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Corte Suprema de Justicia · Sala de Casación Laboral

Sentencia SL1204-2020

Fecha
1 de abril de 2020
Magistrado ponente
Jimena Isabel Godoy Fajardo

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia SL1204-2020

Corte Suprema de Justicia · Sala de Casación Laboral

Parte resolutiva

DECISIÓN En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley, NO CASA la sentencia proferida por la Sala Laboral de Descongestión del Tribunal Superior de Bogotá D.C., el 28 de junio de 2013, dentro del proceso que promovió RODRIGO IGNACIO QUIJANO VARGAS contra LA NACIÓN - MINISTERIO DE LA PROTECCIÓN SOCIAL, INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES EN LIQUIDACIÓN – hoy liquidado- y la ESE LUIS CARLOS GALÁN SARMIENTO –hoy- FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A - en calidad de vocera y administradora del Patrimonio Autónomo. Costas, como se dijo en la parte motiva.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Corte Suprema de Justicia

Sala de Casación Laboral

Sentencia SL1204-2020

Magistrado ponente: Jimena Isabel Godoy Fajardo

1 de abril de 2020

JIMENA ISABEL GODOY FAJARDO

Magistrada ponente

SL1204-2020

Radicación n.° 65378

Acta 11

Estudiado, discutido y aprobado en sala virtual

Bogotá, D. C., primero (1) de abril de dos mil veinte (2020).

La Sala decide el recurso de casación interpuesto por RODRIGO IGNACIO QUIJANO VARGAS, contra la sentencia proferida por la Sala Laboral de Descongestión del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, D.C., el 28 de junio de 2013, en el proceso que adelantó contra LA NACIÓN - MINISTERIO DE LA PROTECCIÓN SOCIAL, INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES hoy liquidado- y la ESE LUIS CARLOS GALÁN SARMIENTO –hoy- FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A - en calidad de vocera y administradora del Patrimonio Autónomo.

ANTECEDENTES

Rodrigo Ignacio Quijano Vargas, llamó a juicio a La Nación - Ministerio de La Protección Social, Instituto de Seguros Sociales en Liquidación – hoy - liquidado, y la ESE Luís Carlos Galán Sarmiento hoy- Fiduciaria la Previsora S.A - en calidad de vocera y administradora del Patrimonio Autónomo, para que, se condenara a las demandadas, con fundamento en la convención colectiva 2001-2004, a la reliquidación de los siguientes derechos laborales, por el periodo corrido desde el año 2000 hasta el 3 de enero de 2008: indemnización convencional (artículo 5), trabajo realizado en días dominicales y festivos, «reajuste y pago de los respectivos reajustes, por el incremento salarial sobre los pagos realizados por días dominicales y festivos», incrementos anuales por servicios prestados, prima técnica desde el 31 de enero de 2004 hasta el 3 de enero de 2008 (artículo 41), reajuste salarial derivado del pago de la prima técnica, por el periodo comprendido «entre el año 2000 al 31 de octubre de 2002», reajuste de horas extras desde el 31 de octubre de 2004 a 3 de enero de 2008, reajuste de vacaciones (artículo 48), prima de vacaciones, prima de servicios, «adición a la prima de servicios».

De igual manera, el reajuste y/o pago de: auxilio de transporte, sanción moratoria, auxilio de cesantía, intereses de cesantía, 8 días de salario por año trabajado, dotaciones, reintegro de sumas que le fueron descontadas de los recargos nocturnos, festivos y dominicales, reajuste de los anteriores conceptos antes y después de la escisión del ISS, reajuste de aportes al sistema de pensiones, indexación, intereses de mora, indemnización del artículo 64 del CST, sanción moratoria hasta por 24 meses, y «sobre todas las sumas (…) pague adicionalmente el valor del IPC más los intereses legales», y las costas.

Como sustento fáctico de las pretensiones, en 63 hechos, señaló en síntesis, que: se desempeñó como médico en el ISS, desde el día 30 de diciembre de 1994, inicialmente mediante contrato de prestación de servicios, pero mediante resolución número 063931, fue nombrado como médico especialista, grado 38, lo que condujo a que se «posesionara» el 14 de agosto de 1996, como trabajador oficial, para trabajar en cuidados intensivos, lo que implicaba turnos de 24 y 36 horas, trabajo en dominicales, festivos y pago de compensatorios.

Relató que el 2 de julio de 2003, mediante derecho de petición requirió al ISS, certificación atinente a los recargos laborales causados en las vigencias fiscales 2001-2002, y dicha entidad, el 10 de julio de 2003, manifestó que, una vez se asignaran los recursos, procedería al pago de dominicales y festivos adeudados, que estimó ascendían a la suma de $6.900.000.

Anotó que el ISS, el 30 de diciembre de 2001, con el fin de dar cumplimiento al artículo 62 de la Convención Colectiva, procedió a congelar el auxilio de cesantía por 10 años, a partir del 1 de enero de 2002 y le expidió certificación en la que hizo constar que acreditaba la suma de $19.583.769.

Expuso que mediante el Decreto 1750 de 2003, se escindió el ISS, por lo cual, fue incorporado de manera automática a la ESE Luís Carlos Galán Sarmiento, lo que condujo a que se le aplicara «(…) el régimen salarial y prestacional (…) propio de los empleados públicos de la rama ejecutiva del orden nacional (…)».

Narró que el 24 de marzo de 2004, presentó derecho de petición a la Presidencia del ISS, requiriendo el pago de los intereses del auxilio cesantía, sanción por mora de tal concepto y se le informara a cuánto ascendía el auxilio mencionado. En respuesta a lo precedente, le dijeron que la respectiva ESE, era quien tenía los archivos, por ende, no le podían resolver lo requerido, hasta que se obtuviera dicha información, y en lo atinente a una solicitud que había efectuado para el pago de pasivos laborales, le contestaron de forma similar.

Dijo que, en diciembre de 2004, elevó petición relacionada con el reconocimiento de los recargos por trabajo habitual en dominicales y festivos, en los años 2001, 2002 y 2003, respecto a lo cual, el ISS, le contestó en oficio 825-21870, que no había podido determinar lo adeudado, hasta que se aclararan unas inconsistencias de la Clínica.

Manifestó que, por el contrario, la ESE Luís Carlos Galán, mediante Resolución 681 de 28 de enero de 2005, le reconoció la suma de $22.343.524, teniendo en cuenta «que procedía el pago de aquello que el empleado público dejó de percibir como consecuencia de la transformación de la naturaleza del vínculo (…)».

Explicó que la aludida ESE, en comunicación numero1298 de 29 de agosto de 2005, acató lo dicho por la Corte Constitucional en sentencia C-314 de 2004, le reconoció las vacaciones pendientes, y, con el mismo argumento, en resolución 003737 de 2005, las dotaciones del periodo comprendido entre el 26 de junio de 2003 y el 31 de octubre de 2004, le reintegraron valores de retención en la fuente, pagos al sistema de seguridad social, con lo cual se infería que aceptó la existencia de derechos convencionales a su favor.

Mencionó que el 11 de septiembre de 2006, mediante resolución 3635, el ISS le reconoció las obligaciones laborales pendientes al momento de la escisión, por dominicales y festivos de 2001 a 2002, por un valor de $7.153.139, sin embargo, no reconoció la respectiva mora. Dicha entidad, mediante comunicación de 27 de febrero de 2007, dando respuesta a derecho de petición, le informó que se había requerido a la Seccional Cundinamarca para que precisara los valores adeudados por reajustes prestacionales.

Anotó que radicó otro derecho de petición el 3 de octubre de 2007, reclamó la retroactividad del auxilio de cesantía, desde 1 de enero de 2002. El 16 de noviembre de 2007, una asesora del ISS, le contestó que la retroactividad del auxilio de cesantía, había cesado de acuerdo a lo previsto en la convención colectiva.

Expuso que el Decreto 3202 de 24 de agosto de 2007, el Ministerio de la Protección Social, decidió liquidar la ESE Luís Carlos Galán, y se designó a Fiduagraria S.A., por lo que, el 18 de octubre de 2007, elevó reclamación para que le fueran reconocidos los salarios, primas, auxilios, bonificaciones, vacaciones, descansos, indemnizaciones, y «demás beneficios establecidos en la convención colectiva (…) no reconocidos (…) desde el 1 de noviembre de 2004 y que fueron cancelados de manera incompleta», así como el valor de horas trabajadas en días festivos de abril de 2006 a la fecha del reclamo, dominicales desde agosto de 2006, y reajustes de las liquidaciones.

Esgrimió que el 3 de enero de 2008, mediante Decreto 4992 de 31 de diciembre de 2007, el Gobierno Nacional, suprimió su cargo, por ende, fue desvinculado a partir del 3 de enero de 2008, que el 11 de febrero de 2008, mediante Resolución Bo.570, se estableció el monto de prestaciones sociales definitivas y la indemnización, pero al no considerarla adecuada, interpuso recurso de reposición que fue negado por la liquidadora.

Planteó que el 21 de julio de 2008, mediante Resolución 2921, el ISS dispuso el pago de reajustes de cesantía, intereses, primas de servicios, primas de vacaciones y vacaciones, reconociéndole una suma de $4.279.395, sin embargo, no reconoció intereses de mora por tales obligaciones pendientes desde 1996, ni compensatorios adeudados.

Para concluir, dijo que el 23 de enero de 2009, y el 2 de febrero del mismo año, requirió a la ESE, a Fiduagraria S.A, y al Ministerio de la Protección Social, para el pago de todos los conceptos adeudados desde la liquidación del ISS, hasta la terminación del vínculo, así como la respectiva indemnización, y para que le fuera aplicada la convención colectiva de trabajo, de acuerdo a las sentencias CC C-314-2004 y CC C-349 de 2004. El 10 de febrero de 2009, la liquidadora de la ESE, le contestó que la convención colectiva no operaba.

El Ministerio demandado, contestó la demanda (f.° 264 a 285), y se opuso a las pretensiones. De los hechos, aceptó: la escisión del ISS, la supresión y la liquidación de la ESE Luís Carlos Galán Sarmiento.

Como excepción previa, planteó la falta de jurisdicción y competencia. De fondo la de prescripción y las que llamó, falta de legitimidad en la causa, y las que denominó: inexistencia de la obligación, inexistencia de la facultad y de consecuente deber jurídico del Ministerio para reconocer y pagar prestaciones sociales y derechos convencionales, cobro de lo no debido, y la inexistencia de la solidaridad.

El Instituto de Seguros Sociales (f.º 296 a 303), se opuso a las pretensiones. En cuanto a la causa petendi, aceptó: el contrato de prestación de servicios, que posteriormente fue vinculado mediante contrato de trabajo, el cargo, el vínculo inicial como trabajador oficial, que era beneficiario de la convención colectiva, que en ocasiones laboraba turnos de 24 y 36 horas, la congelación del auxilio de cesantía, los salarios devengados, la escisión del ISS, la creación de la ESE Luís Carlos Galán, la calidad de empleado público al vincularse a la ESE, la liquidación de la ESE, la designación de Fiduagraria S.A, la congelación del auxilio de cesantía, el contenido de la resolución 2921 de 2008.

Propuso la excepción de prescripción, y la que llamó, falta de legitimación en la causa por pasiva.

La Fiduciaria de Desarrollo Agropecuario S.A. – Fiduagraria S.A., actuó en su condición de liquidadora de la ESE Luís Carlos Galán Sarmiento, sin embargo, en proveído de 15 de octubre de 2010, se le tuvo por no contestada la demanda (fl°.368).

En providencia de 26 de octubre de 2010 (fl°.378), el juzgador de primer grado, dispuso vincular a Fiduciaria La Previsora, como vocera del Patrimonio Autónomo de Remanentes de la ESE Luís Carlos Galán Sarmiento, que dio respuesta a la demanda (f.° 382 a 406), con oposición total a los pedimentos. Aceptó: la creación de la ESE Luís Carlos Galán Sarmiento, el cargo que desempeñó en la ESE, el salario devengado, la misiva del Gerente de la ESE, donde les dijo que continuarían beneficiándose de la convención colectiva, el pago de $22.343.524 por parte de la ESE, la concesión de vacaciones pendientes, el pago de dotación, el pago de primas de vacaciones, navidad y bonificación, la liquidación de la ESE Luís Carlos Galán Sarmiento, las reclamaciones efectuadas ante Fiduagraria S.A.

De igual manera, la supresión del cargo del accionante, la liquidación que efectuó la ESE, el recurso de reposición en contra del acto de liquidación de prestaciones sociales, la respuesta negativa al anterior recurso, el reclamo de pago de compensatorios, por cuanto se reportaron 44 jornadas de compensatorios, de las cuales se programaron 30, que elevó solicitud de reliquidación de todos los conceptos laborales desde la escisión del ISS, que la liquidadora de la ESE, le contestó derecho de petición, señalando que «la convención colectiva no opera».

En su defensa, propuso las excepciones de prescripción, falta de jurisdicción, falta de legitimación en la causa por pasiva, y las que llamó: pago total de prestaciones sociales e indemnización, imposibilidad de la ESE Luís Carlos Galán Sarmiento de Celebrar Convenciones Colectivas, presunción de legalidad, inexistencia del derecho, y carencia de justificación del derecho.

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

El Juzgado Séptimo Laboral de Descongestión del Circuito de Bogotá, D.C., concluyó el trámite y profirió fallo el 14 de diciembre de 2012 (f.° 517 a 533, del cuaderno principal), en el que resolvió, absolver íntegramente a las convocadas a juicio y condenó en costas al actor.

Inconforme, el promotor del juicio impugnó la decisión.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

Para resolver el recurso, la Sala Laboral de Descongestión del Tribunal Superior de Bogotá D.C., emitió fallo el 28 de junio de 2013 (f.°155 a 163, cuaderno Tribunal), en el cual dispuso confirmar la decisión apelada y no condenó en costas en segundo grado.

En lo que estrictamente interesa al recurso extraordinario, el Tribunal comenzó por señalar, que el actor planteó que el a quo no analizó las pruebas aportadas con la demanda, desestimó un testimonio, no le dio validez a la convención colectiva por haberse aportado en copia simple, y no tuvo en cuenta que los hechos fueron aceptados por uno u otro de los demandados.

Para analizar el recurso, adujo que la ESE Luís Carlos Galán Sarmiento, era una entidad descentralizada del orden nacional, por ende, de acuerdo al artículo 195, numeral 5, de la Ley 100 de 1993, las personas que prestaran allí sus servicios tendrían el carácter de empleados públicos y trabajadores oficiales, según las reglas de la Ley 10 de 1990.

Con apoyo en la normativa antes citada, artículo 26, recordó que en las ESE, por regla general sus servidores ostentaban la calidad de empleados públicos, y eran trabajadores oficiales solo quienes ejercieran cargos relacionados con el mantenimiento de planta física hospitalaria o de servicios generales.

Dijo que en el sub examine, quedó probado e incluso así lo mencionó la parte activa, que no fue trabajador oficial, toda vez, que su labor no era relacionada con el mantenimiento de planta física hospitalaria o servicios generales. Agregó que, aunque la convención colectiva 2001-2004, sí había sido aportada con el lleno de los requisitos legales, sin embargo, la misma, no era aplicable a los empleados públicos.

Finalmente, recordó que el recurso de apelación se centró en argüir, que el a quo no había analizado las pruebas y no le había dado validez a la convención colectiva, pero no ofreció discusión alguna en torno a la calidad de empleado público que estableció el juzgador unipersonal, ni argumentó que eventualmente hubiera podido ostentar un nexo diferente al legal y reglamentario.

Por lo anterior, confirmó la decisión dispuesta en primera instancia.

RECURSO DE CASACIÓN

Interpuesto por el demandante, concedido por el Tribunal, admitido por la Corte, y sustentado en tiempo, se procede a resolver.

ALCANCE DE LA IMPUGNACIÓN

Solicita que la Corte case la sentencia impugnada, para que en sede de instancia, revoque la de primer grado, y en su lugar, acceda a las pretensiones de la demanda.

Con tal propósito formula tres cargos, que recibieron réplica, y de los cuales se estudiarán en conjunto el primero y segundo, teniendo en cuenta que se orientan por la misma vía, su argumentación es similar, y se encaminan a igual propósito.

CARGO PRIMERO

Acusa la sentencia del Tribunal, por la vía directa, por violar por aplicación indebida, el artículo 26 de la Ley 10 de 1990, y como consecuencia de lo anterior, se «dejaron de aplicar», los artículos 16, 17 y 18 del Decreto 1750 de 2003, «su alcance constitucional señalado por la Corte Constitucional en los fallos C-314 y C-349 de 2004», 1494, 1494, 1602 y 1603 del CC, los artículos 67, 68, 69, 70, 467, 468, 478, numeral 2 del artículo 479 del CST, 27 del Decreto 652 de 1935, 53 del Decreto 2127 de 1945, y 53 de la CN.

El desarrollo comienza por criticar la tesis del Tribunal, según la cual, la convención colectiva de trabajo no le era aplicable, por cuanto considera que «tuvo un solo contrato de trabajo», toda vez, que inicialmente laboró con el ISS, como trabajador oficial, desde el 14 de agosto de 1996 hasta el 25 de junio de 2003, y del 26 de junio de 2003, hasta el 2 de enero de 2008, como empleado público, en la ESE Luís Carlos Galán Sarmiento, pero fue sin solución de continuidad, según lo dispuesto en el Decreto 1750 de 2003.

Frente al argumento central de fallo, dice que aplicó de manera indebida el artículo 26 de la Ley 10 de 1990, toda vez, que no tuvo en cuenta, que los artículos 16, 17, y 18, del Decreto 1750 de 2003, establecían que quienes se encontraran vinculados al ISS, a la entrada en vigencia de tal Decreto, «quedarán automáticamente incorporados sin solución de continuidad, en la planta de personal de las Empresas Sociales del Estado», y que adicionalmente desconoce el alcance de las sentencias CC C-314-2004, y CC C-349-2004.

A renglón seguido, transcribe pasajes de las providencias antes referidas, y con apoyo en estas, dice que el colegiado no tuvo presente el contenido de dichas sentencias, ni aplicó las normas sustanciales que establecen que el contrato es ley para las partes, y los preceptos atinentes a la convención colectiva, de los que se deriva que sí es aplicable el acuerdo extralegal, no obstante la condición de empelado público. Manifiesta que tampoco el fallador apreció todas las pruebas aportadas con la demanda, así como el testimonio del jefe directo del accionante, y a lo largo del proceso, ninguno de los llamados a juicio, aportó la historia laboral del actor.

Para concluir, arguye que el sentenciador omitió hacer referencia a los derechos legales como trabajador oficial y lo adeudado como empleado público, pues «no le cancelaron 44 días de jornadas laboradas ni la totalidad de cesantías debidas, en ejercicio del empleo público».

RÉPLICA

La «Nación Ministerio de Salud» (fl°. 67 a 71, cuaderno Corte), presentó oposición conjunta a los tres cargos, y dijo que la sentencia de segundo grado era adecuada, por cuanto de acuerdo al Decreto 1750 de 2003, los servidores de la ESE Luís Carlos Galán Sarmiento, tuvieron la calidad de empleados públicos, lo que había sido corroborado en el artículo 83, de la Ley 489 de 1998.

La Fiduciaria La Previsora S.A., actuando como vocera y administradora del Patrimonio Autónomo de la ESE Luís Carlos Galán Sarmiento (f.° 84 a 91), en lo atinente al primer ataque, transcribió el artículo 26 de la Ley 10 de 1990, con fundamento en el cual, dijo que no le asistía razón al accionante.

Fiduagraria S.A., como vocera y administradora del Patrimonio Autónomo de Remanentes del ISS en Liquidación (fl°.94 a 99), presentó réplica conjunta a los tres cargos, en la que anotó que el ad quem, no incurrió en los dislates endilgados, por cuanto desde la escisión del ISS, se crearon las empresas sociales del estado, por ende, el señor Quijano Vargas, dejó de ser trabajador oficial y por mandato legal, pasó a ser empleado público.

CARGO SEGUNDO

Acusa la sentencia de segundo grado, por la vía directa, por cuanto «se basa genéricamente en el Decreto 1750 de 2003, en el numeral 5 del artículo 195 de la Ley 100 de 1993 y en el artículo 26 de la Ley 10 de 1990», y por infracción directa de los artículos: 1602, 1603 1494, 1495 del CC, 67, 68, 69, 70, 467, 468, 478, numeral 2 del artículo 479 del CST, 27 del Decreto 652 de 1935, 53 del Decreto 2127 de 1945, 18 del Decreto 1750 de 2003, junto con su alcance constitucional derivado del fallo CC C-314-2004, y 53 de la CN.

Manifiesta que el fallo del juzgador plural es desacertado, por cuanto no observó que tal y como aparecía en el expediente, él «tuvo un solo contrato de trabajo», pues laboró inicialmente con el ISS desde el 14 de agosto de 1996 hasta 25 de junio de 2003, luego pasó automáticamente a la ESE Luís Carlos Galán Sarmiento, y allí prestó sus servicios hasta 2 de enero de 2008, donde ostentó la calidad de empleado público, siendo beneficiario de la convención colectiva de trabajo a partir de su vinculación, sin que las demandadas pusieran en duda el carácter inicial de trabajador oficial y luego de empleado público.

A renglón seguido, arguye que la sentencia estudió lo atinente a la naturaleza del cargo como empleado público y critica que para quitarle el carácter de trabajador oficial, se fundó en «una norma de 1990» con lo cual desconoció que los contratos son ley para las partes, que la convención colectiva es un sistema jurídico que rige a las partes, y no observó las normas atinentes a la sustitución patronal, que establecen que cuando ello ocurre no se extinguen ni modifican los contratos, así como tampoco tuvo en cuenta el alcance que la sentencia CC C-314-2004, dio al artículo 18 del Decreto 1750 de 2003.

Expone que la ESE Luís Carlos Galán Sarmiento, no podía vulnerar sus derechos patrimoniales como lo hizo, que de forma unilateral cambió los términos del contrato con instrumentos de coacción, causándole un perjuicio irremediable, al eliminar los derechos incorporados vía convención colectiva, además que en calidad de empleado público había recibido pagos extralegales.

Para corroborar la equivocación del Tribunal, transcribió in extenso, pasajes de las sentencias CC C-314-2004, CC T-1238-2008, CC C-1050-2001, CC T-395-2001, CC T-1238-2008, de las que infiere que le asistía derecho a la aplicación de la convención colectiva. Para concluir el ataque aduce que el colegiado no analizó las pruebas aportadas con la demanda, y desestimó el testimonio de su jefe directo.

RÉPLICA

La Fiduprevisora S.A., como vocera y administradora del PAR ESE Luís Carlos Galán Sarmiento, manifestó que fácilmente se determinaba que el accionante no demostró que la vinculación con la ESE, estuviera reglada por un contrato de trabajo, y la tesis del sentenciador plural, encontraba respaldo en sentencias de esta Corporación, como lo era la radicada con el número CSJ SL 12 sep. 2006, rad. 26892.

Las otras demandadas, como se narró, se pronunciaron de forma conjunta frente a todos los cargos.

CONSIDERACIONES

De manera previa al examen del fondo, debe recordarse que cuando del sendero directo se trata, el planteamiento debe desarrollarse al margen de disertaciones fácticas, por ende, se equivoca el libelista al remitir a «las pruebas aportadas con la demanda», así como al testimonio del jefe inmediato del actor. Para hacer posible el examen de los cargos, se hará abstracción de las alusiones fácticas, y el examen de la Sala se centrará en los argumentos jurídicos.

Los dos embates, no discuten las siguientes premisas que sirvieron de soporte al fallo del colegiado, sino que por el contrario de manera explícita las acepta:

i) Que el accionante prestó sus servicios al ISS, desde el 14 de agosto de 1996, hasta 25 de junio de 2003, como médico, en calidad de trabajador oficial.

ii) Sin solución de continuidad, pasó a prestar sus servicios a la ESE Luís Carlos Galán Sarmiento, hasta 2 de enero de 2008, en calidad de empleado público.

Los cargos coinciden, en que mencionan que se equivocó el sentenciador colegiado al no conceder derechos convencionales al actor, pues para el recurrente, así hubiera mutado su vínculo del ISS, como trabajador oficial, a la ESE Luís Carlos Galán Sarmiento, como empleado público, ello no afectaba las prerrogativas extralegales, debido a la incorporación automática, continuidad del nexo y teniendo en cuenta que existió, según el censor, «un solo contrato». De igual forma, especialmente en el primer cargo, dice que debían concederse los derechos de estirpe legal del empleado público.

En lo atinente a la aplicación de la convención colectiva de trabajo del ISS, 2001-2004, la exégesis del Tribunal se aviene a lo examinado por esta Corporación, entre otras, en sentencia CSJ SL10777-2017, en la que de manera concreta, al analizar una demanda en la que actuó como parte pasiva la ESE Luís Carlos Galán Sarmiento, dijo:

Pues bien, esta Sala de la Corte de forma reiterada, uniforme y pacífica ha considerado que los servidores del Instituto de Seguros Sociales que en virtud del Decreto 1750 de 2003 pasaron a las empresas sociales del Estado, cambiaron su condición de trabajadores oficiales a empleados públicos, salvo quienes ejercían labores propias del mantenimiento de la planta física hospitalaria o de servicios generales, excepción dentro de la cual no se encuentra la actora.

Ahora, como se sabe, las convenciones colectivas de trabajo conforme el artículo 467 del Código Sustantivo del Trabajo, tienen como finalidad «fijar las condiciones que regirán los contratos de trabajo», de ahí que los empleados públicos al regirse por una relación legal y reglamentaria y no por un contrato de trabajo, no pueden ser beneficiarios de aquellas, de modo que las personas que adquirieron la calidad de empleados públicos en virtud de la referida escisión, no son beneficiarios de la convención colectiva de trabajo suscrita entre el ISS y su organización sindical.

La anterior providencia reitera lo expuesto entre otras, en las sentencias CSJ SL, 23 jul 2009, rad. 35399, prohijada en CSJ SL468-2013, CSJ SL644-2013, CSJ SL12348-2014, CSJ SL16267-2014, CSJ SL13641-2014, CSJ SL4929-2015, CSJ SL5527-2016, por ende, ante tal línea consolidada, no puede concederse razón al libelista, en cuanto considera que la mutación de la naturaleza del vínculo no afecta la concesión de derechos extralegales, por tanto, en ese primer tópico acertó el colegiado y no incurrió en la violación endilgada.

En lo concerniente al segundo punto, es decir, que el Tribunal debió examinar las eventuales prerrogativas de origen legal del censor, en calidad de empleado público, ello no era viable, toda vez, que si bien, la jurisdicción ordinaria en su especialidad laboral y seguridad social, aprehendió el conocimiento del litigio bajo la afirmación de la existencia de un contrato de trabajo, y ahora reitera el libelista tal mención, sin embargo, al corroborarse un nexo en calidad de empleado público, es decir, un vínculo legal y reglamentario, no podía emprender el análisis de los eventuales derechos de origen legal. Al respecto, en acción promovida en contra de la ESE Luís Carlos Galán Sarmiento, en fallo CSJ SL9114-2014, prohijado en sentencia CSJ SL8135-2017, dijo esta Corporación:

En ese orden no se advierte la equivocación que se endilga, pues esta Corte ha fijado los criterios doctrinarios para definir la calidad de un servidor público, y fue precisamente al realizar un ejercicio argumentativo en esa dirección, que el ad quem finalmente encontró que por regla general, y en los términos del artículo 16 del Decreto 1750 de 2003, los servidores de las empresas sociales del estado, son empleados públicos «salvo los que sin ser directivos desempeñen funciones de mantenimiento de la planta física hospitalaria y de servicios generales, quienes serán trabajadores oficiales», y con vista en dichas excepciones encontró que el cargo que desempeñó Suárez Suárez, esto es el de Odontóloga General, le impedía declarar el contrato de trabajo pedido, por no ser del resorte de la jurisdicción del trabajo.

Así mismo no pasa por alto el hecho de que no se dijo nada sobre tal circunstancia, y existió orfandad probatoria, de forma que, en aplicación de las disposiciones que otorgan jurisdicción y competencia y al no encontrar determinados los elementos del contrato de trabajo, procedió a su absolución a que lo que fue pretendido no tuvo éxito.

(…) como regla general, la jurisdicción laboral no tiene competencia para resolver controversias laborales respecto de empleados públicos, condición que, como se dijo, ostentaba el promotor del pleito al momento de su desvinculación definitiva del servicio público.

Ahora bien, es cierto que el Juzgado de conocimiento declaró no probada la falta de competencia bajo el entendido de que lo reclamado en el proceso era la declaración de la existencia de una relación laboral regida por un contrato de trabajo. Pero ello en modo alguno significa que si, contrariamente a lo alegado en la demanda inicial, en el proceso se demostró que el demandante tuvo dos relaciones jurídicas diferentes, una como trabajador oficial y otra como empleado público, los falladores de instancia no pudieran pronunciarse sobre su competencia para solucionar las controversias surgidas de la segunda relación.

En el presente caso, de forma similar, el Tribunal coligió que al no ostentar con la Ese Luís Carlos Galán Sarmiento, un nexo de tipo contractual, sino legal y reglamentario, no era posible aplicar la normatividad atinente a los trabajadores oficiales, e incluso hizo alusión al Código Sustantivo de Trabajo, para significar que de acuerdo a su competencia estaba limitado a tales ordenamientos, que no son los propios del empleado público. Obviamente, tampoco le era viable, examinar el caso a la luz de la normatividad propia de los empleados públicos, pues carecía de jurisdicción para adelantar tal examen.

Del recurso extraordinario, se puede entrever que los anteriores reparos del recurrente, provienen de una confusión conceptual, pues aunque acepta que ante la escisión del ISS, el accionante dejó de ser trabajador oficial y pasó a ser empleado público, insiste en que existió «un solo contrato de trabajo», lo cual es desatinado, por cuanto los empleados públicos no tienen un nexo de tipo contractual, sino legal y reglamentario, por ello no pueden mejorar sus condiciones laborales, toda vez, que se encuentran previamente establecidas en la ley, y por tanto, es desacertado sostener que hubo «un solo contrato de trabajo», por cuanto la naturaleza contractual solo existió hasta que ostentó la calidad de trabajador oficial.

En virtud del Decreto 1750 de 2003, especialmente el artículo 18, a los trabajadores del ISS, afectados con la escisión, se les garantizó la continuidad en la prestación de los servicios en las nuevas entidades, pero dejó de ser un vínculo contractual, contrario a lo que entiende el libelista.

De manera particular al primer cargo, debe resaltarse que de forma lacónica, sin construir un argumento jurídico, endilga al Tribunal que «omite la referencia a los DERECHOS LEGALES, reclamados y alegados como consecuencia de su estatus de trabajador oficial, así como lo adeudado por su trabajo como empleado público (…)».

De lo precedente se aprecia sin hesitación alguna, que no construye un argumento, sino que se limita a una tenue alusión, atinente a que omitió el colegiado, pronunciamiento alguno relacionado con sus derechos en calidad de trabajador oficial.

Efectivamente el colegiado no abordó ese tema, por cuanto el mismo no fue objeto de apelación, pues precisamente por ello, desde el comienzo de su providencia, recordó cuáles eran los puntos materia del recurso, dentro de los que no planteó el que ahora enuncia, por ende, el sentenciador de segundo grado actuó dentro del marco trazado por el apelante. Como lo ha enseñado esta Corporación, en el análisis del recurso de casación «la Sala no puede abordar el estudio de un tema no tocado por el juez de apelaciones, por tratarse de una cuestión simplemente inexistente», (SL CSJ13431-2016), por tanto, en este evento, el recurso extraordinario emerge como una extensión tardía de la sustentación de la apelación, lo que no es posible una vez fenecidas las instancias.

De lo que viene de estudiarse, los cargos no prosperan.

CARGO TERCERO

Acusa la sentencia impugnada por la vía indirecta, «al IGNORAR ALGUNOS HECHOS Y PRUEBAS, lo que condujo a la aplicación indebida», de los artículos: 145 del CPTSS, 1757 del CC, 174, 175, 177, 187, 213, 218, 219, 226, 227, 228, 251, 252, 253, 254, 255, 258, 269, 270 del CPC, 88 y 92, de la Ley 1437 de 2011, 16, 17, y 18 del Decreto 1750 de 2003, 1602 y 1603, 1494, 1495 del Código Civil, 67, 68, 69, 70, 468, 467, 478, numeral 2 del artículo 479 del CST, 27 del Decreto 652 de 1935, 53 del Decreto 2127 de 1945, 17 de la Ley 6 de 1945, Ley 64 de 1946, Ley 65 de 1946, Decreto 1160 de 1947, Decreto 2755 de 1966, Decreto 2400 de 1968, Decreto 3135 de 1968, Decreto 3148 de 1968, Decreto 3118 de 1968, Decreto 1848 de 1969, Decreto 1950 de 1973, artículo 3 de la Ley 41 de 1975, Ley 33 de 1985, Decreto 1045 de 1978, Ley 70 de 1988.

De igual manera, cita la Ley 71 de 1988, Decreto 1160 de 1989, Ley 71 de 1988, Decreto 819 de 1989, Decreto 1978 de 1989, Ley 10 de 1990, Decreto 1624 de 1991, Decreto 1661 de 1991, Decreto 2164 de 1991, Ley 4 de 1992, artículo 150, numeral 19, literales e y f, de la CN, Ley 80 de 1993, Ley 100 de 1993, D.R 692 y 1295 de 1994, Decreto 806 de 1998, Ley 344 de 1996, Decreto 1582 de 1998, Decreto 1919 de 2002, artículos 1, 2, 4, 25, 30, 53, 58, 95, 122, 123, 128, 150, y 202 de la CN.

Como pruebas no valoradas, enlista: las «presentadas con la demanda» (fl°.65 a 213), documental en la que se dio por no contestada la demanda a FIDUAGRARIA S.A; el testimonio obrante a folios 495 a 499, folios 500 al 508, donde figura una mora del ISS y de la ESE Luís Carlos Galán Sarmiento, al sistema de seguridad social en pensiones, las sentencias CC C-314-2004, C-349-2004, «las pruebas aportadas por la parte demandante, provenientes de los actos administrativos expedidos por el Instituto de los Seguros Sociales y de la ESE Luís Carlos Galán Sarmiento donde se le reconoce al Dr. Quijano su estatus de convencionado (…) no fueron mencionadas ni avaluadas (sic)»; la petición efectuada en la demanda inicial, sobre derechos legales y convencionales «durante la etapa en que NO revestía la calidad de empleado público»; los «escritos provenientes del ISS, y luego de la ESE» donde se excusaron del pago de algunos conceptos, debido al desorden administrativo; y el testimonio del jefe directo del demandante.

En la sustentación del ataque, critica que el colegiado se haya fundado en que el apelante no elevó inconformidad alguna en lo atinente al vínculo como empleado público con la ESE demandada. Dice que no tenía por qué haber manifestado inconformidad alguna respecto a dicho punto, toda vez, que dentro de la misma demanda fue aceptado, así como por parte de las demandadas, quienes asintieron que fue trabajador oficial y posteriormente empleado público, sin que jamás se pretendiera que cuando trabajó en la ESE, se le diera la categoría de trabajador oficial.

Argumenta que contrario a lo dicho por el ad quem, «lo que se pide en la demanda es derivado de su situación como empleado público al que se le debe reconocer no solo ese estatus sino también el que aun siendo empleado público lo cobijaba la convención colectiva del que hacía parte (…)» por ende, incurre en una valoración defectuosa del recurso de apelación, «que trae consigo la consecuencia del no análisis de las pruebas defectuosamente analizadas por la sentencia de primera instancia (…)».

RÉPLICA

La Fiduprevisora S.A., aduce que el recurrente olvidó que cuando de la vía indirecta se trata, los razonamientos deben enderezarse a criticar la valoración probatoria, por lo que considera que «la demostración constituye un alegato propio de las instancias que a espaldas de la vía utilizada en el ataque, se circunscribe a plantear cuestiones fácticas y jurídicas ajenas a los basamentos de la sentencia atacada».

CONSIDERACIONES

Teniendo en cuenta que el ataque se orienta por la vía fáctica, debe recordarse que esta Corporación en sentencia CSJ SL9494-2017, que prohijó lo señalado en CSJ SL, 23 mar. 2001, rad. 15148, enseñó frente al correcto planteamiento del cargo, lo siguiente:

En efecto, cuando la acusación se enderece formalmente por la vía indirecta, le corresponde al censor cumplir los siguientes requisitos elementales: precisar los errores fácticos, que deben ser evidentes; mencionar cuáles elementos de convicción no fueron apreciados por el juzgador y en cuáles cometió errónea estimación, demostrando en qué consistió ésta última; explicar cómo la falta o la defectuosa valoración probatoria, lo condujo a los desatinos que tienen esa calidad y determinar en forma clara lo que la prueba en verdad acredita.

Dicho en otras palabras, cuando de error de hecho se trata, ha dicho la jurisprudencia, es deber del censor en primer lugar precisar o determinar los errores y posteriormente demostrar la ostensible contradicción entre el defecto valorativo de la prueba y la realidad procesal, sirviéndose para ello de las pruebas que considere dejadas de valorar o erróneamente apreciadas. Es decir, en el cargo ha debido quedar claro qué es lo que la prueba acredita, cuál es el mérito que le reconoce la ley y cuál hubiese sido la decisión del juzgador si la hubiera apreciado, aspectos que no tuvo en cuenta el recurrente y que compromete la técnica propia del recurso extraordinario.

Lo antes rememorado, permite señalar que los recurrentes tienen una carga argumentativa, que consiste en demostrar la contradicción entre la verdad procesal derivada de las pruebas y lo establecido por el colegiado, lo que implica un proceso dialéctico en cabeza de la censura, para lograr derruir las presunciones de acierto y legalidad del fallo.

Se dice lo anterior, por cuanto en el cargo bajo análisis, no se observa el cumplimiento de los anteriores postulados, toda vez, que ni siquiera dice cuáles fueron los yerros en que incurrió el colegiado, ni señala qué se derivaba de cada documental y por qué el sentenciador colegiado incurrió en algún dislate de tipo fáctico.

De todo el discurso solo se puede extractar, que considera que se valoró erradamente el recurso de apelación interpuesto, al supuestamente exigirle al actor que hubiera discutido la calidad de empleado público, cuando desde la demanda inicial se aceptó tal naturaleza jurídica del vínculo con la ESE, y la acción se encaminó a reclamar los derechos convencionales que le asistían aún en calidad de empleado público.

El sentenciador plural no valoró erróneamente el recurso de apelación, toda vez, que en la sentencia se observa que siguiendo lo planteado por el demandante, consideró que la convención colectiva, contrario a lo dicho por el a quo, sí había sido aportada con las formalidades de ley, pero luego de lo precedente, para establecer si el accionante podía o no ser beneficiario de la misma, era elemental, como en efecto lo hizo, estudiar la naturaleza del vínculo, por lo que se apoyó en que, como no se encontraba en discusión, había fungido como empleado público, por lo que no le era aplicable el acuerdo convencional.

En consecuencia, el análisis del Tribunal, se enmarcó dentro de los planteamientos de la apelación, y además, en determinar si, como lo dijo el recurrente, los empleados públicos pueden ser beneficiarios de derechos extralegales, es un aspecto de puro derecho, ajeno al sendero de ataque seleccionado, y que ya se decantó al examinar los cargos primero y segundo.

De lo precedente surge, que no le asiste razón a la censura y en consecuencia, el cargo no prospera.

Como la demanda de casación no prosperó, y dado que se formuló oposición, las costas son a cargo del recurrente, con inclusión de un valor de $4.240.000 a título de agencias en derecho. Aplíquese el artículo 366-6 del Código General del Proceso.

DECISIÓN

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley, NO CASA la sentencia proferida por la Sala Laboral de Descongestión del Tribunal Superior de Bogotá D.C., el 28 de junio de 2013, dentro del proceso que promovió RODRIGO IGNACIO QUIJANO VARGAS contra LA NACIÓN - MINISTERIO DE LA PROTECCIÓN SOCIAL, INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES EN LIQUIDACIÓN – hoy liquidado- y la ESE LUIS CARLOS GALÁN SARMIENTO –hoy- FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A - en calidad de vocera y administradora del Patrimonio Autónomo.

Costas, como se dijo en la parte motiva.

Cópiese, notifíquese, publíquese, cúmplase y devuélvase el expediente al tribunal de origen.

DONALD JOSÉ DIX PONNEFZ

JIMENA ISABEL GODOY FAJARDO

JORGE PRADA SÁNCHEZ

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