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Corte Suprema de Justicia · Sala de Casación Laboral

Sentencia SL1168-2020

Fecha
6 de mayo de 2020
Magistrado ponente
Donald Jose Dix Ponnefz

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia SL1168-2020

Corte Suprema de Justicia · Sala de Casación Laboral

Parte resolutiva

DECISIÓN XI. En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, NO CASA la sentencia proferida por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla el 1 de marzo de 2017, dentro del proceso ordinario laboral que instauró DARLING EDITH GÓMEZ ROBLES contra el INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES hoy ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES acumulado con el proceso ordinario laboral iniciado por ANA MERCEDES REYES MÁRQUEZ en contra de la misma entidad. Costas como se indicó.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Corte Suprema de Justicia

Sala de Casación Laboral

Sentencia SL1168-2020

Magistrado ponente: Donald Jose Dix Ponnefz

6 de mayo de 2020

DONALD JOSÉ DIX PONNEFZ

Magistrado ponente

SL1168-2020

Radicación n.° 78075

Acta 15

Estudiado, discutido y aprobado en sala virtual

Bogotá, D. C., seis (6) de mayo de dos mil veinte (2020).

La Sala decide el recurso de casación interpuesto por DARLING EDITH GÓMEZ ROBLES contra la sentencia proferida por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla, el 1 de marzo de 2017, en el proceso ordinario laboral instaurado por la recurrente, contra el INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES hoy ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES - COLPENSIONES causa que fue acumulada al proceso ordinario laboral iniciado por ANA MERCEDES REYES MÁRQUEZ en contra de la misma entidad.

ANTECEDENTES

Darling Edith Gómez Robles llamó a juicio al ISS hoy Colpensiones, con el fin de que le fuera reconocida la pensión de invalidez post mortem de su cónyuge Cristóbal Bohórquez Pallares por haber sido declarado inválido con fecha de estructuración el 6 de diciembre de 2006, en un 100% de la prestación hasta el 17 de julio de 2007, fecha del deceso, con inclusión de mesadas adicionales, retroactivo y los incrementos de ley; que a partir del 17 de julio de 2007, le fuera reconocida la pensión de sobrevivientes en las condiciones del artículo 47 de la Ley 100 de 1993; los reajustes, la indexación, los intereses moratorios; lo extra y ultra petita; y las costas procesales.

Como fundamento de sus pedimentos, narró que por dictamen de médico laboral de la accionada Instituto de Seguros Sociales, le fue declarada la invalidez a Cristóbal Julio Bohórquez Pallares, en un 60,8% a partir del 6 de diciembre de 2006; que elevó petición a la administradora el 17 de abril de 2007, pero falleció el 18 de julio del 2007 y, que al momento de la muerte, no se le había reconocido el derecho por parte de la entidad.

Añadió que convivió con el causante desde el año 1997; que contrajeron matrimonio civil el 22 de abril de 2006; que elevó solicitud de reconocimiento pensional el 17 de agosto de 2007; y, que a la presentación de la demanda, no había recibido respuesta (fs.° 1 a 10).

El Instituto de Seguros Sociales, al contestar, se opuso a la prosperidad de todas las pretensiones; admitió los hechos, aclarando que no el causante no tenía derecho a la pensión de invalidez por no haber reunido el número de semanas exigidas en la Ley. Propuso como excepciones, las de falta de causa para demandar; cobro de lo no debido; prescripción; y, ausencia de mala fe (fs.° 108 a 111).

A su turno, Ana Mercedes Reyes Márquez elevó demanda ordinaria en contra del ISS y en contra de la también accionante Darling Edith Gómez Robles, a fin que le fuera reconocida la sustitución de la pensión, reconocida post mortem al causante, mediante Resolución nº 24173 de 23 de noviembre de 2009, a partir de la causación del derecho, con inclusión de retroactivo, las mesadas adicionales, intereses de mora, lo extra y ultra petita; y, costas.

Como sustento fáctico señaló que convivió con Cristóbal Julio Bohórquez de manera ininterrumpida por más de veinte años, quien cotizó al Instituto de Seguro Social más de 1000 semanas; narró que él presentó pérdida de capacidad laboral de 60,80% a partir del 6 de diciembre de 2006 y falleció el 17 de abril de 2007, cuando había presentado prestación económica por invalidez; que ella solicitó la pensión el 17 de agosto del mismo año.

Adujo que mediante Resolución n. 0024173 del 23 de noviembre de 2009, la accionada le reconoció pensión post mortem de invalidez a Cristóbal Julio Bohórquez Pallares, decisión administrativa que dejó en suspenso la de sobrevivientes al existir controversia entre cónyuge y compañera permanente (fs.º 1 a 8 cndo. del Juzgado Octavo).

El ISS hoy Colpensiones, en su respuesta, se opuso a la prosperidad de las pretensiones; en cuanto a los hechos, admitió la invalidez y posterior fallecimiento de Cristóbal Julio Bohórquez, pero negó que existiera convivencia de la reclamante, ya que a través de la investigación administrativa fue descartada. Propuso como excepciones de mérito, las de falta de causa para demandar; cobro de lo no debido; prescripción; y, compensación (fs.º 37 a 41).

A través de auto de 28 de agosto de 2014 (f.º 234), el Juzgado Primero Laboral de Descongestión del Circuito de Barranquilla dispuso la acumulación de este proceso con el instaurado por DARLING EDITH GÓMEZ ROBLES, contra el mismo demandado.

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

El Juzgado Primero Laboral de Descongestión del Circuito de Barranquilla, en providencia del 28 de noviembre de 2014 (f.° 246 a 260), dispuso:

PRIMERO: DECLARAR No probadas las excepciones propuestas por la demandada I.S.S. HOY COLPENSIONES, por lo expuesto en las consideraciones de este proveído.

SEGUNDO: CONDENAR a la demandada I.S.S. HOY COLPENSIONES a reconocer y pagar a la señora DARLING EDITH GÓMEZ ROBLES pensión de sobreviviente en un 100% de la pensión que venía devengando el finado CRISTOBAL JULIO BOHÓRQUEZ PALLARES, en calidad de cónyuge, a partir del día 18 de julio de 2007, tal como venía reconocida, con sus incrementos anuales y mesadas adicionales.

TERCERO: ABSOLVER a la demandada I.S.S. HOY COLPENSIONES y a la demandada DARLING EDITH GÓMEZ ROBLES, de las pretensiones de la demanda, respecto a la demandante ANA MERCEDES REYES MARQUEZ.

CUARTO: Sin costas en esta instancia.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

La Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla, por apelación de Darling Edith Gómez Robles y en grado jurisdiccional de consulta a favor de la accionante Ana Mercedes Reyes Márquez y la demandada, dictó sentencia el 1 de marzo de 2017 (f.° 501), en la que decidió:

PRIMERO: MODIFICAR el numeral 2º en el sentido de “CONDENAR a la demandada I.S.S. hoy Colpensiones a reconocer y pagar de la pensión por invalidez de origen común que fue reconocida al señor Cristóbal Julio Bohórquez Pallares, pensión de sobreviviente desde 18 de julio de 2007, a las señoras Ana Mercedes Reyes en un porcentaje del 79,55% de la mesada pensional devengada a la fecha de su fallecimiento por valor de $324.564,00 y a la cónyuge Darling Edith Gómez Robles en un porcentaje de 20,45%, que equivale a $83.436,00 con los respectivos incrementos de ley las mesadas adicionales y el correspondiente retroactivo pensional causado, debidamente indexado al momento de su pago, distribuidos en los comentados porcentajes”.

SEGUNDO: REVOCAR el numeral 3º de la sentencia apelada por los motivos expuestos en este proveído.

TERCERO: MODIFICAR el numeral 4º de la sentencia de primera instancia para en su lugar CONDENAR en costas a la demandada I.S.S hoy Colpensiones equivalentes a 2 s.m.l.m.v por haberse causado a favor del recurrente y de la parte demandante.

CUARTO: ADICIONAR la sentencia apelada con dos nuevos numerales en su parte resolutiva:

6º: El pago de retroactivo pensional causado en razón de la pensión de invalidez reconocida al señor Cristóbal Bohórquez, será reconocido por la Administradora Colombiana de Pensiones a quienes acrediten en un proceso sucesoral que tiene derecho a ellas.

7: AUTORIZAR a la ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES – COLPENSIONES para que efectúe el correspondiente descuento en las mesadas pensionales de la actora Darling Edith Gómez Robles y a Ana Mercedes Reyes Márquez por concepto de aportes al Sistema de Seguridad Social en Salud que por ley debe sufragar todo pensionado, y se le ORDENA también a que incluya a Darling Edith Gómez Robles y a Ana Mercedes Reyes Márquez en la nómina de pensionados de la entidad.

En lo que interesa estrictamente al recurso de casación, el Colegiado se propuso determinar ‹‹si hay lugar a condena a la demandada Instituto de los Seguros Sociales hoy Colpensiones a pagar retroactivo pensional por concepto de pensión de invalidez reconocido en la Resolución No 00024173 de 23 de noviembre de 2009 a la señora Darling Edith Gómez Robles quien acreditó su calidad de cónyuge del causante y se le reconoció derecho a la pensión de sobrevivientes››.

Precisó que el juez unipersonal no se pronunció sobre la totalidad de las pretensiones y que se debía resolver el grado jurisdiccional de consulta a favor de la demandante Ana Mercedes Reyes Márquez y del Instituto de Seguros Sociales.

Anotó que conforme a la fecha del deceso, la norma aplicable es la Ley 797 de 2003, conforme a la cual, la convivencia de cinco años continuos, anteriores a la muerte debía ser demostrada. Citó las providencias CSJ SL 22 jul. 2008, rad. 31921 y 27 mar. 2007, rad. 28521, esta última que desarrolla el tema de convivencia simultánea.

Afirmó que no estaba en discusión, que a Cristóbal Julio Bohórquez Pallares, se le reconoció a través de la Resolución n.º 00024173 del 23 de noviembre de 2009 pensión de invalidez de origen común – post mortem; la solicitud de la pensión de sobrevivientes por parte de ambas reclamantes, aduciendo cada una convivencia con el fallecido; y, la decisión de la entidad de dejar en suspenso la concesión del derecho en disputa.

Se refirió a las declaraciones extrajudiciales rendidas por la accionante Ana Mercedes Reyes Márquez y por Jainer Emilio Polo Silvera, Carlos Julio Polo Silvera, Fernando José Roca Pacheco y Juan de Dios Padilla Aragón; quienes declararon haber conocido personalmente a la pareja conformada por Ana Mercedes Reyes Márquez y el de cujus; ser testigos de su convivencia ‹‹desde hacía 22 años››; y conocer su lugar de habitación. También mencionó la sentencia CSJ SL 6 mar. 2012, rad. 43422, sobre el valor probatorio de las declaraciones extra judiciales.

Indicó que se evidenciaba en el expediente la copia del carnet de salud y el certificado de la EPS del ISS en los que aparecía como beneficiaria la referida peticionaria y registro civil de nacimiento de tres hijos procreados con el causante.

En relación con Darling Edith Gómez Robles, hizo referencia al registro civil de matrimonio (f.º 14) que daba cuenta el vínculo con el causante solemnizado el 22 de abril de 2016; a la historia clínica (fs. º148 a 159 cdno. 2); liquidación de reclamos de la compañía Liberty Seguros S.A. en la que figura como beneficiaria la citada reclamante (fs.º145 cdno. 2); pago de cánones de arrendamiento por parte del pensionado (fs.º 160 a 166); y, los testimonios de Alejandra Dolores Ortega, Nuris Esther Prins Pérez y Amparo de Jesús Gómez López.

Del análisis de los testimonios concluyó:

[…] advierte la Sala que en cuanto a las declaraciones si bien son coincidentes en afirmar que Cristóbal Bohórquez y Darling Gómez mantuvieron convivencia y que ella dependía económicamente del causante, no se extrae de las declaraciones la fecha exacta en que ambos iniciaron su vida marital, por cuanto cada testigo manifiesta haberle conocido en calendas distintas, afirmando la citada convivencia desde la fecha en que los conocieron y dejando por sentado que desde que los conocieron ya eran pareja. No obstante, en la contestación de la demandada manifestó que hizo vida marital como compañero permanente desde 1998 y aporta pagos por concepto de arrendamiento, como soporte lo afirmado en la contestación de la demanda.

Concluyó que existía convivencia simultánea ‹‹del señor Cristóbal Bohórquez con las señoras Darling Gómez y Ana Mercedes Reyes Márquez en sus condiciones de cónyuge y compañera permanente, respectivamente››. Aseguró además:

Partiendo de la base que existió tal convivencia simultánea, se tiene que con la cónyuge Darling Gómez convivió a lo menos por 9 años contabilizados desde que afirma en la demanda vivió con el causante hasta la fecha del deceso del causante (18 de julio de 2007) y no desde la fecha en que contrajeron matrimonio por cuanto esto fue solo una (sic) año antes del fallecimiento, y con la compañera permanente demandante por 22 años, desde la fecha de nacimiento de su primer hijo (04 de febrero de 1985), fecha en que aparece afiliada al seguro social en salud y que concuerda con lo dicho por la demandante en la declaración extraprocesal.

Por lo anterior, se debe distribuir el derecho pensional en proporción al tiempo convivido con cada una, y no como lo hizo el A-quo que lo otorgó en un 100% al cónyuge. Atendiendo que la convivencia inicialmente fue únicamente con la señora Ana Mercedes Reyes Márquez por 22 años y que a partir de 1998[,] hasta el fallecimiento fue simultánea, le corresponde a la (sic) Ana Mercedes Reyes Márquez un porcentaje equivalente a 79,55% y a la cónyuge en una proporción de 20,45%, tal como se visualiza en la tabla adjunto. Que al aplicar los porcentajes a la mesada pensional que se fijó en la Resolución No. 024173 del 23 de Noviembre de 2009, por valor de $408.000.oo sería que lo asignado a las Señora Darling Gómez Robles el valor de $83.436,00, de la mesada pensional y a la Señora Ana Mercedes Reyes Márquez la suma de $324.564,00 debiendo atenderse además los reajustes legales que se causen y las mesadas adicionales en los referidos porcentajes desde 18 de julio de 2007, fecha en la que falleció el señor Cristóbal Bohórquez […]

Negrilla del original.

Indicó que no se extinguió el derecho por prescripción; y, en cuanto a la pretensión de las reclamantes de ‹‹retroactivo por concepto de pensión de invalidez pos mortem››, razonó que no era procedente en razón a que,

[…] las mesadas pensionales retroactivas por concepto de pensión de invalidez, que no fueron disfrutadas por el causante en vida, constituyen un derecho adquirido del pensionado ya que ha entrado en su patrimonio y que al fallecer entran a conformar parte de la masa herencial, lo que conlleva a que deban repartirse, al igual que todos los bienes y derechos, entre los respectivos herederos o sucesores que sean reconocidos en el respectivo proceso de sucesión.

Argumentó,

Y es que recuérdese que la sustitución pensional implica la transmisión “a una o varias personas de los beneficios de una prestación económica antes percibida por otra, lo cual no significa el reconocimiento del derecho a la pensión sino la legitimación para reemplazar a la persona que venía gozando de este derecho”

Coligió que dicho retroactivo debía ser reclamado ante la jurisdicción ordinaria en su especialidad de familia y citó la providencia CSJ SL 13758-2014.

En relación con los intereses moratorios deprecados expresó: ‹‹frente a la mora en el reconocimiento de la pensión de invalidez del causante y el retroactivo pensional, la Sala se releva de entrar a estudiar los mismos por cuanto no les asiste derecho a pretender el pago de estos por los motivos previamente expuestos››.

Dijo, en cambio, que había lugar a la indexación de las sumas adeudadas por concepto de pensión de sobrevivientes, ‹‹por cuanto con ello se resarce y mitiga la devaluación del capital adeudado, e igualmente se compensa la demora en el pago de las mesadas pensionales y los perjuicios ocasionados a las demandantes››. En respaldo de su aserto refirió la sentencia CSJ SL 6 dic. 2011, rad. 41392.

RECURSO DE CASACIÓN

Interpuesto por Darling Edith Gómez Robles, concedido por el Tribunal y admitido por la Corte, se procede a resolver.

ALCANCE DE LA IMPUGNACIÓN

Solicita a la Corte,

Se case parcialmente la sentencia, así:

Revocando la parte resolutiva de dicha sentencia, en su numeral primero, en cuanto modifica el numeral 2º de la parte resolutiva de la sentencia de primera instancia, en el cual se condenó a la demandada I.S.S. hoy Colpensiones a reconocer y pagar de la pensión por invalidez de origen común que fue reconocida al señor Cristóbal Julio Bohórquez Pallares, pensión de sobreviviente desde 18 de julio de 2007, a las señoras Ana Mercedes Reyes en un porcentaje de 79,55% de la mesada pensional devengada a la fecha de su fallecimiento por valor de $324.564,00 y a la cónyuge Darling Edith Gómez Robles en un porcentaje de 20,45%, que equivale a $83.436,00 con los respectivos incrementos de ley las mesadas adicionales y el correspondiente retroactivo pensional causado, debidamente indexado al momento de su pago, distribuidos en los comentados porcentajes.

Revocando la parte resolutiva de dicha sentencia, en su numeral SEGUNDO, en cuanto revoca el numeral 3º de la parte resolutiva de la sentencia de primera instancia, por los motivos expuestos en ese proveído.

Revocando la parte resolutiva de dicha sentencia, en su numeral TERCERO, en cuanto modifica el numeral 4º de la parte resolutiva de la sentencia de primera instancia para en su lugar CONDENAR en costas a la demandada I.S.S. hoy Colpensiones equivalentes a 2 s.m.l.v por haberse causado a favor de la parte demandante.

Modificando la parte resolutiva de dicha sentencia en su numeral CUARTO que adicionó la parte resolutiva de la sentencia de primera instancia, con dos nuevos numerales en su parte resolutiva: (…)

Confirmar la parte resolutiva de dicha sentencia en su numeral QUINTO que confirmó los demás numerales.

Revocando la parte resolutiva de dicha sentencia, en su numeral SEXTO: sin costas en esta instancia.

En segundo lugar, persigo que casada así la sentencia recurrida y constituyéndose la Honorable Corte en sede de instancia, se dicte la correspondiente sentencia en su reemplazo [reproduce las pretensiones de la demanda inicial].

Con tal propósito formula cinco cargos, que fueron oportunamente replicados. Dado que comparten similar elenco normativo y persiguen idéntico fin se analizarán conjuntamente.

CARGO PRIMERO

Lo propone en los siguientes términos:

Acuso la sentencia recurrida de ser violatoria de la ley sustancial por infracción indirecta, proveniente de apreciación errónea de la Resolución Nº 00024173 del 23 de noviembre de 2009 del Seguro Social (folio 12), en la que, de acuerdo a esa resolución, la señora, ANA MERCEDES REYES, aseguró, en el curso de la investigación administrativa, adelantada por ese Instituto, que convivió con el causante, hasta el día 12 de agosto de 2006, o sea, hasta 11 meses y 7 días, antes de la fecha de la muerte del causante, acaecida el 18 de julio de 2.007, según el registro civil de defunción (folio 20), que hizo incurrir al Tribunal en error de hecho, que aparece de modo manifiesto en los autos y que lo llevó indirectamente a la violación legal referida, consistente en no haber aplicado el Tribunal, el inciso primero del párrafo tercero del literal b) del artículo 47 de la Ley 100 del 23 de diciembre de 1.993, modificado por el articulo 13 de la Ley 797 de 2.003, siendo el caso de haberlo hecho.

Reitera que la disposición sustancial vulnerada fue el inciso tercero del artículo 47 de la Ley 100 de 1993, modificado por el artículo 13 de la Ley 797 de 2003, norma que señala que en caso de convivencia simultánea en los últimos cinco años, será la cónyuge quien detente el derecho.

Asegura que el Tribunal no aplicó la citada disposición legal; ya que debió mantenerse la decisión de primer grado que le otorgaba el 100% de la prestación.

CARGO SEGUNDO

En similares términos que el primer cargo manifiesta:

Acuso la sentencia recurrida de ser violatoria de la ley sustancial por infracción indirecta, proveniente de apreciación errónea de la Resolución Nº 00024173 del 23 de noviembre de 2009 del Seguro Social (folio 12), en la que, de acuerdo a esa resolución, la señora, ANA MERCEDES REYES, aseguró, en el curso de la investigación administrativa, adelantada por ese Instituto, que convivió con el causante, hasta el día 12 de agosto de 2006, o sea, hasta 11 meses y 7 días, antes de la fecha de la muerte del causante, acaecida el 18 de julio de 2.007, según el registro civil de defunción (folio 20), que hizo incurrir al Tribunal en error de hecho, que aparece de modo manifiesto en los autos y que lo llevó indirectamente a la violación legal referida, por aplicación indebida, consistente en haber aplicado el inciso segundo del párrafo tercero del literal b) del artículo 47 de la Ley 100 del 23 de diciembre de 1.993, modificado por el articulo 13 de la Ley 797 de 2.003, siendo el caso de haberlo hecho.

Aduce que la disposición legal que se desconoció fue el inciso segundo del párrafo tercero del literal b) del artículo 47 de la Ley 100 de 1993, con la reforma introducida por la Ley 797 de 2003, que establece que debe distribuirse la prestación en aquellos casos que exista unión conyugal vigente, pero separación de hecho. Refuta que haya existido tal separación y que la compañera permanente haya convivido durante los últimos cinco años con el causante.

Menciona la investigación administrativa, llevada a cabo por el ISS, que culminó con la Resolución n.º 24173 del 23 de noviembre de 2009 (f.º 12), en la que Ana Mercedes Reyes Márquez habría asegurado que convivió con el fallecido solo hasta el 12 de agosto de 2006. Infiere que no cumplió con el requisito de convivencia los cinco últimos años, anteriores al deceso, ya que la muerte tuvo lugar el 18 de julio de 2007.

Explica que al no haber convivido por un plazo superior a 5 años inmediatamente anteriores a la muerte, y no verificarse la separación de hecho en la unión conyugal, no había lugar a la aplicación del inciso segundo del párrafo tercero del literal b) del artículo 47 de la Ley 100 de 1993, modificado por el artículo 13 de la Ley 797 de 2003.

CARGO TERCERO

Acusa la sentencia,

[…] de ser violatoria de la ley sustancial por infracción indirecta, proveniente de apreciación errónea de la reproducción simple de la declaración extraprocesal rendida por la señora, ANA MERCEDES REYES MÁRQUEZ, ante la Notaría Primera de Soledad (folio 17), la cual fue apreciada erróneamente por el Tribunal, porque se dio por establecido, con base en la declaración de ella, la convivencia como compañera permanente del causante, hasta el momento de su muerte, y de que no existía persona con igual o mejor derecho del que le asistía a ella, y a sus hijos; siendo que según la Resolución Nº 00024173 del 23 de noviembre de 2.009 del Seguro Social (folio 12), la señora, ANA MERCEDES REYES, aseguró, en el curso de la investigación administrativa, adelantada por ese Instituto, que convivió con el causante, hasta el día 12 de agosto de 2.006, o sea, hasta 11 meses y 7 días, antes de la fecha de la muerte del causante, acaecida el 18 de julio de 2007, según el registro civil de defunción (folio 20), que hizo incurrir al Tribunal en error de hecho, que aparece de modo manifestó en los autos y que lo llevó indirectamente a la violación referida, por aplicación indebida, consistente en haber aplicado el artículo 47, literal b) párrafo tercero, inciso segundo, de la Ley 100 del 23 de diciembre de 1.993, modificado por el articulo 13 de la Ley 797 de 2.003, siendo el caso de haberlo hecho.

Argumenta, tal como se expuso en el cargo anterior, que la disposición legal desconocida por el colegiado fue el inciso segundo del párrafo tercero del literal b) del artículo 47 de la Ley 100 de 1993, modificado por la Ley 797 de 2003, que establece que debe distribuirse la prestación en aquellos casos que exista unión conyugal vigente, pero separación de hecho.

Insiste en que no hubo convivencia simultánea, que el vínculo conyugal no se disolvió, ni existió separación de hecho y que Ana Mercedes Reyes Márquez no acreditó la convivencia durante todo el lapso de cinco años anteriores al deceso.

Acusa al sentenciador de haber concluido, que existió convivencia simultánea hasta la muerte del causante, con base en la sola declaración extra proceso mencionada y, de esa manera, dio aplicación indebida al precepto mencionado.

CARGO CUARTO

Es propuesto al siguiente tenor:

Acuso la sentencia recurrida de ser violatoria de la ley sustancial por infracción indirecta, proveniente de apreciación errónea de la prueba de la reproducción simple de la declaración extraprocesal rendida por la señora, ANA MERCEDES REYES MÁRQUEZ, ante la Notaría Primera de Soledad (folio 17), que hizo incurrir al Tribunal, en error de hecho, que aparece de modo manifiesto en los autos y que lo llevó indirectamente a la violación legal referida.

Destaca, al igual que en los dos cargos precedentes, que la disposición legal conculcada fue el inciso segundo del párrafo tercero del literal b) del artículo 47 de la Ley 100 de 1993, modificado por el artículo 13 de la Ley 797 de 2003, que establece que debe distribuirse la prestación en aquellos casos que exista unión conyugal vigente, pero separación de hecho.

Repite que la prueba erróneamente apreciada fue la declaración extra procesal rendida por la reclamante Ana Mercedes Reyes Márquez y que fue con base en dicha prueba que se concluyó que existió convivencia simultánea hasta el momento del deceso.

Afirma que dicha prueba, al ser prueba trasladada, debió cumplir con el rigor previsto en el artículo 185 del CPC que exige que el elemento probatorio trasladado sea practicado a instancias o con audiencia de la persona contra la cual se solicita. Alega que en este caso, la recurrente no pudo ejercer la contradicción respecto de dicha declaración.

CARGO QUINTO

Acusa la sentencia,

Por ser violatoria de la ley sustancial por infracción indirecta, consistente en la apreciación errónea de la prueba de las reproducciones simples de las declaraciones extraprocesales de los señores, Jainer Emilio Polo Silvera, Carlos Julio Polo Silvera, Fernando José Roca Pacheco y Juan de Dios Padilla (folios 18 y 19), que hizo incurrir al Tribunal, en error de derecho, que aparece de modo manifiesto en los autos y que lo llevó indirectamente a la violación legal referida.

Renglón seguido asegura que,

La disposición sustancial violada por el Tribunal, fue el Parágrafo del artículo 54-A. del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social, adicionado por el artículo 24 de la Ley 712 de 2.001 (…)

Asevera que las pruebas indebidamente valoradas fueron las declaraciones extra juicio de Jainer Emilio Polo Silvera, Carlos Julio Polo Silvera, Fernando José Roca Pacheco y Juan de Dios Padilla (fs.º18 a 19) ya que con ellas se infirió que la convivencia de la codemandante se sostuvo hasta la defunción.

Expresa que como fueron declaraciones emanadas de terceros debieron aportarse con la firma de los declarantes y el correspondiente notario, en original, ya que así lo exige el Decreto 1557 de junio 14 de 1989, conforme a la salvedad hecha en el parágrafo del artículo 54 A del CPTSS, adicionado por el artículo 24 de la Ley 712 de 2001.

Sostiene que para la validez de tales declaraciones, adicionalmente, debieron surtir el trámite de ratificación en los términos de los artículos 229, 298 y 299 del CPC y sin esos requisitos solo valían como pruebas sumarias. Cita al respecto las sentencias CSJ SL 20 abr. 2010, rad. 36675 y 18 nov. 2009, rad. 37325.

RÉPLICA

Colpensiones en su oposición señala defectos de técnica en el alcance de la impugnación y en la proposición de las acusaciones; aduce que se evidencia una mixtura aspectos fácticos y jurídicos y, además que se deja libre de ataque el pilar fundamental de la sentencia.

Sostiene que la decisión de la accionada de dejar en suspenso la prestación, obedeció al hecho que no se vislumbrara quien de las reclamantes detentaba el derecho, en observancia a lo preceptuado en el artículo 34 del Acuerdo 049 de 1990.

CONSIDERACIONES

El Colegiado razonó que el acervo probatorio permitía inferir que existió convivencia simultánea con las reclamantes. Así, afirmó que la relación sostenida por el causante con Ana Mercedes Reyes Márquez, inició el 4 de febrero de 1985, fecha de nacimiento de su primer hijo en común. Por su parte, ante la divergencia entre las testimoniales, que se refirieron a la fecha de inicio del vínculo con la ahora recurrente, el fallador determinó dicho momento, acorde con lo manifestado en el escrito introductorio, por la misma peticionaria. En ese entendido, dispuso conceder la prestación de sobrevivientes en forma proporcional al tiempo de convivencia.

La recurrente basa su inconformidad, en la indebida apreciación probatoria que llevó al colegiado a concluir que existió convivencia simultánea en los últimos cinco años de las reclamantes con Cristóbal Julio Bohórquez; que en caso de existir convivencia simultánea, debió dársele prelación en su condición de cónyuge, en atención a lo normado en el inciso tercero del artículo 47 de la Ley 100 de 1993, modificado por el artículo 13 de la Ley 797 de 2003, es decir, adjudicársele el 100% de la pensión de sobreviviente.

Afirma que no estuvo probada la convivencia de la compañera permanente, Ana Mercedes Reyes Márquez, durante los últimos cinco años. A propósito, menciona la investigación administrativa, llevada a cabo por el ISS, que culminó con la Resolución n.º 24173 del 23 de noviembre de 2009 (f.º 12), en la que Ana Mercedes Reyes Márquez habría asegurado que convivió con el fallecido solo hasta el 12 de agosto de 2006. Por esta vía concluye que no estuvo conviviendo hasta el momento del fallecimiento y, por tanto, no se acreditaron los cinco años de vida en común, inmediatamente anteriores al deceso.

Debe señalarse que los argumentos planteados en cualquiera de los cargos, no se acompasan con la vía seleccionada, ya que comportan un análisis estrictamente jurídico.

Debe aclararse además, que de acuerdo con la jurisprudencia de esta Corporación, para que se configure el yerro fáctico es indispensable que venga acompañado de las razones que lo demuestran y que su existencia aparezca notoria, protuberante y manifiesta; en ese horizonte, el error de hecho que funda la casación de la sentencia, por violación de la ley sustantiva, no puede provenir de la simple desavenencia respecto de la apreciación de uno u otro medio de prueba, como se adoctrinó en la providencia CSJ SL255-2020.

No obstante, superadas los anteriores dislates, revisado el citado acto administrativo, se observan las conclusiones que en su momento, realizó la entidad sobre la actuación adelantada así:

Que de las pruebas obrantes en el expediente y de los declarado (sic) por las peticionarias en el curso de la investigación administrativa adelantada por el ISS Seccional Atlántico de conformidad con las facultades otorgadas en el artículo 53 de la Ley 100 de 1993 y lo establecido en la Circular VP No. 14843 de septiembre 30 de 2004, emitida por el Instituto del Seguro Social, se estableció que no hay pruebas que acrediten que la convivencia entre el causante y la esposa haya sido anterior a al (sic) fecha del matrimonio, dado que quien figuraba registrada como beneficiaria era la señora ANA MERCEDES REYES MARQUEZ, quien aseguró que convivió con el causante hasta el día 12 de agosto de 2006, por lo cual existe controversia respecto a la fecha de separación de la compañera permanente e inicio de la convivencia con la cónyuge.

Es decir, si bien se señala que la data en que finiquitó la unión entre Ana Mercedes Reyes Márquez y el ahora fallecido, pudo ser el 12 de agosto de 2006, a renglón seguido se expresa que ‹‹existe controversia respecto a la fecha de separación de la compañera permanente e inicio de la convivencia con la cónyuge››.

Por lo anterior la fecha señalada, no puede determinar los extremos del vínculo a efectos de definir los alcances del derecho a la pensión, ya que el documento es claro en afirmar que tales fechas no ofrecen certeza acerca de la verdadera convivencia que se sostuvo con el causante. Más aún, como se lee, el mismo documento indica que no existen pruebas ‹‹que acrediten que la convivencia entre el causante y la esposa haya sido anterior a al (sic) fecha del matrimonio, dado que quien figuraba registrada como beneficiaria era la señora ANA MERCEDES REYES MARQUEZ››.

En ese orden, las afirmaciones resaltadas por la censura, no tienen entidad suficiente para infirmar la conclusión del fallador sobre la convivencia simultánea con el causante en los tiempos establecidos en la sentencia, por lo que no se advierte el yerro enrostrado.

Por su parte, de acuerdo con lo argumentado en el cargo cuarto, la conclusión del juez plural, acerca de que la convivencia de Ana Mercedes Reyes Márquez con el causante hasta el momento de su deceso, habría sido derivada únicamente con la declaración extra juicio que esta última rindiera, esto se refuta con lo alegado en el cargo quinto, en donde la recurrente reconoce que para arribar a esta conclusión, el colegiado tuvo en cuenta otras, valga decir, las rendidas de Jainer Emilio Polo Silvera, Carlos Julio Polo Silvera, Fernando José Roca Pacheco y Juan de Dios Padilla (fs.º 18 a 19).

Adicionalmente, si bien la declaración extra juicio de la actora no debió ser tenida en cuenta por el Tribunal, pues a ningún interviniente le está permitido beneficiarse de su propia prueba, la versión rendida en la declaración de 31 de mayo de 2010 (f.º 17), se corrobora con el dicho de los otros deponentes que también efectuaron su exposición jurada por fuera del proceso y que, aunque la censora afirme en el cargo quinto, que estas documentales debieron aportarse con la firma de los declarantes y del notario en original, ya que así lo exige el Decreto 1557 de junio 14 de 1989, dichas falencias no se observan en las piezas que obran a folios 18 y 19 del Juzgado Octavo.

Así mismo, se arguye que las declaraciones extra juicio debieron ser ratificadas y, al efecto, se refiere a los artículos 229, 298 y 299 del CPC, lo cual tampoco es de recibo en la medida en que de tiempo atrás esta Corte ha adoctrinado que las declaraciones extra procesales que se pretenden hacer valer dentro de un proceso deben ser asumidas por el juez como documentos declarativos emanados de terceros y, en esa medida, con arreglo a lo previsto en el artículo 277 del Código de Procedimiento Civil, no requieren de ratificación, salvo que la parte contraria así lo solicite. Tal orientación puede verse reproducida en decisiones como las CSJ SL 19563-2017; CSJ SL, 6 mar. 2013, rad. 42536; CSJ SL16322-2014; CSJ SL1188-2015; CSJ SL1227-2015; CSJ SL3103-2015; y, CSJ SL5665-2015.

Así, el juez tuvo a bien valorar las declaraciones extra juicio, incluida la de Ana Mercedes Reyes Márquez, situación que se ajusta al ordenamiento de acuerdo con la jurisprudencia citada, y no constituye yerro, en la medida que para determinar los periodos de convivencia tuvo en cuenta las restantes declaraciones y el registro civil de nacimiento de Javier Alexánder Bohórquez Reyes, Alberto Bohórquez Reyes y Mario Alberto Bohórquez Reyes (fs.º 21 a 23) deduciendo la data inicial de la fecha de nacimiento de éste último. Así mismo, el juicio de apreciación que lo llevó a concluir que la convivencia con la compañera permanente, perduró hasta el deceso de Cristóbal Julio Bohórquez Pallares, incluyó la manifestación de la co demandante, pero no de manera exclusiva, como ya se explicitó.

Para finalizar, vale recordar que, con posterioridad a la declaración de exequibilidad condicionada de la norma en cita, a través de la sentencia CC C-1035-2008, la prestación, en caso de convivencia simultánea debe ser fraccionada, correspondiéndole a cada una de las reclamantes una cuota de la pensión en proporción al tiempo de convivencia.

Exactamente la interpretación del Tribunal Constitucional señala: ‹‹[…] además de la esposa o el esposo serán también beneficiarios, la compañera o compañero permanente y que dicha pensión se dividirá entre ellos (as) en proporción al tiempo de convivencia con el fallecido››. Por su parte, acerca del entendimiento que debe dársele al precepto esta Sala de la Corte, en providencia CSJ SL 1029-2019, expresó:

[…] con esta nueva perspectiva constitucional el Estado debe brindar amparo a la familia, con total prescindencia de si ésta tuvo su fuente en lazos jurídicos matrimoniales o en la decisión libre y responsable de las personas de iniciar una convivencia, con vocación de estabilidad y duración, animados del propósito de conformar una unidad familiar.

En el fallo que se cita se anotó:

Y, efectivamente, respecto al alcance de este precepto, deberá recordarse lo adoctrinado por esta Corporación en el fallo evocado CSJ, SL, del 10 de jul. 2012, rad. 49787, atinente a que si bien la sentencia de constitucionalidad condicionada de dicha disposición, CC C-1035 de 22 de oct. 2008, surtió efectos ex nunc, pues la Corte Constitucional no determinó cosa distinta, también lo es que para esta Sala, el hecho de que el Tribunal Constitucional profiriera tal providencia sin hacer uso de la prerrogativa prevista en el artículo 45 de la Ley 270 de 1996 que la habilitaba para disponer que sus efectos podían producirse ex tunc, esto es, con anterioridad a la fecha de su fallo, no impide que en uso de su facultad y función interpretativa, como máximo órgano judicial ordinario que es y, por ende, como autoridad unificadora de la jurisprudencia del trabajo y de la seguridad social, pueda aseverar que, siendo la citada norma consonante con la Constitución Política en los términos anunciados por la autoridad judicial a quien tal control compete, su verdadera y genuina inteligencia debió corresponder, desde su misma génesis (29 de enero de 2003, Diario Oficial 45.079), con una teleología protectora de la familia.

Así, razonó que:

resulta plausible para la Corte que en relación con el artículo 13 de la Ley 797 de 29 de enero de 2003, en lo forma como modificó el artículo 47 de la Ley 100 de 1993, particularmente en cuanto a la situación de sobrevivencia descrita en su literal a), inciso tercero, esto es, en caso de convivencia simultánea en los últimos cinco años, antes de la muerte del causante entre un cónyuge y un compañero o compañera permanente, los beneficiarios o beneficiarias de la pensión deban ser ambos en proporción al tiempo de convivencia con aquél.

El anterior entendimiento, en sentir de la Corte, no desconoce de ninguna manera los alcances de la sentencia C-1035 el 22 de octubre de 2008 de la Corte Constitucional, ni los efectos de las sentencias de constitucionalidad a que se refiere el artículo 45 de la Ley 270 de 1996, pues, por una parte, se acompasa con el que diera esa Corporación a dicha norma en su función de control de constitucionalidad y, por otra, desarrolla la función interpretativa que cumple esta Sala de casación respecto de la disciplina normativa que le es propia para el cumplimiento de su labor unificadora de la jurisprudencia.

Ciertamente, como bien puede establecerse, los argumentos expuestos vienen como anillo al dedo para conceder la pensión de sobrevivientes a la accionante.

En ese entendido, la censura parte de una premisa equivocada, cuando aduce que la legislación privilegia a la cónyuge, por cuanto acorde con lo explicado, es la convivencia y la ayuda mutua lo que fundamenta el derecho a la pensión de sobrevivientes, y una interpretación contraria como se expuso, ha sido descartada por esta Corporación.

Así, lo expresado, inhibe la posibilidad de pregonar la preferencia por la cónyuge en el caso de convivencia simultánea con una compañera permanente.

Así las cosas, los cargos no tienen prosperidad.

Costas a cargo de la recurrente a favor de Colpensiones. Se señalan como agencias en derecho, la suma de $4.240.000, que serán liquidadas en el Juzgado, en la forma y términos previsto en el artículo 366-6 del CGP.

DECISIÓN

XI.

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, NO CASA la sentencia proferida por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla el 1 de marzo de 2017, dentro del proceso ordinario laboral que instauró DARLING EDITH GÓMEZ ROBLES contra el INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES hoy ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES acumulado con el proceso ordinario laboral iniciado por ANA MERCEDES REYES MÁRQUEZ en contra de la misma entidad.

Costas como se indicó.

Cópiese, notifíquese, publíquese, cúmplase y devuélvase el expediente al tribunal de origen.

DONALD JOSÉ DIX PONNEFZ

JIMENA ISABEL GODOY FAJARDO

JORGE PRADA SÁNCHEZ

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