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Corte Suprema de Justicia · Sala de Casación Laboral

Sentencia SL1254-2020

Fecha
15 de abril de 2020
Magistrado ponente
Jorge Prada Sanchez

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia SL1254-2020

Corte Suprema de Justicia · Sala de Casación Laboral

Parte resolutiva

DECISIÓN En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, NO CASA la sentencia dictada el 3 de octubre de 2013, por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Santa Marta, dentro del proceso ordinario laboral seguido por JHONY ARRIETA LÓPEZ contra el EDIFICIO DINERS PROPIEDAD HORIZONTAL. Sin costas.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Corte Suprema de Justicia

Sala de Casación Laboral

Sentencia SL1254-2020

Magistrado ponente: Jorge Prada Sanchez

15 de abril de 2020

JORGE PRADA SÁNCHEZ

Magistrado ponente

SL1254-2020

Radicación n.° 67750

Acta 12

Estudiado, discutido y aprobado en Sala virtual.

Bogotá, D. C., quince (15) de abril de dos mil veinte (2020).

La Sala decide el recurso de casación interpuesto por JHONY ARRIETA LÓPEZ, contra la sentencia proferida el 3 de octubre de 2013, por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Santa Marta, en el proceso que instauró contra el EDIFICIO DINERS PROPIEDAD HORIZONTAL.

ANTECEDENTES

El recurrente (fls. 2-8 y 47-53) llamó a juicio al Edificio Diners P.H., con el fin de que se declarara la existencia de un contrato de trabajo, terminado injustamente por decisión del empleador. Reclamó el pago del auxilio de cesantías, compensación por vacaciones, primas de servicio, auxilio de transporte, horas extras, recargos nocturnos, dominicales y festivos, aportes al sistema de seguridad social integral, y las indemnizaciones de los artículos 64 y 65 del Código Sustantivo del Trabajo. Además, pidió declarar «la culpa de la demandada, que dio como resultado la incapacidad física para laborar (…). Se evidencia la culpa objetiva de la empresa al no presentar el mínimo de tensión (sic) a la reubicación de las funciones (…), lo que generó el aumento del deterioro físico de la columna», y las costas del proceso.

Informó que se vinculó al ente demandado desde el 29 de abril de 2006, para desempeñarse como recepcionista y ascensorista del edificio, bajo turnos de 12 horas diarias, incluidos domingos y festivos, y que el 16 de septiembre de 2007, fue despedido sin justa causa. Añadió que se encuentra en mal estado de salud y cada día que pasa se deteriora más «su capacidad funcional debido a las hernias discales que presenta en su columna vertebral».

La Copropiedad demandada (fls. 80-81) se opuso a la prosperidad de las pretensiones y en su defensa, propuso las excepciones de cobro de lo no debido y prescripción. Adujo que «al demandante se le contrató para realizar turnos en el edificio Diners, para garantizar el descanso obligatorio de los trabajadores».

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

El Juzgado Laboral de Descongestión del Circuito de Santa Marta, mediante fallo del 29 de agosto de 2012 (fls. 128-146), declaró la existencia de la relación laboral entre las partes «por turnos desde 30 de abril de 2006, hasta el 29 de julio de 2007»; condenó al demandado al pago de $177.610.99 por auxilio de cesantías, $316.83 por sus intereses, $177.610.99 por prima de servicios, $82.183.61 a título de compensación por vacaciones y $270.455 por auxilio de transporte, junto con las costas del proceso; le ordenó cancelar los aportes al sistema de seguridad social en pensiones y lo absolvió de lo demás.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

Apeló el demandante. El Tribunal (fls. 14-22 cdno. de segunda instancia) confirmó la decisión del a quo, sin costas para los litigantes.

Luego de transcribir el artículo 65 del Código Sustantivo del Trabajo, dedujo que el demandado actuó bajo la creencia de no estar obligado al pago de prestaciones sociales, en razón a que vinculó al actor para «cubrir turnos», de suerte que:

[…] consideró la demandada que satisfizo su obligación contractual al pagar la prestación del servicio con la finalización del turno respectivo. En consecuencia, una lectura de la norma transcrita, aplicada al caso que se estudia, permite concluir que se encuentra no configurada la premisa de la misma, pues no se puede observar aislada, sino que, por el contrario, hay que estudiarla con análisis de la conducta del empleador, para concluir si estuvo guiada por el principio de buena fe o si, por el contrario, el objetivo era defraudar al trabajador, cuestión esta última que no encuentra respaldo en ninguna circunstancia fáctica. De contera, no hay lugar a la condena por la indemnización moratoria deprecada, en consonancia con lo estimado por la primera instancia.

Advirtió que tampoco procedía la indemnización por no consignar el auxilio de cesantías, porque no fue solicitada en la demanda, ni la estatuida para los casos de despido sin justa causa, porque:

[…] si bien no se demostró que la relación laboral hubiere terminado de manera justa, tampoco se demostró que la misma terminó por decisión unilateral del demandado, pues, a pesar de que el demandante lo alega en su escrito de demanda, no explica el suceso, ni allega prueba alguna de la cual se pueda extraer que el empleador fue quien dio por terminada la relación laboral.

Y en cuanto al pago de la dotación de calzado y vestido, concluyó que el demandante «no probó ni con facturas, ni por medio de peritos, el valor de los perjuicios irrogados».

RECURSO DE CASACIÓN

Interpuesto por el demandante, fue concedido por el Tribunal y admitido por la Corte, que procede a resolver.

ALCANCE DE LA IMPUGNACIÓN

Pretende que la Corte case la sentencia recurrida, «para que se reconozca el ciento por ciento de las moratorias e indemnización de las moratorias (sic) y a que confirme en lo demás el fallo del juez de primera instancia y aplicar la misma a la sentencia del a quo».

Con tal finalidad formula un cargo, por la causal primera de casación, que no fue objeto de réplica.

CARGO ÚNICO

Denuncia violación directa, «por infracción directa, aplicación indebida o interpretación errónea», del artículo 65, numeral 1, del Código Sustantivo del Trabajo.

Sostiene que el juez colegiado le negó la posibilidad de reclamar la indemnización moratoria prevista en la norma denunciada, porque:

[…] [la] expresión “a la terminación del contrato” contenida en el numeral 1º del artículo 65 del C.S.T., se basa en la consideración según la cual se viola el derecho a la igualdad de los trabajadores con contrato de trabajo vigente, al excluirlos de la posibilidad de reclamar al respectivo empleador una indemnización moratoria, cuando quiera que este retarde el pago de sus salarios y prestaciones sociales, pues en los términos que señala dicha preceptiva legal, sólo está prevista respecto de las personas que ya han finalizado la relación laboral.

Pide admitir «como pruebas válidas sin excepción toda[s] y cada uno (sic) de los documentos anexados como pruebas, incluso los terceros por tener estrecha relación con los hechos», con las cuales, considera demostrado el vínculo y la causación de los derechos que le fueron negados, puesto que:

Al momento de la expiración del plazo pactado, subsistieron la materia del trabajo y las causas que originaron el contrato y mi poderdante cumplió efectivamente con todas las obligaciones impuestas en la relación laboral, a tal punto que nunca fue objeto de sanción alguno (sic) en el desempeño de sus funciones.

No existió ninguna causa legal o justa para terminar la relación laboral ni autorización al inspector de trabajo, tal y como lo prevé el numeral 1 del artículo 240 del Código Sustantivo del Trabajo.

Agrega que también «se violó el principio jurisprudencial de la estabilidad reforzada de que gozan los trabajadores, derivado del contenido de los artículos 43 y 53 de la Carta Política». Transcribe el artículo 239 del Código Sustantivo del Trabajo y apartes de la sentencia CC C-079-1999.

CONSIDERACIONES

Dada la senda de ataque, no se controvierte la existencia de la relación laboral entre las partes «por turnos desde 30 de abril de 2006, hasta el 29 de julio de 2007»; tampoco, que la sanción por falta de consignación del auxilio de cesantías, no fue solicitada en la demanda, ni que el actor no demostró el despido, menos los perjuicios causados por la omisión en la entrega del calzado y el vestido de labor.

En cuanto al sentido y propósito del único cargo propuesto, es evidente que la acusación carece de los elementos mínimos e indispensables para abordar el control de legalidad del fallo de segundo grado, en tanto denuncia «infracción directa, aplicación indebida o interpretación errónea» de un mismo precepto sustancial, lo cual comporta un dilema imposible de sortear, no solo por la falta de lógica que implica involucrar modalidades de violación que se excluyen entre sí, sino porque debido al carácter dispositivo y rogado de este medio extraordinario, a la Sala no le corresponde completar, ni corregir, la acusación; menos aún, cuando la deficiencia descrita no se supera a lo largo del ataque sino que, por el contrario, lo que se observa es que la censura no desarrolla con claridad ninguno de los sub motivos a los cuales alude.

Por lo demás, el recurrente se explaya en argumentos generales, alejados o ajenos a las verdaderas premisas de la decisión gravada. De la simple lectura de la sentencia de segundo grado, fluye claro que el Tribunal no arguyó que la indemnización moratoria no procedía en este caso, pues solo podía abrirse paso a la terminación del contrato; un razonamiento en ese sentido, que es el que cuestiona el cargo, no aparece explícito en las consideraciones de la alzada relacionadas con este punto del litigio, por manera que en cuanto a ello concierne, los reproches de la censura caen en el vacío.

De otro lado, la remisión genérica a las pruebas del proceso imposibilita el examen que corresponde realizar al juez de la casación, si asumiera que la senda indirecta fue la seleccionada por el impugnante, en la medida en que no se indicaron las distorsiones fácticas que hubiese podido cometer el juzgador de alzada, ni los medios de pruebas preteridos o erróneamente valorados.

Ahora bien, si se entendiera que el recurrente pretende demostrar que el Tribunal se equivocó al exigir al demandante la prueba del despido, como supuesto para analizar la viabilidad de la condena por terminación del contrato sin justa causa, cumple señalar que tal criterio acompasa con lo adoctrinado por esta Corporación, en tanto esta ha explicado que «corresponde al trabajador probar el hecho del despido y al empleador la justa causa para exonerarse de indemnizar los perjuicios» (CSJ SL1166-2018).

Adicionalmente, la Sala observa que la censura deambula en medio de disquisiciones sobre una estabilidad laboral reforzada por condiciones de salud, que no fue objeto de análisis por parte del fallador de segundo grado, por lo que mal puede imputarse un error en una materia sobre la cual no hubo pronunciamiento. En cualquier caso, conviene agregar que el recurrente tampoco alude, por la senda correspondiente, a algún medio de convicción que ofrezca la mínima información sobre su estado de salud y demás supuestos requeridos para que operara la garantía reclamada.

Así las cosas, el impugnante desatina gravemente en su propósito de demostrar que el Tribunal hubiese incurrido en algún error, con la entidad requerida para lograr el quiebre de la decisión, por manera que esta conserva la doble presunción de acierto y legalidad con la cual viene revestida.

En consecuencia, el cargo no es estimable.

Sin costas en el recurso extraordinario, dado que no hubo réplica.

DECISIÓN

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, NO CASA la sentencia dictada el 3 de octubre de 2013, por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Santa Marta, dentro del proceso ordinario laboral seguido por JHONY ARRIETA LÓPEZ contra el EDIFICIO DINERS PROPIEDAD HORIZONTAL.

Sin costas.

Cópiese, notifíquese, publíquese, cúmplase y devuélvase el expediente al Tribunal de origen.

DONALD JOSÉ DIX PONNEFZ

JIMENA ISABEL GODOY FAJARDO

JORGE PRADA SÁNCHEZ

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