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Corte Suprema de Justicia · Sala de Casación Laboral

Sentencia SL11147-2017

Culpa patronal

Fecha
18 de julio de 2017
Magistrado ponente
Carlos Arturo Guarin Jurado
Citada por
31 providencias

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia SL11147-2017

Corte Suprema de Justicia · Sala de Casación Laboral

Problema jurídico

  1. ¿La empleadora incurrió en culpa patronal al omitir medidas razonables de protección para el trabajador que cumplía funciones de escolta cuando sufrió un accidente?

  2. ¿Cómo deben liquidarse los perjuicios materiales derivados del accidente laboral?

Reglas

  1. Quien reclama indemnización plena debe acreditar culpa patronal; el empleador debe probar diligencia y cuidado para exonerarse.

    «al trabajador le corresponde demostrar que su empleador faltó a «aquella diligencia y cuidado que los hombres emplean ordinariamente en sus negocios propios»
  2. Si se atribuye el accidente a una omisión del empleador, este debe acreditar las medidas de protección adoptadas frente al riesgo.

    «mediante la aportación de pruebas que acrediten que sí adoptó las medidas pertinentes»
  3. La realidad de las funciones se establece con la prueba de las labores efectivamente ejecutadas, aunque el contrato denomine el cargo de otro modo.

    «dan cuenta que también ejerció actividades de escolta»
  4. El empleador de vigilancia debe adoptar medidas razonables para reducir los riesgos de las tareas de escolta, incluida capacitación, prevención y dotación adecuada.

    «no eximia a Viginorte Ltda. de adoptar aquellas que razonablemente minimizaran el riesgo ocupacional en el ejercicio de una actividad tan peligrosa como la desempeñada por el demandante»
  5. El daño emergente debe probarse para que proceda su reconocimiento; la pérdida de capacidad laboral por sí sola no acredita gastos.

    «dicho perjuicio debe estar debidamente acreditado a efectos de su tasación»
  6. El lucro cesante pasado y futuro se liquida mediante las fórmulas matemáticas fijadas por la jurisprudencia, con las variables pertinentes del caso.

    «los mismos, deben liquidarse con base en las fórmulas matemáticas fijadas por la jurisprudencia»

Decisión

La Corte casó la sentencia absolutoria y, en instancia, modificó la condena: reconoció lucro cesante consolidado y futuro por $175.010.582,4, absolvió del daño emergente no probado y fijó costas de segunda instancia en 60%.

Parte resolutiva

DECISIÓN En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, CASA la sentencia dictada el catorce (14) de julio de dos mil diez (2010), por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cartagena, dentro del proceso ordinario laboral seguido por ALBEIRO JOSE PASTRANA CUADRADO contra la SOCIEDAD VIGINORTE LTDA, en cuanto revocó los numerales primero, tercero y sexto de la sentencia de primera instancia, que condenó a la sociedad demandada a pagar al demandante la indemnización plena de perjuicios, los honorarios del perito y las costas procesales y, en su lugar, la absolvió de todas las pretensiones incoadas en su contra, condenando al señor Pastrana Cuadrado a pagar los gastos de peritaje y costas. En sede de instancia, MODIFICA el ordinal primero de la sentencia proferida por la Juez de primer grado, en cuanto condenó a la empresa VIGINORTE LTDA, a pagar al demandante la suma de cuatrocientos cincuenta y tres millones setecientos noventa y cinco mil cuatrocientos cincuenta y un pesos mcte ($453´795.451.oo), por concepto de indemnización ordinaria y total de perjuicios derivada del accidente de trabajo, sufrido por ALBEIRO JOSÉ PASTRANA CUADRADO, para en su lugar, condenar a esa sociedad a pagar la suma de ciento setenta y cinco millones diez mil quinientos ochenta y dos pesos con cuatro centavos ($175´010.582.4), por lo siguientes conceptos: Por lucro cesante consolidado: $100.702.610.6 Por lucro cesante futuro: $$74´307.971,76 Sin lugar a condena por daño emergente. Las costas de primer y segundo grado a cargo de la sociedad demandada a favor del demandante, con la precisión de que las de segunda instancia serán en un 60%. Sin costas procesales del recurso extraordinario.

Ficha elaborada por RuleX: cada regla va con el pasaje literal de la providencia que la sostiene.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Corte Suprema de Justicia

Sala de Casación Laboral

Sentencia SL11147-2017

Magistrado ponente: Carlos Arturo Guarin Jurado

18 de julio de 2017

CARLOS ARTURO GUARÍN JURADO

Magistrado ponente

SL11147-2017

Radicación n.°48424

Acta 02

Bogotá, D. C., dieciocho (18) de julio de dos mil diecisiete (2017).

Decide la Sala el recurso de casación interpuesto por ALBEIRO JOSÉ PASTRANA CUADRADO, contra la sentencia proferida por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cartagena, el catorce (14) de julio de dos mil diez (2010), en el proceso que instauró el recurrente contra la SOCIEDAD VIGINORTE LTDA.

ANTECEDENTES

Albeiro José Pastrana Cuadrado demandó a la sociedad Viginorte Ltda., para que se declarara la existencia de un contrato de trabajo a término fijo de un año, que se prorrogó anualmente y finalizó de manera unilateral e injusta por su empleadora, en cuya ejecución sufrió un accidente de trabajo por culpa imputable de ésta. En consecuencia, solicitó se impusiera condena a su favor por concepto de indemnización plena de perjuicios, en la modalidad de lucro cesante consolidado, lucro cesante futuro, daño emergente y perjuicios fisiológicos y materiales, según estudio técnico actuarial, así como por los intereses moratorios y corrientes, más la correspondiente indexación sobre las sumas adeudadas. (f.° 2-3 cdno 1)

Fundamentó sus peticiones, básicamente, diciendo que fue contratado por la sociedad Viginorte Ltda., en los periodos comprendidos del 1° de agosto de 2002 y el 26 de julio de 2003 y del 27 de julio de 2003 al 22 de julio de 2004, para cumplir funciones de «escolta de transporte de valores», percibiendo como último salario la suma de $686.000.oo; que el 2 de mayo de 2003, en ejercicio de su actividad laboral, fue atracado el vehículo donde transportaba valores de la empresa, sufriendo múltiples heridas con armas de fuego, las cuales, luego de varias evaluaciones y cirugías, fueron diagnosticadas como fractura de piso de orbita derecha consolidada, evisceración OD, prótesis ocular y pérdida de la estereopsis; que el mencionado accidente es de naturaleza laboral, atendiendo las actividades ordinarias de la empresa, su ocurrencia mientras cumplía las actividades propias de su trabajo y mientras se estaba bajo las órdenes y supervisión de su empleadora; que dicho insuceso pudo haberse evitado si hubiesen existido medidas de salud ocupacional por parte de la empleadora, tales como proporcionarle chaleco antibalas, recomendaciones de seguridad en los sitios del recorrido, arma de dotación convencional pero automática, con sus provisiones y las protecciones que ameritaba el cargo de escolta de valores; que la sociedad accionada no solicitó autorización al Ministerio de Trabajo para despedir al demandante, quien se encontraba en incapacidad por más de 180 días, con riesgo de perder su otro ojo y por tanto, quedar en una situación de invalidez. (f.° 3 -4)

Viginorte Ltda., a pesar de aceptar la existencia de los contratos de trabajo en los extremos demandados, se opuso a las pretensiones de la demanda, bajo el argumento de que el demandante nunca desempeñó el cargo de escolta de valores, sino el de vigilante, pues dicha persona jurídica no contaba con tal autorización por parte de la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada; que este tampoco sufrió el accidente mientras transportaba valores de la empresa, pues ocurrió como un hecho fortuito, al encontrarse entre fuego cruzado entre la policía y unos asaltantes, circunstancia que, dice, se prueba con el hecho de que el trabajador iba en un taxi y no en un carro de transporte de valores debidamente acondicionado. Por último, afirmó que el demandante fue indemnizado al haber sido despedido de manera unilateral por la empleadora, sin que hubiese lugar a otra indemnización, porque no se encontraba incapacitado.

En tal contexto propuso, las excepciones que denominó «inexistencia de las obligaciones» y «cobro de lo no debido» (f.° 19-22).

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

El Juzgado Octavo Laboral del Circuito de Cartagena, en sentencia del veintidós (22) de junio de dos mil nueve (2009), falló:

«PRIMERO. CONDENESE (sic) a la demandada la empresa VIGINORTE LTDA, representanta legalmente por ENRIQUE GERMAN WATNIL CYBULKIEWICZ a pagar la suma de CUATROCIENTOS CINCUENTA Y TRES MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS MCTE ($453.795.451,oo) por concepto de indemnización ordinaria y toral de perjuicios derivada del accidente de trabajo ocurrido al demandante ALBEIRO JOSE PASTRANA CUADRADO, identificado con CC N° 73137.340 expedida en Cartagena, previas las consideraciones de este fallo.

SEGUNDO. ABSUELVASE (sic) a la demandada de las demás pretensiones de la demandada, previas las motivaciones de esta sentencia.

TERCERO: CONDENESE (sic) en costas a la parte vencida en juicio. Liquídense por secretaria (sic).

CUARTO: DECLÁRESE PROBADAS en forma parcial las excepciones de fondo interpuestas por la demandada de inexistencia de las obligaciones y cobro de lo no debido, de conformidad con las consideraciones expuestas en esta sentencia.

SEXTO: CONDENESE a la demandada a pagar a la suma de UN MILLÓN ONCE MIL NOVECIENTOS NOVENTA PESOS (1´011.990, oo) equivalentes a 70 salarios mínimo legales diarios vigentes por concepto de honorarios del perito JORGE HUMBERTO GOMEZ (sic) CARRILLO, de conformidad con la tabla de Honorarios de Auxiliares de la justicia art. 6 numeral 6.1.6., expedida por el Consejo Superior de la Judicatura.» (f.° 133-146)

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

Previa apelación de la sociedad demandada (f.°147-150), la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cartagena, mediante fallo del catorce (14) de julio de dos mil diez (2010), revocó los numerales primero, tercero y sexto de la sentencia de primera instancia, en cuanto condenó a la sociedad demandada a pagar al demandante la indemnización plena de perjuicios, los honorarios del perito y las costas procesales. En consecuencia, absolvió a la accionada de todas las pretensiones incoadas en su contra, condenando al señor Pastrana Cuadrado a pagar los gastos de peritaje y costas.

En lo que interesa al recurso extraordinario, el Tribunal consideró, previa mención del contenido de las pruebas documentales y testimoniales practicadas en el curso del proceso, que a pesar de que el accidente del demandante fue de naturaleza laboral, pues «sobrevino como consecuencia de las labores desarrolladas al servicio del empleador», no se probó plenamente la culpa del último, por cuanto «las pruebas documentales visibles a folios 70 a 71, 73 a 74 y 86, demuestran que la labor para la cual fue contratado el demandante fue la de Vigilante y los elementos de convicción antes relacionados no proporcionan certeza acerca de que, en verdad el empleador hubiese incumplido su obligación de suministrarle al actor los elementos de protección necesarios para el desarrollo de las tareas asignadas» (f.° 21-28 cdno 2)

RECURSO DE CASACIÓN

Interpuesto por Albeiro José Pastrana Cuadrado, concedido por el Tribunal y admitido por la Corte, se procede a resolver.

ALCANCE DE LA IMPUGNACIÓN

Pretende el señor Pastrana Cuadrado que la Corte «case parcialmente» la sentencia recurrida, en cuanto revocó los numerales primero, tercero, cuarto y sexto de la sentencia de primer grado, para que, en sede de instancia, se confirme dicho fallo. (f.° 9 cdno cas)

Con tal propósito formula un cargo único, por la causal primera de casación, que no fue replicado. (fl. 9 13 cdno cas)

CARGO ÚNICO

Acusa la sentencia del Tribunal de violar por la vía indirecta, por aplicación indebida, los artículos 56, 57, 216, 348 y 349 del Código Sustantivo del Trabajo.

Las anteriores infracciones legales, las atribuye la censura en que el Tribunal cometió los siguientes errores de hecho, que califica de manifiestos:

«Dar por demostrado, sin estarlo, que el demandante solo cumplía funciones de vigilante, como consta en los contratos.

No dar por demostrado, estándolo, que el demandante cumplió funciones de escolta.

Dar por demostrado que no hubo culpa del empleador en la ocurrencia del accidente sufrido por el accionante.

No dar por demostrado, estándolo, que el empleador tuvo culpa en el accidente de trabajo del actor al no suministrarle los elementos de protección necesarios para el desarrollo de sus actividades». (f.° 9-10 cdno cas)

Expuso que los anteriores yerros los cometió el juez de segunda instancia, como consecuencia de la apreciación errónea de los documentos visibles a folio 70 a 71 y 73 a 74, relativos a los contratos de trabajo suscritos entre las partes; el de folio 86, relacionado con la liquidación de su contrato; el de folio 72, atinente al informe individual de presunto accidente de trabajo, y el que milita a folios 45 a 48, contentivo al dictamen de la Junta de Calificación de Invalidez. Así mismo, a la falta de apreciación de la resolución 01179 del 24 de mayo de 2002, expedida por la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada, visible a folios 23 a 25, y la apreciación errónea, como prueba no calificada, del testimonio de Pedro Pablo Marrugo Polo.

Para demostrar el cargo, arguye la censura que no empece a que en los contratos de trabajo y la liquidación de prestaciones sociales, se consignó que el cargo desempeñado por el demandante era el de vigilante, el Tribunal desconoció que en la cláusula primera se incluyó dentro del objeto contractual «las labores anexas y complementarias del mismo, de conformidad con las órdenes e instrucciones que le imparta VIGINORTE LTDA, directamente o a través de sus representantes», siendo estas las de escolta para el transporte de ventas o dineros, las cuales, dice, debe analizarse bajo el principio de la primacía de la realidad sobre las formas.

Afirmó, que el juez de segundo grado no apreció la resolución 01179 del 24 de mayo de 2002, expedida por la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada, en la que se facultó a la empleadora para ejecutar «las modalidades de vigilancia fija, móvil y escolta a personas y vehículos con la utilización de armas de fuego». Además, que pese a valorar el dictamen de la Junta Regional de Calificación de Invalidez, para determinar el origen del accidente, hizo caso omiso de que la denominación del cargo del trabajador fue de «VIGILANTE - ESCOLTA», lo cual fue confesado por la empleadora en el informe de accidente de trabajo en la que consignó que la ocupación habitual del trabajador fue ésta.

Finalmente expuso que juzgador de segundo grado interpretó erróneamente el testimonio de Pedro Pablo Marrugo Polo, quien explicó que, al momento del accidente laboral, el demandante estaba cumpliendo las labores de escolta de valores. (f.° 7-13 cdno cas)

RÉPLICA

De acuerdo con la constancia secretarial de folio 16 del cuaderno de la Corte, la parte opositora no presentó replica a la demanda.

CONSIDERACIONES

El cargo planteado por el recurrente está encaminado a demostrar que el Tribunal erró al considerar que en el accidente de trabajo que sufrió el 2 de mayo de 2003, no medio culpa atribuible a su empleadora.

Para el efecto expuso, que el Juzgador de segundo grado incurrió en errónea apreciación de los contratos de trabajo suscritos entre las partes, su liquidación, el informe de accidente de trabajo y el dictamen de pérdida de capacidad laboral, así como el testimonio de Pedro Pablo Marrugo Polo, que daban cuenta que su actividad laboral no era solo la de vigilante, sino de escolta de valores. Además, que incurrió en la falta de valoración probatoria de la Resolución No 01179 del 24 de mayo de 2002, expedida por la Superintendencia de Vigilancia Seguridad Privada, que autorizaba a la demandada para ejecutar ambas actividades.

Verificado el fallo recurrido, se advierte que el Tribunal sustentó su decisión absolutoria, con el argumento de que a pesar de estar probado el accidente de trabajo, el demandante fue contratado para desarrollar la labor de vigilante y, en ese marco, no probó que su empleadora hubiese incumplido con la obligación de suministrarle elementos de protección para el desarrollo de tal actividad.

Al respecto, de entrada debe señalar la Corte que le asiste razón a la censura en el yerro de valoración probatoria que le endilga al Tribunal, en relación con las documentales de folios 45-48, 70-71, 72 y 73 -74 del cdno 1, pues no obstante que en el contrato de trabajo suscrito entre las partes, se acordó, como lo refirió el Juzgador, que el cargo que desempeñaría el demandante sería el «vigilante», en el objeto contractual además se pactó que aquél también atendería las «labores anexas y complementarias del mismo, de conformidad con las ordenes e instrucciones que le imparta VIGINORTE LTDA, directamente o a través de sus representantes», las cuales, según se desprende de las documentales de folios 45-48 y 72, fueron las de «escolta».

En efecto, el informe individual del presunto accidente de trabajo, que fue aportado y diligenciado por la sociedad empleadora y, por tanto, con suficiencia probatoria en el marco de los artículos 252 No 6, 276 y 279 del CPC, aplicable al proceso ordinario laboral y de seguridad social por la remisión que autoriza el artículo 145 del estatuto adjetivo en la materia, da cuenta que el demandante tenía por «ocupación habitual» el de «VIGILANTE- ESCOLTA» (f.° 72), y que fue sobre esta actividad que la Junta Regional de Calificación de Invalidez, determinó, en el dictamen que milita a folios 45-46, su porcentaje de pérdida de capacidad laboral.

De donde resulta equivocada la conclusión del ad quem, en torno a que el señor Pastrana Cuadrado sólo ejecutó actividades de vigilancia por haber sido estas las contratadas por Viginorte Ltda., pues, como se dijo, las pruebas calificadas esgrimidas por la censura, que fueron valoradas únicamente por el Tribunal en lo relativo a la calificación del accidente laboral, dan cuenta que también ejerció actividades de escolta, las cuales, según establece el artículo 6 del decreto 356 de 1994 y numeral 2 del decreto 2187 de 2001, consisten en «la protección que se presta (…) con armas de fuego, o de servicios de vigilancia y seguridad privada no armados a personas, vehículos, mercancías o cualquier otro objeto, durante su desplazamiento»

La anterior conclusión, relativa a la prueba calificada, habilita a la Corte para examinar el testimonio de Pedro Pablo Marrugo Polo (también blandido por la censura), quien, de manera coherente con los demás medios de convicción, manifestó que el demandante laboró al servicio de la demandada, cumpliendo tres turnos con diferentes actividades, así: una semana ejecutaba la labor de escolta de los vehículos que viajaban a Barranquilla; otra semana vigilaba la portería de Servientrega, y una última semana cumplía las funciones de escolta móvil, acompañándolo a realizar las consignaciones y transferencias de banco que requería la última sociedad, siendo esta la actividad que estaba desempeñando cuando ocurrió el insuceso objeto de reclamación judicial (f.° 34).

Además, acertó la censura en el error de hecho endilgado a la falta de apreciación de la Resolución 01179 del 24 de mayo de 2002, a través de la cual la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada renovó la licencia de funcionamiento de Viginorte Ltda., pues contrario a lo expuesto por la sociedad accionada al contestar el hecho 1 de la demanda (f.° 19), le fue concedido aval para ejercer las modalidades de vigilancia fija, móvil y escolta a persona y vehículos con la utilización de armas de fuego y medios tecnológicos, siendo esa última actividad, según se analizó, la que estaba desempeñando el demandante el 2 de mayo de 2003.

En tal contexto, cumple examinar en concreto lo relacionado con la ocurrencia de la culpa patronal alegada.

Lo primero que debe recordarse, es que para que haya lugar al resarcimiento de perjuicios que prevé el artículo 216 del CST, es necesario que esté suficientemente acreditado la ocurrencia de una culpa patronal, lo que implica que al trabajador le corresponde demostrar que su empleador faltó a «aquella diligencia y cuidado que los hombres emplean ordinariamente en sus negocios propios», y a este contraprobar «que tuvo la diligencia y cuidados requeridos, para que quede exento de responsabilidad». (CSJ SL 17026-2016)

Sin embargo, en casos como el presente, en los que se imputa al empleador una actitud omisiva como causante del accidente o la enfermedad profesional, ha dicho la Corte que corresponde a este «… demostrar que no incurrió en la negligencia que se le endilga, mediante la aportación de pruebas que acrediten que sí adoptó las medidas pertinentes en dirección a proteger la salud y la integridad física de sus trabajadores», lo que se traduce en la inversión de la carga de la prueba, ante la existencia de una negación indefinida, en los términos del artículo 177 del CPC, hoy 167 del CGP, se itera, aplicable al proceso ordinario laboral por la remisión del artículo 145 del CPTSS.

Así se ha dicho, entre otras, en las sentencias CSJ SL 17026-2016, CSJ SL7181-2015 y CSJ SL, 7 oct. 2015, rad. 49681.

En tal escenario, correspondería a la sociedad demandada demostrar que suministró al demandante los elementos de protección necesarios para ejecutar la labor de vigilante y escolta y no, como lo concluyó el Tribunal, a aquel demostrar la omisión que refirió en el hecho quinto de la demanda (f.° 4 cdno 1), relativa a la ausencia de medidas de salud ocupacional, de recomendaciones de seguridad en sitios o recorridos donde se ejecutaría la labor, de valoración previa de las condiciones de terreno y de conocimiento del área de trabajo, así como el suministrando de chaleco antibalas, arma de dotación convencional pero automática, con suficientes provisiones de carga y las demás protecciones que ameritaba su cargo.

Verificado el informe de accidente laboral, que se insiste, fue diligenciado por la demandada según se constata a folio 72 del cuaderno 1, el indiscutido insuceso que sufrió el señor Pastrana Cuadrado ocurrió «en el momento en que se desplazaba a la otra oficina del cliente», cuando «fueron sorprendidos por una banda de delincuentes que comenzó a disparar», mientras se trasportaba junto con Pedro Pablo Marrugo Polo y David Vargas, mensajeros de Servientrega (el cliente) y encargados de realizar las consignaciones y trasferencias de la empresa, a quienes por su actividad debía escoltar (f.° 34-35), en un taxi de servicio público.

Lo anterior, con la precisión de que esa última circunstancia fue el fundamento de la defensa Viginorte Ltda., quien al contestar los hechos 2 y 3 de la demanda, negó la actividad de «escolta» ejercida por el trabajador, haciendo énfasis en que no se encontraba transportando valores «ya que por ley los vehículos que se utilizan para transportar valores deben estar debidamente acondicionados para ello» (f.° 19), contexto en el cual, se abstuvo de allegar convicción que controvirtiera la negación indefinida del hecho 5° de la demanda.

De ahí que se colige, una vez aplicada la regla de derecho reiterada por la Corte en la sentencia CSJ SL911-2016, según la cual, es obligación del juez interpretar la demanda, que el fundamento de la culpa patronal que se endilga a la demanda, consistió en la ausencia de medidas de protección para el cumplimiento de su labor, sin que en el plenario se observe prueba alguna, que dé cuenta razonablemente de la adopción de alguna de ellas.

Así se dice, pues no existe prueba relativa a: 1) la capacitación y entrenamiento que recibió el demandante para la ejecución de la actividad de «VIGILANTE – ESCOLTA»; 2) la formulación y adopción de estrategias, procedimientos y políticas de prevención y minimización de riesgo en la actividad cotidiana del trabajador, teniendo en cuenta las condiciones sociales y de seguridad de los lugares donde realizaría sus funciones, y los elementos de dotación que fueron suministrados; 3) la verificación de los recursos locativos y sanitarios en la vigilancia fija y móvil del usuario de servicio de vigilancia (en el caso Servientrega), y 4) el suministro de los equipos de seguridad, de comunicaciones, de transporte, y demás elementos necesarios para desarrollar la actividad de vigilancia y escolta con minimización del riesgo, como lo exige el decreto 356 de 1994, artículos 64, 74 numerales 20, 23, 24, 25 y 30, en armonía con los artículos 90 y 95 ídem.

En ese escenario, la sociedad demandada no probó, como era su carga, el cumplimiento de las obligaciones previstas en el artículo 56 y 57 No 2 del CST, las cuales, pese a no estar reglamentadas en los decretos 2535 de 1993, 356 de 1994, 1979 de 2001 y 2187 de 2001, en los términos descritos por la censura (en tanto que no exige al empleador el suministro de chaleco antibalas, ni el porte de pistola o ametralladora en actividades de vigilancia y escolta, como se concluyó por la Sala en un caso parecido en la sentencia CSJ SL17026-2016), ello no eximia a Viginorte Ltda. de adoptar aquellas que razonablemente minimizaran el riesgo ocupacional en el ejercicio de una actividad tan peligrosa como la desempeñada por el demandante, brindando, como se señaló, capacitaciones de prevención y disminución de peligro, así como un medio de transporte adecuado para escoltar los bienes de valor, como los que acompañó a consignar, según se desprende del testimonio del señor Marrugo Polo (f.° 34-35)

Sobre el tema analizado, en la sentencia CSJ SL, 26 may. 1999, rad. 11158, esta Corporación señaló:

«Es claro entonces que las personas vinculadas laboralmente para desempeñar todos aquellos oficios relacionados con la protección de personas o bienes de la actividad delincuencial, cualquiera que ella sea, están expuestos a los riesgos que aquellos entrañan, que no son otros que la violencia de cualquier tipo que en contra de ellos se emplee por el hampa para cumplir sus cometidos.

Es incuestionable en consecuencia que una compañía especializada en seguridad o vigilancia debe adoptar todas las medidas necesarias tendientes a prevenir los actos de criminalidad que se quieren evitar con su contratación, entre ellas, la de dotar a sus trabajadores con los elementos de seguridad necesarios y adecuados para preservar su integridad, como también para repeler las agresiones de que sean víctimas, de manera tal que al menos aminoren el peligro que representa el oficio de vigilante, o el de escota en este caso, frente a la contingencia predecible de un ataque criminal.»

De ahí, que al existir una obligación de protección razonable del empleador en el ejercicio de las funciones que desempeñaría el demandante y no estar acreditado las medidas adoptadas para el desempeño seguro de tal actividad que, por su naturaleza, es riesgosa, y en cuya ejecución se produjo el accidente que le condujo a la PCL del 39.53%, en el caso está probada suficientemente la culpa patronal de Viginorte Ltda., en consecuencia, el cargo prospera.

SENTENCIA DE INSTANCIA

Procederá la Sala a proferir la sentencia de reemplazo, examinando los argumentos de la apelación promovida por la sociedad demandada.

De acuerdo con el escrito de folios 147-150 del cuaderno 1 del expediente, Viginorte Ltda. recurrió el fallo de primer grado, con base en dos argumentos:

El primero, ateniente a la ausencia de culpa patronal en el accidente de trabajo del demandante, por cuanto no estaba ejerciendo funciones relacionadas con su contrato de trabajo, ni que fueran impartidas por su empleadora; contexto en el cual, dijo, no estaba obligación de entregarle elementos de protección diferentes al de la labor vigilante.

Y el segundo, en forma subsidiaria, relativo a la tasación de perjuicios a través de la prueba pericial, la cual consideró desproporcionada, al estar calculada en un monto de 453´795.451.oo.

En tal contexto, solicitó se revocara la sentencia de primera instancia lo concerniente a la culpa patronal o, subsidiariamente, se redujera la indemnización ordenada por la juez, teniendo en cuenta la incapacidad del demandante. (f.° 147-150)

La Corte resuelve la apelación con estricta sujeción al principio de consonancia, previsto en el artículo 66ª del CPTSS.

Frente al primer aspecto de la alzada, se remite la Corte a lo que se expuso en sede de casación.

En relación con el segundo, atinente al monto de los perjuicios que fueron liquidados mediante dictamen pericial y acogidos por la primera juez, debe recordarse que en forma reiterativa esta Corporación ha señalado que los mismos no requieren de tal medio probatorio, pues no hacen parte de los conocimiento técnicos, especializados o científicos que lo hacen procedente, al tenor del artículo 233 del CPC, hoy 266 del CGP, por cuanto los mismos, deben liquidarse con base en las fórmulas matemáticas fijadas por la jurisprudencia, teniendo en cuenta los criterios jurídicos y otros elementos de convicción que pueden extraerse del proceso, como son la edad del trabajador al momento del accidente, la vida probable del mismo, el salario devengado, entre otras variables (CSJ SL, 1 sep. 2009, rad. 32629).

Así las cosas, para calcular dichos perjuicios, la Sala tendrá en cuenta las directrices fijadas en la sentencia CSJ SL9396-2016, así:

El daño emergente se encuentra definido en el artículo 1614 del Código Civil y abarca «la pérdida de elementos patrimoniales, así como los gastos en que se debieron incurrir, o que deban generarse en el futuro, y el arribo del pasivo a causa de los hechos sobre los cuales quiere deducirse responsabilidad» (CSJ SL9396-2016).

En el presente caso se advierte, que la juez tasó dicho resarcimiento, únicamente teniendo en cuenta el porcentaje de pérdida de capacidad laboral del demandante; sin embargo, contrario a lo expuesto por ella, dicho perjuicio debe estar debidamente acreditado a efectos de su tasación, sin que en el presente caso exista siquiera un medio de convicción que dé cuenta de los pagos pasados o futuros en los que incurrió el señor Pastrana Cuadrado.

En consecuencia, se absolverá a la demandada de este pedimento, pues el demandante no probó, como era su carga, al tenor del artículo 177 del CPC, aplicable al presente asunto por la remisión del artículo 145 del CPTSS, su causación.

Por su parte, el lucro cesante hace referencia al dinero que se dejó de percibir el trabajador por la ocurrencia del daño y comprende el lucro cesante pasado y el futuro. El primero, se causa desde la terminación del contrato de trabajo, que en el caso corresponde al 22 de julio de 2004 y hasta la fecha de esta sentencia. El segundo, se produce desde el día en que se profiera el fallo y hasta la expectativa de vida probable del actor.

Teniendo en cuenta lo anterior y la fórmula descrita en las sentencias CSJ SL9396-2016 y CSJ SL, 6 jul. 39867, la liquidación corresponde a la siguiente suma:

Fecha de cálculos=30 junio 2017

Lucro Cesante Consolidado

Genero

=

Hombre

Fecha de Nacimiento (fl. 45)

=

28 de abril de 1968

Fecha de Estructuración de Invalidez (fl. 48)

=

2 de mayo de 2003

Fecha de retiro laboral

=

22 de julio de 2004

Edad a la fecha del retiro

=

36

Años

Salario en Fecha de retiro

=

$686.000.oo

Salario actualizado a la fecha

=

1.097.274.49

% de pérdida de capacidad laboral

=

39.53%

Lucro cesante Mensual

=

$433.752.60

N° de Meses desde el retiro hasta hoy

=

155.73

Tasa de Interés Anual

=

6%

Tasa de Interés Mensual

=

0.5%

VA =

LCM

X

Sn

Reemplazando en la formula

LCM

=

$433.752.60

Sn

=

(1 + i)^n - 1

i

Sn

=

1.129951972

0.004867

Sn

=

232.1660103

Valor a pagar por Lucro Cesante Consolidado =

$100.702.610.6

Lucro Cesante Futuro:

Edad a la fecha de Hoy

=

49.17

Esperanza de vida del causante en Años

=

30.8

En N° de Meses

=

369.6

Tasa de Interés Anual

=

6%

Tasa de Interés Mensual

=

0.5%

VA =

LCM

X

an

Reemplazando en la formula

LCM

=

$433.752.60

an

=

(1 + i)^n - 1

i (1 + i) ^n

an

=

5.016344608

0.029281549

an

=

171.3141818

Valor a pagar por Lucro Cesante Futuro =

$74´307.971,76

Valor total

$175´010.582.4

De donde, la Corte modificará la condena impuesta a la demandada por concepto de indemnización ordinaria y total de los perjuicios a favor del demandante.

Sin costas en el recurso extraordinario dada la prosperidad del cargo. Las de las instancias a cargo de la demandada; no obstante, las de segundo grado serán en proporción del 60%.

DECISIÓN

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, CASA la sentencia dictada el catorce (14) de julio de dos mil diez (2010), por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cartagena, dentro del proceso ordinario laboral seguido por ALBEIRO JOSE PASTRANA CUADRADO contra la SOCIEDAD VIGINORTE LTDA, en cuanto revocó los numerales primero, tercero y sexto de la sentencia de primera instancia, que condenó a la sociedad demandada a pagar al demandante la indemnización plena de perjuicios, los honorarios del perito y las costas procesales y, en su lugar, la absolvió de todas las pretensiones incoadas en su contra, condenando al señor Pastrana Cuadrado a pagar los gastos de peritaje y costas.

En sede de instancia, MODIFICA el ordinal primero de la sentencia proferida por la Juez de primer grado, en cuanto condenó a la empresa VIGINORTE LTDA, a pagar al demandante la suma de cuatrocientos cincuenta y tres millones setecientos noventa y cinco mil cuatrocientos cincuenta y un pesos mcte ($453´795.451.oo), por concepto de indemnización ordinaria y total de perjuicios derivada del accidente de trabajo, sufrido por ALBEIRO JOSÉ PASTRANA CUADRADO, para en su lugar, condenar a esa sociedad a pagar la suma de ciento setenta y cinco millones diez mil quinientos ochenta y dos pesos con cuatro centavos ($175´010.582.4), por lo siguientes conceptos:

Por lucro cesante consolidado: $100.702.610.6

Por lucro cesante futuro: $$74´307.971,76

Sin lugar a condena por daño emergente.

Las costas de primer y segundo grado a cargo de la sociedad demandada a favor del demandante, con la precisión de que las de segunda instancia serán en un 60%.

Sin costas procesales del recurso extraordinario.

Cópiese, notifíquese, publíquese, cúmplase y devuélvase el expediente al tribunal de origen.

SANTANDER RAFAEL BRITO CUADRADO

CECILIA MARGARITA DURÁN UJUETA

CARLOS ARTURO GUARÍN JURADO

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