FERNANDO CASTILLO CADENA
Magistrado ponente
SL120-2020
Radicación n.° 68152
Acta 2
Bogotá, D.C., veintidós (22) de enero de dos mil veinte (2020)
Decide la Sala el recurso de casación interpuesto por JOSÉ IGNACIO RENZA CALDERÓN, contra la sentencia proferida por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, el 27 de noviembre de 2013, en el proceso instaurado por el recurrente en contra de CGL COMPAÑÍA GEOFÍSICA LATINOAMERICANA S.A.S.
ANTECEDENTES
José Ignacio Renza Calderón demandó a CGL Compañía Geofísica Latinoamericana S.A.S. para que fuera condenada al reconocimiento y pago del auxilio de cesantías durante todo el tiempo de servicio, incluidos sus intereses con la sanción respectiva; los salarios insolutos que se causaron en los últimos 19 días de servicio; la indemnización moratoria, en cuantía igual al último salario diario «(56.66)» causado por cada día de retardo en el pago de salarios y prestaciones; y las costas y gastos procesales.
En lo que estrictamente concierne al recurso extraordinario, el actor adujo, que prestó sus servicios personales como trabajador subordinado a la Sociedad C.G.L. Compañía Geofísica Latinoamericana S.A.S., en la ciudad de Mocoa y otros lugares del departamento del Putumayo, desde el 8 de noviembre de 2010 hasta el 6 de enero de 2011; que el salario se pactó en $1.700.000,oo mensuales, que la accionada se comprometió al pago tanto de los días trabajados en grupo, como los días de descanso acumulados en grupo. Afirmó que no le habían pagado 19 días de descanso y que se omitió el deber de cancelar la cesantía con sus respectivos intereses.
La accionada, al contestar el escrito inaugural del proceso, se opuso a la prosperidad de las pretensiones, en cuanto a los hechos aceptó la existencia del contrato laboral y los extremos del mismo, en cuando los demás los negó, o señaló que no eran ciertos de la forma en que fueron relatados por el actor. En su defensa formuló las excepciones de inexistencia de las obligaciones, cobro de lo no debido, buena fe, y las que el juez encontrara probadas que no requirieran formulación expresa.
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
El Juzgado Treinta y Cuatro Laboral del Circuito de Bogotá, mediante fallo del 5 de julio de 2013, dispuso:
PRIMERO: DECLARAR que entre el señor José Ignacio Renza y la Compañía Geofísica Latinoamericana S.A.S existió un contrato de trabajo modalidad-obra o labor contratada.
SEGUNDO: DECLARAR que el Contrato expiró por la finalización de obra o labor contratada
TERCERO CONDENAR a pagar al señor José Ignacio Renza Calderón identificado con C.C. 5.299.293 por concepto de saldos de salarios, compensatorios y diferencias en las prestaciones sociales por lo expuesto anteriormente, la suma de $ 635.297.91.
CUARTO: ORDENAR a la entidad demandada Geofísica Latinoamericana S.A.S a pagar la suma señalada en el numeral anterior debidamente indexado conforme el IPC, desde el 07 de enero de 2011 hasta el momento en que se verifique su pago.
QUINTO NEGAR las restantes pretensiones por lo expuesto en la parte motiva de la Sentencia
SEXTO: DECLARAR no probadas las excepciones propuestas.
SÉPTIMO: CONDENAR En costas a la parte demandada, en la liquidación de costas que efectuara la secretaría, inclúyase la suma de $ 65.000 por concepto de agencias en derecho, conforme el artículo 19 de la Ley 1395 y el acuerdo 1887 de 2003 proferido por el Consejo superior de la judicatura.
La sentencia anotada fue corregida por error aritmético en la misma audiencia bajo el entendido que era inquebrantable la modalidad del contrato celebrado, esto es de obra o labor contratada, y el salario devengado por el ex trabajador $1.700.000, y que no podía pronunciarse sobre los aspectos propios del recurso de apelación y frente al salario del mes de noviembre y diciembre de 2010 se debía deducir lo correspondiente a seguridad social y otros gastos -como el fondo de solidaridad social-, razón por la que:
corrige el numeral tercero de su sentencia por error puramente aritmético conforme al artículo 310 del Código Procesal Civil aplicable en materia laboral, numeral que quedará así condenada CGL física latinoamericanas a pagar al señor José Ignacio Renzo Calderón la suma de $344.882,31 como diferencia entre lo que debía haber devengado y pagado realmente por la demanda Igualmente se mantendrá incólume el resto de la sentencia en el sentido específico de que dicha cifra se repite $344.188, 31 debe ser indexada.
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
Al resolver los recursos de alzada, interpuestos por las partes, la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, a través de providencia del 27 de noviembre de 2013, confirmó la sentencia de primer grado, la cual fue adicionada el 6 de diciembre de 2013, en el sentido de confirmar la absolución del pago de la indemnización moratoria. Sin costas en esa instancia.
En lo que en estricto rigor concierne al recurso extraordinario, la sala sentenciadora adujo que no fue motivo de discusión la existencia de relación laboral, la cual inició el 8 de noviembre de 2010, así como la remuneración recibida de $1.700.000 mensual. Indicó que la inconformidad del demandado se centraba en el extremo final determinado por el juez de primera instancia.
Al respecto manifestó el juzgador que, debía establecer i) el extremo final de la relación laboral, y ii) si se encuentra pendiente el pago de días de descanso.
Frente a ello encontró, con sustento en el análisis de la prueba documental como de la testimonial, que la relación laboral inició el 8 de noviembre y se dio por terminada el 20 de diciembre de 2010, bajo la causal de finalización de la obra y no el 16 de diciembre del mismo año, como lo indicaba la recurrente.
Agregó, que en atención a que el demandante tenía un contrato tipo Staff, en el que trabajaba 30 días y descansaba 15, que laboró un total de 43 días, teniendo que por cada día de trabajo le correspondía un 0.5 de descanso, esto es, arrojaba un total de 21.5 días de descanso acumulado; lo que significaba, que la demandada debió efectuar el pago por 64,5 días entre el tiempo laborado y el descanso acumulado; con ello definió que lo procedente era la condena en los términos y por los valores determinados por el Juez de primera instancia.
En sentencia complementaria del 6 de diciembre de 2013, el Colegiado, determinó que por error involuntario no se resolvió el recurso de apelación del demandante, lo que procedió a realizar. En este punto reiteró que no fue objeto de controversia la existencia de la relación laboral, la remuneración recibida y como quedó sentado en la providencia objeto de la adición, la relación laboral tuvo vigencia del 8 de noviembre al 20 de diciembre de 2010, como lo había establecido el juez de primera instancia.
Frente al incumplimiento en la cancelación oportuna de salarios y prestaciones reclamadas por el recurrente y nuevamente soportado en el análisis del haz probatorio observó el Colegiado que al demandante le fue cancelado el valor de los salarios y la liquidación al término del contrato laboral, con fecha 24 de diciembre de 2010, que si bien no correspondía a lo realmente adeudado, por cuanto no se incluyó lo correspondiente a los días de descanso remunerado, la diferencia existente fue precisamente el objeto de condena en el proceso.
Respecto de la indemnización moratoria recordó, con base en las reglas jurisprudenciales, que en términos generales: i) no es automática con la sola verificación de mora en el cancelación de salarios y prestaciones sociales; ii) para su imposición debe mediar un análisis de la conducta asumida por el empleador, esto es, si existió buena fe; iii) puede exonerarse el empleador con ocasión a la ocurrencia de una fuerza mayor o caso fortuito, y corresponde al empleador la acreditación de esta buena fe. Con sustento en ello concluyó que la conducta que desplegó el empleador no permitía predicar mala fe, por cuanto no se percibió la intención de incumplir la obligación como quiera que acreditó el pago cuatro días después de la finalización del vínculo laboral, y aun cuando no correspondía al valor total adeudado, estuvo presta a cancelar y «como quiera que lo resuelto no varía la decisión proferida sólo había lugar adicionar la parte motiva de la sentencia en el sentido de confirmar la absolución que respecto de la indemnización moratoria se produjera en esta instancia finalmente en esta instancia».
Por último, se refirió al memorial de la parte demandante (folios 112 a 115) informando que en acatamiento del artículo 66 A del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social, la sentencia de segunda instancia debe estar en consonancia con las materias objeto de recurso interpuesto ante el juez de primera instancia, por lo que, el mismo no podía ser tenido en cuenta para proferir la decisión, además de ello, por lo dispuesto en la Ley 1149 2007, la sustentación del recurso de apelación, se surtía ante el mencionado funcionario; y en cuanto a la inconformidad con las agencias en derecho, recordó que tal punto debía haberse tramitado mediante la opción de objeción de costas correspondientes.
Con sustento en lo expuesto adicionó la parte motiva de su sentencia del 27 de noviembre de 2013 en el sentido de confirmar la absolución respecto a la indemnización moratoria.
RECURSO DE CASACIÓN
Interpuesto por el demandante, concedido por el Tribunal y admitido por la Corte, se procede a resolver.
ALCANCE DE LA IMPUGNACIÓN
Pretende la parte actora con la interposición del recurso extraordinario que la Sala case la sentencia acusada «y que constituida en Tribunal de instancia, revoque la que dictó el Juez 34 Laboral de Oralidad del Circuito de Bogotá y CONDENE a pagar al demandante, dentro del término que la (sic) señale las correspondientes condenas por concepto de remuneración de descanso conforme a lo pactado en el contrato de trabajo por concepto de cesantía e intereses de cesantías e indemnización moratoria durante los 24 meses posteriores a la terminación del contrato, además de los intereses moratorios posteriores al mes vigésimo cuarto como lo determina el actual articulo (sic) 65 del Código Sustantivo del Trabajo. Además al pago de las costas causadas en ambas instancias y en el recurso extraordinario.»
Con tal propósito formula un cargo, por la causal primera de casación, el cual fue replicado.
CARGO ÚNICO
Ataca la sentencia de segunda instancia y su complementaria «dictadas por la magistrada ponente, aunque esta ultima (sic) si bien se dictó dentro del término de ejecutoria de aquella no ha sido notificada legalmente a las partes del litigio, resulta innecesaria y carente de validez, porque la magistrada simplemente no verificó que el Juez a quo sí decidió todas las 3 pretensiones de la demanda cuando absolvió de la solicitud por concepto de indemnización moratoria. La violación se cometió indirectamente respecto de las disposiciones que integran la proposición jurídica completa o proposición de derecho sustancial laboral, que la integran los siguientes artículos: Art. 57, numeral 4°, del Código Sustantivo del Trabajo; artículo 127 del Código precitado, con la modificación que le introdujo el art. 14 de la ley 50 de 1990, artículo 128 del mismo Código Sustantivo que modificó el 28 de la citada ley 50 de 1990; los artículos 249 y 253 del Código Sustantivo del Trabajo; el artículo 65 de dicho Código Sustantivo que sustituyó el 20 de la ley 789 de 2002; y, el artículo 1o de la ley sobre intereses de cesantías.»
Considera la censura que la violación de las disposiciones relacionadas, ocurrió por apreciación errónea de prueba documental y la falta de apreciación de prueba de confesión y documental.
Acusa como errores cometidos por el Tribunal:
PRIMERO: Dar por demostrado, sin estarlo y no ser cierto, que el salario mensual devengado por el demandante fue de un millón setecientos mil pesos ($1.700.000, oo), según afirmación y confesión hechas equivocadamente por el suscrito apoderado del trabajador, que tomó como verdadero o cierto por el Juez 34 Laboral, cuando es evidente que el salario devengado por el trabajador fue muy superior a dicha remuneración.
SEGUNDO: No dar por demostrado, siendo una evidencia inconfutable (sic) , que se demuestra mediante confesión del apoderado de la sociedad demandada al contestar el hecho segundo de la demanda y que la corroboran las afirmaciones (tres en total) sobre el salario BASICO (sic) que se tuvo en cuenta para liquidar las prestaciones sociales que le fueron pagadas según la empleadora por concepto de cesantías, prima de servicios y vacaciones que se hacen en la documental de folio 41, aducida con la contestación de demanda.
TERCERO: Dar por demostrado sin estarlo, que la sociedad demandada pagó a la terminación del contrato, el valor del descanso remunerado causado cuando ya iba a terminar la labor contratada y la cesantía legalmente causada así como sus intereses, que está en mora de pagar, liquidados legalmente.
En seguida acude al artículo 197 del Código de Procedimiento Civil y precisa que si bien en el caso concreto se afirmó en la demanda que el salario devengado fue de $1.700.000, en la contestación se confesó que fue de $78.410 diarios, cifra superior a la señalada en la demanda, razón por la que debe prevalecer el confesado y que fue el que tomó el juzgador de primera instancia y que convalidó la magistrada al confirmar el fallo. De ello desprende el recurrente que el básico mensual era de $2.295.255 y de $3.438.937,20 devengado como básico en los 43 días en que se prolongó la prestación de servicio del accionante.
Frente al segundo error pone de presente que de la documental sobre la liquidación de prestaciones sociales, elaborado por la empleadora, permite corroborar, en 3 ocasiones que el salario fue de $78.410,84 diarios con la calidad de salario básico, igualmente al liquidar las vacaciones, en que se compensaban los 43 días de duración del contrato de trabajo se reiteró con la condición de salario básico. Para el recurrente en casación en su caso concreto:
[…] el salario básico diario está confesado y demostrado que fue de $78.410,84 diarios o sea un sueldo de $3.371.666,12. El apoderado de la demandada le agrega a dicho salario básico el adjetivo "promedio", pero este añadido no cambia en nada su categoría de básico sino permite anotar que se dividió en 2 etapas del servicio prestado : El primer lapso es el comprendido entre el 8 y el 30 de noviembre y el segundo el lapso de diciembre 1o al 20 del mismo mes: en ambos lapsos se le liquidó al demandante como SALARIO BASICO la suma diaria de $78.410,84 para un total de $1.836.362,30 por los días trabajados del mes de noviembre, y en los 20 dias (sic) seguidos en diciembre de $1.596.836,80.
En el primero de dichos lapsos no hubo ningún concepto salarial adicional. En cambio, en el lapso de diciembre sí hubo días de descanso que se deben agregar al salario básico ($1.596.836,80) así: si se considera que son 20 días de descanso remunerado el factor adicional del salario será de $1.685.833,06 y si solamente se añade el valor de la remuneración de los diecinueve (19) días de descanso remunerado que certificó el Jefe de Operaciones (fl. 9), el valor del descanso remunerado apenas será de $1.529.011,39. Estos resultados sobre la remuneración del descanso se pactan en la clausula (sic) 5a del contrato escrito de trabajo que elaboro la sociedad empleadora, que en la parte final se expresa: "LOS DIAS DE DESCANSO ACUMULADOS SI SE LLEGAN A PRESENTAR AL FINAL DEL CONTRATO SE LIQUIDARAN CON BASE EN EL SALARIO ORDINARIO VIGENTE A LA FECHA" (Mayúsculas fuera de texto) (fl. 40).
Con fundamento en tal dicho, afirma que no se le han pagado los días de descanso renumerado, pues estos jurídicamente no integran el salario básico u ordinario, dado que son adicionales. Así las cosas, dice que laboró durante 43 días que duró la ejecución del contrato, la accionada le liquidó una suma total de 3.371.666,10 como salario básico total, tomando como base el salario diario de $78.410.84, el que no incluye lo correspondiente a los descansos remunerados certificados en el documental de folio 9, prueba omitida en las instancias. Así las cosas, en voces de la censura el valor del descanso remunerado, a la fecha en que se causó ascendían de $1.489.805,90, lo que le arroja como salario total devengado de $ 5.831.472,00.
En consecuencia, al revisar la pretensión relativa a las cesantías y sus intereses, corresponden a $577.092,48 que es superior a la que liquidó la accionada. Finalmente se refiere la indemnización moratoria deprecada expresada en la sentencia complementaria:
[…] que en mi concepto por falta de notificación adecuada o legal carece de validez, es equivocado entender que la aplicación del artículo 65 del Código Sustantivo del Trabajo no está condicionada a que la falta de pago completo de lo debido al trabajador a la cuantía mayor o menor que se deba pagar. Por ser pequeña la cantidad que no se paga, se puede premiar la violación de ley con el beneficio de no sancionar la falta o violación. Esa violación de ley puede en sus efectos sancionatorios si se procede con aceptable creencia de equivocación, o de que no se debe, pero esa buena fe debe demostrarse y no tiene el juzgador, salvo proclividad innecesaria, tener que suponerla o rebuscarla. Debe surgir ostensible y aceptable o razonable para poder aceptarla.
RÉPLICA
En esencia el opositor enrostra errores de técnica que comprometen la prosperidad del recurso y en todo caso deja por sentado que el juez de segundo grado «no pudo cometer los yerros fácticos ni las deficiencias en la función del análisis probatorio endilgado, pues apreció correctamente la prueba documental así como las declaraciones de parte y de terceros y demás pruebas decretadas, pruebas que fueron recaudadas bajo la legalidad de la norma y que además de ello fueron apreciadas por los juzgadores de instancia y con las que basó su decisión»
CONSIDERACIONES
Se recuerda que el Juez colegiado al estudiar los recursos de alzada interpuestos por las partes en sentencia complementaria dispuso que no fue objeto de controversia: i) la existencia de la relación laboral que tuvo una vigencia del 8 de noviembre al 20 de diciembre de 2010; ii) la remuneración percibida; y iii) que al accionante, si bien le fue pagado el salario, este no incluyó el correspondiente a los días de descanso remunerado, lo cual fue objeto de condena en el proceso bajo su estudio.
Del recurso extraordinario, que efectivamente no es un modelo, se puede extraer que el accionante se duele de la valoración probatoria del juzgador, ya que: i) no evidenció la confesión del demandado frente al verdadero salario básico, que afecta el pago de la liquidación del contrato y otras prestaciones, como lo es la cesantía; ii) no fueron cancelados por el empleador los días de descanso remunerado; y iii) no era dable absolver por indemnización moratoria.
Pues bien, desde ya es menester señalar que el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante gravitó en torno a los siguientes aspectos:
En primer lugar quiero aclarar que cuando se promovió la demanda, en forma alguna se puede pensar que el suscrito apoderado o la parte demandante estuvieran actuando de mala fe, no; es que a la parte demandante no se le pagó el mismo día en que se dice que terminó el contrato, antes se había dicho y así lo confesó la parte demandante, que eso fue el 20 de diciembre del año 2010, ahora aparece que disque fue el 16 de diciembre de ese año, contra todas las evidencias que existen en el proceso.
Además, la liquidación que hizo la empresa, no se la entregaron al demandante ni al momento en que se dice terminó el contrato, ni posteriormente; la vino a conocer es a raíz de la contestación de la demanda.
Aclarada esta posición, quiero decir que en mi concepto hay base para dudar de que el pago se haya hecho oportunamente, el administrador cuyo nombre no recuerdo que declaró la semana pasada o en la audiencia pasada dijo que, cuando se ordenaba, o se tenía proyectado que la obra iba a continuar, entonces allí la terminación no era cuando se les pagaba a los trabajadores., sino cuando continuara esa obra y allí él se le está diciendo, en el documento que se presentó desde la demanda, que tenía que presentarse a la empresa el día 6 de enero del año 2011. A qué tenía que presentarse, a recibir lo que ya le habían liquidado, a recibir la liquidación, esa orden que debía cumplir el trabajador demandante, para qué era.
Si se analiza la respuesta dada por nada menos que por el administrador de la obra, o de ese plan de obra del Rio Guineo, tendría que concluirse que al trabajador le hicieron una liquidación, no el 20 de diciembre, sino varios días después, con lo cual cambiaría la situación que se está analizando.
Ahora queda de todas maneras, con las operaciones aritméticas que ha hecho el juzgado, con toda la paciencia que el caso requería, sucede que se dice que hay un error aritmético, ese error aritmético, hay que aclarar si se trata de simplemente de simple error aritmético que se podía corregir aun después de ejecutoriada la sentencia, o si se trata de cuestión principal como motivo de apelación.
En cuanto a que la sanción moratoria no se haya (sic) imponga, también existe el criterio repetido por la Corte en el sentido de que debe demostrarse la buena fe y la buena fe no consiste simplemente en tratar de embolatar al pobre trabajador, ni siquiera haciendo los pagos directamente, sino a través de otros medios que no puede controlar; según los extractos aparecería que en la segunda consignación que le hizo, se están incluyendo los de la primera, entonces eso obviamente trae dudas sobre la cuestión y me obliga a tener que apelar. (folios 102 CD 2:03 minutos)
De lo anterior se desprende palmariamente que el tema concerniente al salario básico que el juez de primer grado tuvo en consideración para liquidar las acreencias laborales, no mereció reproche alguno por parte del promotor del litigio.
En ese horizonte, entonces, y siendo cristalino que en los términos de los artículos 57 de la Ley 2a. de 1984, y hoy del 66 A del Código Procesal del trabajo y de la Seguridad Social, quien formule el recurso de apelación debe sustentarlo en debida forma ante el juez que haya proferido la decisión correspondiente, y por fuerza del principio de las limitaciones del recurso por razón de las posibilidades del tribunal de apelación, al fallador de segundo grado, por regla general, no puede exigírsele que actúe más allá de su ámbito de competencia, fijado por las partes en el recurso de alzada.
Se resalta, que si el accionante guardó total mutismo al momento de sustentar la impugnación, en relación con el mencionado yerro del salario, ello en rigor supone que se conformó con la decisión y, por consiguiente, carecía el Tribunal de competencia para examinar temas que no le fueron propuestos y de paso también la Corte Suprema de Justicia. Dicho en breve: no es dable imputarle al juzgador la comisión de unos errores en relación a unos aspectos frente a los cuales no hubo pronunciamiento, precisamente porque no fueron materia de apelación.
Acá se ofrece de trascendencia memorar lo enseñado por esta Sala en sentencia CSJ SL, del 28 de feb. 2008, rad. 29.224, atinente al postulado de las limitaciones del recurso por razón de las posibilidades del tribunal de apelación, «principio según el cual al fallador de segundo grado no puede exigírsele que actúe más allá de su ámbito de competencia, fijado por las partes; como también se desprende de lo explicado por la Corte de tiempo atrás en asuntos similares al presente. Por ejemplo, en auto del 9 de mayo del 2000, radicación 14440 […]».
Tampoco sobra memorar los principios que de antaño ha explicado esta Corte según los cuales quien no protesta pudiéndolo hacer, se entiende que consiente y, uno particular para la casación, consistente en que, siendo recurso extraordinario, su procedencia exige por lo regular que se hayan agotado los medios ordinarios por los que se hubiera podido obtener la enmienda de la providencia.
De igual forma, la Sala debe poner de presente que no es dable que el recurrente en casación pretenda que los argumentos planteados en la audiencia de alegatos, celebrada ante el juez colegiado subsanen de alguna manera cualquier posible deficiencia existente en el recurso de apelación, pues, se insiste, el principio de consonancia previsto en el artículo 66 A del C.P.T. y de la S.S. limita el pronunciamiento de segundo grado a los temas planteados en la apelación, no aquellos contenidos en escritos anteriores o posteriores, como por ejemplo los alegatos presentados antes de emitirse sentencia de fondo.
Así las cosas, en aras del derecho de defensa y contradicción, no es posible para esta Sala abordar un aspecto frente al cual el actor se allanó a la conclusión del juez de primer grado, ya que esto implicaría el desconocimiento del derecho de defensa.
En consecuencia de lo anterior, tampoco hay lugar a revisar la liquidación del contrato, por cuanto tal inconformidad se desprendía precisamente del descontento con el salario base tomado por el Tribunal.
En otro orden de consideraciones, de manera reiterada la Corte ha precisado que, a efectos de imponer la sanción moratoria contemplada en el artículo 65 del Código Sustantivo del Trabajo, el operador jurídico debe inmiscuirse en las circunstancias particulares que mediaron para que el empleador incumpliera la obligación relativa al pago completo de los salarios y prestaciones sociales.
También, con inmodificada persistencia, ha señalado que la sanción impuesta al empleador moroso a la luz de lo estatuido en dicho precepto, tiene como causa la renuencia injustificada del sancionado al pago oportuno de las mencionadas acreencias. Si la mora obedece a dudas de buena fe acerca de la existencia de la obligación, deducción o monto de la misma, es obvio que desaparece la causa y, por consiguiente, se hace inaplicable la sanción, como sucede en el asunto bajo examen.
La Sala en sentencia CSJ SL2837-2019, al analizar un comportamiento similar, recordó que en el desarrollo jurisprudencial, la buena fe es equivalente a un actuar provisto de lealtad, rectitud y honestidad del empleador bajo la convicción y conciencia suficientes de proceder con honradez frente al trabajador, esto es con ausencia de intensión de atropello de sus derechos; lo que se contrapone a la mala fe, que a toda luz busca ventajas bajo una conducta desprovista de rectitud y honestidad; lo que necesariamente conlleva a que la sanción contenida en el artículo 65 del CST no opera de manera automática, pues habrá de auscultarse la existe observancia del principio descrito por parte del empleador y recientemente en la sentencia SL194-2019, 23 ene. 2019, rad.71154 se precisó:
Como lo ha adoctrinado esta Corporación, la sanción moratoria regulada en el artículo 65 del Código Sustantivo del Trabajo, para el sector privado, y en el artículo 1.° del Decreto 797 de 1949, para el oficial, es de naturaleza sancionatoria, de modo que para su imposición el juzgador debe analizar el comportamiento del empleador a fin de establecer si actuó de buena o mala fe, pues solo la presencia de este último elemento le abre paso.
la sanción moratoria solo puede descartarse mediante un examen acucioso del material probatorio y la demostración de la buena fe patronal. Por tanto, si de las circunstancias fácticas se colige que el empleador obró con lealtad, sin ánimo de ocultación o de atropello, debe ser absuelto por dicho concepto, pues la existencia de una verdadera relación laboral no trae consigo la imposición de la sanción, ya que, como se subrayó, su naturaleza sancionatoria impone al juzgador auscultar en el elemento subjetivo a fin de determinar si el empleador tuvo razones atendibles para obrar como lo hizo.
Se reitera que tiene adoctrinado la Corporación que la buena fe «equivale a obrar con lealtad, con rectitud, de manera honesta, en contraposición con el obrar de mala fe; y se entiende que actúa de mala fe “quien pretende obtener ventajas o beneficios sin una suficiente dosis de probidad o pulcritud» (Gaceta judicial, tomo LXXXVIII, pág. 223), como lo refirió la Sala Civil de esta Corte en sentencia añeja del 23 de junio de 1958.
A la luz de la anterior línea jurisprudencial y una vez analizada la plataforma probatoria, sobre todo las razones que adujo la demandada, la Sala advierte que el deudor no actuó con malicia, engaño o intención de obrar en provecho propio y en perjuicio del actor, pues a pesar de que procedió con error, tuvo la convicción de haber satisfecho todas las obligaciones nacidas del contrato suscrito, es decir, de no adeudar lo hoy reclamado, con argumentos que justifican su proceder.
Así las cosas, fue acertada y conforme a la línea de pensamiento de esta Corporación la conclusión del Colegiado al considerar que la conducta desplegada por el empleador no permitía predicar la mala fe, por cuanto de las circunstancias fácticas lo que encontró es que, el empleador estuvo presto a cancelar lo que en su convencimiento debía al trabajador y que efectivamente pagó y que, si bien erró por cuanto el monto pagado no correspondía a lo realmente adeudado, dicha diferencia fue el objeto de condena impuesta en el proceso; lo que definitivamente permite evidenciar que se actuó con lealtad, sin ocultamiento y sin aprovechamiento alguno.
En este punto debe recordarse lo asentado por la Sala en la Sentencia SL19455-2017 en el sentido de:
Recuerda la Sala que así como se presume que todas las actividades realizadas por el trabajador en su jornada, se encuadran dentro de la buena fe contractual, por la que se deriva su honestidad y probidad, de manera que no es posible, salvo que se demuestre, imponerle sanciones o incluso el despido, ello mismo se predica para el empleador, dada la vocación de reciprocidad de aquel, de allí que no pueda encontrarse un yerro jurídico cuando el Tribunal revocó la indemnización, pues no encontró una actitud violatoria de aquella.
Lo valioso del principio de buena fe es que humaniza las relaciones sociales en el trabajo, pues dota a los sujetos de ética en su desenvolvimiento e incluso proporciona una sanción drástica al empleador cuando la omite, coadyuvando de esa manera a aliviar el desequilibrio entre las partes, de allí que para esta Corte su utilización no pueda ser indiscriminada o automática, pues de ser así perdería aquello que es de su esencia, afectando la simetría y eliminando su mandato de reciprocidad.
De ello se desprende que, así como se presume que todas las actividades realizadas por el trabajador en su jornada, se encuadran dentro de la buena fe contractual, por la que se deriva su honestidad y probidad, de manera que no es posible, salvo que se demuestre, imponerle sanciones o incluso el despido, ello mismo se predica para el empleador, dada la vocación de reciprocidad de aquel.
Así las cosas, al no existir un error protuberante y siendo coherentes con lo discurrido el cargo no sale victorioso.
Procede la condena en costas del recurso extraordinario a cargo del recurrente, estimadas las agencias en derecho en la suma de $4.000.000,oo que serán tenidas en cuenta por el Juez de Primera Instancia al efectuar la liquidación de las costas, en los términos del artículo 366 del CGP.
DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, NO CASA la sentencia dictada por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, el 27 de noviembre de 2013, en el proceso instaurado por JOSÉ IGNACIO RENZA CALDERÓN en contra de CGL COMPAÑÍA GEOFÍSICA LATINOAMERICANA S.A.S.
Costas como se indicó.
Cópiese, notifíquese, publíquese, cúmplase y devuélvase el expediente al tribunal de origen.
GERARDO BOTERO ZULUAGA
Presidente de Sala
FERNANDO CASTILLO CADENA
CLARA CECILIA DUEÑAS QUEVEDO
JORGE LUIS QUIROZ ALEMÁN