Ficha de la providencia
Sentencia SL1236-2020
Corte Suprema de Justicia · Sala de Casación Laboral
Jurisprudencia › Corte Suprema de Justicia › SL1236-2020
Corte Suprema de Justicia · Sala de Casación Laboral
Ficha de la providencia
Sentencia SL1236-2020
Corte Suprema de Justicia · Sala de Casación Laboral
República de Colombia
Corte Suprema de Justicia
Sala de Casación Laboral
Sentencia SL1236-2020
Magistrado ponente: Jorge Prada Sanchez
1 de abril de 2020
JORGE PRADA SÁNCHEZ
Magistrado ponente
SL1236-2020
Radicación n.° 68269
Acta 11
Estudiado, discutido y aprobado en Sala virtual.
Bogotá, D. C., primero (1) de abril de dos mil veinte (2020).
La Sala decide el recurso de casación interpuesto por la ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS PROTECCIÓN S.A., contra la sentencia proferida el 21 de mayo de 2014, por la Sala Civil, Familia, Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Armenia, en el proceso que instauró en su contra ESTHER JULIA SAZA DE CEBALLOS, al que fue vinculada la COMPAÑÍA DE SEGUROS BOLÍVAR S.A.
ANTECEDENTES
Esther Julia Saza de Ceballos llamó a juicio a la Administradora de Fondos de Pensiones y Cesantías Protección S.A., con el fin de obtener el reconocimiento y pago de la pensión de sobrevivientes, a partir del 12 de diciembre de 2010, junto con las mesadas adicionales de junio y diciembre, el retroactivo, los intereses de mora y las costas procesales (fls. 2 a 8).
Fundamentó sus pretensiones en que su hijo, Javier Antonio Ceballos Saza, quien se encontraba afiliado a ING Administradora de Fondos de Pensiones y Cesantías, falleció el 12 de diciembre de 2010; que dependía económicamente de aquel, en tanto le proporcionaba sostén económico, pues ayudaba a cubrir sus gastos y los del grupo familiar, integrado por su esposo, su «sobrina nuera (sic)» y sus 2 nietas; dijo que no percibía ingresos, pensión, ni poseía bienes de fortuna, a más que cuenta 69 años y no le era posible vincularse laboralmente.
Sostuvo que la accionada le negó la pensión de sobrevivientes, al considerar que no estaba demostrada la dependencia económica, puesto que el aporte del fallecido fue una mera colaboración al núcleo familiar.
Protección S.A. (fls. 40 a 55) se opuso a las pretensiones y, en su defensa, propuso las excepciones de inexistencia de la obligación, compensación, buena fe y prescripción. Admitió que la demandante era la madre de Javier Antonio Ceballos y la fecha de deceso del afiliado. Dijo que no le constaban los demás hechos.
Agregó que la actora vivía hace más de 40 años con su esposo, pensionado por el Instituto de Seguros Sociales desde abril de 2006 y que registra propiedad sobre la finca el Recreo, ubicada en el municipio de Córdoba, Quindío.
Mediante proveído de 24 de junio de 2013 (fls. 99-100), el a quo ordenó vincular a la Compañía de Seguros Bolívar S.A. Al contestar la demanda (fls. 111 a 125), rechazó las pretensiones incoadas en contra de la administradora de pensiones y advirtió que solo respondería hasta el monto de la póliza de seguros.
Dijo que la calidad de madre de la demandante y la muerte del fallecido debían demostrarse con los correspondientes registros civiles de nacimiento y defunción, que no con un simple acto de confesión; negó la subordinación económica alegada.
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
Mediante proveído de 29 de enero de 2014, el Juzgado Cuanto Laboral del Circuito de Armenia (fls. 212 Cd), resolvió:
Primero: Declarar que la AFP PROTECCIÓN S.A. debe reconocer y pagar a favor de la señora ESTHER JULIA SAZA DE CEBALLOS, la pensión vitalicia de sobrevivientes del causante JAVIER ANTONIO CEBALLOS SAZA, a partir del 13 de diciembre de 2010, en cuantía que resulte de la modalidad de pensión escogida por la beneficiaria y el monto del capital acumulado por el afiliado fallecido, siempre que no sea inferior al salario mínimo legal mensual vigente de cada anualidad.
SEGUNDO: CONDENAR a la AFP PROTECCIÓN S.A. a pagar dentro de los 20 días siguientes a la ejecutoria de esta providencia a favor de ESTHER JULIA SAZA DE CEBALLOS, la pensión vitalicia de sobrevivientes del causante JAVIER ANTONIO CEBALLOS SAZA, a partir del 13 de diciembre de 2010, en cuantía que resulte de la modalidad de pensión escogida y el monto del capital acumulado por el afiliado fallecido, siempre que no sea inferior al salario mínimo legal vigente de cada anualidad.
Sobre las mesadas causadas deberá pagar intereses moratorios causados a partir del 27 de septiembre de 2011 y hasta el momento en que se verifique el pago total de la obligación, a la tasa vigente al momento de efectuar el pago.
La pensión se reconocerá a razón de 14 mesadas anuales, siempre que el monto de la mesada no exceda el valor de los 3 salarios mínimos legales mensuales vigentes, como lo ordena el parágrafo transitorio 6 del Acto Legislativo 01 de 2005.
TERCERO: CONDENAR a la COMPAÑÍA DE SEGUROS BOLÍVAR S.A. a pagar a favor de la AFP PROTECCIÓN S.A. el capital necesario para garantizar la financiación de la pensión de sobrevivientes que se reconocerá a la señora ESTHER JULIA SAZA DE CEBALLOS, por la muerte de su hijo JAVIER ANTONIO CEBALLOS SAZA.
CUARTO: ABSOLVER a la demandada y a la llamada en garantía de las demás pretensiones de la demandada y el llamamiento en garantía.
QUINTO: DECLARAR no probadas las excepciones formuladas por pasiva.
SEXTO: CONDENAR en costas a la demandada AFP PROTECCIÓN S.A. y a favor de la demandante en proporción de 10 smlmv […].
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
Inconformes con la decisión de primer grado, la administradora de pensiones y la compañía de seguros interpusieron recurso de apelación. El Tribunal confirmó la decisión e impuso costas a las impugnantes.
Delimitó el problema jurídico a verificar si en el transcurso del proceso se comprobó que la accionante dependía económicamente de su hijo fallecido, como exigencia para hacerse a la pensión de sobrevivientes reclamada; estimó que las normas llamadas a regular la contienda, eran los artículos 73 y 74 de la Ley 100 de 1993, modificados por el 12 y 13 de la Ley 797 de 2003.
Trajo a colación la sentencia CC C-111-2006, por medio de la cual se definió que la dependencia económica no tenía que ser «total y absoluta», pues no era necesario que los padres del afiliado o pensionado llegaran al punto de la indigencia y relacionó los proveídos, CSJ SL, 24 abr. 2013, rad. 43138 y CSJ SL, 24 abr. 2013, rad. 42479, que en igual sentido profirió esta Corte.
Dedujo que estaba plenamente acreditado que el causante aportaba de forma permanente sumas de dinero y diversos artículos como «alimentos, vestidos y medicinas» para garantizar el bienestar de su progenitora, tal cual lo manifestaron Gloria Patricia Carvajal Calderón, Lucely Cortés García, Sergio Alzate Cajicá y Damaris Londoño Ceballos. Halló coincidentes los testimonios anteriores, en tanto afirmaron que Javier Antonio Ceballos se encargaba de «solventar de manera constante, no como una simple ayuda esporádica […], la mayoría de los gastos correspondientes a la actora, además de cancelar los servicios públicos de la finca donde ella residía, situación que se mantuvo incluso cuando […] se trasladó a Medellín», en razón de su trabajo.
Consideró que las declaraciones, sirvieron para aclarar que el grupo familiar carecía de medios suficientes para contribuir con el sostenimiento de la demandante, pues aunque el esposo de Esther Julia había indicado que destinaba un porcentaje de su pensión para la alimentación del hogar, tal aseveración no desvirtuaba la subordinación económica de la actora respecto del finado, pues aunque «(…) participaba en el sostenimiento de sus parientes, la responsabilidad de satisfacer las contingencias de la peticionaria, recaía esencial y decisivamente sobre el de cujus». Enseguida, discurrió:
Igualmente, es menester aclarar que, a pesar de que el testigo John […] Ceballos Saza (fl. 202), expuso en principio que el cooperaba con las expensas de su madre y, seguidamente rectificó tal aserto, especificando que era su hermano Javier Antonio el que lo hacía, esta contradicción y las dudas que se generaron a través de las mismas han logrado ser disipadas con los resultados arrojados con los demás mecanismos de convicción militantes en el plenario, los cuales se itera, son insistentes y determinantes en señalar que los elementos precisos para garantizar la calidad de vida de la accionante, corrían por cuenta del difunto.
Desde esta perspectiva con estribo en los elementos de convicción laboral hasta aquí estudiados, quedan desvirtuadas la alegaciones elevadas por las compañías inconformes relacionadas, en primer lugar con que el afiliado por residir en una localidad distinta a la de su progenitora no podía ocuparse de las necesidades de ésta, evidenciándose por el contrario, que continuó satisfaciendo los respectivos guarismos. En segundo término, que los demás familiares de la interesada y del mismo cónyuge la ayudaban en su manutención, comprobándose que aunque tal apoyo existió, éste era ocasional y exiguo.
Añadió que, contrario a lo señalado por los apelantes, la actora en su interrogatorio de parte nunca afirmó «que su sustento estuviese a cargo de personas diferentes a su hijo Javier», sino que, por el contrario, anotó que sus allegados simplemente la socorrían; además, dijo, la inconformidad en punto a la falta de demostración del monto del aporte y su envío, correspondía a la «esfera íntima familiar de modo que no puede exigírseles a los expositores un conocimiento de aquellos temas», en tanto resultaban irrelevantes para dirimir el conflicto. Para terminar, expuso:
[…] tampoco puede avalar la Corporación el argumento de que la accionante era dueña de una heredad que originaba diversas ganancias […], cuando según lo señalado por los deponentes en indicación y el asistente técnico de cultivo, llamado al trámite Yeison Rendón (fl. 212), ellos deducen que la mentada propiedad tenía un nivel de productividad y capacidad bajos, de modo que no generaba renta alguna.
RECURSO DE CASACIÓN
Interpuesto por Protección S.A., fue concedido por el Tribunal y admitido por la Corte, que procede a resolverlo.
ALCANCE DE LA IMPUGNACIÓN
Pretende que la Corte case la sentencia recurrida, para que, en sede de instancia, revoque el fallo del a quo y, en su lugar, absuelva de las pretensiones de la demanda.
Con tal propósito formula un cargo, que no mereció réplica.
CARGO ÚNICO
Denuncia violación indirecta, por aplicación indebida, de los artículos 46 a 48, 73, 74, 77 de la Ley 100 de 1993; 12 y 13 de la Ley 797 de 2003 y 145 del Código Sustantivo del Trabajo; 48 y 53 de la Constitución Política; 1 del Decreto 4360 de 2004 y, como violación medio, los artículos 60 y 61 del Código Adjetivo Laboral y 177 del estatuto procesal civil.
Enlista como errores de hecho, los siguientes:
Afirmar, en contra de la realidad, que la responsabilidad de satisfacer las necesidades de la demandante recaía sobre el hijo fallecido.
Dar por demostrado, no estándolo, que la demandante dependía económicamente de su hijo Javier Ceballos Saza en el momento de su muerte ocurrida el 12 de diciembre de 2010.
Dar por demostrado, sin estarlo, que la demandante debía acudir a su hijo Javier Ceballos para adquirir sus bienes.
No dar por demostrado, estándolo, que el cónyuge de la demandante con su pensión cubría los gastos básicos de la pareja.
No dar por demostrado, estándolo, que la demandante tenía al momento de la muerte de su hijo, bienes suficientes para asegurar su sostenimiento.
Como pruebas no apreciadas, relaciona: la comunicación de Seguros Bolívar de 14 de septiembre de 2011 (fls. 126 a 129); los informes de Consultando Ltda, de 5 y 9 de septiembre de 2011 (fls. 130-146 y 164-167); el cuestionario para reclamante de la pensión de sobrevivientes (fls. 147 a 163); la Resolución 001303 de 2006 (fl. 169) y el certificado de tradición y libertad del inmueble con matricula inmobiliaria 282-10719 (fls. 171-
174 y 180 -181). Y como mal valoradas, la confesión de la demandante contenida en el interrogatorio de parte (fls. 204 y ss.) y los testimonios de Gloria Patricia Carvajal, Lucely Cortés García, Sergio Alzate Cajicá, Damaris Londoño, Fael Ceballos Londoño, John Fael Ceballos Saza y Jeison Rendón Ocampo.
Afirma que el Tribunal omitió toda consideración sobre la prueba documental, y se concentró en los testimonios, a los que dio prelación a pesar de que se trata de un medio demostrativo eminentemente subjetivo, que no brinda información objetiva, «como si la proporciona la prueba documental cuyo contenido es único y no cambiante, como sucedió con el dicho de algunos declarantes».
Sostiene que el ad quem ignoró por completo que la demandante sí contaba al momento de la muerte de su hijo, con medios económicos suficientes para solventar sus necesidades básicas, de suerte que no dependía de aquel, aunque fuera cierto que él le brindaba una ayuda económica que en ocasiones ascendía a $200.000 mensuales y, en situaciones de emergencia, sumaba otros $200.000.
Aduce que los elementos de prueba, evidencian que el esposo de la actora era pensionado (fl. 169) «y ello supone recibir una suma por lo menos equivalente al valor del salario mínimo legal que de acuerdo con lo previsto en el artículo 145 del CST representa una suma destinada a “subvenir a sus necesidades normales y a la de su familia”», concepto del cual se favorece al actor al tener la condición de cónyuge del pensionado.
Señala que en el plenario obra certificado de tradición y libertad (fls. 171 a 174), que da cuenta de que la actora es propietaria de la vivienda que habita con su esposo, su nuera y 2 nietas, por manera que no debe sufragar arriendo y, además, «en el documento que aparece a partir del folio 130 hay constancia de tratarse de una casa finca que comprende cultivos de plátano, naranja y café, lo que significa que es o puede ser productiva».
Agrega que en el expediente, obra constancia de los aportes de Damaris Londoño (fl. 141), y de la contribución de Jhon Fael Ceballos por $400.000 mensuales. Enseguida, discurre:
El Tribunal incluye en su rápida lectura del fallo una alusión al interrogatorio de parte absuelto por la demandante pero no repara en que ella confiesa que en algo le socorrían tanto su nuera como su hijo Faez, solo que constatando esa ayuda con lo consignado en los documentos en los que constan las investigaciones sobre los recursos de la demandante y de quienes conviven con ella, se concluye fácilmente que no era una simple ayuda sino un aporte importante que, sin duda, le permitía a la actora subvenir con alguna amplitud sus requerimientos vitales.
No se ignora, como antes se señaló, la ayuda brindada por el fallecido señor Javier Ceballos a la demandante, pero es claro que un globo de costos de $1.000.000 (se señalan dos cifras distintas, una superior y otra inferior al millón de pesos, en épocas diferentes) la suma ordinaria facilitada por el fallecido de $200.000 (los otros $200.000 resultaba ocasional según lo que se señaló en los documentos que recogen las investigaciones realizadas) solamente puede tener la condición de apoyo o de ayuda pero en ningún momento la de configurar la dependencia económica que exige el artículo 47 de la ley 100 de 1993 y sus normas modificatorias, para configurar el derecho de un padre a la pensión de sobrevivencia.
Para finalizar, asevera que los testimonios debieron estudiarse con «especial cautela dado que proviene del esposo, del hijo y de la nuera- sobrina de la demandante, personas que no solamente tienen interés afectivo por el nexo consanguíneo, sino también desde el punto de vista económico dado que dos de ellos aun conviven con ella».
CONSIDERACIONES
No es materia de discusión que Javier Antonio Ceballos Saza falleció el 12 de diciembre de 2010, cuando estaba afiliado a ING Pensiones y Cesantías, hoy Protección S.A.; que cotizó 135.43 semanas en los 3 años anteriores a su deceso (fl. 61) y que la actora es madre del causante.
El operador judicial de segundo grado, partió del presupuesto jurisprudencial de que la dependencia no requiere ser absoluta, pero sí debe acreditarse que el padre o madre reclamante estaba subordinado económicamente del hijo fallecido. Halló probado este requisito con las declaraciones de terceros vertidos al proceso, en tanto depusieron que en el extinto afiliado recaía la mayor parte de la responsabilidad pecuniaria del grupo familiar, de suerte que los aportes de los otros familiares, significaron una mera colaboración, dada su insuficiencia para que la actora llevara una vida en condiciones dignas.
Según la censura, el ad quem no verificó que la actora contaba con recursos para su sostenimiento, pues para la época del deceso de su hijo, no solo su esposo devengaba del ISS una pensión de vejez (fl. 169), sino que residían en vivienda propia y percibía ayuda de los familiares que vivían con ella bajo el mismo techo, como era el caso de su nuera Damaris quien contribuía a los gastos del hogar, tal cual lo confesó en el interrogatorio de parte.
Aunque el reproche relativo a la pensión de vejez que percibe el esposo de la accionante como obstáculo para la concesión del derecho reclamado, comporta más un cuestionamiento de puro derecho que fáctico, pues implica un análisis del ordenamiento legal a partir de los aspectos económicos al interior de las relaciones de pareja, la sola certeza de la existencia de aquel supuesto fáctico, no es suficiente para tener por cierto que el cónyuge de la accionante era quien velaba por su sostenimiento para la fecha del deceso del afiliado y, de esa forma, derruir la presunción de acierto y legalidad inherente al fallo gravado.
Desde lo jurídico, cumple memorar que, en virtud de razones naturales y de simple lógica, desde hace décadas la mujer es considerada sujeto individual de derechos, de donde se sigue que, en escenarios como el que quedó delineado en esta contención, la impartición de verdadera justicia impone un análisis de su situación, al margen de la que pueda tener su esposo o su compañero permanente. Sobre el punto, en sentencia CSJ SL492-2018, reiterada en el fallo CSJ SL3517-2018, la Sala se pronunció en los siguientes términos:
[…] la perspectiva de género exige considerar a la mujer, como sujeto individual de derechos, con su propia autonomía y autodeterminación, lo que impone apartarse de dogmas, en virtud de los cuales, se suponía que la manutención de la cónyuge se encontraba garantizada por el pater familias pensionado.
En este evento, el hecho de que el ISS, haya reconocido una pensión de vejez a Neftalí Hoyos Ramírez, no conduce indefectiblemente a suponer que la demandante fuera y sea dependiente económicamente de él y que su mínimo vital esté garantizado con aquél ingreso, pues ello equivaldría a invisibilizar a María Rubiela Martínez Granada, como un ser autónomo, lo que constituiría además un anacronismo.
El certificado de tradición y libertad (171 a 180), no exhibe una realidad diferente a la obtenida por el juzgador de alzada, en tanto únicamente da cuenta de que a Esther Julia Saza Mateus, le adjudicaron el bien inmueble en la sucesión de Reinaldo Saza Parra, que no una supuesta solvencia económica de la demandante, en la medida en que la explotación del predio no pasa de ser una aseveración especulativa, sin soporte probatorio.
Sobre el informe preliminar elaborado por Consultores e Investigadores de Siniestros Ltda. (fls. 130 a 146), según el cual Damaris Londoño y John Ceballos contribuían al sostenimiento del hogar con $400.000, se observa que se encuentra suscrito únicamente por la Investigadora y la Subgerente de la empresa, que no por la demandante, de suerte que se impone recordar que estas investigaciones no son prueba calificada en casación, en tanto corresponden a documentos declarativos provenientes de terceros, asimilables a testimonios (CSJ SL, 13 jun. 2012, rad. 41464, y sentencia CSJ SL, 23 feb. 2010, rad. 36615, entre otras), por lo que al tenor del artículo 7 de la Ley 16 de 1969, no es posible su valoración en sede extraordinaria, sin antes haberse demostrado el error protuberante de hecho sobre una prueba hábil, que no es el caso.
La respuesta negativa emitida por ING Administradora de Fondos de Pensiones y Cesantías (fls. 126 a 129), tampoco ayuda a derruir la conclusión fáctica del Tribunal, toda vez que solo da cuenta del rechazo a reconocer la prestación, con base en la calidad de pensionado del cónyuge de la actora desde abril de 2006 y los esporádicos aportes de algunos parientes; como quedó visto, estos argumentos fueron dilucidados anteriormente.
De la aceptación de la demandante en el interrogatorio de parte (fls. 212), de que para el momento del fallecimiento de su hijo, «en algo le socorrían tanto su nuera como su hijo Faez (sic)», no se desprende una confesión con la contundencia requerida para socavar los otros pilares del fallo que se examina, en tanto la absolvente no se limitó a afirmar lo trascrito, sino que también advirtió que la ayuda del padre, de su otro hijo y de su nuera, no eran suficientes para el sostenimiento familiar, pues el causante atendía la mayoría de gastos, sobre todo los relacionados con el vestuario, alimentación y medicamentos pues, por su edad, no podía trabajar, ni percibía renta alguna. Esta realidad que no fue ignorada por el juez colegiado que, en su ejercicio de juzgamiento, partió de considerar que los escasos y esporádicos aportes de los parientes, no alcanzaban para solventar las necesidades de la accionante, para llevar una vida en condiciones dignas.
Bien sabido es que no es admisible el fraccionamiento de lo manifestado en una declaración de parte, para tomar ciertos apartes de la declaración en su beneficio, dado que ello contraría lo reiterado por esta Corporación, en el sentido de que la confesión debe ser clara, expresa e indivisible (CSJ SL, 14 ago. 2012, rad. 43873).
Por último, importa precisar que lo que se colige del análisis de los medios de prueba acusados, es que el Tribunal no desbordó el marco de libertad en el análisis probatorio, que le impone el artículo 61 del Código Procesal del Trabajo, tal cual lo tiene definido la Corte, por ejemplo, en sentencia CSJ SL1847-2018:
Cabe agregar, como en innumerables veces lo ha dicho la Sala, que los jueces de instancia, al encontrarse en presencia de varios elementos probatorios que conduzcan a conclusiones disímiles, tienen la facultad, conforme a lo dispuesto en el artículo 61 del CPTSS, de apreciar libremente los diferentes medios de convicción, en ejercicio de las facultades propias de las reglas de la sana crítica, pudiendo escoger dentro de las probanzas allegadas al informativo, aquellas que mejor los persuadan, sin que esa circunstancia, por sí sola, tenga la virtualidad para constituir un evidente yerro fáctico capaz de quebrar la sentencia.
Visto lo anterior, la Sala no puede ocuparse de la prueba testimonial, al no haberse demostrado un error de hecho evidente sobre una prueba calificada, en los términos del artículo 7 de la Ley 16 de 1969.
Por lo dicho, el cargo no prospera.
Sin costas en el recurso extraordinario, dado que no hubo réplica.
DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, NO CASA la sentencia dictada el 21 de mayo de 2014, por la Sala Civil, Familia, Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Armenia, dentro del proceso ordinario laboral seguido por ESTHER JULIA SAZA DE CEBALLOS contra la ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS PROTECCIÓN S.A., al que fue vinculada la COMPAÑÍA DE SEGUROS BOLÍVAR S.A.
Costas, como se dijo.
Cópiese, notifíquese, publíquese, cúmplase y devuélvase el expediente al Tribunal de origen.
DONALD JOSÉ DIX PONNEFZ
JIMENA ISABEL GODOY FAJARDO
JORGE PRADA SÁNCHEZ
Sigue leyendo
RuleX es la IA para el trabajo legal: inteligencia artificial y software jurídico, todo en una sola plataforma. Crea tu cuenta y RuleX abre la sentencia SL1236-2020 completa, te explica sus reglas y la lleva a tu escrito con la cita puesta. Siete días de prueba sin tarjeta.