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Corte Suprema de Justicia · Sala de Casación Laboral

Sentencia SL1209-2020

Fecha
17 de marzo de 2020
Magistrado ponente
Giovanni Francisco Rodriguez Jimenez
Citada por
3 providencias

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia SL1209-2020

Corte Suprema de Justicia · Sala de Casación Laboral

Parte resolutiva

DECISIÓN En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley, NO CASA la sentencia proferida por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá el diecinueve (19) de julio de dos mil dieciséis (2016), dentro del proceso ordinario laboral seguido por ANA DILDE ZAMBRANO VIUDA DE PÁEZ contra el FONDO DE PASIVO SOCIAL DE FERROCARRILES NACIONALES DE COLOMBIA, trámite en el cual fue vinculada MARÍA ETELVINA ORTEGA DE GARZÓN, en calidad de interviniente ad excludendum. Sin costas.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Corte Suprema de Justicia

Sala de Casación Laboral

Sentencia SL1209-2020

Magistrado ponente: Giovanni Francisco Rodriguez Jimenez

17 de marzo de 2020

GIOVANNI FRANCISCO RODRÍGUEZ JIMÉNEZ

Magistrado ponente

SL1209-2020

Radicación n.° 75350

Acta 009

Bogotá DC, diecisiete (17) de marzo de dos mil veinte (2020).

Decide la Sala el recurso de casación interpuesto por ANA DILDE ZAMBRANO VIUDA DE PÁEZ contra la sentencia proferida el 19 de julio de 2016 por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, dentro del proceso que le sigue al FONDO DE PASIVO SOCIAL DE FERROCARRILES NACIONALES DE COLOMBIA, trámite en el cual fue vinculada MARÍA ETELVINA ORTEGA DE GARZÓN, en calidad de interviniente ad excludendum.

ANTECEDENTES

La señora Ana Dilde Zambrano viuda de Páez demandó al Fondo de Pasivo Social de Ferrocarriles Nacionales de Colombia, para que le reconozca y pague la sustitución pensional por la muerte del señor Alfonso Garzón, a partir del 9 de octubre de 1984, y los intereses moratorios del artículo 141 de la Ley 100 de 1993.

Fincó sus pretensiones en que nació el 3 de octubre de 1936; que contrajo matrimonio con el señor Antonio Páez, pero se separaron de hecho «[...] antes de 1966»; que, a su turno, el señor Alfonso Garzón se casó con la señora María Etelvina Ortega de Garzón el 24 de diciembre de 1943, y se separaron de hecho «[…] antes de 1966»; que en este año inició una relación marital de hecho con el señor Garzón, la cual perduró por más de 20 años y de la cual nacieron cuatro hijos y; que la empresa Ferrocarriles Nacionales de Colombia, le reconoció al causante una pensión de jubilación mediante la Resolución n.° 219 del 22 de febrero de 1972.

Que el de cujus falleció el 9 de octubre de 1984 y, la mencionada empresa le sustituyó a la señora Ortega de Garzón, la pensión que recibía el señor Alfonso Garzón, a través de la Resolución n.° 637 del 28 de agosto de 1986, en calidad de cónyuge supérstite; que el 30 de noviembre de 2011 presentó reclamación administrativa al fondo demandado y este no accedió a su solicitud.

La entidad accionada se opuso a las pretensiones argumentando que «[…] quien tiene derecho a la sustitución pensional del causante es su cónyuge» y, además, porque el Instituto de Seguros Sociales le reconoció a la actora una pensión de sobrevivientes, de modo que, por prohibición legal, no puede devengar dos pensiones al tiempo.

En relación con los hechos, dijo que no le constaba la relación marital pues, si bien, con la solicitud de sustitución pensional se allegaron declaraciones extraproceso, estas debían ratificarse ante el juez de conocimiento, y sobre los hijos procreados, únicamente aceptó que eran del causante. Admitió el matrimonio contraído por la actora, el fallecimiento de su compañero, el reconocimiento pensional otorgado a este y, finalmente, precisó que la sustitución que le concedió a la señora María Etelvina fue en un 50%.

Presentó las excepciones de fondo de prescripción, buena fe e inexistencia de las obligaciones.

Mediante auto del 15 de noviembre de 2013, el Juzgado Segundo Laboral del Circuito de Bogotá ordenó vincular a la señora María Etelvina Ortega de Garzón en calidad de tercero ad excludendum, quien a través de curador ad litem, presentó demanda contra la señora Zambrano Viuda de Páez y la entidad accionada, oportunidad en la que señaló que, en lo atinente a su matrimonio con el señor Garzón, no había prueba de separación ni liquidación de la sociedad conyugal, y que la sustitución pensional le fue concedida a ella y a los cuatro hijos del causante, hoy mayores de edad. Por esto, solicitó que se declarara que le corresponde el derecho litigado y, en esa medida, que se dispusiera la continuación del pago de las mesadas pensionales en su favor, a lo cual no se opuso el fondo accionado.

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

El Juzgado Segundo Laboral del Circuito de Bogotá, mediante fallo del 9 de junio de 2016, condenó a la entidad demandada a, «[…] reconocer y pagar a la demandante […] en forma vitalicia, el 50% de la mesada pensional de jubilación que en vida disfrutaba el pensionado fallecido Alfonso Garzón, a partir del 30 de noviembre de 2008, con los respectivos reajustes legales y mesadas adicionales.

Absolvió de lo demás y declaró parcialmente probada la excepción de prescripción.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

Por apelación de la parte demandante y al resolver el grado jurisdiccional de consulta en favor de la entidad demandada, la Sala Laboral del Tribunal Superior de Bogotá, por sentencia del 19 de julio de 2016, revocó la de primer grado y absolvió de lo pedido por la demandante.

Para determinar la beneficiaria del derecho pensional reclamado, encontró que los Ferrocarriles Nacionales de Colombia, mediante la Resolución n.° 219 de 1972, le reconoció al señor Alfonso Garzón una pensión de jubilación (f.° 75); que este falleció el 9 de octubre de 1984; que a través de la Resolución n.° 637 de 1986, sustituyó dicha prestación en un 50% y en forma vitalicia, a la señora María Etelvina Ortega de Garzón en calidad de cónyuge, y la diferencia (50%), se dividió entre los hijos del fallecido hasta que cumplieran la mayoría de edad (f.° 72 y 73); que el matrimonio entre el causante y la señora Ortega, se encuentra probado (f.° 89) y; que dada la fecha del deceso del señor Alfonso (9 de octubre de 1984), la disposición aplicable era la Ley 33 de 1973.

Transcribió el artículo 1° de la citada norma y aclaró que, si bien, no hizo referencia a la compañera permanente del pensionado fallecido, sí podía beneficiarse pues así lo extendió, por razones de equidad, la jurisprudencia de esta Corte en las sentencias CSJ SL, rad. 25920, 7 jul. 2009, SL, rad. 42101, 24 sep. 2014 y SL1131–2015, última de la que transcribió apartes; sin embargo, aclaró que la accionante inicial no probó los presupuestos exigidos en esa disposición, concretamente en cuanto no acreditó la calidad de compañera permanente y que hacía vida marital con el causante al momento del deceso.

A esta conclusión llegó tras apreciar las pruebas documentales «[…] y otras de carácter testimonial contenidas en las declaraciones extra proceso», rendidas por las señoras Luz Morelli Cepeda Martínez y Mariela Rojas de Aguilar ante notaría, que, aun cuando informaban que la promotora y el de cujus convivieron en unión marital de hecho desde 1961 hasta 1984 (f.° 26), no les otorgó credibilidad pues en su demanda se indicó que contrajo matrimonio con el señor Antonio Páez y se separaron de hecho antes de 1966, a partir del cual inició una relación marital con el causante (f.° 3), de manera que eran supuestos incongruentes.

En cuanto a las declaraciones de los señores Germán Cangrejo Cobos y Mateo Rincón Bernal, rendidas el 23 de noviembre de 1984 en el Juzgado 40 Civil Municipal de Bogotá, en las que informaron que les constaba que la mencionada pareja convivió entre 18 y 20 años hasta el día en que el señor Garzón falleció (f.° 83 y 84), extrañó que no se solicitara en el transcurso del proceso su ratificación con citación de la parte contraria ante quien se pretendían hacer valer, «[…] para asegurar la prueba», esto de conformidad con el artículo 229 del CPC, en concordancia con los preceptos 298 y 299 idem, y el 222 del CGP, por cuanto «[…] las mismas fueron solicitadas para que obraran en un trámite ante la entidad demandada y no para que fueran prueba de un proceso judicial», de manera que tampoco eran suficientes para probar la referida calidad ni la convivencia hasta el deceso, sin que pudiera alegarse que «[…] el transcurso del tiempo y el cambio de los hechos y situaciones» impedía la práctica personal de esa diligencia, salvo que los testigos se encontraren en una situación grave de salud.

Añadió que, si bien, en la misiva suscrita por la cónyuge del causante (f.° 95), esta expuso que la única responsable del abandono de su esposo «[…] era la otra mujer por quién había sido abandonada», tal comunicación no precisó que «[…] fuera la actora la compañera permanente y mucho menos que al momento de fallecer el señor Alfonso Garzón, estuvieran conviviendo». De otro lado, apuntó que, aunque los registros civiles de nacimiento allegados a folios 19 a 22 acreditaban los hijos procreados por la demandante y el causante, ello no era «[…] un presupuesto para conceder la pensión pretendida».

En cuanto a la copia de la providencia de segunda instancia dictada el 31 de agosto de 2011 –no refirió autoridad judicial–, en la que se apreciaba que se ordenó en favor de la accionante la sustitución de la pensión de vejez que el ISS le reconoció al causante, estimó que no lo ataba, pues «[…] se desconocen cuáles fueron los elementos materiales probatorios que la actora aportó a dicho proceso en el que sí se encontraron probados los requisitos de la Ley 33 del 73», a más de que su lectura no mostraba la existencia en el proceso de la señora María Etelvina Ortega de Garzón, como cónyuge del causante (f.° 27 y siguientes).

Señaló que, en gracia de discusión, de la jurisprudencia referenciada se colegía que la Ley 33 de 1973 le confería el derecho pensional a la compañera en ausencia de la cónyuge, pues no se previó la concurrencia de ambas, salvo la que se predica entre la esposa y los hijos, sin que en el plenario se hubiese probado que la señora Ortega se divorció o separó del causante, ni demostró que aquella hubiese fallecido, pues, si bien, no compareció directamente en este proceso, las pruebas acreditaban que a ella se le concedió la sustitución pensional de manera vitalicia, por haber demostrado en el trámite administrativo los presupuestos para tal efecto.

Además, que en la consulta del RUAF, se observaba activa como cotizante en salud, en el Fondo Pasivo Social de los Ferrocarriles Nacionales, y que a folio 99 se observa una solicitud de Jairo Enrique Garzón Zambrano, hijo del causante, en la que le peticiona a la entidad que le alleguen la relación de pago de las mesadas pensionales desde 1984, y en respuesta le entregaron copia de las nóminas de noviembre de 1986 a diciembre de 1990, «[…] sin que ello permita concluir que con posterioridad a esta última data le hayan suspendido el pago».

RECURSO DE CASACIÓN

Interpuesto por la parte demandante, concedido por el Tribunal y admitido por la Corte, se procede a resolver.

ALCANCE DE LA IMPUGNACIÓN

Pretende la recurrente que la Corte case la sentencia impugnada y, en sede de instancia, confirme la del a quo.

Con tal propósito formuló dos cargos, por la causal primera de casación, que fueron replicados por el fondo accionado y se estudiarán conjuntamente por compartir propósito y complementarse su argumentación.

CARGO PRIMERO

Por la vía indirecta, denunció la aplicación indebida de «[...] la Ley 33 de 1973», los artículos 29, 48, 53 y 58 de la CN, «175-177 del Código de Procedimiento Civil hoy día artículos 164-167 del nuevo Código General del Proceso», y el 145 del CPTSS.

En la demostración arguyó:

LA INFRACCIÓN DIRECTA; Se da por ser violatoria de la ley sustancial por vía indirecta en la indebida interpretación del acervo probatorio existente junto con los fundamentos esgrimidos en la demanda, toda vez que considero que la situación denunciada se generó por haber incurrido el Tribunal en los siguientes yerros fácticos que afectaron el consentimiento de mi poderdante, lo que llevo a trabar la Litis:

a) No dar, por demostrado, estando dentro del proceso que la actora y el causante convivieron con antelación al año 1966. Pues tuvo 4 hijos del causante, entre los años 1968 y 1973, con lo cual se prueba que si (sic) existió convivencia ya que una mujer no tiene relaciones sexuales esporádicas solo para tener hijos. (folios 126 al 128 cuaderno no. 1).

b) No dar por demostrado que la señora MARÍA ETELVINA VIUDA DE GARZÓN, manifestó claramente que el causante la abandonó por otra mujer con la cual convivía en la ciudad de Bogotá D.C., situación que5002343037919 concuerda claramente con el análisis probatorio allegado en al plenario como lo son las declaraciones juramentadas que demuestran la convivencia entre el causante con la señora ANADILDE ZAMBRANO. (folios 95 y 126 al 128 cuaderno no. 1).

c) No dar por demostrado el acervo probatorio, al desestimar las pruebas de la convivencia entre el causante y la señora ANADILDE ZAMBRANO, pues de dicho derecho es que percibe una pensión de sobreviviente por ser la compañera permanente del causante, Se extendió la aplicación de la Ley 33/73, por vía jurisprudencial. (folios 95 y 126 al 128 cuaderno no. 1).

CARGO SEGUNDO

Lo trazó así: «Acuso la sentencia por violación de medio de las reglas procesales, al haber infringido los artículos 174 y 175 del CPC (modificado por los artículos 164-165 de la Ley 1564 de 2012); 74, del CPTSS».

Le endilgó al Colegiado que se dio por demostrado que no le asistía el derecho reclamado por «[...] la existencia de la señora MARÍA ETELVINA VIUDA DE GARZÓN», lo cual desconoció «[...] el alcance jurisprudencial dado por las altas cortes en aplicación de la Ley 33/73 dándole su propia interpretación cuando el señalamiento de la norma es que al fallecimiento del causante la viuda reclamara la pensión vitalicia, situación que se extiende por equidad a la compañera permanente». En tal sentido, aseveró que el Tribunal interpretó erróneamente la jurisprudencia al señalar que solo ante la ausencia de la cónyuge podía aplicarse la Ley 33 de 1973 en su favor.

Indicó que afirmar que no probó su convivencia con el causante, desestimaba o desconocía «[...] el acervo probatorio existente en el plenario», en concreto porque,

[...] las declaraciones juramentadas debieron ser ratificadas llamando a quienes las realizaron a ratificarse de la misma situación que no fue objeto de debate en el litigio ni de excepción por cuanto en el trámite administrativo quedó probada la convivencia y la demandada Ferrocarriles Nacionales en su contestación señala que la pensión debe continuar pagándosele a la cónyuge nada más por ende dicha situación viola ostensiblemente el debido proceso, la ley sustancial.

Agregó los siguientes desatinos fácticos:

a) Dar por cierto que las documentales, declaraciones extra proceso que prueban la convivencia entre el causante y la actora, desde 1961 hasta 1984, dice que son incompatibles porque en la demanda dicen que convivían con antelación a 1966, situación que se cae de su propio peso pues si en una señala que convivía desde 1991 (sic), dicha fecha es más que compatible con la demanda y la realidad procesal y verdadera pues es con antelación al año 1996 (sic) y cada uno de los que declararon bajo juramento señalaron el periodo que les constaba de convivencia entre el causante y la actora por ende el raciocinio hecho de incompatibilidad lo considero un yerro (folios 126 al 128 cuaderno no. 1).

b) Dar por cierto que la convivencia entre 18 y 20 años, el tribunal extraña que no se pidieran las testimoniales, y se practicaran, conformes art. 229 y 298, 299 C.P.C. y 222 C.G.P., y no se alegaron por la actora en este proceso por lo que no se practicaron con los testigos. Pudieron haber sido pedidas para realizarlas, situación que considero (sic) la corporación afecta el sentido del fallo pues exige las testimoniales desestimando las documentales que igualmente son medio de prueba, aclarando que dichas pruebas no fueron objeto de excepción en relación a las documentales. (folios y (sic)126 al 128 cuaderno no. 1).

c) No dar por cierto que con los registros de nacimientos se prueba que procrearon 4 hijos, y que la sentencia de pensión de la sobreviviente (sic), donde si probó los requisitos de la Ley 33/73, donde no se hizo mención de la cónyuge sobreviviente. No ata al tribunal, pero la desestima como prueba con lo cual queda más que probada la convivencia pues es una sentencia debidamente ejecutoriada y si bien es cierto no ata a la corporación no es menos cierto que sirve como prueba. (folios 76-77 cuaderno no. 1).

Recordó que el argumento de su apelación se basó simplemente en la inexistencia de prueba de que la cónyuge del causante se encontrare con vida, quedando acreditados todos los presupuestos para emitir condena en su favor, con pruebas que no reprocharon la demandada ni el curador ad litem que intervino en el trámite.

RÉPLICA

En cuanto al primer cargo, el Fondo de Pasivo Social de los Ferrocarriles de Colombia arguyó que no es viable denunciar normas constitucionales, según lo extrajo de las sentencias CSJ SL, rad. 27489, 25 sep. 2012 y SL, rad. 42337 (sin fecha), y que no era posible acusar de forma genérica una ley, pues la Corte no puede precisar de oficio el precepto atacado, según lo puntualizaron las sentencias CSJ SL, rad. 27068, 7 jun. 2006 y SL, rad. 2006, 28 mar. 2006.

Memoró que las normas adjetivas solo se pueden censurar por violación medio (CSJ SL, rad. 20208, 13 jun. 2003 y SL, rad. 40002, 6 sep. 2012), cuestión que reiteró al oponerse al segundo cargo, y que no era suficiente realizar un listado de yerros fácticos, sino demostrarlos «[...] a través de un proceso de argumentación jurídica», que aquí no se cumplió.

Finalmente, consideró que el Tribunal acertó en los argumentos esgrimidos, los cuales resaltó.

CONSIDERACIONES

En cuanto a las observaciones que le hace la réplica a los cargos, se recuerda que hoy está superada la discusión sobre el carácter normativo y vinculante de los preceptos de la Constitución Política, siempre y cuando contenga derechos sustanciales, dado su rol actuante en el orden jurídico como fuente directa e integradora del derecho, que orienta, informa y articula la adecuada interpretación y aplicación de los supuestos normativos, e incluso de su interior es dable derivar verdaderos derechos subjetivos y sustanciales, de manera que el hecho de que la acusación comprenda los artículos 53 y 58 de la CN, pilares constitucionales del derecho del trabajo y de la seguridad social, no constituye falencia alguna. Así se ha expuesto, entre otras, en las sentencias CSJ SL16794-2015, CSJ SL3210-2016, CSJ SL1044-2016, CSJ SL17526-2016, CSJ SL12220-2017 y CSJ SL15343-2017.

De otro lado, aun cuando en el primer cargo se acusó la aplicación indebida de la Ley 33 de 1973, sin precisar el precepto de orden sustancial en el que se concreta el ataque, para la Sala ello es fácilmente superable, debe entenderse que la disposición que gobierna a este asunto es la Ley 12 de 1975, norma que expresamente incluyó a ese grupo poblacional.

Siendo entonces la controversia eminentemente probatoria, la Sala no desconoce que el recurso presentado no es un modelo a seguir, pero aún así reúne los requisitos técnicos mínimos desarrollados en la ley y la jurisprudencia para ser estudiada de fondo, pues formuló los errores de hecho endilgados al fallo y de su desarrollo se extraen las pruebas en las que estos se soportan, así como la argumentación que confronta las conclusiones del Tribunal.

Llegan a casación sin discusión, los siguientes supuestos fácticos: i) que mediante la Resolución n.° 219 de 1972, el Fondo de Pasivo Social de los Ferrocarriles Nacionales le reconoció al señor Alfonso Garzón una pensión de jubilación; ii) que este falleció el 9 de octubre de 1984, por lo que la norma aplicable era la Ley 33 de 1973, iii) y que por la Resolución n.° 637 de 1986, aquella prestación fue sustituida en un 50% a la señora María Etelvina Garzón, en forma vitalicia y en calidad de cónyuge, y el porcentaje restante a los hijos del fallecido hasta que cumplieran la mayoría de edad (f.° 72 y 73).

Pues bien, se recuerda que una de las premisas que cimentaron la sentencia confutada, fue la relativa a que las declaraciones extrajuicio visibles a folios 84 y 85, rendidas por los señores Germán Cangrejo Cobos y Mateo Rincón Bernal ante el Juzgado 40 Civil Municipal de Bogotá, no tenían eficacia probatoria puesto que no fueron ratificadas con asistencia de la parte contra la cual se opusieron, tal y como lo imponían los artículos 229, 298 y 299 del CPC, hoy el 222 del CGP, y además porque «[…] las mismas fueron solicitadas para que obraran en un trámite ante la entidad demandada y no para que fueran prueba de un proceso judicial».

Frente a esto, vale resaltar que el segundo cargo sí presentó una violación medio y en su desarrollo se entienden cuestionados los precitados preceptos, por lo que la falencia formal que le atribuye la réplica no es fundada, sin que sobre decir que al promoverse el análisis de las piezas del proceso, es perfectamente viable resolver el punto desde la vía indirecta (CSJ SL9087-2015).

Adicionalmente, la Sala puede extraer que cuando la censura afirma que para la demostración de «[…] la convivencia entre 18 y 20 años, el tribunal extraña que no se pidieran las testimoniales», se refiere a las mencionadas declaraciones de folios 84 y 85, pues informaban justamente ese supuesto.

En claro lo anterior, destaca la Corte que, para sostener que no era necesario verificar lo dicho en tales declaraciones, la recurrente indica que ello «[…] no fue objeto de debate en el litigio ni de excepción», y que la demandada, al contestar el escrito inicial, únicamente «[…] señala que la pensión debe continuar pagándosele a la cónyuge nada más».

Al revisar esta pieza procesal se observa que, además de esa afirmación, al responderse el hecho séptimo de la demanda, en el cual se refirió justamente el inicio de la convivencia desde 1966, la pasiva afirmó que, «[…] si bien con la solicitud de sustitución pensional de este causante se pudo (sic) haber allegado declaraciones extraproceso que digan que es cierto lo que se afirma en este hecho, también es cierto que no se sabe si coinciden con la realidad, y es ante el Juez de conocimiento que se deben ratificar» (subyraya la Sala).

Lo anterior es relevante en la medida en que esta Corte, en su jurisprudencia, tiene dicho que las declaraciones rendidas por fuera del juicio, entendidas como documentos emanados de terceros, a la luz del artículo 277 del CPC no requieren ratificación, salvo que así lo solicite la parte contra quien se opusieron, que por más no es hábil en casación.

Sin embargo, a criterio de la Sala, a fin de que esa restricción normativa cobre plenos efectos jurídicos en el proceso, no basta simplemente con enunciar la ratificación de las declaraciones al proponer la defensa, sino solicitar el decreto de la prueba testimonial y demás actos tendientes a su ordenación. En ese sentido, la petición de ratificación no puede sustraerse a una mera mención en la contestación de la demanda, sino que debe observarse el pleno interés de quien pretende verificar la veracidad de la prueba de la cual desconfía, cosa que en este asunto no ocurrió, como se anotó, a más de que la a quo tampoco la decretó. En esa medida, el Tribunal cometió el error que se le endilga al extrañar esa exigencia procesal a fin de otorgarles mérito probatorio, pues, se repite, tales instrumentos no requerían ratificación, salvo que la parte lo solicitare, que no fue el caso (CSJ SL14067–2016, SL, rad. 42536, 6 mar. 2013, y SL1227–2015).

Ahora bien, como el Colegiado, además de lo anterior, no les otorgó mérito por cuanto fueron recaudados con el fin de realizar esa diligencia ante la entidad demandada, y no con fines judiciales en los términos previstos en los entonces vigentes artículos 298 y 299 del CPC, vale memorar que en tales casos la Corte igualmente ha considerado que la ratificación se exige siempre que la parte contra quien se aduzca lo haya solicitado, como se dijo en la sentencia CSJ SL, rad. 43422, 6 mar. 2012, reiterada en decisión SL18112–2017, que expuso:

Precisado lo anterior, le corresponde a la Sala resolver, en primer lugar, si el Tribunal se equivocó al negarle valor probatorio a las declaraciones extrajuicio allegadas por la empresa, en aplicación de los artículos 298 y 299 del CPC, ya que, en criterio del juez colegiado, debieron ser ratificadas dentro del proceso en la forma prevista en el artículo 229 ibídem y esto no se cumplió. Sobre el particular, basta citar la sentencia CSJ SL 14067 de 2016 para dejar en evidencia que el ad quem se equivocó con tal exigencia, así: [...]

Sobre este particular y tal y como lo pone de presente el censor, esta Sala de Corte en sentencia con radicación 43422 del 6 de marzo de 2012, en la cual se cita la 27593 del 2 de marzo de 2007, adoctrinó sobre este tópico lo siguiente: [...]

A juicio de la Sala, el razonamiento efectuado en la sentencia de 2 de marzo de 2007, radicación 27593, según el cual, las declaraciones extrajuicio recibidas para fines no judiciales, pueden tomarse “(…) como documentos declarativos provenientes de terceros, para cuya valoración, según el artículo 277 del C. P. C. (Mod. Art. 27, Ley 794/2003), no necesitan ratificación, salvo que la parte contraria lo solicite”, está acorde con la especial situación que se presenta en esta clase de procesos, porque equiparar el documento simplemente declarativo emanado de un tercero, que no es elaborado ni suscrito ante un Notario, con la declaración que ese mismo tercero realiza ante este funcionario público, que cuenta con el atributo de ser depositario de la fe pública, es perfectamente válido, en la medida en que, por lo menos, igual poder de convicción tienen estos dos medios de prueba, y no guardaría ninguna lógica, eximir de ratificación al primero, al paso que del segundo se exija el adelantamiento de tal formalidad dentro del proceso, siendo que, además, las declaraciones extrajuicio fueron rendidas bajo la gravedad del juramento.

Aunque el cargo resulta fundado en este sentido, el desatino expuesto no tiene la virtud de ocasionarle una rotura a la sentencia del Tribunal, puesto que, si bien, al valorar estas probanzas podría colegirse que la actora y el señor Alfonso Garzón vivieron en unión libre por 18 o 20 años hasta el fallecimiento del primero, y procrearon cuatro hijos, quedaría en pie la premisa jurídica del Tribunal conforme a la cual el derecho pensional de la compañera permanente está supeditado a la falta de cónyuge, la que al ser eminentemente jurídica, debió atacarse por la vía adecuada, que era la directa.

Pero si aún se dejara de lado esta falencia, la Corte encontraría que el Tribunal no se equivocó al postular esa idea y advertir que en esa época no se previó el derecho en concurrencia de la cónyuge y la compañera permanente, pues la primera tenía prevalencia (CSJ SL4026–2017). A esto solo debe precisarse que esta Corte, en sentencias CSJ SL16573–2016 y CSJ SL14005–2016, ha venido orientando esa postura para decir que las previsiones que establecen la falta del cónyuge a efectos de que la compañera o el compañero permanente puedan ser beneficiarios de la prestación económica, deben entenderse como meramente enunciativos y no solo desde los supuestos formales enlistados en el precepto pertinente, pues cuando la realidad muestra que la vida en común de los casados no existía, la falta de cónyuge debe igualmente reputarse, sin necesidad de sentencia judicial que así lo declare, a menos que la separación le sea atribuible al pensionado fallecido, pues en tal caso, según se extrae del artículo 2º de la Ley 12 de 1975, la cónyuge no pierde el derecho pensional, supuesto que igualmente venía previsto en el artículo 2º de la Ley 33 de 1973, que aplicó el Colegiado.

Así se explicó en la sentencia mencionada, CSJ SL14005–2016:

Y ello es así, por cuanto la falta de cónyuge también puede ocurrir, por ejemplo y fuera de las anunciadas eventualidades, por haberse perdido entre los cónyuges la cohabitación o convivencia, elemento esencial de tal clase de vínculos jurídicos, por circunstancias no atribuibles al pensionado fallecido (artículo 7º del Decreto 1160 de 1989); y aún, por haber cesado definitivamente la vida en común con el causante, salvo cuando el cónyuge sobreviviente se hubiera encontrado en imposibilidad de hacerlo porque aquél abandonó el hogar sin justa causa o le impidió su acercamiento o compañía (artículo 30 del citado acuerdo 049 de 1990, aprobado por Decreto 758 de la misma anualidad).

Es decir, la falta de cónyuge a que se refieren preceptivas como las mencionadas no puede entenderse única y exclusivamente desde la perspectiva de la disolución del vínculo jurídico que ató al causante con el beneficiario de la prestación por sobreviviencia (muerte, nulidad, divorcio y separación legal), sino también, desde la pérdida de su esencialidad, esto es, para estos casos, la causada por dejación definitiva de la comunidad de vida de la pareja (artículo 1501 del Código Civil). No puede ser de otra manera, pues lo que ha entendido la Corte por fuente del derecho pensional de sobrevivencia no es la simple formalidad jurídica que ata al causante con su pareja, sino el hecho real de la convivencia y el apoyo mutuo que en vida se dispensaron durante el término mínimo previsto en la ley, lo cual impone --al producirse el fallecimiento-- mantener o salvaguardar en grado mínimo las condiciones económicas y de seguridad social que en vida común disfrutaban, de suerte que la muerte del causante no deje a ésta, como parte de su núcleo familiar que es, en estado de desprotección y vulnerabilidad.

No puede olvidarse que desde la óptica del derecho del trabajo, que irradia el de la seguridad social, el juez laboral debe hacer prevalecer la realidad sobre las simples formas, situación que es claramente aplicable a materias como las aquí tratadas. Más aún cuando quiera que, se insiste, disposiciones como las estudiadas, las cuales enmarcan la situación del cónyuge y el compañero permanente sobreviviente, no son taxativas y en ellas mismas se conciben situaciones de exclusión de quien formalmente ostenta la calidad de cónyuge, con base en la ausencia del elemento determinante y esencial de comunidad de vida. (Subraya la Sala).

Se indica lo anterior, pues, en este asunto, está plenamente aceptado que la cónyuge del causante, señora María Etelvina Ortega de Garzón, accedió a la sustitución pensional a través de la Resolución n.° 637 de 1986, y es la propia accionante la que admite, al acusar el documento de folio 95, que aquella fue abandonada por su esposo. De ahí que, por esto mismo, pese a no existir cohabitación o convivencia al momento en que el señor Garzón murió, su esposa pudo acceder al citado derecho pensional, al que en consecuencia, por las razones expuestas, no puede aspirar la accionante en calidad de compañera permanente, ante la preferencia que sobre el derecho tenía aquella.

Ahora bien, en cuanto a que la pensión debe ser igualmente reconocida a la compañera permanente por razones de equidad, a juicio de la Sala, la ocasión es oportuna para aclarar que aun cuando los supuestos normativos de pérdida o conservación del derecho del cónyuge, así como la restricción prevista para la compañera permanente, desde el punto de vista jurídico hoy serían inconcebibles pues no coinciden con los dictados de la Constitución Nacional, ni con los desarrollos legales actuales, lo cierto es que en su momento encontraban justificaciones de orden socio–moral y religioso, en el contexto de modelos de virtud que censuraban socialmente un vínculo distinto al formal del matrimonio.

Visto así, puede sostenerse que, si bien, esas políticas están actualmente excluidas del orden constitucional, pues atentan directamente contra la autonomía y libertad de la persona, el pluralismo o la igualdad, no podría decirse que son contrarias al orden público otrora vigente, pues como se explicó, tenían una justificación que la moral social de la época admitía, ante lo cual no es extraño el derecho y, por eso mismo, las referidas preceptivas legales deben aplicarse por ser las que gobernaban el asunto al momento en que el riesgo acaeció.

Es desde esa óptica que, para la Sala, no puede predicarse una orientación o aplicación retroactiva de los contenidos materiales forjados con posterioridad a la Constitución de 1991, a situaciones que acaecieron con anterioridad a la vigencia de esta norma Superior, que es lo que sugiere la censura al señalar que la compañera permanente, por equidad debe acceder igualmente al derecho pensional, argumentación que, sin lugar a dudas, está enmarcada en reflexiones constitucionales que no tenían vigor cuando ocurrieron los hechos.

Resta decir que la sentencia dictada por la Sala Laboral de Descongestión del Tribunal Superior de Bogotá el 31 de agosto de 2011 (f.º 25 a 31), al ser aportada y decretada como prueba por el juez de primer grado (f.º 168 a 170), aunque tendría la virtud de acreditar «[…] la naturaleza de la decisión, la clase de proceso, los intervinientes o la fecha en que fue dictada» (CSJ SL11970–2017), no impedía debatir en este asunto si se acreditaron los presupuestos legales para acceder a la sustitución pensional, más aún si los intervinientes, causa y objeto en ambos procesos judiciales presentan diferencias evidentes. No pensarlo así, sería tanto como edificar ante el juez, sin justificación jurídica alguna, un muro inquebrantable en el que no pudiera esbozar la realidad procesal cuya definición judicial se le confió, y a su turno restringir el derecho de defensa de la aquí accionada.

Sobre el particular, es útil recordar que esta Corte en la sentencia CSJ SL557–2013, refirió los siguientes apartes de una providencia de la Sala de Casación Civil:

Es claro que una sentencia, más propiamente, su parte resolutiva, pueda utilizarse en otro juicio aún contra terceros en calidad de prueba y no como cosa juzgada, para demostrar el derecho que reconoce a la parte favorecida, mientras no se le contraponga prueba en contrario que la desvirtúe. Así lo ha aceptado la Corte, como puede verse en la decisión de 3 de mayo de 1952, T. LXXII, pág. 22. Más lo que sí resulta equivocado es admitir que los hechos tenidos como ciertos en la motivación de una sentencia, y mucho más cuando ella es pronunciada en juicio en que se utiliza la prueba sumaria, puedan darse como plenamente establecidos en otro juicio ordinario, aunque los litigantes sean los mismos. Eso determinaría en muchas ocasiones, como ocurre en la presente, situaciones incompatibles con principios básicos de derecho procesal, pues entonces no sería el juez de la causa a quien correspondería valorizar y analizar las pruebas para forma su propia convicción sobre los hechos controvertidos, desde luego estaría obligado a aceptar el juicio que sobre los mismos se formó otro juez, y las partes en el nuevo litigio no podrían contradecir la prueba ni intervenir en su producción.

En conclusión de todo lo expuesto, aun cuado el Tribunal pudo equivocarse al no advertir que la accionante convivió con el causante hasta el momento de la muerte de este, no cometió yerro alguno al concluir que su derecho no era jurídicamente viable ante la imposibilidad de concurrir en la sustitución con la esposa de aquel, quien teniendo prevalencia en la ley vigente, cumplió los presupuestos legales para acceder a esa prestación.

Por lo dicho, los cargos no prosperan; sin embargo, no se impondrán costas por cuanto el recurso, como se explicó, fue parcialmente fundado.

DECISIÓN

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley, NO CASA la sentencia proferida por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá el diecinueve (19) de julio de dos mil dieciséis (2016), dentro del proceso ordinario laboral seguido por ANA DILDE ZAMBRANO VIUDA DE PÁEZ contra el FONDO DE PASIVO SOCIAL DE FERROCARRILES NACIONALES DE COLOMBIA, trámite en el cual fue vinculada MARÍA ETELVINA ORTEGA DE GARZÓN, en calidad de interviniente ad excludendum.

Sin costas.

Notifíquese, publíquese, cúmplase y devuélvase el expediente al tribunal de origen.

ANA MARÍA MUÑOZ SEGURA

Aclara voto

OMAR DE JESÚS RESTREPO OCHOA

Aclara voto

GIOVANNI FRANCISCO RODRÍGUEZ JIMÉNEZ

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