Ficha de la providencia
Sentencia SL1273-2023
Corte Suprema de Justicia · Sala de Casación Laboral
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Corte Suprema de Justicia · Sala de Casación Laboral
Ficha de la providencia
Sentencia SL1273-2023
Corte Suprema de Justicia · Sala de Casación Laboral
República de Colombia
Corte Suprema de Justicia
Sala de Casación Laboral
Sentencia SL1273-2023
Magistrado ponente: Donald Jose Dix Ponnefz
31 de mayo de 2023
DONALD JOSÉ DIX PONNEFZ
Magistrado ponente
SL1273-2023
Radicación n.°93790
Acta 17
Bogotá, D. C., treinta y uno (31) de mayo de dos mil veintitrés (2023).
La Sala decide el recurso de casación interpuesto por la SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS PORVENIR SA, contra la sentencia proferida el 19 de marzo de 2021, por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín, en el proceso ordinario que promovió en su contra BEATRIZ ELENA PÉREZ ARROYAVE, al que se vinculó JOSÉ HUMBERTO JARAMILLO JARAMILLO.
ANTECEDENTES
Beatriz Elena Pérez Arroyave llamó a juicio a Porvenir SA, para que se le condenara al reconocimiento y pago de la pensión de sobrevivientes, con ocasión al fallecimiento de su hijo Andrés Gonzalo Jaramillo Pérez, ocurrido el 14 de noviembre de 2016, los intereses moratorios del art. 141 de La Ley 100 de 1993, y las costas del proceso.
Como sustento de sus pretensiones, narró que al momento del fallecimiento de su hijo, «el 14 de noviembre de 2017 (sic)», vivía y dependía económicamente de él, quien no hacía vida marital alguna ni tuvo descendencia; que el causante fue cotizante activo por más de 5 años a la AFP Porvenir SA, entidad que mediante comunicación del 2 de febrero de 2017, le negó el reconocimiento y pago de la pensión de sobrevivientes (f.°2 a 6).
La Sociedad Administradora de Fondos de Pensiones Y Cesantías Porvenir SA, al contestar, se opuso a las pretensiones de la demanda, por considerar que no se acreditaron los requisitos legales, esto es, la dependencia económica de la demandante con el afiliado fallecido. De los hechos, aceptó la fecha del deceso de Andrés Gonzalo Jaramillo Pérez, pero aclaró que ocurrió en el año 2016 y la negativa de la prestación económica reclamada; de los demás, dijo que no eran ciertos o que no le constaban.
En su defensa, presentó la excepción previa de falta de integración de litisconsorcio necesario y las de fondo que denominó: inexistencia de la obligación, cobro de lo no debido, ausencia de derecho sustantivo y falta de causa; buena fe; prescripción; afectación de la sostenibilidad financiera; compensación y la «innominada o genérica» (f.°42 a 59).
Mediante auto proferido por el juez del caso (f.°103) ordenó vincular como interviniente ad excludendum; a José Humberto Jaramillo Jaramillo, a quien se tuvo por notificado por conducta concluyente (f.°107), sin que hiciera pronunciamiento alguno.
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
El Juzgado Once Laboral del Circuito de Medellín, en decisión de 10 de octubre de 2019 (cd f. °117), absolvió a Porvenir SA de las pretensiones e impuso costas a la demandante.
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
La Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín, al resolver la apelación de la actora, mediante sentencia de 19 de marzo de 2021 (f.°123), revocó la de primer grado y, en su lugar, declaró no probada la excepción de prescripción; condenó a la entidad demandada a pagar la pensión de sobrevivientes a favor de Beatriz Elena Pérez Arroyave, a partir del 14 de noviembre de 2016 en cuantía inicial de $2.332.431, por 13 mesadas al año. Ordenó el pago de un retroactivo de $149.839.25 y, los intereses moratorios. Condenó en costas en ambas instancias a la demandada.
Propuso como problemas jurídicos determinar: i) cuál era el alcance de la dependencia económica de padres de cara a sus hijos, exigida por el ordenamiento jurídico, para predicar la calidad de beneficiario de la pensión de sobrevivientes; ii) si se acreditó en el proceso que la madre dependía económicamente del hijo para la época de su fallecimiento; y, iii) si resultaba procedente imponer la condena por intereses moratorios.
Citó el artículo 13 de la Ley 797 de 2003 y la sentencia CC C-111 de 2006, en la que se expuso que no era necesario acreditar una carencia total y absoluta para ser beneficiaria del derecho pensional de sobrevivientes, que «basta la comprobación de la imposibilidad de mantener el mínimo existencial que le permita al beneficiario obtener los ingresos indispensables para subsistir de manera digna».
Agregó que, de conformidad al precedente jurisprudencial, el estudio del caso debía orientarse a determinar «el peso del aporte económico que efectuaba el hijo a sus progenitores para al momento de su fallecimiento, para verificar si ante su ausencia se afecta no solo el mínimo vital sino la congrua subsistencia de los padres».
En ese orden, procedió a verificar si en el expediente obraban pruebas que permitieran concluir que el aporte efectuado por Andrés Gonzalo Jaramillo, era sustancial para el sostenimiento de su madre.
Dejó por fuera del debate lo siguiente: i) que Andrés Gonzalo Jaramillo nació el 12 de octubre de 1991, quien era hijo de Beatriz Elena y de José Humberto; ii) que a los 21 años de edad, el 2 de mayo de 2012, el causante se afilió a PORVENIR S.A; (…)iii) que el 2 de enero de 2017 la demandante reclamó la pensión de sobrevivientes; iv) que Porvenir SA no aportó prueba de haber efectuado investigación alguna tendiente a verificar el requisito de dependencia económica de la madre en relación con su hijo,; v) que mediante comunicación del 2 de febrero de 2017 la entidad le negó el derecho pensional pretendido y vi) que en la demanda no solo se afirmó que la actora vivía bajo el mismo techo con su hijo y dependía económicamente de él, sino que tenía limitaciones de salud, aportando al plenario varios documentos que lo demostraban.
Resaltó que Beatriz Elena Pérez al ser interrogada, no incurrió en confesión, dado que reiteró la dependencia económica hacia su hijo, quien aportaba significativamente en la economía del hogar, integrado por su otro hijo Edwin Humberto y el abuelo del difunto e insistió en la prueba que aportó de las enfermedades que padece; que debido al fallecimiento de su hijo, quien siempre estaba pendiente de su bienestar, no ha podido recobrar su vida de forma normal.
Con los testimonios de Edwin Humberto Jaramillo Pérez y Henry Pérez Arroyave, concluyó que la fuente principal económica era aportada por el causante, debido a que ningún miembro de la familia tenía un vínculo laboral o disfrutaba de un derecho pensional, aunado a la falta de apoyo económico del padre durante al menos 11 años. Puntualizó en la importancia del aporte salarial del fallecido, puesto que aun cuando la madre y el abuelo materno eran propietarios de dos buses, la renta que generaba «era variable debido a la antigüedad de los vehículos y los problemas inherentes a ese sector productivo».
Con lo anterior, dedujo que:
En este contexto, aunque la madre y el abuelo fuesen propietarios de dos buses que generaban ingresos para el hogar, las pruebas del plenario llevan a la Sala al convencimiento de la importancia del aporte del hijo para la congrua subsistencia de la madre, no solo por la cuantía del salario que él percibía, concretado en una remuneración fija, continua e ininterrumpida durante más de cuatro años, sino porque vivían bajo el mismo techo, compartiendo los gastos en los que él era el protagonista, acreditándose que, con ocasión de su fallecimiento, la madre ha incurrido en obligaciones crediticias para solventar su situación económica, teniendo que acudir al apoyo económico de familiares que han venido asumiendo algunos de los importantes rubros que el hijo cubría.
Rememoró la sentencia CSJ SL18980-2017, reiterada en la CSJ SL 2327-2020, y extrajo del material probatorio que el hijo invertía sus recursos en su progenitora, quien carecía de ingresos, de modo que el aporte era valioso y preponderante para la satisfacción de las necesidades básicas y elementales, supuestos con los cuales infirió la subordinación económica.
Concluyó que:
[…] para acreditar la dependencia económica de la madre respecto a su hijo, no es necesario demostrar la carencia total y absoluta de recursos, sino que, por el contrario, basta la comprobación de la imposibilidad de mantener el mínimo existencial que le permita al beneficiario obtener los ingresos indispensables para subsistir de manera digna. En este contexto, es que resulta relevante la valoración del denominado mínimo vital cualitativo, porque lo que debe tenerse en cuenta es el conjunto de condiciones materiales necesarias para asegurar la congrua subsistencia de cada persona en particular; y es por esta razón, que, en un caso como el presente, la exigencia consagra en la Ley para afirmar la calidad de beneficiaria, se encuentra claramente demostrada.
RECURSO DE CASACIÓN
Interpuesto por Porvenir SA, concedido por el Tribunal y admitido por la Corte, se procede a resolver.
ALCANCE DE LA IMPUGNACIÓN
Solicita que se case la sentencia impugnada, para que en sede de instancia, se confirme la decisión absolutoria del juzgado.
Con tal propósito, plantea un cargo por la causal primera de casación, que no fue objeto de réplica.
CARGO ÚNICO
Acusa la sentencia por la vía indirecta, por la aplicación indebida del artículo 13 literal d) de la Ley 797 de 2003 y por la infracción directa de los artículos 28 del Código Civil, 221 numeral 3 del Código General del Proceso, 29 y 230 de la Constitución Política y 1 del Acto Legislativo 01 de 2005.
Afirma que el error de hecho consistió en:
[…] dar por demostrado, sin estarlo, que la señora Pérez dependía en términos económicos del difunto cuando no hay prueba que demuestre la existencia de una contribución monetaria periódica, coetánea con la fecha del deceso, con una cuantía con la significancia suficiente para constituirse en determinante del mínimo vital de la madre y, consecuentemente, que acredite que ese aporte, y de existir, no era la simple ayuda brindada por un buen hijo sino que era constitutiva de una subordinación pecuniaria frente a él, y más cuando estuvo demostrado que ella contaba con otros recursos propios y suficientes para atender su subsistencia, aparte de que no quedó probado que tales dineros no bastaran para costear su manutención aun sin contar con alguna ayuda del occiso.
Aduce la errada valoración del documento titulado «bono pensional» y el anexo (f.°73 y 74); del registro único de afiliados a la protección social (f.°91); las confesiones contenidas en el interrogatorio de parte de la demandante y los testimonios de Edwin Humberto Jaramillo Pérez y Henry Pérez Arroyave.
Asegura que no obra en el expediente prueba de la indispensabilidad del socorro del afiliado fallecido a la demandante, ya que a pesar que menciona los gastos de la madre y el valor de la contribución del causante, estas manifestaciones provinieron de la misma parte actora, por lo que no podían servir como fundamento para proferir condena.
Manifiesta que Pérez Arroyave al absolver interrogatorio confesó haber recibido préstamos hasta por $80.000.000, lo que evidencia su capacidad crediticia, pues para obtenerlos debía demostrar solvencia e ingresos que «ahora convenientemente oculta».
Expone que quedó acreditado que contaba con respaldo patrimonial productivo de dos buses, tal como se evidencia del documento de folios 73 y 74, firmados por la demandante y que el Tribunal califica como «viejos», sin que haya prueba de tal condición; además de estar afiliada en calidad de cotizante desde 1995 al subsistema de salud (f.°91).
Indica que no se demostró la necesidad de la progenitora de recibir un auxilio suministrado por el causante, como quiera que no se acreditó a cuánto ascendía el total de los gastos maternos, de suerte que resultaba imposible determinar si el subsidio del fallecido estaba destinado a la actora y, si era significativo o, por el contrario, si era una simple muestra de la «prodigalidad de un buen hijo» que buscaba hacer más cómoda la vida de su madre, pero sin contar con la magnitud o trascendencia para convertirse en indispensable. Cita apartes de las sentencias CSJ SL15116-2014 y SL8406-2015.
Al estimar acreditado el yerro fáctico denunciado con las pruebas hábiles, sigue con los testimonios de Edwin Humberto Jaramillo Pérez y Henry Pérez Arroyave, de los cuales aduce que si se analizan con detenimiento, se evidencia que sus respuestas fueron ligeras y confusas, aunado a que son el hijo y el hermano de la demandante, por lo que «son personas que en la mayoría de las veces también se favorecen con la pensión y, por ende, su relato no puede ser absolutamente imparcial».
CONSIDERACIONES
Se hace necesario precisar que en el presente asunto el juzgador de primer grado ordenó la vinculación como interviniente ad excludendum de José Humberto Jaramillo Jaramillo en el proceso, lo cierto es que este no manifestó interés alguno en el resultado del mismo, al punto de que ni siquiera formuló pretensiones propias. De esta suerte, ninguna irregularidad se vislumbra por el hecho de que no existiera pronunciamiento concreto sobre esta interviniente, en el fallo de primera ni en el de segunda instancia. Por estas razones, menos podría pensarse en la necesidad de agotar mecanismos como el grado jurisdiccional de consulta a favor del interviniente.
Sabido es, que el derecho de los beneficiarios a la pensión de sobrevivientes, se rige por la norma que se encuentre vigente al momento de la muerte del afiliado fallecido, que en este caso son el art. 46 y 47 de la Ley 100 de 1993, modificados por los arts. 12 y 13 de la Ley 797 de 2003, por haber acaecido el 14 de noviembre de 2016, apreciación que tuvo en cuenta el Tribunal para definir la controversia llevada a los estrados judiciales.
Al margen del carácter fáctico de la acusación, es menester precisar que la subordinación financiera no requiere ser absoluta, pero debe acreditarse que el padre o madre reclamante, recibía una contribución significativa de su hijo fallecido. Esta Sala de la Corte tiene adoctrinado, que la dependencia económica de los padres no está supeditada a la prueba de un nivel de pobreza extrema que roce con la mendicidad, pues el hecho de recibir ingresos de otra fuente no desvirtúa la subordinación, siempre que no los convierta en autosuficientes (CSJ SL1168-2019).
En ese escenario, la Sala debe verificar si el ad quem erró al colegir que Beatriz Elena Pérez Arroyave acreditó que dependía económicamente de su hijo, supuesto ineludible para hacerse acreedora de la pensión de sobrevivientes. Por manera que se procede al examen de las pruebas denunciadas.
La entidad impugnante ataca el documento denominado «tramite (sic )de bono pensional» (f.°73 y 74), suscrito por Pérez Arroyave para dicha administradora, en el que indicó que tenía dos buses, no obstante, también declaró que sus ingresos mensuales eran de $5.000.000, de los cuales solo percibía $1.000.000 en esa actividad independiente, mientras que el afiliado fallecido le proporcionaba $4.000.000, esto es, que más de la mitad de los gastos del hogar eran suministrados por su hijo, luego entonces, no luce desacertado lo concluido por el fallador de instancia, que tuvo como cierta dicha información al corroborarla con los testimonios rendidos por Edwin Humberto Jaramillo Pérez y Henry Pérez Arroyave.
De la información del formato de afiliación al subsistema de salud como cotizante de la parte actora (f.°91), no se desprende nada diferente a que realiza aportes al sistema contributivo desde 1995, hecho que no fue desconocido por el fallador de segundo grado y no fue objeto de debate en el proceso.
El interrogatorio de parte que absolvió la demandante no puede ser considerado para los fines que persigue la AFP recurrente, toda vez que este medio de convicción solo es susceptible de estudio en el recurso extraordinario si contiene confesión, de acuerdo con la restricción contenida en el art. 7 de la Ley 16 de 1969 y la descripción normativa del art. 191 del CGP.
En este caso, no se desprende la mentada confesión, pues el hecho de que la demandante aceptara la existencia de créditos bancarios por $80.000.000, solo refleja esa realidad económica, que tiene unas obligaciones crediticias, no más. Admitir que tales créditos conllevan per se solvencia económica, o capacidad de endeudamiento, es una inferencia sin sustento probatorio, máxime cuando pasa por alto la recurrente que el Tribunal señaló que esos créditos se obtuvieron después de que el hijo falleciera, para poder sostenerse.
En ese orden, si tal manifestación no produce consecuencias jurídicas adversas a la actora ni favorece a la parte contraria, por lo que como ya se indicó, no hay confesión.
De otra parte, conforme lo dispuesto artículo 7 de la Ley 16 de 1969, los testimonios solo pueden ser revisados por la Corte, en los casos en que se demuestre previamente, la comisión de un error de hecho manifiesto sobre las pruebas calificadas, como son el documento auténtico, la confesión y la inspección judicial, hipótesis que no se presenta en este evento.
Además esta Corporación ha enseñado, entre otras sentencias CSJ SL18980-2017 y CSJ SL3113-2018 que no resulta trascendental demostrar «[…] a cuánto ascendían los recursos y gastos del causante» y, en la CSJ SL3721-2020, que «[…] para la configuración del derecho a la pensión de sobrevivientes, no es necesario acreditar el monto exacto de lo aportado por el causante».
Debe recordarse que los jueces de instancia, conforme a lo dispuesto en el artículo 61 del CPTSS, tienen la facultad de apreciar libremente los diferentes medios de convicción, en ejercicio de las facultades propias de las reglas de la sana crítica, pudiendo escoger dentro de las probanzas allegadas al informativo, aquellas que mejor los persuadan, sin que esa circunstancia, por sí sola, tenga la entidad de constituir un evidente yerro fáctico (CSJ SL18578-2016).
Así las cosas, no se evidencia el error fáctico enrostrado al ad quem y en tal sentido el cargo es infundado.
Sin costas, dado que no se presentó réplica.
DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, NO CASA la sentencia proferida el 19 de marzo de 2021, por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín, en el proceso ordinario que promovió BEATRIZ ELENA PÉREZ ARROYAVE contra la SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS PORVENIR SA. al que se vinculó a JOSÉ HUMBERTO JARAMILLO JARAMILLO.
Sin costas.
Cópiese, notifíquese, publíquese, cúmplase y devuélvase el expediente al tribunal de origen.
DONALD JOSÉ DIX PONNEFZ
JIMENA ISABEL GODOY FAJARDO
JORGE PRADA SÁNCHEZ
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