Ficha de la providencia
Sentencia SL1368-2023
Corte Suprema de Justicia · Sala de Casación Laboral
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Corte Suprema de Justicia · Sala de Casación Laboral
Ficha de la providencia
Sentencia SL1368-2023
Corte Suprema de Justicia · Sala de Casación Laboral
República de Colombia
Corte Suprema de Justicia
Sala de Casación Laboral
Sentencia SL1368-2023
Magistrado ponente: Donald Jose Dix Ponnefz
7 de junio de 2023
DONALD JOSÉ DIX PONNEFZ
Magistrado ponente
SL1368-2023
Radicación n.° 91354
Acta 18
Bogotá, D. C., siete (7) de junio de dos mil veintitrés (2023).
La Sala decide el recurso de casación interpuesto por ARMIDA HELENA STAPPER BRICEÑO contra la sentencia proferida por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali, el 15 de agosto de 2019 en el proceso laboral promovido contra la ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES –COLPENSIONES.
ANTECEDENTES
Armida Helena Stapper Briceño, llamó a juicio a Colpensiones, con el fin de que se condenara a reconocerle la pensión de vejez a partir del 11 de febrero de 2010, «con aplicación de una tasa de reemplazo del 90%», sobre el IBL de los 10 últimos años cotizados o el que le sea más favorable; el retroactivo, mesadas adicionales, intereses de mora o en subsidio, «la indexación de la primera mesada» y las costas del proceso.
Como fundamento de sus pretensiones, relató que nació el 11 de febrero de 1955, que el «14 de 2015 (sic)», solicitó a la demandada el reconocimiento de la pensión, la cual fue negada, por cuanto solo contaba con 916 semanas de cotización; que contra esta decisión presentó reclamación, a la que anexó copia de los «originales de los bonos pensionales» en la fecha en que elevó aquella solicitud y solicitó además, que «se convalidara su historia laboral», indexara la primera mesada y le pagaran los «intereses moratorios desde que se hizo exigible su pensión de vejez, dado que el 21 de febrero de 2010 se presentó a COLPENSIONES y le manifestaron que debía seguir cotizando porque no tenía completas las semanas, razón por la cual cotizó independiente».
Manifestó que al revisar su historia laboral, aparecían varios empleadores con mora en el pago de sus cotizaciones y COLPENSIONES no realizó el respectivo cobro coactivo como le correspondía legalmente; que el 27 de marzo de 2014, mediante oficio SEM-0636834, la entidad demandada le informó que había efectuado las correcciones en su historia laboral, sin embargo, advirtió que solo modificaron su fecha de nacimiento; que en el reporte expedido el 27 de abril de 2015, no constaban los periodos servidos al Estado con el empleador «INVÍAS CAQUETÁ», certificados en los formatos de vinculación para bonos y títulos pensionales y solo registraron 629.87 semanas de cotización; por ello, interpuso recurso que fue recibido por la demandada el 4 de mayo de 2015, de acuerdo con su respuesta mediante el oficio n.° BZ-2016-4518651-1121478.
Por último, dijo que es beneficiaria del régimen de transición de la Ley 100 de 1993, porque al 1 de abril de 1994 fecha de su entrada en vigencia, contaba con más de 39 años de edad; que «al 30 de enero de 2003, Ley 797/2003, tenía 751 semanas y para el 30 de julio de 2005, tenía reunidas 1.068 semanas», razón por la cual continuó «amparada por la transición» (f.°2 a 16).
COLPENSIONES, al contestar, se opuso a las pretensiones de la demanda; admitió la mayoría de los hechos, pero negó que le hubiese manifestado a la demandante el 21 de febrero de 2010, que debía continuar cotizando al sistema por no tener completas las semanas y tampoco aportó los bonos pensionales expedidos por las entidades del estado.
En su defensa, señaló que la accionante en el año 2015 solicitó la pensión de vejez y la negó por no acreditar la totalidad de las semanas de cotización; que para el año 2010, fecha en que estaba vigente el régimen de transición conforme el Acto Legislativo 01 de 2005, tenía cumplidos los 55 años de edad, pero solo contaba con 916 semanas cotizadas y no mantuvo dicho beneficio hasta el año 2014, por lo que su opción era continuar cotizando hasta cumplir los requisitos del artículo 33 de la Ley 100 de 1993 modificado por el 9 de la 797 de 2003.
Propuso las excepciones de mérito, de inexistencia de la obligación, cobro de lo no debido, prescripción, buena fe y la «INNOMINADA» que se hallare probado de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 306 del entonces CPC (f.°68 a 73).
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
El Juzgado Catorce Laboral del Circuito de Cali, dictó fallo del 15 de mayo de 2018 (f.° CD 95), mediante el cual resolvió:
PRIMERO: DECLARAR no probadas las excepciones formuladas por la parte demandada.
SEGUNDO: DECLARAR que la señora ARMIDA HELENA STAPPER BRICEÑO, […] tiene derecho a la pensión de vejez, de conformidad con el régimen de transición, de que habla el artículo 36 del estado de la seguridad social (sic) prestación a cargo de la ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES – COLPENSIONES.
TERCERO: CONDENAR a la ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES – COLPENSIONES, a pagar a la ejecutoria de esta providencia, a la señora ARMIDA HELENA STAPPER BRICEÑO, la suma de $42.016.633 por concepto de mesadas pensionales adeudadas desde el 1 de abril de 2015 hasta el 30 de abril de 2018, con su mesada adicional.
CUARTO: DECLARAR que la pensión de vejez de la señora ARMIDA HELENA STAPPER BRICEÑO, para esta anualidad, es el monto de $1.150.564, valor de mesada pensional que se reajustará anualmente, como lo dispone el legislador.
QUINTO: CONDENAR a la ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES - COLPENSIONES, a pagar a la ejecutoria de esta providencia a la señora ARMIDA HELENA STAPPER BRICEÑO, los intereses moratorios de que trata el artículo 141 de la Ley 100 de 1993, desde el 15 de diciembre de 2015, hasta que se verifique el pago total del retroactivo aquí concedido.
SEXTO: AUTORIZAR a la ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES –COLPENSIONES, para que descuente del retroactivo a cancelar a la demandante, los aportes que por seguridad social en salud ordena la ley.
SÉPTIMO: CONSÚLTESE la presente providencia en el caso de no ser apelada, ante la Sala Laboral del Tribunal Superior […].
OCTAVO: COSTAS a cargo de la parte demandada […].
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
La Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali, al revisar en grado jurisdiccional de consulta a favor COLPENSIONES, profirió sentencia el 15 de agosto de 2019 (f°13 CD), mediante la cual revocó la del a quo y en su lugar, absolvió a la entidad demandada de todas las pretensiones de la accionante y se abstuvo de imponerle costas en esa instancia.
En lo que interesa al recurso extraordinario, el Tribunal manifestó que el problema jurídico consistía en: «i) verificar si la demandante es beneficiaria del régimen de transición; ii) si cumple con los requisitos para acceder a pensión de vejez; y, iii) la acumulación de tiempos públicos y privados».
Tras reflexionar sobre el régimen de transición consagrado en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, 1 del Acto Legislativo 01 de 2005, que se extendió hasta el 31 de diciembre de 2014, para quienes a su vigencia acreditaran un mínimo de 750 semanas de cotización, aludió a los pronunciamientos de esta Corporación sin identificarlos, de Corte Constitucional sentencias T-090 de 2009, T-360 de 2012 y artículos 13 y 33 de la primera ley citada y a la procedencia de la sumatoria de los tiempos públicos y privados para obtener el reconocimiento de la pensión de vejez regulada por el artículo 12 del Acuerdo 049 de 1990, aprobado por el 1 del Decreto 758 de ese mismo año.
Dejó por fuera de discusión, la fecha de nacimiento de la demandante, el 11 de febrero de 1955 y su condición de beneficiaria del régimen de transición acorde con lo dispuesto en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, por lo que dijo, le era aplicable el Acuerdo 049 de 1990 para efectos pensionales. Sin embargo, de la historia laboral visible a folios 27 a 30 del expediente, dedujo que no reunió 500 semanas dentro de los 20 años anteriores al cumplimiento de los 55 años de edad ni las 1000 en cualquier tiempo, para obtener el reconocimiento de la pensión.
Razonó que si bien, procedía la acumulación de los tiempos públicos servidos certificados para bonos pensionales y los privados, al igual que los registrados en mora en el pago de las cotizaciones a cargo del empleador SERTES LTDA., la actora no reunía la densidad requerida, en tanto no era posible tener en cuenta la totalidad de los aportes, debido a la simultaneidad presentada en relación con la mencionada empresa y la Caja de Compensación Familiar del Valle, por lo que tampoco acreditó 750 semanas a la entrada en vigencia del Acto Legislativo 01 de 2005, para mantener el beneficio de la transición, toda vez que para esta época solo alcanzó 576.
Con fundamento en lo anterior, concluyó que revocaría el fallo condenatorio de primera instancia, al considerar que el a quo inadvirtió los tiempos simultáneos cotizados, incluido el laborado por la actora en «INVÍAS», certificado para bonos pensionales.
RECURSO DE CASACIÓN
Interpuesto por la demandante, concedido por el Tribunal y admitido por la Corte, se procede a resolver.
ALCANCE DE LA IMPUGNACIÓN
Pretende la recurrente que la Corte case la sentencia impugnada y en sede de instancia, confirme la decisión de primer grado.
Con tal propósito, formula un cargo por la causal primera de casación, que fue oportunamente replicado.
CARGO ÚNICO
Denuncia que la sentencia recurrida es violatoria de la ley «POR ERROR DE HECHO», al revocar el fallo de primera instancia y enlista como normas vulneradas, el artículo 7 de la Ley 71 de 1988, 12 del Acuerdo 049 de 1990, aprobado por el Decreto 758 de la misma fecha, 13, 48 y 53 de la Constitución Política, de los cuales reproduce su texto.
Sostiene que el Tribunal incurrió en la anterior infracción normativa, por la falta y errónea apreciación de las pruebas adosadas al expediente, que «hacen más gravosa la situación de la demandante». Relaciona como tales, las siguientes:
La historia laboral de la demandante, expedida el «31-12-2014», de folios 63 a 66, refleja las cotizaciones efectuadas a través del empleador «SERTEX (sic)», con fecha de afiliación desde el «01-06-1995» hasta el «30-08-1999»; que al reverso de ese documento, aparecen anotaciones de COLPENSIONES «su empleador presenta deuda por no pago», lo que fue inadvertido por el juez colegiado y por el contrario, de manera equivocada, dijo que «SERTEX (sic) olvidó desafiliar a la señora STAPPER», cercenando su derecho pensional; que además, le incumbía a la demandada, demostrar que «realizó el cobro de la deuda así se haya liquidado, que hizo parte de la liquidación», pero no acreditó que haber notificado al empleador de la referida deuda y menos, que le inició el cobro coactivo.
Dice que «SERTEX (sic) fue una empresa intermediaria que contrataba el personal de salud, les descontaba a los empleados las cotizaciones y nunca pagó»; que la demandante, consideró que tenía reunidos los requisitos legales para obtener el reconocimiento de la pensión de vejez y no debía asumir las «fallas de su empleador», porque se le «retuvieron de sus salarios el monto obligatorio de las cotizaciones a salud y pensión […] que no fue desafiliada de la seguridad social integral»; que adicionalmente, solicitó en su reclamación a la administradora de pensiones, que se tuvieran en cuenta los periodos servidos al Estado, indicados en los certificados de información laboral para bonos pensionales.
Aduce que «SERTEX (sic)» dejó de cumplir con sus obligaciones desde el año 2001 e inició el proceso de liquidación conforme la Ley 1429 de 2010 y COLPENSIONES no se hizo parte en el proceso liquidatorio, no cobró la deuda por las cotizaciones a cargo de aquella; pero lo que «resulta más aberrante», es que luego que el Tribunal, revocara la sentencia de primera instancia, «borra de un plumazo las semanas cotizadas por la señora STAPPER con SERTEX (sic) y además afirma que desde el año 2004 se trasladó a Porvenir», que la entidad enjuiciada «debió esperar que sea el fallo que ponga fin a la controversia jurídica para proceder de conformidad».
Señala la impugnante, que el reporte expedido por COLPENSIONES, el 27 de agosto de 2019, «deja por fuera la empresa SERTEX (sic), es decir, la borran de la historia laboral de la demandante, trasladando la responsabilidad a la afiliada por su falta de administración y gerencia para cobrar coactivamente, certificando un total de 678.29 semanas». Advierte que,
[…] los médicos podían y pueden trabajar en diferentes entidades, dado que su contrato es por horas, y para completar su salario trabajaban al mismo tiempo en diferentes entidades desde las 6.am, hasta las 8.pm. Y más horas, dependiendo del flujo de pacientes y la necesidad de cobertura. Esta modalidad se ha dado con los profesionales de la salud y aún sigue vigente.
Arguye que otro error de apreciación y razonamiento del fallador plural que se constata con el mismo documento de folios 63 a 66, que ignoró que allí aparece el empleador de la demandante, «CÉSAR MURGUEITIO GALARZA», del «01-06-2004 al 30-06-2008», a cuyo cargo, aparecen notas en el folio 64, por deudas mes a mes, por lo que no le tienen en cuenta 152.29 semanas cotizadas y tampoco las efectuadas por Stapper Briceño en calidad de trabajadora independiente entre el «01-07-2008» y el «20-11-2014» (f.°65 y 66) sobre las cuales la accionada indicó que «no existe relación laboral en afiliación (sic) para este pago».
Explica que el «13 de enero de 2005 (sic)» según radicado BZ2013-3220791 (f.°68), la demandante allegó a COLPENSIONES, «copia de su cédula para la corrección de errores de afiliación y fecha de nacimiento»; afirma que la sentencia impugnada no hizo pronunciamiento alguno sobre los tiempos cotizados doblemente, que si bien, no puede sumarse para contabilizar cotizaciones, sí para efectos de establecer el ingreso base de liquidación de la mesada con base en el mayor valor de salario.
Concluye que el sentenciador plural, en el fallo cuestionado,
[…] le informa a la demandante, que si es su deseo puede seguir cotizando hasta completar las semanas requeridas. Sin embargo, en la Guajira […] buscó información a (sic) Colpensiones al respecto y le informaron que mientras estuviera el proceso en curso, no podían habilitarle para que siguiera cotizando a pensión.
14. La sentencia atacada si bien indica jurisprudencia que ampara los derechos, no es clara en cuanto a que, si se tiene el derecho a la pensión con las 500 semanas cotizadas en los últimos 20 años anteriores al cumplir la edad de 55 años, este derecho se le debe respetar.
15. De negarse la anterior petición, se le debe respetar el derecho a su pensión de vejez con las mil 1000 semanas cotizadas en cualquier tiempo, así la norma haya dejado sin aplicación el régimen de transición para aquellas personas que no cumplan los requisitos antes del 31 de diciembre de 2014, argumento que no aplica para el caso en litigio, por cuanto sí cuenta con las 500 semanas para el año 2010.
16. Tiene 1000 semanas igualmente para antes de terminar la transición el 31 de diciembre de 2014; de negársele, se estaría vulnerando el derecho constitucional de la igualdad, la protección a derecho a la seguridad social integral, al salario mínimo vital, el derecho a la vida digna y alimentación congrua.
RÉPLICA
Asevera que la censura incurre en sendos yerros de orden técnico, pues no expresa la causal, vía ni modalidad de ataque, mezcla las dos causales de casación en un mismo cargo, lo que lo hace inestimable e impide a la Corte su estudio; tampoco señala «la debida identificación de la sentencia impugnada en acápite independiente de la demanda», omite señalar la proposición jurídica del cargo y al no indicar una norma violada por la sentencia impugnada, le impide a la Sala abordar su estudio y, además, no es claro el alcance de la impugnación, por cuanto «el recurrente aduce una pretensión nueva -hecho nuevo- en casación. Olvidando que el petitum de la demanda inicial no se puede reformar en la demanda de casación pues ello quebranta el derecho fundamental al debido proceso».
En cuanto al fondo del asunto, aduce que, de existir un derecho pensional a favor de la demandante, para que este sea ajustado a derecho, debieron efectuarse las cotizaciones por los tiempos efectivamente laborados, y no se pueden contabilizar doblemente los verificados con varios empleadores simultáneamente.
CONSIDERACIONES
El Tribunal concluyó que a la demandante no le asistía el derecho a obtener el reconocimiento de la pensión de vejez solicitada bajo las reglas del artículo 12 del Acuerdo 049 de 1990, aprobado por el 1 del Decreto 758 del mismo año, en razón a que, de los reportes emitidos por la demandada, coligió que no obstante ser beneficiaria del régimen de transición previsto en la Ley 100 de 1993, no se encontraba acreditada la densidad mínima de 500 semanas de cotización en los 20 años anteriores al cumplimiento de la edad ni las 1000 en cualquier tiempo y tampoco las 750 exigidas en vigencia del Acto Legislativo 01 de 2005 de modo que hubiese conservado el beneficio de la transición hasta el 31 de diciembre de 2014, habida cuenta que cotizó de manera simultánea con distintos empleadores y solo acreditó a julio de 2005, un total de 576 semanas.
La censura muestra inconformidad con las conclusiones del fallador colegiado y afirma que incurrió en los errores de falta y equivocada apreciación de las pruebas documentales que le atribuye, por cuanto a su juicio, inadvirtió todos los tiempos públicos servidos y los cotizados en el sector privado con los distintos empleadores, sin que estos hubiesen registrado novedad de retiro.
Si bien, le asiste razón a la entidad opositora en cuanto los defectos de orden técnico en los que incurre el censor, como, por ejemplo, que omitió expresar la vía y modalidad de acusación y las normas que considera violadas en la proposición jurídica, la Sala estima que tales falencias son superables, en tanto del desarrollo de la acusación, se percibe que el censor cuestiona la sentencia recurrida por la comisión de «ERRORES DE HECHO» por falta y errada apreciación de las pruebas aportadas al plenario, que supone una modalidad de ataque por vía indirecta e inaplicación indebida.
Son supuestos al margen de controversia, que: i) Armida Helena Stapper Briceño, nació el 11 de febrero de 1955 y cumplió 55 años de edad, el mismo día y mes de 2010 (f.°49); ii) solicitó a COLPENSIONES, el reconocimiento de la pensión de vejez, el 14 de agosto de 2015, que fue negada con la Resolución GNR 223340 del 22 de enero de 2016, por no tener reunidas la cotizaciones requeridas, al contar solo con «6.413 días laborados correspondientes a 916 semanas»; iii) el 4 de mayo de 2016, recurrió la anterior decisión, sin que a la fecha de la demanda inicial hubiere sido resuelta (f.°15 y 16); iv) en la historia laboral del 27 de abril de 2015, COLPENSIONES, reportó un total de 629.87 semanas de cotización; y, v) laboró tiempos públicos conforme los certificados de «Información laboral para bonos pensionales y pensiones» (f.°17 a 26 y 54 a 63).
Descendiendo al caso en concreto, del estudio del reporte emitido por COLPENSIONES, el 27 de abril de 2015 visible en folios 27 a 30 del expediente, se reflejan las siguientes cotizaciones efectuadas por la demandante a través de los distintos empleadores, así:
Año
Fecha inicial
Fecha final
Días cot.
IPC Inicial
IPC Final
Valor Indexación
IBC
IBC Actualizado
IBC por días laborados
1982
28/07/1982
31/07/1982
4
1,14
82,47
72,34
$ 3.106,00
$ 224.688,04
$ 898.752,16
1982
01/08/1982
31/08/1982
31
1,14
82,47
72,34
$ 25.880,00
$ 1.872.159,20
$ 58.036.935,20
1982
01/09/1982
30/09/1982
30
1,14
82,47
72,34
$ 25.880,00
$ 1.872.159,20
$ 56.164.776,00
1982
01/10/1982
31/10/1982
31
1,14
82,47
72,34
$ 25.880,00
$ 1.872.159,20
$ 58.036.935,20
1982
01/11/1982
30/11/1982
30
1,14
82,47
72,34
$ 25.880,00
$ 1.872.159,20
$ 56.164.776,00
1982
01/12/1982
31/12/1982
31
1,14
82,47
72,34
$ 25.880,00
$ 1.872.159,20
$ 58.036.935,20
1983
01/01/1983
31/01/1983
31
1,41
82,47
58,49
$ 31.060,00
$ 1.816.699,40
$ 56.317.681,40
1983
01/02/1983
28/02/1983
28
1,41
82,47
58,49
$ 31.060,00
$ 1.816.699,40
$ 50.867.583,20
1983
01/03/1983
31/03/1983
31
1,41
82,47
58,49
$ 31.060,00
$ 1.816.699,40
$ 56.317.681,40
1983
01/04/1983
30/04/1983
30
1,41
82,47
58,49
$ 31.060,00
$ 1.816.699,40
$ 54.500.982,00
1983
01/05/1983
31/05/1983
31
1,41
82,47
58,49
$ 31.060,00
$ 1.816.699,40
$ 56.317.681,40
1983
01/06/1983
30/06/1983
30
1,41
82,47
58,49
$ 31.060,00
$ 1.816.699,40
$ 54.500.982,00
1983
01/07/1983
30/07/1983
30
1,41
82,47
58,49
$ 98.624,00
$ 5.768.517,76
$ 173.055.532,80
1983
01/08/1983
31/08/1983
31
1,41
82,47
58,49
$ 26.600,00
$ 1.555.834,00
$ 48.230.854,00
1983
01/09/1983
30/09/1983
30
1,41
82,47
58,49
$ 26.600,00
$ 1.555.834,00
$ 46.675.020,00
1983
01/10/1983
31/10/1983
31
1,41
82,47
58,49
$ 26.600,00
$ 1.555.834,00
$ 48.230.854,00
1983
01/11/1983
30/11/1983
30
1,41
82,47
58,49
$ 26.600,00
$ 1.555.834,00
$ 46.675.020,00
1983
01/12/1983
31/12/1983
31
1,41
82,47
58,49
$ 26.600,00
$ 1.555.834,00
$ 48.230.854,00
1984
01/01/1984
31/01/1984
31
1,65
82,47
49,98
$ 31.521,00
$ 1.575.419,58
$ 48.838.006,98
1984
01/02/1984
29/02/1984
29
1,65
82,47
49,98
$ 31.521,00
$ 1.575.419,58
$ 45.687.167,82
1984
01/03/1984
31/03/1984
31
1,65
82,47
49,98
$ 31.521,00
$ 1.575.419,58
$ 48.838.006,98
1984
01/04/1984
30/04/1984
30
1,65
82,47
49,98
$ 31.521,00
$ 1.575.419,58
$ 47.262.587,40
1984
01/05/1984
31/05/1984
31
1,65
82,47
49,98
$ 31.521,00
$ 1.575.419,58
$ 48.838.006,98
1984
01/06/1984
30/06/1984
30
1,65
82,47
49,98
$ 31.521,00
$ 1.575.419,58
$ 47.262.587,40
1984
01/07/1984
31/07/1984
31
1,65
82,47
49,98
$ 31.521,00
$ 1.575.419,58
$ 48.838.006,98
1984
01/08/1984
31/08/1984
31
1,65
82,47
49,98
$ 31.521,00
$ 1.575.419,58
$ 48.838.006,98
1984
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01/12/1991
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01/12/1992
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1993
01/02/1993
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28
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01/03/1993
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01/04/1993
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28
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$ 612.360,00
$ 18.370.800,00
2012
01/11/2012
30/11/2012
30
76,19
82,47
1,08
$ 567.000,00
$ 612.360,00
$ 18.370.800,00
2013
01/03/2013
31/03/2013
30
78,05
82,47
1,06
$ 589.500,00
$ 624.870,00
$ 18.746.100,00
2013
01/06/2013
30/06/2013
30
78,05
82,47
1,06
$ 589.500,00
$ 624.870,00
$ 18.746.100,00
2013
01/07/2013
31/07/2013
30
78,05
82,47
1,06
$ 589.500,00
$ 624.870,00
$ 18.746.100,00
2013
01/08/2013
31/08/2013
30
78,05
82,47
1,06
$ 589.500,00
$ 624.870,00
$ 18.746.100,00
2013
01/10/2013
31/10/2013
30
78,05
82,47
1,06
$ 589.500,00
$ 624.870,00
$ 18.746.100,00
2014
01/02/2014
28/02/2014
30
79,56
82,47
1,04
$ 616.000,00
$ 640.640,00
$ 19.219.200,00
2014
01/03/2014
31/03/2014
30
79,56
82,47
1,04
$ 616.000,00
$ 640.640,00
$ 19.219.200,00
2014
01/04/2014
30/04/2014
3|0
79,56
82,47
1,04
$ 616.000,00
$ 640.640,00
$ 19.219.200,00
2014
01/05/2014
31/05/2014
30
79,56
82,47
1,04
$ 616.000,00
$ 640.640,00
$ 19.219.200,00
2014
01/06/2014
30/06/2014
30
79,56
82,47
1,04
$ 616.000,00
$ 640.640,00
$ 19.219.200,00
2014
01/07/2014
31/07/2014
30
79,56
82,47
1,04
$ 616.000,00
$ 640.640,00
$ 19.219.200,00
2014
01/08/2014
31/08/2014
30
79,56
82,47
1,04
$ 616.000,00
$ 640.640,00
$ 19.219.200,00
2014
01/09/2014
30/09/2014
30
79,56
82,47
1,04
$ 616.000,00
$ 640.640,00
$ 19.219.200,00
2014
01/10/2014
31/10/2014
30
79,56
82,47
1,04
$ 616.000,00
$ 640.640,00
$ 19.219.200,00
2014
01/11/2014
30/11/2014
30
79,56
82,47
1,04
$ 616.000,00
$ 640.640,00
$ 19.219.200,00
2014
01/12/2014
31/12/2014
30
79,56
82,47
1,04
$ 616.000,00
$ 640.640,00
$ 19.219.200,00
2015
01/01/2015
31/01/2015
30
82,47
82,47
1,00
$ 644.000,00
$ 644.000,00
$ 19.320.000,00
2015
01/02/2015
28/02/2015
30
82,47
82,47
1,00
$ 644.000,00
$ 644.000,00
$ 19.320.000,00
2015
01/03/2015
31/03/2015
30
82,47
82,47
1,00
$ 644.000,00
$ 644.000,00
$ 19.320.000,00
IBL ULTIMOS 10 AÑOS
$642.414
Refleja el historial transcrito, que los tiempos cotizados en de manera simultánea fueron por los periodos del 9 de agosto al 31 de agosto de 1995, del 1 de agosto al 30 de septiembre de 1996 y del 1 al 31 de octubre de 1996, caso en el cual, para efectos pensionales deben sumarse los salarios mientras no superen el máximo asegurable. Igualmente se evidencia en el referido reporte (f.°27 a 30), las cotizaciones en mora a cargo del empleador SERTES LTDA, desde el «01/07/1995» hasta el «30/09/1999», las que deben tenerse en cuenta para efectos pensionales.
De otro lado, en cuanto a los tiempos públicos servidos aportados a CAJANAL, se verifica con los certificados de información laboral obrantes en folios 20 a 26 y 56 a 60, los laborados para el Hospital Regional de Occidente desde el 28 de julio de 1982 al 30 de julio de 1983, Ministerio de Defensa desde el 1º. de octubre de 1983 al 31 de octubre de 1985 e INVÍAS, en dos periodos desde el 21 de enero de 1988 hasta el 30 de septiembre de 1989 y desde 1 de junio de 1990 hasta el 31 de diciembre de 1994.
También se deduce de la mencionada historia laboral, que la demandante, para la fecha en que cumplió 55 años, el 11 de febrero de 2010, tenía reunidas 1000 semanas de cotización, por lo que resultaba procedente el reconocimiento de la pensión de vejez, una vez se causó, con la acreditación de los requisitos legales exigidos por el artículo 12 del Acuerdo 049 de 1990, como se refleja en el siguiente cuadro:
Desde
Hasta
Días
Semanas
28/07/1982
31/12/1985
1,252.00
178.86
21/01/1988
22/02/1989
398.00
56.86
01/05/1989
30/09/1989
152.00
21.71
04/06/1990
29/01/1995
1,700.00
242.86
01/06/1995
30/09/1999
1,560.00
222.86
01/05/2004
31/03/2007
1,051.00
150.14
01/06/2007
17/11/2009
887.00
126.71
Total de semanas al 17/11/2009
1000.00
Sin embargo, Armida Helena Stapper Briceño, continuó cotizando al sistema hasta el 31 de marzo de 2015 y solicitó el reconocimiento de la prestación de vejez, el 14 de agosto siguiente, como se desprende del contenido de la Resolución n.° GNR 23340 del 22 de enero de 2016, mediante la cual, la entidad demandada la negó.
Igualmente se verifica, que al 29 de julio de 2005, data de entrada en vigor del Acto Legislativo 01 de 2005, la accionante contaba con más de 750 semanas de cotización, razón por la cual, mantuvo el beneficio de la transición consagrado en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, según los siguientes datos que se resumen a continuación:
Acto Legislativo 01 de 2005 (29/07/2005)
Desde
Hasta
Días
Semanas
28/07/1982
31/12/1985
1,252.00
178.86
21/01/1988
22/02/1989
398.00
56.86
01/05/1989
30/09/1989
152.00
21.71
04/06/1990
29/01/1995
1,700.00
242.86
01/06/1995
30/09/1999
1,560.00
222.86
01/05/2004
29/07/2005
449.00
64.14
Total semanas al 29/07/2005
787.29
Con fundamento en lo discurrido, se obtiene que la promotora del juicio, al 31 de marzo de 2015, reunió 1.177.86 semanas de cotización, de acuerdo con los tiempos servidos tanto en el sector público como en el privado, cuyo cómputo para efectos pensionales, como lo consagra el artículo 12 del Acuerdo 049 de 1990, aprobado por el 1 del Decreto 758 de igual anualidad, en línea con el criterio actual de esta Corporación, no son objeto de discusión en el recurso.
Recuerda la Sala, que en los términos del artículo 36 de la Ley 100 de 1993, quienes, a la fecha de vigencia del régimen general de pensiones -1 de abril de 1994-, contaran con 35 o más años de edad en el caso de las mujeres o 40 años o más si son hombres, o 15 o más años de servicios y/o cotizaciones, conservan las condiciones de edad, tiempo de servicios o semanas de cotización y monto, del régimen al que se encontraban afiliados, beneficio que extendió el Acto Legislativo 01 de 2005.
En punto al tema, esta Corporación en sentencia CSJ SL2714-2019, que fue reiterada en sentencia CSJ SL1694-2020, expresó:
[…] La primera, que a 31 de julio de 2010 cumplan los requisitos de edad y tiempo de servicios o de cotizaciones conforme al régimen pensional anterior, caso contrario pierden los beneficios transitorios y su régimen pensional será el establecido en la Ley 100 de 1993 y demás disposiciones que la complementan o reforman.
Al respecto, ha dicho esta Corte que esta previsión es entendible en la medida que le estableció un límite de vigencia a un régimen que por su propia definición era de carácter transitorio, es decir, que debía tener una vigencia temporal. En consecuencia, en ningún yerro de aplicación incurrió el Tribunal, pues esa fue la regla general constitucional y de ella nada distinto es posible concluir, pues su tenor literal no deja asomo de duda sobre su contenido (sentencia CSJ SL 76848, oct. 25 de 2017).
La segunda, que al momento de entrada en vigencia del Acto Legislativo tuvieran cotizadas 750 semanas o su equivalente en tiempo de servicios; en este caso continuarían siendo beneficiarios del régimen de transición del artículo 36 de la Ley 100 de 1993 hasta el 31 de diciembre de 2014. Esta condición se dio a manera de excepción, justamente para salvaguardar las expectativas de quienes podían pensionarse conforme con el régimen pensional anterior a la Ley 100 de 1993.
De lo transcrito puede concluirse, sin duda, que se fijó un límite al régimen de transición hasta el 31 de julio de 2010, para que sus beneficiarios tuvieran la posibilidad de causar el derecho pensional hasta esa fecha; en caso contrario, su pensión se regiría con base en lo establecido en la Ley 100 de 1993, con las modificaciones introducidas por la Ley 797 de 2003, con excepción de aquellos que contaran con mínimo 750 semanas de cotización o su equivalente en tiempo de servicios, a la fecha de entrada en vigencia del acto de reforma constitucional, a quienes tal beneficio se les extendió hasta el 31 de diciembre de 2014, como se acreditó en el sub lite.
En el anterior contexto, se encuentran demostrados los yerros cometidos por el sentenciador colegiado al momento de valorar las documentales aportadas al plenario, por lo que el cargo formulado sale avante y se casará la sentencia impugnada.
Sin costas en el recurso extraordinario, dada su prosperidad.
SENTENCIA DE INSTANCIA
El a quo concedió la pensión de vejez a la demandante a partir del 1 de abril de 2015, por cuanto de las certificaciones laborales expedidas para bonos pensionales y pensiones por los tiempos servidos al Estado y reportes emitidos por Colpensiones, allegados al expediente de folios 12 a 14 y 27 a 30, logró deducir que la actora es beneficiaria del régimen de transición del artículo 36 de la Ley 100 de 1993 y que se extendió en virtud de lo dispuesto en el Acto Legislativo 01 de 2005, por haber acreditado más de 750 semanas de cotización al 29 de julio de ese año con un total de 1.300 semanas de cotización y la edad de 55 años, el 11 de febrero de 2010.
En ese orden, con fundamento en el artículo 20 del Acuerdo 049 de 1990 y 21 de la Ley 100 de 1993, estableció el IBL en la suma de $1.088.706, sobre la cual, una vez aplicada la tasa de reemplazo del 90%, arrojó el valor de la primera mesada por $979.836 y un retroactivo de $42.016.633, causado entre el 1 de abril de 2015 y el 30 de abril de 2018, junto con las mesadas adicionales, intereses de mora del artículo 141 de la Ley 100 de 1993 desde el «15 de diciembre de 2015» hasta cuando se verifique el pago total de lo adeudado.
En sede de instancia, en grado de consulta a favor de Colpensiones, bastan las consideraciones vertidas en casación para concluir que la demandante tiene derecho a la pensión de vejez que fue reconocida por el juez de primer grado, conforme las previsiones del artículo 12 del Acuerdo 049 de 1990, en concordancia con lo dispuesto en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, pues la cobijó el régimen de transición que conservó hasta el 31 de diciembre de 2014, como lo dispuso el Acto Legislativo 01 de 2005, en tanto a su vigencia, contaba con más de 750 semanas de cotización.
Sin embargo, si bien, la actora, el 11 de febrero de 2010, fecha en que cumplió los 55 años de edad tenía reunidas las semanas de cotización legalmente exigidas, no se modificará la fecha de su otorgamiento, el 1 de abril de 2015, data de la última cotización, en la medida en que la accionante mostró conformidad con lo resuelto por el a quo en ese punto y afectaría los intereses de COLPENSIONES, en cuyo favor opera el grado jurisdiccional de consulta.
Por lo discurrido, se modificará la decisión de primer grado, que condenó a la entidad demandada al pago de una mesada pensional inicial de $979.836, en tanto dedujo un IBL de $1.088.706, con tasa de reemplazo del 90%, sobre la base de 1.300 semanas de cotización, superior a lo que esta Sala encontró demostrado, como se dijo al momento de resolver el recurso extraordinario, con las pruebas adosadas al plenario, esto es, que la demandante reunió 1.177.86 semanas de cotización, con ingreso base de liquidación de $642.414 conforme el IBC de los 10 últimos años aportados (Artículo 21 de la Ley 100 de 1993).
Ello, teniendo en cuenta que a la demandante le hacían falta más de 10 años para adquirir el derecho, contados desde la entrada en vigor del Sistema General de Pensiones de la Ley 100 de 1993. Por tanto, su IBL se determina conforme al artículo 21 de dicha ley (CSJ SL387-2023).
Por tanto, realizadas las operaciones aritméticas con la suma señalada, con la cual se debe calcular la pensión de vejez, y una tasa de reemplazo del 85.39%, (Artículo 20 del Acuerdo 049 de 1990) se obtiene un monto de $548.557 para la primera mesada, que resulta inferior al salario mínimo legal vigente para el año 2015, razón que conlleva reajustarla a la suma de $644.350, como lo dispone el artículo 35 de la Ley 100 de 1993.
Dadas las resultas del proceso, las excepciones formuladas no prosperan; tampoco la de prescripción, por cuanto la promotora del juicio reunió los requisitos para obtener la pensión de vejez, el 11 de febrero de 2010, fecha en que cumplió 55 años de edad (f.° 49), sin embargo continuó cotizando hasta el 30 de marzo de 2015, solicitó su reconocimiento el 14 de agosto de ese año (f.°12) y la administradora de pensiones, la negó el 22 de enero de 2016 a través de la Resolución GNR 23340 (f.°12 a 16). La demanda fue presentada el 27 de mayo de 2016 (f.°10), admitida con auto del 3 de junio de 2016 (f.°53) y notificada a Colpensiones, el 12 de agosto de ese año (f.°65), por lo que es evidente que no transcurrió el término prescriptivo de tres años consagrado en los artículos 488 del CST y 151 del CPTSS.
Conforme lo expuesto, corresponde un retroactivo a favor de la demandante, por la suma de $94.407.876, causado entre el 1 de abril de 2015 y 31 de mayo de 2023, como se refleja en el siguiente cuadro:
Año
Desde
Hasta
Incremento
Valor mesada
No. Pagos
Valor retroactivo
2015
01/04/2015
31/12/2015
$ 644.350
11
$ 7.087.850,00
2016
01/01/2016
31/12/2016
6,77%
$ 689.455
14
$ 9.652.370,00
2017
01/01/2017
31/12/2017
5,75%
$ 737.717
14
$ 10.328.038,00
2018
01/01/2018
31/12/2018
4,09%
$ 781.242
14
$ 10.937.388,00
2019
01/01/2019
31/12/2019
3,18%
$ 828.116
14
$ 11.593.624,00
2020
01/01/2020
31/12/2020
3,80%
$ 877.803
14
$ 12.289.242,00
2021
01/01/2021
31/12/2021
1,61%
$ 908.526
14
$ 12.719.364,00
2022
01/01/2022
31/12/2022
5,62%
$ 1.000.000
14
$ 14.000.000,00
2023
01/01/2023
31/05/2023
13,12%
$ 1.160.000
5
$ 5.800.000,00
Retroactivo pensional del 01/04/2015 al 31/05/2023
$ 94.407.876,00
Resultan procedentes los intereses de mora del artículo 141 de la Ley 100 de 1993, en tanto son de naturaleza resarcitoria y no sancionatoria, pues no dependen de la buena o mala fe del deudor (CSJ SL4452-2021).
En sentencia CSJ SL5681-2021, esta Corporación señaló:
En cuanto a los intereses moratorios, es oportuno recordar que la Sala ha considerado que no tienen carácter sancionatorio sino resarcitorio, pues su procedencia persigue el fin de aminorar los efectos adversos que produce al acreedor la tardanza del deudor en el cumplimiento de las obligaciones, con independencia de las razones que se aduzcan en sede administrativa.
En consecuencia, se modificarán los numerales tercero y cuarto de la sentencia proferida el 15 de mayo de 2018 por el Juzgado Catorce Laboral del Circuito de Cali y se confirmará en todo lo demás.
Sin costas en segunda instancia, las de primera, a cargo de la demandada.
DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, CASA la sentencia dictada por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali, el 15 de agosto de 2019, en el proceso laboral seguido por ARMIDA HELENA STAPPER BRICEÑO contra la ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES –COLPENSIONES, en cuanto revocó el fallo condenatorio proferido por el juez de primer grado.
En sede de instancia, RESUELVE:
PRIMERO: MODIFICAR los numerales tercero y cuarto de la sentencia proferida el 15 de mayo de 2018 por el Juzgado Catorce Laboral del Circuito de Cali, por lo expuesto en la parte motiva de esta providencia, los cuales quedarán así:
«TERCERO: CONDENAR a la ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES – COLPENSIONES, a pagar a la señora ARMIDA HELENA STAPPER BRICEÑO, la suma de $94.407.876, por concepto de retroactivo pensional causado a su favor entre el 1 de abril de 2015 y 31 de mayo de 2023.
CUARTO: CONDENAR a la ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES – COLPENSIONES, a reconocer la pensión de vejez de la señora ARMIDA HELENA STAPPER BRICEÑO, a partir del 1 de abril de 2015, por la suma de $644.350 que deberá ser reajustará anualmente, junto con sus mesadas adicionales.
SEGUNDO: CONFIRMAR en todo lo demás, el fallo consultado.
Costas, como se dijo.
Notifíquese, publíquese, cúmplase y devuélvase el expediente al Tribunal de origen.
DONALD JOSÉ DIX PONNEFZ
JIMENA ISABEL GODOY FAJARDO
JORGE PRADA SÁNCHEZ
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