Ficha de la providencia
Sentencia SL1250-2020
Corte Suprema de Justicia · Sala de Casación Laboral
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Corte Suprema de Justicia · Sala de Casación Laboral
Ficha de la providencia
Sentencia SL1250-2020
Corte Suprema de Justicia · Sala de Casación Laboral
República de Colombia
Corte Suprema de Justicia
Sala de Casación Laboral
Sentencia SL1250-2020
Magistrado ponente: Jimena Isabel Godoy Fajardo
6 de mayo de 2020
JIMENA ISABEL GODOY FAJARDO
Magistrada ponente
SL1250-2020
Radicación n.° 70875
Acta 15
Estudiado, discutido y aprobado en sala virtual
Bogotá, D. C., seis (6) de mayo de dos mil veinte (2020).
La Sala decide el recurso de casación interpuesto por JOSÉ OTONIEL GIRALDO GARCÍA, contra la sentencia proferida por la Sala de Descongestión Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín, el 31 de octubre de 2014, en el proceso que adelantó contra el INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES hoy ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES - COLPENSIONES.
ANTECEDENTES
José Otoniel Giraldo García, solicitó se declarara que le asiste el derecho al reconocimiento y pago de la pensión de vejez, las mesadas adicionales, intereses moratorios y/o indexación y las costas.
Fundamentó sus peticiones en que: nació el 18 de enero de 1942, por lo que cumplió 60 años el mismo día y mes del año 2002, era beneficiario del régimen de transición del artículo 36 de la Ley 100 de 1993 y por su aplicación se acude al Acuerdo 049 de 1990, aprobado por el art. 1 del Decreto 758 del citado año.
Dijo que por cumplir con los requisitos legales, solicitó a la demandada el reconocimiento y pago de la pensión de vejez, sin embargo, la entidad no la concedió en la Resolución No. 004594 de 2008 y en subsidio dispuso la indemnización sustitutiva en cuantía única de $4.797.341.
Consideró que por estar inmerso en el tránsito legislativo, debe cumplir uno de los dos requisitos la edad o el tiempo de servicios y por ello, «es absurdo que se exija cotización antes de la vigencia de la Ley 100 de 1993, si el Acto Legislativo No. 1 de 2005 le está extendiendo, inicialmente, hasta el 31 de julio de 2010».
Afirmó que se vinculó al sistema general de pensiones después del 1 de abril de 1994 y cotizó entre los 40 y 60 años de edad, más de 500 semanas, razón por la que le asiste el derecho a la prestación reclamada; agregó que existen antecedentes jurisprudenciales sobre el tema y por ello copió apartes de las sentencias de esta Sala CSJ SL, 1 mar. 200 (sic), rad. 29945, CSJ SL, 28 jun. 2000, rad. 13410 y CSJ SL, 13 may. 2003, rad. 19137 (f.° 2 a 9 cuaderno de instancias).
Al responder la demanda, la administradora convocada al juicio se opuso a las pretensiones. De los hechos, aceptó: la reclamación pensional presentada por el actor y la expedición del acto administrativo que la negó.
Propuso las excepciones de prescripción, pago y compensación, así como las que denominó: inexistencia de la obligación de pagar la pensión de vejez, improcedencia del interés moratorio, e imposibilidad de condena en costas.
Adujo en su defensa:
No le asiste a mi representada la obligación de reconocer la pensión de vejez, pues si bien el demandante tenía más de 40 años al entrar en vigencia la ley 100 de 1993 y por esta razón podría ser beneficiario del régimen de transición de conformidad con el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, también era menester que se encontrara afiliado al sistema de seguridad social en pensiones a la entrada en vigencia de la ley 100 de 1993, pues si bien es cierto que según jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia no es necesario haber estado cotizando al momento de entrar en vigencia la Ley 100 de 1993, si era necesario estar afiliado al Sistema General de Pensiones, una cosa es cotizar y otra estar afiliado, dado que uno se afilia sólo una vez al sistema, así expresamente lo consagra el artículo 36 de la Ley 100 de 1993,modificada por el artículo 9 de la Ley 797 de 2003 […]. (f.° 34 a 37 cuaderno de instancias).
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
El Juzgado Diecinueve Laboral del Circuito de Medellín, en fallo de 19 de julio de 2011, declaró probada la excepción de inexistencia de la obligación de reconocer la pensión de vejez, absolvió a la demandada y condenó en costas al demandante (f.° 74 a 76 cuaderno de las instancias).
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
Para resolver el recurso de apelación interpuesto por el actor, la Sala Laboral de Descongestión del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín, profirió fallo el 31 de octubre de 2014, en la que confirmó la de primera instancia e impuso costas al recurrente (f.° 99 a 114 cuaderno de las instancias).
En lo que estrictamente interesa al recurso extraordinario, el Tribunal comenzó por revelar que el problema jurídico planteado se centraba en determinar, si para ser beneficiario del régimen de transición regulado por el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, «es necesario que el trabajador además de tener 40 años de edad si es hombre, tenía que estar afiliado y cotizando al ISS antes del 1º de abril de 1994, para que la pensión de vejez sea reconocida al amparo del art. 12 del D. 758/1990, en cuanto a edad densidad de cotizaciones y monto».
Para resolverlo, afirmó que esta Sala de Casación ha indicado que la vinculación del trabajador a la seguridad social en materia pensional antes de entrar en vigencia la Ley 100 de 1993, no es requisito indispensable para considerarlo como beneficiario del régimen de transición, dado que existen eventos, además de la poca cobertura que tenía el Seguro Social, que impedirían esta circunstancia, lo que no puede convertirse en obstáculo para otorgar a un empleado la prerrogativa que le beneficia y preserva en sus antiguas condiciones pensionales; se remitió a la sentencia CSJ SL, 13 abr. 2010, rad. 37998 y agregó que:
En este orden de ideas, si no es necesario que el trabajador estuviere afiliado y/o cotizando al ISS al momento de entrar en vigencia el sistema general de pensiones, se tiene igualmente que tampoco es necesario que estuviera cotizando, pues el régimen de transición es un beneficio que la ley otorga a las personas que cumplan determinados requisitos, para que al entrar en vigencia la nueva ley, en lo que atañe a la edad, tiempo de servicio o número de semanas cotizadas y monto de la pensión, se siguen por lo establecido en el régimen anterior al cual se encuentran afiliados, y en el evento de no estar afiliado pero vinculado a un empleador a cuyo cargo esté directamente el pago de la pensión de jubilación por no cobertura del sistema de seguridad social administrado por el ISS o una caja de previsión, es claro que lo será o bien el CST y la normatividad que para el sector público regulara la materia.
Así mismo se debe precisar que el “régimen anterior al cual se encuentren afiliados” exigido en el art. 36 de la L. 100/1993, no puede ser entendido como sinónimo de vínculo laboral vigente, ya que es posible que antes de la expedición de la L.100/1993, se tengan quince (15) o más años de servicios cotizados o servidos; por lo que el “régimen anterior al cual se encuentren afiliados” hace referencia a servicios prestados o cotizados antes de la entrada en vigencia del régimen establecido en la L.100/1993, determinando así el régimen de seguridad social en pensiones anterior al cual se encuentren afiliados.
Pero en el caso en particular, tal como lo advirtió el A quo, no se acredita que el demandante con antelación a la vigencia de la L.100/1993, hubiese estado vinculado como trabajador del sector privado que tuviera la obligación de afiliarlo al sistema de seguridad social que administraba el ISS, y por ello deba entenderse que le asistía el derecho a que le fueran aplicados los reglamentos establecidos por dicho Instituto en materia pensional, entre ellos el Ac.049/1990, aprobado por el D.750/1990, como tampoco que su afiliación a dicha entidad tuvo lugar antes del 1º de abril de 1994, ya que como se desprende de la historia laboral que reposa a folios 19–23, se determina que ello tuvo lugar sólo a partir del 1º de febrero de 1996.
Vale precisar que esto último no puede interpretarse, como al parecer ocurre con la señora apoderada judicial de la parte actora, como la exigencia de un requisito adicional al ya enunciado. Simplemente, por mera lógica, mal podría intentarse obtener tal beneficio cuando no se perteneció a un régimen pensional distinto del contemplado en la L.100/1993.
Agregó que la anterior posición, ha sido analizada por esta Corporación, para lo cual se remitió y copió apartes de la sentencia CSJ SL, 13 mar. 2012, rad. 38476; precisó entonces que, aunque no se aviene al caso objeto de estudio, se tiene que no existe elemento de prueba que conduzca a precisar, que el demandante antes del 1º de abril de 1994, tuvo algún vínculo laboral, bien en el sector público o privado, que lleve a considerar que antes de la entrada en vigencia del Sistema General de Pensiones regulado por la Ley 100 de 1993, éste se encontraba cobijado por un régimen pensional determinado; finalizó que al no existir norma anterior que se pueda aplicar a la situación del demandante, no es viable aplicar el principio de favorabilidad como lo argumenta el actor.
RECURSO DE CASACIÓN
Interpuesto por el demandante, concedido por el Tribunal, admitido por la Corte y sustentado en tiempo, se procede a resolver.
ALCANCE DE LA IMPUGNACIÓN
Pretende el recurrente la casación total del fallo recurrido, para que, en sede de instancia, se revoque la sentencia de primer grado y en su lugar acceda a las súplicas de la demanda.
Con tal propósito formula dos cargos, por la causal primera de casación, que merecieron réplica y se estudiarán conjuntamente en atención a que fueron orientados por la misma vía, comparten igual sustento, denuncian similares normas y persiguen el mismo objetivo.
CARGO PRIMERO
Acusa la sentencia por la vía directa, por interpretación errónea de «los artículos 36 de la Ley 100 de 1993, 3 del Decreto 813 de 1993, 12, del Acuerdo 049 de 1990 en relación con los artículos 50, 141 y 142 de la Ley 100 de 1993, y por aplicación indebida el artículo 9 de la ley 797 de 2003.
En la sustentación, afirma que el colegiado estimó que al actor no se le aplicaba el régimen de transición, toda vez que no estaba afiliado al ISS a abril 1º de 1994 y que la «sola edad de 35 años» no le da derecho a estar inmerso en el citado régimen; manifiesta que la seguridad jurídica es un intangible jurídico soportado en el principio de la confianza legítima, que garantiza un orden social justo y tiende a proteger a las personas beneficiarias de la seguridad social, de forma concreta, a quienes gozan de expectativas legítimas de acceder a un determinado régimen pensional.
Expresa que el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, hace referencia al régimen anterior en IVM (Acuerdo 049 de 1990), que en dicha codificación no se imponía vinculación anterior, razón por la que el intérprete no puede pedir más de los requisitos que la ley contempló y dentro de ellos «no se consignó una vinculación a un determinado régimen si no la mera referencia como marco de comparación para el otorgamiento de una prestación que ya existe», razón por la que considera el desvío interpretativo del ad quem.
Transcribe en forma extensa apartes de las sentencias de esta Sala de Casación CSJ SL, 28 jun. 2000, rad. 13410 y CSJ SL, 13 may. 2003, Rad. 19137 y considera que a pesar de que el demandante se haya vinculado al Sistema General de Pensiones «en mayo de 1994» (como lo encuentra demostrado el Tribunal y no lo discute el cargo) y cotizado entre los 35 y 55 años de edad más de 500 semanas, le corresponde la prestación económica reclamada y por ello la decisión ha de ser casada.
CARGO SEGUNDO
Culpa la decisión del tribunal, por la vía directa (falta de aplicación según jurisprudencia de esa Sala), de «los artículos 36 de la Ley 100 de 1993, 12, 13 y 20 del Acuerdo 049 de 1990, artículos 50, 141 y 142 de la Ley 100 de 1993, 8 de la Ley 4 de 1976. Artículos 48 y 53 de la Constitución Nacional».
Asegura que como lo reconoce el Tribunal, para estar en el tránsito legislativo, basta cumplir una de las dos condiciones, esto es, tener 35 años si es mujer o 40 si es varón o 15 años de servicios, todos ellos antes del 1º de abril de 1994; no obstante lo anterior, el ad quem, se rebela contra el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, pues a pesar de admitir que «el demandante tenía más de 40 años de edad al 1 de abril de 1994 y que ese es el requisito para estar inmerso en el tránsito de legislación, se niega a reconocerle la prestación», por ello, estima, que el juzgador de alzada desatendió la ley y por ello incurrió en las infracciones legales endilgadas; agrega que sirven de fundamento al cargo las sentencias de esta Sala, transcritas en la sustentación del anterior cargo.
En la parte final del recurso extraordinario, enuncia un título denominado «SOLICITUD DE CORRECCIÓN DE TESIS DOCTRINARIA»; en dicho aparte, no desconoce las sentencias de esta Sala, en las que se sentó doctrina sobre el tema en discusión, en tales decisiones se ha dicho que es necesario que la persona tenga vinculación a un régimen anterior para hacerse beneficiario del tránsito de legislación. Argumenta que la Corte en las sentencias a que aludió para sustentar los cargos ya había hecho pronunciamiento sobre el tema, razón por la que no es dable que ahora adicione la exigencia de estar afiliado a un determinado régimen antes de la memorada fecha, razón por la que pide se corrija la tesis doctrinaria dado que controvierte su propia jurisprudencia; estima que con la nueva postura, se deja injustamente por fuera del régimen de transición un sinnúmero de personas con una cercanía y una expectativa de tener una pensión de vejez que le permita una vida en condiciones dignas y justas.
RÉPLICA
Afirma que en el caso objeto de estudio, no hay discusión alguna en cuanto a que el actor se afilió al sistema de pensiones con posterioridad al 1º de abril de 1994 (1º de febrero de 1996), así que al no estar vinculado a la entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993, ninguna expectativa legítima se construyó y no puede hablarse siquiera de simple o mera expectativa de beneficiarse del régimen anterior a su vinculación pensional (Acuerdo 049 de 1990).
Asegura que en este evento no existe derecho alguno próximo a causarse o estructurarse con base en el mentado Acuerdo 049 de 1990, obrar en forma contraria «sería irrazonable, desproporcionado, ilegítimo y agravaría la ya muy difícil situación financiera del Estado colombiano», razón por la dice, la circunstancia del demandante necesariamente debe regularse – tal como lo entendió el Tribunal –según la Ley 100 de 1993 y sus posteriores reformas, requisitos que a la fecha tampoco ha cumplido; se remite a decisiones de esta Sala de Casación, que dice se ajustan a los lineamientos descritos CSJ SL, 14 jun 2011, rad. 41271; CSJ SL, 14 jun. 2011, rad. 43181; CSJ SL, 26 jun. 2012, rad. 42719; CSJ SL, 24 jul. 2013, rad. 46110 y CSJ SL, 6 nov. 2013 rad. 48361, tipificándose una doctrina probable.
CONSIDERACIONES
El punto objeto de discusión en el recurso extraordinario, se contrae a establecer si el demandante es beneficiario del régimen de transición contemplado en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, si en tal condición tiene derecho a que se le reconozca la pensión de vejez prevista en el artículo 12 del Acuerdo 049 de 1990, lo anterior a pesar de que antes del mes de febrero del año 1996, no estuvo afiliado a ningún régimen pensional y tampoco reportó cotización alguna con antelación al citado mes.
En ese orden, ha de precisarse que el ad quem negó el derecho reclamado, una vez comprobó que no obstante el señor Giraldo García contaba con más de 40 años de edad a – 1 de abril de 1994- la entrada en vigencia del Régimen General de Pensiones creado por la Ley 100 de 1993, una vez verificó la historia laboral comprobó que la afiliación tuvo lugar sólo a partir del 1º de febrero de 1996; aspectos sobre los cuales, conviene precisar, no existe discusión dada la vía escogida en los cargos propuestos y la aceptación expresa de la censura sobre el mismo.
Así las cosas, se concluye que el Tribunal no incurrió en los yerros alegados y se refuerza al recordar que la Sala de Casación Laboral de la Corte ha reiterado, en múltiples oportunidades, que la intelección adecuada del artículo 36 de la Ley 100 de 1993 permite inferir que, para ser beneficiario del régimen de transición, además de cumplir con la edad o el tiempo de servicios allí establecidos, se requiere haber estado afiliado o inscrito en un régimen pensional que genere una expectativa legítima que sea susceptible de protección.
Sobre el punto indicado, esta Corporación, se ha pronunciado en reiteradas sentencias de las que se destacan la CSJ SL1270-2016, CSJ SL3844-2017, la CSJ SL4681-2017 y, CSJ SL11219-2017, en las cuales se dijo:
Lo que sí es objeto de polémica en casación, es determinar si a pesar de que a 1 de abril de 1994 la demandante tenía más de 35 años, está sola circunstancia por sí misma la hace merecedora del régimen de transición regulado por el artículo 36 acusado por su errónea interpretación, y por consiguiente, se le aplique el régimen pensional anterior del ISS, esto es, el Acuerdo 049 de 1990.
Válido es rememorar que los cambios legislativos en materia de derechos sociales, y la pensión de vejez lo es por antonomasia, en algunas ocasiones modifican los requisitos que la ley anterior establecía para acceder a esta prestación, tornándolos más rigurosos, por ejemplo, frente a la tasa de reemplazo, el número de semanas de cotización o del tiempo de servicios y, en cuanto a la edad, lo cual, por supuesto, dificulta a las personas alcanzar ese logro, no obstante la expectativa legítima que tienen en relación con la normatividad anterior.
Para evitar que estas personas vean truncadas sus aspiraciones, el mismo legislador tiene la obligación de establecer los mecanismos tendientes a garantizar a este grupo poblacional próximo a cumplir los requisitos para su pensión de vejez, que efectivamente se le respete esa expectativa.
En efecto, el artículo 36 de la Ley 100 de 1993 protegió dicha expectación, y en tal virtud dispuso que estas personas conservarían su derecho a pensionarse conforme al régimen anterior, el cual en la mayoría de los casos seguramente resultaba más favorable, eso sí, en la medida en que acreditaran el cumplimiento de las reglas previstas para ello, es decir, que a 1 de abril de 1994 fecha de entrada en vigencia del nuevo sistema general de pensiones, su edad fuera de 40 o 35 o más años de edad tratándose de hombres o mujeres, respectivamente, o tuvieran 15 o más años de servicios o cotizados.
Nótese que la razón de ser para implementar un régimen de transición cuando opera un cambio legislativo en materia pensional, no es otra que la de proteger a quienes estuvieren próximos a pensionarse, respetándoles los requisitos que les exigía el sistema pensional que les aplicaba con antelación al nuevo, sin que ello signifique que para beneficiarse de esta garantía sea necesario estar cotizando en ese momento.
Para que lo anterior justifique su operatividad, es decir, que se aplique el beneficio del régimen de transición, es presupuesto fundamental que ese grupo poblacional, frente al cambio legislativo, tenga en ese momento una expectativa legítima de que su pensión será producto de aplicar el sistema o régimen pensional anterior del cual es beneficiario, sin que sea menester tener la condición de cotizante activo, en este caso, para el 1 de abril de 1994.
Por tanto, llegar al aserto al que arribó el Tribunal en cuanto que la demandante no encaja dentro de los presupuestos de la norma acusada, es totalmente atinado, pues para la data de entrada en vigencia del nuevo sistema general de pensiones, la señora Molina de Vélez no tenía ninguna expectativa de pensionarse con un régimen anterior a la Ley 100, verbigracia, el previsto para los trabajadores afiliados en pensiones al ISS, en tanto sólo ingresó por primera vez al sistema pensional el 10 de octubre de 1994.
Este ha sido el criterio de esta Corte, y así en reciente sentencia CSJ SL, 13 nov. 2013, rad. 49148, se dijo:
Puestas así las cosas, bien debe concluirse que el juez de la alzada no incurrió en desafuero alguno al entender que la titularidad a un régimen pensional por vía de transición impone, como mínimo, que se haya estado afiliado al mismo durante su ordinaria vigencia, pues sólo puede accederse al derecho pensional si se cumplen los supuestos de hecho que la particular norma que lo regula exige, el primero de los cuales es, obviamente, que se hubiere tenido la condición de afiliado al mismo, ello por cuanto no es dable derivar un derecho de una condición que nunca se tuvo.
Así lo ha entendido la jurisprudencia de la Sala al sostener que el predicamento del régimen pensional inmediatamente anterior al previsto por la Ley 100 de 1993, que exige el artículo 36 de la misma para amparar a ciertos sectores de la población trabajadora que tenían una expectativa pensional conforme a las disposiciones que en ese momento regían, y que por su vigencia fueron derogadas, solamente se puede hacer respecto de quienes hubieran tenido la condición de afiliados a los diversos regímenes pensionales que para esa época subsistían, pues, la afiliación posterior a la vigencia de la Ley 100 de 1993, esto es, del 1º de abril de 1994, se entiende efectuada al respectivo régimen por el que se hubiere optado, es decir, al de prima media con prestación definida o al de ahorro individual con solidaridad.
(…)
Es más, la propia Corte Constitucional en sentencia C- 597 del 20 de noviembre de 1997, al declarar exequible la expresión «a la cual se encuentren afiliados» del parágrafo segundo del artículo 36 precedentemente copiado, precisó sobre el particular:
«En efecto, como arriba se dijo, quienes a la fecha de entrada en vigencia de la ley se encontraban trabajando y adscritos a un determinado régimen pensional, no tenían propiamente un derecho adquirido a pensionarse según los requisitos establecidos por ese régimen; tan solo tenían una expectativa de derecho frente a tales condiciones o exigencias. No obstante, la nueva ley de seguridad social les concedió el beneficio antes explicado, consistente en la posibilidad de obtener la pensión según tales requisitos. Obviamente, la Ley 100, justamente en la expresión demandada, exigió que los acreedores a tal beneficio estuvieran afiliados a algún régimen pensional. No podía ser de otra forma, porque de lo contrario, se pregunta la Corte: ¿Cuáles serían los requisitos o condiciones más favorables que se harían prevalecer frente a las exigencias de la nueva ley? Si la persona no estaba vinculada a ningún régimen pensional, no existía ni siquiera la expectativa de derecho a pensionarse según determinados requisitos, que por simple sustracción de materia eran imposibles de precisar.
Luego, por elementales razones de lógica jurídica, era necesario establecer el condicionamiento de estar afiliado a algún régimen pensional para efectos de ser acreedor al beneficio derivado del régimen de transición, consistente en poder pensionarse de conformidad con los requisitos y condiciones previstos para el régimen anterior».
Y en cuanto a si los trabajadores no afiliados a un determinado sistema de pensiones al momento de la entrada en vigencia del nuevo régimen se ven discriminados frente a los que sí lo estaban, son también pertinentes los siguientes criterios sentados por la jurisprudencia de esta Corporación, según los cuales no se vulnera el principio de igualdad, por cuanto no es la misma situación jurídica la de quienes tenían una expectativa de derecho, que la de quienes ni aún tal expectativa tenían:
«Recuérdese que la igualdad formal no es ajena al establecimiento de diferencias en el trato, fincadas en condiciones relevantes que imponen la necesidad de distinguir situaciones para otorgarles tratamientos distintos; esta última hipótesis expresa la conocida regla de justicia que exige tratar a los iguales de modo igual y a los desiguales en forma desigual.» (Sentencia C-168 de 1995, M.P. Doctor Carlos Gaviria Díaz). (…)
Toda vez que se no se acreditaron los yerros que se atribuyeron a la sentencia recurrida, ni nuevos elementos de juicio para modificar el pacífico y reiterado criterio explicado en las providencias citadas, a ellas se remite esta Sala para desestimar los cargos presentados.
Las costas en el recurso extraordinario serán a cargo de la parte recurrente, por cuanto su acusación no salió avante y hubo réplica. Como agencias en derecho se fija la suma de $4.240.000,oo que se incluirán en la liquidación que haga el juez de primer grado, con arreglo en lo dispuesto en el artículo 366 del C.G.P.
DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, NO CASA la sentencia emitida el 31 de octubre de 2014, por la Sala de Descongestión Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín, en el proceso ordinario laboral promovido por JOSÉ OTONIEL GIRALDO GARCÍA, contra el INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES hoy ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES - COLPENSIONES.
Costas, como se dijo en la parte motiva.
Cópiese, notifíquese, publíquese, cúmplase y devuélvase el expediente al tribunal de origen.
DONALD JOSÉ DIX PONNEFZ
JIMENA ISABEL GODOY FAJARDO
JORGE PRADA SÁNCHEZ
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