintas organizaciones sindicales y lesionando la equidad y el principio de igualdad que el Tribunal ha tomado como criterio central de sus decisiones. El Dr. León Ovidio Medina salvó el voto frente a la presente decisión respecto del punto 5.24 del pliego.
6.3 Argumentos de la Unión Sindical de Trabajadores de la Salud Comfenalco -USTSC-
Aduce que con la negativa del cuerpo arbitral se desconocen los derechos fundamentales del sindicato a informar y a la libre expresión, pues es una propuesta justa de tener un espacio en la intranet de COMFENALCO para informar a los trabajadores sobre la visión del sindicato, además que otra agremiación sindical sí tiene acceso a este medio digital.
Añade que la evolución de las TIC y de las redes sociales es clave en los procesos comunicativos, por tanto, en aras del derecho a la igualdad, asociación y libre expresión, debe permitirse al sindicato participar en la intranet de la Empresa.
Con su decisión los colegiados desconocieron la jurisprudencia de esta Corte (CSJ SL3491- 2019).
6.4 La Réplica común de la Caja de Compensación Familiar Comfenalco Antioquia
Asevera que los árbitros sí estudiaron de fondo las peticiones del sindicato, por lo que lo alegado es improcedente. Los componedores deben pronunciarse respecto de este tipo de solicitudes sindicales, como lo ha señalado esta Corte, no obstante, eso no significa que estén obligados a concederlas.
XI. CONSIDERACIONES
El cuerpo arbitral negó las anteriores peticiones, en estricto rigor, por equidad y por inconveniencia y siendo ello así, como efectivamente lo es, se impone reiterar la doctrina según la cual únicamente resulta procedente devolver el expediente a los árbitros cuando se hallare «que no se decidieron algunas de las cuestiones indicadas en el decreto de convocatoria»; pero si el tribunal resolvió negar u otorgar peticiones del pliego, en el supuesto de que su decisión deba ser anulada, por manifiesta inequidad, haber extralimitado el objeto para el cual se le convocó o por afectar derechos o facultades de las partes reconocidos por la Constitución Política, por las leyes o por normas convencionales vigentes, no le es dado a la Corte devolver el expediente para que se pronuncie nuevamente (CSJ SL, del 11 feb. 2000, rad. 13874, CSJ SL4879-2017, CSJ SL4089-2022).
En sentencia CSJ SL17889-2017, se dijo:
[…] viene al caso distinguir entre las disposiciones negativas del laudo que, se reitera, no son susceptibles de reemplazarse por la Corte o de ser reestudiadas por el Tribunal de arbitramento por el camino de los reenvíos, tal cual se ha explicado, con aquellas que generan algún tipo de contenido normativo u obligacional y que, se insiste, son las únicas que pueden en un sentido estricto mantener o perder su validez y eficacia por fuerza del recurso extraordinario de anulación estudiado.
[…] Como ya se ha dicho, y sin que sea necesario ahondar y explicitar las razones que la Corte ha hallado en recursos anteriores para advertir la inviabilidad de las mismas cuando se han concedido pero fueron impugnadas en su momento, lo cierto es que el ataque de la asociación sindical no puede llegar a feliz puerto, puesto que la anulación de la negativa del tribunal a concederlas no tiene por reverso que la Corte asuma el rol del tribunal de arbitramento y en consecuencia falle en equidad tales pedimentos, pues su competencia está limitada a anular o dejar vigentes las disposiciones del laudo según su criterio, resolviendo todo desde su vista como juez de derecho.
Y, recientemente, en decisión CSJ SL1794-2022, razonó:
el Tribunal se consideró competente y tomó una decisión de fondo, denegando las solicitudes elevadas por la organización sindical en el pliego de peticiones, por cuanto las consideró inequitativas e inconvenientes, sin que pueda la Corte ahora adentrarse en examinar esos motivos, pues basta el rechazo adoptado en los términos en que se efectuó para que la devolución resulte improcedente.
También precisa la Corte que el cuerpo arbitral puede acondicionar las peticiones a las circunstancias vigentes en la empresa y racionalizar su otorgamiento de manera que se cumpla con la finalidad para la cual son instituidos los beneficios, por ello, en este asunto, se observa que el órgano colegiado otorgó unos beneficios y negó otros tantos, se repite, observando las manifestaciones e intereses de las partes, lo que luce que fue una decisión congruente y coherente.
Por lo expuesto, no le asiste razón a la organización sindical recurrente y, en esa medida, no se devolverán las disposiciones arbitrales bajo examen.
7. Auxilio de transporte y alimentación
7.1 Pliego de peticiones
5.7 Auxilio de Transporte y Alimentación
a) La Caja reconocerá al trabajador beneficiario de la presente Convención Colectiva de Trabajo o Laudo Arbitral, un auxilio del cien por ciento (100%) en el costo del menú para los trabajadores de acuerdo a su jornada laboral, para aquellos trabajadores que laboren en hoteles, clubes y parques, en los cuales se cuente con centro de producción propio de alimentos.
b) Si por razones del servicio el trabajador debe extender su jornada laboral, podrá acceder al subsidio previsto en este artículo en el menú que corresponda a esa jornada extendida.
c) La Caja garantizará el mejoramiento continuo y la calidad en el menú para los trabajadores.
d) Este subsidio no se otorgará cuando el trabajador se encuentre en vacaciones, licencias, incapacitado o cuando no esté en el tiempo de prestación de servicio.
e) La Caja respetará los tiempos destinados para la alimentación de los trabajadores que se hayan determinado en cada área por fuera de la jornada laboral.
f) En Hoteles y Parques, cuando por la preparación y realización de eventos los empleados deban extender su jornada laboral más tarde de las 10:00 p.m., se suministrará la alimentación del empleado menú tipo cena y/o el desayuno en caso de que el empleado pernocte en el sitio de trabajo. Igualmente, se suministrarán medios de transporte o su valor hasta el lugar de acopio más cercano para llegar a las residencias. El Gerente evaluará y decidirá sobre las condiciones de capacidad de alojamiento y las de modo, tiempo y lugar para cubrir el beneficio.
7.2 Laudo arbitral
ARTÍCULO 7. AUXILIO DE TRANSPORTE Y ALIMENTACIÓN En hoteles y parques, cuando por la preparación y realización de eventos los empleados deban extender su jornada laboral más tarde de las 10:00 p.m., se suministrará la alimentación del empleado, menú tipo cena y/o el desayuno, en caso de que el empleado pernocte en el sitio de trabajo. Igualmente se suministrarán medios de transporte o su valor hasta el lugar de acopio más cercano para llegar a las residencias. El Gerente evaluará y decidirá sobre las condiciones de capacidad de alojamiento y las de modo, tiempo y lugar para cubrir el beneficio. Comfenalco Antioquia reconocerá un auxilio extralegal de transporte no constitutivo de salario para aquellos trabajadores que ocupen cargos con funciones permanentes y continuas por fuera de las sedes de la Caja. Este auxilio varía según rutas, zonas, servicios y necesidades de la Caja.
7.3 Argumentos de la Unión Sindical de Trabajadores de la Salud Comfenalco -USTSC-
La decisión arbitral de restarle naturaleza salarial al auxilio extralegal de transporte, excede la competencia de los árbitros (lo que conduce a su anulación), en tanto dentro de sus facultades no está la de fijar pautas jurídicas para imponer o desconocer el carácter salarial de un ingreso reconocido como retribución al servicio; se trata de una cuestión definida por la ley que establece, entre otros, los elementos integrantes del salario y cuáles pagos no lo constituyen, artículos 127 y 128 del Código Sustantivo de Trabajo, (CSJ SL, del 5 ago. 2004, rad. 24443 en la reiteró lo dicho en la CSJ SL, del 7 feb. 2002, rad. 8241).
7.4 La réplica de la Caja de Compensación Familiar Comfenalco Antioquia
Los árbitros otorgaron este beneficio, en los mismos términos que ha sido reconocido a esta organización sindical desde el año 2018. Si el tribunal de arbitramento no determinaba la naturaleza no salarial del beneficio mencionado, no solo podría generar una diferenciación injustificada entre el reciente laudo arbitral emitido, con los otros contratos colectivos existentes en la Caja, sino que desconocería, además, los antecedentes del beneficio, el cual siempre se ha reconocido como no salarial, tal como indicaron los árbitros.
De no tener clara su naturaleza no salarial, se podrían generar a futuro discusiones y/o interpretaciones respecto de la incidencia salarial de tales beneficios, lo cual generaría un impacto en las prestaciones y pagos a la seguridad social que debe por ley reconocer y cancelar la empresa, ocasionando así un mayor costo para la misma.
XII. CONSIDERACIONES
Los árbitros no tienen competencia para determinar cuáles de los pagos que hace el empleador a sus trabajadores tienen carácter salarial y cuáles no, pues ese es un asunto reservado a la ley o a la voluntad de las partes cuando las normas permiten que éstas celebren acuerdos en ese sentido (CSJ SL14500-2017).
Sobre la restricción que tienen los árbitros para asignarle a un determinado beneficio carácter salarial, o quitarle esa condición, se ha pronunciado la Corte en varias oportunidades, entre ellas, en la sentencia CSJ SL, 22 jul. 2009, rad. 36926, donde adoctrinó:
La definición de cuáles de las sumas que recibe el trabajador son constitutivas o no de salario, es un asunto de estricta regulación legal, o, en su defecto, de un acuerdo entre las partes, en los eventos que se permita un pacto de esa naturaleza, con sujeción a lo que prevé el ordenamiento jurídico, sin que aquí se adviertan las medicinas condiciones previstas por el artículo 141 del C.S.T. De ahí que los árbitros no puedan imponerlo.
Ese mismo criterio se ha mantenido en recientes decisiones, para lo cual pueden consultarse las sentencias de anulación CSJ SL, 23 nov. 2010, rad. 48406, CSJ SL, 12 dic. 2012, rad. 55340, CSJ SL721-2018, CSJ SL3325-2018, CSJ SL388-2019, CSJ SL 4354-2019, CSJ SL5188-2020, CSJ SL4233-2022, entre muchas otras.
Con fundamento en lo anterior, sin que resulten indispensables más consideraciones, se dispondrá la anulación parcial de las siguientes expresiones «no constitutivo de salario».
8. Permiso remunerado por matrimonio
8.1 Pliego de peticiones
5.11 Auxilio por matrimonio La Caja reconocerá a sus trabajadores beneficiarios de la presente Convención Colectiva de Trabajo o del Laudo Arbitral que contraigan matrimonio, un auxilio equivalente a cinco (5) días de salario básico, además otorgará seis (6) días hábiles de permiso remunerado a partir del día de la celebración del mismo, para lo cual deberá informar al Departamento de Gestión de Personas con cinco (5) días hábiles de antelación. Dentro de los treinta (30) días siguientes a la celebración, el beneficiario de esta licencia deberá presentar al área de Experiencia del Colaborador de la Caja el documento que acredite la celebración del matrimonio.
8.2 Laudo arbitral
ARTÍCULO 10. PERMISO REMUNERADO POR MATRIMONIO COMFENALCO Antioquia reconocerá al trabajador beneficiario del presente laudo que contraiga matrimonio seis (6) días hábiles de permiso remunerado a partir del día de la celebración del mismo, para lo cual deberá informar al Departamento de Gestión de Personas con cinco (5) días hábiles de antelación. Dentro de los treinta (30) días siguientes a la celebración el beneficiario de esta licencia deberá presentar al área de Experiencia del Colaborador de la Caja el documento que acredite la celebración del matrimonio. Parágrafo. El presente beneficio será imputable al reconocimiento de días hábiles de permiso remunerado que eventualmente sea regulado por ley, decreto o cualquier otro cuerpo normativo.
8.3 Argumentos de la Unión Sindical de Trabajadores de la Salud Comfenalco -USTSC-
La providencia del colegiado de establecer un parágrafo de imputar los días del permiso remunerado por matrimonio a una eventual regulación que determine la ley, decreto o cualquier otro cuerpo normativo, excede la competencia de los árbitros (deriva su anulación), ya que no gozan de la prerrogativa de fijar pautas jurídicas para imponer imputaciones para un beneficio extralegal, que a la postre implica una limitación del mismo, ya que el beneficio ni siquiera está regulado en las normas laborales.
8.4 La réplica de la Caja de Compensación Familiar Comfenalco Antioquia
La orden arbitral de que este beneficio sea imputable a cualquier otro no es solo sana para evitar que un grupo minoritario pueda eventualmente, tener un beneficio superior a los demás trabajadores de la Caja, sino que presiente la posibilidad que la ley regule un permiso especial por matrimonio. Lo anterior, no está nada alejado de la realidad, teniendo en cuenta que, en el Congreso de la República «se tramita PL 161//2022C– CREA LA LICENCIA MATRIMONIAL, iniciativa que tiene como objeto el otorgamiento de una licencia remunerada de 3 días hábiles cuando un trabajador contraiga matrimonio o haya declarado la unión marital de hecho, proyecto que se encuentra en trámite en la Comisión Séptima Constitucional Permanente».
XIII. CONSIDERACIONES
Realmente la anulación pretendida por la organización sindical resultaría inane en la medida en que según las elocuentes voces del numeral 2° del artículo 16 del Código Sustantivo del Trabajo «Cuando una ley nueva establezca una prestación ya reconocida espontáneamente o por convención o fallo arbitral por el {empleador}, se pagará la más favorable al trabajador».
De manera que no hay méritos para anular el parágrafo de la disposición arbitral controvertida.
Dada la prosperidad parcial de la acusación no hay costas que deba asumir la organización sindical.
XIV. DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,
RESUELVE:
PRIMERO: DEVOLVER el laudo arbitral al tribunal de arbitramento convocado para dirimir el conflicto colectivo surgido entre la UNIÓN SINDICAL DE TRABAJADORES DE LA SALUD COMFENALCO -USTSC- y la CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR COMFENALCO ANTIOQUIA, para que dentro de los 5 días siguientes a su reinstalación se
pronuncie sobre la siguiente petición del pliego: «6.4 Auxilio por excluidos de la Convención Colectiva de Trabajo», conforme a la parte motiva de esta providencia.
SEGUNDO: ANULAR del laudo arbitral del 21 de julio de 2022, adicionado mediante providencia del 16 de agosto siguiente, proferido por el Tribunal de Arbitramento obligatorio convocado para dirimir el conflicto colectivo surgido entre la UNIÓN SINDICAL DE TRABAJADORES DE LA SALUD COMFENALCO -USTSC- y la CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR COMFENALCO ANTIOQUIA, el artículo 15- Crédito de Calamidad Doméstica, en el aparte «sin intereses», y el artículo 7º- Auxilio de transporte y alimentación, en el aparte «no constitutivo de salario».
TERCERO: NO ANULAR NI DEVOLVER el mencionado laudo arbitral en lo restante de lo propuesto en los recursos interpuestos por las partes del conflicto.
CUARTO: Sin costas.
Notifíquese, publíquese y envíese al Ministerio del Trabajo y al Tribunal de Arbitramento para lo de su competencia. Si el punto que motiva la devolución del expediente no es objeto del recurso de anulación, la Secretaría del Tribunal deberá remitir el presente asunto al Ministerio del Trabajo para lo de su cargo.
GERARDO BOTERO ZULUAGA
Presidente de la Sala
FERNANDO CASTILLO CADENA
LUIS BENEDICTO HERRERA DÍAZ
IVÁN MAURICIO LENIS GÓMEZ
Aclara voto
Salva voto parcial
OMAR ÁNGEL MEJÍA AMADOR
MARJORIE ZÚÑIGA ROMERO
ACLARACIÓN Y SALVAMENTO DE VOTO PARCIAL
Empresa: COMFENALCO
Sindicato: USTSC
Radicación: 95284
Magistrado Ponente: Fernando Castillo Cadena
Con el acostumbrado respeto a mis compañeros de Sala, y como lo expresé en la sesión en la que se debatió el asunto, manifiesto que salvo parcialmente mi voto, pues considero que la Sala mayoritaria, al resolver el recurso de COMFENALCO, debió rechazar la solicitud de anulación de las cláusulas 15 -crédito de calamidad doméstica-, pues se fundó en que era manifiestamente inequitativa.
Ello porque, como lo he expuesto en múltiples oportunidades, considero que la inequidad manifiesta no es una causal de anulación que pueda estudiar la Corte. En síntesis, he explicado que una vez negada o concedida la cláusula -como sucedió en este asunto-, la Corporación no tiene competencia para examinar el criterio de equidad de los árbitros y de este modo determinar si lo laudado es manifiestamente inequitativo. Conforme los artículos 143 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social y 458 del Código Sustantivo del Trabajo, en sede de anulación la Corte únicamente puede verificar la regularidad del laudo, esto es, si el Tribunal extralimitó el objeto para el que fue convocado o afectó los derechos fundamentales o facultades que les asisten a los interlocutores sociales.
Es justamente bajo esta orientación normativa que se ha dicho -y aún se dice- que únicamente los árbitros tienen competencia para decidir el conflicto en equidad, de modo que es un contrasentido admitir que una cláusula del laudo puede atacarse por inequidad manifiesta, pues ello implicaría involucrar el criterio de equidad de la Corte.
Para explicar esta postura, transcribo las consideraciones que la han soportado:
(...) la «inequidad» no constituye una causal de anulación. En efecto, pese a que la jurisprudencia de la Sala ha adoctrinado que las partes pueden recurrir en anulación cuando consideren que la cláusula laudada es manifiestamente inequitativa (CSJ SL, 23 nov. 1988, rad. 3041; CSJ SL, 14 nov. 1995, rad. 8324; CSJ SL, 6 oct. 1997, rad. 10263; CSJ SL, 26 feb. 2004, rad. 23265; SL14391-2015, SL1076-2017, entre muchas otras), en mi criterio, ello no es jurídicamente admisible, pues no existe norma alguna que contemple tal motivo o causal; además, que se aparta del entendimiento, alcance, finalidad y sentido de los procedimientos arbitrales.
Para sustentar lo anterior, he señalado que el recurso de anulación está en el catálogo de los medios de impugnación extraordinarios, lo que implica que la competencia que tienen los jueces al resolverlo es rogada, dispositiva y taxativa; y deben sujetarse a las estrictas y precisas causales o motivos que contempla la ley para acudir a él. Bajo esa perspectiva, no es dable crear otras causales de procedencia en este tipo de recursos, pues ello lesiona el principio de legalidad.
Además, adviértase que de la legislación sustancial laboral y procesal únicamente se extraen dos causales o motivos de anulación, ambas relacionadas con aspectos competenciales. La primera está contemplada en el artículo 458 del Código Sustantivo del Trabajo, que estipula que el laudo «no puede afectar derechos o facultades de las partes reconocidos por la Constitución Nacional, por las leyes o por las normas convencionales vigentes», como cuando la decisión interfiere indebidamente en el núcleo esencial del derecho constitucional de empresa, o atenta contra los referentes basilares del derecho fundamental a la negociación colectiva, por ejemplo al resolver puntos que fueron concertados directamente por las partes, tal y como expresamente lo prohíbe dicho precepto. Y la segunda, está en el artículo 143 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social, según el cual el laudo es anulable cuando el Tribunal se extralimite en el objeto para el cual fue convocado, esto es cuando decide más de lo pedido o por fuera de lo pedido, o no desata todos los puntos sobre los cuales debía pronunciarse teniendo competencia para ello.
Nótese entonces que la «inequidad manifiesta» no está expresamente establecida en el estatuto sustancial o procesal laboral ni puede inferirse de alguna manera de las normas que regulan este recurso extraordinario, por lo que carece de toda justificación legal tenerla como motivo válido de anulación.
Y llama la atención el hecho que el legislador únicamente haya establecido dos motivos de anulación estrictamente relativos a la competencia de los árbitros, excluyendo totalmente cualquier otra facultad que expresamente permita calificar, valorar o interpretar el juicio de equidad que emplean los árbitros para dirimir un conflicto colectivo de trabajo, que es lo que a mi juicio efectúa la Corte cuando se pronuncia sobre el carácter manifiestamente inequitativo de una cláusula del laudo.
En efecto, cuando la Sala aborda el análisis de este tipo de alegaciones no hace otra cosa que emitir un pronunciamiento de fondo en relación con las estimaciones que en equidad dictaron los árbitros, actuación que, reitero, es ajena a las precisas y extraordinarias facultades competenciales del juez de anulación.
Por otra parte, estas valoraciones y calificaciones que a menudo hace la Sala cuando en el recurso de anulación se alega que las decisiones de los árbitros son ostensiblemente inequitativas, se oponen a un criterio que también es inveterado en la Corte, relativo a que son únicamente aquellos quienes pueden decidir en equidad. En efecto, si un juez determina si una decisión es o no inequitativa, está haciendo, sin duda alguna, un juicio de equidad, pues califica, valora o interpreta la decisión, de allí que tal requisito adicional se enfrente a una contradicción lógica con el propio criterio jurisprudencial en vigor.
Ahora, los precisos motivos de anulación permiten entender que el arbitramento está diseñado y concebido para tramitarse en una sola instancia a fin que a través del laudo arbitral el conflicto termine de manera definitiva, sin más cortapisas y trámites que lo alarguen y desdibujen el carácter expedito que debería caracterizar a todo proceso de negociación colectiva. De allí que su principal objetivo sea la salvaguarda del debido proceso de las partes y cualquier otro cuestionamiento que salga de este marco competencial y aluda a calificar, interpretar o valorar la decisión de fondo de los árbitros, deba rechazarse.
En otros términos, el recurso de anulación persigue que se garantice la regularidad del laudo, como textualmente lo señala el artículo 143 mencionado. Así, no está establecido para provocar una resolución de fondo ni juzgar el juicio de equidad que realizan los árbitros.
Lo anterior implica entender que la revisión en anulación debe ser extraordinaria y excepcional, y únicamente concierne a ejercer un control posterior respecto a la competencia de los árbitros en los términos explicados.
Asimismo, al revisar otras disposiciones que regulan el arbitraje en Colombia, como las que resuelven asuntos civiles, comerciales o contenciosos con entidades públicas, destaco que de las causales de anulación que enlista el artículo 41 de la Ley 1563 de 2012, todas ellas hacen referencia a cuestiones procedimentales. De hecho, este compendio legal en su artículo 42 dejó en claro que la autoridad judicial encargada de resolver el recurso extraordinario «no se pronunciará sobre el fondo de la controversia, ni calificará o modificará los criterios, motivaciones, valoraciones probatorias o interpretaciones expuestas por el tribunal arbitral al adoptar el laudo». Tal exigencia normativa, por su rotunda claridad, no merece mayor interpretación: el juez de anulación no puede calificar ni modificar el criterio de los árbitros.
Sobre este punto, el Consejo de Estado ha señalado reiteradamente que por vía del recurso de anulación no es dable, bajo ninguna circunstancia, emprender el estudio del caso como si fuese una segunda instancia ni para calificar las motivaciones, valoraciones o interpretaciones que realicen los árbitros, pues la finalidad esencial de este medio de impugnación únicamente radica en garantizar el debido proceso de las partes (CE, Sección Tercera, 19 jun. 2019, rad. 11001-03-26-000-2018-00109-00 -61809-). Precisamente en esta decisión indicó:
“En reiterada jurisprudencia, el Consejo de Estado se ha referido al carácter excepcional, extraordinario y restrictivo del recurso de anulación contra un laudo arbitral. Lo anterior, bajo el entendido de que este recurso no puede, bajo circunstancia alguna, convertirse en la vía de entrada para el estudio del caso en una segunda instancia. La finalidad esencial del recurso de anulación consiste en la protección del derecho al debido proceso en cabeza de las partes, por lo cual el juez está instituido para analizar los vicios procedimentales (errores in procedendo) del laudo, mas no la decisión de fondo (errores in iudicando) del mismo. De hecho, según el inciso final del artículo 42 del Estatuto Arbitral, relativo al trámite del recurso de anulación, la autoridad competente para conocer de este recurso no está facultada para pronunciarse sobre el fondo de la controversia, ni para calificar o modificar “los criterios, motivaciones, valoraciones probatorias o interpretaciones expuestas por el tribunal arbitral al adoptar el laudo”.
De modo que cuando la Sala juzga las valoraciones de equidad que hacen los árbitros y califica o determina si es protuberante o manifiestamente inequitativa, sin duda están habitando en un terreno ajeno al objetivo de este recurso extraordinario. Lo anterior porque, reitero, el arbitraje laboral está concebido como el mecanismo a través del cual los interlocutores sociales terminen de forma definitiva sus diferencias cuando les ha resultado imposible resolverlas por sí mismas, al paso que el recurso de anulación es una garantía que se erige como una salvaguarda de procedimiento que permite verificar que las reglas de competencia se han cumplido con rigor.
Debo señalar adicionalmente que la interpretación que le ha otorgado la jurisprudencia al requisito de inequidad manifiesta genera problemas procesales de constitucionalidad, pues el sindicato está situado en una posición desigual en relación con el empleador. Adviértase que las normas que regulan el recurso de anulación no prevén la posibilidad de devolver el expediente cuando los árbitros niegan una petición del pliego. Por consiguiente, de ocurrir una inequidad protuberante al momento de negar una pretensión del pliego, los sindicatos no pueden acudir ante la Corte para que estudie si esta circunstancia se presentó y ordene la devolución del expediente a los árbitros para que reexaminen el punto. En cambio, si una decisión del laudo adolece de este defecto sustancial, los empleadores sí pueden pedir su anulación.
Lo anterior significa que la Corte únicamente puede juzgar las valoraciones que en equidad realizaron los árbitros cuando el afectado es el empleador, pero no cuando la decisión injusta o protuberante inequitativa afecta al sindicato, de modo que este está en clara desventaja. Así, la jurisprudencia vigente compromete seriamente el derecho a la igualdad real en el proceso arbitral, en detrimento de lo dispuesto en el artículo 13 de la Constitución Política, en armonía con el artículo 4.° del Código General del Proceso.
En esta perspectiva, la Sala debió rechazar los reparos que el sindicato fundó en una supuesta inequidad y no abordar su estudio, por lo que al respecto salvo mi voto.
Asimismo, en cuanto a las alusiones que la Sala hizo respecto a la inequidad manifiesta son inanes, pues en últimas, tal como lo expliqué, de nada serviría elucidar si lo que negó o concedió el Tribunal fue inequitativo, dado que inevitablemente deberá mantenerse la cláusula ante la imposibilidad de dictar una decisión de reemplazo, de ahí la evidente desventaja del sindicato en la configuración de esta causal de anulación.
Por otra parte, en cuanto al recurso del sindicato, salvo parcialmente mi voto respecto a la determinación de no devolver el laudo para que los árbitros resuelvan de fondo la petición 5.35 -permisos 24 y 31 de diciembre- del pliego. Para ello, basta reiterar lo que expuse en mi salvamento parcial de voto a la sentencia CSJ SL3254-2022, en la cual también me aparté de la decisión de no devolver una cláusula similar, con fundamento en que:
(...) uno de los aspectos básicos de los procedimientos de negociación colectiva es la posibilidad de mejorar las vacaciones y periodos de descanso de los trabajadores, bien sea ampliando los existentes o creando nuevos días de descanso remunerado. La prohibición de los árbitros de establecer cualquier mejora en los descansos de los trabajadores no está en conformidad con la finalidad de los procedimientos de negociación colectiva y la institución arbitral, más aún cuando dicha restricción se justifica con base argumentos que defienden radicalmente las libertades económicas del empresario por encima de los derechos sociales fundamentales de los trabajadores.
Por último, manifiesto que aclaro mi voto a la decisión de anular parcialmente el artículo séptimo del laudo arbitral -auxilio de transporte y alimentación-, pues no estoy de acuerdo en afirmar que los árbitros no tienen competencia para determinar si un beneficio es o no salario. En efecto, a mi juicio aquellos sí pueden abordar ese análisis siempre que no priven de incidencia salarial a los pagos que retribuyan el servicio prestado por los trabajadores. Respecto a este punto, en mi aclaración de voto a la sentencia CSJ SL609-2023 manifesté:
(...) si bien los árbitros pueden asignar efecto salarial a unos conceptos y a otros no, dicha facultad tiene un límite cuando transgrede el principio de la primacía de la realidad salarial, del cual se desprende un derecho subjetivo de los trabajadores a que sean reputados como salarios todos los emolumentos que retribuyan sus servicios.
Bajo el respeto de dicho principio, es evidente que la atribución de incidencia salarial a un concepto que por sus características puede que no tenga esa calidad, indudablemente implica una mejora de la situación económica de los trabajadores (conflicto de interés), pues les permite computar ese factor para efectos prestacionales y de la seguridad social.
En ese análisis, insisto, no debe olvidarse que la jurisprudencia (CSJ SL12220-2017 y CSJ SL1798-2018) ha considerado que, por regla general, todo lo que recibe el trabajador se debe presumir como contraprestación directa de su servicio, pues es el trabajo que presta el que lo hace acreedor del elenco de beneficios económicos que le ofrece el empleador. De este modo, la negociación de mejores condiciones de remuneración -primas, bonificaciones, auxilios, etc.- puede generar duda entre las partes acerca de su naturaleza salarial, por ejemplo, un auxilio mensual de alimentación, por lo que las partes pueden pactar su exclusión o no. Sin embargo, si no hay acuerdo entre ellos, indudablemente los árbitros también pueden decidir en equidad y justicia esa cuestión, partiendo de aquella premisa general del derecho del trabajo.
Así, al emitir las decisiones en equidad los árbitros pueden examinar y sopesar las peticiones y argumentos de las partes y, sobre esa base, construir las fórmulas normativas que más se ajusten a las circunstancias particulares del conflicto.
Tal ejercicio de sopesar, mediar y atribuir incidencia salarial a unos conceptos y no a otros, es una clara expresión del principio de equidad y de moderación propio de la justicia arbitral.
Dejo así sustentada mi aclaración y salvamiento parcial de voto a la sentencia.
Fecha ut supra.
IVÁN MAURICIO LENIS GÓMEZ
Magistrado
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