CARLOS ARTURO GUARÍN JURADO
Magistrado ponente
SL11145-2017
Radicación n.°52188
Acta 02
Bogotá, D. C., dieciocho (18) de julio de dos mil diecisiete (2017).
Decide la Sala el recurso de casación interpuesto por BERTHA AGUDELO SANABRIA, contra la sentencia proferida por la Sala Laboral de Descongestión del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, el catorce (14) de abril de dos mil doce (2012), en el proceso que instauró la recurrente contra el INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES, hoy ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES – COLPENSIONES-.
Antes de resolver el recurso de casación, téngase como sucesor procesal del Instituto de Seguros Sociales, hoy liquidado, a la ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES “COLPENSIONES”, de conformidad con lo previsto en el Decreto 2013 de 2012 Art. 35, en armonía con el CGP Art. 68, aplicable a los procesos laborales y de la seguridad social, por expresa remisión del CPT y SS Art. 145.
ANTECEDENTES
Bertha Agudelo Sanabria demandó al Instituto de Seguros Sociales, hoy Administradora Colombiana de Pensiones – COLPENSIONES-, para obtener el reconocimiento de la pensión de invalidez, de manera retroactiva, a partir del 15 de mayo de 2007, junto con las mesadas adicionales, los intereses moratorios del artículo 141 de la ley 100 de 1993 y las costas procesales. (f.° 11 cdno 1)
Fundamentó sus peticiones, básicamente diciendo que fue dictaminada por el Instituto de Seguros Sociales con una pérdida de capacidad laboral del 61.15%, con fecha de estructuración el 7 de mayo de 2007; que el 3 de enero de 2008 acudió ante la demandada, solicitando el reconocimiento de su pensión de invalidez; que mediante resolución No 041420 de 2008, dicha entidad negó su derecho, bajo el argumento que a pesar de acreditar 52 semanas de aportes en los tres años anteriores a la estructuración de su invalidez, no cumplía con el requisito de fidelidad al sistema, previsto en el artículo 1 de la ley 860 de 2003; que cumple con el requisito que el ISS echó de menos, pues laboró para la Secretaría de Educación del Meta entre el 2 de febrero de 1971 y el 11 de abril de 1977, y para la Secretaría Distrital de Integración Social de Bogotá, entre el 5 de octubre de 1979 y el 18 de febrero de 1983, por lo que en total cuenta con 609 semanas de aportes; que el último subsidio de incapacidad que cobró corresponde al 15 de mayo de 2007; que la reclamación administrativa quedó agotada, porque presentó petición pensional el 25 de enero de 2010, sin que a la fecha de presentación de la demanda, la accionada le haya dado respuesta (f.° 12 ib).
El Instituto de Seguros Sociales replicó la demanda, aceptando por ciertos los hechos 1, 2, 3, 4, 5, 9 y 10, atenientes a la calificación del estado de invalidez de la demandante y su fecha de estructuración, la reclamaciones que esta realizó tendientes a obtener su pensión de invalidez, la negativa en su reconocimiento por no satisfacer el requisito de fidelidad al sistema, así como la fecha del último subsidio de incapacidad que fue pagado por su EPS, y el agotamiento de la reclamación administrativa. Además, dijo que no le constaban los hechos 6, 7 y 8 descritos en la primera pieza, pues en la historia laboral no reposa el reporte de cotizaciones a entidades de previsión social del sector público, distintas a ella. En consecuencia, se opuso a las pretensiones de la actora, bajo el argumento que no cumplía con el requisito de fidelidad al sistema, toda vez que no acreditó 352 semanas de aportes a la fecha de estructuración de la invalidez, contexto en el cual propuso como medio de defensa las «excepciones innominadas o genéricas» (f.° 20-23).
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
El Juzgado Quinto Laboral Adjunto del Circuito de Bogotá, en sentencia del veintisiete (27) de julio de dos mil diez (2010), declaró probada «DE MANERA OFICIOSA» la excepción de «COMPENSACIÓN» y condenó al Instituto de Seguros Sociales a reconocer a la demandante la pensión de invalidez a partir del 7 de mayo de 2007, en cuantía igual a un salario mínimo mensual legal vigente, calculando como retroactivo pensional en la suma de 17´002.943.oo, e imponiendo condena por concepto de intereses moratorios entre el 3 de mayo de 2008 y la fecha del pago de la obligación, más por concepto de costas procesales. (f.°36-42)
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
Convocada por apelación de la parte demandada (fls. 43 a 45), la Sala Laboral de descongestión del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá D.C., mediante fallo del catorce (14) de abril de dos mil once (2011), revocó la sentencia de primera instancia, y en su lugar absolvió al Instituto de Seguros Sociales de todas las pretensiones incoadas en su contra.
En lo que interesa al recurso extraordinario, el Tribunal consideró que la normativa que regulaba la pensión de invalidez de la demandante era el artículo 1° de la ley 860 de 2003, modificatorio del artículo 39 de la ley 100 de 1993, la cual exigía para el reconocimiento de esa prestación, 50 semanas de aportes en los tres años anteriores a la estructuración de la invalidez y un 20 % de fidelidad al sistema, sin que al caso fueran aplicables los efectos de la sentencia C-428 de 2009, por cuanto la Corte Constitucional no le otorgó retroactividad a la declaratoria de inexequibilidad del último requisito.
En tal contexto, expuso que la actora no acreditó el requisito de fidelidad al sistema, pues solo probó 140 semanas de aportes y, por tanto, no tiene derecho a la prestación que reclamó (f.° 16-28, cdno del Tribunal).
RECURSO DE CASACIÓN
Interpuesto por Bertha Agudelo Sanabria, concedido por el Tribunal y admitido por la Corte, se procede a resolver.
ALCANCE DE LA IMPUGNACIÓN
Pretende la recurrente que la Corte “case” la sentencia recurrida, para que, en sede de instancia, confirme el fallo de primer grado en su parte resolutiva, pero «modificando la parte motiva». (f.° 4-5 cdno Corte)
Con tal propósito formula un cargo único, por la causal primera de casación, que fue replicado por la entidad de seguridad social demandada.
CARGO ÚNICO
Acusa la sentencia del Tribunal de violar por la vía indirecta, en la modalidad de violación medio, la aplicación indebida de las normas procesales contenidas en los artículos 174, 175, 177, 187, 251, 252, 253, 262, 264 del Código de procedimiento Civil, aplicable al caso por la remisión del artículo 145 del CPTSS, así como los artículos 51, 60 y 61 del último estatuto; transgresión que dice, condujo a la aplicación indebida de los artículos 1, 9, 10, 13, 14, 19 y 21 del Código Sustantivo del trabajo en concordancia con los artículos 1, 5, 8, 10, 11, 13 literales f y g, 15, 33, 38 y 39 de la ley 100 de 1993.
Las anteriores infracciones legales, las atribuye la censura a que el Tribunal cometió los siguientes errores de hechos, que califica de evidentes.
«1. No dar por demostrado, estándolo, que la parte demandante laboró con la GOBERNACION (sic) DEL META, aportando en pensiones a la CAJA DEPARTAMENTAL DE PREVISION (sic) DEL META y con la SECRETARIA DISRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL DE BOGOTA (sic) aportando en pensiones a la CAJA DE PREVISIÓN SOCIAL.
2. No dar por demostrado, estándolo, que la parte demandante cotizó en pensiones 482 semanas de aportes a la CAJA DEPARTAMENTAL DE PREVISION (sic) DEL META y a la CAJA DE PREVISIÓN SOCIAL.
3.No dar por demostrado estándolo, que el total de semanas cotizadas en pensiones por la demandante supera las 622 semanas entre el tiempo cotizado a la CAJA DEPARTAMENTAL DE PREVISION DEL META, a la CAJA DE PREVISIÓN SOCIAL y al SEGURO SOCIAL.» (f.° 5 cdno cas)
Expuso que los anteriores yerros los cometió el juez de segunda instancia, como consecuencia de la falta de apreciación de la documental obrante a folios 7, 8, 9, 10 y 11 del cdno 2, relativas a las certificaciones laborales expedidas por la Gobernación del Departamento del Meta y la Secretaría Distrital de Integración Social, que dan cuenta de que la señora Agudelo Sanabria laboró para la primera entidad entre el 02 de febrero de 1971 y el 10 de abril de 1977, cotizando a la Caja de previsión del Meta, el equivalente a 318.28 semanas, así como que laboró para la segunda, entre el 5 de octubre de 1979 y el 18 de febrero de 1983, efectuando 164.71 semanas de aportes a su Caja de Previsión Social, contexto en el cual considera satisface con creces el requisito de fidelidad al sistema.
De ahí que encuentra trasgredidos los principios procesales de «NECESIDAD DE LAS PRUEBAS, UNIDAD DE LAS PRUEBAS, COMUNIDAD DE LA PRUEBA, INTERÉS (sic) PÚBLICO EN FUNCIÓN (sic) DE LA PRUEBA, IMPARCIALIDAD EN LA DIRECCION (sic) Y APRECIACIÓN (sic) DE LA PRUEBA POR EL JUEZ, EVALUACIÓN Y APRECIACION DE LA PRUEBA» y por ese medio, las normas sustantivas antes citadas, que transcribió (f.° 8-15 cdno cas).
RÉPLICA
La entidad de seguridad social opositora confrontó el cargo, argumentando que a pesar de que el Tribunal “no apreció las pruebas a que alude en su escrito”, no incurrió en el error endilgado, pues estas fueron extemporáneamente allegadas al proceso, en tanto se anexaron con escrito de alegatos de conclusión de segunda instancia, sin que tal situación se encuentre subsumida entro de las hipótesis que autoriza el artículo 361 del CPC, norma que es aplicable al proceso por la remisión del artículo 145 del CPTSS.
Recuerda que al tenor de los artículos 60 del CPLSS y 174 del CPC, toda decisión judicial debe apoyarse en las pruebas regular y oportunamente allegadas, siendo estas las previstas en el «art. 77.6», el «art. 399», el artículo «89.2», el «parágrafo 3° art.101 del C. de P.C» y el «inciso quinto art. 208» del último compendio normativo.
En consecuencia, solicitó no se case la sentencia impugnada y se condene en costas procesales. (f.°18-20)
CONSIDERACIONES
El Tribunal fundamentó la decisión de absolver a la entidad de seguridad social demandada del reconocimiento de la pensión de invalidez de la actora, en el argumento de no haber acreditado el requisito de densidad pensional previsto en el artículo 1 de la ley 860 de 2003, sin que fuera procedente en su caso, dar efectos retroactivos a la inconstitucionalidad declarada en la sentencia C-428 de 2009, por no haber sido dispuesta en esos términos por la Corte Constitucional.
La censura radica su inconformidad en que el juez de segundo grado desconoció los artículos 174, 175, 177, 187, 251, 252, 253, 262, 264 del Código de procedimiento Civil, aplicable al caso por la remisión del artículo 145 del CPTSS, así como los artículos 51, 60 y 61 del último estatuto, al no valorar los documentos que militan a folios 7, 8, 9, 10 y 11 del cdno 2 del expediente, todo lo cual, dice, conllevó a la aplicación indebida de los artículos 1, 9, 10, 13, 14, 19 y 21 del Código Sustantivo del Trabajo, en concordancia con los artículos 1, 5, 8, 10, 11, 13 literales f y g, 15, 33, 38 y 39 de la ley 100 de 1993.
La oposición por su parte, solicita que se mantenga la sentencia del ad quem, por cuanto los documentos sobre los cuales se cimenta la acusación, fueron allegados extemporáneamente.
En ejercicio del control de legalidad que con el recurso extraordinario se le convoca, debe señalar la Corte que no le asiste razón a la recurrente en el error de procedimiento que le endilga al Tribunal, cómo génesis de la transgresión de la normativa sustantiva que denuncia, pues los documentos que se le imputa dejó de apreciar, simple y llanamente no podía aprehenderlos, en vista de que no fueron introducidos oportunamente al proceso, resultando por ello inoponibles a la demandada, circunstancia que hace improcedente su valoración.
En efecto, verificado el escrito de folio 4-6 del cdno 2 del expediente, se constata que las certificaciones laborales y formatos CLEB expedidos por la Gobernación del Departamento del Meta y la Secretaria Distrital de Integración Social, que militan entre folios 7 a 11 del mismo cdno, sobre los cuales se fundamentó la demanda de casación, sólo fueron aportados al proceso como anexos a los alegatos de conclusión de segunda instancia, sin que hayan sido solicitados como pruebas en la demanda (f.° 13) y su contestación (f.° 23), ni decretados y tenidos como tales en la audiencia del 31 de mayo de 2010 (f.° 3-35), ni en etapa posterior a través de la figura de prueba oficiosa
En la casuística procesal expuesta, cumple recordar lo señalado por esta Corporación en las sentencias CSJ SL13682-2016 y CSJ SL3870-2017, en las que se precisó:
«de conformidad con el art. 60 del CPT y SS, «El Juez, al proferir su decisión, analizará todas las pruebas allegadas en tiempo». De ahí, que como lo prevé la citada normativa, allegar a tiempo las probanzas, implica que las partes las aporten dentro de las oportunidades legales o etapas procesales correspondientes, esto es, con la demanda inicial, su respuesta, la reforma a la demanda y su contestación, o en el transcurso del proceso cuando no se tengan en su poder, antes de que se profiera la decisión que ponga fin a la instancia, siempre y cuando hubieran sido solicitas como prueba y decretadas como tal. Por consiguiente, los documentos que no son incorporados debidamente resultan inoponibles, no siendo viable que de manera desprevenida los litigantes aporten cualquier prueba en estas condiciones, para que se les imparta valor probatorio y se tengan en cuenta en la decisión de fondo.»
Lo expuesto resultaría suficiente para despachar desfavorablemente el cargo de la demandante.
Sin embargo, ello no define el presente asunto, pues en ejercicio de la facultad de interpretación de las piezas del proceso, como lo ha señalado la Corte, por ejemplo, en providencia CSJ AL8713-2016, se advierte que, pese a los argumentos expuestos en la demanda de casación, la accionante confrontó la decisión del Tribunal porque considera que «las pruebas allegadas daban (…) clara cuenta de la existencia del derecho», circunstancia que, en aplicación del artículo 48 del CPTSS, habilita a la Corporación para revisar de manera excepcionalísima, la legalidad y constitucionalidad de la sentencia, en aras de hacer efectivo los derechos fundamentales de la señora Agudelo Sanabria, quien atendida su indiscutida condición de invalidez (f.° 20-23 del cdno 1), es sujeto de especial protección en los términos de los artículos 13 y 47 Superiores.
Tal decisión encuentra respaldo en providencia CSJ SL, 29 may. 2014, rad. 43333, en la que esta Corporación, al decidir un incidente de nulidad promovido contra la sentencia CSL SL, 12 feb. 2014, rad. 43333, expuso:
«Es por ello que al interpretar el artículo 29 de la Constitución Política que cita el memorialista “la plenitud de formas propias de cada juicio” hay que aplicarla ponderando la realización de los derechos fundamentales consagrados en la misma Carta Política y, es por esta potísima razón, que el mismo legislador le ha dado a los jueces del trabajo, sin distinción alguna, la obligación de asumir la dirección del proceso adoptando las medidas necesarias para garantizar los derechos fundamentales, tal como reza el artículo 48 del C.P. del T y SS modificado por el artículo 7º de la Ley 1149 de 2007».
Y ello es así, porque el citado precepto, que es norma rectora dentro del sistema procesal en las especialidades laboral y de seguridad social, asignó al juez la obligación de ejercer una dirección del proceso acorde al respeto de los derechos fundamentales, con el objetivo de responder a los imperativos constitucionales previstos en el preámbulo de la Carta Política y sus artículos 1, 2, 3, 4, 5, 229 y 230.
En efecto, el nuevo diseño constitucional, estructurado en el Estado Social y Democrático de Derecho, que tiene por aspiración alcanzar un orden social justo, implicó para el constituyente la consagración de una administración de justicia garante de la realización de los derechos, que haga efectiva la justicia material entre los asociados y, por tanto, que exige un sistema procesal en el que el juez cumpla un papel activo en la corrección de las asimetrías entre las partes y en los mecanismos para materializar la tutela judicial efectiva, pasando de ser el «frío funcionario que aplica irreflexivamente la ley», a un «funcionario -sin vendas- que se proyecta más allá de las formas jurídicas, para así atender la agitada realidad subyacente y asumir su responsabilidad como un servidor vigilante, activo y garante de los derechos materiales» (CC C-086-2016)
De ahí que, como dijo la sentencia CC C-086-2016, el Juez que reclamó «el pueblo colombiano a través de su Carta Política ha sido encomendado con dos tareas imperiosas: (i) la obtención del derecho sustancial y (ii) la búsqueda de la verdad. Estos dos mandatos, a su vez, constituyen el ideal de la justicia material».
Por ello, el proceso se concibe constitucionalmente como un instrumento encaminado a asegurar la prevalencia del derecho sustancial, la eficacia de los derechos y la protección judicial efectiva (CC C-564-2004), presupuestos que deben cumplirse no solo en las decisiones judiciales de instancia, sino en sede de casación, pues el recurso extraordinario, «no es sólo un mecanismo procesal de control de validez de las providencias judiciales, sino que se constituye en un elemento esencial en la aplicación igualitaria de la ley, en la defensa de la legalidad y en la garantía de la vigencia de la Constitución, incluidos los derechos fundamentales.» (CC C-372-2011).
Así, en la sentencia CC C-713-2008, mediante el cual se analizó la reforma a la Ley Estatutaria de la Administración de Justicia, la Corte Constitucional realzó el papel de la casación en el nuevo orden jurídico de la Constitución de 1991, señalando que este instrumento «… juega un importante papel en la vigencia del orden jurídico, especialmente en lo relacionado con: “(i) la unificación de la jurisprudencia, (ii) la garantía del principio de legalidad en una dimensión amplia, (iii) acompañada de la protección efectiva de los derechos constitucionales bajo el principio de la prevalencia del derecho sustancial”», pues no se puede pasar por alto que, además de los fines tradicionales que le fueron asignados, «se le anuda como tarea “en el Estado Social de Derecho, velar por la realización del ordenamiento constitucional –no solamente legal-”, es decir, como medio de impugnación extraordinario, es una institución jurídica destinada también a hacer efectivo el derecho material, particularmente la Constitución, así como las garantías fundamentales de las personas que intervienen en un proceso”» (CC C-372-2011)
En tal contexto, la jurisprudencia constitucional ha interpretado «que la función de control de legalidad que se adscribe al recurso de casación (…) “debe concebirse en una dimensión amplia, de modo que involucre la integración de preceptos de orden Superior y, por lo tanto, la protección de los derechos constitucionales que de él se derivan”. Igualmente, ha advertido que «“el propósito de realización del derecho material también debe ser interpretado en una dimensión amplia, de manera que comprende no sólo la protección de los derechos constitucionales fundamentales, sino todos los derechos y principios reconocidos en el ordenamiento jurídico”». (CC C-372-2011)
Lo anterior función del recurso extraordinario, exige, por tanto, en materia laboral y de seguridad social, un mayor análisis de cada caso concreto, pues con ella no solo se hacen efectivos importantes derechos constitucionales como el derecho al trabajo y el respeto por sus garantías mínimas, los derechos de asociación, los derechos sindicales, y por supuesto, la seguridad social, particularmente en pensiones, a través de la cual se concretan las prerrogativas previstas en los artículos 13, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 49 y 50 de la CP, sino que, además, se cumplen obligaciones internacionales de protección a los ciudadanos, como son, entre otros, los previstos en el artículo 22 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, el 9 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, el artículo 16 de la Declaración Americana de los Derechos de la Persona, el artículo 9 del Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en Materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y el artículo 11, numeral 1, literal e de la Convención sobre Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, atenientes a la obligación del Estado de garantizar el derecho a la seguridad social, la protección contra las consecuencia derivadas de la desocupación, de la vejez y de la incapacidad que, proveniente de cualquier otra causa ajena a su voluntad, la imposibilite física o mentalmente para obtener los medios de subsistencia, y el derecho de la mujer a obtener protección especial en seguridad social en casos de jubilación, desempleo, enfermedad, invalidez, vejez u otra incapacidad para trabajar.
De donde, pese a que la censura no tuvo razón en las críticas que hizo a la sentencia del Tribunal, la Corte en ejercicio del control de legalidad y constitucionalidad que debe hacer a la providencia recurrida y partiendo de que la discusión que planeta en el recurso de casación, es sobre «la existencia del derecho» de la demandante a la pensión de invalidez, atenida su condición de sujeto de especial protección constitucional, derivada, se itera, de su indiscutida condición de invalidez folios 20-23 ibídem., considera procedente analizar de fondo el caso concreto, en aras de dar cumplimiento a los artículos 1, 2, 3, 4, 5, 229 y 230 Superiores y hacer efectivos los derechos constitucionales previstos en los artículos 13, 48, 47, 93 en la CP, más los señalados en la normativa internacional previamente citada.
De ahí que se pase a revisar la sentencia del ad quem, de la siguiente manera:
De acuerdo con la demanda de folios 11 del cdno 1 del expediente y su contestación, obrante a folios 20-23 ibídem, no son objeto de discusión entre las partes: 1) que la demandante fue calificada con una pérdida de capacidad laboral del 61.15%; (2) que la fecha de estructuración de su estado fue el 7 de mayo de 2007 y, (3) que cotizó más de 52 semanas en los tres años anteriores a la estructuración de su estado de invalidez.
Ahora, en lo atinente al requisito de fidelidad al sistema de pensiones, esta Corporación en sentencias CSJ SL, 8 may. 2012, rad. 41832 y CSJ SL, 10 jul. 2010, rad. 42423 (pensión de invalidez) y luego, en providencias CSJ SL, 20 jun. 2012, rad. 42540 y CSJ SL, 25 jul. 2012, rad. 42501 (pensión de sobrevivientes), modificó la postura inicialmente adoptada para señalar que ese requisito incorporado en las reformas pensionales de la ley 797 y ley 860 de 2003, impuso una condición regresiva a los afiliados en relación con la Ley 100 de 1993, razón por cual es obligación de los jueces abstenerse de aplicarlo, por ser contrario a los principios de progresividad y regresividad que, desde la Constitución, regulan los derechos sociales.
También ha dicho la Sala, por ejemplo, en las sentencias CSJ SL 7897-2017 y CSJ SL 8615-2017, que esa decisión no constituye un efecto retroactivo de la decisión adoptada por la Corte Constitucional en la sentencia C-428 de 2009, sino «una expresión del deber de los jueces de inaplicar en ejercicio de la excepción de inconstitucionalidad (art. 4 C.P.), las normas legales que sean manifiestamente contrarias e incompatibles con el marco axiológico de la Constitución Política.», a partir de lo cual ha reconocido el derecho pensional por invalidez o sobrevivientes a quienes cumplen con los demás presupuestos legales.
Para el efecto, se remite la Corporación a las sentencias CSJ SL17484-2014; CSJ SL9182-2014; CSJ SL4346-2015; CSJ SL7099-2015; CSJ SL 5671-2016; CSJ SL6317-2016; CSJ SL6326-2016; CSJ SL9250-2016; CSJ SL12207-2016; CSJ SL12489-2016, CSJ SL1087-2017, CSJ SL1096-2017 y CSJ SL4091-2017, citadas en la CSJ SL 8615-2017, entre otras.
De donde, se casará la sentencia del Tribunal, por no ser acorde a los postulados constitucionales previamente referidos, toda vez que, en los términos del artículo 1° de la ley 860 de 2003, la actora, según, se insiste, lo reconoció el ISS en la resolución 41420 del 9 de septiembre de 2008 ( fls 2 a 4), así como al contestar el hecho 5 de la demanda ( fls 12 y 20), cumple con el requisito de la densidad de aportaciones para acceder a la pensión de invalidez, ya que ostenta esa calidad y tiene más de 50 semanas de aportes en los 3 años anteriores a la estructuración de su invalidez (f.° 11 en relación con los f.°20 -23)
SENTENCIA DE INSTANCIA
Por las razones explicadas, la Sala, en sede de instancia, confirmará la sentencia de primer grado.
Así se decide, además, porque como juez de segunda instancia, la Corte está sujeta al principio de consonancia previsto en el artículo 66 A del CPTSS y, por tanto, solo está habilitada para examinar los argumentos esgrimidos por la entidad de seguridad social demandada en su recurso de apelación, sin que se advierta en el escrito de folios 43-45 del cdno 1, oposición expresa y/o subsidiaria, respecto de la condena por los intereses moratorios del artículo 141 de la ley 100 de 1993.
De ahí que se confirmará en su integralidad la primera sentencia.
Las costas de primer y segundo grado a cargo del Instituto de Seguros Sociales Liquidado, hoy Administradora Colombina de Pensiones - COLPENSIONES.
Sin costas en el recurso extraordinario.
DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, CASA la sentencia dictada el catorce (14) de abril de dos mil once (2011) por la Sala Laboral de Descongestión del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá D.C., dentro del proceso ordinario de seguridad social seguido por BERTHA AGUDELO SANABRIA contra el INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES, hoy ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES – COLPENSIONES-..
En sede de instancia confirma, pero por las razones expuestas, la sentencia proferida por el Juzgado Quinto Laboral Adjunto del Circuito de Bogotá D.C, en sentencia de veintisiete (27) de julio de dos mil diez (2010).
Las costas de primer y segundo grado a cargo de la entidad de seguridad social demandada.
Sin costas en el recurso extraordinario como se dijo en la parte motiva.
Cópiese, notifíquese, publíquese, cúmplase y devuélvase el expediente al tribunal de origen.
SANTANDER RAFAEL BRITO CUADRADO
CECILIA MARGARITA DURÁN UJUETA
CARLOS ARTURO GUARÍN JURADO