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Corte Suprema de Justicia · Sala de Casación Laboral

Sentencia SL1228-2019

Fecha
2 de abril de 2019
Magistrado ponente
Omar de Jesus Restrepo Ochoa
Citada por
2 providencias

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia SL1228-2019

Corte Suprema de Justicia · Sala de Casación Laboral

Parte resolutiva

DECISIÓN En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley, CASA la sentencia la sentencia proferida por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cúcuta, el dieciséis (16) de abril de dos mil trece (2013), en el proceso que instauraron MÁXIMO RODRÍGUEZ MORALES, JAVIER LÓPEZ CRUZ, BENJAMÍN ALZATE ARRIETA, AMANCIO ALFARO ARÉVALO, ÁLVARO DURÁN CAJAR, RAMIRO ARDILA MUÑOZ, ATILANO GUILLERMO ROCHA ESCAFF, ANA MERCEDES VILLAMIZAR ABRIL, y ÁNGEL MARMOL VÁSQUEZ, contra la EMPRESA COLOMBIANA DE PETROLEOS S.A. «ECOPETROL S.A.» Sin costas, en sede extraordinaria. En sede de instancia, RESUELVE: REVOCAR la sentencia proferida por el Juzgado Tercero Laboral del Circuito de Cúcuta, el 31 de mayo de 2012. En su lugar, SE ABSUELVE a ECOPETROL S.A., de la condena a la incidencia salarial por concepto de alimentación, a través del comisariato, y su incidencia en la reliquidación, a cada uno de los demandantes, de las prestaciones sociales y de la pensión de jubilación. Igualmente, SE ABSUELVE de la indemnización moratoria, por las razones expuestas en los considerandos de la presente decisión. Costas en las instancias, a cargo de los demandantes.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Corte Suprema de Justicia

Sala de Casación Laboral

Sentencia SL1228-2019

Magistrado ponente: Omar de Jesus Restrepo Ochoa

2 de abril de 2019

OMAR DE JESÚS RESTREPO OCHOA

Magistrado ponente

SL1228-2019

Radicación n.° 66693

Acta 011

Bogotá, D. C., dos (2) de abril de dos mil diecinueve (2019).

Decide la Sala el recurso de casación interpuesto por la EMPRESA COLOMBIANA DE PETROLEOS S.A. «ECOPETROL S.A.», contra la sentencia proferida por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cúcuta, el 16 de abril de 2013, en el proceso que le instauraron MÁXIMO RODRÍGUEZ MORALES, JAVIER LÓPEZ CRUZ, BENJAMÍN ALZATE ARRIETA, AMANCIO ALFARO ARÉVALO, ÁLVARO DURÁN CAJAR, RAMIRO ARDILA MUÑOZ, ATILANO GUILLERMO ROCHA ESCAFF, ANA MERCEDES VILLAMIZAR ABRIL, y ÁNGEL MARMOL VÁSQUEZ.

Se reconoce personería al abogado Manuel Ramón Araujo Armedo, con T.P. n.° 38.486, del C. S. de la Judicatura, en calidad de apoderado sustituto de los demandantes, en los términos y para los efectos del memorial obrante a folio 58 del cuaderno de la Corte.

ANTECEDENTES

Los demandantes llamaron a juicio a Ecopetrol S.A., con el fin de que se declarara que existió contrato de trabajo, con cada uno, por espacio superior a 20 años de servicios; que las relaciones laborales terminaron por causa del reconocimiento de la pensión de jubilación; y que tienen derecho al reconocimiento y pago de las siguientes acreencias laborales: la incidencia salarial correspondiente al valor pagado por el «plan educacional» suministrado por Ecopetrol S.A., durante la vigencia de la relación laboral; la incidencia del «comisariato» en dinero (alimentación como salario en especie); el reajuste de las prestaciones sociales, incluida la pensión, teniendo en cuenta la incidencia de los valores anteriores; la mesada 14, desde la fecha en que les fue reconocida la pensión; la indemnización moratoria, y las costas procesales.

Fundamentaron sus peticiones, en que prestaron servicios a Ecopetrol S.A., por más de 20 años, a través de contratos de trabajo a término indefinido que se terminaron por el reconocimiento de la pensión de jubilación.

Adujeron, que durante la relación laboral se beneficiaron del «plan educacional» suministrado por la empresa, el cual era gravado como salario, pero nunca se les pagó su incidencia como tal en las prestaciones sociales; que Ecopetrol S.A., también les proporcionó el «comisariato», como salario en especie, aunque no se reflejó como factor salarial en las prestaciones; que con ocasión del reconocimiento de la pensión de jubilación con anterioridad al Acto Legislativo 01 de 2005, adquirieron el derecho a la «mesada 14» y no les fue reconocida.

Al dar respuesta a la demanda, Ecopetrol S.A., se opuso a las pretensiones y, en cuanto a los hechos, aclaró que uno de los demandantes, Javier López Cruz, laboró menos de 20 años, por espacio de 18 años, 5 meses y 10 días; admitió como cierta la calidad de pensionados que ostentaban los actores, a cargo de la empresa; dijo que el denominado «Plan Educacional», no se proporcionó a todos los demandantes y durante la relación laboral, pues solo se beneficiaron entre los años 2008 al 2011: Máximo Rodríguez Morales, Javier López Cruz, Benjamín Alzate Arrieta; Amancio Antonio Alfaro Arévalo, Álvaro Durán Cajar y Ramiro Ardila Muñoz; destacó que esa prebenda nunca fue incluida como factor salarial en los contratos de trabajo porque no constituía remuneración por la prestación del servicio.

Negó, que el «comisariato» fuera factor salarial conforme a la exclusión consagrada en el artículo 57 de la convención colectiva de trabajo; descartó la legalidad de la «mesada 14» pues los requisitos para acceder a las pensiones de jubilación se cumplieron con posterioridad a la entrada en vigencia del Acto Legislativo 01 de 2005 y solo tenía derecho a 13 mesadas anuales; además, porque dichas pensiones hacían para del «Plan 70 de Jubilación» que establecía solo 13 mesadas.

En su defensa propuso las excepciones de mérito denominadas: inexistencia de vicio del consentimiento en lo pactado por los demandantes y Ecopetrol S.A., frente a la incidencia salarial del plan vacacional, comisariato y demás beneficios legales y extralegales, buena fe, inexistencia de las obligaciones reclamadas, y prescripción

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

El Juzgado Tercero Laboral del Circuito de Cúcuta, mediante fallo del 31 de mayo de 2012, resolvió:

PRIMERO: DECLARAR PROBADA LA EXCEPCIÓN DE COSA JUZGADA PROPUESTA POR LA EMPRESA ECOPETROL S.A., EN RELACIÓN CON EL SEÑOR BENJAMÍN ALZATE ARRIETA, POR LAS RAZONES ANTERIORMENTE EXPUESTAS.

SEGUNDO: DECLARAR PARCIALMENTE PROBADA LA EXCEPCIÓN DE PRESCRIPCIÓN PROPUESTA POR LA EMPRESA ECOPETROL S.A., POR LAS RAZONES ANTERIORMENTE EXPUESTAS.

TERCERO: CONDENAR A ECOPETROL S.A., A RECONOCER Y PAGAR A LOS DEMANDANTES DENTRO DE LOS CINCO (5) DÍAS SIGUIENTES A LA EJECUTORIA DE LA PRESENTE PROVIDENCIA, LAS SIGUIENTES ACREENCIAS LABORALES, POR LAS RAZONES ANTERIORMENTE EXPUESTAS:

A FAVOR DEL SEÑOR MÁXIMO RODRÍGUEZ MORALES:

LA INCIDENCIA SALARIAL QUE LO PAGADO POR CONCEPTO DEL PLAN EDUCACIONAL HA DE TENER EN LOS DERECHOS LEGALES Y EXTRALEGALES QUE TIENE A SU FAVOR, A PARTIR DEL 26 DE OCTUBRE DE 2008 Y HASTA LA FECHA DE TERMINACIÓN DE LA RELACIÓN LABORAL, JUNTO CON LA CORRESPONDIENTE INDEXACIÓN AJUSTADA AL IPC CERTIFICADO POR EL DANE DESDE LA FECHA DE CAUSACIÓN DEL DERECHO Y HASTA CUANDO SE HAGA EFECTIVO SU PAGO TOTAL.

LA INCIDENCIA SALARIAL QUE LO PAGADO POR CONCEPTO DE ALIMENTACIÓN A TRAVÉS DEL COMISARIATO HA DE TENER EN LOS DERECHOS LEGALES Y EXTRALEGALES QUE TIENE A SU FAVOR, A PARTIR DEL 26 DE OCTUBRE DE 2008 Y HASTA LA FECHA DE TERMINACIÓN DE LA RELACIÓN LABORAL, JUNTO CON LA CORRESPONDIENTE INDEXACIÓN AJUSTADA AL IPC CERTIFICADO POR EL DANE DESDE LA FECHA DE CAUSACIÓN DEL DERECHO Y HASTA CUANDO SE HAGA EFECTIVO SU PAGO TOTAL.

LA RELIQUIDACIÓN DE LAS PRESTACIONES SOCIALES, PENSIÓN DE JUBILACIÓN Y DEMÁS BENEFICIOS A QUE TIENE DERECHO, CAUSADOS A LA FINALIZACIÓN DE LA RELACIÓN LABORAL, POR RAZÓN DE LAS INCIDENCIAS SALARIALES QUE SE LE HAN RECONOCIDO POR CONCEPTO DE PLAN EDUCACIONAL Y COMISARIATO, JUNTO CON LA CORRESPONDIENTE INDEXACIÓN AJUSTADA AL IPC CERTIFICADO POR EL DANE DESDE LA FECHA DE CAUSACIÓN DEL DERECHO Y HASTA CUANDO SE HAGA EFECTIVO SU PAGO TOTAL.

LA INDEMNIZACIÓN MORATORIA ESTABLECIDA EN EL ARTÍCULO 65 DEL C.S.T., LA CUAL SE CAUSARÁ DESDE EL DÍA SIGUIENTE A LA TERMINACIÓN DE LA RELACIÓN LABORAL Y HASTA POR UN TÉRMINO DE VEINTICUATRO (24) MESES, VENCIDOS LOS CUALES DEBERÁ PAGAR INTERESES MORATORIOS SOBRE LA TOTALIDAD DE LO RECONOCIDO POR CONCEPTO DE INCIDENCIA SALARIAL Y PRESTACIONAL, SALVO LO QUE GENERE LA INDEXACIÓN, A LA TASA MÁXIMA DE LOS CRÉDITOS DE LIBRE ASIGNACIÓN CERTIFICADA POR LA SUPERINTENDENCIA BANCARIA Y HASTA CUANDO SE HAGA EFECTIVO SU PAGO TOTAL.

LA MESADA CATORCE A PARTIR DE LA FECHA DE TERMINACIÓN DE LA RELACIÓN LABORAL, EFECTIVA DESDE LA FECHA EN QUE SE DEBE PAGAR LEGALMENTE, JUNTO CON LA CORRESPONDIENTE INDEXACIÓN AJUSTADA AL IPC CERTIFICADO POR EL DANE DESDE LA FECHA DE CAUSACIÓN DEL DERECHO COMO TAL Y HASTA CUANDO SE HAGA EFECTIVO SU PAGO TOTAL, EN CASO DE EXISTIR MORA.

A FAVOR DE LOS SEÑORES JAVIER LÓPEZ CRUZ, AMANCIO ALFARO ARÉVALO, ÁLVARO DURAN CAJAR, RAMIRO ARDILA MUÑOZ, ATILANO GUILLERMO ROCHA ESCAFF, ANA MERCEDES VILLAMIZAR ABRIL, ÁNGEL MARMOL VÁSQUEZ:

LA INCIDENCIA SALARIAL QUE LO PAGADO POR CONCEPTO DEL PLAN EDUCACIONAL HA DE TENER EN LOS DERECHOS LEGALES Y EXTRALEGALES QUE TIENE A SU FAVOR, A PARTIR DEL 6 DE DICIEMBRE DE 2008 Y HASTA LA FECHA DE TERMINACIÓN DE LA RELACIÓN LABORAL, JUNTO CON LA CORRESPONDIENTE INDEXACIÓN AJUSTADA AL IPC CERTIFICADO POR EL DANE DESDE LA FECHA DE CAUSACIÓN DEL DERECHO Y HASTA CUANDO SE HAGA EFECTIVO SU PAGO TOTAL.

LA INCIDENCIA SALARIAL QUE LO PAGADO POR CONCEPTO DE ALIMENTACIÓN A TRAVÉS DEL COMISARIATO HA DE TENER EN LOS DERECHOS LEGALES Y EXTRALEGALES QUE TIENE A SU FAVOR, A PARTIR DEL 6 DE DICIEMBRE DE 2008 Y HASTA LA FECHA DE TERMINACIÓN DE LA RELACIÓN LABORAL, JUNTO CON LA CORRESPONDIENTE INDEXACIÓN AJUSTADA AL IPC CERTIFICADO POR EL DANE DESDE LA FECHA DE CAUSACIÓN DEL DERECHO Y HASTA CUANDO SE HAGA EFECTIVO SU PAGO TOTAL.

LA RELIQUIDACIÓN DE LAS PRESTACIONES SOCIALES, PENSIÓN DE JUBILACIÓN Y DEMÁS BENEFICIOS A QUE TIENE DERECHO, CAUSADOS A LA FINALIZACIÓN DE LA RELACIÓN LABORAL, POR RAZÓN DE LAS INCIDENCIAS SALARIALES QUE SE LE HAN RECONOCIDO POR CONCEPTO DE PLAN EDUCACIONAL Y COMISARIATO, JUNTO CON LA CORRESPONDIENTE INDEXACIÓN AJUSTADA AL IPC CERTIFICADO POR EL DANE DESDE LA FECHA DE CAUSACIÓN DEL DERECHO Y HASTA CUANDO SE HAGA EFECTIVO SU PAGO TOTAL.

LA INDEMNIZACIÓN MORATORIA ESTABLECIDA EN EL ARTÍCULO 65 DEL C.S.T., LA CUAL SE CAUSARÁ DESDE EL DÍA SIGUIENTE A LA TERMINACIÓN DE LA RELACIÓN LABORAL Y HASTA POR UN TÉRMINO DE VEINTICUATRO (24) MESES, VENCIDOS LOS CUALES DEBERÁ PAGAR INTERESES MORATORIOS SOBRE LA TOTALIDAD DE LO RECONOCIDO POR CONCEPTO DE INCIDENCIA SALARIAL Y PRESTACIONAL, SALVO LO QUE GENERE LA INDEXACIÓN, A LA TASA MÁXIMA DE LOS CRÉDITOS DE LIBRE ASIGNACIÓN CERTIFICADA POR LA SUPERINTENDENCIA BANCARIA Y HASTA CUANDO SE HAGA EFECTIVO SU PAGO TOTAL.

LA MESADA CATORCE A PARTIR DE LA FECHA DE TERMINACIÓN DE LA RELACIÓN LABORAL, EFECTIVA DESDE LA FECHA EN QUE SE DEBE PAGAR LEGALMENTE, JUNTO CON LA CORRESPONDIENTE INDEXACIÓN AJUSTADA AL IPC CERTIFICADO POR EL DANE DESDE LA FECHA DE CAUSACIÓN DEL DERECHO COMO TAL Y HASTA CUANDO SE HAGA EFECTIVO SU PAGO TOTAL, EN CASO DE EXISTIR MORA.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

Por apelación de Ecopetrol S.A., la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cúcuta, mediante sentencia del 16 de abril de 2013, decidió:

PRIMERO: REVOCAR PARCIALMENTE el ordinal TERCERO en su primer párrafo en cuanto a la condena del reconocimiento y pago de la incidencia salarial por el plan educacional a favor de los actores y en su lugar SE ABSUELVE a la demanda por este concepto, también se revocará los concerniente a la mesada 14 de acuerdo a las consideraciones de la presente sentencia.

SEGUNDO: CONFIRMAR en lo demás la sentencia del A quo, de acuerdo a las consideraciones de la presente sentencia.

En lo que interesa al recurso extraordinario, el Tribunal se pronunció sobre cuatro temas contenidos en la apelación:

1.- En relación con la «mesada 14», dijo que había lugar a revocarla ya que, de acuerdo con el artículo 279 de la Ley 100 de 1993, los servidores de Ecopetrol se hallaban exceptuados del régimen de seguridad social integral, además de las restricciones contempladas en el Acto Legislativo 01 de 2005.

2.- En relación con el «plan educacional», era claro que, de conformidad con el artículo 128 del CST, modificado por el artículo 15 de la Ley 50 de 1990, era un pago ocasional y por mera liberalidad, que no retribuía directamente el servicio; que solo se sufragó a los familiares de algunos de los trabajadores demandantes durante los años 2008 a 2011, según certificaciones obrantes a folios 422 a 427, y que se echaba de menos la prueba de la existencia de un acuerdo entre las partes que le hubiera dado el carácter salarial a este auxilio.

3.- Frente al «comisariato» o auxilio de alimentación, concluyó que era un componente salarial «en especie», en los términos del artículo 316 del CST, en consonancia con el artículo 129 ibídem, modificado por el artículo 16 de la Ley 50 de 1990; que en tal virtud esa sala de decisión no compartía la postura del apelante, según la cual esa prebenda no era salario porque estaba excluida como tal en la convención colectiva de trabajo; que para el tribunal bastaba que se comprobara que las actividades de los trabajadores estuvieron ligadas directamente a la explotación petrolera, tal como se derivaba de los contratos suscritos entre las partes (f.° 470-471, 472-480, 501-502, 545-547, 552-553, 566-567, 576-577), y que, en gracia de discusión, en el presente proceso no se encontró evidencia alguna relacionada con alguna disposición convencional que señalara la exclusión salarial, razón por la cual Ecopetrol corría con las consecuencias de la carga de la prueba.

4.- Estuvo de acuerdo con la condena a la indemnización moratoria prevista en el artículo 65 del CST; precisó, que no procedía automáticamente ni de manera inexorable, pero que en este caso era notorio que Ecopetrol S.A., había liquidado deficitariamente el valor de las prestaciones y de la pensión, al restarle incidencia salarial al auxilio de alimentación, y que con ello se demostraba la mala fe en su actuar.

RECURSO DE CASACIÓN

Interpuesto por Ecopetrol S.A., concedido por el tribunal y admitido por la corte, se procede a resolver.

ALCANCE DE LA IMPUGNACIÓN

Pretende el recurrente que la corte:

CASE la sentencia del Tribunal en cuanto confirmó las resoluciones de condena que el Juzgado le impuso a ECOPETROL S.A. y en favor de los demandantes por la incidencia salarial de lo pagado por concepto de alimentación a través de comisariato sobre las prestaciones sociales, pensión de jubilación y demás beneficios, los correspondientes reajustes de esos derechos, más la indexación, y en cuanto la condenó a pagarles la indemnización moratoria, y esa anulación para que, al actuar la Corte Suprema en sede de instancia, revoque las condenas que el Juzgado le impuso e Ecopetrol en favor de los demandantes por esos mismos conceptos, y que, en su reemplazo, absuelva a la parte demandada por todo concepto.

Con tal propósito formuló tres cargos, por la causal primera de casación, que fueron replicados, y se resolverán conjuntamente dada su ilación normativa y fáctica.

CARGO PRIMERO

Acusó la sentencia de ser violatoria de la ley sustancial, por vía indirecta, en la modalidad de aplicación indebida:

[…] del artículo 316 del Código Sustantivo del Trabajo, en relación con el artículo 314 ibídem; violó bajo la misma modalidad indirecta y por el mismo concepto el artículo 129 ibídem, modificado por el 16 de la Ley 50 de 1990; los artículos 57-4, 65 (modificado por el 29 de la Ley 789 de 2002), 127 y 128 (subrogados por los artículos 14 y 15 de la Ley 50 de 1990), 249, 259, 260, 306, 467 y 470 (subrogado por el artículo 37 del Decreto 2351 de 1965) del Código Sustantivo del Trabajo, 1 de la Ley 52 de 1975, 14 del Decreto 2351 de 1965, 1 A del Decreto 1209 de 1994 (9 y 25 del estatuto), 29 del Decreto 062 de 1970, 1 del Decreto 2027 de 1951 y 279 de la Ley 100 de 1993, así como los artículos 8 de la Ley 153 de 1887, 15, 1494, 2469, 2473, 2745 y 2488 del CC.

Relacionó, como errores manifiestos de hecho:

Dio por demostrado, sin estarlo, que los trabajadores demandantes prestaron sus servicios en labores de exploración y explotación en la industria del petróleo en lugares alejados de los centros urbanos.

No dio por demostrado, estándolo, que los trabajadores demandantes concertaron con la empresa demandada contratos de trabajo en los que se acordó la cláusula de exclusión del artículo 128 del CST, subrogado por el 15 de la Ley 50 de 1990.

Adujo que se incurrió en la errada apreciación:

[…] de los contratos de trabajo de JAVIER LOPEZ CRUZ a folios 470 y 471; ATILANO GUILLERMO ROCHA ESCAFF a folios 478 a 480; MAXIMO RODRIGUEZ MORALES al folio 501; ANGEL MARMOL VASQUEZ a folios 545 a 547; RAMIRO ARDILA MUÑOZ a folios 552 y 553; AMANCIO ANTONIO ALFARO AREVALO el de folios 566 y 567; y ANA MERCEDES VILLAMIZAR ABRIL el de folios 576 a 577.

Señaló, la falta de apreciación «[…] del contrato de trabajo de ALVARO DURAN CAJAR, de folios 545 a 547».

En la demostración del cargo, observó el contrato de trabajo que celebró Ecopetrol S.A., con Javier López Cruz (f.° 470 y 47), en el cual se indicó, en la cláusula 1ª, que el trabajador se comprometió a prestar el servicio en Barrancabermeja, es decir que el servicio no se prestaría e en lugares alejados a los centros urbanos; de manera que, el Tribunal apreció erradamente ese documento porque hizo actuar el artículo 316 del CST para definir como factor de salario, la alimentación casino, que no permitía esa conclusión.

Memoró, que en la cláusula sexta el trabajador autorizó a la empresa a descontar los servicios de casino; y estipuló, en la cláusula novena, el pacto de exclusión del artículo 15 de la Ley 50 de 1990, como que se acordó que todo suministro en dinero o en especie que no fuera fijado expresamente por las partes como salario para la liquidación de prestaciones legales y extralegales, no sería tenido en cuenta para ese fin, y como no se probó pacto alguno que le hubiese dado connotación salarial al dinero pagado por, casino o que el suministro de alimentación formara parte del ingreso base de liquidación de prestaciones en general, también por este aspecto el documento fue erróneamente apreciado por el Tribunal, porque él le sirvió de base para darle carácter salarial, con el efecto anotado sobre prestaciones, al suministro de alimentación bajo la forma de casino, siendo que el pacto de exclusión no lo permitía.

En igual sentido, en el contrato que el referido Javier López Cruz celebró con Ecopetrol S.A., en 2001, se acordó que cualquier modificación debía concertarse por escrito; que como no hubo pacto en contrario, era la normativa que los obligaba y a la que el Tribunal debió ajustarse para fundar su decisión, pero no lo hizo.

Aludió al contrato de trabajo que concertó Ecopetrol S.A., con Atilano Guillermo Rocha Escaff (f.° 478 a 480), que se señaló a la ciudad de Barrancabermeja como el lugar de ejecución, y la cláusula 10 se erigió la de exclusión del artículo 15 de la Ley 50 de 1990, acordada en términos similares a los del contrato anteriormente analizado; luego también aquí el Tribunal apreció erradamente ese documento puesto que hizo actuar el artículo 316 del CST para definir como factor de salario la alimentación casino, y no tuvo en cuenta que las partes expresamente la excluyeron como factor a tener en cuenta para la liquidación de prestaciones legales y extra legales.

En el mismo sentido, plasmó lo acordado en los contratos de Máximo Rodríguez Morales (f.° 501), Ángel Mármol Vásquez (f.° 545 a 547), Ramiro Ardila Muñoz (f.° 552 y 553), Amancio Antonio Alfaro Arévalo (f.° 566 y 567), Ana Mercedes Villamizar Abril (f.° 576 y 577) y Álvaro Durán Cajar (f.° 545 a 547), en cuanto a que todos se desarrollaron en Barrancabermeja y ninguno indicaba que el trabajador tuviera que prestar el servicio en lugares alejados de este centro urbano, bajo las circunstancias especiales de exploración y explotación de petróleos; además de que los trabajadores expresamente autorizaron el descuento de la alimentación casino, de manera que lo pagado por ese concepto no era factor a tener en cuenta para la liquidación de prestaciones legales y extra legales.

RÉPLICA

Defendió la valoración probatoria que realizó el tribunal y destacó que el objeto social de Ecopetrol S.A., estaba dirigido a la exploración y explotación de hidrocarburos en áreas y campos petroleros; por consiguiente, para aplicar los artículos 314 y 316 del CST, no había lugar a efectuar las distinciones territoriales que hacía el recurrente.

CARGO SEGUNDO

Denunció la sentencia del Tribunal por haber incurrido:

[…] en violación medio de los artículos 302, 304 (modificado por el artículo 1-134 del D.E. 2282 de 1989), 305 (modificado ibídem numeral 135) y 307 (modificado ibídem numeral 137) del Código de Procedimiento Civil, en relación con los artículos 29 y 230 de la Constitución Política de Colombia, 488 y 491 (modificado por el artículo 45 de la Ley 794 de 2003) del CPC y 60, 61 y 145 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social y en relación con los artículos 174 y 177 del CPC.

Y la denunció por la consecuencial aplicación indebida de las normas sustanciales contenidas en los artículos 57-4, 65 (modificado por el 29 de la Ley 789 de 2002), 130 (modificado por el artículo 17 de la Ley 50 de 1990), 249, 259, 260, 306, 316 (en relación con el 314) 467 y 470 (subrogado por el artículo 37 del Decreto 2351 de 1965) del Código Sustantivo del Trabajo, 1 de la Ley 52 de 1975, 14 del Decreto 2351 de 1965, 1 A del Decreto 1209 de 1994 (9 y 25 del estatuto), 29 del Decreto 062 de 1970, 1 del Decreto 2027 de 1951, 279 de la Ley 100 de 1993, 8 de la Ley 153 de 1887, 15, 1494, 2469, 2473, 2745 y 2488 del Código Civil.

En la demostración del cargo, argumentó que el Tribunal le impuso a Ecopetrol S.A., la obligación de pagarle a los demandantes el reajuste de prestaciones sociales, tanto legales como extralegales, incluida la pensión, por considerar que la empresa no había colacionado factores que asumió que tenían carácter de salario; y como consecuencia de haber encontrado que hubo un pago incompleto, le impuso la indexación de las condenas y la indemnización moratoria.

Censuró, que esa formulación de la parte resolutiva no constituía una condena en concreto en el sentido de configurar una sentencia eficaz y oponible, tal como lo advertía el artículo 302 del CPC: «[…] cuando se emite una condena genérica no hay una definición sobre la materia del pleito». Se apoyó en apartes de la sentencia CSJ (no dijo de cual Sala) 29538, 14 oct. 2009.

Aseveró, que el artículo 304 ibídem, disponía en el inciso segundo, que la parte resolutiva de ese acto procesal «[…] deberá contener decisión expresa y clara sobre cada una de las pretensiones de la demanda y aquí esa decisión no se dio, porque el sentenciador impugnado resolvió in genere».

Complementó, con la lectura de los artículos 488 y 491 del mismo Código:

[…] como la sentencia de condena es una que impone a cargo del demandado una obligación en dinero o una obligación de hacer o de no hacer, la condena bajo la primera modalidad debe ser emitida por el juez por cantidad líquida de dinero, de manera que debe ser clara y expresa y debe ajustarse a la definición legal de "cantidad líquida", vale decir, que la parte resolutiva habrá de contener una orden puntual ...expresada en una cifra numérica precisa o que sea liquidable por simple operación aritmética, sin estar sujeta a deducciones indeterminadas...", como lo dice el segundo inciso del artículo 491 del CPC. Y eso no lo cumple la sentencia del Tribunal.

Concluyó, que la condena genérica estaba absolutamente prohibida; que en los procesos declarativos no podía haber sentencias en abstracto, ni en los contenciosos que versaran sobre frutos, intereses, mejoras, perjuicios o cosa semejante, porque así lo decía expresamente el artículo 307 del CPC. Afirmó, que el tribunal incurrió en esa transgresión frontal en relación con los artículos 29 y 230 de la Carta, y que todas esas normas eran aplicables al proceso laboral en virtud del artículo 145 del CPTSS.

RÉPLICA

Reconoció que, pese a lo valioso del argumento del recurrente, la sentencia no era indeterminable en la cuantificación de las condenas; en tal sentido, citó la sentencia CSJ SL 21904, 20 feb. 2004. Agregó que el fallo atacado debía permanecer incólume porque interpretó y aplicó correctamente las normas denunciadas para efectos de determinar que los beneficios en discusión si tenían incidencia salarial.

CARGO TERCERO

Denunció la sentencia del Tribunal por haber violado indirectamente, por aplicación indebida «[…] la norma sustancial contenida en el artículo 65 del CST (modificado por el 29 de la Ley 789 de 2002)».

Expuso, como error manifiesto de hecho, que el tribunal «[…] no dio por demostrado, estándolo, que la empresa demandada tuvo razones atendibles para justificar el supuesto pago incompleto de prestaciones sociales legales y extra legales, beneficios y pensión de jubilación».

En la demostración, refirió los documentos obrantes a folios 428 a 436, expedidos por Ecopetrol S.A., para hacer constar que los demandantes recibieron el auxilio denominado «comisariato», en dinero, durante los últimos meses de sus respectivas relaciones laborales. Dijo que esto no se cuestionaba, pero servía para ubicar la modalidad del pago.

Criticó, que el juez colegiado asumiera que la empresa tenía que considerar esos pagos como salario según la normativa del artículo 316 del CST, sin considerar que en los contratos individuales de trabajo se concertó con los demandantes que todos desarrollarían su actividad laboral en Barrancabermeja y no en lugares alejados de centros urbanos (f.° 470 y 471, 478 a 480, 501, 545 a 547, 552 y 553, 566 y 567, 576 a 577, y 545 a 547).

De lo anterior, dedujo que Ecopetrol no tenía por qué considerar salario a incluir en la base para liquidar prestaciones, beneficios y pensión los pagos en dinero por casino; que, por consiguiente, obró de buena fe al no sentirse obligada por el mandato del artículo 316 del CST ya que esta norma, en su relación con el artículo 314 ibídem, solo obligaba a considerar salario la alimentación que debía darse a los operarios en labores de exploración y explotación del petróleo cuando esas labores se desarrollaban en lugares alejados de centros urbanos y aquí y según las pruebas reseñadas, eso no se dio.

RÉPLICA

Respaldó la valoración probatoria que hizo el tribunal, que lo condujo a encontrar demostrada la mala fe en el actuar de Ecopetrol.

CONSIDERACIONES

Sea lo primero señalar, que la suerte del primer cargo impactará necesariamente a los cargos restantes, en cuanto toca el punto central o medular de la decisión confutada. En él, el recurrente pretende demostrar dos yerros protuberantes del tribunal: (i) que dio por demostrado, sin estarlo, que los trabajadores demandantes prestaron sus servicios en labores de exploración y explotación en la industria del petróleo, en lugares alejados de los centros urbanos; (ii) que no dio por demostrado, estándolo, que los trabajadores demandantes concertaron con la empresa demandada contratos de trabajo en los que se acordó la cláusula de exclusión del artículo 128 del CST, subrogado por el 15 de la Ley 50 de 1990.

Las pruebas calificadas, aludidas por la censura, corresponden a los contratos de trabajo suscritos por Ecopetrol SA, con cada uno de los demandantes, obrantes a folios 470 y 471, 478 a 480, 501, 545 a 547, 552 y 553, 566 y 567, 576 a 577. Ciertamente en todos se fijó como sede de ejecución contractual, el municipio de Barrancabermeja (cláusula primera). Adicionalmente, se pactó que el respectivo trabajador autorizaba a la empresa el descuento del valor de arrendamiento, casino y lavandería que le fuera suministrado (cláusula sexta, en algunos, séptima o novena, en otros).

El juez colegiado valoró el mismo material probatorio y concluyó, que el «comisariato» o auxilio de alimentación era un componente salarial «en especie», en los términos del artículo 316 del CST, en consonancia con el artículo 129 ibídem, modificado por el artículo 16 de la Ley 50 de 1990; es decir que, del examen de los contratos suscritos entre las partes (f.° 470-471, 472-480, 501-502, 545-547, 552-553, 566-567, 576-577), dedujo que se comprobaba que las actividades de los trabajadores estuvieron ligadas directamente a la exploración y explotación petrolera y que, en gracia de discusión, en el presente proceso no se encontró evidencia alguna relacionada con alguna disposición convencional que señalara la exclusión salarial, razón por la cual Ecopetrol S.A., corría con las consecuencias de la carga de la prueba.

Para la Corte, el tribunal erró, en forma protuberante, al examinar las pruebas calificadas referidas por la recurrente pues la intelección otorgada por el legislador a los artículos 314 y 316 del CST, le obligaba, previamente, a examinar si el lugar de ejecución de los contratos, en este caso Barrancabermeja, cumplía con las exigencias de ser un sitio donde se ejecutaba la exploración y explotación de petróleo, entendido como aquellas regiones alejadas de los centros urbanos. Como no lo hizo ni presentó argumentos en tal sentido, le imprimió una aplicación equivocada a las normas sustanciales acusadas. Sobre el particular, la jurisprudencia de la Sala, entre otras, en sentencia CSJ SL868-2019, respecto de los tópicos objeto de discusión, ha señalado:

[…]

Esta Corporación debe iniciar el análisis con la cita del artículo 316 del CST, que es el precepto sustantivo que permite esclarecer la discusión propuesta, el cual dispone:

ALIMENTACIÓN. COSTO DE VIDA. Las empresas de petróleo deben suministrar a sus trabajadores, en los lugares de exploración y explotación, alimentación sana y suficiente, o el salario que sea necesario para obtenerla, de acuerdo con su precio en cada región. La alimentación que se suministre en especie se computará como parte del salario y su valor se estimará en los contratos de trabajo, en las libretas o certificados que expida el [empleador]. (Subraya la Sala).

De cara a la citada norma, la Sala advierte que el ad quem si incurrió en el desatino de indicar, de manera automática, que la alimentación suministrada por la empresa al actor sí tenía incidencia salarial, sin consultar las pruebas que hacían parte del plenario, pues, en efecto, el artículo 316 del CST si bien consagra el deber de las empresas petroleras de proveer alimentos sanos y suficientes a sus trabajadores y que este haga parte del salario, también precisa que este solo surge en los lugares donde se ejecute la exploración y explotación de petróleo, por lo que el juzgador ha debido verificar esta circunstancia, preliminarmente para después evidenciar si hay o no lugar a otorgar el derecho. (Subrayas fuera del texto)

En el presente asunto y como ya se expuso, la colegiatura dio por establecido que la estación Samoré se dedicaba a la exploración y explotación sin aludir razón de su manifestación, ni de discurrir sobre el motivo por el cual definió que el accionante tenía el derecho al otorgamiento de este concepto para que hiciera parte como factor salarial y derivar de ello el reajuste a las prestaciones económicas deprecadas.

De otra parte, nada adujo el sentenciador en lo concerniente al lugar geográfico donde estaba ubicada la estación Samoré, aspecto obligado de conformidad con el artículo 314 del CST el que alude al campo de aplicación de las normas que tratan temas de las empresas petroleras, y que señala: «Las disposiciones del presente capítulo obligan a las empresas de petróleos solamente en los trabajos que se realicen en lugares alejados de centros urbanos», presupuesto que se funda en que el personal que presta sus servicios a estas empresas en lugares de exploración y explotación del crudo, son por lo general zonas alejadas de áreas residenciales o urbanas y por ello se pueden ver afectados en su alimentación, siendo este otro argumento importante que omitió analizar el juez de alzada en su decisión. (Subrayas adicionales).

Sobre este asunto, y frente a aspectos jurídicos como el que se revisa, esta Sala emitió la sentencia SL4130-2018, rad. 60387, en la que se dijo:

[…]

Al respecto, la Corte ha señalado que la previsión contenida en el artículo 316 del CST, referente a la obligación de las empresas petroleras de suministrar alimentos o el valor para obtenerlos y su connotación salarial, necesariamente requiere que el trabajador preste sus servicios en un lugar de exploración y explotación petrolera, por así preverlo la norma. Sobre el tema, en sentencia CSJ SL4024-2017, la Corte señaló:

Adicionalmente, puntualiza la Sala al ad quem, que no podía resolver el caso con aplicación del artículo 316 del Código Sustantivo del Trabajo, pues en el proceso no está demostrado que el accionante prestara sus servicios a la demandada en un lugar de exploración y explotación petrolera, presupuesto necesario para desatar los efectos de esa norma. En efecto, los documentos de folios 77-80 y 111-112, sólo acreditan que el trabajador prestó sus servicios a la demandada, como parte del personal directivo, en sus oficinas centrales en Cúcuta, pero ni ellos ni otra prueba demuestran que, en esta ciudad, la empleadora realice las actividades a que hace referencia el precepto que se examina.

Sobre el particular se tiene que, en efecto, sin hacer ninguna consideración adicional al hecho de que el actor trabajaba en la planta de Toledo y que en ese lugar «se realizan actividades propias de la empresa Ecopetrol», el Tribunal infirió que aquél tenía derecho a que la alimentación que le suministraba la empresa tuviera incidencia salarial para efectos liquidatorios, esto es, sin hacer alguna alusión a los cargos que aquél desempeñó; a las condiciones en que ejecutó sus labores y, mucho menos, a la sede en que las ejecutaba, por lo que dicha referencia, resultaba insuficiente a efectos de establecer, con certeza, si concurrían los presupuestos legales para considerar que dicho concepto constituía o no factor salarial. (Subrayas intencionales).

[…]

Esta insuficiencia probatoria, entonces, permite concluir que el Tribunal, tal como lo puso de presente la censura, no se detuvo a constatar el cumplimiento de los supuestos fácticos de la norma y, sin fundamento alguno, concluyó que la alimentación suministrada al actor debía tenerse en cuenta como factor salarial.

Bajo esas condiciones, la Sala estima que el juez de segundo grado le hizo producir efectos al artículo 316 del CST, sin constatar si las circunstancias acreditadas en este caso encuadraban en el supuesto de hecho previsto en dicha norma, con lo que incurrió en su aplicación indebida. Sobre esta modalidad de violación de la ley, la Sala ha explicado que «la aplicación indebida de la ley se produce cuando el fallo recurrido emplea la regla de derecho sustancial a un hecho no regulado por ella o, entendiéndola rectamente, le hace producir efectos contrarios o no deduce los legalmente pertinentes, ya bien porque los extiende, ora porque los cercena» (CSJ SL14091-2016).

[…]

Acorde con la línea jurisprudencial citada en precedencia, el juez colegiado incurrió en los yerros endilgados por la recurrente puesto que no reparó que los contratos de trabajo de los actores se desarrollaron en Barrancabermeja, centro urbano que no reúne las connotaciones de las normas sustanciales analizadas, a efectos de concluir que el auxilio de alimentación percibido pudiera tener el carácter salarial pretendido; pero lo más censurable de la decisión es que no ofreció ningún argumento en la dirección indicada, esto es, no hizo alguna alusión a los cargos que los demandante desempeñaron, a las condiciones en que ejecutaron sus labores y, mucho menos, a la sede en que las ejecutaban, por lo que la inferencia de forma automática fue insuficiente a efectos de establecer, con certeza, si concurrían los presupuestos legales para considerar que dicho concepto constituía o no factor salarial, lo cual le resta a la decisión la mínima fuerza deseada a la luz del artículo 61 del CPTSS.

Aunado a lo anterior, al menos en este caso concreto, no tiene relevancia que no se haya probado que la exclusión salarial estaba elevada a norma convencional ya que, de un lado, los accionantes también aceptaron en el contrato que el auxilio de alimentación no tuviera alcance salarial, y de otro, la existencia de un instrumento colectivo en tal sentido no fue un tema objeto de controversia en sede extraordinaria.

En consecuencia, el cargo primero prospera y, de paso, torna innecesario el estudio de los dos cargos restantes, habida consideración de que, solo en caso de no haber salido avante se abría la posibilidad de analizar los embates segundo y tercero; vale decir que, casándose la sentencia con ocasión al éxito de la primera acusación relacionada con la incidencia del auxilio de alimentación como factor salarial que irradiaba al reajuste de las prestaciones y de las pensiones, entonces hay sustracción de materia en lo relacionado con la presunta falta de condena en concreto (cargo 2°) e indemnización moratoria (cargo 3°).

SENTENCIA DE INSTANCIA

Definido como se encuentra el recurso extraordinario, la Sala advierte que, si bien la acepción general de la expresión «explotación petrolera», pudiera comprender las labores desarrolladas en una refinería, como acaece en Barrancabermeja; lo cierto es que, en el marco del debate probatorio el juzgador estaba obligado a analizar conjuntamente las aristas de los artículos 314 y 316 del CST y no solo el último precepto, aisladamente.

Baste señalar que, bajo el prurito de haberse ejecutado los contratos de trabajo celebrados por los demandantes con Ecopetrol, en Barrancabermeja, no opera, ipso facto, la conversión del auxilio de alimentación en salario, por dos razones sustanciales: (i) porque se pactó en la cláusula sexta la liberación de la empresa de este factor salarial; y (ii) en consideración a que el artículo 314 del CST, que alude al campo de aplicación de las normas que tratan temas de las empresas petroleras, establece la siguiente premisa: «Las disposiciones del presente capítulo obligan a las empresas de petróleos solamente en los trabajos que se realicen en lugares alejados de centros urbanos».

El precedente sentado por esta Corporación, citado al momento de resolver el cargo primero, ha respaldado el presupuesto en que se funda el artículo 314 del CST, en el sentido que, el personal que presta sus servicios a estas empresas en lugares de exploración y explotación del crudo está ubicado, «[…] por lo general en zonas alejadas de áreas residenciales o urbanas y por ello se pueden ver afectados en su alimentación». Obviamente, Barrancabermeja es un centro urbano y residencial que no se asemeja a las características anotadas.

En este plano, es innecesario abordar los otros temas inmersos en el recurso de apelación porque al concluirse que la alimentación suministrada a los actores no debió tenerse en cuenta como factor salarial entonces hay sustracción de materia en lo relacionado con la presunta falta de condena en concreto y la indemnización moratoria.

Las costas en las instancias estarán a cargo de los demandantes.

DECISIÓN

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley, CASA la sentencia la sentencia proferida por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cúcuta, el dieciséis (16) de abril de dos mil trece (2013), en el proceso que instauraron MÁXIMO RODRÍGUEZ MORALES, JAVIER LÓPEZ CRUZ, BENJAMÍN ALZATE ARRIETA, AMANCIO ALFARO ARÉVALO, ÁLVARO DURÁN CAJAR, RAMIRO ARDILA MUÑOZ, ATILANO GUILLERMO ROCHA ESCAFF, ANA MERCEDES VILLAMIZAR ABRIL, y ÁNGEL MARMOL VÁSQUEZ, contra la EMPRESA COLOMBIANA DE PETROLEOS S.A. «ECOPETROL S.A.»

Sin costas, en sede extraordinaria.

En sede de instancia,

RESUELVE:

REVOCAR la sentencia proferida por el Juzgado Tercero Laboral del Circuito de Cúcuta, el 31 de mayo de 2012. En su lugar, SE ABSUELVE a ECOPETROL S.A., de la condena a la incidencia salarial por concepto de alimentación, a través del comisariato, y su incidencia en la reliquidación, a cada uno de los demandantes, de las prestaciones sociales y de la pensión de jubilación. Igualmente, SE ABSUELVE de la indemnización moratoria, por las razones expuestas en los considerandos de la presente decisión.

Costas en las instancias, a cargo de los demandantes.

Notifíquese, publíquese, cúmplase y devuélvase el expediente al tribunal de origen.

ANA MARÍA MUÑOZ SEGURA

OMAR DE JESÚS RESTREPO OCHOA

GIOVANNI FRANCISCO RODRÍGUEZ JIMÉNEZ

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