Ficha de la providencia
Sentencia SL1208-2020
Corte Suprema de Justicia · Sala de Casación Laboral
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Corte Suprema de Justicia · Sala de Casación Laboral
Ficha de la providencia
Sentencia SL1208-2020
Corte Suprema de Justicia · Sala de Casación Laboral
República de Colombia
Corte Suprema de Justicia
Sala de Casación Laboral
Sentencia SL1208-2020
Magistrado ponente: Jimena Isabel Godoy Fajardo
15 de abril de 2020
JIMENA ISABEL GODOY FAJARDO
Magistrada ponente
SL1208-2020
Radicación n.°50691
Acta 12
Estudiado, discutido y aprobado en sala virtual
Bogotá, D.C., quince (15) de abril de dos mil veinte (2020).
La Sala decide el recurso de casación interpuesto por la FINANCIERA DE DESARROLLO TERRITORIAL S.A. FINDETER, contra la sentencia proferida por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, D.C., el 9 de diciembre de 2010, en el proceso adelantado por ANA YALILE PEÑA NAVARRETE, y NUBIA AZUCENA CASTRO ROJAS, contra la recurrente.
ANTECEDENTES
Ana Yalile Peña Navarrete y Nubia Azucena Castro Rojas, demandaron a la Financiera de Desarrollo Territorial S.A., - en adelante -Findeter; (f.°245 a 266, subsanada a f.° 269 a 274, del cuaderno de instancias).
Como pretensiones principales, solicitaron que se declarara que el despido fue contrario a la ley y «por tanto no hubo solución de continuidad en cada uno de sus vínculos laborales»; y como consecuencia de lo anterior, se condenara al «restablecimiento del contrato de trabajo», mediante «reintegro» de cada una de las demandantes, al cargo que venían desempeñando al momento del despido o a uno de igual o superior categoría, junto con el pago de salarios y prestaciones legales, y convencionales dejadas de percibir, desde la desvinculación hasta la fecha de su reintegro.
De igual forma, dentro de las pretensiones principales requirieron que se condenara al pago de lo que resultara probado por concepto de reliquidación de cesantías, intereses a las cesantías, vacaciones, primas de navidad y primas de vacaciones y servicios, que se pudieran haber causado entre el 1 de enero del año 2000 y el 29 de octubre del 2003; la indexación y costas.
Como «PRETENSIONES SUBSIDIARIAS», impetraron: la reliquidación de la indemnización por terminación del contrato sin justa causa, incluyendo como factores salariales la prima técnica, el auxilio de alimentación, prima de navidad, primas de servicios, primas de vacaciones, y demás pagos que constituyan salario; indemnización moratoria, indexación, y las demás que surjan del ejercicio de las facultades ultra y extra petita.
Como fundamento de las peticiones, mencionaron, que: Ana Yalile Peña Navarrete, estuvo vinculada a Findeter, en calidad de trabajadora oficial, mediante contrato de trabajo a término indefinido, desde el 24 de agosto de 1998 hasta el 29 de octubre de 2003; se desempeñó como Analista I de la Dirección de Procesos e Información, en la sede de Bogotá; en el año 2003, devengó un salario básico de $1.166.370 y $209.946, por concepto de prima técnica mensual.
Informaron que dentro de la empresa se constituyó el Sindicato «SINTRAFINDETER» con registro sindical No. 002340 del 4 de octubre de 1999; que estuvieron afiliadas a dicha organización hasta que fueron despedidas el 29 de octubre de 2003.
En lo que atañe al conflicto colectivo de trabajo, del cual derivan la pretensión de reintegro, señalaron que el 21 de febrero de 2003, el sindicato y la empleadora, suscribieron una convención colectiva que estuvo vigente entre el 1º de enero de 2003 y el 31 de diciembre del mismo año; que en la asamblea general del sindicato, llevada a cabo el 1 de octubre de 2003, se adoptó un pliego de peticiones y se designaron unos negociadores. El 2 de octubre de esa misma anualidad, la organización sindical, presentó el pliego de peticiones al representante legal de FINDETER, que mediante escrito del 6 de octubre siguiente, realizó la devolución del pliego, argumentando que la presentación, se había realizado de manera «inoportuna» de conformidad con lo previsto en la ley.
Comentaron que el 7 de octubre de 2003, el Sindicato presentó por triplicado, ante el correspondiente Inspector de Trabajo, denuncia de la Convención Colectiva que estaba vigente hasta el 31 de diciembre del mismo año y al día siguiente (8 de octubre de 2003), el Presidente del sindicato presentó nuevamente a la empleadora el pliego de peticiones acompañado de la denuncia de la Convención.
Informaron que, inmediatamente después de dicho suceso, el 20 de octubre de 2003, el Secretario General de Findeter en su condición de representante legal suplente, devolvió al inspector de trabajo la denuncia parcial de la convención, por ello, el 28 de octubre del año atrás referido, el Sindicato, presentó nuevamente al Secretario General de Findeter, el pliego de peticiones, y de manera concomitante (es decir, el mismo 28 de octubre) el Sindicato presentó una querella contra Findeter, ante el Ministerio de Protección Social, informándole sobre la negativa de negociar el pliego.
Adujeron que el 29 de octubre de la misma anualidad, fueron desvinculadas sin autorización judicial y sin haber culminado el conflicto colectivo suscitado con la presentación del pliego de peticiones, junto con otros 70 trabajadores oficiales que laboraban en la entidad, por lo que la pasiva había solicitado al Ministerio respectivo, autorización para un despido colectivo.
Precisaron que el 28 de noviembre la organización sindical presenta de nuevo el pliego de peticiones, y el 2 de noviembre (sic) es devuelto de nuevo por el Presidente de la demandada. El 4 de diciembre de 2003, el Sindicato ratificó la denuncia parcial de la convención ante el inspector de trabajo, la cual, ya se había presentado desde el 7 de octubre del mismo año; y que, el 11 de diciembre de la misma anualidad, la Coordinadora del Grupo de Inspección y Vigilancia de la Dirección Territorial de Cundinamarca del Ministerio de Protección Social, resolvió la querella indicándole a Sintrafindeter, que podía acudir ante la jurisdicción laboral si lo consideraba pertinente.
Informaron que el Sindicato interpuso una acción de cumplimiento en contra de la entidad, y el 14 de septiembre de 2004, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Cuarta, Subsección B, la negó por improcedente.
La Sección Quinta del Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, revocó la anterior providencia en fallo del 22 de abril de 2005, en el cual ordenó a la empleadora, en virtud de lo dispuesto en el 433 del CST, que procediera a recibir a los delegados del Sindicato, para iniciar la negociación del pliego de peticiones presentado el 8 de octubre de 2003.
Indicaron que las partes el 18 de abril de 2005, suscribieron un acuerdo para terminar todos los procesos ordinarios, de tutela y querellas que impedían la negociación colectiva, por lo que, el 25 de mayo de 2005, suscribieron una nueva convención, respecto de la cual dice, que fue en cumplimiento de la orden dada por el Consejo de Estado.
La sociedad convocada a juicio, al dar respuesta a la demanda (f. 297 a 311, cuaderno de instancias), se opuso íntegramente a las pretensiones. En su defensa argumentó que no era cierto que cuando se llevó a cabo la desvinculación de las demandantes, existiera un conflicto colectivo en la entidad, pues de conformidad con lo previsto en los artículos 478 y 479 del CST, la oportunidad legal para denunciar la convención colectiva iniciaba el 1 de noviembre de 2003, es decir, dos meses antes de su fenecimiento, por ende los pliegos que presentó la organización sindical, no dieron origen a ningún conflicto colectivo.
Resaltó que aunque el Consejo de Estado en el fallo relacionado con la acción de cumplimiento, conminó a que se reunieran para iniciar la etapa de arreglo directo en torno al pliego presentado el 8 de octubre de 2003, no podía considerarse que desde tal fecha había un conflicto colectivo, por cuanto el término al que alude el artículo 478 del CST, es de días calendario, y no hábiles como equivocadamente lo contabilizó el juez de lo contencioso administrativo, además, que el Ministerio de la Protección Social – autoridad competente- avaló la decisión de Findeter, de negarse a recibir el pliego.
De los hechos, aceptó: el extremo final del vínculo; el salario devengado por Ana Yalile Peña, la existencia del sindicato: que Nubia Azucena Castro era beneficiaria de la convención colectiva 2001-2003, así como del pacto colectivo suscrito el 22 de diciembre de 1998 y el laudo arbitral del 29 de mayo de 2001; la suscripción el 21 de febrero de 2003, de la convención colectiva que regiría de 1 de enero de tal año a 31 de diciembre de 2003; la presentación el 2 de octubre de 2003, de un pliego de peticiones por parte del sindicato, sin denuncia previa; y que el 6 de octubre de 2003, Findeter, devolvió el pliego.
Así mismo, aceptó: la presentación de un pliego de peticiones el 8 de octubre de 2003; el despido de varios trabajadores sin autorización de alguna autoridad; que la demandada presentó solicitud para adelantar despido colectivo; la reclamación administrativa efectuada por Ana Yalile Peña Navarrete; la decisión de la Sección Quinta del Consejo de Estado; el acuerdo suscrito entre Findeter y Sintrafindeter el 18 de abril de 2005.
Como excepción previa, planteó la de prescripción, y de fondo propuso: pago, compensación y prescripción, así como las que denominó, inexistencia de la obligación y cobro de lo no debido.
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
El Juzgado Doce Adjunto Laboral del Circuito de Bogotá, D.C., concluyó el trámite y profirió fallo el 17 de septiembre de 2010 (f. 693 a 702, cuaderno de instancias), en el que absolvió íntegramente a la demandada, declaró probadas las excepciones de «PAGO» e «INEXISTENCIA DE LA OBLIGACIÓN», y condenó en costas a las demandantes.
Dado el resultado de la instancia sin impugnación, se dispuso remitir el expediente al superior para estudio en grado jurisdiccional de consulta. (f.° 703, cuaderno de instancias).
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
Para resolver la consulta, la Sala Laboral del Tribunal Superior de Bogotá, D.C., emitió fallo el 9 de diciembre de 2010 (f.° 3 a 21, cuaderno Tribunal), en el que dispuso:
PRIMERO: REVOCAR la sentencia proferida por el Juzgado Doce (12°) Laboral del Circuito Adjunto de esta ciudad el día 17 de Septiembre de 2010, dentro del presente proceso promovido por ANA YALILE PEÑA NAVARRETE Y NUBIA AZUCENA CASTRO ROJAS contra FINANCIERA DE DESARROLLO TERRITORIAL S.A. FINDETER, para en su lugar CONDENAR a la empresa demandada a reintegrar a las demandantes, al cargo que venían desempeñando o a otro de igual o superior categoría y remuneración así:
a) REINTEGRAR a la demandante ANA YALILE PEÑA NAVARRETE al cargo que venía desempeñando como analista I de la Dirección de Procesos e Información o a otro de igual o superior categoría y remuneración, y como consecuencia a título de indemnización por concepto de salarios dejados de percibir en la suma $1.166.370 mensuales desde el día 30 de Octubre de 2003 inclusive y hasta cuando se haga efectivo el reintegro ordenado, conforme a lo considerado en la parte motiva de esta providencia.
b) REINTEGRAR a la demandante NUBIA AZUCENA CASTRO ROJAS al cargo que venía desempeñando como analista II de la División de Recursos Físicos o a otro de igual o superior categoría y remuneración, y como consecuencia título de indemnización, por concepto de salarios dejados de percibir en la suma $1.348.274 mensuales desde el día 30 de octubre de 2003 inclusive y hasta cuando se haga efectivo el reintegro ordenado, conforme a lo considerado en la parte motiva de esta providencia.
SEGUNDO: En razón a que estamos en el trámite de un proceso ordinario, y que las cesantías y las primas de servicio conforme a las modulaciones hechas por la H. Corte Constitucional y las reformas legislativas se causan durante la ejecución del contrato, deberá ordenarse a título de indemnización el pago de las Cesantías, intereses sobre las cesantías, primas de servicios y prima de navidad así:
a) ANA YALILE PEÑA NAVARRETE desde el día 30 de octubre de 2003 inclusive y hasta cuando se haga efectivo el reintegro ordenado, teniendo en cuenta como salario promedio para liquidar las mismas, la suma mensual de $1.166.370.
b) NUBIA AZUCENA CASTRO ROJAS desde el día 30 de octubre de 2003 inclusive y hasta cuando se haga efectivo el reintegro ordenado, teniendo en cuenta como salario promedio para liquidar las mismas, la suma mensual de $1.348.274.
TERCERO: COSTAS: Se revocan las de primera instancia que estarán a cargo de la parte demandada, y sin costas en este grado más de jurisdicción denominado consulta.
En lo que estrictamente interesa al recurso extraordinario, el Tribunal comenzó por recordar que el a quo, negó las pretensiones, por cuanto consideró que a la fecha de desvinculación de las demandantes, no se adelantaba ningún conflicto colectivo, por cuanto la presentación del pliego de peticiones efectuada el 8 de octubre de 2003, que tuvo lugar luego de la denuncia respectiva, «no se realizó dentro del término de los 60 días anteriores a la expiración del término de la convención vigente».
Para determinar si las actoras a la fecha de despido se encontraban cobijadas por el fuero circunstancial, recordó que la Asamblea General de Sintrafindeter, el 1 de octubre de 2003, aprobó el pliego de peticiones puesto a su consideración, y designó los negociadores del mismo (f.°118 a 125), el cual fue presentado al Presidente de Findeter, el 2 de octubre de 2003 (f.° 126 a 130).
Rememoró el sentenciador plural, que la pasiva consideró que la presentación del pliego había sido inoportuna, por lo cual, el 7 de octubre de 2003, el sindicato denunció la convención colectiva ante el Ministerio de Protección Social (f.°132 y 133), y al día siguiente, es decir, el 8 de octubre, reiteró la presentación del pliego, adjuntando copia de la denuncia presentada ante el Presidente de Findeter (f.°178 a 180), sin embargo, de nuevo, la demandada consideró inoportuna la presentación del pliego y lo devolvió a través del Ministerio de la Protección Social (f.°181).
Luego del anterior recuento, citó el artículo 25 del Decreto 2351 de 1965 y 36 del Decreto 1469 de 1978, y con apoyo en tales disposiciones, adujo que las trabajadoras no podían ser despedidas, pues para el 29 de octubre de 2003, existían un conflicto colectivo entre Findeter y el sindicato al cual se encontraban afiliadas. Para argumentar, que el pliego de peticiones se había presentado dentro del término respectivo, dijo:
En el presente asunto, la organización sindical (…) presentó pliego de peticiones el día 2 de octubre de 2003, y denuncia parcial de la convención colectiva de trabajo suscrita el 21 de Febrero de 2003 y vigente entre el 1° de enero y el 31 de diciembre de 2003; y el 8 de Octubre de 2003 reitera la presentación del pliego de peticiones, iniciando con ello un conflicto colectivo de trabajo, por lo que no era dable para el empleador despedir sin justa causa a sus trabajadores a partir de ese momento, sin que pueda aducirse, como lo indicó la demandada, que para ese momento no se podía iniciar conflicto colectivo de trabajo, por cuanto aún no había iniciado el término previsto en el artículo 478 CST en relación con la denuncia de la convención.
A continuación de lo anterior, transcribió el artículo 478 del CST, y señaló que teniendo en cuenta que el término de vigencia de la convención expiraba el 31 de diciembre de 2003, el pliego sí había sido presentado de manera oportuna, por cuanto los 60 días se debían computar hábiles, según lo contemplado en el artículo 62 del CRPM, es decir, no se contabilizaban a partir del 1 de noviembre de 2003, sino desde el 2 de octubre de tal año.
Explicó que de acuerdo a lo precedente, «la denuncia de la convención colectiva 2003 y el correspondiente pliego de peticiones presentados el 7 y 8 de octubre de 2003 respectivamente, dieron inicio válidamente a un conflicto colectivo de trabajo», por lo cual las trabajadoras se encontraban amparadas por el denominado fuero circunstancial.
Para apuntalar su anterior interpretación, recordó que el Consejo de Estado, en sentencia de 22 de abril de 2005, al resolver la acción de cumplimiento presentada por Sintrafindeter, consideró oportuna la presentación del pliego, efectuada el 8 de octubre de 2003, y la denuncia efectuada el día anterior.
Agregó que de acuerdo al pliego antes referido, el 25 de mayo de mayo de 2005, se suscribió una nueva convención colectiva, que inició y desarrolló de acuerdo a la orden dada por el Consejo de Estado en el fallo atrás aludido, por tanto, en el periodo comprendido entre el 7 de octubre de 2003 a 25 de mayo de 2005, los trabajadores de la sociedad demandada, se encontraban amparados por la garantía del fuero circunstancial.
RECURSO DE CASACIÓN
Interpuesto por la entidad demandada, concedido por el Tribunal, admitido por la Corte, y sustentado en tiempo, se procede a resolver.
ALCANCE DE LA IMPUGNACIÓN
Solicita la casación de la sentencia impugnada, y en sede de instancia, se confirme el fallo del a quo. Con tal propósito presenta y sustenta dos cargos, que fueron objeto de replica. Por razones de método, se examinará en primer lugar el segundo de estos.
CARGO SEGUNDO
Acusa la sentencia del Tribunal, de ser violatoria por la vía directa, por aplicación indebida de los artículos 25 del Decreto ley 2351 de 1965 y 36 del Decreto 1469 de 1978, en relación con los artículos 4, 433 inciso 2, modificado por el artículo 21 de la Ley 11 de 1984, 478 y 479 del CST, 189 numeral 14 de la CN, 54 y 115 de la Ley 489 de 1998, que condujo a la aplicación indebida de los artículos 62 del CRPM, 467 del CST, 5 incisos 2, 8, 11 del Decreto 3135 de 1968, artículos 47, 48, y 51 del Decreto 1848 de 1969, 27 del Decreto 3118 de 1968, 58 del Decreto 1042 de 1978, 6 del Decreto 1160 de 1947, 13 de la Ley 344 de 1996 y 17 de la Ley 6 de 1945.
El desarrollo del cargo comienza por manifestar, que al proponer el cargo por el sendero de puro derecho, se aceptan los siguientes supuestos fácticos:
1. Que en la entidad demandada existía una convención colectiva de trabajo suscrita con la organización sindical de la cual derivan el presunto fuero circunstancial las demandantes, con vigencia hasta el 31 de diciembre de 2003.
2. Que la organización sindical SINTRAFINDETER presentó denuncia a la convención colectiva el día 7 de octubre de 2003 y pliego de peticiones el día 8 del mismo mes y año.
3. Que las demandantes fueron desvinculadas con fundamento en una causal legal consistente en la supresión de cargos prevista Decreto 2702 de 24 de septiembre de 2003, la cual aparejó el reconocimiento de la indemnización contemplada en la convención colectiva de trabajo.
4. Que el Ministerio de la Protección Social se abstuvo de imponer medida administrativa alguna en contra de FINDETER dentro de la querella interpuesta por SINTRAFINDETER por supuesta negativa a negociar.
A renglón seguido, transcribe pasajes de la argumentación del Tribunal, y aduce que se evidencia con claridad, que el soporte para impartir condena, se centra en la equivocada consideración, según la cual, el término de 60 días a que alude el artículo 478 del CST, «debe contabilizarse en días hábiles y no calendario», pues aunque el artículo 62 del Código de Régimen Político y Municipal, establece que los plazos señalados en días, deben entenderse hábiles, a menos que se exprese lo contrario, «tal previsión no puede ser aplicada cuando los términos regulados se refieran al contrato de trabajo o a la convención colectiva, cuya vigencia no se suspende en los días festivos o de vacancia judicial».
Para sustentar la anterior tesis, cita pasajes de la sentencia «de fecha 16 de septiembre de 1981», y algunos de la providencia CSJ SL 26 feb. Rad. 22474.
Con apoyo en la anterior providencia, expone que tal entendimiento ha sido acogido por el Ministerio de la Protección Social, «entidad que históricamente ha considerado extemporáneo el pliego de peticiones que se presenta con anterioridad a los sesenta días calendario previos a la fecha de expiración del acuerdo colectivo o con posterioridad a dicha fecha», como ocurrió en el sub judice, por tal motivo, el aludido Ministerio, en el caso concreto se abstuvo de tomar medidas en contra de la demandada, por considerar extemporánea la presentación del pliego.
Argumenta que la presentación de un pliego de peticiones no necesariamente conduce a que se inicie a un conflicto colectivo, pues por diversas circunstancias, puede ocurrir que el empleador considere que no está obligado a comenzar el proceso de negociación, como por ejemplo, cuando el pliego es presentado por un sindicato no inscrito en el registro sindical, o cuando no se efectuó la denuncia o cuando se presenta de manera extemporánea.
Esgrime que, si bien, Sintrafindeter inició en contra de la empresa una acción de cumplimiento ante el Consejo de Estado, no atacó por la única vía posible – acción de nulidad – el acto administrativo del Ministerio (Resolución 3507 de 2003), que se abstuvo de tomar alguna medida administrativa en contra de Findeter, por cuanto consideró de acuerdo con el artículo 478 del CST, que la denuncia debía efectuarse dentro de los 60 días inmediatamente anteriores a su fenecimiento.
Para concluir el ataque, dice que a la terminación de los contratos de trabajo, no se estaba adelantando un conflicto colectivo, y en todo caso, en el expediente se encontraba acreditado que el fenecimiento del vínculo fue con sustento en el artículo 3 del Decreto 2702 de 2003, que fue proferido con anterioridad a la denuncia de la convención.
RÉPLICA
La parte demandante aduce que la misma Ley dispuso, en forma clara cómo deben interpretarse los textos legales cuando en ellos se plasman plazos en días, meses y años, y la forma de contabilizar dichos plazos, por ende, la decisión del Tribunal era adecuada cuando interpretó lo establecido en el artículo 478 del CST, de acuerdo al artículo 62 del Código de Régimen Político y Municipal, es decir, que los días allí establecidos son hábiles.
Luego de transcribir varias sentencias de la Corte Constitucional, manifiesta que, la reestructuración no es una justa causa para dar por terminado el contrato de trabajo, y que en el expediente, no se encontraba acreditado que las actoras hubiesen sido despedidas con soporte en el Decreto 2702 de 2003.
CONSIDERACIONES
La recurrente se enfoca en tratar de derruir el pilar del fallo de segundo grado, el cual descansa en el argumento según el cual, al momento de terminar el vínculo con las demandantes, existía un conflicto colectivo de trabajo, y por ello condenó a la pasiva al reintegro. Teniendo en cuenta que el embate se orienta por el sendero directo, el censor acepta las premisas fácticas de la providencia de segundo grado, especialmente las siguientes:
i) El despido sin justa causa, de las demandantes, se produjo el 29 de octubre de 2003.
ii) La convención colectiva vigente, para la calenda de 2003, expiraba el 31 de diciembre de dicho año.
iii) Sintrafindeter, presentó inicialmente al Presidente de Findeter, un pliego de peticiones el 2 de octubre de 2003.
iv) Ante la negativa de la pasiva, de dar trámite al anterior pliego, el sindicato denunció la convención colectiva de trabajo el día 7 de octubre de 2003, ante el «Ministerio de la Protección Social».
v) El 8 de octubre de 2003, «reitera la presentación inicial del pliego de peticiones adjuntando copia de la denuncia presentada ante el Presidente de FINDETER», y el 28 de octubre de 2003, ratificó tal denuncia ante el aludido Ministerio.
De acuerdo con las anteriores premisas, el Tribunal se fundó en al momento del despido, sí existía un conflicto colectivo de trabajo, de acuerdo a la denuncia de la convención colectiva presentada el 7 de octubre de 2003, y el pliego de peticiones radicado el 8 de octubre del mismo año.
Para llegar a la anterior inferencia, se sustentó que en el término de 60 días, ordenado en el artículo 478 del CST, se contaba en días hábiles, por cuanto debía tenerse en cuenta el contenido dela artículo 62 del CRPM, y coadyuvó tal argumento, con lo dispuesto en la sentencia del Consejo de Estado de 22 de abril de 2005, proferida en la acción de cumplimiento promovida por el Sintrafindeter, contra la aquí demandada, en la que la mencionada entidad judicial consideró que se trataba de días hábiles.
El cargo de la convocada a juicio, se encaminan a derruir el anterior argumento, señalando en síntesis, que el Tribunal no tuvo en cuenta la denuncia presentada el 7 de octubre de 2003, y el pliego de peticiones entregado el 8 de octubre del mismo año, fueron extemporáneos por anticipados y no pudieron producir ningún efecto pues el termino de 60 días, ordenado en el artículo 478 del CST, debe contabilizarse en días calendario, sin que tenga cabida lo dispuesto en el artículo 62 del CRPM, por cuanto la vigencia del contrato de trabajo y la convención colectiva, no se suspende en los días festivos, ni de vacancia judicial.
Para dirimir el planteamiento de la recurrente, resulta oportuno recordar, como también lo cita la recurrente, lo expuesto por esta Corporación, en sentencia CSJ SL 5 ago. 2004, rad. 22474:
4. De otro lado, y ya en el plano puramente jurídico, el Tribunal abordó un tema relevante y atendible: el de la vigencia de la convención. Como la negociación colectiva está concebida para suscribir un acuerdo que establezca el nuevo derecho de la empresa, no puede haber conflicto colectivo laboral mientras esté vigente. Ese planteamiento del juzgador de alzada es definitivo.
La denuncia debe existir y tiene un término para formularse, ya sea el de los 60 días inmediatamente anteriores a la expiración de la convención colectiva, según el artículo 478 del Código Sustantivo del Trabajo, o el término que acuerden las partes en la misma convención, como lo autoriza el mismo precepto legal.
Pero la denuncia no se puede intentar extemporáneamente so pena de ineficacia, porque media un acuerdo de vigencia. La paz laboral, y con mayor razón la de todo un sector vital de la economía, impone esa solución. Si no media la denuncia eficaz de la convención, la posibilidad de trabar válidamente el conflicto colectivo laboral no puede darse.
Ese importante fundamento del fallo habría sido suficiente para rechazar la impugnación, porque, como quedó dicho, es jurídico, y porque fue correctamente aplicado al caso, ya que el denominado pliego único de Sintraelecol fue presentado el 18 de agosto de 1999 y como la convención colectiva suscrita con la demandada tenía marcada su expiración para el 31 de diciembre, sólo podía denunciarse válidamente a partir del 1° de noviembre de ese año, que es una fecha posterior de aquella en que Corelca despidió a la demandante.
Así las cosas, para la fecha del despido, desde el punto de vista jurídico, con o sin propuesta laboral a la comisión, con pliego de peticiones o sin él, en Corelca no podía haber conflicto colectivo alguno por estar vigente el convenio regulador de las condiciones de trabajo.
Como se aprecia en el anterior pasaje jurisprudencial, una convención colectiva que, como en este evento, tiene «marcada su expiración para el 31 de diciembre, sólo podía denunciarse válidamente a partir del 1° de noviembre de ese año», precisamente, porque los 60 días a los que hace referencia el artículo 478 del CST, son calendario, mas no hábiles, por la elemental razón que, así como el contrato de trabajo no se suspende en los días feriados, mucho menos la convención colectiva que es el soporte de los derechos de los asalariados.
La trascendencia de haber incumplido el termino atrás referido es de tipo sustancial y afecta la validez, eficacia y las garantías que de tal acto jurídico se derivan, como lo enseñó, entre otras, la sentencia CSJ SL, 10 dic. 2008, rad. 33750, que en su pasaje pertinente dijo:
En resumen, no siempre la presentación del pliego de peticiones supone que un conflicto colectivo económico ha nacido con arreglo a la ley, pues para llegar a esa conclusión es necesario verificar si todos y cada uno de los presupuestos legales se han cumplido, y en principio, sólo cuando esto ha tenido ocurrencia, bien puede aseverarse que dicha presentación tuvo la fuerza legal para empezarlo con el ajuste exigido por la ley que lo regula, salvo que se presenten circunstancias en el que medie la voluntad de las partes de dejar saneada cualquier irregularidad que se haya presentado en el trámite del conflicto.
Para la Corte Suprema la orientación anterior no le ha sido extraña; por el contrario, ese ha sido el criterio que ha adoptado invariablemente. Así lo sostuvo en la sentencia del 5 de agosto de 2004, radicación 22474, en la que dijo lo siguiente:
“Por último, importa hacer énfasis en lo siguiente: la recurrente asevera que la obligatoriedad de la denuncia de la convención colectiva prevista en los artículos 478 y 479 del Código Sustantivo del Trabajo se impone en tanto las partes no hayan pactado normas diferentes, e insiste en sostener que la legislación positiva permite que los sujetos del conflicto excluyan la denuncia de la convención colectiva como requisito previo e indispensable para la negociación.
[…]
Dicho acto jurídico permite la actualización de los contratos colectivos, esto es, la posibilidad para los trabajadores de mejorar los derechos consagrados y para el empleador la modificación de las cláusulas que ya no le resulten convenientes y por ello es absolutamente necesario por su íntima relación con la vigencia de esos acuerdos y por su vinculación estrecha con el orden público, que significa paz laboral, como lo dice la oposición con sensatez.
[…]
Esta prevención doctrinaria tiene cabal aplicación para cuando el trámite y plazos desatendidos afectan la capacidad del pliego de peticiones de generar un conflicto colectivo, como en el sub lite, cuando su presentación se hace el 18 de agosto antes de que comience a correr el término previsto en el artículo 478 del C.S.T. para formular la denuncia de la convención colectiva, sin la cual, se ha de entender obra plenamente el acuerdo colectivo, en especial en lo que concierne a su vocación a mantener la paz laboral por el tiempo pactado para su vigencia.(Sentencia del 26 de julio de 2004. radicado 23538)”
Es evidente que la anterior violación, condujo a la vulneración del artículo 25 del Decreto 2351 de 1965, al considerar que los demandantes tenían fuero circunstancial, cuando ni siquiera existía entonces un conflicto colectivo de trabajo, pues la denuncia de la convención colectiva antes del término ordenado en el artículo 478 CST, no produjo ningún efecto, ni fue vinculante.
De lo que viene de decirse, la denuncia presentada el 7 de octubre de 2003 resultó indudablemente inoportuna por extemporánea y por ende ineficaz, lo mismo que el pliego de peticiones del 8 de octubre de la misma anualidad, de cuya presentación no surgió la obligación de iniciar un proceso de conversaciones, y tampoco la garantía del fuero circunstancial en los términos y condiciones previstas en los artículos 25 del Decreto Ley 2351 de 1965 y 36 del Decreto 1469 de 1978, con los alcances fijados por la jurisprudencia de esta Corporación.
Aunado a lo descrito, esta Corporación, en sentencia CSJ SL986-2019, al analizar el artículo 62 del CRPM, en relación con el área del derecho individual del trabajo, dijo que contrario a lo establecido en el precepto antes citado, ciertos plazos referidos al contrato de trabajo, en eventos en que la norma no hace mención a días hábiles, o calendario, deben tomarse como calendario (Vgr. Preaviso), así como también opera para el cálculo «de los tiempos de servicio necesarios para acceder a las prestaciones económicas» por cuanto el contrato laboral, «se ejecuta todos los días, desde su inicio hasta su finalización, incluyendo días de descanso obligatorios y festivos».
Lo anterior, sirve para reafirmar que, para la denuncia de la convención colectiva, como fuente de los derechos extralegales del nexo contractual, el cómputo de los 60 días, debe ser en días calendario, dado que, su vigencia también se cuenta en tales condiciones.
En consecuencia, el cargo prospera, por lo que se casará la sentencia impugnada en su integridad.
Sin costas, dada la prosperidad del recurso extraordinario.
SENTENCIA DE INSTANCIA
Teniendo en cuenta que la sentencia del a quo fue completamente adversa a las demandantes, y no interpusieron recurso de apelación, se procede en sede de instancia, a estudiarla en grado jurisdiccional de consulta.
En primer lugar, en lo atinente a la pretensión principal de reintegro derivado del alegado fuero circunstancial, el a quo manifestó para absolver por este concepto:
En el caso bajo estudio para la fecha en que se desvincularon las demandantes – 29 de octubre de 2003 – con sujeción al plazo perentorio que prevé la norma en mención para la denuncia de la convención, no se puede pregonar la existencia del conflicto colectivo en virtud de la segunda presentación del pliego de peticiones efectuada el 8 de octubre de 2003 (fls. 177 a 180), pues si bien esta situación aconteció después de la denuncia efectuada el día anterior, es decir, el 7 de octubre de 2003, esta última no se hizo dentro del término que para tal efecto consagra la ley, o mejor aún, dentro de los 60 días anteriores a la expiración del término de la convención vigente en ese momento, el cual se presentó el 31 de diciembre de esa anualidad (fl.° 190), pues ese plazo empezaba a contabilizarse a partir del primero de noviembre de 2003, advirtiendo que los mismos fueron comunes.
Lo descrito por el juzgador de primer grado, coincide plenamente con lo analizado al resolver el recurso extraordinario, por ende, en sede de instancia habrá de confirmarse la sentencia, en cuanto absolvió de las pretensiones principales, que pendían del éxito del reintegro deprecado, con apoyo en el fuero circunstancial, sin embargo, como se vio, al momento del despido no podía considerarse que existiera un conflicto colectivo en la empresa, dada la extemporaneidad analizada.
En lo que atañe a las pretensiones subsidiarias, el sentenciador unipersonal, argumentó:
RELIQUIDACIÓN DE CESANTÍAS E INTERESES, VACACIONES, PRIMAS DE SERVICIOS, VACACIONES Y NAVIDAD E INDEMNIZACIÓN POR DESPIDO.
Reclama la parte actora la reliquidación de los conceptos enunciados, por considerar que su empleador omitió incluir los factores extralegales como prima técnica, auxilio de alimentación, prima de navidad, de vacaciones y demás que constituyen salario.
No es dable atender la reliquidación de los conceptos reclamados, por cuanto en cada una de las Convenciones y Pactos Colectivos que se aportaron se señala de manera expresa la exclusión como factor salarial de todo concepto extralegal reconocido por la demandada, razón por la cual la entidad reconoció únicamente los factores legales devengado (sic) acatando las disposiciones tanto legales como extralegales, no hay lugar a su pago.
Examinadas las pretensiones subsidiarias (f.° 246), las libelistas se limitaron a requerir la reliquidación de la indemnización por despido sin justa causa, incluyendo como factor salarial la prima técnica, el auxilio de alimentación, prima de navidad, primas de servicios prima de vacaciones «y los demás pagos que constituyen salario», y como consecuencia, la sanción moratoria y la indexación.
Teniendo en cuenta lo precedente el sentenciador de primera instancia, desvió la materia de análisis, omitiendo como era su deber, el estudio de lo realmente peticionado en el petitum subsidiario. Por tanto, el examen se centrará en examinar la manera como la pasiva liquidó la indemnización por despido sin justa causa que pagó a las demandantes, que era lo pedido de forma subsidiaria.
Para el caso de Ana Yalile Peña Navarrete, a folio 35 se encuentra la correspondiente liquidación, en la que se contempla que Findeter, liquidó la indemnización por despido sin justa causa, teniendo en cuenta lo establecido en la cláusula quinta, de la convención colectiva de trabajo (fl°.49), que establece para quienes acrediten 10 o más años, «cuarenta y siete (47) días adicionales de salario sobre los cincuenta (50) básicos del numeral 1, por cada uno de los años de servicio subsiguientes al primero y proporcionalmente por fracción». En lo atinente a la base salarial con la que se liquidó la referida indemnización, punto en el que se centra la discusión, la empleadora, la fijó así:
ÚLTIMO SUELDO: 1.166.370
SUBSIDIO TRANSPORTE 0
1/12 BONIFICACIÓN POR SERVICIOS 34.109
1/12 PRIMA DE SERVICIOS 49.899
1/12 PRIMA DE VACACIONES 99.893
1/12 PRIMA DE NAVIDAD 107.015
BASE LIQUIDACIÓN 1,457,196
En lo atinente a Nubia Azucena Castro Rojas (fl.°43), de forma similar a lo atrás referido, para liquidar la indemnización por despido sin justa causa, se aplicó lo estipulado en la convención colectiva, y se incluyeron los siguientes factores:
ÚLTIMO SUELDO: 1.348.274
SUBSIDIO TRANSPORTE 0
1/12 BONIFICACIÓN POR SERVICIOS 39.325
1/12 PRIMA DE SERVICIOS 57.682
1/12 PRIMA DE VACACIONES 115.472
1/12 PRIMA DE NAVIDAD 127.524
BASE LIQUIDACIÓN 1,688,277
De lo precedente se aprecia que de los factores que reclaman las actoras, Findeter sí tuvo en cuenta la prima de navidad, primas de servicios, y la prima de vacaciones, sin embargo, no figura la prima técnica, ni el auxilio de alimentación.
La aludida prima técnica, en la convención colectiva de trabajo con vigencia del 1 de enero a 31 de diciembre de 2003, se encuentra contemplada en los siguientes términos:
CLÁUSULA SÉPTIMA. PRIMA TÉCNICA.
FINDETER reconocerá a los trabajadores oficiales beneficiarios de la Convención una prima técnica equivalente al dieciocho por ciento (18%) del salario básico mensual establecido; sin perjuicio de la potestad que tiene la Junta Directiva para establecer porcentajes mayores en aquellos casos que considere pertinentes. (fl°. 50)
En la cláusula Octava, del mismo acuerdo, se encuentra el auxilio de alimentación, así: «A partir de la entrada en vigencia de esta convención, FINDETER pagará a los trabajadores oficiales beneficiarios un auxilio de alimentación de cincuenta mil pesos ($50.000) mensuales». (fl°.50)
En la contestación de la demanda, en lo atinente a las pretensiones subsidiarias, dijo la pasiva que «es improcedente porque los conceptos que se relacionan en esta pretensión, fueron excluidos de manera expresa de la naturaleza salarial tanto en el pacto colectivo como en la convención colectiva de trabajo». Para sustentar lo precedente, al contestar el hecho 32, adujo:
La cláusula Décima Tercera del pacto colectivo citado en este hecho, previsión que fue reiterada en todos los demás y en las convenciones colectivas de trabajo señala: ‘las sumas pagadas por concepto de primas, bonificaciones y auxilios extralegales consagrados en este Pacto, no computan ni forma parte como base o factor para la liquidación de prestaciones sociales que reconozca Findeter, salvo las sumas y/o porcentajes que por ley sean factor prestacional’.
Analizada la cláusula que refiere y transcribe la demandada, lo que allí se estipula es para la «liquidación de prestaciones sociales», por ende, no es aplicable a la liquidación de la indemnización por despido sin justa causa, que claramente no tiene naturaleza prestacional, por tanto, tales beneficios habrán de computarse, como lo solicitan las demandantes, y darán lugar a la reliquidación de la indemnización por despido sin justa causa, lo que se efectúa a continuación de manera independiente para cada una.
i) Ana Yalile Peña
La convocada a juicio, a folio 34, certificó que la demandante devengó como prima técnica la suma de $209.947, pero tal certificación expedida en el 2006, corresponde a los valores de 2003, por ende, para efectos de la liquidación pertinente, que debe efectuarse con el promedio devengado en el año inmediatamente anterior, se extraña la acreditación de lo devengado en noviembre y diciembre de 2002.
De folio 428 a 433, se encuentra la nómina de los meses de mayo a octubre de 2003, donde figura que la trabajadora devengó por prima técnica la suma de $209.946, es decir, $1 menos de lo que certificó la pasiva, sin embargo, allí tampoco figura lo pertinente a la calenda de 2002.
Teniendo en cuenta lo precedente, para efectos de reliquidar la indemnización, se tendrá en cuenta como valor de la prima técnica, para los meses de enero a octubre de 2003, lo certificado por el empleador, es decir, $209.946 y para noviembre y diciembre de 2002, ante la falta de prueba, no podrá computarse valor alguno, lo que obviamente reducirá el promedio de los últimos 12 meses. Por lo anterior, se obtiene, por concepto de prima técnica, que en el último año recibió la trabajadora un promedio mensual de $174.955.
En lo que hace al auxilio de alimentación se tendrá en cuenta para el año 2003, de acuerdo con la convención colectiva de tal calenda, la suma de $50.000, y para los meses de noviembre y diciembre de 2002, el monto de $40.000, lo que arroja un promedio en el último año, equivalente a $48.333.
En lo concerniente a los demás factores, se tomarán los que determinó la empleadora en la liquidación, así mismo en lo atinente a los días que deben cancelarse por indemnización, por cuanto tales puntos no fueron materia de discusión.
En consecuencia, el ingreso base para el cálculo de la indemnización, es la suma de: $1.680.484, y teniendo en cuenta que la indemnización a conceder, es equivalente a 624 días, según lo liquidó la empleadora a folio 35, asciende a la suma de $34.953.984
Como la pasiva liquidó por indemnización por terminación del contrato sin justa causa, un monto de $30.293.221, adeuda la diferencia, es decir, la suma de $4.660.763.
(ii) Nubia Azucena Castro Rojas
La demandada, a folio 37, certificó que la demandante devengó como prima técnica la suma de $242.689, pero al igual que en la situación anterior, tal certificación expedida en el 2003, corresponde a los valores de esa calenda, y en la nómina obrante de folios 445 a 450, solo se encuentra lo devengado por este concepto de mayo a octubre de 2003, donde figura un monto de $242.690.
Por lo anterior, para la liquidación respectiva, al igual que en la situación precedente, para el 2003, se tomará por concepto de prima técnica lo que figura en la nómina, es decir, $242.690, y para noviembre y diciembre del año anterior, no se podrá computar cuánto devengó por tal concepto, ante la falta de prueba. Según lo descrito, el promedio en el año inmediatamente anterior, por prima técnica, es la suma de $202.241.
Por auxilio de alimentación en el año 2003, la suma de $50.000, desde enero a octubre, según lo acordado en la cláusula octava de la convención colectiva, y 40.000, para el año precedente, por ende, un promedio anual de $48.333.
Los demás factores para liquidar la indemnización, así como su monto y el número de días que deben pagarse por este concepto, se tendrán en cuenta, de acuerdo a lo determinado por la entidad en la liquidación final, obrante a folio 43, pues respecto a tales puntos, las partes no manifestaron discusión alguna.
El ingreso base para el cálculo de la indemnización, es la suma de: $1.938.851, y teniendo en cuenta que la indemnización a conceder, es equivalente a 620 días, según lo liquidó la empleadora a folio 43, y que no fue objeto de diferendo, asciende a la suma de $40.069.980. Como la demandada liquidó por este concepto un monto de $34.854.643, adeuda la diferencia, equivalente a $5.215.337.
Teniendo en cuenta que la pasiva interpuso la excepción de prescripción, debe destacarse que, aunque Ana Yalile Peña Navarrete, elevó reclamación administrativa el 15 de diciembre de 2003 (fl°.31-32), allí no efectuó reclamo alguno en lo atinente a la reliquidación de la indemnización, por ende, como fecha de interrupción de la prescripción se tendrá la de presentación de la demanda, es decir, 30 de octubre de 2006.
Lo mismo ocurre en el caso de Nubia Azucena Castro Rojas, quien reclamó a la empleadora el reintegro y reliquidación de prestaciones sociales, en misiva fechada el 24 de noviembre de 2003 (fl.°38 y 39 - sin constancia de recibido), contestada el 2 de enero de 2004, sin que allí se observe reclamo concerniente a la reliquidación de la indemnización, por ende, también se debe tener en cuenta la de la fecha de la presentación del libelo inicial.
Por lo expuesto, al haber radicado la demanda el 30 de octubre de 2006, se declaran prescritos todos los derechos exigibles con anterioridad al 30 de octubre de 2003, por ende, no cobija la indemnización que aquí se debate, por cuanto, al haber trabajado las dos demandantes hasta el 29 (inclusive) de octubre de 2003, la exigibilidad del derecho aquí reclamado, operaba a partir del 30 de octubre de dicho año, y la prescripción extintiva no afectó la reliquidación pretendida.
También es del caso mencionar, para efectos del artículo 90 del CPC, que la notificación de la demanda, se efectuó mediante aviso de fecha 19 de junio de 2007, es decir, dentro del año siguiente al de su presentación.
De otro lado, como consecuencia de lo adeudado por concepto de indemnización por terminación del contrato, las actoras reclamaron la indemnización moratoria contemplada en el artículo 1 del Decreto 797 de 1949, sin embargo, debe recordarse, como lo ha enseñado la jurisprudencia, que tal sanción no es de aplicación automática, sino que se debe efectuar un análisis de la conducta del empleador, así como las «circunstancias que rodearon el desarrollo de la relación de trabajo» (CSJ SL6119-2017).
Dentro del anterior marco, que hace imperativo analizar la «la totalidad de las pruebas y circunstancias que rodearon el desarrollo de la relación de trabajo», por ende, debe tenerse en cuenta que, como se aprecia en las liquidaciones de cada trabajadora (f.° 35 y 43), Findeter al realizar la correspondiente liquidación de prestaciones sociales y de la indemnización, incluyó todos los factores, incluso la «bonificación por servicios», establecida en la cláusula décima primera del acuerdo extralegal vigente para el 2003 (f.° 53), que habría podido ser excluida para efecto de las prestaciones sociales, teniendo en cuenta que la cláusula vigésimo segunda, contempla que «Las sumas pagadas por concepto de primas, bonificaciones y auxilios extralegales consagrados en esta convención colectiva, no computan ni forman parte como base o factor salarial para la liquidación de prestaciones sociales que reconozca FINDETER, salvo las sumas y/o porcentajes que por Ley sean factor prestacional».
Por lo anterior, si incluso incluyó el aludido factor, que bien habría podido no computarlo para efecto de liquidar las prestaciones sociales, se colige que la empleadora no tenía la intención de defraudar a las asalariadas, sino que por el contrario, su conducta estuvo orientada al cumplimiento de la norma, y la falta de cómputo de la prima técnica para efectos del cálculo de la indemnización, se originó en una equivocada hermenéutica de la cláusula vigésimo segunda del acuerdo extralegal, en donde se restó el carácter salarial a la prima técnica para el caso de liquidación de las prestaciones sociales, sin aclarar lo pertinente para la indemnización por despido sin justa causa, lo que generó que la llamada a juicio interpretara que tampoco tenía naturaleza salarial para este pago.
Por lo descrito, se considera que no debe impartirse condena por concepto de sanción moratoria, en consecuencia, de acuerdo a lo requerido en la demanda, también dentro de las pretensiones subsidiarias, se procederá a ordenar la indexación pertinente, desde el 30 de octubre de 2003, hasta aquella fecha en la que se produzca su pago efectivo, de conformidad con la siguiente fórmula:
VA = VH x IPC Final
IPC Inicial
De donde:
VA = valor actualizado
VH = valor de la deuda en favor de cada demandante
IPC Final = Índice de Precios al Consumidor vigente a la fecha en que se realice el pago.
IPC Inicial = Índice de Precios al Consumidor vigente a la fecha de terminación del contrato de trabajo.
Según lo descrito, se revocará el fallo de primera instancia, exclusivamente en cuanto absolvió a la pasiva de la reliquidación de las indemnizaciones por despido sin justa causa, y de la indexación, que hacían parte del petitum subsidiario.
Costas en las dos instancias, a cargo de la demandada.
DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, CASA la sentencia proferida el 9 de diciembre de 2010, por Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá D.C., en el proceso promovido por ANA YALILE PEÑA NAVARRETE y NUBIA AZUCENA CASTRO ROJAS contra FINANCIERA DE DESARROLLO TERRITORIAL S.A. – FINDETER.
En sede de instancia RESUELVE:
PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia proferida el 17 de septiembre de 2010, por el Juzgado 12 Laboral del Circuito de Bogotá, en cuanto absolvió a la FINANCIERA DE DESARROLLO TERRITORIAL S.A. – FINDETER, frente a todas y cada una de las pretensiones principales del libelo inicial.
SEGUNDO: REVOCAR la providencia antes referida, en cuanto absolvió a la llamada a juicio de las pretensiones subsidiarias, y en su lugar, condenar la FINANCIERA DE DESARROLLO TERRITORIAL S.A. – FINDETER, a pagarle a ANA YALILE PEÑA NAVARRETE, la suma de $4.660.763, por concepto de reliquidación de la indemnización por despido sin justa causa, y a NUBIA AZUCENA CASTRO ROJAS $5.215.337, por el mismo concepto. Las anteriores sumas deberán ser indexadas, de acuerdo con la fórmula explicada en la parte motiva de la presente providencia.
TERCERO: Se absuelve a la demandada por los demás conceptos.
Costas como se dijo en la parte motiva.
Cópiese, notifíquese, publíquese, cúmplase y devuélvase el expediente al tribunal de origen.
DONALD JOSÉ DIX PONNEFZ
JIMENA ISABEL GODOY FAJARDO
JORGE PRADA SÁNCHEZ
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