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Corte Suprema de Justicia · Sala de Casación Laboral

Sentencia SL107-2023

Fecha
31 de enero de 2023
Magistrado ponente
Donald Jose Dix Ponnefz

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia SL107-2023

Corte Suprema de Justicia · Sala de Casación Laboral

Parte resolutiva

DECISIÓN En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, NO CASA la sentencia proferida por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá D.C., el 26 de marzo de 2021, en el proceso que siguió LUCILA HUERTAS contra la ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS PROTECCIÓN S.A. Costas como se indicó.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Corte Suprema de Justicia

Sala de Casación Laboral

Sentencia SL107-2023

Magistrado ponente: Donald Jose Dix Ponnefz

31 de enero de 2023

DONALD JOSÉ DIX PONNEFZ

Magistrado ponente

SL107-2023

Radicación n.° 93044

Acta 2

Bogotá, D.C., treinta y uno (31) de enero de dos mil veintitrés (2023).

La Sala decide el recurso de casación interpuesto por la ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS PROTECCIÓN S.A., contra la sentencia proferida por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá D.C., el 26 de marzo de 2021, dentro del proceso que promovió en su contra LUCILA HUERTAS.

Se admite el impedimento presentado por la magistrada Jimena Isabel Godoy Fajardo, conforme a lo previsto en el numeral 1 del artículo 141 del CGP.

ANTECEDENTES

Lucila Huertas demandó para que se declarara que la accionada era «responsable de asumir los aportes que presenta en mora», que tiene derecho al reconocimiento de la garantía de la pensión mínima a partir del 27 de enero de 2012, los intereses moratorios del artículo 141 de la Ley 100 de 1993, lo que resultara probado extra y ultra petita y las costas.

Como fundamento de sus pedimentos, señaló que nació el 27 de enero de 1955, que aportó al sistema como funcionaria del Ministerio de Defensa Nacional 281 semanas, al RPMPD 318 y al RAIS 313.7; que en las historias laborales emitidas por el ISS, así como en los extractos de fondos de pensiones obligatorias se observaban novedades como «cotizaciones no correlacionadas», «no vinculado trasladado al RAIS» y «mora patronal», lo que sumaban 429,74 semanas, con las que reunía más de 1150.

Indicó que el 1 de enero de 1995, se afilió al RAIS en Colmena hoy Protección S.A. y que ésta última no desplegó ninguna actividad a fin de que fueran corregidos los periodos con anotaciones, pese a que contaba con la custodia de las historias laborales de sus afiliados.

Narró que presentó derecho de petición con el objetivo de que se le reconociera su pensión mínima; que por orden de tutela se compelió a la accionada a emitir contestación, pero que no se ha realizado el reconocimiento, pese a que cumplía los requisitos del artículo 65 de la Ley 100 de 1993 y los del Decreto 832 de 1996 (f.º 216 a 224).

La Administradora de Fondos de Pensiones y Cesantías Protección SA., al contestar, se opuso a las pretensiones. Negó los hechos en su totalidad. Esgrimió como razones de defensa, que la actora no cumplía con los presupuestos del artículo 65 de la Ley 100 de 1993 y que tampoco había radicado solicitud de pensión mínima; resaltó que no tenía el deber de pagar los aportes en mora.

Propuso las excepciones de falta de litisconsorte necesario, prescripción, cobro de lo no debido por ausencia de causa e inexistencia de la obligación, buena fe, compensación e improcedencia del pago de intereses moratorios (f.° 284 a 294).

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

El Juzgado Dieciséis Laboral del Circuito de Bogotá D.C., mediante fallo dictado el 21 de marzo de 2019 (f.°364 CD), resolvió:

Primero: Condenar a la parte demandada Administradora de Fondos de Pensiones y Cesantías Protección S.A., a reconocer y pagar Garantía de Pensión Mínima a la señora Lucila Huertas (…) en razón de 13 mesadas al año, a partir del 1 de octubre de 2013 y hasta que subsista el derecho, teniendo como mesada para el 2013, la suma de un SMMLV para dicho año, atendiendo a lo expuesto en la parte considerativa del presente proveído, junto con los reajustes de ley.

Segundo: Condenar a la demandada Administradora de Fondos de Pensiones y Cesantías Protección S.A., a reconocer y pagar a la demandante los intereses moratorios de que trata el artículo 141 de la Ley 100 de 1993, causados para el 12 de septiembre de 2015 y hasta que se verifique el pago de las mesadas pensionales de conformidad con esta providencia y que se causaron desde el 1 de octubre de 2013.

Tercero. Absolver a la demandada de los demás petitum.

Cuarto: Condenar en costas a la demandada.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

La Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá D.C., por apelación de las partes, a través de sentencia calendada 26 de marzo de 2021 (f.°385 a 398) resolvió,

Primero: Modificar el ordinal segundo de la sentencia proferida por el Juzgado Dieciséis Laboral del Circuito de Bogotá D.C., el día 21 de marzo de 2019, para en su lugar ordenar el reconocimiento de los intereses moratorios de que trata el artículo 141 de la Ley 100 de 1993 de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de este proveído.

Segundo: En lo demás se confirma el fallo apelado.

Tercero: Costas de la primera instancia se confirman.

En lo que estrictamente interesa al recurso de casación, indicó que la garantía de pensión mínima de vejez hacía parte de la estructura del RAIS, esto, en materialización del principio de solidaridad como se expresó en la providencia CSJ SL2490-2018, esquema que se introdujo al ordenamiento jurídico con los artículos 59, 65 y 83 de la Ley 100 de 1993, -estos dos últimos, reglamentados por los artículos 5 y 9 del Decreto 832 de 1996-, explicó que esta protección se activaba cuando el afiliado alcanzaba la edad pensional, completara 1150 semanas y, no cumpliera las exigencias del artículo 35 ibídem, evento en el cual surgía el derecho a que el Estado completara la parte que le hiciere falta para la prestación; que dicho trámite lo debía adelantar la AFP.

Destacó que en ningún evento la prestación podía quedar sujeta a los trámites que debían surtirse entre la AFP y la OBP del Ministerio de Hacienda, como se adoctrinó en la providencia «CSJ SL rad. 41993 del 20 de febrero de 2013».

Al descender a las probanzas, coligió que la accionante acreditó «1212» semanas que superaban las 1150 exigidas por la Ley, que «se tienen en cuenta porque (…) en caso de mora patronal es (…) responsabilidad de las AFP proceder al cobro de las cotizaciones pendientes, ya que su desidia en la gestión encomendada por ningún motivo puede ser asumido por el afiliado».

Concluyó,

(…) el número de semanas influye en la liquidación de la prestación, pues dadas las características de este régimen, aquí la cuantía de la prestación no depende de las semanas sino del ahorro realizado en la cuenta de ahorro individual, el cual no le fue suficiente a la promotora del proceso para obtener una pensión mensual superior al 110% del salario mínimo mensual vigente, tal como lo exige el artículo 64 ibídem, de ahí que se haya tenido que acudir a la garantía prevista en el artículo 65 siguiente, prestación que deberá ser financiada con los aportes de la afiliada, empleadores, rendimientos financieros y de los subsidios del Estado (…)

RECURSO DE CASACIÓN

Interpuesto por la demandada, concedido por el Tribunal y admitido por la Corte, se procede a resolver.

ALCANCE DE LA IMPUGNACIÓN

La recurrente solicita a la Corte, casar la sentencia impugnada y una vez constituida en sede de instancia, revocar la de primer grado, y absuelva a Protección S.A. de todas las pretensiones de la demanda, proveyendo en costas como corresponda.

Con tal propósito formula dos cargos por la causal primera de casación, que fueron objeto de réplica. Dada la unidad de propósito, las normas acusadas y los argumentos en los que sustentan, se analizarán de manera conjunta.

CARGO PRIMERO

Acusa la providencia de violar por «la VÍA DIRECTA (…) la interpretación errónea de los artículos 59, 60, 65, 83 y 90 de la Ley 100 de 1993, 4 y 9 del Decreto 832 de 1996, y 2 del Decreto 142 de 2006 y la infracción directa de los artículos 68 de la Ley 100 de 1993, 7 del Decreto 832 de 1996 y 21 del Decreto 656 de 1994».

Luego de copiar los artículos 60 y 65 de la Ley 100 de 1993, refiere que la garantía de la pensión mínima requiere «que la capitalización de los aportes de los afiliados y sus rendimientos sean insuficientes, lo cual supone, necesariamente, que se deba efectuar un cálculo previo con base en las sumas que tenga depositadas el afiliado en su cuenta individual».

Asegura que el Tribunal no se «percató» de que el reconocimiento de la garantía de la pensión mínima no le corresponde a la administradora, sino que está sujeto a un trámite que debe ser aprobado por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, autorización sin la cual no se puede hacer uso de los dineros del fondo destinado a garantizar ese tipo de prestaciones, como se colige de lo contemplado en los artículos 4 del Decreto 832 de 1996, 9 del Decreto 832 de 1996, este último modificado por el artículo 2 del Decreto 142 de 2006.

Por ende, la pensión mínima no puede reconocerse como lo concluyó el Tribunal, tan pronto se cumplen los requisitos de edad y de densidad de cotizaciones, toda vez que es necesario e ineludible que se obtenga el reconocimiento de la garantía por parte del Ministerio de Hacienda, como «se desprende de una correcta interpretación de la norma antes citada: “Una vez reconocido el derecho a la garantía de pensión mínima por parte de la Oficina de Obligaciones Pensionales, la AFP iniciará los pagos mensuales de la respectiva pensión con cargo a la cuenta de ahorro individual”».

Precisa que: el reconocimiento de la pensión mínima «no está a cargo de las administradoras sino del Ministerio de Hacienda (…) la circunstancia de que esa entidad no deba pagar la garantía no significa que no tenga ninguna responsabilidad en su reconocimiento, ni mucho menos, que este quede a cargo de las administradoras de pensiones, como lo dio a entender el juez de alzada».

Copia el artículo 9 del Decreto 832 de 1996 modificado y asegura que está disposición fue «mal entendida» por el Tribunal, por las siguientes razones

(…) Que cuando un afiliado solicite el reconocimiento de la pensión, la administradora necesariamente debe hacer unos cálculos siguiendo los criterios fijados por el Ministerio de Hacienda. Ello supone que esos cálculos solo pueden hacerse cuando la cuenta individual cuente con todos los recursos, pues solo así es posible verificar si los recursos alcanzan para financiar una pensión mínima (…)

Subraya que de conformidad el artículo 7 del Decreto 832 de 1996, para el reconocimiento de la pensión mínima se requiere de un saldo en la cuenta individual, como se ha explicado en la providencia «CSJ SL, rad. 86992».

Enfatiza que el juzgador «ignoró» el artículo 21 del Decreto 656 de 1994,

(…) por no tener en cuenta que gobierna la responsabilidad de las administradoras de pensiones surgida de su falta de diligencia en el adelantamiento de las gestiones a su cargo, como el del reconocimiento por el Ministerio de Hacienda de la garantía de pensión mínima. Esta norma solo permite el reconocimiento de pensiones provisionales, pero no definitivas

Subraya que el Tribunal no verificó si la omisión en solicitud del reconocimiento de la garantía de pensión mínima, respondió o no a una razón imputable a la entidad, que no estudió el asunto; aclara que su inconformidad no conlleva el examen de las pruebas del proceso; que no obstante, si se admitiera que la demandada no fue diligente en el trámite del reconocimiento pensional, ello no sería razón suficiente para imponerle la obligación de reconocer una prestación en forma definitiva.

RÉPLICA

Señala que en el fallo no se hizo alusión de las normas que enlista la censura, en todo caso «del estudio hermenéutico de estas y las (…) aplicadas (…) en la sentencia» se arriba a la misma conclusión, esto es, que no es obligatorio que se haya obtenido una respuesta del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, en relación con el cálculo para la garantía mínima de vejez, o que se haya culminado el proceso ante dicho ente para otorgar el derecho, máxime cuando la AFP fue pasiva y actuó de forma negligente, al no realizar ninguna gestión ante la cartera ministerial ni antes ni durante el proceso judicial, por ende el «Juez colegiado estaba en la facultad de ordenar una pensión de forma permanente».

CARGO SEGUNDO

Lo propone al siguiente tenor,

Por la VÍA DIRECTA se denuncia la interpretación errónea de los artículos 15, 22 y 24 de la Ley 100 de 1993, 2 y 5 del Decreto 2633 de 1994, lo que trajo como consecuencia la infracción directa de los artículos 48 de la Constitución Política, 17 y 70 de la Ley 100 de 1993, 37 y 38 del Decreto 692 de 1994, 39 y 53 del Decreto 1406 de 1999, todo lo cual llevó a aplicar indebidamente los artículos 38 a 41 y 69 de la Ley 100 de 1993.

Para la fundamentación, luego de trascribir apartados de la sentencia impugnada, sostiene que el fallador aplicó unas normas que «de ser correctamente interpretadas, no permiten concluir que las administradoras de pensiones deben otorgar las prestaciones así los empleadores se encuentren en mora en el pago de las cotizaciones», por cuanto el responsable siempre será el incumplido. Llama la atención en los artículos 15 y 22 de la ley general de seguridad social, de los cuales se colige que el empleador debe pagar su aporte aun cuando no realice los respectivos descuentos.

Memora que conforme con la jurisprudencia, la asunción de esa responsabilidad por parte de las entidades de seguridad social, está precedida de algunos pasos y requisitos, pues no opera de forma automática; dentro de esas exigencias se destacan la afiliación al sistema y el pago de las cotizaciones en los términos fijados en la ley, por razón de la esencia contributiva del sistema, apoya su aserto en la providencia «CSJ SL, 30 de agosto de 2.000, Rad. No. 13.818», que esbozó «las directrices que gobiernan el incumplimiento patronal y las sanciones que habrán de producirse contra el empleador incumplido en el pago de aportes en pensiones», como apoyo a sus argumentos acude a las sentencias CSJ SL, 11 jun. 2006 y CC-T-474-1998.

Sostiene que el artículo 24 de la Ley 100 de 1993, tampoco se interpretó adecuadamente por el juzgador, porque de su texto,

(…) no es posible inferir la existencia de una obligación de las entidades administradoras de seguridad social en los términos en que lo entendió (…), pues en modo alguno establece que una administradora que no adelante acciones judiciales para obtener el pago de los aportes en mora sea negligente, pues del texto literal (…) correctamente entendido, lo que se colige es que se deben adelantar acciones, pero sin precisar cuáles.

Asevera que los artículos 2 y 5 del Decreto 2633 de 1994 establecen el procedimiento para constituir en mora al empleador y el cobro por la vía ordinaria, pero «no establece ningún procedimiento especial de cobro, a diferencia del que tiene el administrador principal del régimen de prima media con prestación definida», relieva que dichas normas no sitúan en la administradora, la responsabilidad de asumir el pago de las prestaciones ante la mora de los empleadores.

Dice que no desconoce que la postura del Tribunal, se acompasa con el criterio de la jurisprudencia vigente de la Sala, por lo que «comedidamente se solicita un replanteamiento de ella, para que se regrese a los que habían sido sus discernimientos sobre esta temática, por corresponderse estos con la especial naturaleza de nuestro Sistema de Seguridad Social, conforme se expuso con antelación».

Menciona que el juzgador incurrió en la infracción directa del artículo 48 de la Constitución Nacional, adicionado por el AL 01 de 2005, que consagra el principio de la sostenibilidad financiera del sistema, al otorgar prestaciones por fuera de lo establecido en las normas vigentes.

Expone las normas que regulan la responsabilidad del empleador, por la omisión en el pago de aportes, que ni siquiera fueron mencionadas por el juzgador: artículo 17 de la Ley 100 de 1993, artículo 3 del Decreto 2280 de 1994, artículo 20 de la Ley 100 de 1993, 16 del Decreto 1295 de 1994 y 147 del Decreto 1298 de 1994, artículos 39 y 53 del Decreto 1406 de 1999.

Critica que el juzgador desconoció el artículo «70» de la Ley 100 de 1993, que se ocupa de las pensiones de invalidez y, establece que estas se pagan con la cuenta individual de ahorro pensional del afiliado, el bono pensional si a éste hubiere lugar y la suma adicional que sea necesaria para completar el capital que financie el monto de la pensión, es decir, que se fincan en el aseguramiento del riesgo, mediante el pago efectivo y oportuno de los aportes pensionales por el empleador, así las cosas, si no hay pago de aportes, no es posible asegurar la suma adicional y por ello no debe hacerse responsable la entidad administradora.

RÉPLICA

La opositora solicita a la Sala no acceder al cambio de precedente en los términos esgrimidos por la censura, por cuanto, en ningún momento se exonera al empleador de sus obligaciones, pues es la misma normatividad la que avala a la entidad para que pueda repetir contra este; que el trabajador cotizante es la parte débil de la relación. Asegura que en ningún momento se obró de mala fe, tampoco con el ánimo de defraudar; que las 1114 semanas evidencian una alta densidad; que las 36 que le restan para las 1150, no vulneran la sostenibilidad financiera; y, que las AFP tienen una responsabilidad extracontractual en los precisos términos del artículo 2341 del CC.

CONSIDERACIONES

Dada la senda directa elegida por la censura para el ataque, no son objeto de discusión los siguientes supuestos fácticos: i) que la demandante nació 27 de enero de 1955; ii) que cumplió 57 años el mismo día y mes, pero del 2012 y, iii) que acredita más de 1150 semanas cotizadas al cumplimiento de la citada edad.

En este orden, el problema jurídico que corresponde resolver a la Corporación se centra en determinar si el Tribunal se equivocó al avalar el pago de la pensión mínima de manera definitiva, sin que previamente se hubiera obtenido el reconocimiento pertinente de parte de la Oficina de Bonos Pensionales del Ministerio de Hacienda y Crédito Público. Se analizará, además, si erró el fallador al incluir las semanas en las que se presentaba mora por los empleadores de la demandante.

En lo que hace a la interpretación del artículo 65 de la Ley 100 de 1993, señala la impugnante que la norma condiciona el otorgamiento de la pensión mínima al aval que al efecto emita la OBP del Ministerio de Hacienda y Crédito Público.

La norma vigente, modificada por el artículo 14 de la Ley 797 de 2003, dispone:

ARTÍCULO 65. GARANTÍA DE PENSIÓN MÍNIMA DE VEJEZ. Los afiliados que a los sesenta y dos (62) años de edad si son hombres y cincuenta y siete (57) si son mujeres, no hayan alcanzado a generar la pensión mínima de que trata el artículo 35 de la presente Ley, y hubiesen cotizado por lo menos mil ciento cincuenta semanas (1.150), tendrán derecho a que el Gobierno Nacional, en desarrollo del principio de solidaridad, les complete la parte que haga falta para obtener dicha pensión.

PARÁGRAFO. Para efectos del cómputo de las semanas a que se refiere el presente artículo se tendrá en cuenta lo previsto en los parágrafos del artículo 33 de la presente Ley.

La disposición transcrita fue reglamentada por el artículo 9 del Decreto 832 de 1996, modificado por el 2 del Decreto 142 de 2006; en la que se expone que cuando la AFP advierta que un afiliado reúne los requisitos previstos en el artículo 64 de la Ley 100 de 1993, pero no puede acceder a una pensión de vejez por insuficiencia de capital en la cuenta de ahorro individual, incluido el bono pensional, iniciará los pagos mensuales de la prestación con cargo a la cuenta de ahorro individual, «previo reconocimiento de la Oficina de Bonos Pensionales del Ministerio de Hacienda y Crédito Público del derecho a la garantía de pensión mínima».

Ahora bien, esta Corporación, en fallos como CSJ SL2735-2020, ha considerado que: i) la pensión mínima causada en favor de un afiliado, se financia con el capital obrante en la cuenta de ahorro individual y con los recursos que suministra La Nación en virtud del principio de solidaridad; ii) a partir de la información que entregue la administradora de pensiones privada y con sustento en el principio de solidaridad, el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, reconoce el capital faltante para dicha prestación; iii) la encargada de gestionar la concesión de tal prerrogativa ante la cartera ministerial, es la administradora de fondos de pensiones en representación del asegurado; y, iv) una vez cumple con los requisitos para acceder a la garantía, la entidad pensional debe comenzar el pago con cargo a los recursos que se encuentran en la cuenta de ahorro individual y al agotarse, la Nación concurre con los que faltan para subvencionarla, según lo establecido en el artículo 9 del Decreto 832 de 1996.

Bajo este escenario, la Sala concluye que la colegiatura no incurrió en los yerros endilgados que se le atribuye.

En providencia CSJ SL2735-2020, se adoctrinó:

(…)

Obligación legal que omitió cumplir la AFP Porvenir S.A., en forma oportuna y completa ante el ente ministerial mencionado, tal cual lo relató la opositora y demandante en las instancias en el libelo inicial y lo corroboró el ente estatal al ponerse a derecho en la actuación, pues, pese a que la actora satisfizo las 1.150 semanas como último requisito de exigibilidad para acceder a la prestación económica, deprecada desde el 9 de diciembre de 2013 y corrido un tortuoso trámite durante las siguientes anualidades, apenas el 7 de octubre de 2016 solicitó la emisión y redención del bono para el reconocimiento de la garantía de la pensión mínima de vejez ante la entidad ministerial, aspecto fáctico que tampoco puede ser objeto de reproche por parte de la censura en un cargo como el que aquí se estudia, y menos de justificación, so pretexto de que no había lugar a la imposición del reconocimiento de dicha prestación porque dicha entidad no contaba con la aprobación del Ministerio, cuestión que no es de recibo, por cuanto el deber ser de la norma es que esta se cumpla en situaciones como la que alegó en su favor la demandante, más aún, en situaciones como la del sub lite donde estaba en juego el derecho fundamental de la seguridad social de la actora, consagrado en el artículo 48 de la Carta Política.

Pero que sea responsabilidad de la AFP tramitar el requerimiento de la garantía de pensión mínima ante la OBP del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, a nombre del trabajador, e ir hasta iniciar los pagos de la respectiva pensión con cargo a la cuenta de ahorro individual, cuando verifique con las fórmulas diseñadas por dicho ente ministerial que el saldo en la cuenta individual es menor que el requerido para el pago de una pensión mínima, en lo que ha dado en tenerse como una pensión temporal o provisional, cuando se hayan iniciado los trámites para el reconocimiento de la prestación, no es excusa para que el mentado ente gubernamental esquive su responsabilidad de ‘velar por la eficiente prestación del servicio’ que le ha sido impuesta en desarrollo de lo previsto por los literales g) e i) del artículo 60 de la Ley 100 de 1993, de modo que, para citar unos ejemplos, reconocerá el derecho a la garantía de pensión mínima en un término que no supere los cuatro (4) meses contados a partir del recibo de la solicitud, como también adoptará las medidas necesarias cuando advierta que los recursos de la cuenta individual amenacen su agotamiento en el término de un año, caso en el cual aprovisionará lo necesario para el pago de la pensión a su beneficiario con imputación a la citada garantía.

Por lo anterior, no comparte esta Sala el señalamiento de la censura en cuanto que no puede «el operador judicial otorgar prestaciones dentro del régimen de ahorro individual con solidaridad con base en criterios que se apartan de la finalidad misma del sistema», por la potísima razón de que aquí no se trató de un reconocimiento sin el lleno de los requisitos, por el contrario, estos quedaron plenamente demostrados, luego, de lo que se trató fue de garantizarle a la actora el derecho pensional que le asiste desde el mes del 1 de abril de 2015 y que, por desidia del fondo recurrente, aún no ha logrado materializar, sin que ello implique que tenga que asumir el valor faltante para garantizar la prestación, en tanto que, paralelamente, si no lo ha hecho, debe agilizar el trámite administrativo ante el Ministerio de Hacienda y Crédito Público para obtener el aporte que debe hacer la Nación para garantizarle a la actora su prestación económica, por haber satisfecho los requisitos legales para acceder a ésta; y al ente ministerial, en su función de velar por la eficiente prestación del servicio, resolver oportunamente la solicitud de la garantía de pensión mínima y si es necesario aprovisionar lo que se requiera para satisfacer el pago oportuno de la prestación a su titular.

No sobra precisar que la contribución que realiza el Estado a través de la oficina de Obligaciones Pensionales del Ministerio de Hacienda, es para el asegurado que, como el caso de la actora, no logró acumular el capital suficiente para financiar su pensión de vejez, siendo de responsabilidad de la entidad de seguridad social, como administradora del fondo pensiones del régimen de ahorro individual, el reconocimiento de ésta y no de dicho ente ministerial, pues, se insiste, es por conducto de esta entidad que el Estado aporta lo que hace falta a los asegurados para no ver truncada la garantía de vejez, pues es a eso a lo que se refieren los artículos 64 y 65 de la Ley 100 de 1993, lo que, se repite, no desdice de las funciones que competen al citado Ministerio.

Lo anterior significa que la correcta interpretación de las disposiciones acusadas, es que el trámite ante la OBP es del resorte pleno de las AFP, trámite que no discute en el sub lite, máxime cuando las acusaciones se dirigen por la senda jurídica.

Por otro lado, la impugnante estima que el juzgador de segundo nivel «ignoró» el artículo 21 del Decreto 656 de 1994, que solo permite el otorgamiento de pensiones provisionales, que no definitivas. De todo lo que viene de historiarse, no se advierte que el planteamiento que hace la recurrente haya sido uno de los argumentos blandidos a lo largo de las dos instancias, de suerte que se erige como un medio nuevo en sede de casación. Por ello, no se abre paso su análisis, en tanto se comprometerían el derecho de defensa de la accionante y el debido proceso, máxime cuando el Ministerio de Hacienda y crédito Público no hizo parte del proceso.

Para resolver el problema jurídico, según el cual, la entidad no es responsable por la mora en la que incurre el empleador en el pago de las cotizaciones, se memora que el sentenciador plural hizo énfasis en que la administradora tiene la responsabilidad de «proceder al cobro», de los aportes, ya que su «desidia en la gestión encomendada por ningún motivo puede ser asumida por el afiliado».

En primer término, se debe relievar que el pilar de la decisión se encuentra en el argumento según el cual, ante la omisión del deber consagrado en el artículo 24 de la Ley 100 de 1993, la administradora debía responder por la prestación reclamada, sin embargo, tal razonamiento, de índole fáctico no fue controvertido, dada la senda por la que se elevan las acusaciones.

En segundo lugar, aunque se hiciera abstracción de lo precedente, los razonamientos del Tribunal coinciden con lo dicho por esta Corporación, tal y como lo detalló la providencia CSJ SL7300-2016:

De otro lado, debe advertirse que frente a una mora en el pago de aportes y en el caso de que el trabajador sufra un infortunio del cual se desprenda el pago de determinadas prestaciones, lo cierto es que como lo sostuvo el Tribunal, la Corte tiene adoctrinado que si la entidad administradora no inicia las acciones de cobro para obtener el pago coactivo de los aportes insolutos, queda obligada al pago de las prestaciones correspondientes, pues ni el asalariado ni sus beneficiarios pueden verse afectados por la omisión del empleador en el pago de los aportes, como tampoco de la inercia de la entidad receptora de dichos aportes en accionar los mecanismos legales previstos para el recaudo efectivo de dichos aportes. (Subraya la Sala)

Si ello es así, no importa que a la ocurrencia del infortunio no se hubieran cancelado los aportes en mora, pues si no hay la actitud positiva de la administradora para recaudar, la consecuencia es el pago de la prestación. Y por ello, tampoco importa que los aportes en mora hubieran sido cancelados por el empleador con posterioridad a la causación del riesgo, pues de todas maneras tendrá la administradora que asumir la obligación que se le reclama. En otras palabras, si no hay pagos de aportes antes del riesgo, las prestaciones derivadas del mismo se causan para el trabajador o sus beneficiarios, según el caso; y si hay pago posterior al riesgo del empleador de dichos aportes, igual surge para la administradora el pago de esas prestaciones. (Subraya la Sala)

El precedente resuelve el problema jurídico planteado, es decir, que no se exime a la entidad de seguridad social de asumir el pago de la prestación, máxime cuando no demostró que ejerció las acciones de cobro que le eran exigibles.

De lo que viene de decirse, los cargos no prosperan.

Costas a cargo de la parte recurrente, por cuanto presentó réplica. Se fijan como agencias en derecho, la suma de $9.400.000, que se liquidarán en el juzgado, en la forma y términos previstos en el artículo 366-6 del Código General del Proceso.

DECISIÓN

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, NO CASA la sentencia proferida por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá D.C., el 26 de marzo de 2021, en el proceso que siguió LUCILA HUERTAS contra la ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS PROTECCIÓN S.A.

Costas como se indicó.

Cópiese, notifíquese, publíquese, cúmplase y devuélvase el expediente al tribunal de origen.

DONALD JOSÉ DIX PONNEFZ

JIMENA ISABEL GODOY FAJARDO

Impedida

JORGE PRADA SÁNCHEZ

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