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Corte Suprema de Justicia · Sala de Casación Laboral

Sentencia SL1126-2020

Fecha
25 de marzo de 2020
Magistrado ponente
Ana Maria Muñoz Segura

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia SL1126-2020

Corte Suprema de Justicia · Sala de Casación Laboral

Parte resolutiva

DECISIÓN En mérito de lo expuesto la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando Justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la Ley, NO CASA la sentencia proferida por la Sala Fija de Descongestión Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá D.C., el veintisiete (27) de agosto de dos mil doce (2012), en el proceso ordinario adelantado por ELSA PILAR FORERO VELANDIA contra la sociedad CSI COMPLEX SYSTEMS INC COLOMBIA. Costas como se indicó en la parte motiva.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Corte Suprema de Justicia

Sala de Casación Laboral

Sentencia SL1126-2020

Magistrado ponente: Ana Maria Muñoz Segura

25 de marzo de 2020

ANA MARÍA MUÑOZ SEGURA

Magistrada ponente

SL1126-2020

Radicación n.° 60603

Acta 10

Estudiado, discutido y aprobado en sala virtual

Bogotá D.C., veinticinco (25) de marzo de dos mil veinte (2020).

Decide la Corte el recurso de casación interpuesto por ELSA PILAR FORERO VELANDIA contra la sentencia proferida el 27 de agosto de 2012 por la Sala Fija de Descongestión Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá D.C., dentro del proceso adelantado por ella contra la sociedad CSI COMPLEX SYSTEMS INC COLOMBIA.

ANTECEDENTES

Elsa Pilar Forero Velandia demandó a la sociedad CSI Complex Systems INC Colombia, con el fin de que se declarara la existencia de un contrato de trabajo a término indefinido entre el 24 de agosto de 1998 y el 8 de noviembre del 2004, el cual fue terminado de manera unilateral y sin que mediara justa causa por parte de la entidad empleadora. De igual forma, solicitó que se determinara que el salario promedio devengado durante el último año fue de $22.763.543, así como que fue variable y estuvo compuesto tanto por bonificaciones como por comisiones.

Como consecuencia de lo anterior, requirió que se condenara al pago de la indemnización por despido sin justa causa prevista en el artículo 6º de la Ley 50 de 1990, además de «[…] los auxilios de cesantías con su respectiva sanción por la no consignación en tiempo al fondo, los intereses sobre las cesantías con su respectiva sanción por no pago en tiempo, las primas de servicios, las vacaciones, la licencia de maternidad junto, la indemnización por despido sin autorización del Inspector del Trabajo», el pago de los aportes a la seguridad social, el reintegro de los gastos de maternidad y la indexación de todas las sumas adeudadas.

Como fundamento de sus pretensiones, indicó que la accionada era la sucursal en Colombia de CSI Complex Systems INC, sociedad comercial constituida bajo la legislación americana y con domicilio en la ciudad de Nueva York, que se vinculó al servicio de esta en Bogotá D.C., y que trabajó desde el 24 de agosto de 1998 hasta el 8 de noviembre del 2004, ejerciendo el cargo de «Consultante internacional en New York, San Juan (Puerto Rico), Caracas, Madrid, Santiago de Chile, Ciudad de México, Lima, Sao Pablo y Atenas, entre otras».

Advirtió que recibió un salario básico anual equivalente a $40.000 dólares américanos -variable en comisiones y bonos-, que era depositado en las cuentas bancarias de «CHASE de New York (Estados Unidos) y luego, en el COMMERCEBANK de la ciudad de Miami, Florida (Estados Unidos)». Al respecto, expuso que devengó en pesos colombianos, para cada uno de los años laborados, las siguientes sumas:

Año

Salario Anual

Promedio Mensual

1998

$16.069.457

$3.737.083

1999

$47.291.737

$3.940.978

2000

$117.353.780

$9.779.482

2001

$139.023.906

$11.585.326

2002

$162.644.426

$13.553.702

2003

$229.103.801

$19.091.983

2004

$273.162.557

$22.763.546

Aseveró que el 3 de abril de 1999 nació uno de sus hijos y que, por no estar afiliada al Sistema General de Seguridad Social, le tocó asumir la totalidad de los costos del parto y el embarazo, aunado a que no disfrutó de la respectiva licencia de maternidad.

Por último, alegó que durante el tiempo en que estuvo vigente la relación laboral, la accionada nunca realizó aportes al Sistema General de Pensiones, así como tampoco canceló por concepto de prestaciones sociales ningún emolumento, siendo así manifiesta la mala fe en la que incurrió.

Al contestar la demanda, CSI Complex Systems INC Colombia se opuso a la prosperidad de las pretensiones. En cuanto a los hechos, argumentó que no le constaban, pues lo cierto era que nunca tuvo un vínculo contractual con el actor, comoquiera que esta sociedad se constituyó legalmente a partir del 13 de septiembre de 2002, por lo que los pagos efectuados estuvieron siempre a cargo de una empresa diferente.

En su defensa, propuso las excepciones de falta de legitimación en la causa por activa y pasiva, inexistencia de la obligación, cobro de lo no debido, «Temeridad y mala fe», «Inexistencia de la obligación solidaria entre CSI Complex Systems INC y CSI Complex Systems INC Colombia» y prescripción.

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

El Juzgado Sexto Laboral Adjunto del Circuito de Bogotá D.C., mediante sentencia del 25 de septiembre de 2009, absolvió a la sociedad demandada de todas las pretensiones.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

Tras apelación presentada por la parte actora, la Sala Fija de Descongestión Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá D.C., mediante providencia del 27 de agosto de 2012, confirmó en su integridad la decisión proferida por el Juzgado.

Para fundamentar su decisión, encontró acreditado que la relación contractual suscrita entre la accionante y la sociedad CSI Complex Systems INC se produjo en el extranjero, aunado a que no fue pactado que dicho vínculo se regiría por las leyes colombianas. Afirmó que tampoco estuvo demostrada la subordinación ejercida por la empresa demandada sobre la señora Forero Velandia, así como que esta última hubiera ejercido sus actividades en el territorio nacional.

Señaló que la actora desempeñó sus funciones en lugares ajenos a Colombia, a través de labores de consultoría y ejecución de proyectos internacionales, lo que de suyo presuponía la aplicación de disposiciones legales diferentes a las colombianas, especialmente las contenidas en el Código Sustantivo del Trabajo.

Sobre este punto, concretamente dijo lo siguiente:

Planteadas así las cosas, de entrada manifiesta la Corporación que no hay dislate en el fallo de primer grado en cuanto estuvo ajustado a lo presupuestado por las normas legales puestas a su consideración, pues no se encontró soporte en ellas que tratándose de relaciones laborales pactadas en el extranjero, pudiese aplicar la ley Colombiana, además de que tampoco se demostró la prestación de los servicios personales por parte de la actora hubiese estado bajo subordinación y dependencia de la demandada o que tales actividades las hubiera desplegado desde Colombia, siendo consecuencia más adversa a sus propios intereses concluir que se hubiere pactado que las labores encomendadas serían regidas por la legislación colombiana, porque en verdad no aparece prueba de ello.

[…]

Lo anterior es traído a colación porque en el presente caso tal y como lo refiere en los hechos de la demanda la promotora de autos prestó sus servicios para la sociedad demandada en ciudades extrañas al territorio colombiano y las cláusulas contractuales estuvieron ceñidas a labores consultivas internacionales y ejecutando proyectos internacionales, situación que la hace más lejana de la aplicación de las normativas colombianas, caso particular el Código Sustantivo del Trabajo.

La anterior conclusión deviene ajustada a los lineamientos legales habida consideración que respecto a la Territorialidad que consagra el art. 2º del C.S.T., se debe precisar que es aplicable la legislación colombiana para aquellas relaciones de trabajo que se presenten en el territorio Nacional, circunstancia que riñe con lo advertido en los fundamentos fácticos de la demanda ya enunciados, pues no le cabe duda a la Sala que las labores ejecutadas por la demandante fueron prestadas en ciudades ajenas al territorio Nacional (extranjeras), motivo por el cual no hay lugar a dar aplicabilidad a la normatividad colombiana, circunstancia de la cual se duele la parte actora en tanto afirma no le han sido cumplidas las cláusulas contractuales, pero que para esta colegiatura, se itera, las normas de aplicabilidad se rigen por la ciudad donde se pactó la relación laboral y por lo que se viene de analizar fue en un país extranjero.

Ahora bien, el juez plural manifestó que tampoco era posible declarar una relación laboral con CSI Complex Systems INC Colombia entre el 24 de agosto de 1998 y el 8 de noviembre del 2004, pues esta empresa solo fue constituída en el país a partir del 13 de septiembre de 2002. Así las cosas, concluyó que la actora solo pudo suscribir un contrato con la sociedad que tiene el mismo nombre pero que está domiciliada en Nueva York – Estados Unidos.

RECURSO DE CASACIÓN

Interpuesto por la demandante, concedido por el Tribunal y admitido por la Corte, se procede a resolver en los términos presentados y bajo los parámetros del recurso extraordinario.

ALCANCE DE LA IMPUGNACIÓN

Pretende la recurrente que la Corte case la sentencia del Tribunal, para que, una vez constituida en sede de instancia, se revoque la del Juzgado y se concedan las pretensiones fijadas en la demanda inicial.

Con tal propósito formuló dos cargos por la causal primera de casación, los cuales fueron replicados y serán resueltos conjuntamente, toda vez que persiguen un mismo fin y se fundan en similares disposiciones normativas.

PRIMER CARGO

Acusó la sentencia impugnada de violar «[…] por la vía directa, en la modalidad de infracción directa el artículo 2º del Código Sustantivo del Trabajo, en relación con el artículo 53 de la Constitución y los artículos 22 y 23 del Código Sustantivo del Trabajo; en cuanto a que las relaciones de trabajo de los ciudadanos colombianos se rigen por el Código Sustantivo del Trabajo, aunque el servicio se preste en el exterior».

En la demostración del cargo, la censura trajo a colación los artículos 2º, 22 y 23 del Código Sustantivo del Trabajo, para advertir que el empleador tiene la facultad de contratar a su trabajadores en el territorio colombiano y, a su vez, darles instrucciones para que desempeñen sus labores en el extranjero, sin que esto desnaturalice la relación laboral entre las partes.

En ese sentido, citó extractos de las sentencias CSJ SL, 28 junio 2011, radicación 15468 y CSJ SL, 14 septiembre 2005, radicación 24464, para aducir que el Tribunal se equivocó al concluir que la actora no estaba amparada por las leyes nacionales porque fue contratada en Colombia y prestó sus funciones en el exterior.

SEGUNDO CARGO

Indicó que la sentencia impugnada violó,

[…] por la vía indirecta, en el concepto de aplicación indebida del artículo 2º del Código Sustantivo del Trabajo, en relación con el artículo 53 de la Constitución y los artículos 22 y 23 del Código Sustantivo del Trabajo; artículos 2, 6, 7, 40, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 60 y 61 del Código Procesal del Trabajo, como medio; artículos 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 187, 251, 252, 253, 254, 258 y 268 del Código de Procedimiento Civil, como medio.

A su vez, indicó la comisión de los siguientes errores de hecho:

Dar por probado, sin estarlo, que el contrato de trabajo no estaba sometido a la legislación colombiana.

No haber dado por probado, estándolo, que el contrato de trabajo sí estaba sometido a la legislación colombiana.

Manifestó que los mismos se produjeron con ocasión de la equivocada valoración de las siguientes pruebas: «a) la carta por medio de la cual se selecciona a la demandante para la prestación de servicios de fecha 14 de agosto de 1998 (folios 228 y 229), b) el testimonio de Carlos Humberto Betancourt Massot (folios 263 y 264) y c) el testimonio de Juan Carlos Rivera Soberanis (folios 265 a 267)».

En la demostración del cargo, para la casacionista el Tribunal no apreció la prueba de folios 228 y 229 del cuaderno principal, pues de haberlo hecho hubiera concluido que la señora Forero Velandia fue contratada para ejercer sus funciones en distintas ciudades del mundo pero teniendo como base Colombia.

Lo anterior, a su juicio, se encontró ratificado por los testimonios de Carlos Humberto Betancourt Massott (folios 263 y 264 del primer cuaderno) y Juan Carlos Rivera Soberanis (folios 265 a 267 del primer cuaderno), debiéndose concluir que el vínculo contractual suscrito entre las partes debía regirse por la normatividad nacional.

Finalmente, luego de transcribir algunos apartes de los fallos CSJ SL, 28 junio 2001, radicación 15468 y CSJ SL, 14 septiembre 2005, radicación 24464, la recurrente expresó que,

Salta a la vista el manifiesto error de hecho, ostensible, protuberante porque el documento que obra a folios 228 y 229 que es auténtico y veraz por haber sido aportado por la demandada al contestar su demanda y no fue tachado, en las oportunidades legales por la demandante, contiene la manifestación expresa por parte del contratante de que la demandante fue “seleccionada para la posición de Experta Funcional/Gerente de Proyecto en CSI para la implementación de la aplicación Banktrade en Latinoamérica y alrededor del mundo” y que “Su base será Colombia”.

La omisión en la valoración de ésta prueba llevó al ad quem a concluir que la demandante fue contratada en la ciudad de New York para prestar el servicio por fuera de Colombia.

El manifiesto error de hecho ostensible, protuberante que salta a la vista consiste en que si hubiera visto la prueba documental y la hubiere valorado habría concluido lógica y jurídicamente que el contrato de trabajo se celebró en Colombia para la prestación del servicio en el exterior, es decir, que el contrato es de trabajo y se encuentra sometido al imperio del Código Sustantivo del Trabajo.

No obstante que la prueba testimonial no es prueba calificada en casación, en el caso sub lite encontramos que los testimonios de los señores Carlos Humberto Betancourt Massott (folios 263 y 264) y Juan Carlos Rivera Soberanis (folios 265 a 267) ratifican plenamente el contenido del documento que obra a folios 228 y 229, en cuanto a que la demandante fue contratada en Bogotá para prestar sus servicios en Colombia y en el exterior y que la terminación fue en la ciudad de Bogotá donde se encontraba en ese momento prestando servicios.

RÉPLICA

Planteó que no se incurrió en ninguno de los errores que se atribuyeron y que, por el contrario, las aseveraciones a las que arribó el juez de segunda instancia se ajustaron acertadamente a los preceptos legales y a la información que de los medios de convicción emanaba.

Así, respecto del primer cargo, la entidad opositora dijo:

Este cargo no tiende a prosperar, tendiendo (sic) en cuenta que se demostró en el proceso que no hubo ni existió en Colombia ninguna relación laboral, contractual como pretende hacer ver el casacionista, mal haría entonces el a quo aplicar una norma sustancial como la referida pues no existe razón alguna para pretender si quiera tangencialmente que hubo un contrato de trabajo en Colombia, y mucho menos con la sociedad demandada, que no existía como persona jurídica en nuestro país para la fecha de suscripción, del plurimencionado contrato.

Y en cuanto a la improcedencia del segundo, recalcó que,

Respecto de la demostración del cargo, no basta con manifestar los supuestos errores de hecho que se dice incurrió el ad quem carecen de sustento y argumentación probatoria, como erróneamente lo refiere el casacionista, los documentos auténticos aportados por la demandada en su contestación, no generan confusión en su contenido, especialmente el visto a folio 228-229 donde se demuestra como la demandante ha pretendido de manera infructuosa demostrar una relación laboral inexistente con Colombia y una prestación personal del servicio que no se materializó nunca en Colombia, como tampoco demuestra la subordinación que se exige para presumir siquiera una relación laboral con Colombia, en las condiciones que él pretende se pruebe, existieron, el documento es suficientemente ilustrativo claro.

El Aquem (sic), tampoco respecto a este aspecto ha incurrido en errores de hecho en apreciación de la prueba documental, ni mucho menos de bulto como refiere el casacionista: si observamos con detenimiento la traducción oficial No. 07-041 aportada por mi representada y no desconocida, ni tachada de falsa por el demandante, merece su valoración en el sentido fiel a su contenido, y mal haría el quem (sic) en apreciarla de manera diferente a su real contenido.

[…]

Cabe igualmente resaltar que el documento con traducción fue aceptado por la señora PILAR FORERO y se desplazó a la ciudad de Nueva York, en aceptación a la oferta de trabajo.

CONSIDERACIONES

Habiendo analizado los dos cargos presentados, aun cuando ambos se erigieron por vías de ataque diferentes, logra entender la Sala que las principales disquisiciones de la recurrente versaron sobre la conclusión a la que arribó el Tribunal, en el sentido de establecer que entre ella y la sociedad no existió una relación de trabajo regida por el ordenamiento jurídico colombiano, en tanto que fue contratada en Nueva York y, adicionalmente, ejerció sus funciones en el extranjero y nunca en el territorio nacional.

Lo anterior, a su juicio, constituye una equivocación, comoquiera que de las pruebas denunciadas, era dable colegir que fue contratada en Bogotá D.C. para desempeñar sus labores en Colombia y en otras partes del mundo, por lo que en virtud del principio de territorialidad previsto en el artículo 2º del Código Sustantivo del Trabajo, hubo un contrato de trabajo según los lineamientos de la legislación colombiana.

El problema jurídico consiste en determinar si la decisión de segunda instancia debió declarar que la prestación de servicios surtida por la accionante en el período comprendido entre el 24 de agosto de 1998 y el 8 de noviembre del 2004, se enamarcó dentro de un contrato de trabajo regulado por las leyes colombianas generando los derechos laborales y prestaciones sociales según la normatividad nacional.

Así pues, para abordar el estudio del recurso, la Sala propone su análisis así:

El principio de territorialidad de la ley laboral

En ejercicio de su soberanía, cada Estado es libre de imponer en su territorio un régimen jurídico aplicable a los habitantes del mismo. De este axioma se deriva el mencionado principio de territorialidad de la ley, conforme con el cual el ordenamiento jurídico es aplicable a los habitantes del territorio en el que se ejerce su soberanía, sin que, en principio, sea posible extenderlo a otras jurisdicciones.

Este principio, se adecua en materia contractual, incluida la laboral, a partir del principio lex loci solutionis, según el cual, será aplicable el ordenamiento jurídico vigente en el lugar o territorio en el que dicho acto jurídico se ejecute.

En el caso colombiano, el artículo 2º del Código Sustantivo del Trabajo establece que «[…] el presente código rige en todo el territorio de la República para todos sus habitantes, sin consideración a su nacionalidad», para los casos en los cuales el lugar de ejecución de la relación de trabajo sea el territorio nacional de la República de Colombia.

Al respecto, en sentencia CSJ SL 3176-2019, esta Sala señaló que,

[…] por regla general, y de conformidad a lo señalado en el artículo 2.º del Código Sustantivo del Trabajo, la legislación colombiana no aplica a servicios prestados en el exterior, siendo su excepción la inequívoca continuidad de la subordinación desde Colombia, o que las partes hubieran convenido al respecto, posición que se reitera nuevamente en esta oportunidad, en la medida que no se observan razones atendibles que conlleven a variarla. En efecto, en sentencia CSJ SL, 10 feb 2009, rad. 31301, que reiteró la sentencia CSJ SL, 28 jun 2001, rad 15468, se dijo:

[…]

Cuestión distinta es cuando las partes – como ocurre en el caso aquí debatido – acuerdan expresamente lo contrario, esto es, que los servicios prestados por un trabajador en el exterior no se tengan en cuenta en Colombia para fines de salario o de prestaciones sociales, porque de conformidad con el precitado artículo segundo del código del trabajo esa estipulación es lícita, también desarrolla los postulados de autonomía de la voluntad, buena fe y lealtad, y por tanto no le es dable a ninguna de las partes rebelarse contra ella ni desconocerla”.

[…]

Y ello es así porque es cierto que ha considerado esta Sala que la regla que se ha dado en denominar lex loci solutionis, contenida en el artículo 2º aludido y que es fiel desarrollo del principio de territorialidad de la ley, no es absoluta y admite algunas excepciones a su aplicación, que permiten que, pese a que el contrato de trabajo no se ejecute en Colombia, se aplique la legislación laboral del país.

Ahora bien, los pronunciamientos jurisdiccionales también han resaltado la necesidad de matizar la aplicación del principio de territorialidad de la ley, atendiendo a las condiciones particulares de cada caso. Sobre el particular, en sentencia CSJ SL321-2019, esta Corporación dispuso que,

[…] «los efectos del contrato de trabajo deben regirse por la ley del lugar donde la labor se haya cumplido, pero son las circunstancias de cada caso en particular las que determinan si se dan los supuestos legales para la aplicación del estatuto laboral colombiano o si, por el contrario, se encuentra excluido del mismo» (CSJ SL, 8 may. 2013, rad.42741).

En ese orden de ideas, se reitera, la intelección que esta Corporación ha efectuado del principio de territorialidad es que la norma aplicable es la que rige en el lugar en donde se prestó el servicio. Sin embargo, en los escenarios en que las partes hubieran pactado expresamente que el vínculo contractual se regiría por las disposiciones colombianas o, en su defecto, que la subordinación se continuaría ejerciendo desde el territorio nacional, la ley llamada a gobernar dichas relaciones laborales sería el Código Sustantivo del Trabajo.

La Legitimación en la causa de CSI Complex Systems INC Colombia, como representante de la sociedad CSI Complex Systems INC

La persona jurídica identificada como CSI Complex Systems INC Colombia fue constituida el 13 de septiembre de 2002, según consta en el certificado de existencia y representación legal expedido por la Cámara de Comercio de Bogotá, según folios 212 a 223 del segundo cuaderno, y para los efectos de lo previsto por los artículos 471 y 474 del Código de Comercio y 33 del Código Sustantivo del Trabajo.

Esta circunstancia no se discutió en el recurso de casación, y constituyó uno de los hechos acreditados en el plenario, lo que pone de presente que, para todos los efectos legales, la sucursal representó a la casa matriz desde el momento de su constitución y hacia el futuro, pero nunca hacia el pasado.

Y no podía hacerlo, pues antes de su existencia, no ejercía representación alguna, en el mismo sentido, no era posible establecer que esta fuera retroactiva a su establecimiento; lo que implica que la llamada casa matriz de la sociedad CSI Complex Systems INC, no contaba con presencia jurídica en el país.

No puede la sucursal asumir los eventuales efectos de situaciones jurídicas acaecidas con anterioridad a su vigencia, en general, y concretamente respecto de asuntos laborales y de la seguridad social, por cuanto al no existir en el país una entidad de la cual fuera sucesora jurídica, no es posible que se surtan los efectos de una sustitución patronal, figura que sí permite la asunción retroactiva de la responsabilidad de un eventual empleador en el tiempo.

El hecho de que la sociedad CSI Complex Systems INC no hubiera constituido una sucursal en Colombia para operar es un asunto que, en sede laboral, se torna irrelevante, y que, si merece algún tipo de revisión, esta deberá adelantarse ante las autoridades competentes en materia de inspección, vigilancia y control del ejercicio societario y mercantil.

Así pues, la empresa CSI Complex Systems INC Colombia es, en efecto, representante de su casa matriz CSI Complex Systems INC, pero solo desde el momento de su constitución, esto es el 13 de septiembre de 2002, de tal suerte que su responsabilidad solo es predicable desde esa fecha y hacia el futuro.

Si se pretendía derivar alguna responsabilidad en cabeza de la sociedad CSI Complex Systems INC Colombia, por el período comprendido entre el 24 de agosto de 1998 y el 12 de septiembre de 2002, esta persona jurídica debió haber sido vinculada procesalmente como parte, sin que pudiera convocarse ningún representante, habida cuenta de su inexistencia.

Caso Concreto

La señora Forero Velandia solicitó que se declarara la existencia de una relación laboral con la sociedad CSI Complex Systems INC Colombia desde el 24 de agosto de 1998 hasta el 8 de noviembre del 2004.

Al respecto, la Sala expuso previamente que, al menos, en lo que tiene que ver con el período comprendido entre el 24 de agosto de 1998 y el 12 de septiembre de 2002, no era posible condenar a dicha empresa por cuanto se constituyó como sucursal de CSI Complex Systems INC el 13 de septiembre de 2002 (folios 212 a 223 del segundo cuaderno), siendo inconducente que asuma situaciones laborales de forma retroactiva o con anterioridad a su vigencia.

Sin embargo, corresponde analizar si entre el 13 de septiembre de 2002 y el 8 de noviembre del 2004, la relación contractual entre las partes sí estuvo regulada por la legislación colombiana, según los lineamientos del artículo 2º del Código Sustantivo del Trabajo.

Sobre este punto, desde ya se advierte que no le asiste razón a la recurrente en sus aseveraciones tal y como pasa a explicarse:

De la prueba documental acusada por la censura como no valorada, a saber, la comunicación emitida por CSI Complex Systems INC (folios 227 a 229 del primer cuaderno), se evidencia una oferta laboral enviada por dicha sociedad a la actora, en la que se prevé que las funciones que ella desarrollaría serían por fuera de Colombia y que, en caso de aceptar, debía presentarse en Nueva York – Estados Unidos para una capacitación.

Lo anterior supone, en principio, que la norma aplicable no será la colombiana pues las actividades se desempeñaron exclusivamente en el exterior, conclusión a la que además arribó el Tribunal a través de otros medios de convicción. No obstante, dicha presunción tampoco se desvirtúa de la documental acusada, pues de ella no se desprende que se hubiera pactado entre las partes que la relación laboral se regularía a través del Código Sustantivo del Trabajo o que la subordinación se daría desde Colombia.

Por el contrario, lo que emerge de las valoraciones hechas por el Tribunal de otros medios de convicción, es que a la actora siempre se le dieron las directrices para ejercer su cargo desde Estados Unidos y que incluso sus pagos se hicieron allá, lo cual no logró ser suficientemente controvertido dentro de la demostración del cargo.

En consecuencia, no se evidenció un error manifiesto como lo pretendió demostrar la casacionista, aunado al hecho de que el Tribunal se encontraba legitimado para formar libremente su convencimiento con base en el artículo 61 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social (CSJ SL4514-2017). Lo anterior, releva a la Sala de estudiar los testimonios, ya que no son una prueba hábil en casación.

En ese orden de ideas, los cargos no prosperan en los términos en que fueron presentados.

Las costas en el recurso extraordinario estarán a cargo de la recurrente, pues su recurso no salió avante y fue replicado. Se fijan como agencias en derecho la suma de cuatro millones doscientos cuarenta mil pesos ($4.240.000), que se incluirán en la liquidación que el juez de primera instancia haga, con arreglo a lo dispuesto en el artículo 366 del Código General del Proceso.

DECISIÓN

En mérito de lo expuesto la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando Justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la Ley, NO CASA la sentencia proferida por la Sala Fija de Descongestión Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá D.C., el veintisiete (27) de agosto de dos mil doce (2012), en el proceso ordinario adelantado por ELSA PILAR FORERO VELANDIA contra la sociedad CSI COMPLEX SYSTEMS INC COLOMBIA.

Costas como se indicó en la parte motiva.

Notifíquese, publíquese, cúmplase y devuélvase al Tribunal de origen.

ANA MARÍA MUÑOZ SEGURA

OMAR DE JESÚS RESTREPO OCHOA

GIOVANNI FRANCISCO RODRÍGUEZ JIMÉNEZ

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