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Corte Suprema de Justicia · Sala de Casación Laboral

Sentencia SL1193-2020

Fecha
10 de marzo de 2020
Magistrado ponente
Giovanni Francisco Rodriguez Jimenez

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia SL1193-2020

Corte Suprema de Justicia · Sala de Casación Laboral

Parte resolutiva

DECISIÓN En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la Ley, CASA la sentencia dictada el tres (3) de febrero de dos mil quince (2015) por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín, dentro del proceso ordinario laboral que le sigue RUBÉN DARÍO GÓMEZ GÓMEZ a la ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES, COLPENSIONES. Sin costas en casación. En sede de instancia, RESUELVE: PRIMERO: REVOCAR la sentencia proferida el 7 de noviembre de 2014 por el Juzgado 19 Laboral del Circuito de Medellín, en cuanto absolvió a la demandada de todas las pretensiones incoadas en su contra, para en su lugar, CONDENAR a la Administradora Colombiana de Pensiones (Colpensiones), a pagar al demandante la pensión de invalidez, a partir del 1 de mayo de 2013, en cuantía de $598.500. SEGUNDO: CONDENAR a la demandada al pago de la suma de $71.849.508, por concepto de las mesadas dejadas de cancelar desde dicha calenda hasta el 31 de marzo de 2020. TERCERO: ABSOLVER a la Administradora Colombiana de Pensiones - Colpensiones del pago de los intereses moratorios contenidos en el artículo 141 del CST y en su lugar CONDENAR, a pagar al demandante, la indexación del capital adeudado. CUARTO: Declarar no probadas las excepciones formuladas por la demandada. QUINTO: Costas como se indicó en la parte motiva.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Corte Suprema de Justicia

Sala de Casación Laboral

Sentencia SL1193-2020

Magistrado ponente: Giovanni Francisco Rodriguez Jimenez

10 de marzo de 2020

GIOVANNI FRANCISCO RODRÍGUEZ JIMÉNEZ

Magistrado ponente

SL1193-2020

Radicación n.° 71459

Acta 008

Bogotá DC, diez (10) de marzo de dos mil veinte (2020).

Decide la Sala el recurso de casación interpuesto por RUBÉN DARÍO GÓMEZ GÓMEZ, contra la sentencia proferida el 3 de febrero de 2015, por la Sala Laboral del Tribunal Superior de Medellín, en el proceso que le sigue a la ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES (COLPENSIONES).

ANTECEDENTES

Rubén Darío Gómez Gómez demandó a Colpensiones, para que, se declare que tiene derecho al reconocimiento y de pago de la pensión de invalidez de origen común, y en consecuencia, se le condene a pagarle dicha prestación con las mesadas adicionales de junio y diciembre, más los intereses moratorios o la indexación.

Fundamentó sus pretensiones en que le solicitó a la demandada el reconocimiento y pago de la pensión de invalidez, y esta, le negó lo pedido a través de las Resoluciones n.° 20126800357658 del 29 de noviembre de 2012, GNR 089935 del 9 de mayo de 2013 y VPB 3315 del 8 de agosto del mismo año.

Manifestó, que cuenta con más de 500 semanas cotizadas en toda su vida laboral, sin sumar las que están en mora de conformidad con el reporte de los periodos de 1996, 1997 y 1999; que cumplió 50 años y es titular de una protección especial reforzada y que su invalidez se estructuró el 8 de noviembre de 2011, fecha en la cual se encontraba cotizando.

Colpensiones, al contestar la demanda, se opuso a las pretensiones. En cuanto a los hechos señaló que es cierto que el accionante tiene 50 años, que la fecha de estructuración de la invalidez fue el 8 de noviembre de 2011, y aceptó en su totalidad el contenido de las resoluciones n.° 20126800357658, GNR 089935 del 9 de mayo de 2013 y VPB 3315 del 8 de agosto de 2013.

Propuso las excepciones de fondo que denominó, improcedencia de los intereses de mora del artículo 141 de la Ley 100 de 1993 y de la indexación; inexistencia de la obligación de reconocer la pensión de invalidez con fundamento en el principio de la condición más beneficiosa en vigencia de la Ley 860 de 2003, imposibilidad de sanción moratoria, de condena en costas, prescripción, buena fe y compensación.

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

El Juzgado 19 Laboral del Circuito de Medellín absolvió a la demandada de todas las pretensiones, mediante sentencia pronunciada el 7 de noviembre de 2014.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

La Sala Laboral del Tribunal Superior de Medellín, al resolver el grado jurisdiccional de consulta, confirmó la decisión del a quo, el 3 de febrero de 2015.

En lo que interesa al recurso extraordinario, el ad quem expresó que las pruebas relevantes en el caso son el dictamen de pérdida de capacidad laboral (f.° 17), según el cual, el demandante fue declarado inválido con un porcentaje del 68% de la pérdida de capacidad laboral de origen común, estructurada el 8 de noviembre del año 2011 y los tres actos administrativos provenientes de Colpensiones (las resoluciones n.° 11429 del 29 de noviembre del 2012, la 89935 del 9 de mayo del 2013 y la 3315 del 8 de agosto del 2013).

Sostuvo, que la entidad negó el reconocimiento de la pensión porque constató que el demandante no cumplía con los requisitos consagrados en la Ley 860 del 2003; lo que, de acuerdo con el reporte de semanas cotizadas, muestra que el demandante cotizó un total de 524.57, pero, las últimas cotizaciones se hicieron en el mes de noviembre del 2012.

Indicó que no se discute en el proceso, la PCL del 68%, su condición de discapacitado, y la estructuración el 8 de noviembre del año 2011. De igual forma, dijo, que es la Ley 860 del 2003, la que regula la materia en el artículo 1°, y que el demandante no cumple con el requisito de 50 semanas cotizadas en los 3 años anteriores a la fecha de estructuración, además, que no cotizó el 75% de las semanas requeridas para acceder a la pensión de vejez, y así, tener la posibilidad de que fuesen solamente 25 las exigidas en los tres últimos años, lo que tampoco le alcanzaría, «[…] pues de acuerdo con la historia laboral, entre el 8 de noviembre del 2009 y el 8 de noviembre del 2011 solamente cotizó 14 semanas».

Seguidamente, analizó la situación bajo el principio de la condición más beneficiosa, citó la sentencia CSJ SL, rad. 38674, 25 jul. 2012, y basado en ella, dijo,

Este criterio jurisprudencial exige para poder aplicar el artículo 39 de la Ley 100 de 1993, que el afiliado hubiere cotizado 26 semanas en el año inmediatamente anterior a la expedición de la Ley 860. La Ley 860 fue promulgada el 29 de diciembre del 2003, de manera que debería tener cotizadas 26 semanas entre el 29 de diciembre del 2002 y el 2003, sin embargo, en ese lapso, el demandante no cotizó ninguna semana. Por ese motivo, la aplicación de la condición más beneficiosa que fue invocada desde los hechos de la demanda, no puede aplicarse al demandante.

De igual manera, manifestó que la Corte Constitucional se ha pronunciado en relación con la aplicación del principio de la condición más beneficiosa, recurriendo al Decreto 758 de 1990 para ello, en aquellos casos donde la estructuración se hubiere presentado en vigencia de la Ley 860 de 2003 (CC T–628–2007, T–299–2010 y T–576–2013). Al respecto dijo:

A diferencia de la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia, que exige que la persona hubiere cotizado 26 semanas en el año inmediatamente anterior a la entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993 y que sólo permite aplicar la condición más beneficiosa con la norma inmediatamente anterior, es decir, con Ley 100, la Corte Constitucional ha considerado que en casos como el que hoy ocupa la atención de la Sala, se pueda incluso buscar, reconocer la prestación con la normatividad anterior más favorable, sobre todo con la del Decreto 758 de 90, que exigía un número de semanas superior a la que exigía la Ley 100, pues la Ley 100 sólo exigía 26 mientras, que la norma anterior exigía 300 en cualquier época, y desde esa perspectiva es que la Corte Constitucional también aún con un criterio de favorabilidad y observando que no se afecta la sostenibilidad financiera del sistema porque hay un mayor número semanas cotizadas a considerado procedente otorgar esta prestación.

No obstante lo anterior, analizando en el caso del demandante, observamos que entre el 9 de noviembre del 87 y el 21 de diciembre de 1993 sólo cotizó 254, semanas de manera que tampoco cumple con las 300 de este precedente constitucional.

Luego estudió el caso, siguiendo los precedentes que, a través de acciones de tutelas, ha emitido la Corte Constitucional sobre el tema de enfermedades congénitas, crónicas y degenerativas, «[…] como la que se puede advertir, que padece el demandante, a quién se le ha diagnosticado una insuficiencia renal crónica» –sentencias CC T–013–2012, T–043–2014 y T–163-2011–, y precisó:

Los planteamientos que ha hecho la Corte Constitucional, es que debe tenerse en cuenta, entonces todas las semanas que la persona cotizó hasta el momento en que se le hizo el dictamen. Ya las semanas que se cotizan con posterioridad al dictamen, que es el momento en que la persona se entera que es inválido, no pueden tenerse en cuenta, pero todas aquellas que hizo hasta antes del dictamen, fueron unas cotizaciones que la persona hizo pero ignoraba cuál era la fecha de estructuración que le iban a plantear y la persona de todas maneras estaba laborando.

Desde esa perspectiva, la corte constitucional ha señalado, que lo que hay que tener en cuenta, es el número de semanas cotizadas antes del dictamen. Si miramos entonces las pruebas del proceso, es claro que el señor RUBÉN DARÍO GÓMEZ padece una insuficiencia renal, la fecha de estructuración, ya lo sabemos en el dictamen fue 8 de noviembre del 2011, pero la fecha del dictamen fue 16 de mayo del 2012. No obra en el expediente un dictamen posterior realizado por la junta de calificación de invalidez, por qué el único dictamen allegado al proceso, fue el que realizó el instituto de seguro social, en el que declaró al demandante inválido.

De acuerdo con el precedente constitucional analizado, el demandante debía acreditar 50 semanas entre el 16 de mayo del 2009 y el 16 de mayo del 2012, pero solamente tiene 45.14 semanas en ese período. No podemos entonces en manera alguna condenar el reconocimiento de la pensión de invalidez con este precedente constitucional.

Por último, analizó el caso conforme la jurisprudencia de esta Corte, plasmada en las sentencias CSJ SL, Rad. 39735, 8 may. 2012 y CSJ SL, rad. 39766, 2 ag. 2011, según el cual se podría aplicar a situaciones como esta, el parágrafo de la Ley 797 de 2003 para la pensión de invalidez, donde se estableció que:

[…] Si una persona pretende la pensión de invalidez, no tiene las 25 semanas en los últimos tres años que exige el parágrafo, pero si tiene la totalidad de semanas de pensión de vejez, puede entonces otorgarse la prestación aplicando el parágrafo de pensión de sobrevivientes, lo que se hace entonces es una aplicación analógica del parágrafo de la pensión de sobrevivientes para la pensión de invalidez».

Por lo anterior, observó que tampoco podía aplicar dicho precedente, porque el demandante no es beneficiario del régimen de transición del artículo 36 de la Ley 100. Además, adujo que el requisito de semanas en su caso son las consagradas en la Ley 797 del 2003, para la fecha de estructuración requeriría 1200 y cotizó 539.

RECURSO DE CASACIÓN

Interpuesto por el demandante, concedido por el Tribunal y admitido por la Corte, se procede a resolver.

ALCANCE DE LA IMPUGNACIÓN

Pretende el recurrente que se case totalmente el fallo recurrido, para que en sede de instancia se revoque la sentencia de primer grado y en su lugar se acceda a las súplicas de la demanda.

Con tal propósito, formula dos cargos por la causal primera de casación, que fueron replicados y se resolverán conjuntamente por perseguir la misma finalidad y acusar similares normas sustanciales.

CARGO PRIMERO

Acusó la sentencia enjuiciada por la vía directa en la modalidad de aplicación indebida de los artículos 1° de la Ley 860 de 2003, e infracción directa de los artículos 38, 39, 40 y 41 de la Ley 100 de 1993, en relación con los artículos 1, 2, 3, 7, 11, 38, 40, 141 y 142 ibídem, todo dentro del marco de los artículos 48 y 53 de la CN.

Para demostrar el cargo adujo, que, «[…] el Tribunal encuentra que en el caso de autos no aplica el principio de la condición más beneficiosa, no solo por no tener las 26 semanas en el año anterior a la estructuración de la invalidez, sino porque nunca se ha aplicado la Ley 100 para desconocer lo dispuesto en la Ley 860 de 2003». Además, refirió criterios doctrinales sobre el principio de la condición más beneficiosa.

Luego expresó que en el presente asunto es dable inaplicar las nuevas disposiciones y aplicar las del régimen anterior, siempre que las primeras resulten más desventajosas para el afiliado que las que reglaban las segundas. Dijo, además que,

El principio de condición más favorable comporta, lo ha dicho hasta la saciedad esa Sala, la aplicación del régimen antecedente, siempre que resulte más favorable a un afiliado que estaba en tránsito de adquirir una prestación del sistema y por ello, en el caso sub lite, recurrir a las disposiciones de la Ley 100 de 1993, que regulaban la pensión por invalidez antes de la modificación introducida inicialmente por la Ley 100 de 1993, luego por la Ley 797 de 2003 y por último en la Ley 860 de la misma anualidad (inaplicables estas dos últimas regulaciones), principio que se torna más sólido al armonizarlo con el de progresividad en materia de seguridad social.

Manifestó que cuando el Tribunal asume que las normas que se deben aplicar son las de la Ley 860 de 2003, por ser la vigente al momento de estructurarse la invalidez, obró incorrectamente, ya que esta norma «[...] no se aplica al caso de autos», además, le enrostró al juez de alzada, que infringió los artículos 38, 39, 40, y 41 de la Ley 100 de 1993, que en sentir, son las disposiciones que regulan el caso. Se refirió a la sentencia CSJ SL, rad. 32681, 17 jun. 2008.

Por último, adujo, que:

No es cierto que la corte, como lo sostiene el Tribunal, que el asegurado debe tener 26 semanas antes de la vigencia de la Ley 860 de 2003 y 26 en el año anterior a la estructuración de la invalidez, de un lado porque eso sería tanto como crear una tercera norma y en veces exigir inclusive más de las 50 (26 antes de la vigencia de la Ley 860 de 2003 y 26 antes de la estructuración de la invalidez) y en segundo lugar porque la Corte tiene ya definida la tesis de aplicar el original artículo 39 de Ley 100 de 1993 en detrimento de la Ley 860 de 2003, que consagra dos posibilidades, estar cotizando al momento de la estructuración de la invalidez y contar con 26 semanas en cualquier tiempo o no estar cotizando y tener 26 semanas en el año anterior a dicha fecha de estructuración de la invalidez, tal y como lo ha sostenido, entre otras, en las sentencias con las radicaciones 42.450, 41.617, 35.319, 39.005, 41.695 y 41.832.

CARGO SEGUNDO

Acusó la sentencia enjuiciada, por la vía directa, en la modalidad de interpretación errónea de los artículos 38, 39, 40 y 41 de la Ley 100 de 1993 y la aplicación indebida del artículo 1° de la Ley 860 de 2003 en relación con los artículos 1, 2, 3, 7, 11, 38, 40, 141 y 142 ibídem, todo dentro del marco del artículo 48 y 53 de la CN.

Para demostrarlo arguyó, que:

El Tribunal consideró que el demandante no reunía la densidad de cotizaciones a que alude la Ley 860 de 2003 y que en este caso aplicando el principio de la condición más beneficiosa la asegurada (sic) no tenía, las 26 semanas en el año anterior a la vigencia de la Ley 797 de 2003. En el año anterior a la estructuración de la invalidez.

Se concluye de lo transcrito que el Tribunal admite que puede aplicarse el artículo 39 original de la Ley 100 de 1993, pero encuentra solo cotizadas 18 semanas en los tres años anteriores a la fecha de estructuración de la invalidez

Luego recordó que el artículo 39 de la Ley 100 de 1993, «[…] expresa que tiene derecho a la pensión de invalidez de origen no profesional, el asegurado que estando afiliado al Sistema (lo que significa cotizando) tenga 26 semanas en cualquier tiempo y quien o este afiliado (entiéndase no cotizando) 26 semanas en el año anterior a la fecha en que se estructura la invalidez», y concluyó de allí, que, la conclusión del Tribunal al respecto es jurídicamente equivocada,

1. Porque si va a aplicar el principio de la condición más beneficiosa debe recurrir, como en efecto lo hizo al artículo 39 de la Ley 100 de 1993, y en esa normativa no se consagra que las semanas deban ser cotizadas en los tres (3) años anteriores a la estructuración de la invalidez (como lo asume el tribual) sino en cualquier tiempo (si está cotizando) o en el año (1) anterior si es que al momento de la estructuración ha dejado de cotizar.

2. Porque, también contrario a lo concluido por el ad quem, esa Sala de la Corte desde el año 2012, ha aplicado el principio de condición más beneficiosa recurriendo a la Ley 100 de 1993 en detrimento de la Ley 860 de 2003, decisiones entre las que se destacan las que tienen radicación interna nos. 42.450 y 41.617, en las que se citan las del 8 de mayo de 2012 con radicación no.35.319, 39.005, 41.695 y 41.832.

Es indiscutible, entonces, que el Tribunal interpretó erróneamente los artículos 38 y 39 de la Ley 100 de 1993, dado que esa norma contempla dos variantes para acceder a la pensión, una para los cotizantes activos al momento de la estructuración de la invalidez (26 semanas en cualquier tiempo) y otra para los no cotizantes (26 en el año anterior), entendiendo el juzgador de apelaciones, según lo transcrito, solo la segunda de las opciones mencionadas.

Para sostener lo atinente al requisito de cotización de 26 semanas, citó la sentencia CSJ SL, rad. 42935, 28 ago. 2012.

REPLICA

Colpensiones adujo, que:

[…] mal puede afirmar el recurrente que el sentenciador simplemente se limitó a aplicar la Ley 860 de 2003, toda vez, que resulta evidente que sí tuvo en cuenta el principio de la condición más beneficiosa, e incluso se desbordó en garantías, pues obsérvese que no solo aplicó la Ley inmediatamente anterior, sino que, además siguiendo sentencias de la Corte Constitucional, decidió examinar la situación a la luz de lo regulado por el Acuerdo 049 de 1990. De igual manera, siguiendo doctrina constitucional, analizó si las 50 semanas se acreditaban desde tres años antes del dictamen.

Por ende, el sentenciador analizó todas las posibles alternativas que podían darse para reconocer el derecho, incluso excediendo la doctrina de su superior jerárquico, y aplicando tesis de la Corte Constitucional.

En cuanto al segundo cargo, manifestó que el recurrente no explicó cuál fue la interpretación errónea que efectuó el Tribunal, pues, simplemente se refirió tangencialmente al artículo 39 de la Ley 100 de 1993 y, que el sentenciador de segundo grado no incurrió en el dislate endilgado, toda vez que su hermenéutica fue la adecuada.

Dedujo de lo reseñado por el censor, que este pretende que le exijan 26 semanas de cotización en todo el tiempo, sin embargo, que ello no es viable ya que no se encontraba cotizando para el momento en que entró en vigor la Ley 860 de 2003 (f.° 22 a 29 del cuaderno principal).

CONSIDERACIONES

Dada la vía escogida, no se discuten las siguientes inferencias fácticas del Tribunal: i) que el demandante tiene una pérdida de la capacidad laboral del 68%, estructurada el 8 de noviembre del 2011; ii) que la demandada negó el reconocimiento de la pensión, porque constató que el actor no cumple con los requisitos consagrados en la Ley 860 del 2003, pues, cotizó un total de 524.57 semanas y su último aporte fue en el mes de noviembre de 2012 y; iii) que el accionante padecía una enfermedad de las denominadas congénita, crónica o degenerativa.

El Tribunal para negar el reconocimiento deprecado en la demanda, sostuvo que la Ley aplicable «[…] es la Ley 860 del 2003, la que regula la materia en el artículo 1°», pero, que no obstante ello, «[...] resulta evidente de que el demandante no cumple con los requisitos de 50 semanas en los tres años anteriores a la estructuración, pues de acuerdo con la historia laboral, entre el 8 de noviembre del 2009 y el 8 de noviembre del 2011 solamente cotizó 14 semanas», también dijo que no era beneficiario del principio de condición más beneficiosa, luego abordó el caso a partir de la jurisprudencia de la Corte Constitucional.

En ese contexto, a pesar de resaltar el ad quem que el actor padecía una enfermedad crónica y degenerativa que avanza con el tiempo, casos en que, a pesar de dictaminarse una fecha de estructuración en el pasado, las personas seguían laborando y cotizando, termina concluyendo que, «[…] debe tenerse en cuenta entonces todas las semanas que la persona cotizó hasta el momento en que se le hizo el dictamen. Ya las semanas que se cotizan con posterioridad al dictamen, que es el momento en que la persona se entera que es inválido, no pueden tenerse en cuenta […]».

La réplica, de manera acertada, pone presente que la alzada estudió la procedencia del derecho desbordándose en garantías, pues lo analizó bajo la egida de la Ley 860 del 2003, que era la vigente al momento de la estructuración de la invalidez, también lo hizo en aplicación al principio de la condición más beneficiosa aplicando la norma anterior a la vigente, que era el artículo 39 de la Ley 100 de 1993, sin que en ninguno de los casos encontrara acreditado los requisitos para el reconocimiento de dicha prestación.

El recurrente por la vía jurídica solo se ocupa de una de las líneas de análisis que realizó el Tribunal, y es, la que se refiere a la procedencia del derecho conforme a lo preceptuado en el artículo 39 de la Ley 100 de 1993, pues contrario a lo expuesto por la colegiatura considera que cumplió con los requisitos, exigidos.

Esta corporación, en sentencia CSJ SL3275-2019 reiterada en la SL3992-2019 y SL409-2020, varió su postura respecto del momento a partir del cual debe contabilizarse el número de cotizaciones en tratándose de afiliados que padecen enfermedades crónicas, congénitas o degenerativas, última en que estimó, que:

[…] al establecer la fecha a partir de la cual se deben contabilizar los 3 años indicados en la Ley, es posible tener en cuenta, conforme a las particularidades de cada caso, además de la data de estructuración de la invalidez: (i) la calificación de dicho estado, (ii) la de solicitud de reconocimiento pensional o (iii) la de la última cotización realizada -calenda en la que se presume que la enfermedad se reveló de tal forma que le impidió seguir trabajando.

En casos en los que las personas con discapacidad relacionada con afecciones de tipo congénito, crónico, degenerativo o progresivo y que tienen la posibilidad de procurarse por sus propios medios una calidad de vida acorde con la dignidad humana pese a su condición, deben ser protegidas en aras de buscar que el Sistema de Seguridad Social cubra la contingencia de la invalidez, una vez su estado de salud les impida seguir en uso de su capacidad laboral, derechos que, se itera, sí están reconocidos a los demás individuos.

[…] Sobre el particular, la Corte Constitucional en la citada providencia explicó que tanto las administradoras de pensiones como las autoridades judiciales deben verificar:

Que la invalidez se estructuró como consecuencia de una enfermedad congénita, crónica y/o degenerativa y, (ii) que existen aportes realizados al Sistema por parte del solicitante en ejercicio de una efectiva y probada capacidad laboral residual, debe determinar el momento desde el cual verificará el cumplimiento del supuesto establecido en la Ley 860 de 2003, es decir que la persona cuenta con 50 semanas cotizadas dentro de los 3 años anteriores a la fecha de estructuración. Por lo tanto, para determinar el momento real desde el cual se debe realizar el conteo, las distintas Salas de Revisión han tenido en cuenta la fecha de calificación de la invalidez o la fecha de la última cotización efectuada, porque se presume que fue allí cuando el padecimiento se manifestó de tal forma que le impidió continuar siendo laboralmente productivo y proveerse por sí mismo de sustento económico, inclusive, la fecha de solicitud del reconocimiento pensional.

[…] En síntesis, en dicha decisión la Corte Constitucional, validó tener en cuenta la fecha de calificación de la invalidez, la fecha de solicitud del reconocimiento pensional o, incluso, la data de la última cotización efectuada, porque se presume que fue allí cuando el padecimiento se manifestó de tal forma que le impidió continuar siendo laboralmente productivo y proveerse por sí mismo del sustento económico, decisión que, en todo caso, debe fundamentarse en criterios razonables, previo análisis de la situación en particular y en garantía de los derechos del peticionario.

Por lo anterior, al contrastar la posición actual de esta Sala, con el análisis hecho por el Tribunal, referido al momento que se debe tener en cuenta para contabilizar las cotizaciones de los afiliados que padecen enfermedades crónicas o degenerativas, se puede colegir que se equivocó el ad quem al plantear como único escenario la fecha formal de la estructuración de la invalidez, y a partir de esa conclusión tomar solo las semanas cotizadas hasta el momento en que se hizo el dictamen, dejando por fuera las cotizaciones que realizó el actor a partir de esa data hasta el mes de noviembre de 2012, fecha en que realizó su última cotización al sistema.

Por las razones expuestas los cargos prosperan.

Sin costas, dada la prosperidad del cargo.

SENTENCIA DE INSTANCIA

Esta Corporación se remite a las consideraciones que se dejaron plasmadas en sede de casación. El juez de primera instancia negó el reconocimiento y pago de la pensión de invalidez, el ad quem, al resolver el grado jurisdiccional de consulta, precisó que se encuentran probados dentro del proceso, los siguientes hechos: i) el demandante tiene la calidad de invalido con un porcentaje de pérdida de capacidad laboral del 68%, y una fecha de estructuración de la invalidez el 8 de noviembre del 2011; ii) la demandada negó el reconocimiento de la pensión, porque constató que el actor no cumple con los requisitos consagrados en la Ley 860 del 2003.

A folio 17 del expediente se encuentra copia del dictamen realizado por el ISS, donde además de lo ya establecido, aparece probado que el accionante padecía de una enfermedad de origen común de las denominadas congénitas, crónicas o degenerativas (insuficiencia renal crónica), y con la documental vista de 18 a 21, se constata que la última cotización se realizó para el ciclo 2013–04, a través del consorcio Prosperar (régimen subsidiado), para un total de 541 semanas cotizadas, con lo que superó el requisito de 50 semanas en los 3 años anteriores a la estructuración fijada por la sala.

Tiene sentado esta corporación de manera pacífica y uniforme, que, la norma aplicable para determinar la procedencia del derecho prestacional reclamado, es la que se encontraba vigente al momento de la estructuración de la invalidez, es decir, en este caso el artículo 1° de la Ley 860 de 2003, que exige como requisito para acceder a la pensión de invalidez, haber cotizado 50 semanas en los 3 años anteriores a la fecha de estructuración de la invalidez.

Dicha regla ha sido entendida por la Corte, cuando se trata de enfermedades crónicas o degenerativa, en las que a pesar de estructurarse el estado de invalidez en el pasado, el trabajador no pierde su capacidad laboral residual, lo que le permite seguir cotizando al sistema, caso en el cual, se exigirá el mismo número de semanas cotizadas dentro de los tres años anteriores, contabilizadas a partir de la última cotización realizada por el afiliado, o a partir del momento en que se efectúa la reclamación ante el empleador o cuando se califica la invalidez, situaciones que se deben valorar de conformidad con las particularidades de cada caso. Sobre esto se ha pronunciado la Sala, entre otras, en la sentencia CSJ SL4092020, cuyos apartes citados en sede extraordinaria orientan la decisión en esta instancia.

De lo anterior surge sin hesitación alguna que le asiste al actor, el derecho a la pensión de invalidez, por lo que, se condenará a pagar la prestación pensional deprecada en la demanda, a favor del señor Rubén Darío Gómez Gómez, a partir del 1 de mayo de 2013.

left1376680Se condenará a la demandada al pago de la suma de $71.849.508, por concepto de las mesadas dejadas de cancelar desde dicha calenda hasta el 31 de marzo de 2020, teniendo en cuenta la liquidación que se anexa:

No se dispondrá el pago de los intereses moratorios de que trata el artículo 141 de la Ley 100 de 1993, según criterio de esta corporación erigido en la CSJ SL40322019, en razón a que la entidad aplicó la normatividad que estaba vigente en ese momento para negar el derecho pensional, pues el reconocimiento de la prestación económica a la demandante se hace en virtud al nuevo criterio que viene adoptando la Sala sobre el reconocimiento de la pensión de invalidez en caso de enfermedades congénitas, crónicas o degenerativas. De ahí que se absolverá a la demandada del pago de tales réditos.

Finalmente, es necesario precisar que, al dársele prosperidad a la pretensión principal, quedan sin soporte las excepciones de inexistencia de la obligación de reconocer la pensión de invalidez con fundamento en el principio de la condición más beneficiosa en vigencia de la Ley 860 de 2003, imposibilidad de sanción moratoria, imposibilidad de condena en costas, buena fe y compensación, propuestas por la demandada.

Tampoco la de prescripción, dado que no alcanzó a transcurrir el término trienal de que trata el artículo el 151 del CPTSS, toda vez que, si bien el derecho se consolidó el 30 de abril de 2013, la demanda fue presentada el 14 de enero de 2014, y entre ellas medió una reclamación administrativa del 13 de julio de 2011 que fue resuelta el 29 de noviembre de 2012 mediante Resolución n.° 20126800357658.

Sin costas en las instancias.

DECISIÓN

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la Ley, CASA la sentencia dictada el tres (3) de febrero de dos mil quince (2015) por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín, dentro del proceso ordinario laboral que le sigue RUBÉN DARÍO GÓMEZ GÓMEZ a la ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES, COLPENSIONES.

Sin costas en casación.

En sede de instancia, RESUELVE:

PRIMERO: REVOCAR la sentencia proferida el 7 de noviembre de 2014 por el Juzgado 19 Laboral del Circuito de Medellín, en cuanto absolvió a la demandada de todas las pretensiones incoadas en su contra, para en su lugar, CONDENAR a la Administradora Colombiana de Pensiones (Colpensiones), a pagar al demandante la pensión de invalidez, a partir del 1 de mayo de 2013, en cuantía de $598.500.

SEGUNDO: CONDENAR a la demandada al pago de la suma de $71.849.508, por concepto de las mesadas dejadas de cancelar desde dicha calenda hasta el 31 de marzo de 2020.

TERCERO: ABSOLVER a la Administradora Colombiana de Pensiones - Colpensiones del pago de los intereses moratorios contenidos en el artículo 141 del CST y en su lugar CONDENAR, a pagar al demandante, la indexación del capital adeudado.

CUARTO: Declarar no probadas las excepciones formuladas por la demandada.

QUINTO: Costas como se indicó en la parte motiva.

Notifíquese, publíquese, cúmplase y devuélvase el expediente al Tribunal de origen.

ANA MARÍA MUÑOZ SEGURA

Aclara voto

OMAR DE JESÚS RESTREPO OCHOA

Salva voto

GIOVANNI FRANCISCO RODRÍGUEZ JIMÉNEZ

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