PRIMERO: MODIFICAR el numeral primero de la sentencia proferida el día 11 de septiembre 2018 adicional 10 de septiembre 2019 por el Juzgado 13 Laboral del Circuito de Bogotá […], en el sentido de DECLARAR la ineficacia de la afiliación del demandante […] al régimen de ahorro individual a través de la AFP Colmena, hoy Protección y como consecuencia se ORDENA a Positiva Compañía de Seguros S.A. trasladar todos los dineros que recibió de la cuenta de ahorro individual del demandante de manera íntegra a Colpensiones con todos sus frutos e intereses.
SEGUNDO: REVOCAR parcialmente el numeral segundo de la sentencia proferida el día 11 de septiembre 2018 […] para condenar a Positiva Compañía de Seguros a continuar pagando la mesada pensional del actor hasta tanto traslade todos los dineros que reposaban en su cuenta de ahorro individual a Colpensiones; así mismo, se condena a Colpensiones a pagar las diferencias que se generan entre la mesada que le corresponde el actor en el régimen de prima media con prestación definida la que se ha venido pagando por parte del RAIS junto con la indexación desde el día 1.° de mayo de 2017 hasta el momento en que se traslade los dineros a dicha entidad, las cuales a 31 diciembre 2019 ascienden a la suma de $226.812.373,41.
TERCERO: REVOCAR el numeral cuarto de la sentencia proferida el día 11 de septiembre 2018 […], en el sentido de condenar a Colpensiones a recibir los dineros que le sean trasladados por parte de Positiva Compañía de Seguros y a comenzar a pagar la mesada pensional al actor desde el momento en que reciba dichos valores en la suma aquí reconocida, debiendo reajustar la mesada anualmente, con la debida indexación.
CUARTO: ADICIONAR la sentencia apelada y consultada en el sentido de condenar a la AFP Protección a devolver los gastos de administración que en su momento descontó de la cuenta de ahorro individual del demandante.
QUINTO: MODIFICAR el numeral tercero de la sentencia proferida del 11 de septiembre 2018 […], en el sentido de condenar en costas de primera instancia a Protección S.A., Positiva Compañía de Seguros y Colpensiones.
SEXTO: CONFIRMAR en todo lo demás.
SÉPTIMO: SIN COSTAS en esta instancia
Para los fines que interesan al recurso de casación, el Tribunal señaló que no era objeto de debate en el proceso que: (i) Rafael Hernando Leaño Forero cotizó al ISS desde el 9 de enero de 1976 hasta el 31 de agosto de 1999 (f.º 109 del c. del Juzgado); (ii) el 26 de agosto de 1999 firmó la solicitud de afiliación a la AFP Colmena (f.º 186 del c. del Juzgado), traslado que se hizo efectivo a partir del 1. ° de octubre de 1999 (f.º 185 del c. del Juzgado), y (iii) que al 1. ° de abril de 2000 el actor fue «[…] cedido por fusión de Colmena a la AFP ING y el 31 de diciembre de 2012 fue cedido por fusión de esta última a Protección S.A.».
Así, estableció como problemas jurídicos a resolver: (i) si el actor confesó recibir la información necesaria al momento de trasladarse al Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad, o si, por el contrario, aceptó que no se probó y, por tanto, procede la ineficacia del traslado; (ii) si Colpensiones debió activar la afiliación del demandante; (iii) si el derecho a reclamar se encuentra prescrito; (iv) si Colpensiones debe reconocer la pensión de vejez del actor en los términos del artículo 33 de la Ley 100 de 1993; (v) si era viable acceder a los perjuicios morales reclamados, y (vi) si hay lugar a imponer costas de primera instancia contra La Nación - Ministerio de Hacienda, Positiva Compañía de Seguros y Colpensiones.
Previo a resolver, resaltó que si bien en la demanda se solicitó la nulidad de traslado de régimen por falta de información al momento en que el accionante se trasladó al Régimen de Ahorro Individual Con Solidaridad, lo cierto es que el estudio fundado en la transgresión del deber de información debe abordarse desde su eficacia, por cuanto resulta equivocado exigirle al afiliado acreditar los vicios del consentimiento, cuando el legislador consagró expresamente que el acto de afiliación se afecta en el momento en que no ha sido consentido de manera informada.
Así, en cuanto al primer problema planteado, acotó que no existe controversia respecto a que la carga probatoria recae en la administradora de fondos de pensiones y, por ello, no haría pronunciamiento alguno frente a ello.
Con fundamento en el precedente expuesto por esta Sala en sentencias CSJ SL 1897-2019 y CSJ SL1688-2019, y conforme el formulario de afiliación, las historias laborales y las respuestas a los derechos de petición que el accionante presentó, concluyó que la AFP no brindó información de manera clara, precisa y detallada sobre las consecuencias de su traslado a un fondo privado.
Agregó que si bien en el interrogatorio de parte absuelto por el demandante este señaló que un asesor explicó que su pensión dependía la cantidad de hijos, edad de su esposa, que podía hacer aportes voluntarios para mejorar la mesada pensional y que la prestación se podría heredar, lo cierto es que ello no es suficiente para establecer que se cumplió con la referida obligación, en la medida que lo que se evidencia es que le brindaron algunas características del Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad, pero no efectuaron un parangón respecto de aquellas del Régimen de Prima Media con Prestación Definida, a fin de establecer ventajas y desventajas en uno y otro.
Recordó que el deber de información no implica cualquier asesoría, ni basta con advertir que el afiliado tiene una determinada profesión, pues el actor debe contar con los elementos necesarios a fin de decidir de manera consciente y libre en aras de trasladarse.
Acotó que no desconoce que para el momento en que el demandante se trasladó al Régimen de Ahorro Individual Con Solidaridad estaba vigente el Decreto 692 de 1994 que consagra que para adelantar el proceso de vinculación a la AFP se debe diligenciar el formulario y que en el mismo deberá consignarse que la decisión de traslado de manera libre, espontánea, y sin presiones, para lo cual es posible que contenga la leyenda preimpresa.
No obstante, precisó que esta Corte indicó en sentencia CSJ SL, 9 sep. 2008, rad. 31989, que la responsabilidad de las administradoras de pensiones es de carácter profesional e impone el deber de cumplir puntualmente las obligaciones que taxativamente señalen las normas, en especial, los artículos 14 y 15 ibidem, como lo preceptúa el artículo 1603 del Código Civil.
Por tanto, afirmó que la AFP sí estaba en la obligación de proporcionar al demandante una información completa y comprensible con la finalidad de orientarlo como potencial afiliado sobre las diferentes alternativas, beneficios e inconvenientes o desanimarlo de tomar una opción que eventualmente le puede perjudicar y, por ello, cualquier asesoría otorgada con posterioridad al momento en que se realizó el traslado no sanea su omisión.
Respecto al segundo problema jurídico explicó que al quedar sin efecto la afiliación del actor al Régimen de Ahorro Individual Con Solidaridad, su vinculación a Colpensiones quedó incólume, de ahí que surja la necesidad de trasladar los aportes efectuados por el accionante a dicho Régimen a fin de que reposen en la historia laboral de esa entidad.
Señaló que, tal como acertadamente Protección S.A. lo indicó en la alzada, la devolución de los aportes no corresponde a esa AFP, pues de acuerdo con lo dicho por Positiva Compañía de Seguros S.A. en su contestación de la demanda, el 10 de mayo de 2017 el actor firmó un contrato de elección de modalidad de pensión de renta vitalicia a cargo de dicha aseguradora.
Resaltó que lo anterior implicó el traspaso del capital acumulado en la cuenta de ahorro individual, más el bono pensional como se describe en el documento firmado por el demandante, denominado «comparativo entre modalidades de pensión» (f.º 49 del c. del Juzgado); de modo que, la devolución del capital actualmente existente para financiar la pensión del actor debe realizarla dicha aseguradora.
Adujo que tal devolución no genera ningún detrimento, toda vez que le corresponde trasladar todos los dineros que se hallaban en la cuenta de ahorro individual del demandante de manera íntegra con frutos e intereses, y en cuanto a los gastos de administración y comisiones deberán ser asumidos por la AFP Protección de sus propias utilidades, pues al dejarse sin efecto la afiliación esta declaración trae consigo la consecuencia inmediata de no pertenecer al Régimen debiendo restituirse las cosas a su estado original (CSJ SL4360-2019).
En relación con la prescripción, refirió que la acción de ineficacia el traslado no está sometida al término general que rige en materia laboral por corresponder a un asunto que está ligado estrechamente con la construcción de un derecho pensional y, por lo tanto, es imprescriptible (CSJ SL1421 de 2019 y CSJ SL1689 de 2019).
Respecto a la pensión de vejez, determinó que el demandante no es beneficiario del régimen de transición establecido en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, como quiera que para el 1. º abril de 1994 no contaba con 40 años de edad, pues nació el 24 de octubre de 1954 (f.º 34 del c. del Juzgado), ni con 15 años de servicio toda vez que solo había cotizado 629 semanas (f. º109 del c. del Juzgado).
En esa medida y conforme los parámetros del artículo 33 de la Ley 100 de 1993 modificado por el artículo 9 de la Ley 797 de 2003, puntualizó que el actor tiene derecho a que se le reconozca y pague la prestación liquidada conforme artículo 21 de la primera ley, que resulta ser más favorable bajo una tasa de reemplazo del 67.62%.
De modo que para el 2017 debía obtener una mesada inicial de $11.356.507 que deberá reajustarse anualmente y pagarse en un total de 13 mesadas.
Advirtió que si bien el actor consolidó su derecho pensional desde el 24 de octubre 2016 cuando cumplió el requisito de la edad. Lo cierto es que no resultaba procedente su disfrute a partir de dicha fecha, dado que ello no fue solicitado en la demanda, discutido en el juicio, ni se planteó en el recurso de apelación. Por tanto, atendía la calenda que Positiva Compañía de Seguros S.A. consideró, esto es, 1. ° de mayo 2017 (f.º 225 del c. del Juzgado).
Así, halló equivocada la decisión del juez de primer grado al negar la pensión toda vez que el afiliado no está llamado a soportar los efectos del trámite interadministrativo.
Agregó, que comoquiera que la suma otorgada es mayor a la que Positiva ha cancelado, que para el 2017 ascendía a un valor de $5.141.398 (f.º 225 del c. del Juzgado), Colpensiones solo deberá asumir la diferencia que existe entre dicho valor y la prestación reconocida desde el 1. ° de mayo de la misma anualidad y hasta tanto le sean trasladados los dineros que reposaban en la cuenta de ahorro individual del demandante, de modo que dicha aseguradora debía continuar con el pago del valor que venía cancelando hasta satisfacerse en su totalidad.
Adicionalmente, condenó a Colpensiones a sufragar la prestación desde que reciba dichos dineros por parte de Positiva S.A., con el respectivo ajuste anual.
Asimismo, estimó improcedentes los intereses moratorios, pues la entidad no incurrió en mora. No obstante, ordenó el pago de las diferencias pensionales debidamente indexadas desde que cada una se hizo exigible hasta la fecha efectiva de cancelación.
Adujo que como las diferencias se causaron desde el 1. ° de mayo de 2017 no se advertía prescripción, pues la demanda se formuló el 30 de octubre del mismo año (f.º 94 del c. del Juzgado). Por tanto, Colpensiones adeudaba la suma de $226.812.373,41 entre el 1. ° de mayo 2017 y el 31 diciembre 2019, ello sin perjuicio de las diferencias que con posterioridad se sigan causando.
Por último, en cuanto a los perjuicios morales reclamados indicó que no eran procedentes toda vez que no obraba prueba alguna de su causación.
RECURSO DE CASACIÓN
El recurso extraordinario de casación lo interpuso Positiva Compañía de Seguros S.A., lo concedió el Tribunal y lo admitió la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia.
ALCANCE DE LA IMPUGNACIÓN
El recurrente solicita a la Corte casar la sentencia impugnada a fin de que, en sede de instancia, revoque el ordinal primero «de la sentencia de segunda instancia» y, en su lugar, desestime las pretensiones de la demanda.
En subsidio, solicitó la casación parcial de la decisión de segunda instancia en cuanto a las condenas impuestas a la recurrente y, en sede de instancia, confirme la absolución del ordinal segundo del fallo del juez de primera instancia.
Con tal propósito, por la causal primera de casación, formula cuatro cargos, que fueron replicados por el demandante, Protección S.A. y Colpensiones. Dado que con los tres primeros se alcanza el fin perseguido. La Sala se abstendrá de estudiar el cuarto.
CARGO PRIMERO
Por la vía directa, en la modalidad de interpretación errónea, le atribuye a la sentencia controvertida la vulneración de los artículos 21, 33 (modificado por el artículo 9 de la Ley 797 de 2003) y 80 de la Ley 100 de 1993.
En desarrollo de la acusación, aduce que el Tribunal erró por cuanto no advirtió que era un hecho indiscutido que, al instaurarse la demanda, el actor ya era pensionado.
En esa medida, debió resolver el asunto como esta Sala lo señaló en sentencia CSJ SL373-2021, en la que indicó que tal calidad es una situación jurídica consolidada que no es razonable retrotraer como ocurre en el caso de un afiliado.
Ello, en la medida que no se trata de reversar el acto mismo, sino también el reconocimiento prestacional y todas las operaciones, actos, contratos con el afiliado, las aseguradoras, AFP, entidades oficiales e inversionistas, según la modalidad pensional elegida.
Afirma que en instancia la Corte hallará que el actor contrató y suscribió una póliza de seguro de renta vitalicia inmediata con la recurrente, tal como consta en el documento n.º 4000000117 expedido el 25 de mayo de 2017, que generó un derecho y goce de una renta pensional desde el 1. º de junio de 2017 y que se ha cancelado sin interrupción alguna hasta la fecha.
CARGO SEGUNDO
Por la vía jurídica, en la modalidad de aplicación indebida, le endilga a la sentencia de segundo grado la transgresión de los mismos artículos expuestos en la primera acusación.
Aduce que el juez de segunda instancia aplicó indebidamente los aludidos preceptos, por no advertir la calidad de pensionado del actor y, en consecuencia, les dio un alcance diferente al pretendido por el legislador, comoquiera que frente a esa específica situación es aplicable la orientación vertida en sentencia CSJ SL373-2021.
CARGO TERCERO
Le endilga a la decisión impugnada la violación por la vía directa bajo la modalidad de infracción directa de los preceptos enunciados en los demás cargos.
Refiere que conforme el artículo 1036 del Código de Comercio el contrato de seguro es un acto jurídico contractual, consensual, bilateral, oneroso, aleatorio y de ejecución sucesiva en el cual una persona consciente y voluntariamente suscribe un producto de una aseguradora para trasladar determinados riesgos.
En ese sentido, indica que el contrato de seguro de renta vitalicia inmediata es configurado como un contrato de seguro conforme lo prevé el artículo 80 de la Ley 100 de 1993 y la Circular básica jurídica de la Superintendencia Financiera de Colombia que emitió las reglas aplicables al ramo pensional establecido en el régimen general de pensiones.
Lo anterior, por cuanto es una modalidad pensional que depende exclusivamente del afiliado o beneficiario, esto es, se contrata un acto libre y voluntario en el que este elige voluntariamente a una seguradora que cuente con dicho producto en su portafolio, y el afiliado paga una prima a cambio de una renta mensual hasta su deceso y el pago de la pensión de sobrevivientes en favor de sus beneficiarios por el tiempo a que tengan derecho, contrato que es irrevocable.
Resalta que, si bien en este cargo no se ventilan aspectos probatorios, con el fin de contextualizar la infracción directa del artículo 80 de la Ley 100 de 1993, es necesario tener en cuenta que el demandante contrató una póliza de seguro de renta vitalicia inmediata y devenga una renta pensional desde el 1. º de junio de 2017.
RÉPLICA DEL DEMANDANTE
Aduce que el alcance de la impugnación está erróneamente formulado, dado que no indica si solicita una casación total o parcial, aunado a que pretende que la Corte revoque la decisión de segunda instancia, lo cual es equivocado, pues esta desaparecería del mundo jurídico. En ese sentido, nada dice respecto de qué actuación debe emprender la Sala en sede de instancia.
Señala que, en el primer cargo, el recurrente hace una mezcla indebida de las vías de violación, pues, pese a que se dirige por la vía directa, alude a un supuesto fáctico cual es que el Tribunal no advirtió la calidad de pensionado del actor.
Destaca que el argumento central que plantea constituye un hecho nuevo en casación, pues el debate estaba dirigido a determinar si el demandante fue o no debidamente asesorado al momento del traslado de régimen pensional, mientras que el análisis que Positiva S.A. propone es relativo a la improcedencia de aplicar las reglas de ineficacia a los pensionados, situación que itera no se debatió en las instancias.
Adicionalmente, manifiesta que el recurrente no cumplió con el requisito de formular una proposición jurídica completa, en el sentido de indicar las normas sustanciales que constituyen la base esencial del fallo recurrido, pues en este caso el tema planteado tiene que ver con la validez del traslado de régimen pensional.
RÉPLICA DE PROTECCIÓN S.A.
Refiere que es un hecho indiscutido que el actor tiene la calidad de pensionado bajo la modalidad de renta vitalicia, lo cual implica que la AFP ya cumplió a plenitud con la obligación legal que le correspondía, esto es, entregar todo el dinero de la cuenta individual a la seguradora.
Agrega que el actor confesó recibir una capacitación en la que le efectuaron una comparación de la prestación que recibiría en uno u otro régimen y en la que le explicaron los beneficios del Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad. En consecuencia, reconoce tácitamente que sí fue ilustrada y, por consiguiente, está compelido a demostrar qué fue lo que no le informó para controvertir su afirmación.
Sugiere que el demandante efectuó actos de relacionamiento que demuestran que conocía del Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad, como es afiliarse al fondo voluntario de pensiones (f.º 188 del c. del Juzgado).
RÉPLICA DE COLPENSIONES
Puntualiza que no hay duda de la voluntad puesta en el formulario de afiliación al Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad, el cual demuestra que el demandante no fue «engañado», pues la actuación la ejecutó conscientemente en pleno uso de razón.
Aunado a que no es beneficiario del régimen de transición, porque al 1. º de abril de 1994 no contaba con requisitos suficientes y, por ende, no tiene una expectativa legítima frente a su derecho pensional. Lo cual hace que el acto de traslado se ajuste a las condiciones, requisitos y parámetros de la Ley 100 de 1993.
Resalta que no es posible aducir que no recibió información solo por el hecho de no ver colmadas plenamente sus expectativas para trasladarle responsabilidad a la AFP, máxime si se tiene en cuenta que el demandante es un «profesional del derecho» con conocimiento de la norma.
Agrega que no es dable endilgarle a la administradora privada responsabilidades que no estaban vigentes a la fecha de traslado de régimen pensional, menos cuando no se probó la existencia de vicio del consentimiento alguno.
CONSIDERACIONES
En relación con las glosas de técnica que destaca el actor, si bien el alcance de la impugnación contiene falencias, las mismas pueden superarse, pues la Sala entiende que la recurrente pretende el quiebre total de la decisión de segunda instancia para que, en su lugar, se revoque el fallo del juez de primer grado y se absuelva a la entidad demandada de todas las pretensiones incoadas en su contra en el escrito inicial.
Tampoco le asiste razón al opositor demandante al señalar que lo expuesto en el recurso de casación se trata de un hecho nuevo, toda vez que, en el proceso, desde la demanda, en la contestación e, incluso, en la apelación, las partes debatieron la condición de pensionado del afiliado, que, en criterio de las accionadas hacía improcedente la ineficacia del traslado de régimen pensional, por tratarse de una situación consolidada.
En ese sentido, no tiene asidero la presunta mezcla de las vías de violación endilgada al primer cargo dirigido por la senda de puro derecho, al hacer referencia a un supuesto fáctico, pues la censura parte de un hecho que desde las instancias se catalogó como indiscutido.
De igual forma, no se presenta la supuesta irregularidad en la proposición jurídica, pues la recurrente basó su denuncia en los presupuestos normativos en los que el Tribunal fundamentó su fallo y que consagran el derecho sustantivo que se debate, en especial, el artículo 9. ° de la Ley 797 de 2003 y 80 de la Ley 100 de 1993.
Nótese que es suficiente con que la censura cite cualquier precepto sustantivo que consagre el derecho reclamado o que constituyó la base esencial del fallo o que debió serlo, y que a juicio del impugnante se quebrantó por el juez plural, sin que sea necesario integrar una proposición jurídica completa (CSJ SL5003-2019, CSJ SL224-2020, CSJ SL1141-2020, CSJ SL1470-2021 y CSJ SL1113-2022).
En virtud de lo expuesto, la Sala encuentra que los cargos están bien planteados, pues en ellos el recurrente expone de manera organizada y clara las razones jurídicas y fácticas por las cuales considera que la calidad de pensionado en el Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad no puede retrotraerse y, por tanto, no es posible declarar la ineficacia del acto de cambio de régimen pensional.
Establecido lo anterior, le corresponde a la Corte dilucidar como problema jurídico si la situación de una persona que tiene la calidad de pensionado en el Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad puede retrotraerse como consecuencia de la declaratoria de ineficacia del acto de traslado de régimen pensional, de modo que pueda acceder a las prestaciones propias del Régimen de Prima Media con Prestación Definida.
Pues bien, esta Corporación es del criterio que dicha operación no es posible, pues si bien las consecuencias de dicha declaratoria suponen dejar sin piso todos los actos derivados del mismo, para el caso de una persona que ostenta dicha calidad ya existe una situación consolidada, cuyas consecuencias no se pueden retrotraer.
Precisamente, en la primera providencia referida, la Corte explicó:
Si bien por regla general cuando se declara la ineficacia de la afiliación es posible volver al mismo estado en que las cosas se hallarían de no haber existido el acto de traslado (vuelta al statu quo ante), lo cierto es que la calidad de pensionado es una situación jurídica consolidada, un hecho consumado, un estatus jurídico, que no es razonable revertir o retrotraer, como ocurre en este caso. No se puede borrar la calidad de pensionado sin más, porque ello daría lugar a disfuncionalidades que afectaría a múltiples personas, entidades, actos, relaciones jurídicas, y por tanto derechos, obligaciones e intereses de terceros y del sistema en su conjunto. Basta con relevar algunas situaciones:
Desde el punto de vista de los bonos pensionales, puede ocurrir que se haya pagado el cupón principal por el emisor y las cuotas partes por los contribuyentes y, además, que dicho capital esté deteriorado en razón del pago de las mesadas pensionales. En tal caso, habría que reversar esas operaciones. Sin embargo, ello no parece factible porque el capital habría perdido su integridad y, por consiguiente, podría resultar afectada La Nación y/o las entidades oficiales contribuyentes al tratarse de títulos de deuda pública.
Desde el ángulo de las modalidades pensionales, en la actualidad las entidades ofrecen un diverso portafolio de alternativas pensionales. Algunas son retiro programado, renta vitalicia inmediata, retiro programado con renta vitalicia diferida, renta temporal cierta con renta vitalicia de diferimiento cierto, renta temporal con renta vitalicia diferida, renta temporal variable con renta vitalicia inmediata.
Cada modalidad tiene sus propias particularidades. Por ejemplo, en algunas el afiliado puede pensionarse sin que importe la edad o puede contratar dos servicios financieros que le permitan acceder a una renta temporal cierta y a una renta vitalicia diferida. En otras, el dinero de la cuenta de ahorro individual es puesto en el mercado y genera rendimientos administrados por la AFP. Incluso se puede contratar simultáneamente los servicios con la AFP y con una aseguradora en aras de mejorar las condiciones de la pensión. Es de destacar que en la mayoría de opciones pensionales intervienen en la administración y gestión del riesgo financiero, compañías aseguradoras que garantizan que el pensionado reciba la prestación por el monto acordado.
Por lo tanto, no se trata solo de reversar el acto de traslado y el reconocimiento de la pensión, sino todas las operaciones, actos y contratos con el afiliado, aseguradoras, AFP, entidades oficiales e inversionistas, según sea la modalidad pensional elegida.
Si se trata de una garantía de pensión mínima, volver las cosas a su estado anterior, implicaría dejar sin piso los actos administrativos que mediaron en el reconocimiento de la garantía. Como La Nación asume el pago de dicha prerrogativa, se requería la intervención de la Oficina de Bonos Pensionales del Ministerio de Hacienda y Crédito Público para que defienda los intereses del Estado que se verían afectados por la ineficacia del traslado de una persona que ya tiene el status de pensionado. Esto a su vez se encuentra ligado a lo dicho acerca de los bonos pensionales, pues la garantía se concede una vez esté definido el valor de la cuenta de ahorro individual más el bono.
Ni que decir cuando el capital se ha desfinanciado, especialmente cuando el afiliado decide pensionarse anticipadamente, o de aquellos casos en que ha optado por los excedentes de libre disponibilidad (art. 85 de la Ley 100 de 1993), en virtud de los cuales recibe la devolución de una parte de su capital ahorrado. En esta hipótesis, los recursos, ya desgastados, inevitablemente generarían un déficit financiero en el régimen de prima media con prestación definida, en detrimento de los intereses generales de los colombianos.
[…].
Entonces, a criterio de esta Sala, no es posible volver al mismo estado en que las cosas se hallarían de no existir el acto de traslado (vuelta al statu quo ante), teniendo en cuenta que la calidad de pensionado da lugar a una situación jurídica consolidada o un hecho consumado que no se puede revertir sin afectar «[…] a múltiples personas, entidades, actos, relaciones jurídicas, y por tanto derechos, obligaciones e intereses de terceros y del sistema en su conjunto» (CSJ SL1113-2022).
En este caso, se estableció como hecho indiscutido que el actor solicitó la prestación de vejez ante Protección S.A. y previa expedición del bono pensional tipo A que La Nación Ministerio de Hacienda emitió el 10 de mayo de 2017 suscribió «carta de elección de modalidad pensional» (f.º 49 del c. del Juzgado) -acusada como mal valorada- en la que seleccionó la modalidad de renta vitalicia a través de la aseguradora Positiva S.A. entidad que en la actualidad administra la prestación según la suscripción de la póliza n.º 4000000117 de 25 del mismo mes y año, con una mesada mensual de $5.141.398 con 13 mesadas al año desde el 1.º de junio de 2017.
En efecto, del comparativo expuesto al afiliado al momento de la selección, se extrae que la renta vitalicia es aquella modalidad mediante la cual el pensionado o sus beneficiarios contrata directa o irrevocablemente con una aseguradora su elección, el pago de una renta mensual hasta su deceso, así como la pensión de sobrevivientes en favor de sus beneficiarios por el tiempo que ellos tengan derecho.
Así, con el capital disponible en la cuenta de ahorro individual del pensionado, la aseguradora realiza un cálculo actuarial en el que se compromete a cancelar una cuantía mensual vitalicia para el afiliado y sus beneficiarios, la cual es uniforme en el tiempo en términos de poder adquisitivo y constante.
Se explica igualmente que la aseguradora que asume el pago «[…] debe adoptar la modalidad de seguros de participación, en los cuales se debe distribuir entre los integrantes del producto, al menos el 70% de las utilidades obtenidas. La repartición de utilidades entre los pensionados, no es garantizada por la aseguradora y si ello sucede la mesada pensional podrá aumentar por encima de la inflación».
Asimismo, se prevé como posible riesgo que al existir «[…] traspaso del capital acumulado en la cuenta de ahorro individual más el bono pensional, a la aseguradora escogida por el pensionado […] el capital deja de ser propiedad del pensionado y se convierte en patrimonio de la Aseguradora».
Igualmente, se establece que la renta mensual contratada irá hasta su fallecimiento y la pensión de sobrevivientes en favor de sus beneficiarios por el tiempo que tangan derecho y si llegara a faltar capital para cumplir con el pago de la obligación, «[…] la aseguradora deberá ponerlo de su propio patrimonio», de modo que «[…] como el capital pasa a ser propiedad de la aseguradora […] el saldo que resulte después de cumplir con la obligación no se devuelve a los herederos».
Razón por la que se condiciona la modalidad como «irrevocable» y «[…] ninguna de las partes podrá poner término anticipado al contrato, el cual permanecerá vigente hasta la muerte del pensionado o del último beneficiario con derecho».
En ese contexto, tal como la Corte lo explicó en la providencia referida, dada la particularidad de la modalidad seleccionada por el pensionado, no es posible reversar tales operaciones o contratos suscritos con terceros, incluso, cuando, como en el caso, se expidió un bono pensional y saldría afectada también La Nación por tratarse de títulos de deuda pública, pues ello demuestra que la calidad de pensionado da lugar a una situación jurídica consolidada y a un hecho consumado, cuyos intentos de revertir podría afectar derechos, deberes, relaciones jurídicas e intereses de un gran número de actores del sistema y, en especial, tener un efecto financiero desfavorable en el sistema público de pensiones.
No obstante, la Sala también ha advertido que el hecho de reclamar y obtener la pensión en el Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad no da por «superada la falta de información», pues la jurisprudencia laboral es pacífica en el criterio que la ineficacia no es susceptible de ser saneada o convalidada (CSJ SL1113-2022).
Luego, no significa que la eventual conculcación a los derechos pensionales de los ciudadanos quede sin mecanismos de reparación.
En efecto, esta Corporación ha dicho que los afectados pueden demandar la indemnización total de perjuicios a cargo de la administradora de pensiones que incumplió su deber de información, a fin de que se ordene el pago (CSJ SL1113-2022).
En el anterior contexto, los cargos son fundados.
Sin costas.
SENTENCIA DE INSTANCIA
A la Corte le corresponde desatar los recursos de apelación propuestos por Protección S.A., el demandante, así como el grado jurisdiccional de consulta a favor de Colpensiones.
En ese sentido, se tiene que la alzada del actor recayó sobre la absolución de las siguientes condenas: (i) el reconocimiento y pago de la pensión de vejez por parte Colpensiones pese a cumplir los requisitos que consagra ese régimen –artículo 33 de la Ley 100 de 1993-, y (ii) los perjuicios morales generados por omisión del deber de información al momento de traslado.
Por su parte, Protección S.A. manifestó que al actor se le brindó la información necesaria y contemplada en las normas vigentes al momento de traslado además de que se desconoce que los aportes realizados por el demandante fueron trasladados a Positiva S.A. a fin de financiar la prestación que este disfruta, junto con el bono pensional que la financia, de modo que es ilógico que sea condenada a devolver unas sumas que ya no están en su poder.
Así, frente al tema principal relativo a la procedencia o no de la ineficacia pretendida y, en consecuencia, el reconocimiento pensional que reclama el actor a través del Régimen de Prima Media con Prestación Definida, cabe reiterar lo expuesto en sede casacional, en tanto la citada figura jurídica es incompatible con la calidad de pensionado que ostenta el actor, lo cual, como se dijo, no impide que pueda solicitar a través de la acción respectiva los perjuicios que considere le generó el incumplimiento del deber de información a cargo de las administradoras de pensiones.
En este caso, el demandante suplicó el pago de los perjuicios morales causados por la omisión al deber de información y si bien la Sala ha dispuesto que ello es procedente, lo cierto es que se ha supeditado al hecho de que estén debidamente acreditados y no estén prescritos (CSJ SL1113-2022).
En el presente caso, aquellos no están demostrados, pues si bien el actor los reclamó nada dijo en cuanto a su comprobación, y tampoco aportó medio probatorio alguno que así lo evidencie.
Así, al revisar los fundamentos de hecho de la demanda no aparece ninguno que se refiera a esa temática como tampoco se exponen razones o fundamentos derecho, ni tampoco se extrae del interrogatorio de parte que aquel absolvió, y en el plenario no se practicó prueba testimonial. En consecuencia, son improcedentes.
En consecuencia, se revocará la sentencia de 11 de septiembre de 2018 que el Juez Trece Laboral del Circuito de Bogotá profirió y, en su lugar, se absolverá a las demandadas de las pretensiones incoadas en su contra.
Las costas de primera y segunda instancia estarán a cargo del demandante.
DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, CASA la sentencia que la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá profirió el 22 de enero de 2020, dentro del proceso ordinario laboral que RAFAEL HERNANDO LEAÑO FORERO promovió contra la ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS PROTECCIÓN S.A., la ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES - COLPENSIONES, LA NACIÓN MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO y la recurrente.
En instancia, RESUELVE:
PRIMERO. REVOCAR la sentencia que el Juez Trece Laboral del Circuito de Bogotá profirió el 11 de septiembre de 2018 y, en su lugar, ABSOLVER a las demandadas de las pretensiones incoadas en su contra.
SEGUNDO. Costas como se dijo en la parte motiva.
Notifíquese, publíquese, cúmplase y devuélvase el expediente al Tribunal de origen.
Aclaro voto
GERARDO BOTERO ZULUAGA
Presidente de la Sala
Aclaro voto
FERNANDO CASTILLO CADENA
LUIS BENEDICTO HERRERA DÍAZ
IVÁN MAURICIO LENIS GÓMEZ
OMAR ÁNGEL MEJÍA AMADOR
MARJORIE ZÚÑIGA ROMERO
MARJORIE ZÚÑIGA ROMERO
Magistrada ponente
ACLARACIÓN DE VOTO
Radicación n.º 89504
Acta 10
Referencia: Recurso de casación en demanda promovida por RAFAEL HERNANDO LEAÑO FORERO contra ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS PROTECCIÓN S.A., ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES – COLPENSIONIES, LA NACIÓN – MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO y POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.
Con el acostumbrado respeto por las decisiones mayoritarias de la Sala, en este especial asunto, me permito hacer aclaración de voto, pues si bien comparto la posición que finalmente se adoptó en el sub judice, que dispuso no casar la sentencia de segundo nivel, frente a los argumentos relacionados con la improcedencia de la ineficacia del traslado para el pensionado, debo precisar lo siguiente:
En la referida providencia, se concluyó que no era procedente disponer la declaratoria de ineficacia del traslado al RAIS del promotor del litigio en razón de tener la calidad de pensionado, trayéndose como fundamento de ello, la sentencia SL373-2021, en la que se resolvió asunto de similares características.
Sobre el particular, debo aclarar que en casos como el que ocupa nuestra atención, en donde una persona tenga la connotación de pensionado, eso no significa que tal circunstancia por si sola conlleve a desconocer que la ausencia de asesoría y del deber de información por parte del fondo de pensiones privado, no conduzca a declarar la ineficacia del traslado al RAIS, la que a no dudarlo, puede predicarse tanto del afiliado como de quien tiene la connotación de pensionado; sin embargo, en tratándose de una persona que ya ha adquirido este último status, las consecuencias deben ser diferentes a cuando solo se tiene la calidad de asegurado, al existir una imposibilidad de volver las cosas al estado anterior, esto es, a aquel en que se encontraba antes de producirse el cambio de régimen.
Lo anterior, en razón a estar involucrados otros sujetos y terceros que en determinado momento pueden verse afectados con una decisión en tal sentido, incluso porque eventualmente pudo haberse negociado el bono pensional destinado también al financiamiento de la pensión; pero además, por cuanto ya se han hecho uso o invertido unos dineros de la cuenta de ahorro individual destinada para financiar y asumir el pago de las mesadas pensionales con lo que se ve menguado o disminuido los recursos para solventar la prestación.
En los anteriores términos dejo consignada mi aclaración de voto.
Fecha ut supra,
GERARDO BOTERO ZULUAGA
Magistrado
MARJORIE ZÚÑIGA ROMERO
Magistrada Ponente
ACLARACIÓN DE VOTO
Radicación n.° 89504
REFERENCIA: RAFAEL HERNANDO LEAÑO FORERO vs. ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS PROTECCIÓN S.A., la ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES COLPENSIONES, POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A. y LA NACIÓN - MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO
Con el acostumbrado respeto por las decisiones de la Sala, en esta ocasión me permito aclarar el voto, por cuanto comparto la decisión de no declarar ineficaz la afiliación, pero por las razones que paso a explicar.
Afiliación y traslado
Con la expedición de la Ley 100 de 1993 y su reglamentación, se instituyó cuándo surgía la obligatoriedad de afiliación de un trabajador, la posibilidad de traslado en el sistema pensional, y las restricciones y circunstancias en las que se podía generar su invalidez. Así mismo, se expidieron normas cuyo objeto se centró en la regularización de las situaciones especiales de afiliación.
En cabeza de los trabajadores dependientes, se estableció la obligación de que, bajo el principio de la libre elección, seleccionaran régimen y administrador pensional del recién creado Sistema General de Pensiones. A su vez, se impuso al empleador la carga de la afiliación y pago de aportes, respetando la voluntad de sus colaboradores.
Tal libertad de escogencia se justificó ante la coexistencia de dos regímenes de diferente naturaleza y excluyentes, por cuanto se determinó la imposibilidad de afiliarse y cotizar de manera simultánea a los mismos y de estar en dos administradoras de pensiones. También, consagró un periodo de carencia, de manera que, una vez realizada la selección, para poder efectuar el traslado entre regímenes debía transcurrir 3 años y entre administradoras del régimen de capitalización al menos 6 meses, términos que de no ser observados acarreaba la invalidez de la afiliación.
Para este momento, los afiliados no sufrían ninguna consecuencia por realizar diferentes traslados entre regímenes, ni existía un límite en edad para ejercer dicha posibilidad; claro está, salvo las personas que, teniendo el beneficio del régimen de transición se trasladaban al régimen de ahorro individual con solidaridad, pues éstas, en principio, perdían la aplicación del mismo.
Aquí y ahora resulta indispensable referir que la imposibilidad de traslado de régimen pensional cuando faltaren menos de 10 años para el cumplimiento de la edad para acceder a la pensión exigida en el R.P.M. fue introducida por la Ley 797 de 2003 y, dada esta prohibición estableció un periodo de gracia de un año a efectos de que las personas, durante tal lapso, pudieran definir la entidad en la cual querían permanecer. Adicionalmente, aumentó a 5 años el tiempo mínimo para optar por el cambio de régimen.
Así las cosas, inicialmente, no existía ninguna consecuencia normativa de las decisiones de los afiliados, fueran acertadas o no; solo hasta el cambio normativo expuesto de la Ley 797 de 2003, el cual valga señalar fue declarado constitucional por cuanto se encontró que la restricción que el legislador buscaba la protección de recursos del régimen de prima media con prestación definida y la equidad la Sentencia CC C1024-2004, dejo ver:
[…]
En el presente caso, la medida prevista en la norma acusada, conforme a la cual el afiliado no podrá trasladarse de régimen cuando le faltaren diez (10) años o menos para cumplir la edad para tener derecho a la pensión de vejez, resulta razonable y proporcional, a partir de la existencia de un objetivo adecuado y necesario, cuya validez constitucional no admite duda alguna. En efecto, el objetivo perseguido por la disposición demandada consiste en evitar la descapitalización del fondo común del Régimen Solidario de Prima Media con Prestación Definida, y simultáneamente, defender la equidad en el reconocimiento de las pensiones del Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad, pues se aparta del valor material de la justicia, que personas que no han contribuido a obtener una alta rentabilidad de los fondos de pensiones, puedan resultar finalmente beneficiadas del riesgo asumido por otros.
Para esta Corporación, el derecho a la libre elección entre los distintos regímenes pensionales previstos en la ley, no constituye un derecho absoluto, por el contrario, admite el señalamiento de algunas excepciones que, por su misma esencia, pueden conducir al establecimiento de una diversidad de trato entre sujetos puestos aparentemente en igualdad de condiciones, tales como, el señalamiento de límites para hacer efectivo el derecho legal de traslado entre regímenes pensionales. Ahora bien, la Corte ha sostenido que dicha diversidad de trato no puede considerarse per se contraria al Texto Superior, pues es indispensable demostrar la irrazonabilidad del tratamiento diferente y, más concretamente, la falta de adecuación, necesidad y proporcionalidad de la medida en el logro de un fin constitucionalmente admisible HYPERLINK "http://www.lexbase.biz/lexbase/jurisprudencia/corte%20constitucional/constitucionalidad/C1024de2004.htm" \l "_edn5" \o "" [v].
Por manera que, solo a partir de la Ley 797 de 2003, se encontró una prohibición de traslado, de allí que a tal data no existía una afectación en las decisiones y, el deber de escogencia era del trabajador y de allí se desprende que, en realidad las personas que se pudieron ver afectadas por una falta de información son aquellas pertenecientes al régimen de transición con una expectativa legítima, mas no para las demás. Un aspecto que reafirma la postura es precisamente lo asentado en la Sentencia CC C789-2003 y la nutrida jurisprudencia de esta Corporación relativa a la recuperación del régimen de transición para aquellos que, teniendo 15 años de servicios y aportes, al retornar al extinto I.S.S., perdían el beneficio mencionado.
En cuanto a las normas instrumentales, incluidas las instrucciones impartidas por la Superintendencia Bancaria, hoy Financiera, resulta relevante resaltar que las administradoras de los regímenes no podían a su arbitrio establecer el contenido del formato de afiliación. Dicho en breve, la regulación señalaba y, aún hoy lo hace, el contenido de la afiliación, los requisitos que deben ser cumplidos para su validez, así como, el procedimiento para la vinculación inicial, los posteriores traslados y el momento en que se generan los efectos de la misma. De la mano de ello, se dio al afiliado la prerrogativa del retracto de la afiliación.
Del lado de tal normativa encontramos que la información que fuera a comunicar la administradora respetiva, inclusive las campañas publicitarias, debían ser aprobadas por el ente supervisor.
Lo anotado nos lleva al escenario de los derechos y deberes que, en cuanto a la información regían y rigen dentro del sistema y su alcance en el tiempo.
Deber de información y su alcance en el tiempo
En el sistema pensional, la información tiene un doble contenido, esto es, como derecho y como deber. Ello es así, por cuanto en cabeza de las administradoras está el deber de dar información veraz, con el estándar dado por la regulación y, del lado del afiliado, empezando por la actualización de datos, así como, el reportar de las diferentes novedades que lo afecten e inclusive, tiene la potestad de cumplir un papel de verificación de su situación de afiliación y aportes a través de los extractos que les son remitidos.
En cuanto a las entidades administradoras de pensiones este deber de información, si bien siempre ha existido, no ha presentado el mismo alcance en el tiempo. En su gestación, refiriéndonos a las administradoras, les correspondía entregar las características propias de cada uno de los regímenes, los derechos, prestaciones y requisitos para acceder a las mismas y, en el caso de las entidades del régimen de ahorro individual, poner a disposición de los afiliados el reglamento del fondo de pensiones, así mismo, en el momento de llegar a pensión, lo relativo a las modalidades de pensión, como la asesoría y trámite de contratación de la renta vitalicia.
Ahora, frente al traslado no existía una particularidad adicional a comunicar a los afiliados.
En el año 2009 se presentó una reforma con la Ley 1328 que implicó, de un lado el reconocimiento de los derechos del consumidor financiero incluido el usuario pensional y, de otro, la creación de los multifondos, que conllevaba la decisión por parte del afiliado de escoger de qué manera se invertían sus recursos y, es precisamente este particular aspecto, el que llevó a aumentar el estándar en la información que debía dar la administradora de pensiones, a efecto de que la decisión que tomara el afiliado fuera informada.
De allí que su actuar frente al afiliado es la de un asesor que otorga un buen consejo, sin tomar las decisiones por él, así bajo tal marco, se debe proporcionar la información pertinente para la escogencia que va a realizar. Esta reforma trascendente en el sistema no modificó las normas y regla de información respecto del traslado de régimen.
Ahora bien, en cuanto al primer aspecto, el Decreto 2555 de 2010, desarrolló el Régimen de Protección al Consumidor Financiero del Sistema General de Pensiones, cuyo objeto y ámbito de aplicación se centró en estatuir principios, reglas, derechos y deberes de protección de los afiliados en los dos regímenes, en relación con la administración de los fondos de pensiones obligatorias.
En ese contexto, dentro de los postulados definió como debida diligencia, la entrega de
[L]a información en relación con las opciones de afiliación a cualquiera de los dos regímenes que conforman el Sistema General de Pensiones, así como respecto de los beneficios y riesgos pensionales de la decisión. En el caso del Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad, deberán poner de presente los tipos de fondos de pensiones obligatorias que pueden elegir según su edad y perfil de riesgo, con el fin de permitir que el consumidor financiero pueda tomar decisiones informadas. Este principio aplica durante toda la relación contractual o legal, según sea el caso.
Información que, debía ser cierta, suficiente, clara y oportuna, de manera que el afiliado conozca los derechos, obligaciones y costos que aplican en los dos regímenes del Sistema General de Pensiones.
Ahora, si nos adentramos en el régimen de protección, encontramos que la regulación dotó de una actuación activa al afiliado, ello al contemplar en el artículo 2.6.10.1.3 del Decreto referido, en sus derechos, la posibilidad de exigir la debida diligencia, asesoría e información en la prestación del servicio por parte de las administradoras, sumado a la carga en las administradoras del deber de información y concatenado con ello le impuso deberes indelegables como son:
ARTÍCULO 2.6.10.1.4 Deberes. Los consumidores financieros del Sistema General de Pensiones tendrán los siguientes deberes, en lo que les sea pertinente:
1. Informarse adecuadamente de las condiciones del Sistema General de Pensiones, del nuevo sistema de administración de multifondos y de las diferentes modalidades de pensión.
2. Aprovechar los mecanismos de divulgación de información y de capacitación para conocer el funcionamiento del Sistema General de Pensiones y los derechos y obligaciones que les corresponden.
3. Emplear la adecuada atención y cuidado al momento de tomar decisiones, como son entre otras, la afiliación, el traslado de administradora o de régimen, la selección de modalidad de pensión y de entidad aseguradora que le otorgue la renta vitalicia o la elección de tipo de fondo dentro del esquema de "Multifondos", según sea el caso.
En todo caso, toda decisión por parte del consumidor financiero deberá contener la manifestación expresa de haber recibido la capacitación e información requerida para entender las consecuencias de la misma o en su defecto la manifestación de haberse negado a recibirla.
4. Leer y revisar los términos y condiciones de los formatos de afiliación, así como diligenciar y firmar los mismos y cualquier otro documento que se requiera dentro del Sistema General de Pensiones, sin perjuicio de lo establecido en el artículo 25 del decreto 692 de 1994 y las normas que lo modifiquen o sustituyan.
5. Las decisiones que se tomen dentro del Sistema General de Pensiones, manifestadas a través de documentos firmados o de otros medios idóneos autorizados para ello, implicarán la aceptación de los efectos legales, costos, restricciones y demás consecuencias derivadas de las mismas. En tal sentido, cuando de conformidad con la normatividad aplicable el silencio o la no toma de decisión por parte de los consumidores financieros de lugar a la aplicación de reglas supletivas establecidas en ella con impacto en sus cuentas de ahorro pensional, se entenderá dicho silencio como la toma de una decisión consciente con los efectos legales, costos, restricciones y demás consecuencias que ello conlleve.
6. Mantener actualizada la información que requieren las administradoras del Sistema General de Pensiones de conformidad con la normatividad aplicable.
7. Informarse sobre los órganos y medios que la administradora ha puesto a su disposición para la presentación de peticiones, solicitudes, quejas o reclamos.
8. Propender por el uso de los mecanismos que las administradoras del Sistema General de Pensiones pongan a disposición de los consumidores financieros para la educación financiera y previsional, así como para el suministro de información.
Con fundamento en el aparte normativo transcrito, a no dudarlo, el afiliado es responsable no solo de recibir información sino de buscarla y exigir la explicación del mismo, esto es así, como efectivamente lo es, que su silencio constituye una forma de decisión con consecuencias dentro del sistema conforme establezca la ley.
De allí que no sea posible, bajo la argumentación de la complejidad del sistema, lo técnico del mismo y otros aspectos, dejar desprovisto del efecto del actuar del afiliado. Un ejemplo lo encontramos cuando él no ejerce la opción de retracto o diligencia varios cambios de administradora o, acepta la prestación pensional por parte del sistema, pues estos constituyen actos positivos de su parte que antes de demostrar una falta de diligencia en el administrador, denotan la ratificación de la voluntad del afiliado.
Así las cosas, una vez suscrita la afiliación bajo la libre escogencia, al afiliado le surgen todos los efectos legales del régimen seleccionado.
Continuando el recorrido normativo, solo en el año 2014 con la Ley 1748 se reguló de manera especial el deber de información frente a los traslados, pues en el parágrafo 1 del artículo segundo adicionó el artículo 9° de la Ley 1328 de 2009, agregando dentro del contenido mínimo de la información al consumidor financiero que,
las Administradoras del Sistema General de Pensiones deberán garantizar que los clientes que quieran trasladarse entre regímenes pensionales, reciban asesoría de representantes de ambos regímenes, como condición previa para que proceda el traslado entre regímenes. Lo anterior de conformidad con las instrucciones que para el efecto imparta la Superintendencia Financiera de Colombia. Negrita fuera de texto.
Fluye, entonces, que desde siempre ha existido un deber de dar una información verídica, clara, completa y oportuna de las administradoras con los afiliados, a efectos de tomar decisiones y ejercer la libertad de selección en cuanto a la afiliación y traslado, así como, de otros aspectos que rigen en el sistema pensional y, a guisa particular en cada régimen, de manera que, si el administrador de pensiones, independiente del régimen pensional, no es diligente en su obligación, responda por culpa leve.
De parte del afiliado, no puede estructurarse un déficit en la información que lo llevara a tomar una decisión desinformada desde una esfera pasiva, pues la conducta desplegada por el afiliado también tiene y genera efectos dentro del sistema, no tenerlo en cuenta nos llevaría a la inaplicación del principio de que el desconocimiento de la ley no es excusa para no acatarla y nos sitúa en el riesgo de arbitrar con la línea jurisprudencial decantada.
Relativo al alcance de la información tampoco puede desconocerse que ha variado en el tiempo, de forma que no se puede aplicar el estándar establecido en el año 2009 o en el 2014 a un momento antecedente, pues sería darle unos efectos retroactivos al alcance de la obligación; corresponde hacer el juicio de valor del cumplimiento del deber de diligencia a la luz de la norma bajo la cual se materializó el traslado.
Recapitulando. Aun cuando existieron cambios normativos, la elección de régimen es libre y voluntaria y los derechos y obligaciones resultantes se rigen por la normativa aplicable al momento de la afiliación.
Cobertura del Sistema General de pensiones
El fin esencial de la creación del sistema de seguridad social integral es la garantía de los derechos tanto de las personas como de la comunidad respecto de la calidad en condiciones adecuadas cuando ciertas contingencias puedan afectar a una persona, lo que en el sistema general de pensiones, se concreta en la cobertura de las contingencias derivadas de la vejez, invalidez o la muerte de sus afiliados, previo el cumplimiento de los requisitos de la ley y conforme a las reglas propias del régimen pensional al que pertenece.
Lo anotado implica que, en un régimen u otro, se encuentra cobijado ya que el afiliado efectivamente puede acceder a las coberturas que el mismo garantiza, una vez acredita los requisitos exigidos, se reitera, independientemente del régimen pensional en el que se encuentre.
En otras palabras, teniendo en cuenta que el objeto de los dos regímenes del sistema pensional es garantizar a la población que se materializan las contingencias derivadas de la vejez, invalidez o muerte, mediante el reconocimiento de una prestación como lo determina la ley, no es posible señalar que la pertenencia a alguno de los mencionados regímenes afecte al afiliado, por el simple hecho de estar en uno u otro.
A no dudarlo, el Sistema General de Pensiones, como institución de la seguridad social garantiza la prestación. Lo que en puridad se busca con la reclamación por ineficacia en la afiliación es modificar el efecto económico en las prestaciones que ofrece cada régimen, lo que no implica poner en riesgo o afectar el contenido mínimo del derecho y mucho menos del acceso de la seguridad social y nos lleva a la teoría del daño, bajo la cual se efectúe una evaluación de las circunstancias que rodean la afiliación, teniendo en cuenta factores como la calidad de la información proporcionada, la diligencia en el asesoramiento y la repercusión económica real para el afiliado.
La ineficacia del traslado de régimen pensional como consecuencia jurídica
Esta Sala, de manera pacífica y profusa, ha explicado que la consecuencia jurídica de la afectación al deber de información, tratándose del traslado de régimen pensional, corresponde a la ineficacia del acto y no a su nulidad. En efecto, en la providencia CSJ SL3706-2021, entre otras, se recordó que:
[…] existe toda una batería normativa de carácter especial que regula la materia en cuanto a la afiliación en seguridad social en pensiones y la calidad y oportunidad de la información suministrada por parte de las AFP que debe precederla, con lo cual, el fundamento para su declaratoria es el artículo 43 del Código Sustantivo del Trabajo que ordena dejar sin efectos las estipulaciones o condiciones que desmejoren la situación del trabajador en relación con la ley, los laudos, pactos, convenciones y reglamentos de trabajo y las que sean ilícitas o ilegales por cualquier aspecto, sin apelar para ello a irregularidades en los requisitos de que trata el art. 1502 del CC.
Y, asimismo se dijo que:
(…) la construcción jurisprudencial de la ineficacia en esa particular materia se ha basado, precisamente, en avanzar al estudio sobre el elemento «consentimiento» buscando la prueba de uno de sus vicios: error, violencia y dolo, para, en su lugar, centrarse en el análisis del «deber de información y buen consejo» que compete a las Administradoras en cumplimiento de normas de orden público que regulan la materia y que se concatena, además, con el argumento ya pacífico en la Sala, de que en estos casos hay inversión de la carga de la prueba en favor del afiliado.
En ese sentido, resulta palmario que la transgresión a la elección libre y espontánea consagrada en el artículo 271 de la Ley 100 de 1993, deviene necesariamente en la existencia de un vicio en el consentimiento que, como elemento esencial del acto jurídico, trae como consecuencia su ineficacia.
En ese horizonte, dimana indiscutible, que lo anterior trae consigo la vuelta al statu quo previo al traslado, es decir, se produce una restitución de la situación al estado de las cosas iniciales, como si dicho acto jamás hubiese existido; noción que esta Corporación ha manifestado reiterativamente (CSJ SL1688-2019, CSJ SL2877-2020, CSJSL373-2021 y CSJ SL5688-2021, entre otras).
En ese sendero, conviene entonces poner en claro que la ineficacia, como reacción del ordenamiento jurídico a una irregularidad de tal magnitud, priva al acto de los efectos que este debía producir, lo cual, descendiendo al caso puntual del traslado, impone forzosamente el retorno del afiliado al Régimen de Prima Media, asumiendo que aquel nunca decidió afiliarse al Régimen de Ahorro individual.
Así en la línea discurrida, el pensionado en el RAIS ha ratificado con actos positivos la selección del régimen que efectúo y que refiere la providencia cuando señala que:
[…] hecho indiscutido que el actor solicitó la prestación de vejez ante Protección S.A. y previa expedición del bono pensional tipo A que La Nación Ministerio de Hacienda emitió el 10 de mayo de 2017 suscribió «carta de elección de modalidad pensional» (f.º 49 del c. del Juzgado) -acusada como mal valorada- en la que seleccionó la modalidad de renta vitalicia a través de la aseguradora Positiva S.A. entidad que en la actualidad administra la prestación según la suscripción de la póliza n.º 4000000117 de 25 del mismo mes y año, con una mesada mensual de $5.141.398 con 13 mesadas al año desde el 1.º de junio de 2017.
Adicional a ello y, tal como ha reconocido la Sala Laboral, cuando estamos ante un pensionado, no procede la declaratoria de ineficacia por ser un hecho consolidado y, como lo expuse el afiliado ratificó su decisión con actos positivos como los referidos de manera antecedente.
De allí mi aclaración.
Fecha ut supra,
FERNANDO CASTILLO CADENA