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Corte Suprema de Justicia · Sala de Casación Laboral

Sentencia SL1070-2023

Pensión convencional

Año
2023
Magistrado ponente
Fernando Castillo Cadena
Citada por
28 providencias

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia SL1070-2023

Corte Suprema de Justicia · Sala de Casación Laboral

Problema jurídico

  1. ¿Los demandantes consolidaron el derecho a la pensión convencional de Ecopetrol antes de que expiraran las reglas pensionales convencionales el 31 de julio de 2010?

  2. ¿El Acto Legislativo 01 de 2005 preservó las reglas pensionales convencionales de los trabajadores de Ecopetrol que aún no habían completado los requisitos de acceso?

Reglas

  1. El Acto Legislativo 01 de 2005 extinguió el 31 de julio de 2010 los regímenes pensionales exceptuados y sus reglas, sin afectar derechos pensionales cuyos requisitos ya se hubieran consolidado.

    «salvo aquellos que tuvieran consolidados los requisitos de acceso -esto es un verdadero derecho adquirido- a disfrutar la pensión extralegal»
  2. Las condiciones de una pensión convencional deben cumplirse antes de la fecha en que pierde vigencia la regla convencional aplicable para que exista un derecho adquirido.

    «el derecho a la pensión está sometido a que se cumplan los requisitos de acceso exigidos en el régimen aplicable al beneficiario, antes de las fechas de expiración instituidas en el mismo»
  3. Las reglas de instrumentos convencionales suscritos después del 29 de julio de 2005 no mantienen efectos para pactar condiciones pensionales diferentes a las del sistema general.

    «los instrumentos colectivos a los que alude la censura, posteriores a tal data no mantuvieron su eficacia»
  4. Cuando el instrumento convencional exige edad y tiempo de servicio o puntaje, esos requisitos son de causación y deben acreditarse antes de que expire la regla que los establece.

    «los requerimientos de edad y tiempo de servicio son de causación, por lo que debían estar acreditados antes de la pérdida de vigencia del documento convencional»

Decisión

No casó la sentencia del Tribunal que negó las pretensiones pensionales de los seis trabajadores de Ecopetrol. Impuso costas del recurso extraordinario a los recurrentes.

Parte resolutiva

XI. DECISIÓN En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley, NO CASA la sentencia proferida por la Sala de Decisión Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, 30 de octubre de 2020, en el proceso ordinario laboral que JOSÉ RICARDO ROA LÓPEZ, SAÚL CALDERÓN CALDERÓN, ANTONIO MANUEL DURÁN, NELSON HURTADO SÁNCHEZ, BLADIMIR MATEUS ALMENDRALES y ALBERTO MEJÍA LENGUA, le promovió a EMPRESA COLOMBIANA DE PETROLEOS - ECOPETROL S.A. Costas como se indicó en la parte motiva de la providencia.

Ficha elaborada por RuleX: cada regla va con el pasaje literal de la providencia que la sostiene.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Corte Suprema de Justicia

Sala de Casación Laboral

Sentencia SL1070-2023

Magistrado ponente: Fernando Castillo Cadena

FERNANDO CASTILLO CADENA

Magistrado ponente

SL1070-2023

Radicación n.° 92585

Acta 7

Bogotá, D.C., primero (1°) de marzo de dos mil veintitrés (2023).

Decide la Sala el recurso de casación interpuesto por JOSÉ RICARDO ROA LÓPEZ, SAÚL CALDERÓN CALDERÓN, ANTONIO MANUEL DURÁN, NELSON HURTADO SÁNCHEZ, BLADIMIR MATEUS ALMENDRALES y ALBERTO MEJÍA LENGUA, contra la sentencia proferida por la Sala de Decisión Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, el 30 de octubre de 2020, en el proceso ordinario laboral que promovieron en contra de la EMPRESA COLOMBIANA DE PETROLEOS - ECOPETROL S.A.

I. ANTECEDENTES

José Ricardo Roa López, Saúl Calderón Calderón, Antonio Manuel Durán, Nelson Hurtado Sánchez, Bladimir Mateus Almendrales y Alberto Mejía Lengua demandaron a Ecopetrol S.A., en procura de que fuera condenada, previas las declaraciones de rigor, al reconocimiento y pago de la pensión convencional con una mesada pensional equivalente al promedio anual de todos los elementos que integran el salario, conforme al artículo 109 (hoy 106) de la Convención Colectiva suscrita entre la Unión Sindical Obrera y la Empresa demandada; que se estimaba para José Ricardo Roa López en la suma de $5.761.807, Saúl Calderón Calderón en $5.410.076, Antonio Manuel Durán Rey en $6.098.101, Nelson Hurtado Sánchez en $5.233.186, Bladimir Mateus Almendrales en $5.200.000, y Alberto Mejía Lengua, en $5.342.755, o lo que les resultare probado.

Igualmente, que se les incluyera en nómina de pensionados, a partir de la fecha de su retiro de la empresa y, por todo el tiempo hasta cuando Colpensiones inicie el pago pensional, sin perjuicio de que Ecopetrol continúe cubriendo el excedente de esta; lo que resulte probado ultra y extra petita, y las costas del proceso.

En soporte de las súplicas, afirmaron que: en la empresa existe la organización sindical denominada Unión Sindical Obrera de la Industria del Petróleo - USO, con personería jurídica reconocida por el Ministerio del Trabajo, con la que se habían celebrado convenciones colectivas; en el 2001, se firmó un nuevo instrumento con una vigencia de dos años, en la cual se pactó, en la cláusula 109, las condiciones para acceder a la pensión extralegal; el 28 de noviembre de 2002, se suscitó un nuevo conflicto colectivo que culminó el 9 de diciembre de 2003, mediante el laudo arbitral que determinó en su punto 15 de la parte resolutiva que:

En adelante, a partir de la ejecutoria del presente laudo arbitral, el sistema de pensiones previsto en la convención colectiva de trabajo artículo 109, parágrafos 1, 2, 3, 110 a 112, con sus dos parágrafos que hacen parte del capítulo 13, primas y prestaciones extralegales, única y exclusivamente se aplicará a los trabajadores de Ecopetrol, actualmente vinculados con contrato de trabajo y que se beneficien de la convención, quienes mantendrán el régimen convencional existente con sus condiciones y prerrogativas para continuar accedido (sic) a la pensión de jubilación o vejez en los términos en ella previstos.

Laudo frente al que, el 17 de diciembre del 2003, se adicionó en el que se repitió el punto 15, así «Se tuvo en consideración que los trabajadores favorecidos por la pensión estaban dentro del régimen exceptuado establecido en el artículo 279 de la ley 100 de 1993, reglamentado por el [D]ecreto 807 de 1994»; el 31 de marzo de 2004, esta Sala no anuló el laudo, por lo que quedó ejecutoriado. Se afirma que, para aquel momento, los accionantes continuaban trabajando para la entidad demandada.

Con posterioridad, la cláusula 109 de la convención colectiva del año 2006 mencionó el punto 15 y trascribió lo señalado en la convención de 2001, al que se le dio una vigencia de 3 años; en el año 2009, se firmó nuevo instrumento que regiría por 5 años y, en este se reprodujo en forma idéntica la norma convencional sobre pensiones; en el 2014 al no modificarse las condiciones pensionales quedó con la numeración 106. Resaltaron que en todos se determinó que hacía el futuro la empresa continuaría reconociendo la pensión de jubilación.

Acudieron al texto convencional referente a los requisitos para acceder a la pensión, para con ello indicar que el laudo arbitral de 2003 no afectó lo allí estipulado, ya que solo «limitó su aplicación a quienes tuvieran contrato con ECOPETROL, cuando este entró en vigencia dicho laudo».

Hicieron alusión a: las quejas presentadas ante la OIT en contra del estado colombiano por violar los Convenios 98 y 87 de dicha Organización, fundadas en el no reconocimiento de pensiones que generó la Recomendación 2958 y, en donde se memoró que, frente a este puntual aspecto ya existía la Recomendación 2434; que el Ministerio del Trabajo, al pronunciarse sobre las pensiones extralegales, señaló que: «acudía al margen de discrecionalidad aludido en las sentencias de la Corte Constitucional Nos. 555 de 2014 y 171 de 2011 y "consecuencialmente el gobierno se ve impedido para acatar las mencionadas recomendaciones»; a su vez, resaltaron las memorias de la Conferencia del año 2017 de la OIT, donde en el Informe de la Comisión de Expertos en aplicación de Convenios y Recomendaciones, se había indicado que un sistema general de pensiones era compatible con la negociación colectiva mediante un sistema complementario.

Agregaron que se acordó entre la Empresa encartada y la USO la creación de un fondo de reserva para las prestaciones sociales, incluidas las pensiones.

Finalmente, en cuanto al vínculo contractual adujeron que: José Roa había venido prestando sus servicios a Ecopetrol desde el 20 de agosto de 1998 con contrato a término indefinido y antes del mismo tuvo contrato temporal desde 1982, nació el 11 de abril de 1963; Saúl Calderón prestó sus servicios a Ecopetrol a través de contrato a término indefinido desde el 27 de febrero de 2001 y antes de esa fecha con contrato temporal desde 1980, nació el 21 de agosto de 1959; Antonio Manuel Durán prestó sus servicios a Ecopetrol a través de contrato a término indefinido desde el 14 de enero de 2002 y antes de esa fecha con contrato temporal desde 1989, nació el 22 de noviembre de 1959; Nelson Hurtado prestó sus servicios a Ecopetrol por medio de contrato a término indefinido desde el 14 de abril de 1980, nació el 28 de marzo de 1957; Bladimir Mateus prestó sus servicios a Ecopetrol a través de contrato a término indefinido desde el 7 de septiembre de 1998 y antes de esa fecha con contrato temporal desde 1980, nació el 21 de diciembre de 1959; Alberto Mejía prestó sus servicios a Ecopetrol a través de contrato a término indefinido desde el 2 de abril de 2001, nació el 6 de noviembre de 1964; todos los actores cumplían a cabalidad los requisitos para pensionarse convencionalmente.

Ecopetrol S.A., al contestar el escrito generatriz de la controversia, se opuso a todas y cada una de las pretensiones incoadas; en cuanto a los hechos, aceptó algunos, de otros señaló que no eran ciertos o no le costaban. En su defensa, propuso las excepciones de inexistencia de la obligación, cobro de lo no debido y buena fe.

II. SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

El Juzgado Dieciocho Laboral del Circuito de Bogotá, mediante sentencia del 5 de julio de 2019, absolvió a la entidad encartada de todas las pretensiones. Costas a cargo de la parte vencida.

III. SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

La Sala de Decisión Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, al resolver el recurso de apelación interpuesto por la parte accionante mediante providencia del 30 de octubre de 2020, confirmó la decisión de primer grado. Sin costas en la instancia.

En lo que interesa al recurso extraordinario, determinó que lo pretendido era el reconocimiento de «la pensión de jubilación convencional contemplada en el artículo 109 de la Convención Colectiva con vigencia 2001-2002».

Para resolver el cuestionamiento planteado, trascribió el texto de la convención y aclaró que, conforme dictaba el Acto Legislativo 01 de 2005, se extraía una regla general de que a partir de su vigencia no se podían acordar en pactos, convenciones colectivas, laudos o actos jurídicos, regímenes pensionales diferentes a los establecidos en las leyes que regulan el Sistema General de Pensiones, así fueran favorables a los trabajadores y resaltó que:

No obstante, quedaba vigente un régimen transitorio que permitía que las condiciones pensionales que regían a la fecha de entrada en vigencia del Acto Legislativo y que se encontraban contenidas en convenios colectivos de trabajo, laudos o acuerdos válidamente celebrados, mantuvieran su vigencia por el término inicialmente estipulado, término que hace alusión a la duración del convenio colectivo, de manera que, si ese término estaba en curso al momento de entrada en vigencia del acto legislativo, dicho acto jurídico regiría hasta cuando este finalizara.

Así las cosas, la convención colectiva de trabajo perdió su vigencia en cuanto a pensiones se refería el 31 de julio de 2010, pero no los derechos que se hubieran causado, esto atendiendo las sentencias CC SU555-2014 y CSJ SL2543-2020 y CSJ SL3635-2020.

Con base en ello indicó que, los demandantes, al 29 de julio de 2005, data de entrada en vigor del Acto Legislativo 01 de 2005, no tenían ningún derecho adquirido, pues para ese entonces, aunque algunos contaban con la edad de 50 años, no acontecía lo mismo con el tiempo de servicios; encontró el colegiado que:

[…]

DEMANDANTE

FECHA DE NACIMIENTO

50 AÑOS DE EDAD

EDAD A 31 DE JULIO DE 2010

AÑOS DE SERVICIO A 31 DE JULIO DE 2010

PUNTOS

José Ricardo Roa López

11 abril 1963 (fl.83)

11 abril 2013

47

20

67

Saúl Calderón Calderón

21 de agosto de 1959

21 de agosto de 2009

50

18

68

Antonio Manuel Duran,

28 de marzo de 1957[SIC]

28 de marzo de 2007

53

14

64

Nelson Hurtado Sánchez

28 de marzo de 1957

28 de marzo de 2007

53

14

64

Bladimir Mateus Almendrales

21de diciembre de 1956

21de diciembre de 2006

53

17

67

Alberto Mejía Lengua

6 de noviembre de 1964

6 de noviembre de 2014

45

18

63

En ese contexto, dio por demostrado que los actores no contaban con los requisitos establecidos en la convención antes del 31 de julio de 2010, plazo estipulado en la adenda constitucional en lo relacionado con el límite temporal conforme lo había aclarado esta Sala sin que fuera posible mantenerles la expectativa para el reconocimiento pensional.

Finalmente, en torno a las recomendaciones internacionales de la OIT, en cuanto a su fuerza vinculante, acogió el contenido de la sentencia de esta Corte CSJ ST32103-2011 de la que citó un aparte.

IV. RECURSO DE CASACIÓN DEMANDANTE

Interpuesto por la parte demandante, concedido por el Tribunal y admitido por la Corte, se procede a resolver.

V. ALCANCE DE LA IMPUGNACIÓN

Pretende la recurrente:

[…] se CASE TOTALMENTE la sentencia proferida el 30 de octubre de 2020 por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, dentro del juicio ordinario laboral instaurado por JOSE ROA LOPEZ, SAUL CALDERON, MANUEL DURAN, NELSON HURTADO, BLADIMIR MATEUS, ALBERTO MEJIA contra la EMPRESA COLOMBIANA DE PETROLEOS —ECOPETROL S.A. Una vez casada la sentencia, pido que la Sala Laboral de la H. Corte Suprema de Justicia se constituya en juzgador de instancia, se restablezca el derecho violado y se reconozcan las pretensiones consignadas en la demanda o las que la H. Corte Suprema estime pertinentes.

Por lo anterior solicito que, de acuerdo con el petitorio de la demanda, se reconozca que JOSE ROA LOPEZ, SAUL CALDERON, MANUEL DURAN, NELSON HURTADO, BLADIMIR MATEUS, ALBERTO MEJIA tienen derecho a la pensión de jubilación convencional, por acceder a ella al tenor del Laudo Arbitral proferido el 9 de diciembre de 2003, en el conflicto colectivo suscitado entre la organización sindical USO y la empresa Ecopetrol S.A., en armonía con las convenciones colectivas suscritas entre dicha organización sindical y dicha empresa y, en consecuencia, se determine que mis poderdantes tienen derecho a una mesada equivalente al 75% del promedio de los salarios devengados durante el último año de servicios que prestaren a la Empresa Colombiana de Petróleos --Ecopetrol S.A., incrementados en un 2.5% por cado año adicional a los veinte años de servicio que le dan derecho a la pensión, debiendo Ecopetrol pagar el excedente que surja entre la liquidación que, en el futuro, haga Colpensiones y la liquidación producto de la negociación colectiva, o a la aplicación de lo establecido en la ley para los trabajadores de Ecopetrol amparados por el régimen de excepción en materia pensional.

Con tal propósito formula tres cargos por la causal primera de casación, que fueron objeto de réplica, que procede la Sala a resolver de manera conjunta, aun cuando se presentan por diferente vía de ataque dado que son complementarios y pretenden el mismo fin.

VI. PRIMER CARGO

Acusan la sentencia por ser violatoria de la ley sustancial por la vía directa, en la modalidad de:

[…] interpretación errónea del parágrafo transitorio 3 del Acto Legislativo No. 1 de 2005 que adicionó el artículo 48 de la C.P.; y debido a esa errónea interpretación el Tribunal no aplicó, debiendo hacerlo, el Convenio 98 de la OIT ratificado por Colombia mediante ley 27 de 1976; los artículos 53, 55, 58, 83, numeral 1° del 150 y 93 de la Constitución Política; la ley 1118 de 2006 artículo 7, el artículo 279 de la ley 100 de 1993, el artículo 1° del decreto 807 de 1994, el artículo 2.2.4.10.2 del decreto 1833 de 2016; y también dejó de aplicar los artículos 481 (subrogado por el art. 69 de la ley 50 de 1990) y 467 del C. S. del T. y el 478 ibidem; ni tener en cuenta el artículo 7 de la ley 71 de 1988 y el artículo 30 de la ley 153 de 1887 en armonía con el artículo 1536 del Código Civil.

Dada la vía de ataque afirman no tener discusión en que: los demandantes laboraban en Ecopetrol cuando se produjo el laudo arbitral de 2003; son beneficiarios de lo pactado convencionalmente; reclamaron la pensión extralegal, la cual se les negó por parte de la empresa estatal.

Desde el análisis eminentemente jurídico, identifican que el criterio principal del colegiado consiste en que no les asiste el derecho a la pensión porque el Acto Legislativo 01 de 2005 determinó que, a partir del 31 de julio de 2010, cesaron los derechos pensionales que surgieran de la negociación colectiva y los actores no cumplían con los requisitos para acceder a la prestación; lo que consideran una interpretación inadecuada del parágrafo transitorio 3 del artículo 1° del Acto Legislativo 01 de 2005, ello por cuanto:

[…] dicha norma no excluyó el derecho a estar dentro del régimen exceptuado del artículo 279 de la ley 100 de 1993, ni dejó sin efecto el derecho fundamental a la negociación colectiva consagrado en el artículo 55 de la Constitución Política. Al incurrir en este yerro, no tuvo en cuenta, debiendo hacerlo, la normatividad nacional e internacional sobre la materia y que se ha mencionado en este cargo.

Endilgan que la equivocación de la sentencia radica en: «i) En no interpretar la proposición jurídica "En todo caso perderán vigencia el 31 de julio de 2010" en armonía con el texto completo del parágrafo mencionado, con el artículo 55 de la Constitución y con el artículo 279 de la ley 100 de 1993 y las demás normas que se citan en este primer cargo, y no como lo hizo, en forma escueta y como si se tratara de un concepto abstracto».

Bajo esta premisa señalan que el juez de alzada confundió la estipulación de condiciones pensionales más favorables, con aquellas que aparecerían en los convenios colectivos a partir del acto legislativo en comento. Aclaran que:

Las condiciones, en el caso de Ecopetrol, régimen exceptuado según el artículo 279 de la ley 100 de 1993, son las pactadas en las convenciones colectivas y predicables para aquellos trabajadores cobijados por el Laudo Arbitral de 2003, situación en la cual se hallan la totalidad de mis poderdantes. Laudo que estaba vigente al expedirse el Acto Legislativo No. 1 de 2005, como también estaba vigente a 31 de julio de 2010 la convención colectiva suscrita en 2009. Tal régimen exceptuado está consagrado en el artículo 279 de la ley 100 de 1993, reglamentado por el artículo 1° del decreto 807 de 1994.

Insisten en que una «cosa son las reglas y otras las condiciones. Tales reglas se mantienen por el término que se hubieren pactado y, respecto a mis poderdantes, en el peor de los casos, la convención de 2009, pactada por cinco años, finalizaba el 31 de julio de 2014, fecha en la cual mis poderdantes habían cumplido con la exigencia del llamado plan setenta».

Consideran que al no haberse interpretado en la sentencia el texto constitucional contenido en la parte final del parágrafo 3 del A. L. 01 de 2005, siguiendo la orden consignada en la parte final del artículo 93 de la C.P., violentó el bloque de constitucionalidad, ello por cuanto el colegiado no tuvo en cuenta la regulación internacional en la materia, conforme dictan los artículos 53 y 93 ibidem; entre otros, los Convenios 87 y 98 de la OIT, ni las recomendaciones del Comité de Libertad Sindical, en particular, la derivada de la revisión de una queja en cuanto al puntual aspecto.

Acusan que el fallador de segundo grado en su interpretación no tuvo en cuenta el principio de favorabilidad, la garantía al derecho a la negociación colectiva para regular las relaciones laborales, en armonía con el artículo 467 y 481 CST, ni contempla la compartibilidad pensional que surge con Colpensiones en este tipo de prestaciones. Recalcan que el parágrafo transitorio 3, solamente se refiere a las reglas y a las condiciones celebradas con posterioridad al año 2005, nunca a las condiciones pactadas antes de la entrada en vigor del Acto Legislativo 01 de 2005, por lo que, lo acordado en materia pensional es de ineludible cumplimiento, lo que se concreta en el derecho adquirido a la protección de las cláusulas de la negociación colectiva, que habilita a otro derecho, el de la jubilación, cuando se cumplan los requisitos convencionales.

VII. SEGUNDO CARGO

Acusan la sentencia de ser violatoria de la ley sustancial por la vía directa al :

[…] no aplicar el artículo 58 de la C.P. el artículo 1° de la [L]ey 797 de 2003, ni el artículo 9° del [D]ecreto 254 de 2000 —todos ellos en cuanto protegen los derechos adquiridos con arreglo a las leyes-; y, por ende, no aplicar el texto normativo derivado de las cláusulas convencionales sobre pensiones establecidas en la Convención colectiva de trabajo -2009-2014- suscrita entre Ecopetrol S. A. y la organización sindical USO (cláusula 109, hoy 106), no tener en cuenta la [L]ey 1118 de 2006 artículo 7°, el artículo 1° del [D]ecreto 807 de 1994, el artículo 2.2.4.10.2 del [D]ecreto 1833 de 2016; por no aplicar. debiendo hacerlo, los artículos 53, 55, 48, 83 y 93 de la Constitución Política; por no aplicar los artículos 481 (subrogado por el art. 69 de la [L]ey 50 de 1990) y 467 del C. S. del. y el 478 ibidem; ni el art. 7° ley 71 de 1988, ni el art. 30 de la [L]ey 153 de 1887, ni el art. 1536 del Código Civil. Y, por no aplicar el artículo 279 de la [L]ey 100 de 1993, en armonía con el laudo arbitral de 2003 vigente para los trabajadores de Ecopetrol S.A. lo cual significó también inaplicación del artículo 260 del C. S. del T.

Identifican, al igual que en el cargo anterior, los hechos fuera de discusión.

Para la censura la sala sentenciadora no acepta que una cláusula, en su trascendencia de norma jurídica, es fundamento para derechos adquiridos del futuro pensionado y, con ello, sugiere afectación del fallo cuestionado por cuanto:

[…] NO le dio el valor de derecho adquirido a la pensión que proviene de la norma convencional y debido a ello las pretensiones no prosperaron, NI TAMPOCO a la pensión legal señalada en el Código Sustantivo del Trabajo; ubicando prácticamente a mis poderdantes dentro del régimen ordinario de la ley I00 de 1993, pasando por alto que todos mis poderdantes, en su condición de trabajadores de Ecopetrol con una relación laboral anterior al año 2003, tienen el derecho adquirido a ser ubicados dentro del régimen exceptuado, establecido en el art. 279 de la ley 100 de 1993. Mis poderdantes no pertenecen al Sistema General de Pensiones porque los protege un REGIMEN EXCEPTUADO (art. 279 de la ley 100 de 1993). Al incurrir la sentencia en esta omisión de carácter jurídico, no tuvo en cuenta, debiendo hacerlo, la normatividad pertinente y ya citada.

Acotan que están cubiertos por un derecho adquirido y que con el Acto legislativo 01 de 2005 expiraron unos regímenes el 31 de julio de 2010, pero exceptúa a «los derechos adquiridos y "lo establecido en los parágrafos del presente artículo"» y refiere lo argumentado en el primero de los cargos.

Manifiestan que al estar ubicados en el régimen de excepción del artículo 279 de la Ley 100 de 1993 se les debe respetar el derecho adquirido a la cláusula, por ello la equivocación de la sentencia radica en no considerar que en materia pensional existen diversos derechos adquiridos, protegidos por el artículo 58 de la Constitución y por el artículo 1° de la ley 797 de 2003 que modificó el artículo 11 de la Ley 100 de 1993, así como el artículo 9 del Decreto 254 de 2000.

En el sentir de los recurrentes, se desprotegen los derechos adquiridos conforme a la cláusula convencional pensional y al régimen de excepción que en esa materia se consagró para determinados trabajadores de la empresa, como en el caso en estudio, puesto que sus relaciones laborales son anteriores al año 2003, data de expedición de la Ley 797 de 2003 y de aprobación del Laudo arbitral en el cual se refirió el régimen de excepción del artículo 279 de la Ley 100 de 1993 y, de manera especial, no se tiene en cuenta su reglamentario, el artículo 1° del Decreto 807 de 1994 compilado en el Decreto 1833 de 2016 artículo 2.2.4.10.2, así como, tampoco fue apreciada la Ley 1118 de 2006, que dan trascendencia a la estipulación, la cual debía ser la premisa mayor para subsumir la situación y, por ende, reconocer la pensión y no llevarlo al plano de que poseían unas meras expectativas. Apreciación errónea tratándose de obligaciones condicionales en donde lo correspondiente es aplicar el artículo 30 de la Ley 153 de 1887, entre otros, que no tuvo en cuenta el colegiado, como quiera que:

[…] el mencionado artículo 30 de la ley 153 de 1887 según el cual los derechos deferidos bajo una condición, si hay cambio de legislación, subsistirán en la nueva normativa a menos que se exceda el plazo integral. En el caso que motiva este recurso de casación mis poderdantes estaban a muy escaso tiempo para lograr los setenta puntos que habilitaban la jubilación. No se trata, entonces, de un tema de simples expectativas, ya que el artículo 1536 del Código Civil indica que en casos como el presente se suspende la adquisición de un derecho mientras se cumple la condición.

La principal condición en el mencionado régimen exceptuado de los trabajadores de Ecopetrol es la conocida como plan setenta, o sea la sumatoria de tiempo de servicios y edad para superar setenta puntos en los varones, sesenta y ocho en las mujeres.

Respecto al derecho adquirido al régimen de excepción, refieren que el artículo 58 de la Constitución protege los derechos adquiridos al igual que el Acto Legislativo 01 de 2005 contempla su respeto «dentro de los cuales están obviamente el derecho adquirido al cumplimiento de la cláusula convencional sobre pensiones y el derecho adquirido al régimen de excepción».

Aclaran que la adenda constitucional,

[…] no podía derogar al artículo 55 de la C.N., ni mucho menos dejar sin efecto al Convenio 98 de la OIT, ni pisotear la razón de ser del Estado Social de Derecho. En consecuencia, permanece intacto lo adquirido por la negociación colectiva a la entrada en vigencia del A. L. No. 1 de 2005, puesto que el derecho se consolidó con la firma de la Convención Colectiva y su depósito y, por ende, permanecerá vigente lo favorable.

Si el fallador de alzada hubiera reparado en lo expuesto la conclusión a la que llegaría es que la pensión convencional, por consagrar las condiciones contenidas en la Convención Colectiva, antes del año 2005, debían, según el Acto Legislativo 01 de 2005, mantenerse durante su vigencia, con prórroga automática.

Finalmente, manifiestan:

En gracia de discusión, pese a que el Tribunal Superior de Bogotá, Sala Laboral, en el sentencia acusada, eludió tener en cuenta lo pactado convencionalmente como norma vigente, lo que no podía esquivar es que como mis poderdantes estaban inmersos en el régimen de excepción del artículo 279 de la ley 100 de 1993 se les aplica el Código Sustantivo del trabajo, para el caso el artículo 260 y. entonces, como todos mis poderdantes han cumplido 20 años de servicio a Ecopetrol y. además, tienen la edad requerida, la decisión ha debido reconocer las pensiones a los trabajadores que son parte actora en el presente juicio.

No sobra agregar que respecto a la aplicación del artículo 260 del C.S. del T., en el caso concreto de los trabajadores de Ecopetrol, ya la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia, en sentencia SL3194-2020 ha dicho que se les aplica la mencionada norma. Surgiría la inquietud de que el artículo 289 de la ley 100 de 1993 expresamente derogó el artículo 260 del Código Sustantivo del Trabajo. ¿Entonces, por qué la Corte aplica algo que parecería derogado? La sentencia SL3194-2020 da la solución: porque, en el caso concreto de Ecopetrol, sus trabajadores quedaron excluidos de la aplicación de las normas generales del sistema pensional que motivó la ley 100 de 1993. Otro aspecto a resaltar es que la mencionada sentencia dice que al aplicarse el artículo 260 del Código Sustantivo del Trabajo, ello implica que la pensión de vejez no queda afectada por el Acto Legislativo No. 1 de 2005.

VIII. TERCER CARGO

Atacan la sentencia por ser violatoria de la ley sustancial por la vía indirecta,

[…] en cuanto se incurrió en error de hecho manifiesto en la apreciación de la prueba, específicamente del Laudo arbitral expedido el 9 de diciembre de 2003 aplicable a los trabajadores de Ecopetrol y de las Negociaciones Colectivas celebradas entre la Unión Sindical Obrera de la Industria del Petróleo —USO- y la EMPRESA COLOMBIANA DE PETROLEOS —ECOPETROL S.A. , entre otras las de 2001, 2006, 2009 lo cual llevó a la no apreciación de otras pruebas obrantes en el expediente, corno son las siguientes:

Presentado con la demanda, el registro de nacimiento de José Ricardo Roa

Presentado con la demanda, el registro de nacimiento de Saúl Calderón

Presentado con la demanda, el registro de nacimiento de Antonio Manuel Durán

Presentado con la demanda, el registro de nacimiento de Nelson Hurtado Presentado con la demanda, el registro de nacimiento de Bladimir Mateus

Presentada con la demanda fotocopia de la cédula de José Ricardo Roa

Presentada con la demanda fotocopia de la cédula de Saul Calderón

Presentada con la demanda fotocopia de la cédula de Nelson Hurtado

Presentada con la demanda fotocopia de la cédula de Bladimir Mateus

Presentada con la demanda fotocopia de la cédula de Alberto Mejía

Presentada con la demanda certificación de afiliación a la USO de Ricardo Roa

Presentada con la demanda certificación de afiliación a la USO de Saul Calderón

Presentada con la demanda certificación de afiliación a la USO de Antonio Durán

Presentada con la demanda certificación de afiliación a la USO de Nelson Hurtado

Presentada con la demanda certificación de afiliación a la USO de Bladimir Mateus

Presentada con la demanda certificación de afiliación a la USO de Alberto Mejía

Presentadas con la demanda las convenciones colectivas firmadas entre ECOPETROL y la USO en 2001, 2006. 2009, 2014. Convenciones que, para efectos de este tercer cargo, esgrimo corno pruebas.

• Laudo arbitral de diciembre 9 de 2003

• Certificación laboral, adjuntada a la contestación de la demanda, respecto al trabajador Ricardo Roa

Certificación laboral, adjuntada a la contestación de la demanda, respecto al trabajador Saul Calderón

• Certificación laboral, adjuntada a la contestación de la demanda, respecto al trabajador Antonio Durán Certificación laboral, adjuntada a la contestación de la demanda, respecto al trabajador Nelson Hurtado.

• Certificación laboral, adjuntada a la contestación de la demanda, respecto al trabajador Bladimir Mateus

-. Certificación laboral, adjuntada a la contestación de la demanda, respecto al trabajador Alberto Mejía

-. Certificaciones laborales que respecto a los seis trabajadores también se presentaron con el escrito de demanda.

-. Aceptación, por la parte demandada, en la contestación de la demanda, de ser ciertos los hechos 5 (firma de convenciones colectivas incluyendo la cláusula sobre pensiones); 8, 9, 10. 11 y 12 (constitución de un Tribunal de Arbitramento Obligatorio y determinación que allí se tomó sobre pensiones); 15 y 16 (sobre convenciones colectivas firmadas en 2006 y 2009. esta última por 5 años); 37 (que José Ricardo Roa , desde el 15 de abril de 1982 firmó contratos temporales con Ecopetrol); 41 y 42 (que Saúl Calderón firmó contrato, a término indefinido, con Ecopetrol desde el 27 de febrero de 2001 y que antes, desde 1980, hubo contratos temporales); 46 y 47 (que Antonio Manuel Durán firmó contrato a término indefinido desde el 14 de enero de 2002 y antes, desde el 13 de febrero de 1989, contratos temporales); 57 (que 131adimir Mateus, desde 1980, mantuvo vínculos laborales con Ecopetrol)

Acusan que al no apreciar en su integralidad las pruebas se violaron las disposiciones del:

[…] artículo 279 de la [L]ey 100 de 1993, artículo 1° del decreto 807 de 1994, [L]ey 1118 de 2006 artículo 7, artículo 2.2.4.10.2 del [D]ecreto 1833 de 2016. Y por tanto dejó de aplicar también los artículos del Código de Procedimiento Laboral: 51 (admisibles todos los medios de prueba), 54 A adicionado por la [L]ey 712 de 2001 art. 24 (valor probatorio de algunas copias que se presumen auténticas, entre ellas las convenciones colectivas y los laudos arbitrales), 60 (pruebas allegadas a tiempo). Del Código General del proceso no tuvo en cuenta la sentencia los artículos 244 (documento auténtico), 248 (copias registradas), 257 (alcance probatorio de los documentos públicos), 260 (alcance probatorio de los documentos privados), 262 (documentos declarativos emanados de terceros), art. 193 (confesión por apoderado judicial, en caso de la contestación de la demanda). Y, además, pasó por alto los artículos 228, 48, 53 y 55 de la Constitución Política; los artículos 467, 468, 469, 479, del C. S. del T.; del mismo C. S. del T. el art. 81 (subrogado primero por la [L]ey 188 de 1959 art. I' y. luego, por el art. 30 de la [L]ey 789 de 2002).

Como errores de hecho identifican:

1. No dar por demostrado, estándolo mediante los documentos antes enunciados, presentados oportunamente y no tachados de falsos, que (i) existen convenciones colectivas suscritas entre la empresa demandada y la organización sindical US0,(ii) que esas convenciones contienen cláusulas referentes a la jubilación convencional; y (iii) que mis poderdantes son beneficiarios de lo consagrado en las convenciones por estar afiliados a dicha organización sindical.

2. No dar por demostrado, estándolo mediante registros civiles y fotocopias de las cédulas de ciudadanía, que mis poderdantes, en la actualidad superan los 55 años de edad y que a 31 de julio de 2010 superaban los 50 años: Saul Calderón, Antonio Manuel Durán, Nelson Hurtado, Bladimir Mateus;

3. No dar por demostrado, estándolo, que mis poderdantes laboraron por más de 20 años antes de presentarse la demanda. Está demostrado por documentación presentada por la misma parte demandada en la contestación de la demanda y además la parte actora adjuntó a la demanda las certificaciones e, inclusive, copias de contratos.

4. No dar por demostrado, estándolo mediante prueba documental, que la Convención Colectiva 2009-2014 se firmó antes del 31 de julio de 2010 y que contempló la pensión convencional en forma idéntica a como se firmaron las anteriores convenciones al A.L. No. l de 2005, entre ellas la del 2001 que obra en el expediente.

5. No dar por demostrado, estándolo mediante la prueba documental y la confesión resultante de la contestación de la demanda, que mis poderdantes ya tenían relación laboral con Ecopetrol antes de expedirse el Laudo arbitral de 2003 que indicó que quienes estuvieran en tal condición, quedaban cobijados por la cláusula sobre pensiones convencionales.

Los errores se dan por la ostensible equivocación de no tener en cuenta los términos de la cláusula 109 de la Convención Colectiva y es idéntica en las convenciones colectivas firmadas antes y después del Acto Legislativo 01 de 2005. Añaden que dichos instrumentos «y, concretamente la de 2001 y la de 2009, en su primer párrafo inician hablando de una pensión legal y finaliza refiriéndose al decreto 807 de 1994 (reglamentario del art. 279 de la ley 100 de 1993 que consagró el régimen de excepción para los trabajadores de Ecopetrol»; adicionalmente, por la no apreciación del Laudo Arbitral dejó de lado que

[…] la orden dada en el Laudo arbitral de que se protege a quienes venían en el año 2003 con relación laboral en Ecopetrol, es un error fáctico que motivó la no apreciación de otras pruebas, referentes al tiempo de servicio y a la edad de mis poderdantes que indican que se arribó al llamado plan setenta (sumatoria de edad y tiempo de servicios, dando un valor de un punto a cada año de labores y a cada año de edad). La omisión en apreciar debidamente las pruebas sobre la relación laboral y la militancia sindical, según ya se indicó, significan que los casos concretos de mis seis poderdantes no fueron involucrados dentro de la realidad de estar protegidos por el régimen de excepción para los trabajadores de Ecopetrol.

Insisten en que están en el régimen excepcional y, por ello, las normas que se deben aplicar las condiciones establecidas en la convención colectiva o bien, las reglas del artículo 260 del C. S. del T., norma expresamente mencionada en el Decreto 807 de 1994- concretamente citado en la cláusula 109 del instrumento convencional firmado entre la USO y Ecopetrol desde años antes al 2005.

IX. RÉPLICA.

Indica, en esencia, que pretender que los requisitos para acceder a la pensión extralegal se puedan cumplir con posterioridad al 31 de julio de 2010 para adquirir dichas jubilaciones, supone una franca rebeldía contra el Acto Legislativo 01 de 2005; ello por cuanto la adenda estableció que tales acuerdos perdían toda vigencia a la fecha anotada. No se puede pretender que este tipo de estipulaciones se perpetúen como derecho adquirido después del límite.

Afirma que solo cuando se dan los supuestos establecidos en la disposición que consagra el derecho, este se adquiere «y las normas, estipulaciones o cláusulas, apenas pueden definir derechos objetivos o abstractos mas no subjetivos o concretos y, por tanto, solo permiten configurar meras expectativas que pueden realizarse o no».

Recuerda que el régimen laboral legal o convencional por naturaleza es cambiante y en materia laboral, las modificaciones tienen un efecto inmediato conforme se deriva del artículo 16 del C.S.T; la adenda constitucional del 2005 es una norma de carácter laboral «que debe aplicarse de inmediato a los vínculos vigentes cuando entró a regir, sin que puedan afectarse las situaciones definidas y consumadas como los derechos adquiridos, que en este caso quedó claro que no existían».

Acude a la Sentencia CSJ SL3635-2020, con la que advierte que:

[…] este criterio pretende ser respetuoso del Acto Legislativo pero busca acompasarlo con las directrices provenientes de normas y autoridades internacionales, relativas al respeto y al fomento de la negociación colectiva, de modo que en la única hipótesis que admite la extensión de la vigencia de la convención colectiva más allá del 31 de julio de 2010 es cuando se trata de convenciones colectivas suscritas antes de la expedición del acto legislativo pero con una vigencia convenida hasta una data posterior al referido 31 de julio de 2010 […]

X. CONSIDERACIONES

Como se memora, la sala sentenciadora para llegar a la decisión absolutoria encontró que la convención colectiva de trabajo, base de la acción, había perdido su vigencia el 31 de julio de 2010 y que los actores no habían consolidado sus derechos antes del vencimiento del plazo señalado.

El descontento de la censura gravita en torno a que era procedente el reconocimiento de la pensión extralegal puesto que, al estar dentro del régimen exceptuado -artículo 279 de la ley 100 de 1993-, se tenía el derecho adquirido a la aplicación de la norma colectiva, adicional que los derechos convencionales permanecieron en virtud de lo dispuesto en el Laudo Arbitral de 2003, errando al no tener en cuenta lo dispuesto en la cláusula 109 de la Convención Colectiva que regula los requisitos de acceso a la pensión extralegal y que es idéntica en los instrumentos colectivos firmados antes y después del Acto Legislativo 01 de 2005 y, en esa dirección, acusa la indebida valoración probatoria que dio al traste con su pretensión.

Vistas las cosas en el contexto que acaba de describirse, le corresponde a la Corte elucidar si las reglas convencionales en materia de pensiones de las personas que estuvieron excluidas del régimen en virtud del artículo 279 de la Ley 100 de 1993, perdieron vigencia el 31 de julio de 2010, conforme al Acto Legislativo 01 de 2005.

En aras de dar respuesta al planteamiento expuesto vale la pena memorar que esta Sala ya se ha pronunciado en torno a la existencia de regímenes especiales, regímenes exceptuados y pensiones especiales. Con precisión, sobre los regímenes exceptuados, en las sentencias CSJ SL4298-2021 y SL4320-2021, se indica:

[…]

Regímenes exceptuados

Los otros regímenes, con condiciones diferentes al general que continuaron, fueron los denominados exceptuados, para el cual baste remitirnos al artículo 279 de la Ley 100, pues de su tenor emerge que, a aquellos taxativamente identificados en dicho artículo, no se les aplica las normas del sistema general de pensiones. Entre ellos están las Fuerzas Militares y de la Policía Nacional; los afiliados al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio; los servidores públicos de la Empresa Colombiana de Petróleos y sus pensionados. Cabe anotar que con la Ley 797 de 2003, los nuevos trabajadores de Ecopetrol fueron incorporados como afiliados obligatorios del sistema general- siguiendo el mismo propósito de eliminar regímenes especiales-.

La adenda constitucional nos ayuda a dar luces al aspecto que se viene discurriendo, al estatuir que, para acceder a una pensión, se deben cumplir los requisitos dispuestos en la ley , señalando que:

[…]

Los requisitos y beneficios pensionales para todas las personas, incluidos los de pensión de vejez por actividades de alto riesgo, serán los establecidos en las leyes del Sistema General de Pensiones. No podrá dictarse disposición o invocarse acuerdo alguno para apartarse de lo allí establecido" (Nota: Ver Sentencia C-216 de 2007).

[…]

A partir de la vigencia del presente Acto Legislativo, no habrá regímenes especiales ni exceptuados, sin perjuicio del aplicable a la fuerza pública, al Presidente de la República y a lo establecido en los parágrafos del presente artículo". (Nota: Ver Sentencia C-216 de 2007.).

Parágrafo transitorio 2º. Sin perjuicio de los derechos adquiridos, el régimen aplicable a los miembros de la Fuerza Pública y al Presidente de la República, y lo establecido en los parágrafos del presente artículo, la vigencia de los regímenes pensionales especiales, los exceptuados, así como cualquier otro distinto al establecido de manera permanente en las leyes del Sistema General de Pensiones expirará el 31 de julio del año 2010" (Nota: Ver Sentencia C-216 de 2007 y Ver Sentencia C-472 de 2006).

Así las cosas, la modificación constitucional nos permite ratificar que los regímenes especiales y exceptuados se enmarcan en cuerpos normativos, que contienen requisitos de acceso a las prestaciones de la seguridad social distintos a los que se han establecido de manera permanente en las leyes del Sistema General de Pensiones; y son estos los que definitivamente perdieron vigencia el 31 de julio de 2010.

Conforme con la línea expuesta, si bien es cierto, los trabajadores de Ecopetrol inicialmente fueron excluidos del sistema general de pensiones, también lo es que en el artículo 3° de la Ley 797 de 2003 se incorporó a los servidores de dicha entidad que ingresaran a partir de su entrada en vigor, y por la adenda constitucional de 2005 se dispuso que a partir del 31 de julio de 2010 perdían vigencia «los regímenes pensionales especiales, exceptuados y cualquier otro distinto al régimen general», sin perjuicio de los derechos adquiridos; dicho en otras palabras, salvo aquellos que tuvieran consolidados los requisitos de acceso -esto es un verdadero derecho adquirido- a disfrutar la pensión extralegal, fueron incorporados al sistema general de pensiones, debiendo seleccionar régimen y administrador pensional en caso de no haberlo hecho de manera antecedente.

En este punto, debe aclararse que los recurrentes parten de una premisa errada frente al derecho adquirido, pues están considerando que el alcance del mismo es que se mantiene inmodificable en el tiempo su exclusión del sistema general de pensiones y, por esta vía, que en la actualidad sus condiciones para acceder a una prestación de esta naturaleza son las deprecadas en la demanda, esto es, conforme la norma convencional. Y es que con relación al derecho adquirido valga la pena traer a colación la sentencia CSJ SL, del 17 mar.1977 -Acta 10-, y utilizada por la Corte Constitucional en sentencia C C-168 de 1995, última que acotó:

[…] Por derechos adquiridos, ha dicho la Corte, se tienen aquellas situaciones individuales y subjetivas que se han creado y definido bajo el imperio de una ley, y que por lo mismo han creado a favor de sus titulares un cierto derecho que debe ser respetado. Fundamento de la seguridad jurídica y del orden social en las relaciones de los asociados y de estos con el Estado, es que tales situaciones y derechos sean respetados íntegramente mediante la prohibición de que leyes posteriores pretendan regularlos nuevamente. Tal afectación o desconocimiento sólo está permitido constitucionalmente en el caso de que se presente un conflicto entre los intereses generales o sociales y los individuales, porque en este caso, para satisfacer los primeros, los segundos deben pasar a un segundo plano. Se trata de afirmar entonces el imperio del principio de que el bien común es superior al particular y de que, por lo mismo, este debe ceder.

Por su parte, la Corte Constitucional en reciente fallo, al resolver una demanda contra el artículo 289 de la misma ley que hoy se impugna parcialmente, expresó en relación con este tema lo siguiente:

La norma (art. 58 C.N.) se refiere a las situaciones jurídicas consolidadas, no a las que configuran meras expectativas, estas, por no haberse perfeccionado el derecho, están sujetas a las futuras regulaciones que la ley introduzca.

Es claro que la modificación o derogación de una norma surte efectos hacia el futuro, salvo el principio de favorabilidad, de tal manera que las situaciones consolidadas bajo el imperio de la legislación objeto de aquélla no pueden sufrir menoscabo. Por tanto, de conformidad con el precepto constitucional, los derechos individuales y concretos que ya se habían radicado en cabeza de una persona no quedan afectados por la nueva normatividad, la cual únicamente podrá aplicarse a las situaciones jurídicas que tengan lugar a partir de su vigencia. (sent. C-529/94 M.P. José Gregorio Hernández Galindo)

A la luz de lo expuesto, con el Acto Legislativo 01 de 2005, el derecho a la pensión está sometido a que se cumplan los requisitos de acceso exigidos en el régimen aplicable al beneficiario, antes de las fechas de expiración instituidas en el mismo.

En el horizonte trazado, y en los concretos términos del parágrafo segundo transitorio de la aludida reforma constitucional, el régimen de Ecopetrol quedó afectado por la derogatoria que introdujo la reforma del artículo 48 constitucional a los regímenes especiales y exceptuados (Ver fallos CSJ SL5118-2020; CSJ SL1870-2020).

No sobra en este punto traer a colación la providencia CSJ SL3635-2020 que, al estudiar las reglas del Acto Legislativo 01 de 2005 sobre el término de vigencia de las convenciones colectivas, aludiendo a las recomendaciones del Comité de Libertad Sindical de la OIT, determinó:

En conclusión, la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia, rectifica parcialmente su criterio sentado en las sentencias precitadas y, en su lugar, precisa que, en materia pensional consagrada en convenciones colectivas de trabajo, laudos o pactos, a la luz del Acto Legislativo 01 de 2005 las pautas que regulan el asunto son las siguientes:

En los eventos en que las reglas pensionales de carácter convencional suscritas antes de la expedición del Acto Legislativo 01 de 2005 y al 29 de julio del mismo año se encontraban en curso, mantendrá su eficacia por el término inicialmente pactado, aún con posterioridad al 31 de julio de 2010, hasta cuando se llegue al plazo acordado.

Si al 29 de julio de 2005, fecha de entrada en vigencia del acto legislativo en mención, respecto del convenio colectivo estaba operando la prórroga automática consagrada en el artículo 478 del Código Sustantivo de Trabajo y las partes no presentaron la denuncia en los términos del artículo 479 ibidem, las prerrogativas pensionales se extendieron solo hasta el 31 de julio de 2010.

Si la convención colectiva de trabajo se denunció y se trabó el conflicto colectivo, los acuerdos pensionales, por ministerio de la ley se mantuvieron según las reglas legales de la prórroga automática, hasta el 31 de julio de 2010 y, en tal caso, ni las partes ni los árbitros podían establecer condiciones más favorables a las previstas en el sistema general de pensiones entre la fecha en la que entró en vigencia el Acto Legislativo y el 31 de julio de 2010.

De suerte que en virtud de la postura mayoritaria de la sala expuesta, para la pervivencia de las reglas de instrumentos convencionales hasta el límite temporal de la norma constitucional-31 de julio de 2010-, debían ser suscritos con anterioridad a la expedición del Acto Legislativo 01 de 2005, es decir, 29 de julio de este año, con ello se resalta que los instrumentos colectivos a los que alude la censura, posteriores a tal data no mantuvieron su eficacia; ello es así como efectivamente lo es, por cuanto a partir de ese momento, no se podían establecer condiciones diferentes a las previstas en el sistema general de pensiones, por lo que cualquier acuerdo en tal sentido es inane y no produce efecto alguno.

Aquí y ahora, vale la pena memorar que, contrario al error que se endilga al fallador de segunda instancia, este no desconoce la existencia de convenciones colectivas suscritas entre la empresa demandada y la organización sindical USO, ni que las mismas contienen cláusulas relativas a la jubilación; lo que señaló fue que la vigencia de las mismas estaba condicionada a lo estatuido en el Acto Legislativo 01 de 2005; tampoco soslayó que los actores eran beneficiarios de lo consagrado en los textos colectivos suscritos por el sindicato, como se desprende de manera textual de la providencia cuestionada, pues definió que los accionantes «no reunieron los requisitos establecidos en la convención antes del 31 de julio de 2010», es decir, dentro del interregno que contempla la adenda constitucional.

En ese sendero, en el caso bajo estudio, el único instrumento con vocación de mantener la aplicación de sus efectos una vez expedida la reforma constitucional en comento, es precisamente la Convención Colectiva de Trabajo suscrita entre Ecopetrol y la Unión Sindical Obrera, 2001 -2002 (f°. 226-284) con el respectivo laudo arbitral del año 2003 (f° 186-226) cuya vigencia se pactó en 2 años y no resulta menor que, tal como aceptan los actores en el sustento fáctico de la demanda, en el año 2006, se suscribió un nuevo instrumento convencional (f.° 285-336) y, conforme se evidencia del depósito la convención efectuado de este instrumento al otrora Ministerio de la Protección Social se lee que su vigencia es de 3 años «contados a partir del 9 de junio de 2006», momento desde el cual empezó a producir efectos y si bien, el nuevo acuerdo y otros posteriores (f.° 337-508) a él contemplaban la prestación pensional extralegal, ésta ya estaba supeditada al Acto Legislativo 01 de 2005, esto es, que a partir de su vigencia «no podrán establecerse en pactos, convenciones colectivas, laudos o acto jurídico alguno, condiciones pensionales diferentes a las leyes del Sistema General de Pensiones» (pár. 2, art. 1o).

Entonces, surge cristalino que, los demandantes no tenían un derecho adquirido, pues no cumplieron los requisitos contemplados en la convención colectiva de trabajo durante su vigencia; por lo que no era viable pactar con posterioridad a la reforma constitucional, condiciones pensionales diferentes a las establecidas en el sistema general y, en todo caso, cualquiera que se hubiera pactado con anterioridad perdió vigencia el 31 de julio de 2010, según las claras voces del parágrafo transitorio 3 del multicitado acto legislativo.

Tampoco encuentra error evidente en la valoración de las pruebas acusadas, que propenden por evidenciar el cumplimiento de los requisitos del instrumento colectivo pues, partiendo del mismo texto convencional (f.°272) que establece:

ARTÍCULO 109.- La Empresa continuará reconociendo la pensión legal vitalicia de jubilación o de vejez, equivalente al setenta y cinco por ciento (75%) del promedio de los salarios devengados en el último año de servicio, a los trabajadores que habiendo llegado a la edad de cincuenta (50) años, le hayan prestado servicios por veinte (20) años o más, continuos o discontinuos, en cualquier tiempo, de conformidad con el Decreto 807 de 1994. Con todo, la Empresa reconocerá la pensión plena a quienes habiendo prestado servicios por más de veinte (20) años, reúnan setenta (70) puntos en un sistema en el cual cada año de servicio a Ecopetrol equivale a un (1) punto y cada año de edad equivale a otro punto. Esta pensión de jubilación se reconocerá a solicitud del trabajador o por decisión de la Empresa.

Parágrafo 1. No obstante lo anterior, cuando la Empresa lo determine, ésta podrá conceder la pensión de jubilación a aquellas trabajadoras que habiéndole prestado servicio a la Empresa por más de veinte (20) años, reúnan sesenta y ocho (68) puntos de acuerdo con el sistema anterior.

Parágrafo 2. Para aquellos trabajadores que en el momento de la terminación de su contrato de trabajo, se encontraren en incapacidad médica, la liquidación se hará teniendo en cuenta el promedio de salarios devengados en el último año de servicios antes de tal incapacidad.

Parágrafo 3. Además de la pensión a que el trabajador tenga derecho, de acuerdo con las leyes del trabajo y con lo dispuesto en la norma anterior, la Empresa aumentará monto de esta pensión en un dos punto cinco por ciento (2.5%) por cada año que el trabajador haya servido a la Empresa por encima de los veinte años que le dan derecho a la pensión.

Por su lado el laudo arbitral emitido el 9 de diciembre de 2003 que, en materia pensional dispuso:

15. Pensiones.

En adelante, a partir de la ejecutoria del presente Laudo Arbitral, el sistema de pensiones previsto en la convención colectiva de trabajo en los artículos 109, parágrafos 1º, 2º y 3°, 110, 111, 112 con sus dos parágrafos que hacen parte del Capítulo XIII. Primas y Prestaciones Extralegales, única y exclusivamente se aplicará a los trabajadores de ECOPETROL actualmente vinculados con contrato de trabajo y que se beneficien de la convención, quienes mantendrán el régimen convencional existente con sus condiciones y prerrogativas para continuar accedido (sic) a la pensión de jubilación o vejez en los términos en ella previstos.

De la cita de la cláusula, se extrae que los requerimientos de edad y tiempo de servicio son de causación, por lo que debían estar acreditados antes de la pérdida de vigencia del documento convencional.

Llegados a este punto resulta pertinente resaltar que el fallador de segunda instancia auscultó el cumplimiento de requisitos a cada uno de los demandantes a julio 31 de 2010, -aun cuando la convención colectiva que cobijaba a los accionantes no estaba vigente-, límite máximo de la adición constitucional y, aun cuando se evidencia que erró en la data de nacimiento del señor Antonio Manuel Duran, pues este nació el 22 de noviembre de 1959, no desconoció que los señores Saul Calderón, Nelson Hurtado, Bladimir Mateus e, inclusive el señor Antonio Manuel Durán, superaban los 50 años, es más, así lo expresó en la providencia, no obstante, los mismos no contaban ni con el tiempo, ni el puntaje mínimo exigido en la norma convencional para ser acreedores del beneficio extralegal.

En cuanto a que no dio por probado que laboraron por más de 20 años «antes de presentarse la demanda» se reitera que en virtud del Acto legislativo 01 de 2005, la consolidación del derecho debe ser en fecha anterior a la pérdida de vigencia de la norma convencional respectiva, conforme lo expuesto de manera antecedente con la Sentencia CSJ SL3635-2020; que para los actores es el instrumento convencional 2001-2002, que produjo efectos hasta el 9 de junio de 2006 data en la que inició la vigencia de la convención 2006-2009. Verificando la edad de los accionantes en tal interregno, con base en los registros civiles de nacimiento que obran en el expediente, se tiene que todos llegaron a los 50 años en fecha posterior a la finalización de la vigencia del instrumento convencional 2001-2002.

Por manera que no existe error y menos con la connotación de evidente que de al traste con la sentencia de la sala sentenciadora. En consecuencia, el embate no sale avante y no habrá lugar a casar la sentencia fustigada.

Las costas en el recurso extraordinario estarán a cargo de la parte recurrente, por cuanto su acusación no salió avante y hubo réplica. Como agencias en derecho se fija la suma de $5.300.000, oo que se incluirán en la liquidación que haga el juez de primer grado, con arreglo en lo dispuesto en el artículo 366 del C.G.P.

XI. DECISIÓN

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley, NO CASA la sentencia proferida por la Sala de Decisión Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, 30 de octubre de 2020, en el proceso ordinario laboral que JOSÉ RICARDO ROA LÓPEZ, SAÚL CALDERÓN CALDERÓN, ANTONIO MANUEL DURÁN, NELSON HURTADO SÁNCHEZ, BLADIMIR MATEUS ALMENDRALES y ALBERTO MEJÍA LENGUA, le promovió a EMPRESA COLOMBIANA DE PETROLEOS - ECOPETROL S.A.

Costas como se indicó en la parte motiva de la providencia.

Notifíquese, publíquese, cúmplase y devuélvase el expediente al tribunal de origen.

GERARDO BOTERO ZULUAGA

Presidente de la Sala

Aclara voto

FERNANDO CASTILLO CADENA

Aclara voto

LUIS BENEDICTO HERRERA DÍAZ

IVÁN MAURICIO LENIS GÓMEZ

Aclara voto

OMAR ÁNGEL MEJÍA AMADOR

No Firma Por Ausencia Justificada

MARJORIE ZÚÑIGA ROMERO

FERNANDO CASTILLO CADENA

Magistrado ponente

ACLARACIÓN DE VOTO

Radicación n.° 92585

REFERENCIA: JOSÉ RICARDO ROA LÓPEZ, SAÚL CALDERÓN CALDERÓN, ANTONIO MANUEL DURÁN, NELSON HURTADO SÁNCHEZ, BLADIMIR MATEUS ALMENDRALES y ALBERTO MEJÍA LENGUA vs. EMPRESA COLOMBIANA DE PETROLEOS - ECOPETROL S.A.

Con el acostumbrado respeto por las decisiones de la Sala, en esta ocasión me permito aclarar el voto, específicamente en lo atinente a la interpretación y alcance del parágrafo transitorio 3o del Acto Legislativo 01 de 2005.

La mencionada disposición reza:

Parágrafo transitorio 3º. Las reglas de carácter pensional que rigen a la fecha de vigencia de este Acto Legislativo contenidas en pactos, convenciones colectivas de trabajo, laudos o acuerdos válidamente celebrados, se mantendrán por el término inicialmente estipulado. En los pactos, convenciones o laudos que se suscriban entre la vigencia de este Acto Legislativo y el 31 de julio de 2010, no podrán estipularse condiciones pensionales más favorables que las que se encuentren actualmente vigentes. En todo caso perderán vigencia el 31 de julio de 2010. (subrayado fuera de texto).

Pues bien, de una primera ojeada de dicho precepto, y si se quiere rápida, dimana un primer entendimiento, cual es, que el querer del legislador no fue otro sino el de respetar cualquier término inicialmente pactado; empero, si paramos mientes y nos detenemos un poco en la lectura, brota de manera espontánea que la vigencia de los instrumentos allí relacionados efectivamente está limitada al lapso establecido.

En nuestro entender un parágrafo, incluido, desde luego, el transitorio, constituye un párrafo, es decir, que se halla conformado por varias frases continuas de punto seguido, que terminan con un punto final y que irradian una unidad temática, lo cual es acorde con la técnica legislativa. De ello se sigue, en sana interpretación, que el parágrafo tres transitorio instituye dos situaciones de hecho, con relación a la vigencia de las reglas de estirpe pensional que encuentran venero en los pactos, convenciones colectivas de trabajo, laudos o acuerdos válidamente celebrados, con una advertencia final, insoslayable, en cuanto a que en todo caso “perderán vigencia el 31 de julio de 2010”.

En otros términos y para exponer la misma idea, el acto legislativo consagra dos grandes momentos o eventos: el primero hace referencia al respeto de las reglas pensionales vigentes a la entrada en vigor del Acto legislativo, que lo fue el 29 de julio de 2005 (retrospectividad); y, el segundo, a los instrumentos que se suscriban a partir de esta calenda, lo cual lleva ínsito un efecto hacía el futuro.

En lo que atañe al primero, fluye palmario que las referidas reglas pensionales pueden ser más favorables que las consagradas en la ley; a la verdad, la esencia y finalidad de las negociaciones colectivas, es mejorar las condiciones, estatuidas, entre otras, en la ley.

El segundo evento se exhibe más interesante. Hace referencia a que en los pactos, convenciones y laudos arbitrales que se suscriban desde el 29 de julio de 2005, no pueden estipularse condiciones pensionales más favorables que las que se encuentren vigentes en esa data. Pero llegados a este punto del sendero, emerge una pregunta necesaria y rigurosa: ¿cuál es la fuente formal de derecho vigente a la que se refiere la disposición? Se infiere que es cualquier acto de naturaleza diferente al de la ley, que le sea aplicable a los trabajadores a dicha fecha. Dicho en breve, la constitución política cobija, ampara, protege que se estipulen reglas pensionales más favorables que las contenidas en el estatuto de la seguridad social, a condición de que dichas reglas pensionales fueren aplicables a los trabajadores al 29 de julio de 2005. Es el caso, por ejemplo, de convenciones o pactos que a la entrada en vigor del acto legislativo hubieren sido denunciados conforme con la ley, y que llevaron a la suscripción de un nuevo pacto o convención con posterioridad.

Trazado así el horizonte, solo resta averiguar cuál es la vigencia de las diferentes reglas pensionales que dimanan de las dos hipótesis en precedencia. Desde ya, y a no dudarlo, podemos advertir que ambas encuentran como límite máximo de vigencia el 31 de julio de 2010, no en vano en un parágrafo tan corto se repite dos veces esa fecha, reflejándose de esta manera el querer del legislador.

Una cosa debe quedar muy cristalina. La norma bajo exégesis no elimina la posibilidad de la figura de la tácita reconducción – prórroga automática-, pero eso sí solamente hasta la fecha límite establecida. Veamos un ejemplo: si el término inicialmente pactado de una convención colectiva de trabajo se verifica con anterioridad al 31 de julio de 2010 y por virtud de la ley opera la prórroga automática, ello significa o traduce que la vigencia del acuerdo va hasta dicha fecha, no más allá.

Conforme a lo discurrido, aclaro el voto.

Fecha ut supra

FERNANDO CASTILLO CADENA

FERNANDO CASTILLO CADENA

Magistrado ponente

ACLARACIÓN DE VOTO

Radicación n.º 92585

José Ricardo Roa López y otros vs. Empresa Colombiana de Petróleos – Ecopetrol S.A.

Con el acostumbrado respeto por las decisiones mayoritarias de la Sala, aclaro voto en el presente caso, pues si bien comparto el resultado de la decisión, me aparto de la consideración que se hizo en cuanto a que las convenciones colectivas de trabajo perdieron vigencia el 31 de julio de 2010, al compas de lo previsto por el parágrafo transitorio 3 del Acto Legislativo 01 de 2005.

En relación con lo anterior, importa señalar que si bien la Sala avanzó al considerar que las reglas pensionales de carácter convencional mantendrían su efecto por el término inicialmente pactado, aun con posterioridad al 31 de julio de 2010, hasta cuando se llegue el plazo acordado, lo cierto es que en mi sentir aquellas conservan su vigencia incluso luego del término pactado, dado que el acuerdo convencional no ha sido objeto de denuncia.

Esto tiene sentido, en tanto el artículo 1 del Estatuto Laboral señala que la finalidad primordial del derecho del trabajo es la de «lograr la justicia en las relaciones que surgen entre empleadores y trabajadores, dentro de un espíritu de coordinación económica y equilibrio social» para lo cual ha previsto diferentes mecanismos, herramientas jurídicas y derechos como el de asociación, regulado por el artículo 39 de la norma superior, en virtud de la cual «los empleadores y los trabajadores tienen derecho de asociarse libremente en defensa de sus intereses, formando asociaciones profesionales o sindicatos».

En ese sentido, resulta claro que nuestro ordenamiento jurídico prevé un sistema libre de relaciones laborales con sustento en el que es posible que tanto los trabajadores como los empleadores se organicen a fin de propender por sus intereses, facultad que se despliega mediante la negociación colectiva garantizada por el art 55 de la Constitución Política, y reglada por la ley en el evento de los conflictos colectivos de trabajo, en virtud del cual en desarrollo del principio de la autonomía de la libertad privada, las partes pueden fijar las condiciones que regirán los contratos de trabajo durante su vigencia, siempre y cuando no se menoscaben las garantías mínimas reconocidas a los trabajadores, y no contradigan las leyes.

En esa misma perspectiva, se tiene como producto de los acuerdos suscritos en el marco de un conflicto colectivo las denominadas Convenciones Colectivas de Trabajo, que constituyen una fuente material del derecho, propenden por proteger los derechos consolidados, y trascienden a las expectativas que de manera eventual se alcancen durante el tiempo que se mantengan vigentes; luego, y como quiera que solo es posible variarlas a través de los cauces normativos, en los términos previstos, o de forma excepcional mediante la revisión, es que considero su vigencia, así como las reglas de legitimación y mantenimiento no pueden disociarse con alegaciones genéricas, o con variaciones en detrimento de las prerrogativas alcanzadas.

El Comité de Libertad Sindical de la OIT en la recomendación aprobada por el Consejo de Administración de ese organismo mediante informe GB.301/8, señaló que las normas convencionales expedidas antes de la entrada en vigor del Acto Legislativo 01 de 2005, deben permanecer vivas después del 31 de julio de 2010, pues ello permite una mayor armonización entre los derechos de asociación, negociación colectiva y libertad sindical, y que el Estado se sujete al cumplimiento del principio pacta sunt servanda.

En ese orden, una interpretación armónica y sistemática de las normas en conflicto, no puede fijarse en aquel sentido que implique desmedro del derecho de la negociación colectiva y del ejercicio de la liberad sindical, al impedir que pese a que no se denunciaron o revisaron no mantengan su vigor. Con esto, se olvida que las convenciones colectivas tienen una doble protección legal y constitucional, y que al estar ligadas al cumplimiento del preámbulo de la Constitución Política y al objeto del Estatuto Laboral, su interpretación debe atender tales objetivos, mas si en casos como el presente, los derechos que perderían vigencia son de naturaleza fundamental, por tratarse de prerrogativas pensionales, que tienen pleno impacto con la consecución de la vida digna de quien pretende ser su beneficiario.

Por lo expuesto, considero que cuando el parágrafo 3 del art. 1 de la enmienda constitucional 01 de 2005, dispuso que «las reglas de carácter pensional que rigen a la fecha de vigencia de este Acto Legislativo contenidas en pactos, convenciones colectivas de trabajo, laudos o acuerdos válidamente celebrados, se mantendrán por el término inicialmente estipulado», debe entenderse que ante la ausencia de la denuncia del acuerdo convencional, es necesario acudir a la ficción jurídica sobre su permanencia, pues precisamente es el ordenamiento jurídico el que establece tal consecuencia.

En otras palabras, cuando dicha norma hizo referencia a que los acuerdos convencionales mantendrían su vigencia hasta el término inicialmente estipulado, no debe limitarse al 31 de julio de 2010, sino que debe permitirse su prorroga automática hasta tanto el acuerdo sea objeto de modificación por medio de los causes normativos previstos para ello.

En los anteriores términos consigno mi aclaración de voto.

Fecha ut supra,

GERARDO BOTERO ZULUAGA

Magistrado

ACLARACIÓN DE VOTO

Recurrentes: José Ricardo Roa López y otros.

Demandado: Ecopetrol S.A.

Radicación: 92585

Magistrado Ponente: Fernando Castillo Cadena

Con el acostumbrado respeto a los demás integrantes de la Sala, manifiesto que si bien estoy de acuerdo con la decisión, advierto que en su argumentación se incurre en algunas imprecisiones que es oportuno aclararlas, pues de no hacerlo, pueden pasar desapercibidas.

Pues bien, a mi juicio en la decisión se incurre en una imprecisión, dado que no se tiene presente que los regímenes especiales y exceptuados también son estrictamente legales y no extralegales, ello aún con sus particularidades que implican que en un determinado momento histórico el legislador los catalogue como extraordinarios y determine que no hacen parte del sistema general de pensiones.

Por esta razón, ninguna incidencia tenía esa particularidad en el asunto debatido, de modo que, simple y llanamente, el asunto debió centrarse en determinar si en el caso concreto las reglas pensionales acordadas por vía de negociación colectiva estaban o no afectadas por la reforma constitucional plasmada en el acto legislativo 1° de 2005.

Como puede advertirse, si bien los demandantes insisten en que los cubría el régimen exceptuado y en su acusación refieren que se les conceda la pensión convencional o incluso la legal del artículo 260 citado, pese a que esta última ni siquiera la pretendieron en este juicio, considero que ante esas inconsistencias y medios nuevos lo que correspondía era ponerlos de presente y hacer las precisiones del caso.

Ahora, también aclaro mi voto porque la Sala considera que la convención y el laudo arbitral de 2003 perdieron vigencia una vez surtió efectos jurídicos la Convención Colectiva de Trabajo celebrada en el 2006, bajo el entendido de que su contenido debía ajustarse a las restricciones del Acto Legislativo 01 de 2005 en materia de negociación colectiva de condiciones pensionales.

Así, la Sala no consideró que dicha reforma constitucional también señala que «En todo caso perderán vigencia el 31 de julio de 2010», de modo que, desde mi punto de vista, y en estricto y riguroso apego gramatical al texto constitucional, es evidente que los pactos celebrados en materia pensional antes de esta fecha son válidos, pero en todo caso sus condiciones pierden vigencia el 31 de julio de 2010, tal y como lo concluyó el Tribunal -esto, sin perjuicio de la discusión respecto al término inicialmente pactado por los convencionistas, que exige una reflexión hermenéutica diferente, pero que en este asunto en concreto no se propuso.

Por último y en tercer lugar, la Corte asume que los requisitos convencionales de acceso a la pensión debatida son de causación, pese a que esta discusión no se planteó expresamente en el tercer cargo dirigido por la vía indirecta.

Adviértase adicionalmente que al analizar el caso del accionante José Ricardo Roa López, el Tribunal consideró que sí tenía 20 años de servicios al 31 de julio de 2010, solo que a su juicio la edad no la cumplió a igual fecha, pues tenía 47 años. Así, era evidente que el Colegiado de instancia implícitamente determinó que la edad era un requisito de causación, sin embargo, fue un aspecto que la censura no discutió, debiendo hacerlo, pues era clave para el éxito de su acusación. Por esta razón, en atención a la técnica de casación, la Corte ha debido poner de presente esta omisión para mantener incólume la premisa que soportaba el fallo impugnado, y no involucrar su criterio sobre ese particular, insisto, porque la conclusión fáctica que indicaba que la edad era un requisito de causación no se discutió en el recurso.

Dejo así planteadas las razones de mi aclaración de voto.

Fecha ut supra.

IVAN MAURICIO LENIS GÓMEZ

Magistrado

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