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Corte Suprema de Justicia · Sala de Casación Laboral

Sentencia SL1279-2020

Fecha
22 de abril de 2020
Magistrado ponente
Jimena Isabel Godoy Fajardo
Citada por
1 providencia

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia SL1279-2020

Corte Suprema de Justicia · Sala de Casación Laboral

Parte resolutiva

DECISIÓN En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, NO CASA la sentencia proferida por la Sala Laboral del Tribunal Regional de Descongestión con sede en el Distrito Judicial de Santa Marta, el 31 de octubre de 2013, en el proceso ordinario laboral adelantado por LIZETTE PAOLA MEJÍA HURTADO, en contra de ELECTRIFICADORA DEL CARIBE S.A. ESP – ELECTRICARIBE S.A. – ESP, y GESTIÓN INTEGRAL DE SERVICIOS PÚBLICOS E INGENIERÍA LTDA, al que se vinculó como llamada en garantía la COMPAÑÍA ASEGURADORA DE FIANZAS S.A. – CONFIANZA S.A. Costas como se dijo.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Corte Suprema de Justicia

Sala de Casación Laboral

Sentencia SL1279-2020

Magistrado ponente: Jimena Isabel Godoy Fajardo

22 de abril de 2020

JIMENA ISABEL GODOY FAJARDO

Magistrada ponente

SL1279-2020

Radicación n.° 68371

Acta 13

Estudiado, discutido y aprobado en sala virtual

Bogotá, D. C., veintidós (22) de abril de dos mil veinte (2020).

La Sala decide el recurso de casación interpuesto por la ELECTRIFICADORA DEL CARIBE S.A. ESP – ELECTRICARIBE S.A. – ESP, contra la sentencia proferida por la Sala Laboral del Tribunal Regional de Descongestión con sede en el Distrito Judicial de Santa Marta, el 31 de octubre de 2013, en el proceso que en su contra y de GESTIÓN INTEGRAL DE SERVICIOS PÚBLICOS E INGENIERÍA LTDA, instauró LIZETTE PAOLA MEJÍA HURTADO, al que se vinculó como llamada en garantía a COMPAÑÍA ASEGURADORA DE FIANZAS S.A. – CONFIANZA S.A.

A folio 84 del cuaderno Corte aparece memorial de quien, invocando la calidad de apoderado de Electricaribe S.A. ESP., renuncia al mandato, sin embargo, la Sala advierte que el memorialista no figura como apoderado de la aludida empresa en este trámite.

ANTECEDENTES

Lizette Paola Mejía Hurtado, llamó a juicio a Gestión Integral de Servicios Públicos e Ingeniería Ltda., y de forma solidaria a Electrificadora del Caribe S.A. ESP – Electricaribe S.A – ESP, (f.° 2 a 12, cuaderno principal) con el fin de que se declarara, la existencia de la relación laboral con la primera sociedad mencionada, desde el 9 de diciembre de 2009 hasta el 15 de diciembre de 2010; que Electricaribe S.A. ESP., en su condición de beneficiaria del trabajo, era solidariamente responsable por el valor de los salarios, prestaciones e indemnizaciones adeudados; que la renuncia presentada tuvo como motivo el incumplimiento de las obligaciones de la empleadora; que el cargo desempeñado era el de ingeniera residente directora de obra, desde el 16 de marzo de 2010; y que la suma habitual y periódica que recibía a título de bono, tenía carácter salarial.

Consecuentemente, solicitó se condenara a la empleadora y solidariamente a Electricaribe S.A. ESP., a pagarle: la «indemnización por despido indirecto»; la suma de $1.250,000, correspondientes al incremento salarial adeudado por segunda quincena de marzo de 2010 y abril y mayo del mismo año; el auxilio de cesantía de todo el vínculo laboral, junto con los intereses y sanción moratoria del numeral 3 del artículo 99 de la Ley 50 de 1990; las primas de servicios del año 2010; la compensación de vacaciones; la sanción moratoria contemplada en el artículo 65 del CST; la indexación y las costas.

Como fundamento de sus pretensiones, expuso que mediante Ley 1117 de 2006, fue creado el programa de normalización de redes eléctricas – PRONE, en diferentes departamentos del país, por lo que, en desarrollo del mismo, se celebró un convenio entre el Ministerio de Minas y Energía y Electricaribe S.A. ESP., para implementar la normalización de redes eléctricas en el Departamento del Magdalena.

Expuso que la electrificadora antes mencionada, con el fin de ejecutar las obras dentro del marco del proyecto PRONE, contrató al Consorció Eléctrico del Norte CEN, conformado por las empresas Gestión Integral de Servicios Públicos e Ingeniería Ltda., y Applus Norcontrol, para el desarrollo de 3 proyectos de normalización de redes eléctricas en la zona bananera, denominados «Las palmas», «Zawady», y «Kenedy».

Relató que fue contratada el 9 de diciembre de 2009, por Gestión Integral de Servicios Públicos e Ingeniería Ltda., integrante del aludido consorcio, como ingeniera residente para la ejecución de las obras eléctricas en los referidos proyectos, y como remuneración recibió la suma de $1.000.000, por salario básico, $938.500, por concepto de bono, y $61.500, por auxilio de transporte.

Manifestó que el anterior salario, estuvo vigente hasta el 16 de marzo de 2010, y a partir de esta calenda, fue ascendida al cargo de directora de obra, con una asignación mensual de $2.500.000, sin embargo, el empleador solo empezó a pagarle esta remuneración, a partir del 1 de junio de 2010, por tanto, le quedó debiendo lo atinente a los meses de marzo a mayo de tal año.

Apuntó que el contrato finalizó el 15 de diciembre de 2010, por renuncia motivada, por cuanto la empleadora efectuaba descuentos no permitidos, se retrasaba en el pago de salarios, y no le suministraba de manera oportuna los recursos necesarios para la coordinación de las obras. Agregó que, nunca fue afiliada a un fondo de cesantía, por ende, le adeuda dicha prestación, sus intereses, así como las primas de 2010, las vacaciones, indemnización por despido indirecto, y aumentos salariales no pagados.

Para finalizar, explicó que el 14 de enero de 2011, asistió ante el Ministerio de Trabajo, para intentar acuerdo conciliatorio con el representante legal de Gestión Integral de Servicios Públicos e Ingeniería Ltda., sin embargo, no se logró.

Electricaribe S.A ESP., al dar respuesta a la demanda (f.° 85 a 89, cuaderno principal), se opuso a las pretensiones. De los hechos aceptó: el contrato celebrado con el Consorcio Eléctrico del Norte CEN, del que hacía parte Gestión Integral de Servicios Públicos e Ingeniería Ltda.

Propuso como excepción, la que denominó «INEXISTENCIA DE LA OBLIGACIÓN».

En escrito independiente, llamó en garantía a la «Compañía Aseguradora de Fianzas S.A. – CONFIANZA S.A.», con fundamento en la póliza No. SP000664 (fl.°94, cuaderno principal).

Gestión Integral de Servicios Públicos e Ingeniería Ltda., se opuso íntegramente a los pedimentos (f.° 125 a 131, cuaderno principal). De la causa petendi, aceptó: el contrato de trabajo, el cargo, y el salario.

Formuló excepciones que denominó, cobro de lo no debido, inexistencia de las obligaciones «POR NO HABERSE PRESENTADO DESPIDO INDIRECTO», y buena fe.

La Compañía Aseguradora de Fianzas S.A. – Confianza S.A., respondió el llamamiento en garantía (fl.°174 a 180), y manifestó que se abstenía de «hacer un pronunciamiento respecto de las pretensiones de la demanda», por cuanto desconocía «los fundamentos fácticos de las mismas». Solo aceptó «la existencia del contrato de prestación de servicios CONT-CA-0148-09, celebrado entre Electricaribe S.A. ESP., y el Consorcio Eléctrico del Norte», para ejecutar las obras para la normalización de las redes de distribución eléctricas en el Departamento del Magdalena.

Planteó en su defensa excepciones que llamó, «IMPROCEDENCIA DEL LLAMAMIENTO EN GARANTÍA EN EL PROCESO LABORAL», «FALTA DE ACREDITACIÓN DE LA OCURRENCIA DEL SINIESTRO», «AUSENCIA DE COBERTURA DE INDEMNIZACIONES DIFERENTES A LA DE DESPIDO INJUSTO», y «MÁXIMO VALOR ASEGURADO».

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

El Juzgado Laboral de Descongestión del Circuito de Santa Marta, concluyó el trámite y, emitió fallo el 28 de junio de 2013 (f.° 357 – 377, cuaderno de instancias), en el que dispuso:

PRIMERO.-: Condénese solidariamente a la (sic) GESTIÓN INTEGRAL DE SERVICIOS PÚBLICOS DE (sic) INGENIERÍA LTDA y ELECTRICARIBE S.A. ESP a reconocer y pagar a la señora LIZZETE (sic) MEJÍA los siguientes conceptos:

a. Cesantías por valor de DOS MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS ($2.336.895).

b. Intereses de cesantías la suma de DOSCIENTOS SESENTA MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS MCTE ($260.868).

c. Primas de servicios la suma de DOS MILLONES CUATROCIENTOS DIECINUEVE MIL SETECIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS con 99/100 ($2.419.749.99).

d. Vacaciones el monto de UN MILLÓN DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS SETENTA PESOS ($1.239.570).

SEGUNDO.- CONDÉNESE solidariamente a GESTIÓN INTEGRAL DE SERVICIOS PÚBLICOS DE (sic) INGENIERÍA LTDA y ELECTRICARIBE S.A., ESP, por concepto de incremento de salarios la suma de UN MILLÓN CIENTO NUEVE MIL QUINIENTOS NOVENTA PESOS ($1.109.590).

TERCERO.- CONDÉNESE solidariamente a GESTIÓN INTEGRAL DE SERVICIOS PÚBLICOS DE (sic) INGENIERÍA LTDA y ELECTRICARIBE S.A. ESP, por concepto de indemnización por despido injusto el valor de UN MILLÓN DOSCIENTOS DIECINUEVE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS MCTE ($1.219.250).

CUARTO.- CONDÉNESE solidariamente a GESTIÓN INTEGRAL DE SERVICIOS PÚBLICOS DE (sic) INGENIERÍA LTDA y ELECTRICARIBE S.A. ESP., por concepto de indexación la suma de QUINIENTOS SETENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS MCTE ($576.787).

QUINTO.- CONDÉNESE solidariamente a GESTIÓN INTEGRAL DE SERVICIOS PÚBLICOS DE INGENIERÍA LTDA y ELECTRICARIBE S.A., ESP., por concepto de indemnización por indemnización moratoria de CINCUENTA Y OCHO MILLONES QUINIENTOS VEINTICUATRO MIL PESOS ($58.524.000,oo), más los intereses moratorios a la tasa máxima de los créditos de libre consumo hasta la fecha en que se efectúe el pago a partir del 16 de diciembre de 2012.

SEXTO.- ABSUÉLVASE a GESTIÓN INTEGRAL DE SERVICIOS PÚBLICOS DE INGENIERÍA LTDA y ELECTRICARIBE S.A. ESP., de las demás pretensiones de la demanda.

SÉPTIMO.- CONDÉNESE a la COMPAÑÍA DE FIANZAS CONFIANZA que asuma el pago de las obligaciones que de manera solidaria se ordenó en contra de ELECTRICARIBE S.A. ESP., hasta por el valor asegurado en la póliza suscrita.

OCTAVO.- Declárense no probadas las excepciones propuestas por las empresas GESTIÓN INTEGRAL DE SERVICIOS PÚBLICOS DE (sic) INGENIERÍA LTDA y ELECTRICARIBE S.A. ESP.

NOVENO.- Costas a cargo de GESTIÓN INTEGRAL DE SERVICIOS PÚBLICOS DE (sic) INGENIERÍA LTDA y ELECTRICARIBE S.A. ESP, en un 50% para cada una (…)

Inconformes, impugnaron la decisión las demandadas, la demandante, y la llamada en garantía.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

Para decidir los recursos de apelación, la Sala Laboral del Tribunal Regional de Descongestión con sede en el Distrito Judicial de Santa Marta, profirió fallo el 31 de octubre de 2013 (f.° 2-20, cuaderno de segunda instancia), en el cual, decidió:

PRIMERO: MODIFICAR el numeral tercero [de] la Sentencia del 28 de Junio del 2013, proferida por el Juzgado Laboral de Descongestión de Santa Marta, en el proceso ordinario de LIZETTE (sic) MEJÍA HURTADO contra GESTIÓN INTEGRAL DE SERVICIOS PÚBLICOS E INGENIERÍA LTDA Y ELECTRICARIBE S.A. ESP.

SEGUNDO: CONDENAR a la empresa demandada GESTIÓN INTEGRAL DE SERVICIOS PÚBLICOS E INGENIERÍA LTDA a pagar a la demandante LIZETTE MEJÍA HURTADO, la suma de cuarenta y cuatro millones setecientos ochenta y siete mil ciento dieciséis pesos con 66 centavos ($44.787.116,66), por concepto de indemnización por despido injusto.

TERCERO: CONDENAR a la empresa ELECTRICARIBE S.A., ESP, a pagar de manera solidaria las condenas impuestas a favor de la demandante LIZETTE MEJÍA HURTADO.

CUARTO: Sin costas en esta instancia.

QUINTO: A través de la Dirección Seccional (…) dispóngase la devolución del expediente al Tribunal de origen (…).

En lo que estrictamente interesa al recurso extraordinario, el sentenciador colegiado, luego de aludir al principio de consonancia, manifestó que solo se referiría a los puntos materia de inconformidad, para lo cual examinaría los recursos de apelación de manera independiente.

Comenzó por estudiar lo planteado por la sociedad Gestión Integral de Servicios Públicos e Ingeniería Ltda., quien solicitó que se revocaran los numerales primero, segundo, tercero, cuarto y quinto, y se absolviera de las codenas impuestas.

Adujo que no le asistía razón a la empleadora, toda vez, que estando indiscutida la existencia de un contrato de trabajo entre el 9 de diciembre de 2009 y el 15 de diciembre de 2010, había lugar a las prestaciones sociales, por cuanto solo aparecía sufragado el auxilio de cesantía del año 2009.

De igual forma, consideró acertado lo ordenado en relación con el incremento salarial de los meses de abril, mayo y junio, por cuanto ocupó el cargo de Directora de Obra.

En lo atinente a la indemnización por despido sin justa causa, recordó que el a quo, consideró que la parte demandada había incumplido sus obligaciones, como lo fue el pago de salarios, por ende, la trabajadora tuvo una justa causa para dar por terminado el contrato.

Manifestó que la empleadora en su recurso, señaló que la actora en su misiva, había puesto fin al contrato con sustento en motivos personales, mas no por incumplimiento de las obligaciones de Gestión Integral de Servicios Públicos e Ingeniería Ltda. Para dilucidar el anterior aspecto, el sentenciador plural remitió a la carta del 10 de diciembre de 2010, y de allí destacó que la demandante sí había terminado el contrato con fundamento en el incumplimiento del pago de sus salarios, falta de recursos y liquidez apropiada para la coordinación logística y ejecución de las actividades en la obra. Para corroborar lo precedente, transcribió los siguientes pasajes de la aludida misiva:

La presente es para dejar por escrito lo comunicado vía correo electrónico el pasado 20 de noviembre, acerca de mi renuncia al cargo como director de obra, confirmando mi labor hasta el próximo 15 de Diciembre. Por el medio anunciado anteriormente, no me pareció conveniente expresar con mayores detalles, los motivos diferentes a los no personales de mi retiro voluntario, los cuales tienen que ver con las condiciones de ejecución profesional que considero no son los adecuados para mi ejercicio:

1. No es posible una gestión proactiva y favorables al no poseer oportunamente los recurso[s] solicitados y la liquidez apropiada para la eficaz coordinación, logística y ejecución de las actividades en la obra, lo que solo permite un ejercicio retroactivo en las tareas de los proyecto[s], dejando entre dicha ni (sic) imagen profesional.

2. Procesos y directrices empresariales, respetables, pero opuestos a mi criterio profesional.

3. Pagos no completos e impuntuales observados en mi estadía en gestión integral. Esto crea un clima operativo de descontento, que se refleja en la falta de calidad e ineficacia de las ejecuciones de las tareas en las obras.

4. Descuentos y préstamos de mi salario para solventar responsabilidades de la empresa, que atentan en contra de mis finanzas, integridad personal y núcleo familiar.

Bajo estas condiciones, prefiero retirarme y no desgastarme sobrellevando conflictos que no están bajo mi alcance solucionarlo. Esto no quiere decir que mi agradecimiento por la oportunidad dada y la confianza depositada en mi hayan mermado, puesto que a pesar que no fue posible que se visualizaran los frutos planificados, fue una oportunidad más de aportar y aprender en este largo caminar profesional.

Agregó el ad quem, que los testigos Robert González, como interventor de obra, y Jhon Jairo Tirado, adujeron que la empresa era incumplida en el pago de los salarios de los trabajadores, y adicionalmente «se tiene que la parte demandada (…) no le canceló a la actora lo correspondiente a sus prestaciones sociales causadas durante la relación laboral que los unió», por tanto, sí hubo incumplimiento flagrante en sus obligaciones, en consecuencia, consideró que acertó el sentenciador unipersonal al concluir que la accionante tuvo una justa causa para dar por terminado el contrato.

Posteriormente estudió la indexación, la que consideró procedente y la sanción moratoria, respecto de la cual dijo que estando acreditado que la empleadora no cumplió con pagar las prestaciones sociales a la terminación del contrato, era acertada la condena por este concepto, toda vez, que no existía algún elemento razonable de buena fe.

Más adelante examinó el recurso de apelación de Electricaribe S.A. ESP, y recordó que, para requerir su absolución, esgrimió dos argumentos: i) que era ajena a la relación contractual existente entre la actora y Gestión Integral de Servicios Públicos de Ingeniería, Ltda., y ii) que el contrato suscrito entre las dos compañías era «para una actividad diferente al objeto que desarrolla la empresa ELECTRICARIBE S.A ESP».

Para dirimir los dos puntos planteados, transcribió el artículo 34 del CST., a continuación dijo que el precepto en mención, pretendía que la contratación a través del contratista independiente, no se convirtiera en un mecanismo para evadir el cumplimiento de obligaciones laborales, por ende, si una actividad, vinculada con el objeto económico principal de la empresa, se contrataba para que la prestara un tercero, existiría responsabilidad solidaria respecto de las obligaciones de esos trabajadores.

Agregó que lo anterior significaba que, «si el empresario ha podido adelantar la actividad directamente y utilizando sus propios trabajadores, pero decide hacerlo contratando un tercero (…) el beneficiario o dueño de la obra es responsable de los salarios, prestaciones e indemnizaciones a que tienen derecho estos trabajadores, por la figura de la solidaridad laboral (…)».

Luego de citar pasajes de providencias de esta Corporación, manifestó que no existía duda de que la actora había sido contratada para prestar sus servicios en la «Dirección Técnica de obras eléctricas en los municipios del Magdalena y de la Costa Atlántica», como se oteaba a folio 22, y ello de acuerdo al contrato celebrado entre Electricaribe S.A. ESP., y la empleadora, según se observaba de folio 13 a 21.

Esgrimió que teniendo en cuenta lo anterior, la actividad desplegada por Lizette Mejía Hurtado, «era una labor fundamental del objeto social de Electricaribe S.A.», tal y como se colegía de su objeto social, donde figuraba que su actividad económica era la «distribución y comercialización de energía esta una (sic) empresa de servicios públicos domiciliares», por ende, concluyó que sí era procedente, declararla «como solidariamente responsable (…) de las condenas impuestas a la demandada GESTIÓN INTEGRAL DE SERVICIOS PÚBLICOS E INGENIERÍA LTDA».

En lo atinente al recurso interpuesto por la llamada en garantía, el mismo no tiene relevancia para la decisión del recurso, por cuanto se limitó a reclamar que se le absolviera «por el cubrimiento de la condena impuesta por concepto de sanción moratoria».

Para concluir, estudió el recurso de la demandante, y recordó que, en primer lugar se encaminó a que se modificara la indemnización por terminación del contrato, para que se condenara «a los demandados pagar los salarios dejados de percibir desde el 15 de diciembre de 2010, fecha de retiro, hasta el 31 de marzo de 2012 (…)», calenda en la que terminarían las obras de normalización eléctrica.

Manifestó que el a quo consideró que no se encontraba acreditada la fecha de terminación de la obra, por ende, ordenó el pago de 15 días de salario, de acuerdo al artículo 64 del CST.

El ad quem, remitió a los folios 310, 317, y 318, y especialmente, con apoyo en el primero de estos, emitido por el Ministerio de Minas y Energía, dijo que estaba acreditado que la obra había terminado el 25 de junio de 2012, por lo que, procedió a reliquidar la indemnización, computando para ello, los salarios dejados de percibir desde el 15 de diciembre de 2010, hasta la calenda en que culminó la obra, para un total de $44.787.116,66, por indemnización por despido sin justa causa.

Como segundo punto de apelación de la actora, relató que había sustentado que por lealtad procesal advertía que el juzgador unipersonal, se había equivocado al ordenar un día de salario por cada día de mora, más intereses moratorios.

El colegiado manifestó que el a quo, procedió de forma correcta, por ende, en este tópico, no había lugar a modificación alguna.

RECURSO DE CASACIÓN

Interpuesto por Electrificadora del Caribe S.A. ESP., concedido por el Tribunal, admitido por la Corte y sustentado en tiempo, se procede a resolver.

ALCANCE DE LA IMPUGNACIÓN

Pretende que la Corte case la sentencia censurada, «en cuanto vinculó a mi mandante como obligada solidaria de las condenas impuestas a la empleadora», de forma concreta la indemnización por la terminación del contrato, las vacaciones, sanción moratoria, los intereses de mora, la indexación y las costas. En sede de instancia, solicitó se revoque «(…) la declaratoria de solidaridad frente a las condenas que impuso el A quo por los conceptos anteriormente mencionados», y se absuelva respecto a estos.

Con tal propósito formula dos embates que no fueron objeto de réplica, toda vez, que solo la llamada en garantía, dentro del término de traslado, remitió un escrito, sin embargo, no se opuso a los cargos, sino que se limitó a describir la cobertura de la respectiva póliza (f.° 42 y 43, cuaderno Corte).

CARGO PRIMERO

Acusa la sentencia por la vía directa en la modalidad de interpretación errónea del artículo 34 del CST, modificado por el artículo 3 del Decreto 2351 de 1965, que condujo a la aplicación indebida de los artículos 19, 65 del C.S.T., modificado por el artículo 29 de la Ley 789 de 2002, 186, y 189 del CST.

En el desarrollo manifiesta que el Tribunal, para efectos de la solidaridad frente a las condenas, remitió al artículo 34 del CST, y que, aunque citó varios pronunciamientos jurisprudenciales, «sus consideraciones y las consecuentes conclusiones las construyó sobre la siguiente expresión: Debe precisare (sic) que la norma establece la solidaridad entre el contratista (empleador) y el dueño de la obra con relación a las obligaciones laborales (…)» (Subrayas de la recurrente).

Agrega que, para corroborar el anterior error interpretativo, se debe citar el siguiente pasaje de la providencia: «Resulta claro que la vinculación de índole laboral es con el contratista independiente y que el obligado solidario no es otra cosa que un garante para el pago de sus acreencias, de quien, el trabajador puede también exigir el pago total de la obligación demandada». (Subraya en el original).

Con apoyo en lo anterior, manifiesta que para el juez plural la solidaridad prevista en el artículo 34 del CST, opera para todas las obligaciones laborales del verdadero empleador, consideración que estima un error grosero de hermenéutica, porque no tuvo en cuenta que la solidaridad, solo aplica para los salarios, prestaciones e indemnizaciones, lo que excluye las vacaciones, sanción moratoria, intereses de mora e indexación.

Refiere que, como se trata de una carga especial, su aplicación es restringida a los conceptos que señala la norma, por ende, que el Tribunal ha debido revocar las condenas que el a quo impuso por los derechos mencionados y limitar la solidaridad a, los salarios, prestaciones e indemnizaciones que eventualmente adeudara el empleador.

CONSIDERACIONES

El memorialista endilga al fallador de segundo grado la interpretación errónea del artículo 34 del CST, por entender que la condena solidaria, al beneficiario de la obra, se extiende a todas las acreencias laborales, pues considera que tal norma la limita al pago de los salarios, prestaciones e indemnizaciones.

Para corroborar la violación endilgada, transcribe dos pasajes del fallo, en los cuales el Tribunal mencionó: «Debe precisare (sic) que la norma establece la solidaridad entre el contratista (empleador) y el dueño de la obra con relación a las obligaciones laborales (…)» (f.° 14, cuaderno Tribunal) y de otra parte, el sentenciador plural, expresó, «Resulta claro que la vinculación de índole laboral es con el contratista independiente y que el obligado solidario no es otra cosa que un garante para el pago de sus acreencias».

Advierte la Sala que las anteriores menciones del fallador, son inanes en el análisis de la providencia y especialmente en la condena, por cuanto la materia de apelación (f.° 379 a 380), en relación con la responsabilidad solidaria de la recurrente, como lo concretó el Colegiado en el fallo, se centró en dos puntos, el primero, en que tal empresa era ajena a la relación contractual existente entre la actora y la empleadora, y el segundo, a que el contrato suscrito con Gestión Integral de Servicios Públicos e Ingeniería Ltda., era para una actividad diferente al objeto de Electricaribe S.A. ESP.

Teniendo en cuenta el señalado marco de la apelación de Electricaribe S.A. ESP, el fallador plural para dirimir el primer punto, se remitió al artículo 34 del CST, para aclarar que no obstante que la recurrente no tuviera el carácter de empleadora de la demandante, la responsabilidad solidaria devenía del precepto sustancial citado; y para el segundo planteamiento, examinó los folios 13 a 22 y el objeto contractual de la electrificadora, sin analizar en lo más mínimo el asunto que ahora plantea el memorialista, por cuanto, se itera, en el recurso de apelación lo dejó por fuera de discusión, por ende, al no haber sido objeto de estudio, mal puede considerarse que incurrió en una interpretación errónea, cuando tal aspecto no hizo parte de su estudio, debido a que no fue planteado en la alzada.

Lo que se vislumbra es que, de una afirmación genérica, que no tiene relación con el punto que estudió el sentenciador colegiado, de manera tardía la recurrente trata de introducir una discusión que debió ventilar ante el Tribunal mediante la sustentación del recurso en tal punto, sin embargo, no fue expuesto como motivo de la impugnación por lo cual, quedó por fuera del examen de la alzada.

Sobre los límites del recurso extraordinario, resulta relevante recordar el siguiente pasaje de la sentencia CSJ SL4833-2015:

Frente a lo manifestado en el cargo, la Sala encuentra que el tema de los factores que componen la base salarial para liquidar la pensión sanción del actor, no fue objeto de controversia alguna por parte de la entidad demandada en la apelación y, por tanto, no fue materia de análisis por parte del fallador de segunda instancia, quien se limitó a estudiar los puntos objeto de inconformidad del recurso de apelación, de tal suerte que el Tribunal carecía de competencia para hacerlo y, en esa medida, no pudo incurrir en los yerros jurídicos que lo acusa la censura.

Es de recordar que, de vieja data, la jurisprudencia del trabajo ha establecido que quien recurre en sede del recurso extraordinario de casación no puede pretender introducir hechos que no fueron previamente puestos a consideración de quienes participan en el proceso judicial, a fin de que sean controvertidos y discutidos, de tal modo que buscar un pronunciamiento de esta Corporación sobre este tipo de hechos en conocimiento del referido recurso desconoce el respeto estricto que debe darse al derecho fundamental al debido proceso, a la defensa y a la contradicción, por lo que la pretensión de la sociedad recurrente está llamada al fracaso, dado que, se itera, la conformación de la base de liquidación de la pensión sanción del demandante no fue objeto del recurso de apelación con que confirmó la decisión de primer grado y, en consecuencia, no fue analizado por la sentencia emitida por el fallador de segunda instancia, por virtud de lo dispuesto en el artículo 66A del C.P.T.S.S, que establece que la decisión de segunda instancia debe estar en consonancia con la materia objeto del recurso de apelación

Igual suerte debe correr la objeción de la censura, relativa a que la fórmula de indexación se aplicó de manera errada, al haber tomado equivocadamente los índices de precios inicial y final, al afirmar que las fechas de referencia eran diciembre de 1992 y diciembre de 1995, respectivamente, pues lo que busca, en última, la parte recurrente es que la Corte se pronuncie de cara a un tema analizado por el juez de primer grado y que no fue cuestionado en el recurso de apelación que propuso y, por ende, no fue materia de estudio del Tribunal, motivo por el cual estudiarlo ahora implicaría un desconocimiento del principio de consonancia establecido en el artículo 66 A del Código Procesal del Trabajo.

Lo anterior, es suficiente para el fracaso del ataque, pues permite apreciar que el entendimiento que dio el Tribunal al artículo 34 del CST, en el marco de la apelación fue adecuado.

Por lo descrito, el cargo no prospera.

CARGO SEGUNDO

Acusa la providencia por la vía indirecta, en la modalidad de aplicación indebida de los artículos: 34, 62, y 64 del CST, 60 y 61 del CPTSS.

Enlista como errores de hecho:

Dar por demostrado, sin estarlo, que la demandante dio por terminado el contrato de trabajo que tuvo con su empleador, debido al incumplimiento de este de sus obligaciones laborales.

No dar por demostrado, estándolo, que la demandante no expresó en la comunicación sobre su renuncia “motivos diferentes a los no personales de mi retiro voluntario”.

Dar por demostrado, sin estarlo, que la demandante incluyó en su carta de renuncia como razones de la misma, los supuestos incumplimientos de su empleador respecto de las obligaciones laborales, precisando las circunstancias de modo tiempo y lugar de los mismos.

Expone que tales errores se derivan de la errada valoración de la «Comunicación de la demandante del 10 de diciembre de 2010», y los testimonios de «Robert González y Jhon Jairo Tirado».

En la sustentación, aduce que el colegiado para confirmar la condena impuesta en primera instancia por concepto de «indemnización por la forma de terminación del contrato de trabajo», se fundó en la documental de folio 42, sin embargo se equivocó por cuanto «leyó algo muy diferente a lo que se consigna por la demandante en tal comunicación», toda vez, que allí ella adujo que «no me pareció conveniente expresar con mayores detalles los motivos diferentes a los no personales de mi retiro voluntario», expresión esta, que en sentir de la censura, permite colegir que «(…) la razón de su renuncia es su decisión de retirarse voluntariamente», y «que expresamente omite manifestar motivos diferentes a los no personales».

Además de lo precedente, dice que, en la mencionada comunicación, se puede leer que las razones «no personales» se refieren a aspectos operativos, logísticos, financieros y profesionales, mas no se incluyeron «los supuestos o reales incumplimientos del empleador en relación con las obligaciones laborales suyas con la actora».

Anota que aunque en la aludida carta, se mencionaron «pagos no completos e impuntuales», por ninguna parte figura que se estuviera refiriendo a los relacionados con sus derechos laborales, sino que por el contrario, los asocia con «un clima operativo de descontento (…)», de lo que se debe entender que, estaba haciendo alusión a los pagos operativos que el empleador debió hacer, pero no a los laborales relacionados con ella.

Agrega que aunque en la documental acusada, alude a «descuentos y préstamos de mi salario para solventar responsabilidades de la empresa», no indicó cuándo se hicieron tales descuentos o préstamos, ni precisó la cuantía, por tanto, no cumplió con la obligación del artículo 7 del Decreto 2351 de 1965, cuando de acuerdo a lo dicho por esta Corporación, ha debido precisar los hechos y las circunstancias que configuran la justa causa, por ende, si se aceptara que invocó motivos diferentes a los personales, «no lo hizo con las condiciones ordenadas por la norma antes mencionada, lo que inhabilita su comunicación del 10 de diciembre de 2010 para tener por medio de ella cumplido lo mandado en el parágrafo del artículo 7 del decreto 2351 de 1965».

Arguye que, acreditado el yerro con la prueba calificada, en lo concerniente a los dos testimonios acusados, se aprecia que describieron de manera genérica lo concerniente al incumplimiento del empleador respecto del pago de salarios a su cargo, y de la liquidación del contrato, pero «tales omisiones y deficiencias del empleador no tienen ninguna incidencia en la causación de la indemnización (…)».

CONSIDERACIONES

De acuerdo con lo planteado por la recurrente, se procede a examinar, si como lo afirma en su recurso, la misiva que acusa, se centró en describir que la renuncia era por motivos personales, lo que excluiría las razones de tipo laboral que encontró el sentenciador plural.

La libelista dice que, desde el comienzo de la misiva de 10 de diciembre de 2010, la trabajadora adujo que la renuncia era por motivos personales, cuando apuntó que «no me pareció conveniente expresar con mayores detalles los motivos diferentes a los no personales de mi retiro voluntario».

La anterior manifestación, debe valorarse teniendo en cuenta lo que expuso en renglones anteriores de la misiva, en donde explicó que el 20 de noviembre de 2010, había enviado un correo electrónico a la empleadora y haciendo alusión a dicha comunicación, adujo que en tal oportunidad no le pareció conveniente describir motivos diferentes a los personales para fundar su renuncia.

Por tanto, en relación con la documental de folio 42, que es la que acusa el cargo, jamás afirmó que la dimisión fuera por motivos personales, sino que se reitera, tal expresión era haciendo alusión a una misiva anterior, que no es objeto de acusación en el sub examine.

Posteriormente la censura argumenta que cuando en la carta bajo análisis, la actora endilgó dentro de los motivos de renuncia los «Pagos no completos e impuntuales observados en mi estadía en Gestión Integral», no se estaba «refiriendo a los relacionados con sus derechos laborales», sino que tal anotación era atinente «a los pagos operativos que el empleador debe hacer pero no a los puramente laborales».

De acuerdo con el sentenciador colegiado, cuando la actora se refirió a los «pagos no completos e impuntuales observados en mi estadía en Gestión Integral», hacía referencia al salario, lo cual dentro del marco de lo establecido en el artículo 61 del CPTSS, constituye un entendimiento válido que debe respetarse, por ello precisamente, el dislate que da lugar a la anulación del fallo, debe ser evidente, manifiesto o protuberante, tal y como lo enseñó esta Corporación en providencia CSJ SL 2 sep. 2008, rad. 31701, prohijada en sentencia CSJ SL925-2018, en donde se puntualizó:

Aquí se impone a la Sala recordar lo que de antaño ha enseñado en torno a que cuando el ataque se endereza por la vía de los hechos no es cualquier desatino del juzgador el que da al traste con su proveído, sino únicamente aquél que tenga la connotación de “manifiesto”. Ese carácter surge frente a transgresiones fácticas patentes, provenientes de desaguisados en el examen de los elementos de juicio que conforman el haz probatorio, ya bien por haberlos apreciado equivocadamente, ora por no haberlos estimado.

No basta entonces que el recurrente dé explicaciones así sean razonables sobre los eventuales asertos erróneos del fallador o que se limite a enfrentar sus conclusiones con las de éste, sino que además de identificar y demostrar el desacierto de hecho ostensible debe acreditar, con base en el contenido de las pruebas, qué es lo que ellas en verdad acreditan y su incidencia en la equivocada resolución judicial.

Por ende, en el presente caso, la valoración que efectuó el colegiado del folio 42, al entender que cuando la trabajadora hizo mención a los «Pagos no completos e impuntuales observados en mi estadía en Gestión Integral», se refería a los salarios, no constituye una apreciación irrazonable, o que conduzca a enmarcar tal inferencia dentro de un dislate protuberante, sino que, como ya se apuntó, era una inferencia válida del texto.

Teniendo presente que no se vislumbra de la prueba calificada la comisión de un yerro con las características de manifiesto y protuberante, no hay lugar al examen de la testimonial.

De lo que viene de estudiarse, el cargo no sale avante.

Sin costas en el trámite extraordinario, dado que no hubo oposición al recurso.

DECISIÓN

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, NO CASA la sentencia proferida por la Sala Laboral del Tribunal Regional de Descongestión con sede en el Distrito Judicial de Santa Marta, el 31 de octubre de 2013, en el proceso ordinario laboral adelantado por LIZETTE PAOLA MEJÍA HURTADO, en contra de ELECTRIFICADORA DEL CARIBE S.A. ESP – ELECTRICARIBE S.A. – ESP, y GESTIÓN INTEGRAL DE SERVICIOS PÚBLICOS E INGENIERÍA LTDA, al que se vinculó como llamada en garantía la COMPAÑÍA ASEGURADORA DE FIANZAS S.A. – CONFIANZA S.A.

Costas como se dijo.

Cópiese, notifíquese, publíquese, cúmplase y devuélvase el expediente al tribunal de origen.

DONALD JOSÉ DIX PONNEFZ

JIMENA ISABEL GODOY FAJARDO

JORGE PRADA SÁNCHEZ

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