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Corte Suprema de Justicia · Sala de Casación Laboral

Sentencia SL1233-2023

Pensión de sobrevivientes

Fecha
31 de mayo de 2023
Magistrado ponente
Fernando Castillo Cadena
Citada por
53 providencias

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia SL1233-2023

Corte Suprema de Justicia · Sala de Casación Laboral

Problema jurídico

  1. ¿Puede la cónyuge separada de hecho acreditar la convivencia de dos años con el pensionado en cualquier tiempo para acceder a la pensión de sobrevivientes del artículo 47 de la Ley 100 de 1993 en su redacción original?

  2. ¿Incurrió el tribunal en error de hecho manifiesto al no dar por demostrada la convivencia de la cónyuge con el pensionado en los dos años anteriores a su muerte?

Reglas

  1. En el artículo 47 de la Ley 100 de 1993, en su redacción original, el beneficiario se define por la convivencia efectiva y no solo por el vínculo formal.

    «el parámetro esencial para determinar quién es el legítimo beneficiario de la pensión de sobrevivientes es la convivencia efectiva, real y material entre la pareja»
  2. La cónyuge tiene derecho preferencial a la pensión de sobrevivientes cuando demuestra la convivencia por el término legal y enfrenta convivencia simultánea con una compañera permanente.

    «pero cuando demuestra la convivencia por el término legal y se enfrenta a hipótesis de convivencia simultánea con una compañera permanente hasta el momento de la muerte»
  3. El matrimonio vigente, por sí solo, no basta para conformar el grupo familiar protegido por la seguridad social.

    «no basta con la formalidad solemne de su celebración para conformar el grupo familiar protegido por la seguridad social»
  4. En casación laboral, las pruebas hábiles para demostrar un error de hecho son el documento auténtico, la confesión judicial y la inspección judicial; los testimonios se estudian solo tras demostrar un error en ellas.

    «solo si se demuestra un error manifiesto de hecho a través de alguna de las pruebas hábiles, es dable acudir a aquellas que no lo son»
  5. Un interrogatorio de parte solo es prueba hábil en casación si de él se extrae una confesión.

    «es prueba hábil, como se refirió, en la medida en que de este se extraiga una confesión, lo que no ocurre en el caso bajo estudio»
  6. La transacción sobre la calidad de beneficiario de la pensión carece de virtualidad, porque esa condición la fija la ley y no puede transigirse.

    «no es dable a las partes transigir sobre la misma, o de ella derivar la prueba de la calidad pretendida»

Decisión

No casa la sentencia del Tribunal Superior de Medellín que confirmó la absolución de la entidad y de la compañera permanente. Costas del recurso extraordinario a cargo de la recurrente, con agencias en derecho de 5.300.000 pesos.

Parte resolutiva

DECISIÓN En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, NO CASA la sentencia dictada el 9 de septiembre de 2021, por la Sala Cuarta Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín, dentro del proceso ordinario laboral seguido por MARÍA LUCELLY RUIZ DE CALLE contra el DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA y MARLENY ALZATE VALENCIA. Costas como se dijo en la parte motiva.

Ficha elaborada por RuleX: cada regla va con el pasaje literal de la providencia que la sostiene.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Corte Suprema de Justicia

Sala de Casación Laboral

Sentencia SL1233-2023

Magistrado ponente: Fernando Castillo Cadena

31 de mayo de 2023

FERNANDO CASTILLO CADENA

Magistrado ponente

SL1233-2023

Radicación n.°94180

Acta 19

Bogotá, D.C., treinta y uno (31) de mayo de dos mil veintitrés (2023).

Decide la Sala el recurso de casación interpuesto por MARÍA LUCELLY RUIZ DE CALLE, contra la sentencia proferida por la Sala Cuarta Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín, el 9 de septiembre de 2021, en el proceso que instauró contra el DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA y MARLENY ALZATE VALENCIA.

ANTECEDENTES

María Lucelly Ruiz de Calle presentó demanda ordinaria laboral con el fin de que se declarara que le correspondía el reconocimiento de la pensión de sobrevivientes por el fallecimiento de su cónyuge Héctor Eduardo Calle Jaramillo, prestación que para ese momento era recibida por la señora Marleny Alzate Valencia. En consecuencia, se condenara al Departamento de Antioquia al reconocimiento y pago de la prestación en su favor, a partir del 1.° de abril de 1999, junto con los intereses moratorios o, en subsidio, la indexación y las costas del proceso.

En sustento de sus pretensiones afirmó que: contrajo matrimonio con el señor Héctor Eduardo Calle Jaramillo el 13 de diciembre de 1969, procrearon 7 hijos, convivieron de manera permanente; no obstante, el causante en forma paralela cohabitó desde el año 1992 con la señora Marleny Alzate Valencia en el municipio de Cali y, con ella, en Amalfi, tanto que las hijas de las dos uniones tienen la misma edad; hasta el momento de su muerte el causante respondió económica, moral y afectivamente; el señor Héctor Calle Jaramillo era beneficiario de una pensión de vejez especial con cargo al Departamento de Antioquia desde marzo de 1997.

Añadió que: tanto ella como Marleny Alzate Valencia, reclamaron la prestación de sobrevivientes; mediante la Resolución 7800 del 24 de agosto de 1999, se reconoció el 50% a dos hijas menores del causante y se suspendió el 50% restante hasta que la justicia ordinaria definiera la persona beneficiaria de la misma; la antes mencionada presentó demanda ante la justicia ordinaria laboral con el fin de obtener el reconocimiento de la mentada pensión, la cual obtuvo por decisión de la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial Medellín; aclaró que no era predicable la cosa juzgada, toda vez que, si bien fue citada en calidad de interviniente a dicho proceso, no presentó demanda en el mismo; convivió más de 5 años de manera real y efectiva con el causante hasta su deceso y que «aun en el evento de no acreditar la convivencia los cinco años anteriores al fallecimiento del pensionado», tenía derecho a la prestación por la postura de esta Corporación, y agotó la reclamación administrativa.

El Departamento de Antioquia se opuso al éxito de las pretensiones y, en cuanto a los hechos, aceptó que el señor Héctor Eduardo Calle Jaramillo era pensionado, el fallecimiento y lo relacionado con la solicitud de reconocimiento de la pensión de sobrevivientes formulada por las señoras María Lucelly Ruiz y Marleny Alzate Valencia; de los demás indicó que no le constaban. En su defensa, propuso las excepciones que denominó: inexistencia de la obligación; imposibilidad del Departamento de Antioquia de resolver de manera directa el asunto por conflicto de intereses; ser una entidad de derecho público que, para el presente caso, debió dejar que el juez competente decidiera el derecho; cosa juzgada; legalidad del acto; prescripción, y la que denominó «genérica».

Marleny Alzate Valencia, también se opuso al éxito de las pretensiones, de la situación fáctica de la demanda señaló que no era cierto que la accionante convivió con el señor Calle Jaramillo, pues según el dicho de este último, la mencionada había abandonado el hogar; que su relación empezó en agosto de 1990 y aceptó los hechos referidos a la reclamación, aclaró que la hoy demandante sí fue llamada al proceso, de los demás dijo que no eran ciertos. En su defensa, propuso las excepciones de prescripción y cosa juzgada.

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

Tramitada la primera instancia, el Juzgado Trece Laboral del Circuito de Medellín, mediante fallo del 10 de mayo de 2019, absolvió a las accionadas de todas las pretensiones formuladas en su contra. Costas a la parte vencida.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

La Sala Cuarta Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín, al resolver el recurso de apelación interpuesto por la actora, mediante fallo del 9 de septiembre de 2021, confirmó en todas sus partes la decisión emitida por el juzgador de primer grado.

Para fundamentar su decisión, el colegiado definió como problema jurídico el «determinar si hay lugar a revocar la decisión de Primera Instancia, analizándose si la demandante, María Lucelly Ruiz de Calle, demostró el requisito de convivencia con el causante pensionado, Héctor Eduardo Calle Jaramillo, para tener derecho a la pensión de sobrevivientes».

La Sala sentenciadora precisó que la accionante no acreditó convivencia efectiva con el causante en los 2 años anteriores al fallecimiento, «con la existencia de lasos [sic] afectivos, ayuda mutua y protección de los que se establezca convivencia como cónyuges».

Agregó que no constituyó objeto de discusión en la alzada que: el señor Héctor Eduardo Calle Jaramillo fue pensionado por vejez por el Departamento de Antioquia desde el 11 de marzo del año de 1973; falleció el 1º de abril de 1999, momento para el cual se encontraba vigente el vínculo matrimonial con la demandante; mediante la Resolución 7800 del 24 de agosto de 1999, la Secretaría del Recurso Humano de la entidad territorial, reconoció la prestación en porcentaje del 25% a cada hija menor de edad del causante y dejó en suspenso el 50% restante porque existía conflicto de intereses entre las señoras María Lucelly Ruiz de Calle y Marleny Alzate Valencia; mediante sentencia proferida por la Sala de Decisión Laboral de ese Tribunal le fue reconocida pensión de sobrevivientes a la última mencionada, en calidad de compañera permanente, proceso del cual fue notificada personalmente la cónyuge, en calidad de interviniente excluyente, sin que presentara demanda para hacer valer sus derechos.

Advirtió que la Ley 100 de 1993, era la norma llamada a regular la prestación pretendida por cuanto era la vigente al momento en el que había ocurrido el fallecimiento del pensionado y acudió a providencias de esta Corporación en las que se determinó que la cónyuge tenía un derecho preferencial a recibir la pensión de sobrevivientes, en aplicación del artículo 47 de la ley en comento, en su redacción original, cuando demostrara la convivencia por el término legal y si se encuentra enfrentado a hipótesis de convivencia simultánea con una compañera permanente hasta el momento de la muerte.

Expuso que en lo relativo al requisito de convivencia, como factor determinante adoptado por la legislación para el reconocimiento de la pensión, se requería probar el compromiso de apoyo afectivo y de comprensión mutua, existente entre la pareja al momento de la muerte de uno de sus integrantes. Ello por cuanto «la convivencia entraña una comunidad de vida estable, permanente y firme, de mutua comprensión, apoyo espiritual y físico y camino hacia un destino común, lo que excluye los encuentros pasajeros, casuales o esporádicos e incluso las relaciones que, a pesar de ser prolongadas, no engendren las condiciones necesarias de una comunidad de vida».

Asímismo, recordó que, bajo las voces de la jurisprudencia de esta Corporación, era imperioso la demostración de convivencia derivada del vínculo afectivo, «independientemente del vínculo formal, porque de perderse esa vocación de convivencia, al desaparecer la vida en común de la pareja o su vínculo afectivo, deja de ser miembro del grupo familiar del otro y bajo esas circunstancias igualmente deja de ser beneficiario de su pensión de sobrevivientes».

Con sustento en ello, y del análisis de la plataforma probatoria, no encontró acreditada,

[…] la convivencia de la señora María Lucelly Ruiz de Calle con el causante Héctor Eduardo Calle Jaramillo, en los dos (2) años anteriores, en los términos descritos por la jurisprudencia (y conforme a la normatividad vigente para la fecha del deceso del causante), esto es, una comunidad de vida estable, permanente y firme, bajo el amparo mutuo, el acompañamiento en el trasegar de la existencia, el apoyo económico y todo aquello que diera lugar a predicar que hay familia; sin que además se pueda predicar por tanto una convivencia simultánea del causante con la señora Marleny Álzate Valencia en el referido período, como lo aduce la parte actora; toda vez que los testigos presentados no dan credibilidad ni certeza de sus dichos, por cuanto incurren en inconsistencias y contradicciones en sus afirmaciones.

[…]

Analizada la prueba testimonial y los interrogatorios de parte en su conjunto, a la luz de lo establecido en el artículo 61 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social, encuentra esta Sala de Decisión Laboral no se demostró la convivencia de la demandante María Lucelly Ruiz de Calle con el causante Héctor Eduardo Calle Jaramillo en los dos (2) años anteriores al fallecimiento de éste, ni que fuera simultánea, por cuanto los testigos presentados no da credibilidad ni certeza de sus afirmaciones, tal como se explicó; por el contrario la demandada Marleny Álzate Valencia, tanto en este proceso, como en el promovido en el año 2000, a través del cual le reconocieron la pensión de sobrevivientes, demostró que el causante consolidó una relación afectiva con ella a partir del año de 1992, lo cual se acepta implícitamente por la parte actora en el hecho cuarto de la demanda, siendo la convivencia hasta el momento del fallecimiento del causante. Anotándose que llama la atención de esta Colegiatura que la demandante no compareció a hacer valer sus derechos pensionales en proceso ordinario laboral promovido por la Marleny Álzate Valencia, pese a que fue notificada personalmente, en calidad de interviniente ad-excludendum y sólo ahora, pasados más de 17 años venga a demandar.

RECURSOS DE CASACIÓN

Interpuesto por la demandante, concedido por el Tribunal y admitido por la Corte, se procede a resolver.

ALCANCE DE LA IMPUGNACIÓN

Pretende la recurrente que la Corte case la sentencia recurrida y, en sede de instancia, revoque la de primer grado para que, en su lugar, se concedan las pretensiones formuladas.

Con tal propósito formula dos cargos, por la causal primera de casación, oportunamente replicados y que pasan a ser examinados. Por cuestión de método, inicialmente se analizará el segundo de los cargos.

CARGO SEGUNDO

Acusa la violación directa de la ley sustancial en la modalidad de «interpretación errónea, del artículo 47 de la ley 100 de 1993, artículo 42 e inciso final del artículo 53 de la Constitución Política de Colombia».

Asevera que la sala sentenciadora incurrió en una interpretación errónea del artículo 47 de la Ley 100 de 1993, al limitarse a verificar la última cohabitación del pensionado fallecido para determinar quién es la persona titular del derecho, con lo que deja de lado que la protección en el marco de la sobrevivencia bajo el texto original y con la modificación de la Ley 797 de 2003, ha sido la familia. Cita las sentencias CC SU149-2021 y la de esta Sala que identifica con el Radicado No. 22560 del 5 de abril de 2005 y añade que no es la simple cohabitación la que define o no el derecho a la pensión de sobrevivientes, bajo el artículo 47 ya referido, ni en su modificación «De donde la interpretación y alcance que debió darse al artículo 47 de la ley 100 de 1993, es que, sí es posible que la cónyuge separada de hecho, pueda acreditar los 2 años de convivencia en cualquier tiempo».

Insiste en que en vigencia del artículo 47 de la Ley 100 de 1993, la cónyuge separada de hecho que mantuvo vigente su vínculo legal con el pensionado y también los lazos familiares, de ayuda, apoyo espiritual y económico, siguió formando parte de su grupo familiar y dependiendo económicamente de este, le asiste el derecho al reconocimiento de la pensión de sobrevivientes. Por ello estima que el,

[…] Tribunal Superior de Medellín, en interpretación errónea del artículo 47 de la Ley 100 de 1993, al no tener en consideración las razones que excusaban a la cónyuge, de acreditar convivencia, cuando es claro que como en este caso el señor HÉCTOR EDUARDO CALLE JARAMILLO sostuvo hasta su fallecimiento 2 hogares, siendo la cabeza de familia y el líder económico de ambos. Que aun después de que la cónyuge la señora LUCELLY […] conociera la existencia de otro hogar, continuó manteniendo su relación de pareja con el señor CALLE JARAMILLO, pues ésta en nada contribuyó a la separación no total de su hogar.

Finalmente, acusa al juez de alzada de no tener en cuenta que con el artículo 47 de la Ley 100 de 1993, no es posible que, ante convivencias simultáneas o sucesivas, los cónyuges no tengan derecho a la prestación por sobrevivientes, «pues la falta de regulación de la ley, conlleva a la necesidad de que el operador jurídico bajo las circunstancias concretas de cada caso y bajo la clara finalidad de la protección de la familia, de lugar a la pensión compartida». Se apoya en la sentencia CC SU108-2020.

RÉPLICA DE MARLENY ALZATE VALENCIA

Aduce que el cargo no tiene vocación de prosperar ya que cambia lo que desde la demanda inicial indicó, puesto que pretende que de no probarse la convivencia simultánea se le aplique la interpretación jurisprudencial de 5 años en cualquier tiempo, lo que en su sentir es una aplicación indebida de la ritualidad en casación y atenta contra el debido proceso.

Adicionalmente, pone de presente que, aun cuando no lo refiere la accionante, ya se había suscitado litigio en el Juzgado Trece Laboral de Medellín y hace un llamado a la institución de cosa juzgada.

CONSIDERACIONES

Como se recuerda, la recurrente acusa al juzgador, desde el punto de vista jurídico, por interpretar erróneamente el artículo 47 de la Ley 100 de 1993 original, que lo llevó a descartar el derecho de la cónyuge a la pensión de sobrevivientes.

El juez de segundo grado determinó que bajo la norma vigente para la data de los hechos que generan la contienda, esto es, artículo 47 de la Ley 100 de 1993, el cónyuge tenía un derecho preferente; no obstante, se requería la convivencia efectiva de dos años con el pensionado, lo que en el caso de la accionante no halló acreditado.

Así las cosas, le corresponde a esta Corporación determinar si las premisas jurídicas a las que arribó el sentenciador en torno del artículo 47 de la Ley 100 de 1993, son erróneas.

Al respecto valga señalar que esta Corte ya ha abordado el alcance y sentido de la disposición atacada, entre otras, en la sentencia CSJ SL4099-2017, que hoy se reitera, así:

[…] En lo fundamental, el censor construye su acusación contra la decisión del Tribunal sobre dos premisas jurídicas, derivadas de lo que, en su sentir, constituye el recto entendimiento del artículo 47 de la Ley 100 de 1993, en su redacción original, a saber: i) existe un derecho preferente de la cónyuge sobre la compañera permanente, para acceder a la pensión de sobrevivientes, si se mantiene el vínculo matrimonial vigente y aun si no se demuestra convivencia; ii) y, en el caso de que se hubieran procreado hijos en cualquier tiempo, la cónyuge esta excusada de demostrar la convivencia hasta el momento de la muerte.

En torno al primero de los mencionados supuestos, contrario a lo que aduce la censura, esta sala de la Corte ha sido consistente en adoctrinar que, en el marco del artículo 47 de la Ley 100 de 1993, en su redacción original, cuya aplicación a este asunto no se discute, el parámetro esencial para determinar quién es el legítimo beneficiario de la pensión de sobrevivientes es la convivencia efectiva, real y material entre la pareja, y no tanto la naturaleza jurídica del vínculo que se tenga, de manera que, prima facie, no existe una preferencia de la cónyuge supérstite sobre la compañera permanente, por el solo hecho de mantener el vínculo matrimonial vigente, sino que siempre debe acreditarse el requisito de la convivencia

[…] se puede predicar de quienes además, han mantenido vivo y actuante su vínculo mediante al auxilio mutuo –elemento esencial del matrimonio según el artículo 13 del CC-, entendido como acompañamiento espiritual permanente, apoyo económico y con vida en común que se satisface cuando se comparten los recursos que se tienen, con vida en común o aún en la separación cuando así se impone por fuerza de las circunstancias, ora por limitación de medios, ora por oportunidades laborales… (CSJ SL, 31 en. 2007, rad. 29601, reiterada en CSJ SL5640-2015).

En ese sentido, la Corte ha precisado que tanto al cónyuge como al compañero permanente les es exigible el presupuesto de la convivencia efectiva, real y material, por el término establecido en la ley, por lo que no basta con la sola demostración del vínculo matrimonial, para tener la condición de beneficiario. En la sentencia CSJ SL, 10 may. 2005, rad. 24445, reiterada en CSJ SL, 22 nov. 2011, rad. 42792, CSJ SL460-2013 y CSJ SL13544-2014, entre otras, la Corte explicó su orientación, que se corresponde en un todo con las reflexiones del Tribunal:

Ciertamente se es cónyuge por virtud del matrimonio, pero no basta con la formalidad solemne de su celebración para conformar el grupo familiar protegido por la seguridad social. Esta calidad sólo se puede predicar de quienes, además, han mantenido vivo y actuante su vínculo mediante el auxilio mutuo -elemento esencial del matrimonio según el artículo 113 del C.C.- entendido como acompañamiento espiritual permanente, apoyo económico y con vida en común que se satisface cuando se comparten los recursos que se tienen, con vida en común o aún en la separación cuando así se impone por fuerza de las circunstancias, ora por limitación de medios, ora por oportunidades laborales.

El artículo 47 de la Ley 100 de 1993 al establecer que el cónyuge o compañero permanente supérstite son beneficiarios de la pensión de sobrevivientes, los equipara en razón a la condición que les es común para ser beneficiarios: ser miembros del grupo familiar. No significa ello que se desconozca la trascendencia de la formalización del vínculo en otros ámbitos, como para la filiación en el derecho de familia, o para quien lo asume como deber religioso por su valor sacramental, sino que se trata de darle una justa estimación a la vivencia familiar dentro de las instituciones de la seguridad social, en especial la de la pensión de sobrevivientes, que como expresión de solidaridad social no difiere en lo esencial del socorro a las viudas y los huérfanos ante las carencias surgidas por la muerte del esposo y padre; es obvio que el amparo que ha motivado, desde siglos atrás, estas que fueron una de las primeras manifestaciones de la seguridad social, es la protección del grupo familiar que en razón de la muerte de su esposo o padre, o hijo, hubiesen perdido su apoyo y sostén cotidiano, pero no para quien esa muerte no es causa de necesidad, por tratarse de la titularidad formal de cónyuge vaciada de asistencia mutua.

La preponderancia del elemento formal en la constitución de la familia, como mecanismo concebido por el legislador de siglos anteriores para proteger la unidad familiar, por fuerza de la evolución social, ha venido cediendo espacio a favor del concepto de familia forjado en la realidad de la solidaridad cotidiana. Primero en el ámbito de la seguridad social, el artículo 55 de la Ley 90 de 1946 mandaba tener por viuda a la mujer [incluso a las mujeres] con quien el asegurado haya hecho vida marital; luego en el campo del derecho civil, la ley 54 de 1990 protege a familia constituida por la comunidad de vida permanente y singular; y en 1991, el artículo 42 del ordenamiento superior extiende el reconocimiento constitucional a la familia que se integre bajo ‘la decisión libre de un hombre y una mujer de contraer matrimonio o la voluntad responsable de conformarla’.

En la Constitución de 1991 se amplió el hasta entonces restringido concepto de familia para proteger, ahora sí en un absoluto plano de igualdad, no sólo a aquélla conformada por vínculos jurídico, sino también a la surgida de vínculos urdidos en la vida y realidad diarias, trasladando, así, el elemento fundacional de la familia, de la naturaleza jurídica del vínculo a la voluntad libre y permanente de conformarla.

Al respecto también se pueden ver las sentencias CSJ SL, 2 mar. 1999, rad. 11245 y CSJ SL, 14 jun. 2011, rad. 31605, en la que se reafirmó aquella visión del concepto de familia que reivindicó el Tribunal, según la cual «…la Constitución Política de Colombia de 1991 dio un enfoque esencialmente distinto al concepto de familia, de suerte que merece la misma protección del Estado la procedente de un vínculo jurídico y la que ha tenido origen en lazos naturales.» y se ratificó que el parámetro a tener en cuenta por el juez laboral era,

[…] la convivencia -entendida como la comunidad de vida, forjada en el crisol del amor responsable, la ayuda mutua, el afecto entrañable, el apoyo económico, la asistencia solidaria y el acompañamiento espiritual, que refleje el propósito de realizar un proyecto de vida de pareja responsable y estable, a la par de una convivencia real efectiva y afectiva- durante los años anteriores al fallecimiento del afiliado o del pensionado […]

Lo anterior no obsta para precisar que la Sala ha sostenido que la cónyuge sí tiene un derecho preferencial a recibir la pensión de sobrevivientes, en aplicación del artículo 47 de la Ley 100 de 1993, en su redacción original, pero cuando demuestra la convivencia por el término legal y se enfrenta a hipótesis de convivencia simultánea con una compañera permanente hasta el momento de la muerte, que no es la situación que encontró demostrada el Tribunal en este asunto. (Ver CSJ SL11921-2014, CSJ SL13235-2014, CSJ SL13273-2016, CSJ SL13450-2016 y CSJ SL14078-2016, entre muchas otras).

[…]

Entonces, trasladando los argumentos jurídicos de la providencia en cita, se tiene que no incurrió la sala sentenciadora en error interpretativo de las reglas jurídicas que trae el artículo 47 de la Ley 100 de 1993 original, para que, en condición de cónyuge se adquiera el derecho a la pensión de sobrevivientes de un pensionado que fallece, pues entendió su derecho preferente; no obstante, como quedó asentado, no es solo el vínculo formal lo que protege la seguridad social y, de allí, que comprendiera que se requería la cohabitación y convivencia bajo el concepto de núcleo de familia. Aspecto del cual echó de menos que estuviera probado.

De manera que, el cargo no sale avante.

CARGO PRIMERO.

Acusa la sentencia recurrida de violar indirectamente, la ley sustancial de los «artículos 47 de la ley 100 de 1993, además, los artículos 42 y 53 de la Constitución nacional, por error de hecho manifiesto».

Como errores cometidos por el fallador de segundo grado, denota:

[…] no dar por demostrado estándolo que la señora MARÍA LUCELLY RUIZ DE CALLE y el señor HÉCTOREDUARDO CALLE JARAMILLO fueron cónyuges hasta la fecha de fallecimiento, que convivieron en forma permanente y exclusiva durante más de 20 años, procreando 7 hijos, que en los últimos 2 años de vida del señor CALLE JARAMILLO convivió en forma simultánea la cónyuge MARÍA LUCELLY RUIZ DE CALLE y la señora MARLENY ÁLZATE VALENCIA.

Violación en la que incurrió el colegiado por cuanto,

No dio por demostrado estándolo que en los dos últimos años de vida del señor HÉCTOREDUARDO CALLE JARAMILLO, mantuvo convivencia simultanea [sic] con su cónyuge MARIA LUCELLY RUIZ DE CALLE y con la señora MARLENY ALZATE VALENCIA.

No dio por demostrado estándolo que en los dos últimos años de vida del señor HÉCTOR EDUARDO CALLE JARAMILLO mantuvo con su cónyuge la señora MARLENY ALZATE VALENCIA acompañamiento en techo, lecho y mesa con el fin de mantener una familia.

Dentro de las pruebas no valoradas o valoradas de manera errónea identifica:

• Registro civil de matrimonio entre el señor HÉCTOREDUARDO CALLE JARAMILLO y la señora MARIÍ LUCELLY RUIZ DE CALLE, documento aportado desde la demanda principal.

• Documento de cedula[sic] de ciudadanía de DANIELA CALLE RUIZ hija del causante, documento que acredita la fecha de nacimiento de 1992. Documento aportado con la demanda principal.

• Certificado de la EPS del señor HÉCTOREDUARDO CALLE JARAMILLO, en el que se certifica la beneficiaria pensional, aportado en la prueba trasladada del proceso ordinario laboral adelantado por la señora MARLENY ÁLZATE VALENCIA.

• Confesión de parte de la señora MARLENY ÁLZATE VALENCIA, en donde acepta que el señor HÉCTOR EDUARDO CALLE JARAMILLO tenia[sic] otro hogar y otra señora, refiriéndose a la señora MARÍA LUCELLY RUIZ DE CALLE.

• Registro civil de defunción del señor HÉCTOREDUARDO CALLE JARAMILLO, aportado con la demanda y con la contestación de la demanda.

• Documento denominado “transacción sobre pensión sustitutiva”.

Para la censura, si el juzgador hubiera valorado individualmente las pruebas aportadas, su conclusión tendría que arrojar que sí hubo convivencia de la pareja.

Para demostrar su argumento indica que:

del registro civil de matrimonio se desprende que el vínculo marital estuvo vigente hasta el fallecimiento del pensionado, ya que no hay anotaciones de cesación de efectos civiles, ni disolución, ni liquidación de sociedad conyugal. Ello implica que hasta el deceso persistieron entre ellos las obligaciones de socorro mutuo.

de la cédula de ciudadanía de Daniela Calle Ruiz hija del causante, se acredita que la fecha de su nacimiento fue el 22 de mayo de 1992, data para la que se evidencia en armonía con las demás pruebas que ya había iniciado convivencia entre el pensionado y la señora Álzate Valencia, no obstante, simultáneamente se procreó entre los cónyuges otra hija, por manera que el matrimonio sí mantuvo una convivencia. Con ello, la conclusión fáctica es contraria ya en relación con que no hubo separación total y definitiva entre el señor Héctor Eduardo Calle Jaramillo y su cónyuge hoy demandante.

de la confesión de la señora Marleny Álzate Valencia, no valorada y de la que se vislumbra que en ella la deponente acepta que el señor Calle Jaramillo tenía otro hogar y otra señora, refiriéndose a la accionante, puntualmente refiere:

[…] Al absolver interrogatorio de parte la señora MARLENY ÁLZATE VALENCIA, reconoció que el señor HÉCTOR EDUARDO CALLE JARAMILLO tenia[…] otra señora y otra familia:

“Preguntado: ¿Indíquele al despacho dónde lo velaron y dónde lo enterraron? Contestó: La velación fue hay[sic] en Yalí en mi casa, entonces yo llamé a la otra familia, a la otra señora, a los hijos y la otra hija Yuliana fue por él y lo llevaron para Amalfi a enterrarlo. Preguntado: Usted sabe si en Amalfi lo velaron? Contesto[sic]: Sí se realizó el viernes santo en la casa de él con la otra señora. Preguntado: ¿Quién es Lucelly Ruiz? Contesto[sic]: La señora de él, la mamá de los otros niños”.

En estas manifestaciones la demandada MARLENY ÁLZATE VALENCIA reconoce que el señor HÉCTOR EDUARDO CALLE JARAMILLO mantuvo lazos de familia y un hogar con la señora MARÍA LUCELLY RUIZ DE CALLE, hasta la fecha de fallecimiento del pensionado, reconociéndola como “la señora de él”, sin que lo manifestado se refiera al simple vinculo[sic] conyugal porque al manifestarle si la demandante y el pensionado eran casados manifestó: Preguntado: ¿Usted sabe si la señora Lucelly llego [sic] a casarse con Don Héctor? Contesto [sic]: Hasta ahí no sé, él nunca me dijo nada de eso y yo tampoco lo pregunté.”

En la misma línea de la confesión de parte de la señora MARLENY ÁLZATE VALENCIA, encontramos cómo esta al denunciar el fallecimiento del señor HÉCTOR EDUARDO CALLE JARAMILLO, declara a la señora MARÍA LUCELLY RUIZ DE CALLE como la cónyuge de éste.

También incluye dentro de los elementos de persuasión omitidos en la valoración por el fallador, el documento «transacción sobre pensión sustitutiva», que da cuenta del acuerdo entre la accionante y la señora Álzate Valencia en el que se distribuyen el 50% de la prestación en suspenso, del que, «si bien no fue aceptada por el Departamento de Antioquia, sí evidencia la aceptación de que la señora MARÍA LUCELLY RUIZ tenía la calidad de cónyuge beneficiaria».

En adición a lo expuesto refiere que la prueba testimonial rendida por la señora Luz Marina Arboleda Restrepo daba cuenta de la convivencia del pensionado con la señora Álzate Valencia, no obstante, que ésta insistió que la accionante cohabitaba con el señor Héctor Eduardo Calle; declaración que, a pesar de afirmar que tuvo conocimiento directo de dicha convivencia, fue descartada por la comparación que efectuara el colegiado con el interrogatorio de parte.

Así, concluye que de haber valorado debidamente el haz probatorio habría concluido que, si bien el causante había iniciado una convivencia con la señora Álzate Valencia, este no se separó en forma definitiva de la hoy demandante, con quien incluso procreó más hijos y, adiciona, que hubiera llegado a la conclusión fáctica de que hasta el fallecimiento el señor Calle Jaramillo continuó con el sostenimiento económico del hogar conformado con la actora. Trae a colación la providencia de la Corte Constitucional CC SU108-2020 relativa a la cohabitación en vigencia del artículo 47 de la Ley 100 de 1993.

RÉPLICA DE MARLENY ALZATE VALENCIA

Señala que el ataque es infundado, puesto que en ambos cargos lo que pretende la accionante es demostrar la convivencia simultánea, lo que no quedó probado y, por tanto, la valoración probatoria en las instancias estuvo conforme a derecho.

En suma, refiere que no fue desconocido en el proceso su calidad de cónyuge y que la errada valoración es precisamente de la recurrente al entender que efectuó una confesión solo por el hecho de referir la otra familia pues «no estaba conduciendo ni afirmando que entre el causante Héctor y la demandante Lucelly Ruiz existiera una convivencia, ya que desde el año 1989 se había producido la separación de cuerpos», por el abandono de la actora del hogar.

Finalmente, aduce que la prueba testimonial de Luz Marina Arboleda Restrepo estuvo bien valorada.

CONSIDERACIONES

La censura se duele de que de las pruebas el colegiado no encontrara probada la convivencia con el pensionado fallecido, de manera que, lo que correspondía, era el reconocimiento de la pensión de sobrevivientes en su favor en calidad de cónyuge.

En primera medida estima la Corte necesario memorar que, se acude a la vía indirecta cuando el sentenciador estime equivocadamente, o deje de contemplar algún medio de prueba relevante para la decisión. Tal proceder, lo conducirá a incurrir en errores de hecho o de derecho, consistentes ambos, en tener por probado dentro del proceso algo que realmente no lo está, o, en no tener por acreditado lo que realmente sí lo está; los primeros, (conocidos como «de hecho»), se cometen –en la casación del trabajo- sólo respecto de las pruebas calificadas, estas son, la confesión judicial, la inspección judicial o el documento auténtico y, los segundos (llamados «de derecho»), sobre las pruebas solemnes.

También ha dicho la Corte que cuando la acusación se enderece formalmente por la vía indirecta, le corresponde al censor cumplir los siguientes requisitos elementales: precisar los errores fácticos, que deben ser evidentes; mencionar cuáles elementos de convicción no fueron apreciados por el juzgador y en cuáles cometió errónea estimación, demostrando en qué consistió ésta última; explicar cómo la falta o la defectuosa valoración probatoria, lo condujo a los desatinos que tienen esa calidad y determinar en forma clara lo que la prueba en verdad acredita. Expresado en otras palabras, cuando de error de hecho se trata, es deber del impugnante en primer lugar precisar o determinar los errores y posteriormente demostrar la ostensible contradicción entre el defecto valorativo de la prueba y la realidad procesal, sirviéndose para ello de las pruebas que considere dejadas de valorar o erróneamente apreciadas (sentencia CSJ SL, 23 mar. 2001, rad. 15148).

Debe señalarse, que no todos los medios probatorios acusados son hábiles en esta esfera, como ocurre con los testimonios o el interrogatorio de parte cuando no comporta una confesión, por no ser pruebas aptas en casación, conforme con lo contemplado en el artículo 7 de la Ley 16 de 1969, y solo si se demuestra un error manifiesto de hecho a través de alguna de las pruebas hábiles, es dable acudir a aquellas que no lo son.

Con relación al interrogatorio de parte de la demandada del que la recurrente cita un aparte, para de la expresión «la otra familia» y la «señora» derivar una confesión, debe señalarse que conforme lo ha establecido esta Sala, es prueba hábil, como se refirió, en la medida en que de este se extraiga una confesión, lo que no ocurre en el caso bajo estudio, pues de lo expresado por la absolvente lo que se infiere es lo contrario, esto es, que con la demandante había una separación y, por el contrario, que fue la señora Marleny Álzate Valencia la que permaneció hasta el fallecimiento del pensionado y que, la ayuda que este brindaba en vida era a los hijos que no a la cónyuge, como también lo afirmó en la contestación de la demanda, de manera que no es posible estudiarla en casación.

Respecto del registro civil de matrimonio de la accionante con el afiliado fallecido, el registro civil de defunción del señor Héctor Eduardo Calle Jaramillo, la cédula de ciudadanía de Daniela Calle Ruiz hija del causante, no salta a la vista que de estos el fallador de segunda instancia hubiera derivado ningún error pues, dentro de los aspectos que tuvo por probado de ellos fue: i) la muerte del causante en 1999 aspecto que se desprende del registro respectivo; ii) la existencia del matrimonio al momento del fallecimiento del pensionado, lo que se evidencia de la prueba solemne correspondiente, y iii) que a la hija menor de edad del causante se le reconoció pensión, junto con otra hija del causante, cuyos nacimientos datan de 1992, esto es, en tiempo superior al término mínimo exigido por la ley, por manera que, de las conclusiones del colegiado no se evidencia que le hubiera dado un alcance diferente a lo que tales medios dan cuenta.

Además, de las mismas no pueda inferirse la convivencia real y efectiva de la promotora de la acción con el señor Calle Jaramillo en los dos años anteriores a su muerte, como exige la regulación, esto teniendo en cuenta que el causante era pensionado; de allí que de tales probanzas no puede derivarse ningún equívoco en la línea que buscaba desarrollar la censura.

Finalmente, en cuanto a la transacción, la parte no cumple con el deber de indicar en dónde se encuentra tal documento, no obstante, a folio 89 del cuaderno principal, aun cuando no es completamente legible, se constata una solicitud de las dos reclamantes, en la que le indican al departamento accionado que ante la suspensión del 50% de la mesada pensional, han llegado a un acuerdo para que a cada una se les reconociera y pagara el 25%. Tal documento carece de virtualidad de generar un derecho pues, al ser la condición de beneficiaria establecida por la ley, no es dable a las partes transigir sobre la misma, o de ella derivar la prueba de la calidad pretendida, pues solo aquel que acredite los requisitos, en los términos de la norma vigente al momento del fallecimiento de un afiliado o un pensionado, tiene la vocación de reconocimiento. Y conforme con la plataforma obrante en el expediente la actora no acreditó la convivencia con el causante.

No sobra en este punto referir que aun cuando la Sala ha establecido la posibilidad de que la convivencia efectiva bajo el mismo techo sea excusada, esto lo es bajo específicas condiciones en los que el vínculo de familia se mantiene intacto, situación que no se acreditó en el caso bajo estudio.

Llegados a este punto del sendero debe dejarse en claro, que ni la condición de beneficiario, ni el porcentaje que corresponde a cada beneficiario de la prestación, están sujetos a la disposición de las partes ya que podría generar el efecto no deseado de desplazar al verdadero acreedor de la prestación.

Se dice lo anterior, por cuanto es insoslayable que nos encontramos ante un derecho de la seguridad social que ha sido catalogado constitucionalmente como irrenunciable, entre ellos, las pensiones, de ahí que esta Sala en sentencia CSJ SL4559-2019 adoctrinó:

No obstante, cabe resaltar que ciertos derechos de la seguridad social, importantes para el tejido social, como son las pensiones de vejez, sobrevivencia e invalidez, son imprescriptibles. Así, se desprende del artículo 48 de la Constitución Política, cuyo texto le otorga a los derechos subjetivos emanados de la seguridad social el carácter de irrenunciables, lo que significa que pueden ser justiciados en todo tiempo.

De esta manera, esta Corporación ante renovados y sólidos argumentos ha señalado que aspectos tales como el porcentaje de la pensión, los topes máximos pensionales, los linderos temporales para determinar el IBL, la actualización de la pensión, el derecho al reajuste pensional por inclusión de nuevos factores salariales y la declaratoria de ineficacia de traslado de régimen pensional, no se extinguen por el paso del tiempo, pues constituyen aspectos ínsitos al derecho pensional (CSJ SL 23120, 19 may. 2005; CSJ SL 28552, 5 dic. 2006; CSJ SL 40993, 22 en. 2013; CSJ SL6154-2015, CSJ SL8544-2016, CSJ SL1421-2019, CSJ SL1688-2019 y CSJ SL1689-2019).

Así, al ser la seguridad social un derecho subjetivo de carácter irrenunciable es exigible judicialmente ante las personas o entidades obligadas a su satisfacción. Luego, es una prerrogativa que no puede ser parcial o totalmente objeto de dimisión o disposición por su titular, como tampoco puede ser abolido por el paso del tiempo o por imposición de las autoridades. (subrayado fuera del original).

Por último, recuerda la Corte que no son las hipótesis o las estimaciones personales sobre una prueba las que permiten fundar una equivocación en el marco del recurso extraordinario de casación, sino que debe ser un error de tal carácter que no sea posible mantenerse. En realidad, el escrito constituye más un alegato de instancia en el que se pretende hacer prevalecer la propia visión de las pruebas por sobre la del sentenciador, aspecto que desborda el objeto de este medio de impugnación como lo ha señalado la jurisprudencia con profusión. Además, como no se acreditó un error con la prueba calificada no se abre pasó el estudio de los testimonios.

Dada las resultas del análisis probatorio el cargo no sale avante.

Las costas en el recurso extraordinario estarán a cargo de parte recurrente, por cuanto su acusación no salió avante y hubo réplica. Como agencias en derecho se fija la suma de $5.300.000,oo que se incluirán en la liquidación que haga el juez de primer grado, con arreglo en lo dispuesto en el artículo 366 del C.G.P.

DECISIÓN

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, NO CASA la sentencia dictada el 9 de septiembre de 2021, por la Sala Cuarta Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín, dentro del proceso ordinario laboral seguido por MARÍA LUCELLY RUIZ DE CALLE contra el DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA y MARLENY ALZATE VALENCIA.

Costas como se dijo en la parte motiva.

Notifíquese, publíquese, cúmplase y devuélvase el expediente al tribunal de origen.

GERARDO BOTERO ZULUAGA

Presidente de la Sala

FERNANDO CASTILLO CADENA

LUIS BENEDICTO HERRERA DÍAZ

IVÁN MAURICIO LENIS GÓMEZ

CLARA INÉS LÓPEZ DÁVILA

OMAR ÁNGEL MEJÍA AMADOR

MARJORIE ZÚÑIGA ROMERO

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