QUINTO: CONFIRMAR en todo lo demás la sentencia apelada, conforme a lo expuesto en la parte motiva de esta decisión.
SEXTO: Sin COSTAS en esta instancia. Se confirman las de primera instancia.
El Juez Plural se remitió a lo dispuesto en el numeral 3 del artículo 32 de la Ley 80 de 1993, del que infirió que la administración no está autorizada para celebrar un contrato de prestación de servicios que en su formación o en su ejecución exhiba las notas de un contrato de trabajo, pues su utilización está prevista para los casos en que la labor no pueda ser ejecutada por personas vinculadas o cuando se necesiten conocimientos especializados. Posteriormente, acudió a lo dispuesto en el artículo 1 de la Ley 6 de 1945 y 1, 2, 3 y 20 del Decreto 2127 de 1945, a las sentencias CC C-154-1997 y CSJ SL3142-2021 y, luego de abordar el estudio de las pruebas, concluyó que el actor estuvo sujeto al cumplimiento de horario y órdenes, no tuvo por objeto cubrir necesidades temporales de la entidad, la labor fue habitual, pues pese a existir varios contratos no hubo interrupción de más de diez días entre éstos, por lo que la decisión de primera instancia fue acertada.
Estimó que no había lugar a las condenas impuestas por auxilio de transporte y de alimentación convencionales al no haberse acreditado los requisitos previstos en la regla extralegal; no condenó a la prima de navidad por cuanto ya se había otorgado una de similares condiciones en la convención colectiva; condenó al pago de la prima extralegal y al reembolso del valor pagado por seguridad social realizados por el trabajador. Con respecto a la indemnización por despido consideró:
[…] al haber declarado que el demandante, tenía la calidad de trabajador oficial, su contrato de trabajo era a término indefinido, contrario a lo señalado en su recurso, era la demandada, quien estaba en la obligación de probar la configuración de alguna de las justas causas consagradas en el artículo 7 del Decreto 2351 de 1965 para dar por finalizado el vínculo laboral, conforme lo exigía el artículo 5 de la Convención Colectiva, siguiendo para ello el procedimiento establecido en el artículo 108 inciso 16 del mismo convenio colectivo.
Así las cosas se tiene que revisado el expediente no se allego ningún medio probatorio idóneo que demuestre que la terminación del contrato se dio por una justa causa comprobada, sino todo lo contrario, alega la demandada, que la terminación fue por vencimiento del plazo del contrato específicamente del contrato de prestación de servicios No 5000032251 el cual inició el 3 de diciembre de 2012, prorrogado el 25 de febrero de 2013, por el terminó de 30 días, esto es, hasta el 31 de marzo de 2013; de ahí que no se puede invocar como una justa causa el vencimiento del plazo de duración del contrato, como quiera que esa causal no se encuentra en listada en la Decreto antes nombrado que para el caso es la norma que regía las relaciones laborales entre el ISS y sus trabajadores, por estar ello así estipulado en la convención colectiva; resultando acertada la decisión del aquo en ese sentido.
En cuanto a la indemnización moratoria adujo:
En el plenario se extrae la mala fe de la parte accionada en el no pago oportuno de salarios y prestaciones durante y a la terminación del vínculo que genera en su contra esta sanción, pues, no puede aparecer bajos los postulados y principios del derecho que un trabajador, laborando bajo las mismas condiciones de sus compañeros, se vea afectado por el no pago de prestaciones, apoyado en un vínculo jurídico que no representa un verdadero contrato de prestación de servicios como lo alega la parte accionada, mecanismo que utilizaba para demeritar las acreencias propias de una relación de trabajo subordinada siendo este un elemento de distracción que viola de manera flagrante los derecho[s] mínimos y menoscaba la dignidad y el derecho de igualdad, mal puede entonces la parte demandada, considerar que el Seguro Social se encontraba ante el inequívoco de estar bajo los parámetros regido por el artículo 32 de la Ley 80 de 1993, cuando esta clase de contratos se caracterizan [por] la independencia y autonomía técnica y administrativa del trabajador, circunstancias que no se evidencian en la labor desarrollada por el actor, quien debía estar sujeto a las indicaciones de sus superiores jerárquicos, cumplir un horario, estar sujeto a los llamados de atención e instrucciones que el mismo le impartiera.
IV. RECURSO DE CASACIÓN
Interpuesto por la demandada PAR ISS LIQUIDADO, concedido por el Tribunal y admitido por la Corte, se procede a resolver.
V. ALCANCE DE LA IMPUGNACIÓN
Procura que la Corte case totalmente la sentencia impugnada «en los temas en que le fue desfavorable y […] en sede de instancia proceda a la absolución total o parcial de las pretensiones y condenar en costas al demandante». Además, solicita:
Se revoque el aceptar la pretensión que un contrato de prestación de servicio se convierta en contrato de trabajo de un trabajador oficial, desconociendo la facultad de las partes de suscribirlo y la aceptación de esta relación por parte del señor Guerrero durante todo el tiempo de su vinculación bajo esa modalidad.
Se revoque la decisión de condena al pago [de] cesantías, intereses de cesantías, prima de servicio convencional, prima de vacaciones y vacaciones al demandante como las de un trabajador oficial de acuerdo con la convención colectiva.
Que se revoque la condena al pago de la indemnización del contrato sin justa causa, ya que el mismo terminó por vencimiento del plazo pactado.
Que se revoque la condena al pago de la seguridad social que no corresponde en un contrato de prestación de servicios.
Se revoque la condena en costas en contra de mi representada.
Con tal propósito, formula cuatro cargos por la causal primera de casación, que fueron objeto de réplica oportunamente, para lo cual se acumulan del segundo al cuarto, por cuanto atacan idéntico compendio normativo y persiguen idéntico fin.
VI. PRIMER CARGO
Acusa la sentencia impugnada por la causal segunda de casación, en el sentido de contener la sentencia de segunda instancia declaraciones que hacen más gravosa la situación de la parte que apeló o de aquella en favor de quien se surtió la consulta.
Como fundamento, aduce que en la sentencia de primera instancia no se impuso condena por concepto de indemnización moratoria, decisión que no fue objeto de apelación por la demandante ni resulta procedente en el grado de consulta.
VII. OPOSICIÓN
La parte actora replica que en la sentencia de primer grado sí se impuso condena al pago de la indemnización moratoria y fue precisamente la demandada la que interpuso recurso de apelación contra esa decisión, por lo que no se estructura la causal invocada.
VIII. CONSIDERACIONES
El numeral 2 del artículo 87 del CPTSS, modificado por el art. 60 del Decreto 528/64, consagra como causal de casación contener la sentencia decisiones que hagan más gravosa la situación de la parte que apeló de la primera sentencia, o de aquella en cuyo favor se surtió la consulta. Dicho motivo encuentra venero en el principio de no reforma en perjuicio que consiste en la extralimitación de la jurisdicción determinada por el recurso de apelación o el grado jurisdiccional de consulta, que le impide al juez de segundo grado, por regla general, modificar o enmendar la decisión del inferior en perjuicio del único apelante o de la parte en favor de la cual se surtió el grado de consulta, salvo que por motivo de la reforma de la decisión recurrida, se impongan necesariamente modificaciones sobre puntos íntimamente relacionados con aquella.
Lo anterior encuentra fundamento también en el artículo 66 A del CPTSS que dispone que la sentencia de segunda instancia debe ir en consonancia con las materias objeto del recurso, disposición que fue objeto de estudio de constitucionalidad en sentencia CC C-968-2003, en la que se declaró la exequibilidad de esa norma, bajo el entendido de que dicho límite jurisdiccional no afecta la posibilidad de realizar un pronunciamiento sobre los derechos laborales mínimos irrenunciables del trabajador.
En el caso concreto, si bien es cierto el juez de primera instancia no incluyó la condena al pago de la indemnización moratoria en la parte resolutiva de la sentencia, lo cierto es que en la considerativa (min. 26:59 a 32:14) fue claro al imponer por este concepto el pago de la suma de $58.074.300, que limitó hasta la liquidación del ISS el 31 de marzo de 2015, para lo cual acudió a la providencia CSJ SL194-2019 de esta Corporación, y fue por esa razón que la entidad demandada interpuso recurso de apelación, que de manera concreta sustentó en dos razones, que individualmente se pasan a exponer para dar solución al asunto puesto a consideración de la Corte.
En primer lugar, dijo la apelante:
[…]
Así mismo, solicito que se absuelva de la condena de la indemnización moratoria en razón a que sería el caso resaltar que tanto la indexación como la indemnización constituyen precisamente una sanción para la entidad en el cumplimiento de estas funciones y sería doblemente gravoso o doblemente condenándose a una misma situación si se está condenando a la indemnización moratoria no tendría por qué a la vez indexarse dicha condena de la indemnización moratoria, esto estaría fuera de la ley por cuanto se estaría condenando nuevamente a la misma condena.
Sobre este aspecto el Tribunal le halló la razón a la impugnante, pues señaló que la indemnización moratoria y la indexación «[son] incompatibles», y por tal motivo, modificó el numeral sexto de la sentencia apelada y, como consecuencia, ordenó indexar las condenas impuestas, salvo la indemnización moratoria lo que significa, simple y llanamente, que esta decisión lo beneficio, luego, a las claras, no hay razón para argüir que en este punto la sentencia le fue peyorativa.
Ahora bien, al sustentar la alzada, la accionada también fundó su inconformidad con la decisión de primer grado en lo siguiente:
Así mismo, me permito apelar lo que hace relación a la indemnización moratoria, teniendo en cuenta como al inicio de la apelación que hice con relación a la declaratoria del contrato de trabajo cuando me referí que el ISS siempre estuvo convencido de la buena fe de que la contratación que estaba efectuando con el demandante era la correcta, máxime cuando el ISS se encontraba con su planta congelada y era totalmente imposible realizar otro tipo de vinculación que no fuese a través del contratos de prestación de servicios y efectivamente eso fue lo que realizó, por lo que considero que se debe tener en cuenta la buena fe de la entidad con respecto a las vinculaciones por las razones antes expuestas
Este aspecto de la decisión fue confirmado por el tribunal pues estimó que se encontraba acreditada la mala fe de la demandada por cuanto se valió del contrato de prestación de servicios para desconocer las acreencias propias del contrato de trabajo y derechos mínimos del trabajador por lo que, en estrictez, tampoco pudo haber reforma en peor, pues en nada varió lo dispuesto en primera instancia sobre tal punto.
Valga reiterar lo que de antaño ha señalado esta Corporación sobre dicha causal de casación, en sentencia CSJ SL, del 9 de ago. 1951, Gaceta del Trabajo, Tomo VII (números 59 a 64, pág. 39), así:
Debe decirse que, en rigor, la sentencia del tribunal no contiene “decisiones que hagan más gravosa la situación de la parte que apeló”, conforme a la causal segunda de casación laboral, por cuanto su parte resolutiva confirmó la decisión del inferior, totalmente adversa a las pretensiones del demandante. Y en lo tocante a la motiva es sabido que el superior puede formular consideraciones distintas para producir las mismas conclusiones.
Como corolario, dado que efectivamente la accionada recurrió la condena al pago de la indemnización moratoria, lo que condujo a que el colegiado modificara la decisión de primer grado en su favor en uno de los puntos motivo de inconformidad y confirmó en lo demás, no se configura la causal segunda de casación invocada por el censor, que implica, como ya se asentó, una reforma de la sentencia apelada que perjudique al apelante único, en consecuencia, el cargo no se abre paso.
IX. SEGUNDO CARGO
Por la causal primera de casación, por la vía indirecta, acusa
por inaplicación de los 23 y 32 numeral 3 de la ley 80 de 1993 de los artículos 6, 83, 121, 122 y 123 de la Carta Fundamental, del artículo 66 del C.C., del artículo 66 del decreto 01 de 1984, hoy 88 CPACC, y 177 del CPC (hoy 167 del CGP) lo que llevo a aplicación indebida de los artículos 1 de la ley 6 de 1945, del artículo 7 del decreto 2351 de 1965, artículo 1,2, 20 y 41 del decreto 2127 de 1945, del artículo 1 del decreto 797 de 1949, del artículo 470 del CST y falta de aplicación del artículo 6 ordinal c del decreto 2351 de 1965 .
Lo anterior con fundamento en los siguientes errores de hecho:
1. No dar por demostrado, estándolo, que la relación que existió entre el Instituto del Seguro Sociales liquidado con el señor Guerrero fue un contrato de prestación de servicios suscrito a la luz de lo establecido en el artículo 32 de la ley 80 de 1993.
2. No dar por demostrado, estándolo, que, para ambas partes, durante toda la relación del contrato de prestación de servicios que sostuvieron, existió la convicción que este era la forma de contratación y no otra.
3. No dar por demostrado, estándolo, que el liquidado Instituto de seguros sociales, al contratar al señor Guerrero siempre actuó de conformidad con las normas legales de contratación cumpliendo con todos los trámites establecidos para la suscripción de un contrato de prestación de servicios con el demandante.
4. No dar por demostrado, estándolo, que el demandante conocía su calidad de contratista y en ningún momento de la relación reclamó por ello, máxime por su calidad de profesional como técnico [sic]
5. Dar por demostrado, sin estarlo, que la relación que existía entre las partes fue la de un contrato de trabajo.
6. Dar por demostrado, sin estarlo, que mí representada a la terminación de la relación no le pagó las prestaciones a la demandante, las cuales no le correspondían.
7. Dar por demostrado, sin estarlo, que mi representada actuó de mala fe al no haberle liquidado prestaciones a la terminación del contrato suscrito entre las partes pues se consideraba que el mismo no era de trabajo.
8. Dar por demostrado, sin estarlo que el demandante actuó de buena fe, pues conociendo las posibles implicaciones de la contratación realizada y su profesión de técnico [sic], nunca informo de sus inquietudes a la demandada.
9. Dar por demostrado que hay lugar al pago de la indemnización del contrato por su terminación sin justa causa, cuando el mismo termina por el vencimiento del término pactado.
10. No dar por demostrado que el contrato de prestación de servicios terminó por el vencimiento del término pactado.
11. Dar por demostrado, sin estarlo, que al liquidado ISS le tocaba asumir el valor de los aportes a la seguridad social en materia de salud y pensiones en contratos administrativos de prestación de servicios.
Errores que para la censura ocurrieron como consecuencia de los siguientes errores de apreciación de pruebas:
Pruebas no apreciadas que se encuentran en el expediente:
Los Contratos de prestación de servicios con sus anexos firmados entre el señor Guerrero y el Liquidado ISS 25 A 131
Reclamación administrativa del demandante folios 51 A 56.
Pruebas indebidamente apreciadas que se encuentran en el expediente:
Demanda presentada 3 a 19 folios 1 a 22
Contestación de la demanda 279 a 290
La convención colectiva aportada al proceso
Certificaciones de la existencia de los contratos de prestación de servicios expedida por la entidad folio 24
Certificaciones de aportes a la seguridad social por parte del demandante folios
Como desarrollo del cargo, indica la recurrente que la contratación del accionante se hizo en cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 23 y 32, numeral 3 de la Ley 80 de 1993, cumpliendo con todos los requisitos exigidos en las normas; que los contratos son actos administrativos que gozan de presunción de legalidad y están revestidos de buena fe, de cuyo contenido se extrae la exclusión de relación laboral, la posibilidad de supervisión, sin que pueda ser considerada como subordinación; los documentos fueron suscritos por las dos partes, el actor reconoce su condición de contratista y sus labores de técnico, por lo que no puede endilgar a la demandada un actuar indebido, cuando conocía plenamente las implicaciones de los contratos de prestación de servicios firmados y es una clara manifestación de voluntad y expresión del acto propio que no puede desconocerse, máxime cuando no presentó reclamación alguna durante la vinculación en la que cumplió con los requerimientos inherentes a esta clase de relación.
Tampoco se tuvo en cuenta que en los contratos de prestación de servicios se hizo referencia a la certificación del presidente de la entidad de que no contaba con personal de planta para cumplir la labor contratada, por estar congelada, y que debía garantizar el cumplimiento del objeto de la entidad, lo que llevó a la necesidad de vincular al demandante bajo tal modalidad. Se remitió al artículo 32 de la Ley 80 de 1993, a la sentencia CC C-154-97, para sostener que tales contratos hacen parte de los principios establecidos en el artículo 123 de la Constitución Política; la decisión desconoce lo establecido en el artículo 66 del Decreto 1.° de 1984, a partir del cual los documentos suscritos por las partes son actos administrativos, gozan de presunción de legalidad, que las decisiones judiciales desconocen.
Califica que es obvio que las labores debían desempeñarse en un horario y en las instalaciones de la entidad, lo que no podía ser de otra manera porque allí se encuentran los equipos y labores objeto del contrato, se obtenía el insumo del trabajo como técnico de conformidad con la experticia del actor, sin que en la decisión se hubiera hecho mención a los argumentos de la contestación de la demanda y aplicando una presunción por el simple hecho de haber prestado el servicio en las condiciones anotadas para convertir el contrato de prestación de servicios en uno de trabajo.
Añade que la sentencia desconoce también que conforme al artículo 122 de la Carta Política, no puede haber ningún empleo público que no tenga funciones detalladas en la ley o reglamento y se requiere que estén contemplados en la respectiva planta de personal.
Acude a la teoría de los actos propios, cuyos elementos enuncia como: 1) la existencia de una conducta anterior que sea jurídicamente relevante, 2) el ejercicio de un derecho subjetivo que de lugar a una determinada pretensión, 3) la existencia de una contradicción entre la conducta anterior y la pretensión posterior y, 4) la existencia de una identidad de sujetos en la relación dentro de la cual se dieron la conducta anterior y la pretensión posterior. En el caso, dijo que el accionante suscribió varios contratos de prestación de servicios que, posteriormente, negó su naturaleza con lo que denota una contradicción en el marco de la relación existente entre las partes y demuestra que el mencionado actuó contra sus propios actos para obtener un beneficio.
Añade que no puede haber lugar a condena por mora de conformidad con lo dispuesto en el artículo 1609 del CC, cuando la parte demandada ha respetado lo pactado hasta su terminación el 31 de marzo de 2013 y ahora pretende que se declare un contrato de trabajo a término indefinido cuando expresa, clara e indiscutiblemente acordaron que sería a término fijo. Considera que la condena a indemnización por terminación del contrato sin justa causa debe revocarse por cuanto terminó por causa legal, que fue el vencimiento del plazo pactado.
X. TERCER CARGO
Con apoyo en la primera causal, se acusa la sentencia por
[vía] DIRECTA por inaplicación de los 23 y 32 numeral 3 de la ley 80 de 1993 de los artículos 6, 83, 121, 122 y 123 de la Carta Fundamental, del artículo 66 del C.C., del artículo 66 del decreto 01 de 1984, hoy 88 CPACC, y 177 del CPC (hoy 167 del CGP)) y de los artículos 27, 1502, 1602, 1603 y 1609 del C.C lo que llevo a aplicación indebida de los artículos 1 de la ley 6 de 1945, artículo 1,2, 20 y 41 del decreto 2127 de 1945, del artículo 1 del decreto 797 de 1949, y de los artículos 1, 3 y 20 del decreto 2013 de 2012, del artículo 470 del CST que lleva a una indebida interpretación del artículo 7 del decreto 2351 de 1962 y un falta de aplicación del artículo 6 del mismo decreto
Estima que las normas referidas fueron transgredidas como consecuencia de la equivocada apreciación de pruebas con base en las cuales se determinó que entre las partes existió un contrato de trabajo y no uno de prestación de servicios como se acordó.
Reiteró los argumentos expuestos en el desarrollo del cargo anterior y añade que considera una actuación de mala fe esperar varios meses para presentar la demanda que, desde su perspectiva, muestra el ánimo de lucro de una contratación legal, lo que califica como un abuso del derecho.
XI. CUARTO CARGO
Por la causal primera, invoca la violación de la ley sustancial
[…] por al vía INDIRECTA, por falta de aplicación del artículo 470 del código sustantivo del trabajo, lo que llevó a una aplicación indebida de lo establecido en el artículo 5 de la convención colectiva suscrita entre el Instituto de seguros sociales y Sintraseguridad social 2001-2004 al caso que nos ocupa, del artículo 66 del decreto 1 de 1984 (hoy artículo 88 CPACC) y de los artículos 27, 1502, 1602, 1603 y 1609 del C.C,(sic)
Dice que lo precedente condujo a la comisión de los siguientes errores de hecho:
1. No dar por demostrado, estándolo, que la relación que existió entre el Instituto del seguro sociales liquidado con el señor Guerrero fue a través de contratos de prestación de servicios a término definido suscritos a la luz de lo establecido en el artículo 32 de la ley 80 de 1993.
2. No dar por demostrado, estándolo, que, para ambas partes, durante toda la relación del contrato de prestación de servicios que sostuvieron, existió la convicción que este era la forma de contratación y la duración establecida para la misma.
3. Dar por demostrado que hay lugar al pago de la indemnización del contrato por su terminación sin justa causa de acuerdo con lo establecido en el artículo 5 de la convención colectiva, cuando el mismo terminó por el vencimiento del término válidamente pactado.
4. No dar por demostrado que el contrato de prestación de servicios terminó por el vencimiento del término pactado.
Lo anterior como consecuencia de la no apreciación de las siguientes pruebas:
Los Contratos de prestación de servicios con sus anexos firmados entre el señor Guerrero y el Liquidado ISS que obran a folios 25 A 131
La demanda presentada folios 1 a 22
La reclamación Administrativa folios 51 a 56
Y la indebida apreciación de la convención colectiva aportada al proceso.
Luego de transcribir el artículo 5 de la Convención Colectiva de Trabajo y recordar que el último contrato de prestación de servicios, firmado válidamente por las partes, terminó el 31 de marzo de 2013, reiteró que los contratos de prestación de servicios suscritos con el demandante son actos administrativos que gozan de presunción de legalidad a la luz del artículo 66 del Decreto 1.° de 1984 (hoy artículo 88 CPACC) y nuevamente reiteró los argumentos expuestos en los dos cargos anteriores.
Como se anunció, se acumulan los cargos segundo a cuarto, toda vez que contienen similar desarrollo.
XII. OPOSICIÓN
Con respecto al segundo cargo, expone que no satisface las reglas técnicas puesto que endilga a la sentencia la falta de apreciación de los contratos de prestación de servicios celebrados entre las partes, los cuales sí fueron estimados por el juzgador de instancia, en cambio no cuestiona la valoración de la prueba testimonial y otros documentos como los obrantes a folios 148 a 232 y se plantean de manera indistinta cuestionamientos fácticos y jurídicos. De fondo indica que no hay errores fácticos porque de ninguna de las pruebas denunciadas emerge que el actor prestó sus servicios con autonomía ajena a un contrato de trabajo, las condiciones de subordinación fueron establecidas de la prueba testimonial y documental que no fueron resquebrajados por el censor y que se dedicó a construir su propio discurso, omitiendo subrayar los supuestos yerros del tribunal.
Con respecto a la moratoria aduce que la buena fe no se puede deducir de la simple negación de la relación laboral como lo ha sostenido esta Corporación.
En relación al cargo tercero indica que no es dable formular un embate por la vía directa cuando se aparta de las conclusiones fácticas y probatorias del juez colegiado; la argumentación no es apta para rebatir la conclusión sobre la existencia del verdadero contrato de trabajo y la potestad del ISS para celebrar los contratos de prestación de servicios está condicionada a que no se desnaturalicen los elementos esenciales de estos contratos ni su razón de ser.
XIII. CONSIDERACIONES
Aun cuando la demanda no es precisamente un modelo, es viable superar las falencias observadas por el opositor en el entendido de que el cuestionamiento se dirige a controvertir la conclusión del fallador al estimar que entre las partes existió una verdadera relación laboral regida por un contrato de trabajo con aplicación del principio de la primacía de la realidad, asunto que trae aparejados argumentos de estirpe jurídicos y fácticos, y dado que se acumulan los cargos dirigidos por la vía directa e indirecta es procedente abordar el estudio correspondiente.
Dado el esquema del recurso extraordinario, la Corte abordará su estudio teniendo como báculo los siguientes puntos: 1º) presunción del contrato de trabajo; 2º) planta de personal; 3º) teoría de los actos propios-«venire contra factum proprium non valet»- y su desarrollo jurisprudencial- requisitos o condiciones- verificación de los requisitos o condiciones del acto propio en el asunto bajo escrutinio; 4º) 4º) sanción moratoria, y 5°) término de duración del contrato y sus consecuencias.
Debe advertirse que, con el fin de dar respuesta a los diferentes planteamientos propuestos por el recurrente, la Sala acudirá a lo resuelto en la sentencia CSJ SL4537-2019, reiterada en muchas ocasiones por la Corte, así:
1º) Sobre la presunción del contrato de trabajo
Esta Corporación, en providencia CSJ SL, del 1º de jul. de 2009, rad. 30.437, recordó que desde sus orígenes, tiene adoctrinado que, como cabal desarrollo del carácter tuitivo de las normas sobre trabajo humano, para darle seguridad a las relaciones laborales y garantizar la plena protección de los derechos laborales del trabajador, el artículo 20 del Decreto 2127 de 1945 consagra una importante ventaja probatoria para quien invoque su condición de trabajador, consistente en que, con la simple demostración de la prestación del servicio a una persona natural o jurídica se presume, iuris tantum, el contrato de trabajo sin que sea necesario probar la subordinación o dependencia laboral.
De tal suerte que, en consecuencia, es carga del empleador o de quien se alegue esa calidad, demoler dicha presunción y, por ende, debe demostrar en el juicio que en la relación jurídica entre las partes no existió subordinación o dependencia.
Importa por ello citar, como ejemplo de lo que ha sido la abundante jurisprudencia de la Sala sobre el tema, lo que se expuso en la providencia de la extinta Sección Primera del 25 de marzo de 1977 (Gaceta Judicial No 2396, páginas 559 a 565), en los siguientes términos:
Se ve claro, por lo anterior, que el sentenciador entendió de manera correcta el aludido precepto legal, pues fijó su alcance en el sentido de que el hecho indicador o básico de la presunción lo constituye la prestación de un servicio personal, y que el indicado o presumido es el contrato de trabajo. O sea que, si el demandante logra demostrar que prestó un servicio personal en provecho o beneficio de otra persona o entidad, debe entenderse que esa actividad se ejecutó en virtud de un vínculo de la expresada naturaleza. Pero advirtió también que la cuestionada regla tiene el carácter de presunción legal y que, por lo tanto, admite prueba en contrario y puede ser desvirtuada o destruida por el presunto patrono mediante la demostración de que el trabajo se realizó en forma independiente y no subordinada, bajo un nexo distinto del laboral. Dejó sentado, pues, -como lo tienen admitido la doctrina y la jurisprudencia- que la carga de la prueba del hecho que destruya la presunción corresponde a la parte beneficiaria de los servicios.
Anotó entonces, y como surge de la sentencia arriba transcrita, que la presunción que consagra el mencionado precepto se puede desvirtuar, por manera que si la plataforma probatoria, obrante en el proceso, demuestra que la relación que hubo entre los contendientes fue independiente o autónoma así habrá de declararse.
Allí también recordó la Corte que tanto la doctrina como la jurisprudencia, han enseñado que la consecuencia que producen las presunciones legales, como la aquí debatida, es la de eliminar el hecho presumido de los presupuestos de hecho para que se produzcan los efectos jurídicos perseguidos por quien invoca a su favor la presunción, lo que, desde luego, impone a la otra parte la carga de probar el hecho contrario, o la inexistencia del hecho indicador, que da pie a la presunción. Por lo tanto, no tiene sentido que a quien la ley lo ha dispensado de la prueba de ese hecho, se le exija por parte del juez que lo acredite.
En este orden de ideas, aflora patente que el fallador no incurrió en el dislate jurídico que le enrostra el recurrente, pues una vez encontró acreditada la prestación personal del servicio del actor activó la presunción explicada que, en puridad de verdad, el llamado a juicio no logró desvirtuar.
Esta Sala tiene asentado que, en los eventos en que se pretende la declaratoria de existencia del contrato de trabajo y el demandado fundamenta su defensa en otra clase de vínculo contractual, como el de prestación de servicios, estos acuerdos formales por sí solos no son indicativos de una relación autónoma o independiente, en virtud del principio de la primacía de la realidad que rige en materia laboral. Luego no existe yerro fáctico en la valoración de estos elementos suasorios.
Además, repárese en que lo que hizo el Tribunal, fue aplicar el referido principio de la primacía de la realidad sobre las formas, dándole prelación a las circunstancias que rodearon la relación jurídica, más que a la forma que resultaba de los documentos contractuales o cualquier otro que hayan suscrito o expedido las partes, acorde con lo que acreditaban las probanzas arrimadas al informativo, lo que condujo a que en el presente asunto, las condiciones particulares bajo las cuales se ejecutó la labor derivadas principalmente de la valoración de lo dicho por los testigos, prevalecieran y permitieran al juez de alzada inferir que en verdad la vinculación del demandante con el ISS se realizó bajo un contrato de trabajo.
En consecuencia, la conclusión del fallador de alzada en cuanto a que el promotor del proceso durante el tiempo que le prestó servicios al ISS, lo hizo bajo la condición de un trabajador dependiente y subordinada, se mantiene incólume puesto que dicha realidad no se puede desconocer con las manifestaciones que aparecen en los documentos denunciados por el recurrente.
En lo atinente al argumento según el cual si el contrato duró un poco más de 12 años sin elevar reclamación alguna, solo basta rememorar lo asentado por esta Corte en la sentencia CSJ SL 9156-2015, en cuanto a que no afecta el amparo de la mencionada presunción consagrada en los artículos 24 del Código Sustantivo del Trabajo y 20 del Decreto 2127 de 1945, ni la aplicación del principio constitucional de la primacía de la realidad, la circunstancia de que el accionante no hubiese reclamado sus derechos laborales estando vigente la relación, como quisiera la censura que sucediera, «dado que la ley no impone esa condición para hacer efectiva la protección al trabajo. Del silencio del trabajador oculto no se puede derivar su aceptación de un contrato de prestación de servicios ni la renuncia a uno laboral, pues, justamente, en vista de que él es la parte débil de la relación se le ha de brindar la protección requerida para hacer efectivo el derecho al trabajo, y esto se logra permitiéndole que, en el momento en que lo considere a bien, reclame sus derechos como trabajador, con la única limitante de los efectos de la prescripción de la acción establecida para efectos de brindar la seguridad jurídica propia de un Estado social de derecho».
2º) Planta de personal
Tiene asentado la Corte que la inclusión de un trabajador en la planta de personal es cuestión ajena a su voluntad y no puede ser excusa para desconocerle los derechos laborales que le corresponden si estuvo vinculado por una relación laboral. En ese sentido se pronunció esta Sala, entre muchas, en la sentencia CSJ SL, del 13 de sep. de 2006, rad. 26539.
3°) La teoría de los actos propios - «venire contra factum proprium non valet» - y su desarrollo jurisprudencial
El artículo 83 de la Constitución Política estatuye que «Las actuaciones de los particulares y de las autoridades públicas deberán ceñirse a los postulados de la buena fe, la cual se presumirá en todas las gestiones que aquellos adelanten ante éstas».
Por su parte, el artículo 55 del Código Sustantivo del Trabajo consagra que «El contrato de trabajo, como todos los contratos, debe ejecutarse de buena fe y, por consiguiente, obliga no sólo a lo que en él se expresa sino a todas las cosas que emanan precisamente de la naturaleza de la relación jurídica o que por la ley pertenecen a ella».
En el horizonte trazado por la Carta Superior y la ley, la buena fe debe presidir la ejecución del contrato del contrato de trabajo, pues, a no dudarlo, es un principio cardinal que gobierna la relación laboral, en aras de que se lleve a cabo de manera respetuosa y armónica.
Adviene pertinente memorar que esta Corte en providencia CSJ SL, del 23 de oct. 2007, rad. 28169, sostuvo que la buena fe-lealtad es una noción de contenido ético específico que ha de ser tanto subjetivo como objetivo. Supone una posición de honestidad y honradez en el comercio jurídico en cuanto lleva implícita la plena conciencia de no engañar, perjudicar ni dañar. Más aún, implica la convicción de que las transacciones se cumplen normalmente, sin trampas, ni abusos. La Corporación destacó que se trata de una actitud personal ante los demás, consciente, responsable y recta. Agregó que ha de medírsela también utilizando parámetros más o menos objetivos. En la existencia o no de la buena fe los puntos subjetivos no son los que deciden la valoración de la conducta; sino la conciencia axiológica de la comunidad cuya objetividad se afirma en un tipo o modelo de obrar que opera como el meridiano de toda conducta: la del hombre medio o, si se prefiere la terminología tradicional, el buen padre de familia.
En el asunto bajo examen la Sala sentenciadora no desconoció este basilar principio, sino que, partiendo de él, estimó que la llamada a juicio no acreditó razones atendibles de su proceder al desconocer una relación de estirpe laboral.
• Verificación de los requisitos o condiciones del acto propio en el asunto bajo escrutinio
• Conducta jurídicamente precedente, relevante y eficaz por parte del trabajador
Para proceder a verificar este requisito se impone memorar que las normas laborales son de orden público y, por ende, los derechos y prerrogativas que conceden son irrenunciables según el entendimiento del artículo 14 del Código Sustantivo del Trabajo, ello como una palmaria expresión del principio tuitivo que ampara a los trabajadores.
En ese horizonte, tiene dicho esta Corte que no es la voluntad de las partes por sí misma quien determina si un contrato es o no de trabajo, sino tan solo el hecho de si la relación llena o no los requisitos impuestos por la ley para que se configure tal relación especialísima. De manera que, si se cumplen a cabalidad los mismos, existe contrato de trabajo, a despecho de cuanto piensen las partes al respecto.
No de otra manera se comprende que si las normas que regulan la contratación laboral son de orden público y obligan a los contratantes por encima de lo que ellos pacten, no se pueden desconocer los derechos previstos en la ley en favor del trabajador y solo son admisibles los pactos entre las partes que se ajusten a los postulados de la misma o mejoren las condiciones que ella contempla como mecanismo mínimo protector del empleado. Dicho en breve, los cánones de derecho del trabajo son de orden público y como tales prevalecen frente a pactos que se encuentran en oposición (sentencia CSJ SL, del 28 de may. de 1998, rad. 10661).
Desde esa perspectiva, nótese que si bien esta Corporación ha sostenido que los acuerdos a los que lleguen los trabajadores y los empleadores en observancia de las garantías y derechos mínimos e irrenunciables de aquellos, son válidos y deben ser honrados, y ello implica no solo el cumplimiento de lo pactado (pacta sunt servanda), sino también su ejecución de buena fe (artículo 55 del CST en armonía con el 1603 del CC), es decir, su desarrollo conforme a la seriedad, colaboración y lealtad que debe regir en cualquier disciplina social y jurídica, como la laboral (SL5469-2014), es claro que ese respeto de lo acordado, se pregona, única y exclusivamente cuando se realicen conforme a la ley laboral, toda vez que no siempre las partes pueden decidir libremente, «el orden público laboral limita la voluntad de las partes».
Entonces, todo lo asentado se puede sintetizar en que la declaración de la primacía de la realidad sobre las formalidades establecidas por los sujetos de la relación respecto de la cual se proclama su carácter laboral, entraña el desplazamiento de la voluntad de las partes por la de la ley, en todas las materias en las que no tienen libertad de consenso por tratarse de derechos mínimos e irrenunciables y, en tal medida, las cláusulas que se opongan directamente a la regulación laboral, serán ineficaces (CSJ SL5523-2016, CSJ SL986-2019).
Aquí dimana una imperativa conclusión: al declararse que la relación jurídica que unió a las partes en contienda fue de naturaleza laboral y no de prestación de servicios, cualquier pacto realizado por las mismas en sentido contrario, sin duda ninguna, no produce efecto alguno, aun, se insiste, así se haya efectuado con el avenimiento expreso del trabajador.
En este marco de cosas, refulge que no se satisface el primer requisito para la estructuración del acto propio, conducta jurídicamente precedente, relevante y eficaz por parte del trabajador, como lo pretende el recurrente. Y siendo todo ello así, se exhibe fútil estudiar los restantes supuestos, pues a falta de uno de ellos no es dable pregonar desconocimiento del acto propio.
4º) Sanción moratoria
No es suficiente argüir la suscripción de contratos de prestación de servicios y ampararse en estar convencido de actuar dentro de los parámetros de la Ley 80 de 1993 para lograr la exoneración de la sanción moratoria como lo busca la pasiva. Sobre el tema particular en pronunciamiento emitido contra la misma demandada, en sentencia CSJ SL1920-2019, se rememoró la CSJ SL1012-2015, en la que se expuso:
Indemnización moratoria del art. 1º del D. 797/1949: Al quedar demostrada la prestación personal del servicio por la demandante al ente enjuiciado mediante contratos de trabajo revestidos de la forma de contratos de prestación de servicios personales, el último de los cuales finiquitó el 30 de junio de 2003, y que durante su desarrollo y a su terminación aquél se sustrajo de reconocer el carácter subordinado que le era propio desconociendo al paso los derechos salariales y prestacionales que comportaron, procede la súplica por el pago de la indemnización moratoria prevista en el artículo 1º del Decreto 797 de 1949, habida consideración de no aparecer acreditados elementos de juicio suficientes para hacer atendible tal sustracción a las obligaciones contractuales laborales.
No son de recibo los argumentos en cuanto a la buena fe que pregona el ISS en la contestación de la demanda, para lo cual aduce haber actuado de acuerdo con la Ley 80 de 1993 y, que la demandante ejerció sus funciones de manera autónoma e independiente, a sabiendas que permanentemente ejercía una continuada subordinación o dependencia laboral sobre la trabajadora.
La sola presencia de los mencionados contratos de prestación de servicios, sin que concurran otras razones atendibles que justifiquen la conducta de la demandada, para haberse sustraído del pago de las prestaciones adeudadas y no canceladas en tiempo, respecto de la trabajadora subordinada, no es suficiente para tener por demostrada la convicción de la entidad bajo los postulados de la buena fe.
De otra parte, la aquiescencia del actor para acudir a una forma de contratación distinta a la laboral cuando en realidad se trata de un verdadero contrato de trabajo, no exime al empleador de ser condenado al pago de la indemnización moratoria, si no se demuestra, como en este caso, que su actuar estuvo revestido de buena fe.
Esta Corte en sentencia CSJ SL1035-2016, dijo:
No puede olvidarse que el trabajador es la parte débil de la relación, y que en muchas ocasiones se ve compelido por la necesidad de obtener una fuente de ingresos para su subsistencia y la de su familia, a aceptar condiciones alejadas de las que en estricto rigor rigen en el mundo del trabajo, y el que haya prestado su consentimiento para suscribir contratos aparentes de prestación de servicios como aquí sucedió, no exime per se al empleador del pago de la indemnización moratoria, cuando se demostró que la entidad demandada procedió a suscribir varios de esos contratos de manera sucesiva para el ejercicio del cargo de Trabajadora Social en labores administrativas propias del giro ordinario de sus actividades, con abierto desconocimiento de las normas que regulan la contratación administrativa de servicios personales.
[…]
De ahí que, mirado en conjunto el caudal probatorio, lo que acontece en el sub examine, es que en la práctica el ISS abusó en la celebración y ejecución de contratos de prestación de servicios con supuestos mantos de legalidad, con el único propósito de negar la verdadera relación de trabajo subordinado como la del analizado servidor, a efecto de burlar la justicia y los condignos derechos sociales que debieron reconocerse a tiempo a favor del trabajador demandante, lo que es reprochable y reafirma la mala fe de la entidad empleadora.
Así las cosas, resulta diáfano, que no hay razón atendible y valedera para exonerar al ISS del pago de la indemnización moratoria.
5°) Término de duración del contrato y sus consecuencias
Claros en que el Tribunal dejó sentado que entre las partes existió una relación laboral regida por un contrato, por lo que el actor ostentaba la calidad de trabajador oficial, lo que conllevó a la aplicación de la convención colectiva de trabajo, la demandada cuestiona que no se hubiera tenido en cuenta que las partes acordaron una fecha de terminación del vínculo.
Al respecto ya la Corte ha tenido la oportunidad de reiterar que, ante la existencia de un verdadero contrato de trabajo como trabajador oficial, es viable considerar que el vínculo fue a término indefinido. Es así como en la sentencia CSJ SL1057-2018, que reiteró la CSJ SL4984-2017, la Sala sostuvo al respecto lo siguiente:
Tal y como lo plantea la censura, si el Tribunal dio por establecido que entre las partes existió un contrato de trabajo entre el 8 de octubre de 2003 y el 30 de septiembre de 2004, en virtud del cual la demandante tuvo la calidad de trabajadora oficial y, por tanto, era beneficiaria de la convención colectiva de trabajo suscrita entre el ISS y Sintraseguridad Social, vigente para el periodo 2001-2004, debió advertir que conforme al artículo 5 de dicho acuerdo convencional, por regla general, los trabajadores del Instituto demandado se vinculan mediante contrato a término indefinido, a excepción de los que ingresen a desempeñar labores netamente transitorias.
En efecto, la cláusula 5 en comento, en el aparte pertinente establece:
Los Trabajadores Oficiales se vinculan al Instituto mediante contrato de trabajo escrito, a término indefinido, el cual tendrá vigencia mientras subsistan las causas que le dieron origen. Excepcionalmente, para labores netamente transitorias, el Instituto celebrará contratos de trabajo escritos, a término fijo, y tantas veces como sea necesario, cuya duración no puede ser superior a la del cargo que se reemplaza, para cubrir vacancias temporales, por licencias de maternidad, incapacidades, vacaciones, licencias voluntarias sin remuneración, suspensión por orden judicial o administrativa, permisos sindicales, compensatorios, comisiones de estudio y por duración de la obra o labor y para cubrir vacancias definitivas mientras se realiza el proceso de selección.
Los servidores del Instituto, vinculados a la firma de la presente Convención, no clasificados como empleados públicos en los estatutos del I.S.S. son Trabajadores Oficiales con contrato de trabajo a término indefinido; a estos servidores no se les aplica el período de prueba, ni el plazo presuntivo.
Desde esta perspectiva, si en el sub examine, las funciones que desarrolló la actora no eran netamente transitorias y, por tanto, no encajaban dentro de los eventos contemplados en la preceptiva convencional que permite la celebración excepcional de contratos a término fijo, debía concluirse que la duración de su vínculo fue indefinida.
Este fue el criterio que acogió esta Sala en sentencia CSJ SL, 29152, 12 dic. 2007, reiterado en providencias CSJ SL, 32.547, 24 jun. 2009, CSJ SL, 33.101, 1 Jul. 2009, CSJ SL, 35019, 10 feb. 2010, CSJ SL, 37373, 31 ago. 2010, CSJ SL, 39842, 1 feb. 2011, CSJ SL, 43175, 31 ene. 2012, CSJ SL579-2013, entre muchas otras, en las cuales al estudiar la cláusula convencional de estabilidad laboral de los trabajadores del ISS, explicó:
Del contenido de la cláusula parcialmente trascrita se infiere que si la promotora del pleito fue trabajadora oficial, su relación laboral estuvo regida por un contrato de trabajo que debe entenderse es de término indefinido, pues las labores para las que fue contratada no encajan dentro de las que permiten la excepcional celebración de contratos escritos a término fijo, según lo dispuesto en ese precepto convencional.
El yerro fáctico que se le enrostra al Tribunal se hace más palpable, si se tiene en cuenta que conforme al artículo 117 del mismo cuerpo convencional «Toda vinculación de personal que efectué el Instituto para desempeñar actividades y funciones en los cargos de las plantas de personal para los Trabajadores Oficiales, deberá hacerse mediante contrato de trabajo a término indefinido», lo cual, reafirma la conclusión a la que arriba esta Sala de Casación en el sentido que la tipología contractual que gobernó la relación de las partes fue un contrato a término indefinido.
Además de lo anterior, se debe indicar que, también incurrió en error el Tribunal al no haber dado por demostrado que el contrato del actor terminó de manera unilateral y sin fundamento en alguna de las justas causas consagradas en el artículo 7.º del Decreto Ley 2351 de 1965, por cuanto el vencimiento del plazo pactado en el contrato de prestación de servicios no tiene incidencia en la terminación del contrato, que como quedó probado era a término indefinido, tal como lo asentó esta Corporación en la sentencia antes referida, al proferir el fallo de instancia:
[…] conviene señalar que el contrato de trabajo a término indefinido de la demandante terminó unilateralmente y sin fundamento en alguna de las justas causas estipuladas en el artículo 7 del Decreto Ley 2351 de 1965, dado que, el vencimiento del plazo pactado en el contrato de prestación de servicios no tiene efectos para su finalización, a más que no se agotó un trámite previo antes de darlo por terminado.
En ese orden de ideas, en ningún dislate incurrió el sentenciador al confirmar la condena al pago de la indemnización por despido conforme a la Convención Colectiva de Trabajo vigente.
Entonces, siendo coherentes con lo discurrido los cargos no salen victoriosos.
Las costas en el recurso extraordinario estarán a cargo de la parte recurrente, por cuanto su acusación no salió avante y hubo réplica. Como agencias en derecho se fija la suma de $10.600.000,oo que se incluirán en la liquidación que haga el juez de primer grado, con arreglo en lo dispuesto en el artículo 366 del C.G.P.
XIV. DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando Justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la Ley, NO CASA la sentencia dictada por la Sala Tercera Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, el 30 de septiembre de 2021, en el proceso ordinario que promovió JAIRO ALFONSO GUERRERO BARAJAS en contra del INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES, hoy FIDUAGRARIA S.A., como vocera y administradora del PATRIMONIO AUTÓNOMO DE REMANENTES DEL ISS EN LIQUIDACIÓN.
Costas como se dijo.
Notifíquese, publíquese, cúmplase y devuélvase el expediente al tribunal de origen.
GERARDO BOTERO ZULUAGA
Presidente de la Sala
FERNANDO CASTILLO CADENA
LUIS BENEDICTO HERRERA DÍAZ
IVÁN MAURICIO LENIS GÓMEZ
OMAR ÁNGEL MEJÍA AMADOR
MARJORIE ZÚÑIGA ROMERO