La convocada, al dar respuesta a la demanda, se opuso a todas las pretensiones. Consideró que la actora tuvo varios contratos por obra o labor, sujetos a los periodos académicos, y que el contrato firmado el 4 de febrero de 2013 «no ha finalizado por la situación de debilidad manifiesta de la demandante»; añadió que la actora tampoco informó oportunamente que ella estuviera en dicha condición.
Destacó que el 11 de enero de 2014, se venció la incapacidad que la demandante presentó; no obstante, esta no asistió desde el 13 de enero; y solo fue hasta el 5 de agosto de dicha anualidad, que se percató de que su ausencia no estaba justificada, en tanto creyó que se debía a la presunta existencia de otras incapacidades que se encontraban en trámite.
Aludió que, por la petición que la actora radicó el 5 de agosto se generó la alerta que puso en evidencia la ausencia durante «205 días» sin respaldo médico. Igualmente, alegó que, en ese mismo periodo, la demandante prestó servicios a otros centros educativos.
En ese sentido, se opuso al reintegro solicitado, toda vez que la accionante nunca estuvo desvinculada contractualmente de la institución y, además, la reinstalación fue solicitada para cargos que no existen, o por convenios suscritos ya fenecidos.
En cuanto al dictamen de pérdida de capacidad laboral de la Junta Nacional de Calificación, argumentó que solo les fue notificado hasta el 5 de mayo de 2016, y que ninguna de las resoluciones del Ministerio de Trabajo los obligó al pago de salarios por los periodos no trabajados, ni mucho menos a restaurar su contrato.
Explicó que, tuvo en cuenta los estados de salud de la accionante y que esta se ha negado en forma reiterada y sin justificación a presentarse a laborar, a pesar de ser requerida. De modo que, nunca desmejoró sus condiciones laborales. Por el contrario, conforme a las particularidades de cada semestre y su situación, le propuso el desarrollo de diversas labores.
Aunado a lo anterior, expuso que las incapacidades del periodo transcurrido entre el 3 de marzo de 2015 y el 3 de julio de 2016 solo se presentaron hasta el 4 de mayo de igual anualidad. Que las negativas a firmar los contratos desde febrero de 2016 en adelante obedecieron a los cambios de minutas y a solicitudes sin sustento.
Reiteró que se firmaron diferentes contratos como «docente virtual» y presencial, así:
Inicio
Terminación
Concepto del contrato
23/02/09
17/05/09
Docente contratada por obra o labor
03/08/09
24/11/09
Docente contratada por obra o labor
06/08/12
Periodo académico
Docente presencial
04/02/13
Contrato vigente
Docente presencial
04/06/13
20/12/13
Docente virtual por hora cátedra
03/02/14
30/06/14
Docente virtual por hora cátedra
Negó que los otros contratos suscritos con la demandante obedecieran a una relación laboral, pues se acordaron para la realización de servicios específicos como producción de textos o asesorías a estudiantes de maestrías. Igualmente, advirtió que hubo varias ausencias injustificadas que no fueron pagadas, así:
Periodos de ausencias injustificadas
Inicio
Terminación
12/01/14
02/03/15
02/04/15
22/10/15
07/11/15
04/04/16
Advirtió que, durante el periodo en el que Doris Bernal Castellanos incumplió sus obligaciones, esta sostuvo otras relaciones laborales en diversos centros educativos para desarrollar funciones parecidas a las contratadas, sin que su situación de salud le impidiera atender tales compromisos contractuales.
Sumó a sus argumentos que la accionante, a pesar de conocer los protocolos para permisos y autorizaciones, no informó oportunamente sobre su estado de salud; que las incapacidades alegadas en la demanda no corresponden con las que entregó a la Universidad; y que, en el proceso de suscripción del nuevo contrato en el 2016, las modificaciones hechas en cuanto a las funciones y la asignación de carga académica de medio tiempo atendían a sus requerimientos, oferta que esta rechazó.
Propuso como excepciones las de prescripción, inexistencia de la obligación, pago, compensación, buena fe y la innominada o «genérica» (f.º 598 del c. principal).
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
Mediante fallo de 15 de agosto de 2019, el Juzgado Sexto Laboral del Circuito de Bucaramanga resolvió (f.os 936 a 937 del c. principal):
PRIMERO: DECLARAR que entre DORYS JANETH BERNAL CASTELLANOS y la UNIVERSIDAD DE SANTANDER- UDES, acaeció la ficción figura jurídica de la CONCURRENCIA de contrato, oportunidad en la que ejecuto [sic] un contrato de hora cátedra y de medio tiempo presencial y dos [...] de carácter virtual [...]
SEGUNDO: ABSOLVER a la demandada [...], de la totalidad de las pretensiones incoadas en su contra por la demandante [...]
TERCERO: CONSULTAR la presente providencia ante la Sala Laboral del Tribunal Superior de este Distrito Judicial, sino fuere apelada por la demandante.
CUARTO: CONDENAR en costas a la parte demandante [...]
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
Por apelación de la actora, conoció del asunto la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bucaramanga, autoridad judicial que confirmó la decisión de primera instancia mediante fallo del 5 de febrero de 2021.
En lo que interesa al recurso extraordinario, el Colegiado dejó fuera de discusión que la naturaleza de la relación contractual era laboral. En ese orden de ideas, delimitó el problema jurídico «a establecer la modalidad y forma en que convinieron las partes se llevaría a cabo la prestación del servicio como docente» (f. º 963 del c. principal).
Previo a resolver, encontró como hechos probados la existencia de los siguientes contratos (f.os 963 a 964 del c. principal):
como docente cátedra bajo la modalidad de la obra contratada con fecha 23 de febrero de 2009 por el primer semestre lectivo 2009 (folio 119).
como docente cátedra bajo la modalidad de obra contratada con fecha 3 de agosto de 2009 por el segundo periodo lectivo de 2009 (folio 120).
como docente de medio tiempo por obra o labor contratada el 6 de agosto de 2012 (folio 121) para suplir necesidades de docente en el segundo semestre académico del año 2012.
como docente de medio tiempo por obra o labor contratada para suplir las necesidades de docente durante el primer periodo académico del año 2013, suscrito el 4 de febrero de 2013 (folio 122).
por duración de la labor determinada para los periodos académicos del año 2013 en calidad de docente y/o tutor de los estudiantes en el campus virtual del 4 de junio de 2013 (folios 123 -128).
por duración de la obra durante el primer semestre del año 2014 en calidad de docente y/o tutor de los estudiantes del campus virtual suscrito el 3 de febrero de 2014 (folios 164-168).
Manifestó que tales vinculaciones para las tareas de docencia estaban amparadas en la ley y que, con la suscripción de aquellos pactados por obra, labor o periodo académico, no había elementos para considerar la existencia de un único contrato laboral a término indefinido, conforme al artículo 101 del Código Sustantivo del Trabajo, y los pronunciamientos de la Sala Laboral CSJ, SL 23 abr. 2001, rad. 15623, reiterado en CSJ, SL 20 jun. 2018, rad. 74266.
El Juzgador de segundo grado evidenció que entre las partes se suscribieron contratos de trabajo para el primer y segundo semestre del 2009, y con posterioridad en el 2012, por duración de la obra o labor, debidamente liquidados.
Agregó que los celebrados como docente presencial y «virtual» fueron suscritos con dos instituciones diferentes; por una parte, el campus virtual que era una unidad independiente con autonomía administrativa y financiera, y por otra, con la Universidad de Santander. Entonces, si bien en el primer semestre de 2013 Dorys Janneth Bernal Castellanos ejecutó su función de modo presencial con la universidad, los contratos firmados el 14 de junio del mismo año y el 3 de febrero de 2014 se dieron de manera virtual.
Lo anterior, para el Tribunal, fue demostrativo de que no ocurrió un único vínculo laboral a término indefinido, por el contrario, se suscribieron varios contratos enmarcados bajo el artículo 101 del Código Sustantivo del Trabajo, esto es, por el periodo académico.
Acotó que en vigencia de aquel firmado el 4 de febrero de 2013, cuyo objeto consistía en realizar labores de docencia de forma presencial durante el primer periodo académico de la misma anualidad, se presentaron varias incapacidades por las que se prorrogó hasta la fecha de la demanda, sin que mutara su naturaleza a término indefinido.
Asimismo, advirtió que, conforme al material probatorio, la trabajadora no prestó sus servicios a la universidad entre el 13 de enero y el 4 de agosto de 2014, sin que mediara alguna incapacidad médica, de modo que no era dable ordenar pago de salarios por ese lapso.
A su vez, la alzada no evidenció cuestionamientos sobre la prestación del servicio, el reconocimiento de salarios y prestaciones respecto de los contratos de docencia virtual de 2013 y primer semestre de 2014, pues conforme a lo expuesto por los testigos la accionante cumplió con el objeto contractual; luego, no podía pretender que se mantuviera la vigencia de dichos convenios, habida cuenta que fueron suscritos de manera voluntaria por el periodo académico, en los términos del artículo 101 del Código Sustantivo del Trabajo.
Por todo lo anterior, se abstuvo de acoger la tesis de la existencia de una única relación laboral a término indefinido y, en su lugar, concluyó que el vínculo de 4 de febrero de 2013 era el vigente para el momento de la presentación de la demanda.
Sobre la estabilidad laboral reforzada, pese a que el Tribunal mencionó las regulaciones que siguieron a la entrada en vigencia de la «Ley 361 de 1997, esto es, el Decreto 2453 del 2001 mediante el cual se reglamentó su artículo 5°; la Ley 1618 de 2013 y el Decreto 1352 de 2013 el cual derogó expresamente el decreto [sic] 2463 de 2001 salvo los incisos 1 y 2 de su artículo 5 e inciso 2 y parágrafos 2 y 4 de su artículo 6», acudió a lo dispuesto por las sentencias CC SU-047-2017, CSJ SL1360-2018 y CC C200-2019 para referir que en aras de definir la procedencia del amparo, no importaba el tipo de contrato laboral, la calificación o porcentaje de la pérdida de capacidad laboral.
Estimó también que el despido de un trabajador «en estado de discapacidad» se presume discriminatorio, de manera que corresponde al empleador demostrar la causal alegada para la terminación de la relación laboral y que la misma se circunscribe a una razón objetiva, con el fin de desvirtuar la presunción previamente señalada.
Al respecto, el Tribunal acotó que la actora no tenía la protección del «fuero de salud» para ordenar el reintegro, primero, porque el contrato que celebró como docente presencial a medio tiempo el 4 de febrero de 2013 «no culminó»; por el contrario, consideró que del plenario se desprendía que la Universidad le solicitó la prestación del servicio en varias ocasiones, y que fue la demandante la que no acudió en múltiples oportunidades y de manera injustificada.
Segundo, el Juez plural valoró que los contratos de docencia virtual fueron suscritos para desarrollarse en cada periodo académico y terminaron en razón a la finalización del aludido término, «desechándose por completo el hecho discriminatorio que debe presidir el despido para que se surja la responsabilidad del empleador» (f. ° 967 del c. principal).
Del mismo modo, el Tribunal encontró que, durante el tiempo que la demandante no acudió a trabajar de manera injustificada, no tuvo una disminución sustancial de su fuerza laboral, porque en ese lapso «[…]si bien, existen diagnósticos que datan de fechas anteriores y que habían ocasionado incapacidades previas a la suscripción de dicho contrato, en vigencia de este, la actora no presentó síntomas, padecimientos, dolores, que le impidieran prestar sus servicios» (f. ° 967 del c. principal).
Asimismo, el ad quem halló confesión de la accionante, cuando afirmó que dejó de asistir al trabajo porque «se sentía incapacitada física y emocionalmente» (f.° 967 del c. principal), sin que tales afirmaciones estuvieran acreditadas.
Aunado a ello, en dicho lapso la accionante prestó sus servicios como docente a las Unidades Tecnológicas de Santander, entidad distinta a la demandada, por un total de 16 horas semanales, entre el 4 de febrero de 2013 y el 7 de junio de 2014.
Por último, analizó también que la demandada actuó de conformidad con el artículo 101 del Código Sustantivo del Trabajo, y que no existía un hecho discriminatorio por parte del empleador; menos aún si a pesar de las continuas incapacidades del segundo semestre de 2013, se volvió a vincular con la Universidad el primer semestre de 2014.
RECURSO DE CASACIÓN
El recurso de casación lo interpuso Dorys Janneth Bernal Castellanos, lo concedió el Tribunal y lo admitió la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia.
ALCANCE DE LA IMPUGNACIÓN
La recurrente solicita a la Corte casar la sentencia impugnada a fin de que, en sede de instancia, revoque el fallo de primer grado «[…] respecto al reconocimiento de la protección por estabilidad reforzada, la ilegalidad del despido, al reintegro y en su lugar declare favorablemente las pretensiones de la demanda».
Con tal propósito, por la causal primera de casación formuló dos cargos, que fueron replicados por la demandada y serán estudiados conjuntamente, toda vez que se acusa idéntica proposición jurídica y se acude a la misma argumentación, aun cuando se dirigen por diferentes modalidades de ataque.
CARGO PRIMERO
Se acusa la sentencia impugnada por la vía directa, en la modalidad de aplicación indebida, de los artículos 1. º, 5. º y 26 de la Ley 361 de 1997; 7. º del Decreto 2463 de 2001; y 5. º y 8. º de la Ley 776 de 2002, en armonía con los artículos 13, 47, 48 y 54 de la Constitución Política.
En el desarrollo del cargo, aduce que el Tribunal se acoge a la tesis en virtud de la cual la demandante debía acreditar una pérdida de capacidad laboral entre el 15% y el 49% al momento del despido para estar protegida; pese a que el artículo 26 de la Ley 361 de 1997, que desarrolló la garantía para las personas con discapacidad, no exige tal requisito.
Argumenta que las sentencias CC T-427-1992, CC T-441-1993, CC T-351-2003 y CC T-198-2006, han reiterado que los trabajadores con «debilidad manifiesta» están protegidos por la figura de la estabilidad laboral reforzada, sin importar graduaciones o el origen de la «limitación».
Por ello, considera que no se cumplió con los principios que inspiran la Ley 361 de 1997, consagrados en su artículo 1. º, o con el precedente de la sentencia CC C410-2001, de manera tal que las personas con «debilidad manifiesta» no dependen de una calificación. Igualmente, las referencias que se hacen a las «limitaciones severas y profundas» no implican que las demás personas no se encuentren protegidas.
Por último, cita la sentencia CSJ SL, 27 ene. 2010, rad. 37514, para sustentar que a partir del momento en que la trabajadora demuestre la existencia de su situación de salud debe existir justa causa para la terminación del vínculo laboral, pues de no ser así se entendería que obedeció a ese estado. En tal sentido, afirma que ello es lo que ocurre con su mandataria, quien presentó incapacidades durante la vigencia de la relación laboral.
CARGO SEGUNDO
Por la vía directa, en la modalidad de interpretación errónea, le atribuye al fallo controvertido la vulneración de los artículos 1. º, 5. º y 26 de la Ley 361 de 1997; 7. º del Decreto 2463 de 2001; y 5. º y 8. º de la Ley 776 de 2002, en armonía con los artículos 13, 47, 48 y 54 de la Constitución Política.
En el desarrollo de la acusación, alude a los mismos argumentos que expuso para el primero.
RÉPLICA
Aduce la opositora que, desde el punto de vista de la técnica, la sentencia de segunda instancia se fundó en el análisis de las pruebas documentales obrantes en el expediente, valoración que no logra desvirtuarse por la vía directa, en la que se dan por aceptados los supuestos fácticos en que se motivó la decisión.
Considera que, con la senda escogida, la recurrente reconoció que los contratos de trabajo fueron pactados por los periodos académicos; que no acudió a prestar sus servicios por el vínculo suscrito el 4 de febrero de 2013, sin justa causa, durante el periodo comprendido entre el 11 de diciembre de 2013 y el 14 de agosto de 2014; que la empleadora nunca terminó el vínculo; y que a la luz de la sentencia CC SU-049-2017, la accionante no se encontraba en «estado de debilidad manifiesta».
Además, señala que, si la demandante estaba inconforme con la decisión de segundo grado, debió acudir a la vía indirecta para demostrar los presuntos errores de hecho.
Igualmente, advierte que la demanda tiene serias deficiencias sobre el requisito «relacionado con la adecuada integración de la proposición jurídica de las normas sustanciales que predica violadas», puesto que las disposiciones citadas no fueron el sustento legal de la decisión del Tribunal, sino el artículo 101 del Código Sustantivo del Trabajo. De modo que, de tener razones para acusar al juzgador por transgredir ese elenco normativo, debió acudir a la modalidad de infracción directa.
Por otro lado, indica que la recurrente no efectúa una debida demostración del cargo, porque, reitera, los preceptos legales y constitucionales acusados no fueron el eje central de la decisión de segundo grado, y sus ataques corresponden a alegatos de instancia, proscritos conforme al artículo 91 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social.
Por último, agrega que el Tribunal actuó conforme al artículo 61 del estatuto procesal laboral, que dispone la libre formación del convencimiento, por lo que no estaba sujeto a una tarifa legal para apreciar las pruebas, lo cual implica la imposibilidad de que esta Corte modifique la decisión ante la ausencia de yerro alguno.
CONSIDERACIONES
La Sala advierte que no le asiste razón al opositor, respecto de la incompleta proposición jurídica que plantea, toda vez que el Tribunal en su sentencia consideró de manera expresa, entre otras, el artículo 26 de la Ley 361 de 1997, con el fin de dilucidar si en el presente asunto había derecho a la estabilidad laboral reforzada.
Sobre el particular, la Corporación ha señalado que basta con indicar al menos una disposición sustancial que regule el asunto y, como ocurre en este caso, la censura cumple plenamente con este requisito técnico (CSJ SL2173-2022 y CSJ SL SL386-2013).
Por otra parte, en lo que respecta al embate técnico en virtud del cual la recurrente ha debido acudir a la infracción directa, la Sala considera que no hay asidero jurídico, toda vez que, de las normas acusadas por el recurrente, al menos el artículo 26 de la Ley 361 de 1997, sí fue aplicado por el Tribunal. De esa manera, las modalidades señaladas en la demanda se encuentran conformes con los requisitos de la casación.
Así las cosas, una vez desestimados los dislates técnicos aducidos por la réplica, el problema jurídico que la Sala debe resolver consiste en determinar si el juez plural erró al interpretar o aplicar la protección consagrada en el artículo 26 de la Ley 361 de 1997.
En ese orden, se recuerda que la tesis del recurrente estriba entre dos argumentos principales: i) que el Colegiado exigió para declarar la estabilidad reforzada de la demandante, que se hubiere demostrado una pérdida de capacidad laboral entre el 15% y el 49%; y ii) que la protección referida procede por encontrarse en estado de «debilidad manifiesta», como resultado de su condición médica.
Por su parte, el juez de segundo grado estudió la situación de salud de la demandante para determinar si podía acceder a la protección del artículo 26 de la Ley 361 de 1997. Luego de revisar la apelación y el acervo probatorio, determinó que el contrato de trabajo celebrado para ser docente presencial el 4 de febrero de 2013 no finalizó, por lo que no hubo despido.
Aunado a lo anterior, determinó que no se presentó discriminación alguna por razón de las incapacidades sufridas por la demandante, y que durante el tiempo que incumplió el contrato antes referido prestó servicios a otra institución educativa. Por lo descrito, no se generó la garantía consagrada en la ley mencionada.
De esta forma, tal y como se delimitó líneas atrás, la Corte advierte que, a efectos de establecer si la demandante era sujeto de especial protección frente al presunto despido discriminatorio, de acuerdo con el artículo 26 de la Ley 361 de 1997, el Tribunal no acudió al uso de porcentajes o graduaciones de ningún tipo.
Igualmente, el Colegiado no requirió ninguna prueba solemne para la interpretación y aplicación de la ley señalada, como pareciera entenderlo la censura. Por el contrario, afirmó que «[…] procede el amparo sin que sea relevante el tipo de vinculación laboral ni tampoco necesaria la calificación de la PCL y su gradualidad» (f. ° 966 del c. principal).
Por lo expuesto, frente a estas tesis expuestas en la demanda de casación, la Sala concluye que el Tribunal no pudo haber incurrido en el error jurídico que se le atribuye, pues nunca se refirió a las reglas a las que se refiere la censura.
Asimismo, desde una perspectiva jurídica, el juez colegiado tampoco cometió un error hermenéutico al inferir el alcance del artículo 26 de la Ley 361 de 1997, puesto que dicha protección no está prevista para los trabajadores que tengan una simple afección de salud, sino que salvaguarda los derechos de las personas con discapacidad, como pasa a verse.
Para un adecuado desarrollo del tema y de las razones de esta decisión, (i) se recordarán los criterios de la Sala respecto a la definición de discapacidad y a la protección de estabilidad laboral establecida en el artículo 26 de la Ley 361 de 1997; (ii) se analizará el alcance de esta última preceptiva, a la luz de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad; y (iii) se estudiará el caso concreto.
Sobre los criterios de la Sala respecto a la definición de discapacidad y a la protección de estabilidad laboral establecida en el artículo 26 de la Ley 361 de 1997
La jurisprudencia vigente de la Sala, por mayoría, tiene asentado que para la concesión de la protección de estabilidad laboral reforzada contemplada en el artículo 26 de la Ley 361 de 1997, no es suficiente que, al momento del despido, el trabajador sufra quebrantos de salud, esté en tratamiento médico o se le hubieran concedido incapacidades médicas, sino que debe acreditarse, al menos, una limitación física, psíquica o sensorial con el carácter de moderada; esto es, que implique un porcentaje de pérdida de capacidad laboral igual o superior al 15%, en los términos del artículo 7. º del Decreto 2463 de 2001 e independientemente del origen que tenga y sin más aditamentos especiales, como que obtenga un reconocimiento y una identificación previa (CSJ SL, 28 ag. 2012, rad. 39207, reiterada en las decisiones CSJ SL14134-2015, CSJ SL10538-2016, CSJ SL5163-2017, CSJ SL11411-2017, CSJ SL4609-2020, CSJSL3733-2020, CSJ SL058-2021 y CSJ SL497-2021).
A partir de ese porcentaje, se ha considerado que la condición o situación de discapacidad es relevante o de un grado significativo, de carácter considerable y prolongado en el tiempo que afecta el desarrollo de las funciones del trabajador en el ejercicio del derecho al trabajo en igualdad de oportunidades, por lo que merece la protección legal.
Adicionalmente, la Sala ha precisado que, para acreditar la discapacidad, no se requiere de prueba solemne y concomitante a la terminación del vínculo laboral, toda vez que, por el carácter finalista de la norma, lo importante es que el empleador tenga conocimiento de la condición del trabajador, para asumir con cuidado la potestad de prescindir de sus servicios, bien sea logrando su calificación o esperando el resultado de aquella.
Entre tanto, el contenido y los alcances del concepto de discapacidad han sido tópicos en constante discusión y desarrollo, de manera que son varios los instrumentos que impactan el entendimiento que debe asumir esta Sala, específicamente en lo que concierne al ámbito del trabajo y a la estabilidad que consagra el artículo 26 de la Ley 361 de 1997.
En efecto, el concepto de discapacidad no ha sido estático, pues ha evolucionado como consecuencia de diferentes factores de acuerdo con las realidades sociales. Desde la década de los años 60 se propuso un concepto de modelo social de discapacidad, tal como puede notarse de la aprobación del Programa de Acción Mundial para la Discapacidad por la Asamblea General de las Naciones Unidas, que buscaba el mejoramiento de las condiciones de vida de las personas en situación de discapacidad, enfocado no solo en medidas de rehabilitación, sino de prevención y equiparación de oportunidades.
Tal objetivo también puede advertirse en la Resolución n.º 48/1996 del 20 de diciembre de 1993 emanada de la Asamblea de las Naciones Unidas relativa a las «Normas uniformes sobre la igualdad de oportunidades para las personas con discapacidad», que puso de presente los «obstáculos que impiden que las personas con discapacidad ejerzan sus derechos y libertades y dificultan su plena participación en las actividades de sus respectivas sociedades», y la necesidad de «centrar el interés en las deficiencias de diseño del entorno físico y de muchas actividades organizadas de la sociedad, por ejemplo, información, comunicación y educación, que se oponen a que las personas con discapacidad participen en condiciones de igualdad».
Posteriormente, con la expedición de la «Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad» y su «Protocolo Facultativo» de 2006, se enfatizó en un modelo con enfoque social y de derechos humanos, y se reafirmó que la discapacidad resulta de la interacción entre las personas con deficiencias y las barreras externas, incluidas las actitudinales, las cuales finalmente evitan o impiden la participación igualitaria del individuo en el ámbito social, político, económico y cultural del Estado.
La Convención adoptó el «enfoque de los derechos humanos», por cuanto, con base en el «modelo social» de concepción de la discapacidad, se fijó como propósito «promover, proteger y asegurar el goce pleno y en condiciones de igualdad de todos los derechos humanos y libertades fundamentales por todas las personas con discapacidad, y promover el respeto de su dignidad inherente», artículo 1.º.
Dicha convención «configura el estándar global más reciente y garantista de los derechos de las personas en situación de discapacidad» (CC C066-2013) y, en particular para Colombia, al ser aprobada a través de la Ley 1346 de 2009 que entró en vigor desde el 10 de junio de 2011 (CSJ SL3610-2020).
En vigencia de dicho instrumento, las sentencias CSJ SL 711-2021 y CSJ SL 572-2021 reiteraron el criterio de la Sala referido con anterioridad y, en esta última decisión se amplió y señaló que, si bien ante el carácter técnico científico de la condición de discapacidad era relevante contar con una «calificación técnica descriptiva», en el evento en que esta no obrara en el proceso, bajo el principio de libertad probatoria, la limitación podía inferirse:
[…] del estado de salud en que se encuentra, siempre que sea notorio, evidente y perceptible, precedido de elementos que constaten la necesidad de la protección, como cuando el trabajador viene regularmente incapacitado, se encuentra en tratamiento médico especializado, tiene restricciones o limitaciones para desempeñar su trabajo, cuenta con concepto desfavorable de rehabilitación.
Por ello, la Sala reexamina la composición del bloque de constitucionalidad con relación a los derechos de las personas en situación de discapacidad y concluye que la mencionada Convención es vinculante no solo para el entendimiento del concepto de discapacidad, sino de la protección de estabilidad contenida en el artículo 26 de la Ley 361 de 1997; o en otros términos, que constituye el parámetro para interpretar los derechos humanos de las personas con discapacidad contenidos en la Constitución, especialmente, en lo que concierne a las medidas de integración social en igualdad de oportunidades con las demás personas.
Pues bien, según el inciso 2.º del artículo 1.º de la convención, «Las personas con discapacidad incluyen a aquellas que tengan deficiencias físicas, mentales, intelectuales o sensoriales a largo plazo que, al interactuar con diversas barreras, puedan impedir su participación plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de condiciones con las demás»
Así mismo, señala:
Por “discriminación por motivos de discapacidad” se entenderá cualquier distinción, exclusión o restricción por motivos de discapacidad que tenga el propósito o el efecto de obstaculizar o dejar sin efecto el reconocimiento, goce o ejercicio, en igualdad de condiciones, de todos los derechos humanos y libertades fundamentales en los ámbitos político, económico, social, cultural, civil o de otro tipo. Incluye todas las formas de discriminación, entre ellas, la denegación de ajustes razonables (Inc. 4, art. 2).
Este concepto también concuerda con lo establecido en la Ley 1618 de 2013, que incluso lo amplió a las deficiencias de mediano plazo, en tanto establece:
ARTÍCULO 2o. DEFINICIONES. Para efectos de la presente ley, se definen los siguientes conceptos:
1. Personas con y/o en situación de discapacidad: Aquellas personas que tengan deficiencias físicas, mentales, intelectuales o sensoriales a mediano y largo plazo que, al interactuar con diversas barreras incluyendo las actitudinales, puedan impedir su participación plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de condiciones con las demás. Destaca la Sala.
Además, la Ley 1618 de 2013 también definió que las «acciones afirmativas son políticas, medidas o acciones dirigidas a favorecer a personas o grupos con algún tipo de discapacidad, con el fin de eliminar o reducir las desigualdades y barreras de tipo actitudinal, social, cultural o económico que los afectan».
A juicio de la Sala, sin duda estas disposiciones tienen un impacto en el ámbito laboral y se orientan a precaver despidos discriminatorios fundados en una situación de discapacidad que pueda surgir cuando un trabajador con una deficiencia física, mental, intelectual o sensorial, a mediano y largo plazo, al interactuar con el entorno laboral vea obstaculizado el efectivo ejercicio de su labor en igualdad de condiciones que los demás.
Realizado el estudio del ordenamiento jurídico vigente, la Corte debe concluir que la identificación de la discapacidad a partir de los porcentajes previstos en el artículo 7. º del Decreto 2463 de 2001 es compatible para todos aquellos casos ocurridos antes de la entrada en vigor de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, el 10 de junio de 2011 para deficiencias de largo plazo, y el 7 de febrero de 2013 para aquellas de mediano y largo plazo, conforme a la Ley Estatutaria 1618 de ese año.
Alcance del artículo 26 de la Ley 361 de 1997, a la luz de la Convención sobre los derechos de las personas en situación de discapacidad
De acuerdo con lo expuesto, para la aplicación de la protección de estabilidad laboral reforzada establecida en el artículo 26 de la Ley 361 de 1997, la Sala considera que la discapacidad se configura cuando concurren los siguientes elementos:
La deficiencia física, mental, intelectual o sensorial, a mediano y largo plazo.
La existencia de barreras que puedan impedir al trabajador que sufre la deficiencia el ejercicio efectivo de su labor, en igualdad de condiciones con los demás.
En cuanto a las barreras, el artículo 2.5 de la Ley 1618 de 2013 señala que son «cualquier tipo de obstáculo que impida el ejercicio efectivo de los derechos de las personas con algún tipo de discapacidad». La Sala destaca que el término discapacidad empleado en este precepto debe entenderse como «algún tipo de deficiencia a mediano y largo plazo».
Dicha disposición, sin pretender realizar un listado exhaustivo, señala que las barreras pueden ser:
a) Actitudinales: Aquellas conductas, palabras, frases, sentimientos, preconcepciones, estigmas, que impiden u obstaculizan el acceso en condiciones de igualdad de las personas con y/o en situación de discapacidad a los espacios, objetos, servicios y en general a las posibilidades que ofrece la sociedad;
b) Comunicativas: Aquellos obstáculos que impiden o dificultan el acceso a la información, a la consulta, al conocimiento y en general, el desarrollo en condiciones de igualdad del proceso comunicativo de las personas con discapacidad a través de cualquier medio o modo de comunicación, incluidas las dificultades en la interacción comunicativa de las personas.
c) Físicas: Aquellos obstáculos materiales, tangibles o construidos que impiden o dificultan el acceso y el uso de espacios, objetos y servicios de carácter público y privado, en condiciones de igualdad por parte de las personas con discapacidad.
Al respecto, debe destacarse que en el ámbito laboral, el trabajador tiene el derecho a que esas barreras comunicadas o conocidas por el empleador, sean mitigadas mediante los ajustes razonables en el trabajo que, según los define la convención en el artículo 2, consisten en:
[…] las modificaciones y adaptaciones necesarias y adecuadas que no impongan una carga desproporcionada o indebida, cuando se requieran en un caso particular, para garantizar a las personas con discapacidad el goce o ejercicio, en igualdad de condiciones con las demás, de todos los derechos humanos y libertades fundamentales.
Por tanto, el empleador tiene la obligación de realizar los ajustes razonables para procurar la integración al trabajo regular y libre (artículo 27 de la convención), en iguales condiciones que las demás. Para tales efectos la Sala entiende por ajustes razonables, una lista no cerrada de medidas o adaptaciones que los empleadores pueden implementar para eliminar o mitigar esas barreras y permitir la plena participación de las personas con discapacidad en el trabajo.
Asimismo, los ajustes razonables deben fundarse en criterios objetivos y no suponer «una carga desproporcionada o indebida» para el empleador. La determinación de la razonabilidad o proporcionalidad de los ajustes requeridos podrían variar, según cada situación, lo que implica para los empleadores hacer un esfuerzo razonable para identificar y proporcionar aquellos que sean imprescindibles para las personas con discapacidad. Y en caso de no poder hacerlos debe comunicarle tal situación al trabajador.
Los ajustes razonables cobran relevancia al momento de lograr la integración laboral de las personas con discapacidad, máxime si se tiene en cuenta que el Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad en las Observaciones finales sobre el informe inicial de Colombia del año 2016, recomendó al Estado que «adopte normas que regulen los ajustes razonables en la esfera del empleo».
En suma, la protección de estabilidad laboral reforzada que refiere el artículo 26 de la Ley 361 de 1997, a la luz de la convención analizada, se determina conforme a los siguientes parámetros objetivos:
a) La existencia de una deficiencia física, mental, intelectual o sensorial a mediano y largo plazo. Entiéndase por deficiencia, conforme a la CIF, «los problemas en las funciones o estructuras corporales tales como una desviación significativa o una pérdida». Por tanto, no cualquier contingencia de salud por sí misma puede ser considerada como discapacidad.
b) La existencia de una barrera para el trabajador de tipo actitudinal, social, cultural o económico, entre otras, que, al interactuar con el entorno laboral, le impiden ejercer efectivamente su labor en condiciones de igualdad con los demás;
c) Que estos elementos sean conocidos por el empleador al momento del despido, a menos que sean notorios para el caso.
Lo anterior puede acreditarse mediante cualquier medio probatorio, atendiendo al principio de necesidad de la prueba y sin perjuicio de que, para efectos de dar por probados los hechos constitutivos de la discapacidad y los ajustes razonables, de acuerdo con los artículos 51 y 54 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social, el juez oficiosamente decrete y practique los medios de convicción que estime pertinentes en búsqueda de la verdad real por encima de la meramente formal.
En el anterior contexto, la determinación de una situación de discapacidad analizada al amparo de la convención no depende de un factor numérico, pues mirarlo así sería mantener una visión que se enfoca en la persona y sus limitaciones. El baremo establecido en el manual de calificación de pérdida de capacidad laboral tiene vocación de ser aplicado en los campos de la seguridad social, para fines principales de aseguramiento, rehabilitación y prestacionales.
En este punto la Corte destaca que en el 2001 la Asamblea Mundial de la Salud aprobó la Clasificación Internacional del Funcionamiento, de la Discapacidad y de la Salud -CIF- de la OMS, que tiene por objetivo ser una herramienta descriptiva en la medición de la salud y la discapacidad en el contexto de la atención e investigación médica y en políticas públicas sanitarias compatible con el modelo social de la discapacidad.
Con todo, este último documento no puede utilizarse por sí solo para determinar la estabilidad laboral reforzada para las personas con discapacidad, sino que debe leerse en armonía con otros instrumentos normativos de aplicación obligatoria en nuestro ordenamiento jurídico que han abordado el concepto de la discapacidad desde un enfoque de derechos humanos.
Así, a juicio de la Sala, sin que esto implique un estándar probatorio, sí es conveniente anotar que al momento de evaluar la situación de discapacidad que conlleva a la protección de estabilidad laboral reforzada, es necesario establecer, por lo menos, tres aspectos:
(i) La existencia de una deficiencia física, mental, intelectual o sensorial, una limitación o discapacidad de mediano o largo plazo -factor humano-;
(ii) El análisis del cargo, sus funciones, requerimientos, exigencias, el entorno laboral y actitudinal específico -factor contextual-; y
(iii) La contrastación e interacción entre estos dos factores -interacción de la deficiencia o limitación con el entorno laboral-.
Si del análisis referido se concluye que el trabajador está en situación de discapacidad y la terminación del vínculo laboral no se funda en una causa objetiva o justa, tal decisión se considera discriminatoria y, por ello, es preciso declarar su ineficacia, acompañada de la orden de reintegro y el pago de salarios y demás emolumentos respectivos, junto con los ajustes razonables que se requieran y la indemnización contemplada en el artículo 26 de la Ley 361 de 1997.
Ahora, el empleador conserva en todo caso la facultad de terminar el contrato de trabajo con sustento en una causa justa u objetiva y, para tal efecto, no es necesario que solicite autorización ante el Ministerio de Trabajo. El referido trámite administrativo se requerirá cuando el despido tenga una relación directa con la situación de discapacidad y no fue posible implementar ajustes razonables.
Por último, la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia, en su función de unificación de la jurisprudencia, se aparta de las interpretaciones que consideran que el artículo 26 de la Ley 361 de 1997 aplica para personas que sufren contingencias o alteraciones momentáneas de salud o que padecen patologías temporales, transitorias o de corta duración toda vez que, conforme se explicó, la Convención y la ley estatutaria previeron tal protección únicamente para aquellas deficiencias de mediano y largo plazo que al interactuar con barreras de tipo laboral impiden su participación plena y efectiva en igualdad de condiciones con los demás. Aquí, vale precisar que las diferentes afectaciones de salud per se no son una discapacidad, pues solo podrían valorarse para efectos de dicha garantía si se cumplen las mencionadas características.
Caso concreto
De conformidad con todo lo expuesto en precedencia, no tiene razón la censura al señalar que el fallador de segunda instancia hizo una interpretación o aplicación contraria a derecho de la estabilidad laboral reforzada consagrada en el artículo 26 de la Ley 361 de 1997, debido a que el Tribunal, precisamente en aplicación del marco normativo vigente, reivindicó las mismas reglas a que ha hecho referencia la Sala.
Así, revisado el caso, conforme a los criterios expuestos en esta providencia por la Sala, el Juzgador de segundo grado acertó en la interpretación de la norma, al reconocer que la presunción de discriminación ocurre cuando hay un despido contra un trabajador con discapacidad, salvo, la existencia de una causa objetiva.
En efecto, se observa en el fallo que el Tribunal valoró si en el caso había culminado el contrato, con el fin de decidir si le era aplicable la protección del artículo 26 de la Ley 361 de 1997 y encontró que «Con [sic] todo, es claro que este contrato no culminó, es decir, que no se generó el presupuesto para que nazca el derecho a la estabilidad laboral reforzada, esto es, el despido de la trabajadora […]» (f.° 967 del c. principal).
Del mismo modo, examinó que la demandante no sufrió discriminación laboral, por cuanto la relación contractual se había sostenido en el tiempo, a pesar de que por cumplimiento del período académico varios contratos habían culminado, acorde con el artículo 101 del Código Sustantivo del Trabajo.
Además, entre sus argumentos hizo referencia a que la trabajadora, aún durante su enfermedad, continuó prestando sus servicios en otra institución educativa, lo que demostraba que, a pesar de su situación de salud, era una persona que podía desarrollar las actividades académicas y administrativas que son propias de la docencia y que en este caso no aplicaba dicha garantía, en la medida en que concluyó que ni siquiera hubo un despido.
Ahora bien, el Tribunal partió de una serie de supuestos fácticos como que: i) los contratos suscritos entre Dorys Janneth Bernal Castellanos y la Universidad de Santander – UDES eran de naturaleza laboral y de diferentes modalidades; ii) por lo tanto, a las partes no las unió un único vínculo a término indefinido; iii) el contrato que inició el 4 de febrero de 2013 no culminó, sino que se prorrogó con ocasión de las incapacidades otorgadas a la actora; y iv) en este vínculo, para el periodo comprendido entre el 13 de enero y el 4 de agosto de 2014, la accionante no se presentó a trabajar, sin justificación, mismo lapso en que prestó sus servicios a otra entidad educativa.
Y dichos hechos no fueron controvertidos por la censura, por la vía adecuada, aparte de que, por sí solos, mantienen la presunción de acierto y legalidad de la sentencia recurrida.
En consecuencia, los cargos no prosperan.
Las costas en el recurso extraordinario estarán a cargo de la recurrente, como quiera que hubo oposición. Se fijan como agencias en derecho la suma de cinco millones trescientos mil pesos ($5.300.000) m/cte., que se incluirán en la liquidación que se practique con arreglo a lo dispuesto en el artículo 366 Código General del Proceso.
DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, NO CASA la sentencia que la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bucaramanga profirió el 5 de febrero de 2021, en el proceso ordinario que DORYS JANNETH BERNAL CASTELLANOS adelanta contra la UNIVERSIDAD DE SANTANDER – UDES.
Costas como se indicó en la parte motiva.
Notifíquese, publíquese, cúmplase y devuélvase el expediente al Tribunal de origen.
GERARDO BOTERO ZULUAGA
Presidente de la Sala
Aclara voto
FERNANDO CASTILLO CADENA
LUIS BENEDICTO HERRERA DÍAZ
Aclara voto
IVÁN MAURICIO LENIS GÓMEZ
OMAR ÁNGEL MEJÍA AMADOR
MARJORIE ZÚÑIGA ROMERO
MARJORIE ZÚÑIGA ROMERO
Magistrada ponente
ACLARACIÓN DE VOTO
Radicación n.° 93093
REFERENCIA: DORYS JANNETH BERNAL CASTELLANOS vs. UNIVERSIDAD DE SANTANDER – UDES.
Con el acostumbrado respeto por las decisiones de la Sala, en esta ocasión, si bien comparto el fallo adoptado, me permito aclarar el voto, en torno a la manera en la que debe operar la garantía de estabilidad laboral reforzada por fuero de discapacidad, en el marco de un proceso judicial.
En la decisión proferida se realizan algunas afirmaciones, las cuales, desde mi sentir, necesitan una ampliación en sus argumentos, los que, en últimas, permitirán delimitar la forma en que debe materializarse el fuero de estabilidad, para quienes se encuentran en una situación de discapacidad, concepción no poco relevante para el ámbito laboral.
La postura mayoritaria de la Sala, en el marco general de la precitada protección, reexamina la composición del bloque de constitucionalidad en relación con los derechos de las personas en situación de discapacidad y su protección contenida en el artículo 26 de la Ley 361 de 1997; con base en la que descarta, de plano, la necesidad de contar con una calificación o baremo objetivo que permita, desde un estudio integral, determinar si un trabajador(a) se encuentra en condiciones especiales que permiten predicar de ellos, una protección por parte del operador judicial y, equiparar la calificación de invalidez a la de discapacidad cuando su finalidad es distinta.
Conceptos y disposiciones de la Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad y la Ley 1618 de 2013.
La providencia parte de la premisa de que, como consecuencia de la adopción de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad aprobado por la Ley 1346 de 2009 y la Ley 1618 de 2013, existen conceptos y disposiciones diferentes para la protección de una persona en situación de discapacidad. Ello, en el entendimiento de que, como consecuencia de la adherencia del Estado Colombiano al precitado instrumento internacional y la mencionada ley, existen diferentes escenarios para que ello proceda.
En ese contexto, considero que la consecuencia de la promulgación de las normativas previamente citadas implica la obligación, principalmente estatal, bajo el postulado de la progresividad, de adecuar las políticas públicas, el marco normativo y la proposición de medidas de quienes se encuentren en dicha condición, al reconocerlos como verdaderos sujetos de derechos y partícipes activos en el estudio y proposiciones de medidas que, se itera, propenden por eliminar cualquier forma de discriminación. En cumplimiento de ese mandato de adecuación, se expidió la Ley Estatutaria 1618 de 2013, con la finalidad de garantizar y asegurar el ejercicio efectivo de los derechos de este grupo poblacional, en concordancia con la anotada norma internacional.
Con lo anterior, desde mi punto de vista, el alcance de ambas normativas es complementar el Sistema Nacional de Discapacidad creado en la Ley 1145 de 2007, cuyo principio rector es el de impulsar la formulación y adopción de políticas públicas en discapacidad de manera coordinada con todas las entidades estatales y la sociedad civil para promocionar y garantizar los derechos fundamentales, en el marco de los derechos humanos de las personas con y en situación de discapacidad. Con la precisión de que, frente a este último concepto deja claro que se actualizará con base en las modificaciones que realice la Organización Mundial de la Salud, afirmación supremamente relevante, por la cual y desde este momento, puedo afirmar sin temor a equivocaciones, que las condiciones de discapacidad son variables, por ende, cambiantes en el tiempo y espacios desde los cuáles puede ser observada, de manera que, no resulta plausible el alejarse de baremos objetivos que puedan determinarla.
Recapitulando entonces, existe un sistema normativo de protección a las personas en situación o en condición de discapacidad e invalidez, que propenden por la eliminación de la discriminación, así como, de las barreras del entorno y actitudinales, que materialicen su integración en la vida social de manera autónoma que parte de la prevención, la rehabilitación y la incorporación, como verdaderos actores, en la vida comunitaria; por ende, las normas y convenios internacionales adoptados no se fundamentan per se en el otorgamiento de una prestación compensatoria; por el contrario, busca propender por reafirmar su rol personal, familiar, social y político, bajo acciones afirmativas, armonizando el Sistema Nacional de Discapacidad.
Conforme a lo expuesto, se mantiene vigente el propósito de la disposición que contiene el artículo 26 de la Ley 361 de 1997, que no es otro que impedir que las personas en situación de discapacidad fueran despedidas en virtud y, específicamente, por esa condición.
Si bien, en la sentencia se reconoce que el enfoque de modelo social, desde la década de los años 60 ya se encontraba transitando, y marcó un cambio sustancial con la aprobación del Programa de Acción Mundial para la Discapacidad por la Asamblea General de las Naciones Unidas, deja de lado la nutrida normatividad interna que, alineada con los instrumentos internacionales, ya contemplaba el concepto de discapacidad como hoy replican las leyes que sustentan el fallo.
Para refrendar lo dicho vale referir que el objetivo de lograr una verdadera protección de las personas en situación de discapacidad, condujo a la adopción de convenios, inclusive antecedentes a los hoy aplicados, como el de la Clasificación Internacional del funcionamiento de la discapacidad y la Salud (CIF 2001), aprobado en la Asamblea Mundial de la Salud del mismo año, de la que Colombia no fue ajena, por lo que introdujo en el artículo 2º de la Ley 1145 de 2007, que: «Persona con discapacidad: Es aquella que tiene limitaciones o deficiencias en su actividad cotidiana y restricciones en la participación social por causa de una condición de salud, o de barreras físicas, ambientales, culturales, sociales y del entorno cotidiano. Esta definición se actualizará, según las modificaciones que realice la Organización Mundial de la Salud, OMS, dentro de la Clasificación Internacional de Funcionalidad, CIF.»
Así las cosas, si bien el reconocimiento de que los factores que pueden inferir en el concepto de discapacidad son cambiantes; no obstante, los mismos están soportados en determinar de manera objetiva sobre quién recae la protección dependiendo del ámbito en el que se genera y que, para nuestros efectos, es el laboral.
Y es que, en puridad de verdad, el entendimiento de la posición mayoritaria realmente no se acompasa con aquellas previsiones legales que, de antaño, nos indican: (i) quién cuenta con la potestad para determinar la existencia de discapacidad, además de, (ii) qué conceptos técnicos debe consultar a efectos de concretar la protección en el sujeto que la requiere.
En efecto, si acudimos a las vetustas reglamentaciones internas del extinto Seguro Social, en las que aún no se tenía tanta claridad sobre el concepto de discapacidad, encontramos que en el Acuerdo 470 de 1989 aprobado por el Decreto 1546 del mismo año, ya se concebía la imperiosa necesidad de contar con un comité especializado interdisciplinario denominado como de «Evaluación Funcional», que era un asesor de la Sección de Medicina Legal y su función era evaluar, entre otros aspectos, «la relación que existe entre la capacidad funcional del trabajador y su ocupación funcional del trabajador y su ocupación habitual y considerar la enfermedad no sólo para su prevención, curación y rehabilitación, sino también para valorar las secuelas de la enfermedad o accidente, por ser éstas las que perturban el curso de la vida habitual».
Por su parte, y en forma posterior, el Decreto 2177 de 1989 cuya finalidad fue desarrollar la Ley 82 de 1988, por la cual aprobó el Convenio 159 de la OIT, sobre la readaptación profesional y el empleo de personas inválidas, en su artículo 4º, de igual manera, se plasmó la necesidad de que tal condición fuera certificada por la dependencias de salud ocupacional o quien hiciera sus veces «en las entidades de seguridad y previsión social públicas o privadas», a tal punto de que en el evento donde no existiese cobertura de estas últimas, ello debería ser «declarado por los médicos del trabajo dependientes del Ministerio del Trabajo y de la Seguridad Social en los diferentes niveles».
Recordemos en este punto que, bajo las voces del Convenio precitado, una persona inválida era aquella «cuyas posibilidades de obtener y conservar un empleo adecuado y de progresar en el mismo queden substancialmente reducidas a causa de una deficiencia de carácter físico o mental debidamente reconocida».
Ahora bien, de manera mucho más reciente, el Decreto 917 de 1999 describe con amplitud, y sobre el tema en específico de la discapacidad, cuáles resultan ser los criterios objetivos para determinarla; en efecto, el Manual contenido en la anotada normativa fue derogado por el Decreto 1507 de 2014 y, si bien, este no continúo siendo el documento técnico para determinar la discapacidad, en su artículo 3º la define como el «Término genérico que incluye limitaciones en la realización de una actividad» y que esta se valoraría en «el Título Segundo Valoración del Rol Laboral, Rol Ocupacional y otras áreas Ocupacionales». Dicho en breve, los Manuales de Calificación de la Pérdida de la Capacidad Laboral, concibieron un aparte relativo a cómo debe entenderse la discapacidad de cara al rol laboral de quien se pregone como afectado por ella.
Es así entonces que, cuando echamos mano de la Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad aprobada por la Ley 1346 de 2009, la Ley 361 de 1997, o bien, la Ley1618 de 2013, no emerge de sus apartes la imposibilidad de acudir a una calificación que determine el grado de severidad de la discapacidad, so pretexto de reducir a un «número» la garantía de esta última. Por el contrario, en todos los textos encontramos un común denominador, este es, que la estabilidad laboral reforzada se predica en palabras de la Convención, de la persona que posee «deficiencias físicas, mentales, intelectuales o sensoriales a largo plazo que, al interactuar con diversas barreras, puedan impedir su participación plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de condiciones con las demás». Y que si bien, nuestra legislación interna, ella es, la Ley 1618 de 2013, las define como: «[a]quellas personas que tengan deficiencias físicas, mentales, intelectuales o sensoriales a mediano y largo plazo que, al interactuar con diversas barreras incluyendo las actitudinales, puedan impedir su participación plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de condiciones con las demás», lo único que puede llegar a consentirse es que, sólo quienes cuentan con una afectación considerable en su salud serán aquellos dignos de pregonarse como beneficiarios de una situación de especial protección constitucional y legal.
En línea con lo discurrido, y como ya lo expuse, además de ser innegable la mayor protección que se extendió en nuestro ordenamiento interno para garantizar el goce pleno y efectivo de los derechos por parte de quienes se encuentran en una situación de discapacidad – se amparan afectaciones de mediano plazo-; a riesgo de fatigar, lo realmente indiscutible, es la necesaria acreditación de unas deficiencias de no cualquier monta, como un primer aspecto para dar paso al estudio de si se cuenta con todos los elementos que concretan una situación de discapacidad, en aras de alcanzar la estabilidad laboral reforzada, que en últimas, es aquella que abre las puertas para percibir los beneficios que ha previsto el Estado por tal condición.
-Un alto en el camino nos invita a realizar una breve recensión normativa en torno a la definición de discapacidad
Como ya lo indicamos con anterioridad, la definición de la discapacidad, en la manera que se presenta, no resulta ser un tema novedoso para nuestro ordenamiento jurídico, puesto que fue abordada por los acuerdos internos del hoy extinto Seguro Social, pero desde la perspectiva del concepto de invalidez.
En efecto, estos últimos compendios, desde sus inicios dan muestra del interés del legislador por regular el tema para aquella población que, en su momento, fue concebida como inválida, pero no desde su concepción actual, sino desde una perspectiva mucho más amplia, como se pasa a explicar.
Ciertamente, se contemplaron, desde aquél entonces, diferentes estadios, desde la incapacidad permanente parcial hasta la condición de invalidez. De manera más reciente, en el Acuerdo 049 de 1990, aprobado por el Decreto 758 de la misma anualidad, se denominaron como permanente total, permanente absoluta y gran invalidez, que parten para su definición, de conceptos relativos a la existencia de barreras para ejercer la profesión para el cual se encontraban capacitados los trabajadores, bien en cualquier oficio ora porque se requería la necesidad de contar con «asistencia constante de otra persona para movilizarse, conducirse o efectuar los actos esenciales de la existencia».
Y si acudimos a las definiciones de discapacidad consignadas en los Manuales de Calificación de Invalidez, v.gr., el Decreto 917 de 1999 que, por demás, era la norma técnica para la definición en su momento de la discapacidad, la enunció como «toda restricción o ausencia de la capacidad de realizar una actividad en la forma o dentro del margen que se considera normal para un ser humano, producida por una deficiencia, y se caracteriza por excesos o insuficiencias en el desempeño y comportamiento en una actividad normal o rutinaria, los cuales pueden ser temporales o permanentes, reversibles o irreversibles, y progresivos o regresivos», y, el Decreto 1507 de 2014, hoy vigente, la explica como aquél «[t]érmino genérico que incluye limitaciones en la realización de una actividad, que se valora en el Título II referido al «Rol Laboral, Rol Ocupacional y otras áreas Ocupacionales»; claro es concluir que, siempre ha sido relevante el hecho de existir una limitación o barrera que impacta el rol en el trabajo o en la sociedad.
En ese orden de ideas, puede afirmarse que en nuestra sociedad, el análisis del concepto de discapacidad pertenece a un trinomio que debe ser analizado obligatoriamente conjunto al de deficiencia, entendida como la afectación en la salud de una persona y el de minusvalía, el que comprende «toda situación desventajosa para un individuo determinado, consecuencia de una deficiencia o una discapacidad que lo limita o impide para el desempeño de un rol, que es normal en su caso en función de la edad, sexo, factores sociales, culturales y ocupacionales. Se caracteriza por la diferencia entre el rendimiento y las expectativas del individuo mismo o del grupo al que pertenece. Representa la socialización de la deficiencia y su discapacidad por cuanto refleja las consecuencias culturales, sociales, económicas, ambientales y ocupacionales, que para el individuo se derivan de la presencia de las mismas y alteran su entorno».
Así las cosas, con anterioridad a la Constitución de 1991, en Colombia ya se habían expedido normas cuyo objeto buscaba la protección de las personas en situación de discapacidad e invalidez y que vino a ser reforzada en vigencia de nuestra Carta Política, que estableció la necesidad de ampliar la cobertura y efectiva protección de los mismos.
Claros en lo anterior, desde mi perspectiva, podemos abordar la discapacidad, bajo los siguientes grupos conceptuales:
Protección a la situación de discapacidad en materia laboral
Determinar cuándo surge el amparo en materia laboral a una persona en condición de discapacidad, genera una labor con determinado nivel de complejidad, por cuanto de la concreción de tal situación y el nivel de dificultad que esta le representa para «autorrealizarse, cambiar la calidad de sus vidas y a intervenir en su ambiente inmediato y en la sociedad» (Ley 361 de 1997), en este caso en el ámbito laboral, dependerá la existencia o no de la protección foral.
La idea expuesta cobra suma importancia, en la medida que las personas pueden presentar una condición de salud que no necesariamente implica para el trabajador una situación de discapacidad y, si bien, efectivamente generan una incapacidad temporal que, inclusive, puede tener una garantía específica en la normatividad, no implica que lo sea bajo las normas forales de estabilidad laboral reforzada estatuidas en el artículo 26 de la Ley 361 de 1997.
La tutela de la discapacidad que se enmarca en el reconocimiento a las personas en una condición especial, como desarrollo del principio fundamental de la dignidad humana, como verdaderos sujetos de derecho, obliga a la necesaria integración en todos los ámbitos de la vida social, personal y política, de manera autónoma. Ello nos invita a que el amparo se dispense en situaciones en las que el trabajador pueda verse discriminado[1] por esa razón. Pero si el nivel de discapacidad no compromete ni afecta su participación plena y efectiva en condiciones de igualdad con los demás, no hay lugar a aplicar el resguardo legal, por lo menos en el campo laboral.
Debe dejarse por sentado que, la sola consideración de aplicar el amparo a una persona con cierto nivel de discapacidad, aun cuando esta le permita su participación autónoma y plena en el trabajo, puede considerarse, en sí misma como discriminación, al no reconocerse esa capacidad real que el trabajador posee para desempeñarse en el rol laboral.
Por demás, es innegable que los avances científicos y tecnológicos han llevado a que, situaciones que en un pasado pudieron ser consideradas como discapacitantes y que impedían la interacción o integración plena del trabajador, hoy no lo sean, dada la existencia de equipos y ayudas especiales que le permiten ejercer adecuadamente una actividad de trabajo. Explicado en apretadas palabras: para otorgar el fuero por discapacidad en el ámbito laboral, se debe estar ante una situación objetiva, concretada en un grado de limitación relevante que le impida el desarrollo normal de su actividad.
Un primer colofón: las elocuentes voces del artículo 26 de la Ley 361 de 1997, no prevé que cualquier situación de salud de lugar a la protección especial allí prevista.
3. Determinación de la discapacidad
Desde mi sentir, para concretar en quién se habilita la garantía foral, debe acudirse a la aplicación del concepto de discapacidad, el cual no ha sido estático, ha variado como consecuencia de diferentes factores, pues evoluciona de acuerdo con las nuevas realidades de la sociedad que, en todo caso, resulta de la interacción entre las personas con deficiencias, las ayudas disponibles con las que cuentan y, las barreras externas que dificultan o impiden su participación en la sociedad; entre ellas, los cambios tecnológicos, mejoras en los procedimientos de salud y avances científicos, de manera que, la protección se dirige inequívocamente a dotar a esta población de los mismos derechos y oportunidades que asisten a todos los seres humanos y que acuña como lenguaje técnico desde vieja data la distinción entre deficiencia, discapacidad y, aun, cuando hoy no se utilice el término «minusvalía».
Así, a partir de la definición de discapacidad, se han establecido normativamente procedimientos que permiten esclarecer si una persona se encuentra en un estadio que requiere la protección, en este caso laboral y, ello es así por cuanto, la acción afirmativa debe estar dirigida a quien realmente la requiere, en otras palabras, aun cuando una persona puede estar en una situación de discapacidad e inclusive una condición de salud, no necesariamente requiere de la protección.
Y como se indicó, nuestra legislación ha determinado las condiciones para determinar si una persona se encuentra en condición de discapacidad, incluido en tal concepto la situación de salud relevante y, en la misma, se ha evidenciado la incorporación de elementos no solamente físicos, que involucran aspectos relativos a la interacción con la sociedad. Efectivamente, el Decreto 2463 de 2001, además de establecer en su artículo 7, el «Grado de severidad de la limitación» dispuso en su artículo 4, que la calificación se debía efectuar con base en el Manual Único para la Calificación de la Invalidez o en las tablas de calificación vigentes al momento de la estructuración de dicha pérdida.
De lo anterior se concluye que la regulación ha estatuido que la procedencia de la protección foral se activa cuando esta tiene una connotación relevante, para ello, ha determinado límites a partir de los cuales opera y es esta la que constituye esa situación concreta que requiere la acción afirmativa.
En el horizonte trazado, el artículo 2º de la Ley 1145 de 2007, contempla la definición de persona con discapacidad atada a la actualización que de la misma realizara la Organización Mundial de la Salud, OMS, dentro de la Clasificación Internacional de Funcionalidad, CIF. Los parámetros de calificación de esta condición son:
No hay problema
(ninguno, insignificante)
0–4 %
Problema LIGERO
(poco, escaso)
5–24 %
Problema moderado
(medio, regular)
25–49 %
Problema grave
(mucho, extremo)
50–95 %
Problema completo
(total)
96–100 %
Tales baremos, fueron acogidos por la reciente Resolución n.° 113 de 2020, derogada por la Resolución 1239 de 2022 expedida por el Ministerio de Salud y Protección Social que dentro de su anexo técnico al referirse a la discapacidad severa, moderada y leve acogiendo la escala, precisamente de la CIF, definió el siguiente gradiente:
Calificador
Descriptor
Rangos
0
Ninguna
0-4%
1
Leve
5-24%
2
Moderada
25-49%
3
Severa
50-95%
4
Completa o no lo puede hacer
96-100%
Así fluye cristalino que, siempre se ha tenido un límite definido para establecer cuándo una persona tiene la protección foral, que fue reconocido por la Corte en inveterada jurisprudencia, aunque en términos diferentes.
De lo anterior, puedo afirmar que, ante la mirada de la evolución normativa y de la CIF, la protección a las personas que se encuentran en situación de discapacidad, siempre debe enmarcarse en que el límite mínimo para que ella proceda debe ser aumentado al 25% o más y, en todo caso, inferior al 50% de la pérdida de capacidad laboral, insisto, por cuanto hoy en día, se cuenta con una regulación autónoma, la cual desarrolla el enfoque de derechos humanos y modelo social, en especial, la existencia baremos objetivos que permiten su determinación.
No está de más indicar que, la descalificación absoluta de un marco numérico nos llevaría a la contradicción de que, bajo el concepto de acción afirmativa, se establezcan medidas que generen el efecto no deseado de impedir la participación. De allí, la importancia de definir claramente el sujeto protegido y el alcance de la garantía. En el mismo sentido, pero, con otras palabras, la protección de las situaciones de discapacidad sin un criterio objetivo, lejos de proteger desincentiva la contratación de personas en ellas inmersa.
Cobra entonces importancia, la necesidad de diferenciar el evento en que se contrate a un trabajador(a) con una condición de discapacidad y aquél que la adquiere en el decurso de la relación laboral. En el primer evento, no podría concebirse que sea causal de terminación del contrato su limitación y, por ende, es posible proceder a finiquitarlo, sin que se requiera algún tipo de procedimiento; no así en el segundo caso, donde, se insiste, deberá agotarse el trámite de permiso para despedir ante la autoridad administrativa competente y por supuesto, de presentarse, acreditar en el juicio laboral respectivo, si efectivamente se contaba con una condición de especial relevancia constitucional.
Debe quedar patente que todo lo expuesto, no se desdice de la necesaria e inexcusable carga probatoria de acreditar la situación de discapacidad, la cual se encuentra a cargo de quien se pregona como su sujeto activo; todo ello, en el marco de la libertad probatoria, y ante el análisis de cada contexto en particular, sin perder de vista que actualmente existen instrumentos que permiten valorar cada uno de los elementos que conforman la situación de discapacidad y que incluyen la valoración conforme a la respectiva deficiencia, la valoración de los roles personal, social y laboral de manera muy general. Valoración técnico-científica que puede encontrar excepción, por supuesto, en aquellos eventos donde las limitaciones que se padecen sean hechos notorios.
Recapitulando entonces, y puestas en esta dimensión las cosas, puedo afirmar que para que se determine la condición de discapacidad se debe partir de la existencia de una deficiencia; no obstante, este solo aspecto no implica una discapacidad, ya que ello nos retornaría a un enfoque biológico.
Entonces, definida la existencia de la deficiencia, se debe verificar si hay ayudas disponibles y si las mismas permiten la integración de la persona en condiciones de igualdad, nuevamente, no se abre paso el determinar que se cuenta con una discapacidad.
Ahora, si existiendo la deficiencia y la ayuda disponible, aún se encuentran barreras en el entorno, entramos al camino de los ajustes razonables y si con ellos se supera el obstáculo para el desempeño laboral, no se concreta la situación de discapacidad.
Y es que en materia de ajustes y su razonabilidad también se encuentra un marco normativo que permite su valoración, pues al estar enfocado al rol laboral será precisamente el análisis del puesto de trabajo y todo aquello que se relacione con las condiciones de la prestación del servicio, salud y seguridad en este último, junto con las demás que regulan esta naturaleza de relaciones, las que definirán la razonabilidad de ellos e inclusive la imposibilidad de realizarlos, evento en el que se hace necesario acudir ante el ente ministerial correspondiente.
En ese orden de ideas, bajo el marco planteado, surge un interrogante de cara a la posición mayoritaria, y se plantea de la siguiente manera: puede entenderse que el juez, por su sola condición como tal, cuenta con el conocimiento técnico-científico para determinar, con objetividad, si un trabajador(a) realmente se encuentra en una situación de discapacidad considerable así como cuáles son las ayudas razonables que requiere; realmente desde mi punto de vista, considerar ello así, es dejar al arbitrio de cada juzgador, la determinación de tales conceptos, lo que claramente lejos de garantizar la justicia en estos casos, permitirá la existencia de situaciones que la desconozcan.
De esta manera, no se resuelve, de fondo, la imperiosa necesidad de otorgar reglas claras en materia de protección cuando nos alejamos de aquellas previsiones consignadas expresamente por la legislación interna y que a las elocuentes voces de los artículos 26 de la Ley 361 de 1997, nos obligan a aplicar la protección de no desvinculación de su labor, a aquél empleado(a) por la sola razón de una situación de discapacidad, pero se olvida, que sí existe la posibilidad de solicitar autorización al Ministerio del Trabajo, si se acredita que ella es incompatible e insuperable con la labor que se desarrolla.
De esta manera, si el trabajador es vinculado para ejercer determinada labor y dada su afectación no puede desarrollarla dada la imposibilidad de realizar ajustes razonables, lo que se acredita ante la autoridad administrativa prenunciada, no podría hablarse de la existencia de una discriminación por tal hecho, pues fue el legislador, el que habilita la terminación de su contrato de trabajo sin que se genere la indemnización de 180 días a que hace referencia la ley.
En ese sendero, entender de una manera diferente la Ley 361 de 1997, es desdibujar su real intención para, con ello, obligar a mantener una contratación sin que se cumpla la finalidad para la cual fue requerida.
Y es que aceptar ello así, desconoce la realidad de nuestro país donde la micro, pequeña y mediana empresa sobrepasa con creces aquel índice previsto para las de mayor extensión. Sobre tal particular, el último boletín del Directorio Estadístico de Empresas publicado por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística DANE, a manera de ejemplo, para el año 2021, la microempresa que la define como aquella que emplea hasta 10 trabajadores reportaba para personas naturales un número igual a 4.824.341 y jurídicas 772.975 mientras que para la misma anualidad en el caso de las grandes empresas, definida como aquellas que cuentan con más de 200 empleados, se reportan para personas naturales un total de 51 y jurídicas 6.116.
En ese orden de ideas, no fijar derroteros claros en la protección, como lo serían, en un primer plano, tales criterios estadísticos en pro de la protección de las situaciones de discapacidad, lejos de llevar a la realización de la justicia, como se indicó en líneas superiores, puede provocar su efecto contrario, como lo sería generar condiciones poco propicias para la contratación de personal que se encuentra en ella inmerso.
Por demás, estos datos también impactan en el no poco claro criterio sobre «ajustes razonables» donde el rasero que se le puede exigir a un microempresario jamás podría ser el mismo a aquel que pertenece a las grandes empresas; lo que, por demás, sería un claro criterio de equidad y proporcionalidad. Y ello, sólo podría ser establecido por profesionales expertos en la materia y, se insiste, no a las vistas del juzgador respectivo, quien debe, como mínimo, contar con los informes ocupacionales que le indiquen los ajustes razonables que se requieren para la prestación del servicio, por lo menos, de una manera óptima para el trabajador y que deban ser desplegados por su empleador.
Así, en el mismo sentido, la ausencia de delimitación en la protección sobre la discapacidad trasladaría a los empleadores, de forma total, una obligación que realmente es establecida a cargo del Estado Colombiano o, por lo menos de manera principal, puesto que es este el responsable de desplegar las políticas que conlleven la garantía de los derechos de esta población, afirmación que puede extractarse de una simple lectura a la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, dado que sus intervinientes son quienes manifiestan su compromiso en «promover, proteger y asegurar el goce pleno y en condiciones de igualdad de todos los derechos humanos y libertades fundamentales por todas las personas con discapacidad, y promover el respeto de su dignidad inherente».
Finalmente, debo resaltar que la discapacidad a diferencia de la invalidez, en materia laboral propende por la estabilidad en el empleo, es por ello que la forma en que se determina sea distinta y que hoy cuente con una regulación diferenciada de aquel que determina la pérdida de capacidad laboral que, justamente, busca lo opuesto, que una persona ya no cuenta con la posibilidad de mantenerse en su labor; de allí que, no sea acertado hablar de la pérdida de la capacidad laboral en tratándose de discapacidad.
En resolución: son estas las razones por las cuales, en el presente asunto, ante la ausencia de prueba de la situación de discapacidad en los términos planteados, no se abría paso al quiebre del acto jurisdiccional controvertido.