Ficha de la providencia
Sentencia SL1213-2019
Corte Suprema de Justicia · Sala de Casación Laboral
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Corte Suprema de Justicia · Sala de Casación Laboral
Ficha de la providencia
Sentencia SL1213-2019
Corte Suprema de Justicia · Sala de Casación Laboral
República de Colombia
Corte Suprema de Justicia
Sala de Casación Laboral
Sentencia SL1213-2019
Magistrado ponente: Omar de Jesus Restrepo Ochoa
27 de marzo de 2019
OMAR DE JESÚS RESTREPO OCHOA
Magistrado ponente
SL1213-2019
Radicación n.° 65871
Acta 010
Bogotá, D. C., veintisiete (27) de marzo de dos mil diecinueve (2019).
Decide la Sala el recurso de casación interpuesto por CARMEN RUTH ACUÑA HERNÁNDEZ, contra la sentencia proferida por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá DC, el 6 de septiembre de 2013, en el proceso que instauró en contra de la EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTÁ SA ESP, ETB SA ESP.
ANTECEDENTES
Carmen Ruth Acuña Hernández demandó a la ETB SA ESP, con el fin de que se declarara que entre las partes existe un contrato de trabajo desde el 3 de octubre de 1985, vigente incluso hasta la fecha de presentación de la demanda, que está afiliada al Sindicato de Trabajadores de la Empresa de Teléfonos de Bogotá SINTRATELÉFONOS, que la convención colectiva de trabajo de 1994 tiene aplicación de conformidad con la cláusula segunda del acuerdo convencional 2008-2012 y que el Acto Legislativo 01 de 2005 no se aplica al ser contrario a los tratados de la OIT y al derecho interno colombiano.
En consecuencia, solicitó que se condene a esa entidad a reconocerle la pensión convencional a partir de la fecha en la cual adquirió el derecho, de acuerdo con el tiempo de servicio y con la tabla de liquidación que la misma convención tiene establecido en la cláusula 3 de la CCT 1992-1993 y en la 21 de la recopilación de las CCT 1994; así como la indexación de las condenas y los intereses moratorios.
Fundamentó sus peticiones en que nació el 16 de julio de 1962; que se vinculó con ETB mediante contrato de trabajo a término indefinido desde el 3 de octubre de 1985, en diferentes cargos y el último de ellos es el de operadora de reclamos que ocupa desde 1991; que se afilió al Sindicato de Trabajadores de la Empresa de Teléfonos de Bogotá SINTRATELÉFONOS desde el 7 de noviembre de 1989; que la recopilación de la convención colectiva de trabajo de 1994 en su cláusula 21 contiene los requisitos para acceder a la pensión de jubilación convencional, y que aquellos trabajadores que hubieren ingresado con posterioridad al 31 de diciembre de 1991 no contarían con tal derecho.
Así mismo señaló que el Acto Legislativo 01 de 2005 limitó las pensiones convencionales; que ello iba en contra de todos los tratados, acuerdos y recomendaciones internacionales expedidos por la OIT que son de obligatorio cumplimiento por parte de Colombia; que mediante derecho de petición, el 7 de septiembre de 2010, solicitó el reconocimiento y pago de la pensión convencional negado por medio de comunicado del 20 de septiembre siguiente.
Al dar respuesta a la demanda, la entidad se opuso a las pretensiones y, en cuanto a los hechos aceptó la vinculación de la demandante, los cargos desempeñados, la existencia del sindicato y la negativa de la solicitud pensional. Así mismo precisó que en la entidad se han suscrito más de 25 convenciones colectivas de trabajo y que para la entrada en vigencia del Acto Legislativo 01 de 2005 se encontraba vigente la del período 2004 – 2005 y que si bien puede operar el reconocimiento y pago de la pensión de jubilación convencional con posterioridad a 31 de julio de 2010, ello se da «[…] siempre que los requisitos hayan sido cumplidos a cabalidad con anterioridad a las fechas límites establecidas por el Acto Legislativo 01 de 2005, pues en estos casos se estaría ante un derecho ya adquirido, status de pensionado que solo estaba pendiente de su reconocimiento y disfrute».
En su defensa propuso las excepciones de inexistencia de fuente normativa que imponga obligación, cobro de lo no debido, prescripción, inexistencia de la mora y buena fe de la entidad, inexistencia de la obligación de pagar intereses, pago y compensación.
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
El Juzgado Décimo Laboral del Circuito de Bogotá, mediante fallo del 6 de agosto de 2013, declaró probada la excepción de inexistencia de la fuente normativa que imponga obligación a la demandada, y en consecuencia absolvió a la Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá SA ESP de todas las pretensiones formuladas en su contra por Carmen Ruth Acuña Hernández, a quien condenó en costas.
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
La Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá DC, al resolver el recurso de apelación interpuesto por la demandante, mediante sentencia del 6 de septiembre de 2013, confirmó la decisión proferida por el a quo.
El Tribunal estableció como problema jurídico determinar, si la demandante cumplió con los requisitos para acceder a los beneficios pensionales y económicos consagrados en la convención colectiva suscrita con la empresa demandada. Así como si hay lugar a la devolución de aportes sufragados al fondo de prestaciones sociales.
Tuvo por probado que Carmen Ruth Acuña Hernández es trabajadora de la demandada desde el 3 de octubre de 1985 y que se afilió a la organización sindical Sintrateléfonos, el 7 de noviembre de 1989.
Sue decisión se fundamentó en el Acto Legislativo 01 de 2005 que reformó el artículo 48 de la Constitución Política; además en las sentencias CSJ SL 29907, 3 abr. 2008, SL 45402, 14 feb. 2012 y CC C-789-2002; y los artículos 467, 468, 471 y 477 del CST.
Respecto de lo que impuso la reforma constitucional, lo enunció de la siguiente manera:
1. No se puede acordar en pactos, convenciones colectivas o laudos arbitrales, regímenes pensionales diferentes a los establecidos en las leyes que regulan el sistema general de pensiones, aun cuando sean más favorables a los trabajadores.
2. Las condiciones pensionales contenidas en convenciones colectivas o acuerdos, que regían a la fecha de vigencia de dicha modificación constitucional, mantienen su vigencia por el término inicialmente estipulado.
3. Los convenios suscritos entre la vigencia del acto legislativo y el 31 de julio de 2010, no podían establecer condiciones pensionales más favorables y los que se encontraban vigentes perdería en vigencia de todas maneras el 31 de julio de 2010.
Indicó que la reforma constitucional preservó los derechos adquiridos causados con anterioridad al 31 de julio de 2010, en la medida en que los mismos continúan en cabeza de sus titulares y forman parte de su patrimonio, independientemente de que los actos jurídicos que los crearon hubiesen desaparecido del mundo jurídico.
Al revisar la respuesta al hecho 20 de la demanda, el Tribunal encontró que ETB indicó que se habían suscrito más de 25 acuerdos convencionales, y que para la entrada en vigencia del Acto Legislativo 01 de 2005 se aplicaba la suscrita para el período 2004-2005, que perdió vigencia el 1 de enero de 2006. Pero que dicho acuerdo no fue aportado al proceso, tal como fue reconocido en los alegatos de conclusión presentados por la demandante.
En virtud de lo anterior, consideró acertada la conclusión del a quo, cuando señaló que no era posible determinar si las condiciones pactadas en el artículo que consagraba la pensión de jubilación fueron o no modificadas por voluntad de las partes.
Precisó que cuando la mentada reforma constitucional indicó que las reglas de carácter pensional se mantendrían por el término inicialmente estipulado, lo que quiso señalar fue que, si la duración del convenio colectivo estaba en curso al momento de entrada en vigencia del acto legislativo, seguía vigente hasta su finalización; pero que, ocurrido esto, la convención colectiva de trabajo perdería totalmente su vigencia en materia pensional. De lo que concluyó que la demandante no consolidó su derecho pensional antes del 1 de enero de 2006, en consecuencia, no contaba con un derecho adquirido.
También dijo que la recopilación de convenciones colectivas de 1994, de la que la demandante pretendió hacer valer su derecho pensional, no existe, pues su texto no fue depositado ante la autoridad correspondiente; situación que corroboró con los documentos obrantes a folios 57 a 81, al no contar con la constancia o el sello de haberse depositado ante el Ministerio de Trabajo.
Agregó que, si en gracia de discusión se analizaran las posibilidades pensionales pactadas en las convenciones colectivas, la demandante tampoco tendría derecho a la prestación, toda vez que:
1. El literal a) del artículo 3 de la convención colectiva de trabajo 1992-1993, señaló que la pensión de jubilación se reconocería a aquellos trabajadores que hubieren adquirido el derecho, es decir, tuvieran 20 años de servicio en entidades oficiales y 50 o más de edad; y la demandante a 30 de julio de 2010 (fecha límite que señaló el Acto Legislativo 01 de 2005) no contaba con la edad exigida, en razón a que sólo arribo a los 50 años el 16 de julio de 2012.
2. El literal b) ibídem indicó que la empresa procedería a pensionar a los trabajadores que hubieren laborado 25 años continuos o discontinuos al servicio de la entidad sin consideración de la edad, y la señora Carmen Ruth Acuña sólo llevaba laborando para ETB 24 años 9 meses y 23 días (a la entrada en vigencia del acto legislativo), de conformidad con el documento de folio 217 del expediente.
3. En relación con la aplicación del régimen especial, solicitado cuando hizo referencia a que por el cargo desempeñado no se le exigía el requisito de la edad, al tenor del artículo 3 aplicable únicamente a los trabajadores vinculados a 31 diciembre 1991; el ad quem dijo que tampoco cumplía con los requisitos allí indicados, pues:
[…] la cláusula dice a partir de 1 enero 1990 las operadoras de información de reclamos entre otros cargos tienen derecho a la pensión de jubilación después de 20 años continuos o discontinuos de trabajo en dichos cargos a cualquier edad. Nótese que la norma establece que los 20 años tienen que ser servidos en ese cargo en especial. Al revisarse la certificación de la trabajadora se tiene que ella no cumplió 20 años de trabajo en el cargo especial de operadora de información de reclamos, porque ese cargo lo empieza a ejercer el 3 de julio de 1991 y los 20 años los cumplió el 3 de julio de 2011, es decir con fecha posterior a que la convención colectiva perdió vigencia.
Frente al tema del desconocimiento de las normas internacionales dijo que ello no ocurrió, toda vez que las reglas de contenido pensional, que fueron determinadas en el acto legislativo, son producto de una reforma constitucional válidamente incorporada al ordenamiento jurídico por el legislador; además de que la demandante no tenía ningún derecho pensional adquirido.
Para resolver el segundo problema jurídico, relacionado con la devolución del aporte del fondo de prestaciones sociales, dijo que se encuentra consagrado en el artículo 53 del reglamento interno de trabajo e higiene, y que fue creado con el fin de tener una reserva destinada exclusivamente a atender las asistencias de servicio médico, servicio odontológico, recompensas de retiro, recompensas de servicios, jubilaciones, auxilio para gastos de entierro, entre otros.
Agregó que a folios 13 a 14 del plenario encontró una certificación proveniente de ETB, donde se dejó constancia de que a la actora se le habían efectuado descuentos correspondientes al 4% del salario con destino a dicho fondo y que los beneficios relacionados en el párrafo precedente estaban siendo disfrutados por la demandante y su grupo familiar, sin que su finalidad fuera exclusiva para sufragar los aspectos pensionales. Así pues, no accedió a su devolución.
RECURSO DE CASACIÓN
Interpuesto por la demandante, concedido por el Tribunal y admitido por la Corte, se procede a resolver.
ALCANCE DE LA IMPUGNACIÓN
Pretende la recurrente que la Corte case la sentencia impugnada, para que, en sede de instancia, revoque la proferida por el a quo y en su lugar acceda a las pretensiones de la demanda inicial.
Con tal propósito formuló dos cargos, por la causal primera de casación, que fueron oportunamente replicados y se estudiaran conjuntamente, en virtud del artículo 51 del Decreto 2651 de 1991, convertido en legislación permanente, por el artículo 162 de la Ley 446 de 1998, por cuanto, pese a estar dirigidos por vías diferentes, persiguen el mismo fin, y atacan similar elenco normativo.
CARGO PRIMERO
Acusó la sentencia de violar la ley sustancial por la vía directa en la modalidad de aplicación indebida de las siguientes normas de alcance nacional:
[…] del Acto Legislativo 01 de 2005, parágrafos 2°. y 3°., los artículos 467, 468 u 471 del C.S. del T.; arts. 1, 4, 6, 13, 23, 29, 48, 55, 53 y 93 de la C.P. Reglamento Interno del Trabajo año 1949, arts. 53 y 54, recopilación convención colectiva de trabajo, año 1984, cláusula 17, convención colectiva de trabajo 1992-1193, acuerdos y convenios internacionales de la OIT 87 (aprobado por la ley 26 d e1976) y 88 (aprobado por la ley 27 de 976); Recomendaciones del Comité de Libertad Sindical de la OIT, caso 2434, informe 353, informe 362 caso 2804 Consejo de Administración 2011, y de las normas procedimentales referentes al tema, como consecuencia de la interpretación errónea en que incurrió el Tribunal al aplicar el Acto Legislativo 01 de 2005.
Para la demostración del cargo dijo que, haciendo una interpretación sistemática de las normas enunciadas, el Acto Legislativo 01 de 2005 regía hacía el futuro, por lo que no tocaba pactos y convenciones ya existentes, como en el caso de ETB «[…] donde las pensiones convencionales tienen vigencia únicamente para aquellos trabajadores vinculados a 31 de diciembre de 1991, quedando a salvo estos derechos de los trabajadores […]».
Señaló que aplicarlo de manera retroactiva afectaría derechos fundamentales de los ciudadanos. Además, el acto legislativo se refiere al tema pensional en 2 parágrafos transitorios, que son normas jurídicas con vida precaria, que no tienen vocación de permanencia en el tiempo, por lo que, aplicarlos 8 años después, sería llegar a un absurdo, convirtiéndolos en legislación permanente.
A pesar de lo anterior, agregó, el parágrafo transitorio segundo veló por la preservación de los derechos adquiridos y de las convenciones colectivas celebradas con anterioridad.
La norma atacada y el tema que ocupa la atención, merecía más de una interpretación, y en virtud de las teorías del derecho constitucional y laboral, prevalece la que sea más favorable al trabajador, por lo que en virtud del mandato constitucional contenido en el artículo 53 en el sub lite se debió conceder el derecho a la pensión convencional de jubilación.
Resaltó el pronunciamiento del Comité de Libertad Sindical de la OIT, que al resolver la queja 2434 contra el Estado colombiano, en sus informes 344 y 353 de marzo de 2008, le ordenó mantener vivas las convenciones celebradas antes de la vigencia del Acto Legislativo 01 de 2005.
El acto legislativo 01 de 2005, no solo choca con el artículo 93 de la constitución y los convenios que él incorpora al bloque de constitucionalidad, sino que choca además con otras normas de la constitución, choca con el preámbulo; choca con el artículo 1 de la constitución que hace parte de los principios fundamentales; choca con el artículo 25 de la constitución que hace parte de los derechos fundamentales; choca con el artículo 53 establece el principio constitucional fundamental de la interpretación más favorable para el trabajador.
CARGO SEGUNDO
Acusó la sentencia de violar la ley sustancial por la vía indirecta en la modalidad de aplicación indebida de los artículos «[…] 21, 467 y 468del C.S. del T.; Acto legislativo 01 de 2005, parágrafo 3°.; Reglamento Interno de Trabajo año 1949, artículos, 53 y 54; convenciones colectivas de trabajo años 1984, 1992-93 y 1994, 17, 3°., 26.- Los artículos 177, 237 (6), y 393 del C.P.C. aplicables en virtud del artículo 145 del CPT y SS».
Dijo que el Tribunal incurrió en los siguientes errores de hecho:
1.- No dar por demostrado estándolo que la demandante tiene derecho a la pensión de jubilación convencional de acuerdo con lo regulado en la convención colectiva de trabajo año 1992-93, cláusula 3°. (Folios 46 y 47 y 35 y 36 del expediente)
2.- No dar por demostrado estándolo que a la demandada ETB le asiste el derecho de reconocer y pagar la pensión de jubilación a la demandada (sic) por así regularlo la norma convencional (folios 46 y 47 y 35 y 36 del expediente)
3.- No dar por demostrado, estándolo, “que a la demandante no se le aplica el Acto Legislativo 01 de 2005, parágrafo 3°., por cuanto a la fecha de entrada en vigencia ya había desaparecido en ETB las pensiones convencionales (folios 45 a 47 y 68 a 70 del expediente).
4.- No dar por demostrado estándolo que la demandante desde su ingreso a ETB aporta el 4% de su sueldo para el Fondo de Prestaciones Sociales y entre a jubilación (sic) (folios 248 a 262 código 2201 del expediente)
5.- No dar por demostrado estándolo que la demandada desconoció el derecho a la devolución de los aportes realizados a jubilaciones desde su ingreso y a la fecha del fallo establecidos en el reglamento de trabajo vigente aún en ETB (folios 17 al 25 del expediente)
6.- No dar por demostrado estándolo que la demandante tiene derecho a la devolución de aportes regulados en la cláusula 17 de la recopilación de la convención colectiva año 1984 (folios 33 a 34 del expediente)
7.- No dar por demostrado, estándolo que a la demandada le asiste el derecho de devolver los descuentos a pensiones regulados en la convención colectiva de trabajo cláusula 33 y 34 del expediente) (sic)
8.- No dar por demostrado que los aportes a pensión se encuentran en un fondo o fiducia que garantizan el reconocimiento y pago de la pensión a la demandante (folios 217 a 247 del expediente)
En la demostración del cargo dijo que las convenciones colectivas estaban amparadas por acuerdos y tratados internacionales, y no perdieron vigencia con la expedición del Acto Legislativo 01 de 2005, más aun teniendo en cuenta que en el sub lite las partes habían definido la situación pensional de los trabajadores a partir del 1 de enero de 1992, sólo para aquellos trabajadores que ingresaron antes del 31 de diciembre de 1991, lo que implica un derecho adquirido.
Frente al derecho adquirido señaló que estaba precedido por los aportes realizados por parte de los trabajadores y de su empleador, para el reconocimiento y pago de las pensiones de jubilación, regulados en el reglamento interno de trabajo, al que el Tribunal no le dio ningún valor probatorio (f.° 17 a 25, 33 a 34 y 62 a 63). Lo anterior conllevaría al reconocimiento de la prestación convencional en comento, en cualquier época, es decir, hasta de manera posterior al 31 de julio de 2010.
Por otra parte, indicó que el reglamento de trabajo e higiene de ETB de 1949 creó el fondo de prestaciones sociales con el fin de tener unas reservas destinadas a atender los servicios médicos y odontológicos, las recompensas de retiro y de servicios, las pensiones de jubilación y otras; compuesto de la siguiente manera:
a).- Aporte de la Empresa seis por ciento (6%) de los productos brutos;
b).- Aporte del personal de la Empresa tres por ciento (3%), de los sueldos de los empleados que excedan dos cientos (sic) pesos ($200,oo) mensuales, dos por ciento (2%) de los sueldos delos (sic) empleados que exceda de treinta pesos ($30.oo) mensuales y uno por ciento (1%) de los sueldos de los empleados menores de treinta pesos ($30.oo) mensuales,
El ad quem se amparó en la recopilación de la convención colectiva de trabajo de 1994 y no observó que ese derecho nació con la de 1984 y que tenía la nota de depósito (f.° 33 a 34).
RÉPLICA
La censura se opuso a la prosperidad del recurso de casación por incurrir en defectos técnicos, pero que, además. el ad quem aplicó las normas vigentes, por lo tanto, no cometió yerro alguno.
Frente al primer cargo dijo que, a pesar de dirigirlo por la senda de pleno derecho, el reproche se refirió a aspectos fácticos y probatorios; además de que en la proposición jurídica citó normas que no son de alcance nacional.
En cuanto al segundo indicó que fue dirigido por la vía indirecta sin señalar si la violación de la ley provino de la apreciación errónea o de la falta de valoración de las pruebas enlistadas.
En cuanto a la aplicación de las recomendaciones de la OIT, aseguró que primero el Estado Colombiano las debe elevar a categoría de ley, situación que no ha ocurrido, en consecuencia, son inaplicables.
CONSIDERACIONES
De acuerdo con la réplica considera la sala que es fundada la critica que le hace al cargo primero cuando señala que la censura se equivocó al escoger como vía de violación la directa, a pesar de que la argumentación estuvo dirigida a reproches de orden fáctico, dado que su inconformidad radicó en la no aplicación de las convenciones colectivas de trabajo y sus recapitulaciones, para así lograr el reconocimiento del derecho a la pensión de jubilación.
Además, la Sala observa que en el mismo cargo fueron acusadas normas procedimentales sin ser la vía directa la senda adecuada; sin embargo, al hacer un análisis conjunto de ambos ataques es claro lo que pretende la recurrente y por ello, es posible estudiar el recurso extraordinario.
El fundamento de la decisión del tribunal consistió en: (i) que la recapitulación de la convención colectiva 1994 no tenía el sello de depósito ante el Ministerio del Trabajo, por lo tanto no se le podía dar valor probatorio; (ii) que el Acto Legislativo 01 de 2005 solo había conservado las pensiones extralegales hasta el 31 de julio de 2010, como máxima fecha de vigencia, y que, en ese entendido, la demandante no cumplió con ninguno de los requisitos de la convención colectiva 2004-2005 antes del 1 de enero de 2006, documental que no fue aportada al expediente; y (iii) que, si en gracia de discusión se pasara por alto ese aspecto, la demandante no alcanzó a satisfacer lo exigido convencionalmente antes del 31 de julio de 2010.
La censura, radicó su inconformidad en la negativa del derecho pensional, bajo el argumento de que el Acto Legislativo 01 de 2005, extinguió la obligación pensional consagrada en la convención colectiva, pues, a su modo de ver, el tribunal desconoció la Constitución Política de Colombia, en la medida en que omitió aplicar los convenios y los tratados internacionales que, sobre libertad y negociación sindical, fueron aprobados por Colombia y la recomendación 2434 emanada de parte de la OIT.
Dejó de lado el pilar fundamental de la sentencia del ad quem, que fue que la recapitulación convencional de 1994 no contaba con el sello de depósito ante el Ministerio del Trabajo y que tampoco aportó la convención colectiva de trabajo 2004-2005, que era la que se encontraba vigente a la entrada en vigencia del Acto Legislativo 01 de 2005. Omitió entonces su obligación de derribar con el recurso extraordinario todas las razones aducidas por el ad quem siendo su deber hacerlo.
Sobre este punto se ha referido la Sala, entre otras, en sentencias CSJ SL9159-2017 y CSJ SL9162-2017, donde dijo:
La Sala reitera el carácter extraordinario del recurso de casación, que impone al recurrente la carga de destruir todos los soportes sobre los que se encuentra construido el pronunciamiento impugnado, por manera que, de no lograrlo, la presunción de acierto y legalidad que lo ampara, permanecerá invariable y acarreará, como necesaria consecuencia, el fracaso de la impugnación.
Adicionalmente, el extenso recurso omite derruir los pilares fundamentales de la decisión del Tribunal, principalmente los que tienen que ver con la falta de acreditación de vicios del consentimiento en los acuerdos conciliados o, la vulneración de derechos ciertos, indiscutibles e irrenunciables, que por no ser atacados, tienen la virtud de mantener incólume la sentencia fustigada.
De tal suerte, al no cumplir la recurrente, con su carga procesal de confrontar y derruir cada columna argumental del fallo que mantiene la decisión cuestionada, implica que aquel se sostendrá en lo no derribado, ante las presunciones de acierto y legalidad con que llega revestido al ámbito de la casación.
Si a pesar de lo anterior, la sala analizara la posibilidad de reconocer la pensión solicitada, le correspondería establecer si el tribunal desconoció las reglas supralegales al negar la pensión de jubilación convencional con base en el Acto Legislativo 01 de 2005.
La reforma constitucional de 2005, modificó el artículo 48 de la Constitución de 1991, y estableció en su parágrafo 2 que a partir de su vigencia no podían instituirse pactos, convenciones colectivas de trabajo, laudos o actos jurídicos, condiciones pensionales diversas a las contenidas en el sistema general de pensiones.
Sin embargo, para no afectar los derechos adquiridos y las expectativas legítimas de las partes respecto a la estabilidad de lo previamente acordado, dispuso un periodo transitorio de la siguiente manera:
Parágrafo transitorio 3º. Las reglas de carácter pensional que rigen a la fecha de vigencia de este Acto Legislativo contenidas en pactos, convenciones colectivas de trabajo, laudos o acuerdos válidamente celebrados, se mantendrán por el término inicialmente estipulado. En los pactos, convenciones o laudos que se suscriban entre la vigencia de este Acto Legislativo y el 31 de julio de 2010, no podrán estipularse condiciones pensionales más favorables que las que se encuentren actualmente vigentes. En todo caso perderán vigencia el 31 de julio de 2010.
De manera que, la intención del legislador al reformar el citado artículo 48 constitucional, fue instituir un límite temporal máximo para la eficacia de las reglas de carácter pensional de derechos extralegales y convencionales, al consagrar que las condiciones pensionales contenidas en pactos, convenciones colectivas de trabajo, laudos o acuerdos válidamente pactados, suscritos entre la entrada en rigor del mencionado acto legislativo y el 31 de julio de 2010, no podían ser más favorables a las normas pensionales que se encontraban vigentes y, aun así, perderían vigor en dicha data.
Bajo el entendido de que lo pretendido por la recurrente, en el presente caso, es la pensión de jubilación de naturaleza convencional, acorde con lo sentado y reiterado por la corporación, el ad quem no cometió ningún error en cuanto a la interpretación de las reglas establecidas por el Acto Legislativo, así lo ha dicho, entre otras, en las sentencias SL4963-2016, SL12420-2017, CSJ SL12498-2017, SL602-2018 y SL1799-2018.
Se ha sostenido que la citada reforma constitucional estableció un límite temporal máximo para la vigencia de las reglas extralegales que venían pactadas en materia pensional, en el entendido de que los requisitos para adquirir la prestación debían acreditarse a más tardar el 31 de julio de 2010, teniendo en cuenta que a partir de esa fecha, las normas convencionales, tal como sucede con la recapitulación de las convenciones colectivas de 1994 y la que rigió para el período 2004-2005, base de las pretensiones, desaparecerían del mundo jurídico por orden expresa de la Constitución.
Lo anterior fue avalado por la Corte Constitucional, cuando mediante sentencia CC C242-2009 dijo que el objetivo del Acto Legislativo 01 de 2005 era buscar una mayor equidad y cobertura del sistema pensional y al tiempo disminuir la crisis financiera de este:
Las reformas a los regímenes pensionales, en particular, garantizan la sostenibilidad financiera del sistema pensional y la financiabilidad de otros potenciales pensionados. Estas finalidades constitucionalmente relevantes obligan a la ponderación entre sacrificios individuales y beneficios al sistema (artículo 48 CP, adicionado por el Acto Legislativo No. 1 de 2005). Ello explica que esta Corte haya puesto de presente que el Legislador no está obligado a sostener en el tiempo las expectativas que tienen las personas, conforme a las Leyes vigentes, en un momento determinado. Su potestad de configuración legislativa le habilita a modificar los regímenes jurídicos en función de nuevas variables, razones de oportunidad o conveniencia, y a otros intereses y circunstancias contingentes que deba priorizar para lograr los fines del Estado Social de Derecho, desde luego, consultando parámetros de justicia y equidad, y con sujeción a criterios de razonabilidad y proporcionalidad.
En consecuencia, a partir del Acto Legislativo 01 de 2005, la negociación colectiva se limita a la fijación de las condiciones de trabajo que habrán de regir mientras subsista el contrato de trabajo, lo que, en rigor, excluye el señalamiento de las condiciones que adquieran vigor una vez éste concluya, como son las que corresponden a un régimen de pensiones.
Sin que lo anterior sea argumento suficiente para negar la protección a los derechos adquiridos, que no son otra cosa que un beneficio real, que ya ha ingresado a la esfera patrimonial de la persona y solamente está a la espera de hacerse efectivo, es decir, situaciones jurídicas definidas y consolidadas conforme a preceptos sustanciales anteriores. Frente a este tema en particular y teniendo en cuenta el Acto Legislativo 01 de 2005, esta Sala se ha pronunciado en sentencias SL 29907, 3 abr. 2008, reiterada en SL 34044, 20 oct. 2009, SL 39797, 24 abr. 2012, SL13267-2016, SL6116-2017 y SL2597-2018, donde señaló:
No encuentra la Corte que el propósito del constituyente al reformar el artículo 48 de la Carta Política fuese el de eliminar los derechos pensionales de naturaleza extralegal adquiridos antes del 31 de julio de 2010, pues en la exposición de motivos siempre se hizo referencia a los regímenes pensionales y en el texto presentado a consideración del Congreso, que se mantuvo en la norma finalmente aprobada, se habló de las reglas especiales en materia pensional. Un derecho no puede ser confundido con un régimen o con una regla. Y ese entendimiento resulta acorde con el propósito del constituyente de garantizar los derechos adquiridos, pues una cosa es la vigencia de un acto jurídico creador de un derecho, para este caso una regla, y otra, diferente, la vigencia de ese derecho una vez que ha sido adquirido por cumplir el destinatario de la norma con los requisitos establecidos en dicho acto.
Desde luego, la existencia del derecho y su exigibilidad no dependen del aliento jurídico de la norma que lo creó, pues lo que interesa es que se haya causado o consolidado, esto es, entrado al patrimonio del titular, mientras esa norma rigió. Así secularmente se ha entendido la tradicional doctrina de los derechos adquiridos y obviamente ello no podía ser cambiado por el Acto Legislativo No. 1 de 2005.
Aceptar la interpretación efectuada por la censura equivaldría a admitir que el constituyente señaló una vigencia temporal a derechos legítimamente adquiridos, lo que, sin duda, supondría una suerte de expropiación de esos derechos que no se corresponde con el real propósito de la reforma del artículo 48 de la Constitución.
Una vez más, la Corte precisa que los derechos adquiridos al abrigo de acuerdos jurídicos vigentes cuando entró a regir el Acto Legislativo 01 de 2005, permanecen indemnes y, por tanto, no pueden ser negados o transgredidos.
Entonces, la pérdida de vigencia de las reglas de carácter pensional contenidas en convenciones colectivas de trabajo, en pactos colectivos de trabajo, en laudos arbitrales y en acuerdos válidamente celebrados, no comporta la pérdida de los derechos válidamente adquiridos mientras esas reglas estuvieron en vigor.
Dicho de otra manera: los derechos adquiridos legítimamente continúan en cabeza de sus titulares, siguen formando parte de su patrimonio, así los actos jurídicos, a cuyo abrigo nacieron, hubiesen desaparecido del mundo jurídico.
En cuanto a la expresión «término inicialmente pactado» contenida en el acto legislativo ya referido, hace alusión al tiempo de duración expresamente acordado por las partes en una convención colectiva de trabajo celebrada antes de la entrada en vigencia del acto legislativo, de manera que «si ese término estaba en curso al momento de entrada en vigencia del acto legislativo, ese convenio colectivo regiría hasta cuando finalizara el “término inicialmente pactado”». (CSJ SL12498-2017).
Al respecto, en la sentencia indicada se dijo:
[…] en lo que específicamente guarda relación con la materia colectiva, la modificación constitucional abrogó la posibilidad de las partes de acordar, mediante pacto, convención o cualquier acto jurídico, reglas pensionales diferentes a las consignadas en el sistema general de pensiones. Sin embargo, para no afectar los derechos adquiridos y las expectativas legítimas de las partes respecto a la estabilidad de lo previamente acordado, dispuso un periodo transitorio, así:
[…] Parágrafo transitorio 3º. Las reglas de carácter pensional que rigen a la fecha de vigencia de este Acto Legislativo contenidas en pactos, convenciones colectivas de trabajo, laudos o acuerdos válidamente celebrados, se mantendrán por el término inicialmente estipulado. En los pactos, convenciones o laudos que se suscriban entre la vigencia de este Acto Legislativo y el 31 de julio de 2010, no podrán estipularse condiciones pensionales más favorables que las que se encuentren actualmente vigentes. En todo caso perderán vigencia el 31 de julio de 2010.
La jurisprudencia de esta Sala de la Corte, en sentencia SL 31000, 31 en. 2007, reiterada en SL 30077, 23 en. 2009, SL 39797, 24 abr. 2012, SL1409-2015 y SL4963-2016, interpretó y desentrañó de esa disposición las siguientes reglas:
a) --El “término inicialmente estipulado” hace alusión al que las partes celebrantes de un convenio colectivo expresamente hayan pactado como el de la duración del mismo, de manera que si ese término estaba en curso al momento de entrada en vigencia del acto legislativo, ese convenio colectivo regiría hasta cuando finalizara el “término inicialmente pactado”. Ocurrido esto, el convenio pierde totalmente su vigencia en cuanto a materia pensional se refiere y no podrán las partes ni los árbitros disponer sobre dicha materia en un conflicto colectivo económico posterior.
b) -- En el caso en que al momento de entrada en vigencia del Acto Legislativo un convenio colectivo estaba vigente por virtud de la figura de la prórroga automática.
c).--Cuando la convención colectiva de trabajo a la entrada en vigencia del acto legislativo se encuentra surtiendo efectos por virtud de la denuncia de la convención colectiva de trabajo y la iniciación posterior del conflicto colectivo de trabajo que no ha tenido solución.
En las dos últimas situaciones, debe advertirse que la convención sigue vigente por ministerio de la ley y no por voluntad de las partes. En estos casos, de conformidad con el parágrafo 3º transitorio, las disposiciones convencionales en materia de pensiones continúan su observancia hasta el 31 de julio de 2010 y no pueden las partes ni los árbitros, entre la vigencia del acto legislativo y el 31 de julio de 2010, pactar o disponer condiciones más favorables a las que están en vigor a la fecha en que entró a regir el acto legislativo.
Quiere decir lo anterior, que por voluntad del constituyente delegado, las disposiciones convencionales en materia de pensión de jubilación que se encontraban rigiendo a la fecha de entrada en vigencia del Acto Legislativo 1 de 2005, mantendrán su curso máximo hasta el 31 de julio de 2010, lo que indica que ni las partes ni los árbitros pueden regular condiciones más benéficas a las estipuladas, pues la voluntad superior les ha prohibido expresamente tratar ese punto.
Nótese que, a juicio de esta Corporación, del precepto constitucional objeto de análisis se desprende una primera regla, consistente en que la expresión «término inicialmente pactado» hace alusión al tiempo de duración expresamente acordado por las partes en una convención colectiva de trabajo, de manera que «si ese término estaba en curso al momento de entrada en vigencia del acto legislativo, ese convenio colectivo regiría hasta cuando finalizara el “término inicialmente pactado”». Esto, desde luego, se refiere a aquellos acuerdos colectivos o reglas pensionales que sean negociadas por primera vez antes de la vigencia del Acto Legislativo 01 de 2005 y cuya fecha de finalización sea ulterior a esta reforma constitucional.
La segunda y tercera hipótesis, básicamente expresan un mismo razonamiento, en el sentido que en el evento de que la convención haya sido objeto de sucesivas prórrogas por cuenta de lo dispuesto en el artículo 478 del Código Sustantivo del Trabajo, las reglas pensionales subsisten hasta el 31 de julio de 2010, fecha fijada como límite a la pervivencia de los beneficios pensionales extralegales. A modo de ejemplo, si el vencimiento de un acuerdo colectivo ocurrió en diciembre de 2004 y por fuerza de la renovación legal aludida se ha extendido en múltiples ocasiones de 6 en 6 meses, las prestaciones pensionales allí previstas subsistirán hasta tanto sean eliminados por voluntad de las partes y como máximo hasta el 31 de julio de 2010.
La distinción entre ambos escenarios, a primera vista, parecería arbitraria, empero no lo es. En la primera situación, el constituyente delegado tuvo de presente la necesidad de respetar y darle plenos efectos a los compromisos y términos expresamente acordados por las partes, en ejercicio de su derecho de negociación colectiva, que les permite pactar libremente el tiempo de vigencia de los beneficios convencionales, sin que ello pueda ser abolido unilateralmente por una disposición jurídica. Se evitó así, la restricción e imposición heterónoma a lo que autónomamente habían negociado las partes y sobre lo cual recaían sus expectativas legítimas de que lo acordado iba a tener cierta estabilidad laboral.
Con esta fórmula podrían darse eventos en los que las reglas pensionales no solo se extiendan más allá del año 2005 sino, incluso, del 31 de julio de 2010, tal como sería el caso de una convención colectiva suscrita por primera vez en el año 2004, con una vigencia de 10, 12 o 14 años.
[…] Además, como se indicó en precedencia, también con el parágrafo transitorio tercero se respeta incluso la expectativa legítima de aquellos trabajadores que, si bien no cumplían requisitos a la entrada en vigencia del Acto Legislativo, sí se encontraban cobijados por pactos o convenciones colectivas celebradas antes del 29 de julio de 2005 y con fecha de vencimiento posterior al año 2005 o, incluso, al 31 de julio de 2010 fecha límite fijada por el constituyente. Éstos tenían una legítima expectativa de ser pensionados de acuerdo a las reglas del pacto o convención colectiva que firmaron mientras continuara vigente, y así lo reconoce la norma constitucional al establecer que seguirán rigiendo hasta el término de su vencimiento.
[…]
En el segundo escenario, es decir, cuando las reglas pensionales de la convención venían siendo objeto de una o varias prórrogas automáticas antes de la vigencia del Acto Legislativo 01 de 2005, la cuestión adquiere otros matices. (Resaltado ajeno al texto original)
En efecto, aquí, la renovación de los acuerdos se produce por ministerio de la ley, no por voluntad de las partes. En este caso, de conformidad con el parágrafo transitorio 3, los beneficios pensionales perdurarán hasta el 31 de julio de 2010, fecha en que perecen por expreso mandato constitucional. Por la misma razón, es válido que los trabajadores alcancen los requisitos pensionales durante las prórrogas automáticas iniciadas antes del 29 de julio de 2005 y que continuaron su curso hasta el 31 de julio de 2010, data en que las reglas pensionales contenidas en las convenciones colectivas se extinguen.
[…]
A juicio de la Sala, con base en esta lectura del parágrafo transitorio 3 es posible armonizar y dar coherencia lógica a las expresiones «se mantendrán por el término inicialmente estipulado» y «en todo caso perderán vigencia el 31 de julio de 2010». La primera alude a la observancia del término inicial de duración de la convención expresamente pactado por las partes en el marco de la negociación colectiva de trabajo y, la segunda, a las prórrogas legales automáticas de las convenciones o pactos que desde antes de la entrada en vigencia del Acto Legislativo de 01 de 2005 venían operando, en tal caso las reglas pensionales subsisten hasta el 31 de julio de 2010.
De esta forma, entones, es posible compatibilizar y dar contenido a cada uno de los preceptos constitucionales, pues no cabe duda que cada uno de los entes del texto objeto de análisis expresa una regla y, por ello, la labor interpretativa de la Corte debe ser garantizar en la mayor medida la eficacia de cada uno de sus enunciados y buscar que en sus relaciones exista interacción material y lógica entre sí y con el resto de la Constitución.
Por ello, aceptar sin más la tesis de la recurrente en el entendido que el tiempo de duración pactado de las nuevas reglas pensionales lleva inmerso el sistema legal de prórrogas implicaría vaciar de contenido el enunciado constitucional según el cual «las reglas de carácter pensional que rigen a la fecha de vigencia de este Acto Legislativo contenidas en pactos, convenciones colectivas de trabajo, laudos o acuerdos válidamente celebrados, se mantendrán por el término inicialmente estipulado».
En tales condiciones, el Tribunal no cometió los errores jurídicos que se le endilgan, pues, se repite, las reglas pensionales contenidas en acuerdos colectivos cuya vigencia inicial pactada termine con posterioridad a la promulgación del Acto Legislativo 01 de 2005, desaparecen del mundo jurídico una vez se arribe a dicho término.
En el sub examine, como no se discute que la regla pensional consignada en el artículo 87 de la convención colectiva de trabajo suscrita entre Emsirva ESP y su sindicato de trabajadores no fue objeto de prórroga automática antes del Acto Legislativo 01 de 2005, pues se estipuló por primera vez en el año 2004 por una vigencia de 48 meses, los cuales finalizaron en el año 2007, se impone concluir que perdió toda su vigencia en este último año. Y dado que para entonces la actora no había completado 20 años de servicios, requisito necesario para consolidar su derecho pensional, se deduce igualmente que no tiene derecho a la pensión reclamada. (Negrillas fuera del texto original).
Postura reiterada en las decisiones CSJ SL12420-2017, SL12498-2017, SL602-2018, SL2270-2018 y SL1799-2018.
Ahora bien, en cuanto al desconocimiento de preceptos constitucionales sobre integración de normas internacionales al ordenamiento jurídico, basta decir que en oportunidad anterior sobre este aspecto, la Corte advirtió CSJ SL12420-2017:
La Corte no encuentra que el ad quem hubiese desconocido las normas constitucionales sobre integración de los tratados en los cuales se consagró el derecho a la seguridad social como un derecho humano, pues justamente se limitó a aplicar en estricto rigor las disposiciones constitucionales referidas a la negociación de condiciones pensionales, plasmadas en el Acto Legislativo 01 de 2005, que establecieron la pérdida de la vigencia de las condiciones pensionales extralegales a partir del 31 de julio de 2010, de manera que el fallador no desconoció la especial protección que tiene el derecho a la seguridad social en el ámbito del derecho internacional.
Para la Corte resulta claro que un juez no puede desconocer normas internacionales cuando aplica los mandatos de la Carta Política de 1991, que constituyen la fuente primaria del ordenamiento jurídico colombiano, tal como lo efectuó en el presente asunto el Tribunal, pues el constituyente derivado, en este caso, fue el que dispuso la modificación de las reglas constitucionales.
Igualmente, frente al tema de la aplicación del Acto Legislativo 01 de 2005, la Organización Internacional del Trabajo se pronunció en el informe n.° 380 de octubre de 2016, cuando resolvió el caso n.° 2958 en contra de Colombia, interpuesto el 25 de mayo de 2012 por la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), la Unión Sindical Obrera de la Industria del Petróleo (USO) y la Asociación Nacional de Técnicos en Telefonía y Comunicaciones Afines (ATELCA) de fecha 4 de febrero de 2014. Al respecto indicó:
Colombia ha ratificado el Convenio sobre la libertad sindical y la protección del derecho de sindicación, 1948 (núm. 87), el Convenio sobre el derecho de sindicación y de negociación colectiva, 1949 (núm. 98), el Convenio sobre las relaciones de trabajo en la administración pública, 1978 (núm. 151) y el Convenio sobre la negociación colectiva, 1981 (núm. 154).
[…]
296. A la luz de lo anterior, el Comité observa que la presente queja se refiere en primer lugar al no otorgamiento, a partir del 31 de agosto 2010, de nuevas pensiones convencionales por parte de una empresa, a pesar de que la convención colectiva firmada por la misma en 2009 y vigente hasta 2014 contuviera cláusulas reconociendo una pensión convencional a sus ex trabajadores. El Comité observa también que el no otorgamiento de las pensiones convencionales se basa en la aplicación del acto legislativo núm. 01 de 2005 en virtud del cual los pactos, convenciones o laudos suscritos a partir de la vigencia del acto legislativo, no pueden estipular condiciones pensionales más favorables que las fijadas por la legislación. A este respecto, el Comité recuerda que, tal como evocado por las organizaciones querellantes y el Gobierno, tuvo la oportunidad de pronunciarse, en el marco del caso núm. 2434 sobre la compatibilidad del mencionado acto legislativo con los principios de libertad sindical y negociación colectiva y que, en esta ocasión, formuló las siguientes recomendaciones: i) en cuanto a las convenciones celebradas con anterioridad a la entrada en vigor de la legislación, el Comité pidió al Gobierno que adoptara las medidas necesarias a fin de que los convenios colectivos que contienen cláusulas sobre pensiones, cuya vigencia va más allá del 31 de julio de 2010, mantengan sus efectos hasta su vencimiento, y ii) en cuanto a los convenios celebrados después de la entrada en vigor del acto legislativo núm. 01, pidió al Gobierno que teniendo en cuenta las circunstancias particulares de este caso, y con el fin de garantizar la armonía de las relaciones laborales del país, realizara de nuevo consultas detalladas dirigidas exclusivamente a los interlocutores sociales acerca de las jubilaciones y las pensiones, a fin de encontrar una solución negociada aceptable para todas las partes interesadas y de conformidad con los convenios sobre libertad sindical y negociación colectiva ratificados por Colombia, en particular asegurando que las partes en la negociación colectiva puedan mejorar las prestaciones legales sobre pensiones y esquemas de pensiones por mutuo acuerdo [véase 349.º informe, marzo de 2008, párrafo 671].
[…]
Recomendaciones del Comité
304. En vista de las conclusiones que preceden, el Comité invita al Consejo de Administración a que apruebe las siguientes recomendaciones:
a) el Comité pide al Gobierno que, en consulta con los interlocutores sociales, analice las reformas necesarias para compatibilizar la existencia de un sistema general y obligatorio de pensiones y el objetivo de viabilidad financiera del mismo por una parte con el respeto del principio de negociación colectiva en materia pensional, por otra, y
b) el Comité invita al Gobierno a que tome las medidas necesarias para garantizar que las decisiones, tomadas tanto a nivel estatal como empresarial que afecten la gestión de las pensiones de vejez de los trabajadores den lugar a consultas previas con los interlocutores sociales representativos.
Entonces, contrario a lo señalado por la recurrente, no es cierto que la norma en cuestión este en contra del ordenamiento normativo internacional, y mucho menos, que con su aplicación se estén vulnerando los convenios internacionales del trabajo.
Lo que la OIT le recomendó a Colombia fue armonizar el derecho colectivo con el principio de sostenibilidad financiera del sistema, sin hacer nugatorio ninguno de los anteriores aspectos.
Ahora bien, en cuanto a la devolución del 4% de los aportes realizados al fondo de prestaciones sociales de ETB, no es cierto que el tribunal no lo hubiese dado por probado, por el contrario, señaló que así lo hacía y que se beneficiaba de este, pues su única finalidad no era financiar la pensión de jubilación, sino que había otras prestaciones económicas, como auxilios educativos. Por lo tanto, declaró improcedente su devolución, posición que comparte la sala.
Al no haber sido derruidos los pilares fundamentales de la sentencia impugnada y no haberse demostrado los yerros del ad quem, la corte no encuentra razones para modificar el criterio en cuanto a la aplicación del Acto Legislativo 01 de 2005 y por ello no prosperan los cargos.
Las costas en el recurso extraordinario están a cargo de la recurrente. Como agencias en derecho se fija la suma de cuatro millones de pesos ($4.000.000), que se incluirán en la liquidación que el juez de primera instancia haga, con arreglo a lo dispuesto en el artículo 366 del Código General del Proceso.
DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley, NO CASA la sentencia dictada el seis (6) de septiembre de dos mil trece (2012) por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá DC, dentro del proceso ordinario laboral seguido por CARMÉN RUTH ACUÑA HERNÁNDEZ contra la EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTÁ SA ESP, ETB SA ESP.
Costas como se indicó en la parte motiva.
Notifíquese, publíquese, cúmplase y devuélvase el expediente al tribunal de origen.
ANA MARÍA MUÑOZ SEGURA
OMAR DE JESÚS RESTREPO OCHOA
GIOVANNI FRANCISCO RODRÍGUEZ JIMÉNEZ
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