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Corte Suprema de Justicia · Sala de Casación Laboral

Sentencia SL1295-2022

Fecha
6 de abril de 2022
Magistrado ponente
Donald Jose Dix Ponnefz

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia SL1295-2022

Corte Suprema de Justicia · Sala de Casación Laboral

Parte resolutiva

DECISIÓN En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, CASA la sentencia dictada por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín, el 8 de agosto de 2019, en el proceso laboral seguido por HERNANDO ANTONIO VÉLEZ contra la ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES –COLPENSIONES y la sociedad vinculada PROCESADORA ANTIOQUEÑA DE MADERAS S. EN C. (PRAM S. EN C.), en cuanto revocó el fallo condenatorio proferido por el juez de primer grado. En sede de instancia, RESUELVE: PRIMERO: MODIFICAR el numeral cuarto y REVOCAR el numeral sexto de la sentencia dictada por el Juzgado Quinto Laboral del Circuito de Medellín, el 12 de septiembre de 2017, los cuales quedarán así: CUARTO: ORDENAR a la ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES - COLPENSIONES, le reconozca al demandante los intereses moratorios de que trata el artículo 141 de la Ley 100 de 1993, sobre las mesadas adeudadas, a partir del 16 de marzo de 2015 hasta el efectivo pago de lo debido. SEXTO: CONDENAR a la sociedad PRAM S. EN C., a cancelar a Colpensiones, los aportes a pensión en mora a favor del demandante, correspondientes al periodo del 1 de marzo de 1988 al 31 de diciembre de 1994, previo cálculo actuarial realizado por la entidad administradora de pensiones. SEGUNDO: CONFIRMAR en todo lo demás el fallo apelado y consultado. Costas como se indicó.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Corte Suprema de Justicia

Sala de Casación Laboral

Sentencia SL1295-2022

Magistrado ponente: Donald Jose Dix Ponnefz

6 de abril de 2022

DONALD JOSÉ DIX PONNEFZ

Magistrado ponente

SL1295-2022

Radicación n.° 86400

Acta 12

Bogotá, D. C., seis (6) de abril de dos mil veintidós (2022).

La Sala decide el recurso de casación interpuesto por HERNANDO ANTONIO VÉLEZ contra la sentencia proferida por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín, el 8 de agosto de 2019 en el proceso seguido contra la ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES -COLPENSIONES a la que fue vinculada la sociedad PROCESADORA ANTIOQUEÑA DE MADERAS S. EN C. (PRAM S. EN C).

Mediante escrito recibido el 9 de febrero de 2022, el recurrente, pone en conocimiento de esta Sala, bajo juramento, su estado de pobreza, que «no tiene renta diferente a la de su pensión equivalente a un salario mínimo, del cual deriva el sustento de su hogar», que es «persona de avanzada edad», «analfabeta» y «con padecimientos y limitaciones físicas», razones por las cuales solicita la concesión del amparo de pobreza, conforme a lo dispuesto en el artículo 151 del Código General del Proceso.

Cabe advertir, que el amparo de pobreza tiene su viabilidad en las instancias ordinarias del proceso, pues ese es el escenario idóneo para que las personas puedan reclamar la satisfacción de los derechos supuestamente vulnerados, de suerte que una decisión de tal naturaleza no está en cabeza de la Corte, en tanto su función de juez de la casación impone la tarea de confrontar la sentencia gravada con la ley, en desarrollo de su misión unificadora de la jurisprudencia nacional (CSJ AL4878-2018). En consecuencia, esta Corporación carece de competencia para pronunciarse sobre la referida solicitud.

ANTECEDENTES

Hernando Antonio Vélez llamó a juicio a Colpensiones, con el fin de que se declarara que es beneficiario del régimen de transición del artículo 36 de la Ley 100 de 1993; en consecuencia, se le condenara a reconocerle la pensión de vejez consagrada en el Acuerdo 049 de 1990, aprobado por el Decreto 758 de la misma anualidad, a partir del 7 de junio de 2012, fecha de cumplimiento de los requisitos legales, 60 años y 1000 semanas de cotización, los intereses de mora previstos en el artículo 141 de la citada ley y las costas procesales.

Como fundamento de sus pretensiones, relató que nació el 7 de junio de 1952; que al 1 de abril de 1994, calenda en que entró en vigencia la Ley 100 de 1993, contaba más de 40 años; que por haber reunido los requisitos legales, solicitó a Colpensiones el reconocimiento de la pensión de vejez que le fue negada mediante la Resolución n.° 253540 de octubre de 2013, en la que indicó que tenía una totalidad de 1122 semanas de cotización, pero que «no logró acreditar los requisitos mínimos de edad y semanas cotizadas».

Manifestó que recurrió la anterior decisión de la administradora de pensiones, pero fue confirmada a través de la Resolución GNR 175106 del 19 de mayo de 2014; que de acuerdo con su historia laboral expedida por Colpensiones, actualizada el 10 de septiembre de 2014, a pesar de que allí consta una densidad de 1182 semanas cotizadas, se presentaron inconsistencias con los siguientes números patronales:

[…] 2012600646-2013800569, 2012600933, 2032601619, 2013801394, 2019000015, 2019000026, 2019000046, 2032601507, 2019000015 (sic), 2013700024, 2019000015 (sic), 2162601626, 2013502318, 2019000114, 800045577, 860025639, 890920785, 8110066111, 900402089, 8110156024.

Afirmó que el aludido reporte, registró cotizaciones simultáneas con diferentes empleadores, entre «noviembre de 1987 y el 31 de diciembre de 1994» que se verifican con los expedidos por el extinto ISS; consignó un cuadro detallado con el nombre del empleador, los periodos y número de semanas cotizadas que totalizó en 1.278.29, las contabilizadas por Colpensiones en 1.179.18 y las no tenidas en cuenta en 99.12.

Señaló que en la última historia laboral, se desconocieron «unos tiempos laborados en la empresa PRAM LTDA», los cuales aparecen relacionados en los reportes emitidos por el extinto ISS por los periodos «desde noviembre de 2011 (sic) hasta el 31 de diciembre de 1994» con mora de este empleador, como lo validó la entidad con la comunicación del 18 de agosto de 1995.

Señaló que al 25 de julio de 2005, fecha en que comenzó a regir el Acto Legislativo 01 de 2005, tenía cotizadas 806.86 semanas, densidad superior a la mínima requerida para que se le hiciera extensivo el régimen de transición hasta el año 2014, fecha para la cual contaba más de 60 años y un total de 1.278.29 semanas; que, con las resoluciones emitidas por la demandada, el 9 de octubre de 2013 y 19 de mayo de 2014, «se entiende agotada la vía gubernativa» (f.°2 a 9).

Colpensiones al contestar, se opuso a las pretensiones de la demanda; admitió los hechos, con la salvedad de que la transición de la que afirma es beneficiario, es objeto de debate en el proceso; que no le constan los supuestos señalados por las inconsistencias presentadas con distintos empleadores, pero «se acepta como cierto, si así aparece probado con las pruebas documentales idóneas» aportadas por el actor con el libelo introductor, en tanto a él corresponde la carga de la prueba; aclaró que el demandante tampoco reúne los requisitos para obtener la pensión con fundamento en el artículo 9 de la Ley 797 de 2003 ni es beneficiario del régimen de transición, porque en vigencia del Acto Legislativo 01 de 2005, no tenía 750 semanas cotizadas.

En su defensa, argumentó que el accionante, si bien al tenor de lo dispuesto en el artículo 12 del Acuerdo 049 de 1990, tenía cumplido el requisito de los 60 años, no así las 500 semanas de cotización dentro de los 20 años anteriores a su cumplimiento ni las 1000 en toda la vida laboral.

Propuso las excepciones de mérito de prescripción, compensación y las que denominó inexistencia de la obligación por ausencia de uno de los requisitos legales para el reconocimiento de la pensión de vejez; petición de lo no debido; petición antes de tiempo; improcedencia de la pretensión retroactivo pensional indexado; improcedencia de los intereses de mora; improcedencia de la indexación de las condenas; buena fe de Colpensiones; imposibilidad de condena en costas; y, la «INNOMINADA», que debe declararse si se encontrare probada conforme a lo dispuesto en el artículo 306 del entonces vigente Código de Procedimiento Civil (f.°43 a 49).

El a quo, mediante auto de fecha 9 de abril de 2015 (f.°67), ordenó vincular al proceso a la empresa «PRAM LTDA»; posteriormente, por solicitud del demandante conforme al certificado de existencia y representación legal de folios 147 a 150, de mediante providencia del 16 de noviembre de 2016 (f.°131), dispuso el emplazamiento de la «PROCESADORA ANTIOQUEÑA DE MADERAS S. EN C. (PRAM S. EN C.)» y ordenó el nombramiento de Curador ad litem para su representación.

Esta sociedad «PRAM S. en C.», al responder por intermedio del auxiliar de la justicia designado, indicó que, sobre las pretensiones de la demanda, se atenía a lo que se hallare probado en el proceso, que no le correspondía la obligación de reconocer la pensión de vejez pretendida sino a la entidad administradora de pensiones. De los hechos, aceptó la fecha de nacimiento del actor, su condición de beneficiario del régimen de transición del artículo 36 de la Ley 100 de 1993, la solicitud de concesión de la prestación a Colpensiones, las respuestas negativas de la entidad y la densidad de cotizaciones efectuadas conforme a las documentales anexadas al expediente; sobre los demás, dijo que no le constaban.

Precisó que «los hechos que sirven de fundamento, se derivan de las pruebas documentales aportadas con la demanda», por cuanto desconoce «la versión» de la parte representada; alegó la improcedencia de la condena por mora en los aportes, toda vez que operó la prescripción extintiva de la acción, por haber transcurrido más de cinco años de conformidad con el Estatuto Tributario.

Formuló las excepciones de mérito de prescripción y las que denominó falta de legitimación en la causa por activa y la «INNOMINADA o GENÉRICA» (f.°136 a 146).

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

El Juzgado Quinto Laboral del Circuito de Medellín, dictó fallo del 12 de septiembre de 2017 (f.° CD 162), mediante el cual resolvió:

PRIMERO: DECLARAR que al señor HERNANDO ANTONIO VÉLEZ, […], le asiste el derecho al reconocimiento y pago de la pensión de vejez, en aplicación del régimen de transición regulado en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, concediendo el derecho pensional bajo los requisitos del artículo 12 del Decreto 758 de 1990 (sic), según lo explicado en los antecedentes de esta decisión.

SEGUNDO: CONDENAR a COLPENSIONES a reconocer y pagar al señor HERNANDO ANTONIO VÉLEZ, […] la suma de $23.421.865.00, por concepto de retroactivo pensional, liquidado entre el 1 de marzo de 2015 y el 30 de septiembre de 2017, según lo indicado en la parte motiva del presente fallo. Se autoriza a la entidad demandada realizar las deducciones de Ley.

TERCERO: CONDENAR a COLPENSIONES a reconocer y pagar al señor HERNANDO ANTONIO VÉLEZ, a partir del 1° de octubre de 2017 mesadas pensionales en equivalencia a $754.782,00, sobre el cual se ordena aplicar los aumentos y deducciones de ley, a razón de 13 mesadas por año, según lo explicado en el devenir de esta sentencia.

CUARTO: CONDENAR a COLPENSIONES a reconocer y pagar al señor HERNANDO ANTONIO VÉLEZ, los intereses moratorios de que trata el artículo 141 de la Ley 100 de 1993, aplicados sobre el retroactivo que se concede en esta providencia, los cuales se habrán de liquidar a partir del 1 de marzo de 2015 y hasta la fecha en que se haga efectivo el pago de la obligación. […].

QUINTO: Se declaran imprósperas las excepciones formuladas por la abogada de Colpensiones y el Curador ad litem, atendiendo las razones expuestas en esta providencia.

SEXTO: Se ABSUELVE a la entidad PRAM S. en C., de todas las pretensiones propuestas por el actor, a razón y concordancia a lo explicado en esta sentencia.

SÉPTIMO: CONDENAR en COSTAS a COLPENSIONES […].

OCTAVO: De conformidad con lo establecido en el Art. 69 del C.P.L. en caso de que la presente decisión no sea recurrida por la parte demandada, se ordena la remisión del expediente en el grado Jurisdiccional de consulta ante la H. Sala Laboral del Tribunal Superior de Medellín, en el efecto SUSPENSIVO, por resultar adversa a la Nación. […].

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

La Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín, por apelación interpuesta por Colpensiones y en grado jurisdiccional de consulta a su favor, profirió sentencia el 8 de agosto de 2019 (f.° 199 CD), mediante la cual revocó la del a quo, declaró probada la excepción de inexistencia de la obligación, por ausencia de uno de los requisitos legales para el reconocimiento de la pensión de vejez, y en su lugar, absolvió a la entidad apelante; gravó con costas al actor.

En lo que interesa al recurso extraordinario, el Tribunal manifestó que el problema jurídico a resolver consistía en establecer si el demandante tenía reunidos los requisitos de edad y densidad de cotizaciones para causar el derecho a la pensión de vejez, consagrada en el artículo 12 del Acuerdo 049 de 1990.

Adujo que no existía controversia sobre los siguientes supuestos fácticos: i) que Hernán Antonio Vélez, nació el 7 de julio de 1952 y para el 1 de abril de 1994, contaba con 41 años edad, por lo que era beneficiario de la transición prevista en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, conforme al registro civil de nacimiento allegado al expediente; ii) que en la historia laboral aportada por el ISS, actualizada el 6 de abril de 2015 (f.°74 a 84), registra un total de 1208 semanas cotizadas entre el 17 de enero de 1977 y 28 de febrero de 2015 de las cuales 719.17 se efectuaron antes del 29 de julio de 2005; iii) que el actor elevó solicitud pensional ante Colpensiones, el 8 de octubre de 2013, la que fue negada con la Resolución GNR253540 del día siguiente, por cuanto no reunía los requisitos exigidos de edad y cotizaciones requeridas por el artículo 33 de la Ley 100 de 1993, modificado por el 9 de la 797 de 2003; iv) que posteriormente el ISS, con la Resolución 175106 del 19 de mayo de 2014, desató el recurso de reposición interpuesto por el demandante e indicó que había perdido el beneficio de la transición, por no contar con 750 semanas cotizadas a la fecha de entrada en vigencia del Acto Legislativo 01 de 2005.

Explicó el régimen de transición establecido en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993 y los requisitos para hacerlo extensivo hasta el 31 de diciembre de 2014, conforme al parágrafo 4 del artículo 1 del Acto Legislativo 01 de 2005. Se remitió a la sentencia de esta Corporación CSJ SL1355-2019 alusiva a la mora patronal y a los aportes a pensión que deben derivarse de una efectiva prestación personal del servicio; que es «necesario que existan pruebas razonables o inferencias plausibles sobre la existencia de un vínculo laboral, bien sea regida por un contrato de trabajo o por una relación legal y reglamentaria».

Indicó que si bien, el demandante en principio era beneficiario del régimen de transición del artículo 36 de la Ley 100 de 1993, lo que permitía acceder a la pensión de vejez regulada en el Acuerdo 049 de 1990, aprobado por el Decreto 758 de ese año, en este caso no era posible, en tanto coligió de la última historia laboral aportada por Colpensiones (f.°82 a 84), que para el 7 de junio de 2012, cuando cumplió 60 años de edad, tenía reunidas 1070 semanas cotizadas; sin embargo, para esta data no era aplicable el mencionado Acuerdo, en tanto el beneficio de la transición, no se le extendió hasta el 31 de diciembre de 2014, debido a que al 29 de julio de 2005 no contaba con las 750 semanas mínimas requeridas para tales efectos – tan solo reunió 719.17- y tampoco las contempladas en el «nuevo sistema general de pensiones».

Explicó que el juez de primera instancia, luego de examinar las distintas historias laborales allegadas al plenario y la certificación que obra en folio 38, concluyó que el actor tenía 750 semanas de cotización a la entrada en vigencia del Acto Legislativo, pues contabilizó 72 que se «encontraban en mora o con inconsistencias» antes de esta reforma constitucional.

Aseguró que al verificar los mencionados documentos, observó que la mora endilgada al empleador Pram S. en C., carecía de respaldo probatorio al interior del proceso, toda vez que a pesar de que el accionante allegó con la demanda,

[…] una certificación proveniente del Departamento de Historia Laboral y Nómina de Pensionados del Seguro Social (sic) Seccional Antioquia de fecha 18 de agosto de 1995, que no fue tachada por la entidad accionada, según la cual el afiliado Hernando Antonio Vélez, registra 73 semanas en mora por parte del empleador Pram Ltda. (sic)., entre los meses de mayo de 1989 y mayo de 1990, así como otros periodos variados según la certificación, lo cierto es que la certificación no acredita por sí misma la continuidad de la relación laboral entre el demandante y la empresa, más allá del 29 de febrero de 1988, fecha en que se efectuó la última cotización al sistema general de pensiones por ese empleador, según se observa en la historia laboral de folio 82; sumado a lo anterior, la referida certificación resulta contradictoria respecto a la historia laboral obrante a folios 70 al 73, pues en la primera se alude a un periodo de mora entre los meses de mayo de 1989 y mayo de 1990, mientras que en la historia laboral se anuncia la existencia de una deuda por cobrar al empleador Pram Ltda. por el periodo comprendido entre el 1 de marzo de 1988 y el 31 de diciembre de 1994, es decir un lapso superior.

Afirmó que en el periodo del 1 de marzo de 1988 al 31 de diciembre de 1994, el demandante Vélez, registra afiliaciones y cotizaciones con otros empleadores: Servicio a Uno Limitada, Melco de Colombia Ltda., Variedades Industrias y Compañía los Cárdenas Ltda., Asertex Ltda. y A Hora Ltda.

Infirió de lo anterior, que la relación laboral del accionante con la sociedad «Pram Ltda.» hoy Pram S. en C., no continuó vigente hasta el 31 de diciembre de 1994, toda vez que por el hecho de que no se hubiese reportado la novedad de su retiro, no significaba que el vínculo se extendió, como equivocadamente lo asumió el juez unipersonal.

Expresó que no compartía el criterio en cuanto a la mora de las cotizaciones con esta última sociedad, «declaradas por el a quo, en aquellos vacíos de la historia laboral cuando se pasa de un empleador a otro», por cuanto la ausencia de la novedad de retiro del sistema, no convalida «como laborado y no cotizado el tiempo transcurrido hasta que inician cotizaciones de un nuevo empleador».

Agregó que no encontró probada la mora alegada por el demandante, que no podía «declarar probado un hecho de esa magnitud con tantas y definitivas implicaciones que no depende únicamente del reporte de una simple novedad», pues se requerían pruebas en cuanto a la existencia de la relación laboral y su continuidad, para cuyo fin se podía acudir a los distintos medios de convicción «relevantes e idóneos», como el «contrato de trabajo, las colillas de pago de nómina o la liquidación definitiva de prestaciones sociales» o los testimonios y «no dejar al azar la demostración de ese hecho como efectivamente ocurrió», conforme a las exigencias del artículo 167 del Código General del Proceso en relación con la carga de la prueba que gravita en la parte demandante, actividad que este no realizó.

Concluyó que el actor no acreditó el derecho a obtener la pensión de vejez reclamada, bajo los lineamientos del Acuerdo 049 de 1990, por no contar con 750 semanas de cotización que le hicieran extensivo hasta diciembre de 2014, el beneficio de la transición del Acto Legislativo 01 de 2005 y tampoco conforme al nuevo sistema general de pensiones, razón por la cual decidió revocar el fallo del juez unipersonal.

RECURSO DE CASACIÓN

Interpuesto por el demandante, concedido por el Tribunal y admitido por la Corte, se procede a resolver.

ALCANCE DE LA IMPUGNACIÓN

Pretende el recurrente que la Corte case la sentencia impugnada y en sede de instancia, se confirme la proferida por el juez de primer grado, «mediante la cual se accede a la totalidad de las pretensiones del demandante, lo cual consideró procedente […]».

Con tal propósito, formula tres cargos por la causal primera de casación, que fueron oportunamente replicados y se procede a su estudio de manera conjunta, por cuanto se denuncia similar elenco normativo, se sirven de iguales argumentos y persiguen un solo objetivo.

CARGO PRIMERO

Denuncia la violación indirecta en la modalidad de aplicación indebida de,

[…] los artículos 13, 29 y 53 de la Constitución Política, ley 594 de 2000, Acuerdo 049 de 1990, aprobado por el Decreto 758 del mismo año, del artículo 193 y numeral 2° del artículo 259 del Código Sustantivo del Trabajo (en adelante C.S.T), en relación con el artículo 11 y 57 del Acuerdo N° 224 de 1966, aprobado por el Decreto N° 3041 de 1966, los anteriores en relación con los artículos 4, 5, 6, 7, 8, 11, 13, 14 y 25 del Decreto ley 1650 de 1977, todo lo anterior en consonancia con los artículos 4, 11, 33, 34, 35, 36, 37, 53 y 141 de la ley 100 de 1993, los numerales 2 y 4 del artículo 42 y el artículo 167 del Código General del Proceso.

Para su demostración, trascribe apartes del fallo cuestionado y aduce que se equivocó el ad quem en el razonamiento realizado a partir del análisis de las pruebas documentales, toda vez que en los folios 21 a 38 del expediente, reposan las documentales que acreditan la mora del empleador Pram S. en C., conforme lo certificó el ISS, prueba que no fue objeto de tacha y por tanto, goza de plena validez probatoria, «incluso, demuestra que existe un actuar tardío y negligente de la entidad en el cobro»; que la apreciación errada conlleva la violación del artículo 193 del Código Sustantivo del Trabajo, en razón a que «el riesgo luego de la afiliación radica en cabeza del fondo», cuyo deber es efectuar las acciones tendientes al recaudo de los aportes.

Precisa que la relación laboral del accionante con la mencionada empresa existió por más de 20 años «y poner en tela de juicio la continuidad de la relación laboral implica en primera medida una violación de los derechos fundamentales de la igualdad, al debido proceso pues se introduce un nuevo elemento a la discusión probatoria que en sede de primera instancia no se incluyó». Que en la etapa de fijación del litigio se validó que las partes se encontraban debidamente representadas, tampoco se cuestionó en los alegatos de conclusión dicho vínculo y que el actor «es una persona que no posee estudios, por lo tanto, su actuar al ventilar las pretensiones fueron de buena fe con sus empleadores confiando en los aportes que estos le realizaban a seguridad social».

Se remite al argumento del juez colegiado relativo a la ausencia de prueba sobre el nexo de trabajo entre el promotor del proceso y Pram S en C., y al vínculo con otros empleadores en el mismo periodo del 1 de marzo de 1988 al 31 de diciembre de 1994, para reprochar sus inferencias sobre la continuidad de la prestación del servicio, porque a su juicio, la simultaneidad de vínculos y la falta de aportes, no implica que hubiere cesado la que existió con aquél empleador.

Dice que el fallador debió concluir que hubo una conducta negligente de la entidad accionada, en el cobro de los aportes en razón a que el demandante es afiliado y no existe reporte o novedad de retiro; que conforme a los lineamientos de la sentencia CC T-463-2016, es la administradora de pensiones la obligada a conservar la información, garantizarla en condiciones de seguridad, actualizar y rectificar, pues cuenta con las facultades para hacer los requerimientos, adelantar las investigaciones pertinentes para comprobar la certeza de los hechos generadores, «así como citar a empleadores o terceros para que rindan informes necesarios para las correcciones a esas irregularidades, conforme lo establece el artículo 53 de la Ley 100 de 1993».

Menciona que el razonamiento del colegiado contraviene los postulados constitucionales, en la medida en que impone cargas probatorias desproporcionadas al actor, porque la existencia o no de la relación laboral con Pram S. en C., no fue objeto de debate o de excepción formulada por el Curador Ad litem que se le designó o por parte de Colpensiones y tampoco de apelación; que si bien, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 167 del CGP, existe el deber de probar el supuesto de hecho de las normas que consagran el efecto jurídico que ellas persiguen, también existe la carga dinámica de la prueba y se puede exigir a cualquiera de las partes la demostración de los supuestos de hecho y además, el deber del juez como director del proceso, de decretar pruebas de oficio acorde con el artículo 42 ibídem.

CARGO SEGUNDO

Denuncia la violación indirecta,

[…] y en concreto de los artículos 13, 29 y 53 de la Constitución Política, ley 594 de 2000, Acuerdo 049 de 1990, aprobado por el Decreto 758 del mismo año, del artículo 193 y numeral 2° del artículo 259 del Código Sustantivo del Trabajo (en adelante C.S.T), en relación con el artículo 11 y 57 del Acuerdo N° 224 de 1966, aprobado por el Decreto N° 3041 de 1966, los anteriores en relación con los artículos 4, 5, 6, 7, 8, 11, 13, 14 y 25 del Decreto ley 1650 de 1977, todo lo anterior en consonancia con los artículos 4, 11, 33, 34, 35, 36, 37, 53 y 141 de la ley 100 de 1993 los numerales 2 y 4 del artículo 42 y el artículo 167 del Código General del Proceso […].

Manifiesta que erró el juez colegiado: i) al no tener por demostrado estándolo, que Colpensiones no cumplió con su obligación legal de cobro de los aportes en mora del empleador Pram S. en C., por el período comprendido entre el 1 de marzo de 1988 y 31 de diciembre de 1994; que lo anterior se infiere del documento de folio 38, los reportes de las semanas cotizadas en el lapso de 1967 a 1994 solicitados por el juez unipersonal (f.°68), los obrantes en folios 69 a 71 y siguientes allegados por Colpensiones, que demuestran que esta entidad no hizo requerimientos para obtener el pago; ii) Dar por no demostrado, estándolo, que el accionante había reunido 806,86 semanas de cotización a la fecha de entrada en vigencia del Acto Legislativo 01 de 2005.

Afirma que el Tribunal coligió erróneamente, que «el hecho de que no se hubiera reportado la novedad de retiro con ese empleador, no significa necesariamente la continuidad de la relación laboral», lo que equivale a trasladar un riesgo al afiliado que no está en deber de soportar y según el numeral 2 del artículo 193 del CST, ello es responsabilidad del fondo de pensiones, pues en caso de duda sobre su existencia, la misma debía ser «ventilada o cuestionada» por la demandada, conforme a lo dispuesto en el artículo 53 de la Ley 100 de 1993.

CARGO TERCERO

Lo presenta en los siguientes términos:

Por la causal primera de casación laboral por violación indirecta de la ley sustancial y en concreto de los artículos 13, 29 y 53 de la Constitución Política, Ley 594 de 2000, Acuerdo 049 de 1990, aprobado por el Decreto 758 del mismo año, del artículo 193 y numeral 2° del artículo 259 del Código Sustantivo del Trabajo (en adelante C.S.T), en relación con el artículo 11 y 57 del Acuerdo N° 224 de 1966, aprobado por el Decreto N° 3041 de 1966, los anteriores en relación con los artículos 4, 5, 6, 7, 8, 11, 13, 14 y 25 del Decreto ley 1650 de 1977, todo lo anterior en consonancia con los artículos 4, 11, 33, 34, 35, 36, 37, 53 y 141 de la ley 100 de 1993 los numerales 2 y 4 del artículo 42 y el artículo 167 del Código General del Proceso, en la modalidad de error de hecho por dar por probado un hecho sin estarlo […].

Refiere que el Tribunal tuvo por probada la excepción de «INEXISTENCIA DE LA OBLIGACIÓN POR AUSENCIA DE UNO DE LOS REQUISITOS LEGALES PARA EL RECONOCIMIENTO DE LA PENSIÓN DE VEJEZ», con fundamento en que,

[…] el simple hecho de no reportar la novedad formal de retiro ante el Sistema General de Pensiones no convalida como laborado y no cotizado el tiempo transcurrido hasta que inician cotizaciones de un nuevo empleador, en efecto la mora que se reclama en la presente litis no se encuentra acreditada, no siendo posible admitir que la simple omisión de reportar la novedad de retiro del Sistema General de Pensiones como un indicador de la continuidad de la relación laboral.

Consideró el ad quem que no se acreditó la continuidad del vínculo con Pram S. en C., pero que la demandada no cuestionó este supuesto y el juzgador le restó valor a los documentos que reposan en los folios 21 y siguientes y en el 38, «dándole mayor peso a las resoluciones que negaron la prestación» reclamada, las que de haber analizado armónicamente, lo habrían conducido a inferir que «el actuar de la administradora de pensiones fue tardío y negligente».

RÉPLICA

Colpensiones señaló que el Tribunal no se equivocó en su decisión, pues en ejercicio de su facultad de libre formación del convencimiento consideró que no existen elementos de juicio que brindaran certeza de que «en los períodos señalados supuestamente en mora», existió vínculo laboral o se hayan dejado de efectuar cotizaciones, pues no se aportaron pruebas para inferir la referida mora patronal.

CONSIDERACIONES

El ad quem coligió que al demandante no le asistía el derecho a obtener el reconocimiento de la pensión de vejez, de conformidad al Acuerdo 049 de 1990, aprobado por el Decreto 758 del mismo año, pues de la certificación de folio 38 y de la historia laboral actualizada a abril de 2015 (f.°82 a 84) expedidas por el ISS, dedujo que no reunió la densidad de cotizaciones requeridas; que no demostró la continuidad de su vínculo laboral con la empresa Pram S. en C., ni la mora de esta en el pago de los aportes a pensión correspondientes al periodo transcurrido entre marzo de 1988 y diciembre de 1994.

Dedujo que el beneficio de la transición del artículo 36 de la Ley 100 de 1993, no se le extendió hasta el 31 de diciembre 2014, conforme al Acto Legislativo 01 de 2005, por no tener reunidas las 750 semanas de cotización al 29 de julio de ese año y tampoco al tenor de lo dispuesto en el artículo 33 de la Ley 100 de 1993, modificado por el 9 de la Ley 797 del 2003, pues halló demostradas 1208 semanas cotizadas en toda la vida laboral, es decir, entre el 17 de enero de 1977 y 28 de febrero de 2015 y 1070 a la fecha en que cumplió 60 años, el 7 de junio de 2012.

La censura muestra inconformidad con las conclusiones del Tribunal y afirma que incurrió en los yerros fácticos que le atribuye, al no tener por acreditado estándolo, que Colpensiones no cumplió con la obligación de cobro de los aportes en mora del empleador «PRAM LTDA» hoy Pram S. en C., a favor de Hernando Antonio Vélez desde el 1 de marzo de 1988 hasta diciembre de 1994; y, que este no contaba con más de 750 semanas cotizadas a la fecha de entrada en vigencia del Acto Legislativo 01 de 2005; que por el contrario, se encuentra probado en el proceso, que a partir de la data de esta reforma constitucional, -29 de julio de 2005-, el actor había reunido 806.86 semanas de cotización a pensión.

Son supuestos al margen de controversia, que: i) Hernando Antonio Vélez, nació el 7 de junio de 1952, por lo que cumplió 60 años, el mismo día y mes del año 2012 (f.°10 y 11); ii) que para el 1 de abril de 1994, contaba con 41 años edad y era beneficiario del régimen de transición del artículo 36 de la Ley 100 de 1993; iii) que en la historia laboral aportada por el ISS, actualizada el 6 de abril de 2015 (f.°74 a 84), registra un total de 1208 semanas cotizadas entre el 17 de enero de 1977 y 28 de febrero de 2015; iv) que el 8 de octubre de 2013, solicitó a Colpensiones, el reconocimiento de la pensión de vejez, la cual fue negada el 9 de ese mes y año con la Resolución GNR 253540, por no tener reunidos los requisitos de edad ni densidad de cotizaciones (f.°13 y 14); y, v) que con la Resolución 175106 del 19 de mayo de 2014 (f.°16 y 17), se desató el recurso de reposición que confirmó la anterior, por cuanto consideró que el beneficio de la transición conforme al Acto Legislativo 01 de 2005, no se le hizo extensivo, por no tener reunidas el mínimo de 750 semanas a su vigencia.

A juicio del recurrente, el ad quem no contabilizó los periodos en mora desde el 1 marzo de 1988 hasta el 31 de diciembre de 1994, a cargo del empleador Pram S. en C., a pesar de la certificación expedida por el ISS el 18 de agosto de 1995 (f.°38) y en la que constan las cotizaciones efectuadas durante su nexo laboral con ésta empresa y simultáneamente con otros empleadores; que dichos períodos no fueron objeto de cobro por la entidad accionada, como se acredita además con los documentos que reposan en «folios 21 y siguientes» del plenario.

El artículo 12 del Acuerdo 049 de 1990 aprobado por el 1 del Decreto 758 del mismo año, establece que para acceder a la pensión de vejez, deben concurrir los siguientes requisitos:

Sesenta (60) o más años de edad si es varón o cincuenta y cinco (55) o más años de edad, si se es mujer y,

Un mínimo de quinientas (500) semanas de cotización pagadas durante los últimos veinte (20) años anteriores al cumplimiento de las edades mínimas, o haber acreditado un número de un mil (1.000) semanas de cotización, sufragadas en cualquier tiempo.

Se memora que en los términos del artículo 36 de la Ley 100 de 1993, quienes, a la fecha de vigencia del régimen general de pensiones -1 de abril de 1994-, contaran 35 o más años de edad en el caso de las mujeres o 40 años o más si son hombres, o 15 o más años de servicios y/o cotizaciones, conservan las condiciones de edad, tiempo de servicios o semanas de cotización y monto, del régimen al que se encontraban afiliados.

De otro lado, el Acto Legislativo 01 de 2005, que adicionó el artículo 48 de la Constitución Política, en su parte pertinente dispuso:

Artículo 1°. Se adicionan los siguientes incisos y parágrafos al artículo 48 de la Constitución Política:

«[…]

Para adquirir el derecho a la pensión será necesario cumplir con la edad, el tiempo de servicio, las semanas de cotización o el capital necesario, así como las demás condiciones que señala la ley, sin perjuicio de lo dispuesto para las pensiones de invalidez y sobrevivencia. Los requisitos y beneficios para adquirir el derecho a una pensión de invalidez o de sobrevivencia serán los establecidos por las leyes del Sistema General de Pensiones.

En materia pensional se respetarán todos los derechos adquiridos».

[…].

Parágrafo transitorio 4º. El régimen de transición establecido en la Ley 100 de 1993 y demás normas que desarrollen dicho régimen, no podrá extenderse más allá del 31 de julio de 2010; excepto para los trabajadores que estando en dicho régimen, además, tengan cotizadas al menos 750 semanas o su equivalente en tiempo de servicios a la entrada en vigencia del presente Acto Legislativo, a los cuales se les mantendrá dicho régimen hasta el año 2014.

[…].

Artículo 2°. El presente acto legislativo rige a partir de la fecha de su publicación.

De conformidad con lo anterior, el Acto Legislativo 01 de 2005, fijó dos condiciones para conservar los beneficios del régimen de transición del artículo 36 de la Ley 100 de 1993, beneficio que cobija al demandante y que es supuesto indiscutido.

En punto al tema, esta Corporación en sentencia CSJ SL2714-2019, que fue reiterada en sentencia CSJ SL1694-2020, expresó:

[…] La primera, que a 31 de julio de 2010 cumplan los requisitos de edad y tiempo de servicios o de cotizaciones conforme al régimen pensional anterior, caso contrario pierden los beneficios transitorios y su régimen pensional será el establecido en la Ley 100 de 1993 y demás disposiciones que la complementan o reforman.

Al respecto, ha dicho esta Corte que esta previsión es entendible en la medida que le estableció un límite de vigencia a un régimen que por su propia definición era de carácter transitorio, es decir, que debía tener una vigencia temporal. En consecuencia, en ningún yerro de aplicación incurrió el Tribunal, pues esa fue la regla general constitucional y de ella nada distinto es posible concluir, pues su tenor literal no deja asomo de duda sobre su contenido (sentencia CSJ SL 76848, oct. 25 de 2017).

La segunda, que al momento de entrada en vigencia del Acto Legislativo tuvieran cotizadas 750 semanas o su equivalente en tiempo de servicios; en este caso continuarían siendo beneficiarios del régimen de transición del artículo 36 de la Ley 100 de 1993 hasta el 31 de diciembre de 2014. Esta condición se dio a manera de excepción, justamente para salvaguardar las expectativas de quienes podían pensionarse conforme con el régimen pensional anterior a la Ley 100 de 1993.

De lo transcrito puede concluirse, sin duda, que se fijó un límite al régimen de transición hasta el 31 de julio de 2010, para que sus beneficiarios tuvieran la posibilidad de causar el derecho pensional hasta esa fecha; en caso contrario, su pensión se regiría según el establecido en la Ley 100 de 1993 con las modificaciones introducidas por la Ley 797 de 2003, con excepción de aquellos que contaran con mínimo 750 semanas de cotización o su equivalente en tiempo de servicios, a la fecha de entrada en vigencia del acto de reforma constitucional, a quienes tal prerrogativa se les extendió hasta el 31 de diciembre de 2014.

De las pruebas documentales denunciadas como mal valoradas, se advierte, que el juez colegiado se equivocó al contabilizar las semanas de cotización efectuadas por Hernando Antonio Vélez al ISS hoy Colpensiones, a través del empleador Pram S. en C., como se corrobora con el certificado expedido por el «Instituto de Seguros Sociales – Departamento de Historia Laboral Nómina de Pensionados», de fecha «18-08-95», visible a folio 38, en el que se lee:

Que HERNANDO ANTONIO VÉLEZ, identificado […] y afiliación No. 970048721, tiene cotizadas un total de 679 semanas, contadas desde el 1º enero de 1972 hasta diciembre 31 de 1994, fechas en las cuales nuestros registros se hallan sistematizados.

Es de anotar, que desde el 1º. de enero de 1967 al 31 de Diciembre de 1971 solo se reporta el dato de semanas cotizadas cuando se tramite un reconocimiento pensional, por cuanto este récord de semanas se realiza en forma manual. Este lapso de tiempo (sic) abarca un total de 261 semanas.

Posee además 73 semanas que no se tienen en cuenta, ya que la empresa PRAM LTDA., patronal 02032601507, período 89-05 a 90-05 y periodos variados se encuentran en mora con el ISS por pago de aportes obrero patronales. […]. (Negrillas del texto original).

En las copias de los reportes del ISS «INFORME DE COTIZACIONES FACTURADAS» visibles en los folios 21 a 37, se observa que se discriminan semanas de cotizaciones, así:

Empleador

Periodo

semanas

Estado

Muebles Vega Ltda.

77-01 a 78-08

76

Deuda

Variedades Ind y Cía.

79-06 a 80-06

53

Cobro normal

Taller Camperos Ltda

79-02 a 83-06

154

Mora

Muebles Funcionales Ltda.

83-12 a 84-12

48

Cobro con requer

Horneautos Ltda.

86-09 a 86-10

6

Cobro sin deuda

Pram Ltda.

87-11 a 94-12

51

Mora

Servicios A Uno Ltda.

86-11 a 89-06

52

Cobro con requer

Protempore

87-06 a 87-07

5

Cobro con requer

Servicios Especiales Rápido

87-07 a 87-09

6

Deuda

Melco de Col Ltda.

88-08 a 89-05

38

Cobro-sin deuda

Variedades Ind y Cía.

90-06 a 91-02

35

Cobro normal

Los Cárdenas Ltda.

91-02 a 91-11

39

Cobro-sin deuda

Asertex Ltda.

92-02 a 94-02

97

Cobro-sin deuda

Asertex Ltda.

94-01 a 94-02

7

Cobro-sin deuda

A Hora Ltda

94-03 a 94-12

42

Cobro normal

De una comparación del contenido entre estos documentos y de las historias laborales expedidas por Colpensiones el 11 de marzo y 6 de abril de 2015 (f.°60 a 65 y 82), se desprende que en efecto, el accionante cotizó a pensión de manera simultánea en el periodo del 1 de marzo de 1988 al 31 de diciembre de 1994, con los empleadores Pram S. en C., Servicios A Uno Ltda., Protempore, Servicios Rápidos Ltda., Melco de Colombia Ltda., Variedades Industriales & Cía., Los Cárdenas Ltda., Asertex Ltda., y Ahora Ltda.; igualmente, que existió mora en el pago de los referidos aportes.

También se constata que el ingreso base de cotización en el referido lapso con dichos empleadores, fue con idénticos salarios, es decir por las sumas de $41.040, $47.370, $61.950, $89.070, $107.675 y por último, en diciembre de 1994, $106.662.

La Sala encuentra que, el demandante cotizó en el periodo certificado por Colpensiones como «no» sistematizado entre el «1/01/1967» y el «31/12/1971» 261 semanas f.°38), las que sumadas a las 1.265.83 contenidas en las historias laborales de 2015 (f.°82 a 84), previa exclusión de las realizadas simultáneamente, totalizan 1.527, tal como se refleja a continuación:

FECHAS

SEMANAS COTIZADAS

INICIO

FIN

SEMANAS

SEMANAS

TOTALES

NORMALES

EN MORA

SEMANAS

1/01/1967

31/01/1967

4,43

4,43

1/02/1967

28/02/1967

4,00

4,00

1/03/1967

31/03/1967

4,43

4,43

1/04/1967

30/04/1967

4,29

4,29

1/05/1967

31/05/1967

4,43

4,43

1/06/1967

30/06/1967

4,29

4,29

1/07/1967

31/07/1967

4,43

4,43

1/08/1967

31/08/1967

4,43

4,43

1/09/1967

30/09/1967

4,29

4,29

1/10/1967

31/10/1967

4,43

4,43

1/11/1967

30/11/1967

4,29

4,29

1/12/1967

31/12/1967

4,43

4,43

1/01/1968

31/01/1968

4,43

4,43

1/02/1968

29/02/1968

4,14

4,14

1/03/1968

31/03/1968

4,43

4,43

1/04/1968

30/04/1968

4,29

4,29

1/05/1968

31/05/1968

4,43

4,43

1/06/1968

30/06/1968

4,29

4,29

1/07/1968

31/07/1968

4,43

4,43

1/08/1968

31/08/1968

4,43

4,43

1/09/1968

30/09/1968

4,29

4,29

1/10/1968

31/10/1968

4,43

4,43

1/11/1968

30/11/1968

4,29

4,29

1/12/1968

31/12/1968

4,43

4,43

1/01/1969

31/01/1969

4,43

4,43

1/02/1969

28/02/1969

4,00

4,00

1/03/1969

31/03/1969

4,43

4,43

1/04/1969

30/04/1969

4,29

4,29

1/05/1969

31/05/1969

4,43

4,43

1/06/1969

30/06/1969

4,29

4,29

1/07/1969

31/07/1969

4,43

4,43

1/08/1969

31/08/1969

4,43

4,43

1/09/1969

30/09/1969

4,29

4,29

1/10/1969

31/10/1969

4,43

4,43

1/11/1969

30/11/1969

4,29

4,29

1/12/1969

31/12/1969

4,43

4,43

1/01/1970

31/01/1970

4,43

4,43

1/02/1970

28/02/1970

4,00

4,00

1/03/1970

31/03/1970

4,43

4,43

1/04/1970

30/04/1970

4,29

4,29

1/05/1970

31/05/1970

4,43

4,43

1/06/1970

30/06/1970

4,29

4,29

1/07/1970

31/07/1970

4,43

4,43

1/08/1970

31/08/1970

4,43

4,43

1/09/1970

30/09/1970

4,29

4,29

1/10/1970

31/10/1970

4,43

4,43

1/11/1970

30/11/1970

4,29

4,29

1/12/1970

31/12/1970

4,43

4,43

1/01/1971

31/01/1971

4,43

4,43

1/02/1971

28/02/1971

4,00

4,00

1/03/1971

31/03/1971

4,43

4,43

1/04/1971

30/04/1971

4,29

4,29

1/05/1971

31/05/1971

4,43

4,43

1/06/1971

30/06/1971

4,29

4,29

1/07/1971

31/07/1971

4,43

4,43

1/08/1971

31/08/1971

4,43

4,43

1/09/1971

30/09/1971

4,29

4,29

1/10/1971

31/10/1971

4,43

4,43

1/11/1971

30/11/1971

4,29

4,29

1/12/1971

31/12/1971

4,43

4,43

1/01/1977

31/01/1977

0,86

0,86

1/02/1977

28/02/1977

4,00

4,00

1/03/1977

31/03/1977

4,43

4,43

1/04/1977

30/04/1977

4,29

4,29

1/05/1977

31/05/1977

4,43

4,43

1/06/1977

30/06/1977

4,29

4,29

1/07/1977

31/07/1977

4,43

4,43

1/08/1977

31/08/1977

4,43

4,43

1/09/1977

30/09/1977

4,29

4,29

1/10/1977

31/10/1977

4,43

4,43

1/11/1977

30/11/1977

4,29

4,29

1/12/1977

31/12/1977

4,43

4,43

1/01/1978

31/01/1978

4,43

4,43

1/02/1978

28/02/1978

4,00

4,00

1/03/1978

31/03/1978

4,43

4,43

1/04/1978

30/04/1978

4,29

4,29

1/05/1978

31/05/1978

4,43

4,43

1/06/1978

30/06/1978

4,29

4,29

1/07/1978

31/07/1978

0,29

0,29

1/08/1978

31/08/1978

-

1/01/1979

31/01/1979

-

1/02/1979

28/02/1979

3,43

3,43

1/03/1979

31/03/1979

4,43

4,43

1/04/1979

30/04/1979

4,29

4,29

1/05/1979

31/05/1979

4,43

4,43

1/06/1979

30/06/1979

4,29

4,29

1/07/1979

31/07/1979

4,43

4,43

1/08/1979

31/08/1979

4,43

4,43

1/09/1979

30/09/1979

4,29

4,29

1/10/1979

31/10/1979

4,43

4,43

1/11/1979

30/11/1979

4,29

4,29

1/12/1979

31/12/1979

4,43

4,43

1/01/1980

31/01/1980

4,43

4,43

1/02/1980

29/02/1980

4,14

4,14

1/03/1980

31/03/1980

4,43

4,43

1/04/1980

30/04/1980

4,29

4,29

1/05/1980

31/05/1980

4,43

4,43

1/06/1980

30/06/1980

3,00

3,00

1/07/1980

31/07/1980

-

1/10/1980

31/10/1980

0,71

0,71

1/11/1980

30/11/1980

4,29

4,29

1/12/1980

31/12/1980

4,43

4,43

1/01/1981

31/01/1981

4,43

4,43

1/02/1981

28/02/1981

4,00

4,00

1/03/1981

31/03/1981

4,43

4,43

1/04/1981

30/04/1981

4,29

4,29

1/05/1981

31/05/1981

4,43

4,43

1/06/1981

30/06/1981

4,29

4,29

1/07/1981

31/07/1981

4,43

4,43

1/08/1981

31/08/1981

4,43

4,43

1/09/1981

30/09/1981

4,29

4,29

1/10/1981

31/10/1981

4,43

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1.479

47

1.527

De lo anterior, se verifica, que dentro de los 20 años anteriores al cumplimiento de la edad mínima para obtener la pensión de vejez (60 años), el actor tenía reunidas 536.73 y al 29 de julio de 2005, cuando entró a regir el Acto Legislativo 01 de 2005, una densidad de 1.033.34, superior a la mínima exigida, razón por la cual, se le extendió el beneficio de la transición del artículo 36 de la Ley 100 de 1993, hasta el 31 de diciembre de 2014, de lo que se deriva que el demandante tiene derecho al reconocimiento la prestación de vejez pretendida a partir del 7 de junio de 2012, en los términos de los artículos 12 y 35 del Acuerdo 049 de 1990, aprobado por el Decreto 758 de esa anualidad.

Conforme a lo discurrido, los cargos son fundados, por cuanto se halla demostrado que el sentenciador plural, se equivocó en el estudio de las documentales tendientes a obtener el número de semanas realmente cotizadas por el actor, que lo condujo a concluir que no contaba con la densidad necesaria, para acceder a la pensión de vejez solicitada y en consecuencia, se casará la sentencia impugnada.

Sin costas en el recurso extraordinario, dada su prosperidad.

SENTENCIA DE INSTANCIA

El a quo concedió la pensión de vejez al demandante, al considerar que con los documentos aportados al plenario, se demostró que se encuentra cobijado por el régimen de transición del artículo 36 de la Ley 100 de 1993, habida cuenta que nació el 7 de junio de 1952 y al 1 de abril de 1994, tenía más de 40 años; contabilizó 1.280.71 semanas cotizadas en toda la vida laboral en las que incluyó las reportadas en mora a cargo de los empleadores Cooperativa de Trabajo Asociado, Cootransferia y Pram S. en C. de las cuales 541.85 fueron en los 20 años anteriores al cumplimiento de la edad mínima para acceder a la pensión de vejez; así mismo, que para cuando entró a regir el Acto Legislativo 01 de 2005, el actor había reunido una densidad de 926.14 de semanas de cotización.

En virtud de lo expuesto y del principio de favorabilidad -artículo 288 de la Ley 100 de 1993-, para establecer el IBL a fin de calcular la mesada inicial de la pensión, tuvo en cuenta el promedio del IBC de los 10 últimos años, que arrojó el valor de $742.621.56, del cual obtuvo la suma de $668.359.41 como mesada inicial para el año 2015 y de $754.782 para el año 2017, con aplicación de una tasa de reemplazo del 90%. Para absolver a la empresa Pram S. en C., argumentó la «teoría de la inoponibilidad de la mora» frente al afiliado, para otorgar la prestación, dada la omisión de Colpensiones en el cobro de las cotizaciones adeudadas, carga que no podía trasladar al demandante.

Para condenar al pago de intereses de mora, indicó que el accionante continuó cotizando al sistema hasta febrero de 2015, en virtud del error al que lo indujo la administradora de pensiones; que presentó reclamación administrativa y le fue negada y, a la presentación de la demanda, Colpensiones «tuvo oportunidad de volver a estudiar» la solicitud pensional, sin embargo, ello no ocurrió, por lo que debía cancelar los referidos intereses a partir del reconocimiento de la prestación, 1 de marzo de 2015.

Contra la anterior decisión, Colpensiones manifestó su inconformidad, debido a que el accionante no dio cumplimiento a lo dispuesto en el «artículo 13 del Decreto 758 de 1990 (sic)», pues no realizó la desafiliación formal del sistema para iniciar el disfrute de la prestación; que el artículo 35 de ese «Decreto de 1990», señala que las pensiones se pagarán por mensualidades vencidas, previo retiro del afiliado, a quien le correspondía su demostración para efectos del reconocimiento de la pensión, su «inclusión en nómina y así mismo el tema de intereses moratorios».

En sede de instancia, para resolver la apelación y el grado de consulta a favor de Colpensiones, bastan las consideraciones vertidas en casación para concluir que el demandante tiene derecho a la pensión de vejez conforme a las previsiones del artículo 12 del Acuerdo 049 de 1990, en concordancia con el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, beneficio que lo cobijaba y mantuvo hasta el 31 de diciembre de 2014, como lo dispuso el Acto Legislativo 01 de 2005, pues a la fecha de su vigencia, contaba con 1.033.34 semanas cotizadas.

Ahora, el accionante reunió los requisitos para obtener la pensión de vejez, el 7 de junio de 2012 y solicitó su reconocimiento el 8 de octubre de 2013; su última cotización la realizó en el mes de febrero de 2015, debido a que la administradora de pensiones, el 9 de octubre de aquella anualidad, con Resolución GNR 253540 (f.°13 y 14) no accedió a su pedimento, razón por la que el a quo concedió la prestación a partir del día siguiente a la fecha de la última cotización, que se tendría como la de su «retiro tácito». En consecuencia, a Hernando Antonio Vélez, le asiste el derecho a disfrutar de la pensión de vejez, a partir del 1 de marzo de 2015, conforme a las mencionadas normas.

En cuanto a los intereses de mora del artículo 141 de la Ley 100 de 1993, es de resaltar, que solo es dable hablar de retardo, una vez el asegurado que se considera con derecho al reconocimiento de la pensión de vejez, realiza la solicitud, que es cuando la entidad ha debido proceder a su pago, sin embargo como el actor continuó cotizando al sistema hasta el mes de febrero de 2015, por cuanto Colpensiones lo indujo en error y dicha entidad es única apelante, se impondrán dichos intereses a partir de la fecha del vencimiento de los cinco días de fijación del aviso de notificación de la demanda, conforme al parágrafo del artículo 41 del CPTSS (f.°41), es decir, desde el 16 de marzo de 2015. En caso similar al que aquí se resuelve, dijo esta Sala, en sentencia CSJ SL, 29 nov. 2011, rad. 42839 que a su vez se remitió a la CSJ SL, 12 may. 2005, rad. 22605:

Para efectos de determinar la fecha a partir de la cual se ordenará el reconocimiento y pago de los correspondientes intereses moratorios, es necesario efectuar el siguiente análisis:

El artículo 90 del Código de Procedimiento Civil, señala:

"Artículo 90. Interrupción de la prescripción, inoperancia de la caducidad y constitución en mora. (…).

La notificación del auto admisorio de la demanda en procesos contenciosos de conocimiento produce el efecto del requerimiento judicial para constituir en mora al deudor, cuando la ley lo exija para tal fin, si no se hubiere efectuado antes.”

El artículo 141 de la Ley 100 de 1993, es del siguiente tenor:

"ART. 141.- Intereses de mora. A partir del 1° de enero de 1994, en caso de mora en el pago de las mesadas pensionales de que trata esta ley, la entidad correspondiente reconocerá y pagará al pensionado, además de la obligación a su cargo y sobre el importe de ella, la tasa máxima de interés moratorio vigente en el momento en que se efectúe el pago".

Del contenido de la anterior disposición legal se desprende que los intereses moratorios se producen en caso de retardo en el pago de las mesadas pensionales, lo cual tiene como propósito reparar los perjuicios que se le ocasionan al pensionado por parte de las entidades de seguridad social encargadas del reconocimiento de la prestación económica, que incurran en mora o retrasen la cancelación de las mismas. Lo precedente está acorde con el mandato del artículo 53 de la Constitución Política que propende por garantizar el derecho al pago oportuno y al reajuste periódico de las pensiones.

Asimismo, es de resaltar, que sólo es dable hablar de retardo una vez el asegurado que se considera con derecho al reconocimiento de la pensión de vejez, realiza la respectiva solicitud de reconocimiento, que es cuando en verdad la entidad ha debido proceder a su pago, no obstante como en este caso al momento de presentación de la reclamación administrativa la actora no reunía los requisitos para acceder a la pensión pedida, los cuales reunió antes de la presentación de la demanda, como se ha explicado, estima la Sala que la fecha de la solicitud en el sub lite fue cuando se surtió la notificación al instituto del auto admisorio de la demanda, que en este proceso se dio el 31 de agosto de 2007, toda vez que el aviso se recibió en la entidad pública demandada el 23 de agosto de la misma anualidad y según el parágrafo del artículo 41 del C.P.T. y S.S, la notificación se entenderá surtida “después de cinco (5) días de la fecha de la correspondiente diligencia”.

Ahora, la excepción de prescripción en este caso no operó, como lo infirió el juez, por cuanto, si bien la prestación se causó el 7 de junio de 2012, el demandante presentó reclamación el 8 de octubre de 2013, la entidad la negó al día siguiente con la Resolución GNR 253540 (f.°13), la demanda fue presentada el 30 de enero de 2015 (f.°9), admitida por el a quo mediante auto del 23 de febrero de 2015 (f.°39 y notificada el 9 de marzo de esa anualidad (f.°41) lo que conlleva concluir que no transcurrió el término prescriptivo trienal consagrado en los artículos 488 del CST y 151 del CPTSS.

Finalmente, en lo que concierne a la mora de los aportes pensiones a cargo de la empresa Pram S. en C., se ordenará su cancelación, por el periodo adeudado desde el 1 de marzo de 1988 hasta el 31 de diciembre de 1994, previo cálculo actuarial que realice la administradora de pensiones a la que se encuentra afiliado el demandante.

En consecuencia, se modificará el numeral cuarto y revocará el sexto de la sentencia dictada por el 12 de septiembre de 2017 por el Juzgado Quinto Laboral del Circuito de Medellín, en cuanto condenó a Colpensiones al pago de los intereses moratorios causados a favor del actor desde el 1 de marzo de 2015 y absolvió a la empresa Pram S. en C., de todas las pretensiones de la demanda, para ordenar el reconocimiento de los intereses moratorios desde el 16 de marzo de 2015 hasta el efectivo pago de lo adeudado y condenar a la sociedad Pram S. en C., a pagar los aportes en mora adeudados a favor del demandante, previo cálculo actuarial realizado por la demandada. Se confirmará en todo lo demás el fallo apelado y consultado.

Sin costas en esta instancia por no haberse causado.

DECISIÓN

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, CASA la sentencia dictada por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín, el 8 de agosto de 2019, en el proceso laboral seguido por HERNANDO ANTONIO VÉLEZ contra la ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES –COLPENSIONES y la sociedad vinculada PROCESADORA ANTIOQUEÑA DE MADERAS S. EN C. (PRAM S. EN C.), en cuanto revocó el fallo condenatorio proferido por el juez de primer grado.

En sede de instancia, RESUELVE:

PRIMERO: MODIFICAR el numeral cuarto y REVOCAR el numeral sexto de la sentencia dictada por el Juzgado Quinto Laboral del Circuito de Medellín, el 12 de septiembre de 2017, los cuales quedarán así:

CUARTO: ORDENAR a la ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES - COLPENSIONES, le reconozca al demandante los intereses moratorios de que trata el artículo 141 de la Ley 100 de 1993, sobre las mesadas adeudadas, a partir del 16 de marzo de 2015 hasta el efectivo pago de lo debido.

SEXTO: CONDENAR a la sociedad PRAM S. EN C., a cancelar a Colpensiones, los aportes a pensión en mora a favor del demandante, correspondientes al periodo del 1 de marzo de 1988 al 31 de diciembre de 1994, previo cálculo actuarial realizado por la entidad administradora de pensiones.

SEGUNDO: CONFIRMAR en todo lo demás el fallo apelado y consultado.

Costas como se indicó.

Notifíquese, publíquese, cúmplase y devuélvase el expediente al Tribunal de origen.

DONALD JOSÉ DIX PONNEFZ

JIMENA ISABEL GODOY FAJARDO

Aclaración de voto

JORGE PRADA SÁNCHEZ

ACLARACIÓN DE VOTO

Magistrado Ponente: Donald José Dix Ponnefz

Radicación n.° 86400

De: Hernando Antonio Vélez vs. la Administradora Colombiana de Pensiones, Colpensiones.

Aunque comparto el sentido final de la decisión, estimo pertinente precisar que en la sentencia se hace un análisis de la excepción de prescripción, sin parar mientes en que si bien, la prestación se causó el 7 de junio de 2012, se hizo exigible el 1 de marzo de 2015, toda vez que la última cotización a Colpensiones data de febrero de esa anualidad.

De esta suerte, resulta claro que la providencia incurrió en una imprecisión al sostener:

Ahora, la excepción de prescripción en este caso no operó, como lo infirió el juez, por cuanto, si bien la prestación se causó el 7 de junio de 2012, el demandante presentó reclamación el 8 de octubre de 2013, la entidad la negó al día siguiente con la Resolución GNR 253540 (f.°13), la demanda fue presentada el 30 de enero de 2015 (f.°9), admitida por el a quo mediante auto del 23 de febrero de 2015 (f.°39 y notificada el 9 de marzo de esa anualidad (f.°41) lo que conlleva concluir que no transcurrió el término prescriptivo trienal consagrado en los artículos 488 del CST y 151 del CPTSS.

Lo anterior, por cuanto resulta evidente que se confundieron las figuras de la causación y el disfrute de un derecho pensional. Sobre este tópico, se ha pronunciado inveteradamente la Sala, entre otras, en la sentencia CSJ SL4102-2017 discurrió:

Ahora bien, la Corte ha entendido que de conformidad con lo previsto en el inciso 2º del artículo 17 de la Ley 100 de 1993 modificado por el artículo 4º de la Ley 797 de 2003, «La obligación de cotizar cesa al momento en que el afiliado reúna los requisitos para acceder a la pensión mínima de vejez, o cuando el afiliado se pensione por invalidez o anticipadamente», sin que las reglas de los artículos 13 y 35 del Acuerdo 049 de 1990 impongan como condición para el disfrute de la pensión la terminación de la relación laboral, salvo lo previsto en forma específica para los servidores públicos y las regulaciones sobre la imposibilidad de percibir simultáneamente salario y mesadas pensionales.

En sentencia CSJ SL, 7 feb. 2012, rad. 39206, precisó:

Es pertinente anotar, respecto de la primera disposición que cita la censura como interpretada erróneamente, el artículo 13 del Acuerdo 049 de 1990, que ésta distingue dos conceptos, el de causación de la pensión de vejez y el disfrute de la misma; el primero se refiere a que el derecho nace cuando la persona reúne las exigencias de edad y semanas cotizadas y el segundo, apunta a que, para comenzar a percibir las mesadas pensionales, se requiere la desafiliación del régimen, sin ningún otro requerimiento, de allí que no tenga sustento en esta preceptiva, la condición que sostiene la acusación, de que debe darse la desvinculación del trabajador para que pueda comenzar a disfrutar la pensión. Basta remitirnos al contenido textual de la norma aludida, que es el siguiente, para verificar que en ella no se hace ninguna mención a la obligatoriedad de la desvinculación laboral que pregona la entidad se seguridad social vinculada al proceso (…)

En sentido concordante con el precepto antes visto, se encuentra que el inciso segundo del artículo 17 de la Ley 100 de 1993, modificado por el 4 de la Ley 797 de 2003, dispone que la obligación de cotizar al Sistema General de Pensiones cesa en el momento en que el afiliado reúne los requisitos para acceder a la pensión mínima de vejez, o cuando este se pensione por invalidez o anticipadamente, pero no dispone ninguna limitante respecto al vínculo laboral que exista para ese momento y, tampoco, impide que se reclame el reconocimiento de la pensión de vejez, aunque se mantenga vigente la relación de trabajo, a partir del momento en que cesan los aportes. (Subrayas de la Sala

Por ello, para efectos de contabilizar el término de prescripción, debió partirse de la fecha en que la prestación se hizo exigible, que no desde su causación.

Así las cosas, si la prestación se hizo exigible el 1 de marzo de 2015 y la demanda fue presentada el 30 de enero de ese mismo año, no transcurrió el término consagrado en los artículos 488 del Código Sustantivo del Trabajo y 151 del Código Procesal del Trabajo.

En los anteriores términos dejo expuestas las razones de mi aclaración de voto.

Fecha ut supra,

JORGE PRADA SÁNCHEZ

Magistrado

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