Ficha de la providencia
Sentencia SL1429-2020
Corte Suprema de Justicia · Sala de Casación Laboral
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Corte Suprema de Justicia · Sala de Casación Laboral
Ficha de la providencia
Sentencia SL1429-2020
Corte Suprema de Justicia · Sala de Casación Laboral
República de Colombia
Corte Suprema de Justicia
Sala de Casación Laboral
Sentencia SL1429-2020
Magistrado ponente: Jorge Prada Sanchez
22 de abril de 2020
JORGE PRADA SÁNCHEZ
Magistrado ponente
SL1429-2020
Radicación n° 66809
Acta 13
Estudiado, discutido y aprobado en Sala virtual.
Bogotá, D. C., veintidós (22) de abril de dos mil veinte (2020).
La Sala decide el recurso de casación interpuesto por ÁNGEL OSIRIS SERNA MARTÍNEZ, ELVIRA ZULETA, SARA GARCÍA DE MÚNERA, RISARALDA CONCEPCIÓN MOLINA ACOSTA y LUIS ALFREDO CHÁVEZ VALBUENA, contra la sentencia proferida el 30 de agosto de 2013, por la Sala de Descongestión Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá D.C., en el proceso instaurado contra la FIDUCIARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO S.A. – FIDUAGRARIA S.A. -, y la SOCIEDAD FIDUCIARIA POPULAR S.A. -FIDUCIAR S.A-, voceras del PATRIMONIO AUTÓNOMO DE REMANENTES DE TELECOM – PAR.
ANTECEDENTES
Ángel Osiris Serna Martínez, Elvira Zuleta, Sara García
de Múnera, Risaralda Concepción Molina Acosta y Luis Alfredo Chávez Valbuena, presentaron demanda ordinaria para que se declarara que la relación laboral entre ellos y Telecom, en liquidación, fue terminada por la empresa unilateral e injustamente; pidieron se condenara a las demandadas al pago de la indemnización contemplada en el artículo 5 de la Convención Colectiva de Trabajo 1994- 1995, suscrita entre Telecom y Sittelecom, la indemnización moratoria o indexación, junto con las costas procesales (fls. 8-14 y 90-91)
Soportaron sus pedimentos en que mediante el Decreto 1615 del 12 de junio de 2003, se ordenó la supresión y liquidación de la Empresa Nacional de Telecomunicaciones Telecom y con acta de liquidación de 30 de enero de 2006, se constituyó el Patrimonio Autónomo de Remanentes –PAR- en virtud de los contratos de Fiducia con Fiduagraria y Fidupopular, que están llamadas a responder por las obligaciones remanentes y contingentes, así como los procesos judiciales o reclamaciones en curso al momento de terminar el proceso liquidatorio.
Afirmaron haber sido incluidos en el plan de protección especial denominado Retén Social, como personas próximas a pensionarse y cuando finalizó la liquidación de Telecom, el 31 de enero de 2006, con la suscripción del acta respectiva y se suprimieron los cargos, se les comunicó la terminación de los contratos de trabajo a partir de la citada fecha. Además, fueron incluidos en nómina de pensionados de Caprecom, con posterioridad a la finalización de los vínculos laborales.
Relataron que la petición de pago de la indemnización por despido por no haber sido incluidos en nómina de pensionados, fue negada porque la terminación de los contratos, fue consecuencia del otorgamiento de la pensión. Que Ángel Osiris Serna no obtuvo respuesta.
Las voceras del PAR, se opusieron a la prosperidad de las pretensiones y propusieron las excepciones de falta de legitimación en la causa pasiva, pago, inexistencia del derecho, buena fe, compensación, y prescripción (fls. 94-100). Aceptaron la orden de supresión y liquidación de Telecom, la constitución del Patrimonio Autónomo de Remanentes, PAR, la inclusión de los demandantes en el Retén Social, como personas próximas a pensionarse, y que el 31 de enero de 2006 finalizó la liquidación de Telecom, con la supresión de los cargos y culminación de los contratos de trabajo, notificada a aquellos en la misma fecha; admitieron la reclamación.
Como razones de defensa, adujeron que al momento de cierre del proceso de liquidación de Telecom, los actores ya habían cumplido el tiempo y la edad requeridos para que se les reconociera la pensión de jubilación, y que incluso, 4 de ellos ya contaban con la resolución y solo estaban a la espera de su inclusión en nómina.
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
La Juez Diecinueve Laboral del Circuito de Bogotá D.C., mediante sentencia del 31 de mayo de 2011, condenó a las demandadas a pagar indemnización por despido sin justa causa, más la moratoria a partir del 30 de abril de 2006 hasta el 30 de abril de 2008 y, a partir del 1 de mayo de la misma anualidad, intereses moratorios hasta cuando se demostrara el pago; absolvió de las demás pretensiones y declaró no probadas las excepciones de fondo propuestas por las demandadas, a las que impuso costas.
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
Al desatar la apelación interpuesta por ambas partes, el Tribunal revocó la decisión del a quo, absolvió de las pretensiones y no condenó en costas.
De las cartas de desvinculación, (fls. 213, 233, 252, 286 y 322) coligió que el finiquito del vínculo obedeció a la supresión de los cargos, derivada del cierre del proceso de liquidación de Telecom; advirtió que, antes de que se produjera la desvinculación, habían estado laborando en virtud del retén social.
Memoró aspectos relevantes de la liquidación definitiva de Telecom y se remitió a lo dispuesto por el Decreto 1615 de 2003, que dispuso la terminación de los contratos de los trabajadores cuyos cargos fueron suprimidos, y expuso:
[…] sin embargo, se ordenó que las personas que se encontraban dentro de los sujetos de especial protección de que trata la Ley 790 de 2002 en su artículo 12, como es el caso de los demandantes, mantendrían su vinculación laboral hasta la culminación del proceso liquidatorio de la entidad; sin embargo, mediante el Decreto 190 de 2003, se estableció que tal garantía tenía un límite temporal, esto es, el 31 de enero de 2004. En este estadio, la Corte Constitucional, se pronunció frente a los despidos de las mujeres cabezas de familia, mediante sentencia SU-388 de 2005, la que ordenó el reintegro de las mismas, sin solución de continuidad al cargo desempeñado, vínculo que perduró hasta la liquidación definitiva de TELECOM, es decir el 31 de enero de 2006 por virtud de lo ordenado en el Decreto 4781 de 2005, razón por la cual, el contrato de trabajo de la actora (sic), perduró en el tiempo, hasta esa última data.
Indicó que la Corte Constitucional, había ordenado a Telecom reintegrar a sus labores a las allí demandantes, hasta la terminación definitiva de la existencia jurídica de la empresa. De allí, coligió que:
[…] la protección que tenían los demandantes, sería efectiva, hasta la fecha en que la entidad se liquidara totalmente, esto es, hasta el 31 de enero de 2006, por lo que no puede prosperar la indemnización pretendida, máxime si se tiene que, de los documentos allegados al proceso (folios 214 y s.s.), ya existía el acto administrativo que reconocía la pensión de jubilación y que el mismo estaba sujeto al retiro del servicio. Concluyó:
[…] razón por la cual considera esta Colegiatura que no hay lugar a imponer a las demandadas, la indemnización solicitada. En virtud de lo anterior se revocará la sentencia de primera instancia, para en su lugar absolver a la pasiva de las pretensiones de las pretensiones incoadas en el presente proceso.
Se abstuvo de estudiar la inconformidad de la parte actora, en atención a la sustracción de materia sobreviniente.
RECURSO DE CASACIÓN
Interpuesto por los demandantes, fue concedido por el Tribunal y admitido por la Corte, que procede a resolverlo.
ALCANCE DE LA IMPUGNACIÓN
Pide se case la sentencia gravada y, en su lugar, se dicte fallo en el que se condene a la demandada a pagar la indemnización por despido injusto de los demandantes Sara García de Múnera, Elvira Zuleta, Risaralda Concepción Molina Agosta, Luís Alfredo Chaves Valbuena y Ángel Osiris Serna Martínez, como mínimo en las sumas de $100.178.134, $74.374.335, $113.548.383, $230.557.265, $280.384.071, respectivamente; indemnización moratoria en las sumas de $34.370.43, $37.643.26, $37.788.16, $95.585.90 y $95.585.90 diarios, a partir del día 91 del retiro y hasta cuando se verifique el pago de las prestaciones adeudadas.
Con tal designio, formula un cargo por la causal primera de casación, debidamente replicado.
CARGO ÚNICO
Por la incursión en errores de hecho trascendentes, acusa violación indirecta de la ley, por «falso juicio de existencia», debido a la preterición de los documentos que obran de folios 436 a 445, mediante los cuales se comunicó al juzgado las fechas en que fueron incluidos en nómina de pensionados y el primer pago de la mesada. Por ello, sostiene que hubo falta de aplicación de los artículos 64 (6 de la Ley 50 de 1990), 65, 467, 468, 469 y 471 del Código Sustantivo del Trabajo, 51 del Decreto 2127 de 1945, 1 del Decreto 797 de 1949, 229 y 230 de la Constitución Política, 24 y 26 del Decreto 1615 de 2003.
Señala que los errores de hecho enunciados son relevantes, en tanto el Tribunal pasó de largo sobre los documentos mencionados, que dan cuenta de las fechas de inclusión en nómina de los demandantes, así como su primera mesada pensional, que relaciona así:
A folios 436 y 437, se certifica que SARA GARCÍA DE MUNERA, fue incluida en nómina de pensionados en el mes de abril de 2006 y su primer pago se efectuó en mayo de 2006.
A folios 438 y 439, se certifica que ELVIRA ZULETA, fue incluida en nómina de pensionados en el mes de noviembre de 2006 y su primer pago se efectuó en diciembre de 2006.
A folios 440 y 441, se certifica que RISARALDA CONCEPCION MOLINA AGOSTA, fue incluida en nómina de pensionados en el mes de abril de 2006 y su primer pago se efectuó en mayo de 2006.
A folios 442 y 443, se certifica que LUIS ALFREDO CHAVES VALBUENA, fue incluido en nómina de pensionados en el mes de abril de 2006 y su primer pago se efectuó en mayo de 2006.
A folios 444 y 445, se certifica que ANGEL OSIRIS SERNA MARTINEZ, fue incluido en nómina de pensionados en el mes de abril de 2006 y su primer pago se efectuó en mayo de 2006.
Estima que al haber ignorado los documentos referidos, el Tribunal dejó de comprobar que la inclusión en nómina de pensionados y el primer pago de la mesada pensional, fueron realizados con posterioridad a la terminación de los contratos por supresión del cargo. Por ello, dice, fue ignorada la doctrina de esta Corporación, en el sentido de que no puede haber solución entre la finalización del contrato laboral, y el reconocimiento de la pensión. En apoyo de su dicho, replica apartes de las sentencias CSJ SL, 15 abr. 1980, rad. 7034, CSJ SL, 11 abr. 1985, rad. 11157 y CSJ SL, 19 ago. 1985, rad. 1999.
Sostiene que después de 1985, toda la jurisprudencia de la Corte se orientó a que la terminación del contrato de trabajo por efecto de la concesión de la pensión, solo constituye justa causa, cuando el trabajador haya sido incluido en nómina de pensionados. Asevera que la Corte Constitucional se pronunció en iguales términos, en las sentencias CC T-107-1999 y CC T-798-06. Trascribe apartes de la sentencia CC T-1037-2003 y destaca que además de la notificación del reconocimiento de la pensión, se exige la inclusión en nómina de pensionados.
Manifiesta que si bien, la desvinculación fue legal, no es una justa causa. En respaldo, refiere la sentencia CSJ SL, 1 abr. 2008, rad. 32106 y aduce que la demandada actuó de manera caprichosa, en tanto no pagó la indemnización dispuesta en el artículo 24 del Decreto 1615 de 2003, cuyo tenor transcribe; agrega que hay lugar a la indemnización moratoria por la inobservancia del término establecido en el Decreto 797 de 1949.
RÉPLICA
Llama la atención sobre las deficiencias técnicas de la demanda de casación, entre otras: falta de precisión de los errores fácticos que acusa y la denuncia de normas del Código Sustantivo del Trabajo y de las aplicables al sector de los trabajadores oficiales, sin explicar cuáles fueron las disposiciones legales materia de ataque; además, invoca falta de aplicación, que es un concepto propio de la vía directa.
CONSIDERACIONES
Las deficiencias técnicas que presenta la demanda de casación, no impiden que la Sala acometa el estudio de fondo de la única acusación enderezada contra la sentencia del Tribunal, en la medida en que puede entenderse que lo pretendido por el impugnante es que, una vez casado el fallo del Tribunal, se proceda de conformidad con lo que expresa en el alcance de la impugnación. Igualmente, se advierte que el reproche apunta a demostrar a que el ad quem no se percató de que en la fecha en que se produjo el desahucio, ninguno de ellos había sido incluido en nómina de pensionados.
Luego de examinar el contenido de las cartas de desvinculación, el juez de la alzada concluyó que la razón radicó en la supresión de los cargos que ocupaban los demandantes, debido a la liquidación de la entidad. Fundado en que la protección dispensada a los actores en virtud del retén social, tenía vigencia solo hasta la culminación del trámite liquidatorio, es decir, hasta el 31 de enero de 2006, negó la indemnización por despido injusto. Adicionalmente, consideró que ya existía acto administrativo de reconocimiento de la pensión de jubilación, que se haría efectivo a la demostración del retiro definitivo del servicio.
En la carta de despido, remitida a cada uno de los demandantes, se les informó que el apoderado general de la liquidación de Telecom, había declarado la terminación del trámite el 31 de enero de 2006, luego de quedar en firme y publicada el acta respectiva en el diario oficial, de suerte que todos los cargos quedaron suprimidos y la terminación del vínculo de cada actor operó en la fecha mencionada. En este orden, es claro que en la referencia de cada una de las misivas, se alude a la supresión de cargos y terminación del contrato de trabajo, por culminación del proceso de liquidación y la finalización de la existencia jurídica de la entidad, como razones de la terminación de las relaciones de trabajo.
Visto lo anterior, fluye palmario el yerro del Tribunal al inadvertir que el reconocimiento de la pensión de jubilación antes de la desvinculación, no fue una de las razones que inspiraron la terminación del vínculo laboral, aducidas por el liquidador de Telecom en la carta de despido, sino que la adopción de la drástica medida tuvo origen en la finalización de la existencia jurídica de la entidad.
Siendo verdad averiguada que los hechos invocados en la misiva de despido, limitan el campo de acción del operador judicial en perspectiva de determinar la justeza del despido, e indiscutible que lo aducido como motivo para extinguir el vínculo laboral, fue la culminación del proceso de liquidación de la demandada y la supresión automática de los cargos, también es claro que tal hipótesis no constituye justa causa para finalizar el vínculo laboral, según los términos del artículo 48 del Decreto 2127 de 1945.
Cumple memorar que esta Sala de la Corte ha reiterado que la liquidación o supresión de entidades, no comporta factibilidad de despedir a los trabajadores, sin el pago de la condigna indemnización, en atención a que el despido podrá ser legal, pero no justificado. En sentencia CSJ SL4984-2017, se discurrió:
La liquidación de una entidad si bien es un modo legal de terminación de los contratos de trabajo, no constituye una justa causa de despido. Al respecto, esta Corporación en sentencia CSJ SL 1042-2015, reiterada en CSJ SL 13593-2015, insistió en que «pese a ser legal el despido de trabajadores oficiales por la clausura o liquidación de una entidad estatal, esa calificación no implica que la desvinculación del trabajador esté amparada en una justa causa».
El desacierto fáctico adquiere la entidad suficiente para quebrar el fallo confutado, en la medida en que si bien, el despido operó desde el 31 de enero de 2006, tal cual lo asevera el censor en su escrito, la inclusión en nómina de cada uno de los promotores del litigio, se produjo con posterioridad a esa fecha:
Sara García de Múnera: A folios 436 y 437, se certifica que fue incluida en nómina de pensionados en abril de 2006 y su primer pago se efectuó en mayo del mismo año.
Elvira Zuleta: A folios 438 y 439, se certifica que fue incluida en nómina de pensionados en noviembre de 2006 y su primer pago se efectuó en el mes siguiente.
Risaralda Concepción Molina Acosta: A folios 440 y 441, se hace constar su inclusión en nómina de pensionados en abril de 2006, y su primer pago, en mayo siguiente.
Luis Alfredo Chávez Valbuena: según constancia de folios 442 y 443, fue incluido en nómina de pensionados en abril de 2006 y su primer pago se efectuó en mayo de 2006.
Ángel Osiris Serna Martínez: los folios 444 y 445, certifican su ingreso a nómina de pensionados en abril de 2006 y su primer pago, en el mes siguiente.
La solución de continuidad entre la percepción del salario y la mesada pensional es evidente, como lo puso de presente la censura, de suerte que conforme lo tiene definido con profusión la Sala, la terminación del contrato de trabajo por parte de Telecom, no estuvo asistida de una justa causa; en consecuencia, el cargo deviene próspero, lo cual conduce al quiebre de la sentencia.
Sin costas en el recurso, dada su prosperidad.
SENTENCIA DE INSTANCIA
En el recurso de apelación, la parte demandante (fls.
505-507) atribuye error a la juez en la liquidación de la indemnización por despido, derivado de haberla calculado teniendo en cuenta únicamente el concepto de sueldo y no de salario; por ello, solicitó la inclusión en la base de la liquidación de las sumas recibidas por los demandantes, de que dan cuenta los cuadros obrantes de folios 342 a 347.
A su turno, la demandada asegura que, en realidad, el retiro obedeció al reconocimiento de la pensión, de allí que se les hubiera reconocido la prima de retiro a la finalización del vínculo; por ello, insiste en invocar la prosperidad de la excepción de compensación. Por otro lado, controvierte la imposición de la indemnización moratoria, que juzga improcedente, por haberse ignorado la evidente buena fe de la empresa, que solucionó la prima de retiro junto con salarios y prestaciones sociales.
En sede casacional, la Sala recordó que la liquidación de una entidad no configura justa causa de despido; en tal virtud, se abre paso la indemnización correspondiente, que encuentra fundamento en el artículo 24 del Decreto 1615 de 2003, que establece:
A los trabajadores oficiales a quienes se les termine el contrato de trabajo como consecuencia de la supresión de la Empresa Nacional de Telecomunicaciones – Telecom, se les reconocerá y pagará una indemnización, de conformidad con lo previsto en la tabla contenida en el artículo 5º de la Convención Colectiva suscrita entre la Empresa Nacional de Telecomunicaciones – Telecom y sus trabajadores el día dieciocho (18) de febrero de 1994. Dicha indemnización será cancelada en el término máximo establecido en el Decreto 797 de 1949.
No fue materia de controversia que los demandantes eran beneficiarios de la convención colectiva de trabajo 1994-1995, visible a folios 20 a 35, que exhibe constancia de depósito oportuno. El artículo 5 de la misma es del siguiente tenor:
Artículo 5°. Estabilidad para los trabajadores oficiales vinculados a partir 1° de enero 1993.
A los contratos celebrados a término indefinido con los trabajadores oficiales vinculados a planta de personal de las empresas a partir del primero de enero de 1993, no se les aplicará el plazo presuntivo ni las cláusulas de reserva. Cuando la terminación de estos contratos obedezca a una decisión unilateral de la empresa o en un evento que no se comprobare dentro del proceso judicial la ocurrencia de la justa causa invocada, el trabajador únicamente tendrá derecho al pago de una indemnización de acuerdo con la siguiente tabla:
a) Cuarenta y cinco días de salario cuando el trabajador tuviera un tiempo de servicio no mayor a un (1) año;
[…]
d) Si el trabajador tuviera diez (10) años o más de servicio continuo se le pagarán cuarenta (40) días adicionales de salarios sobre los cuarenta y cinco (45) básicos del literal a), por cada uno de los años de servicios subsiguientes al primero, y proporcionalmente por fracción.
Definida en este ámbito la procedencia de la referida indemnización, los demandantes, en la sustentación de la alzada, reclaman la inclusión de todo lo devengado durante el último año de servicio; censuran la exclusión de ingresos integrantes de salario, previstos en los Decretos 1045 y 1042 de 1978, artículos 45 y 42 respectivamente, y los reconocidos por la convención colectiva de trabajo.
De folios 343 a 347, reposan cuadros con diversos valores pagados a los actores desde el 1 de enero de 2005 al 31 de enero de 2006. Se aprecian en ellos rubros como «Sueldo Nómina», «Pma Anual», «Pma semestral», «Bono Recar Dic», «Pma Gradual», «Pma Vacaciones», «Pma Saturación», «S Vacac Tiempo», «Increment Vaca», «Bonif Conv.8», «Pma Retiro», «Cesant e int/0», «Sldo e Int. Ces», «Aux. Edu.Univer», «Subfamiliar», «Bonifica 1 y 3» y «Aux.Edu.Preesc».
Como juzgador de segunda instancia, la Sala no puede incursionar en el análisis propuesto por los integrantes de la parte actora, en tanto este cuestionamiento no formó parte de las pretensiones enlistadas en la demanda inicial; en dicha pieza procesal no se precisó cuáles valores, de los percibidos, concretamente consideraban constitutivos de salario para liquidar las indemnizaciones reclamadas, en aras de permitir a la contraparte el derecho de contradicción sobre el punto y al administrador de justicia, el debido encausamiento de la controversia procesal para la cabal garantía del debido proceso.
Solo en la alzada, superadas las etapas de la litis contestatio y cerrado el debate probatorio, en abstracto se pregona la condición salarial de rubros convencionales y legales. Con todo, cumple advertir que, si bien los ordenamientos invocados connotan de incidencia salarial diversos rubros, el Decreto 1042 de 1978, según su artículo 1, gobierna el ámbito de los empleados públicos, que no de los trabajadores oficiales, y el Decreto 1045, de la misma anualidad, tampoco incluye a las empresas industriales y comerciales del Estado en su regulación y, en todo caso, su canon 45, expresamente confina su aplicación para la liquidación de pensiones y cesantías, rubros no discutidos acá.
En lo concerniente a la indemnización moratoria, es indispensable recordar que la jurisprudencia ha reiterado que no es de aplicación automática e inexorable, dado que el juez tiene el deber de analizar las pruebas incorporadas al proceso a fin de verificar si la conducta del empleador estuvo basada en razones denotativas de un obrar con lealtad, rectitud y honestidad, de suerte que si existen elementos de persuasión que acrediten una conducta provista de buena fe, no procede la imposición de la sanción. Sobre el particular en sentencia CSJ SL, 8 jul. 2003, rad. 20586, se dijo:
[…]
Pero por otro lado y en relación con el planteamiento que a esta Sala hace el censor es pertinente anotar que de tiempo atrás tiene por sentado que la indemnización moratoria de que da cuenta el artículo 1 del Decreto 797 de 1949, por el no pago o por cancelación extemporánea o incompleta de los salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones de los trabajadores oficiales, que es la vinculada específicamente al proceso y al ataque en casación, no es de aplicación automática ni inexorable puesto que el juzgador, antes de fulminar la condena solicitada, debe indagar si la conducta desplegada por el empleador para omitir o retardar el reconocimiento de las acreencias laborales estuvo revestida de buena fe patronal, como lo anotó el ad quem.
A juicio de la Sala, la demandada actuó convencida de haber mantenido vinculada a la demandante hasta la liquidación total y definitiva de la actividad empresarial de la empleadora, de suerte que actuó bajo la certeza, equivocada, de que existía la causa legal de terminación del contrato. De esta suerte, la empleadora tuvo la total convicción de que como a la fecha de extinción del vínculo, 31 de enero de 2006, las actoras habían causado el derecho a la pensión por vejez, luego reconocido retroactivamente a partir de dicha fecha, no había lugar al pago de la indemnización.
Adicionalmente, cumple tener en cuenta que cada una de las demandantes, además de sus salarios y prestaciones, recibió una prima de retiro, conforme con lo dispuesto por el Acuerdo JD-012 de 1992, correspondiente a 140 días de sueldo motivado por razón de la pensión que, como se verá más adelante, no procedía en caso de pagarse la indemnización por despido, originada en la terminación del proceso de liquidación de Telecom.
En ese orden, dada la revocatoria de la indemnización moratoria, se ordenará que las condenas impuestas, se solucionen debidamente indexadas a la fecha del pago, conforme a la siguiente fórmula:
VA= VH x (IPCF/IPCI)
VA= Valor actual VH= Valor histórico
IPCF= Índice final de precios al consumidor, vigente al pago
IPCI= Índice inicial de precios al consumidor, vigente a la terminación del contrato.
Del valor resultante, la parte demandada podrá deducir lo sufragado a cada accionante por prima de retiro, en atención a que la excepción de compensación formulada por las demandadas resulta próspera, como ya lo ha resuelto esta Sala, v.gr., en sentencia CSJ SL3746-2018:
En lo tocante a la excepción de compensación propuesta por la demandada, Patrimonio Autónomo de Remanentes -PAR- (f.° 281), respecto de lo pagado por prima de retiro, en efecto le asiste razón a dicha parte, en atención a que de la Convención Colectiva de Trabajo obrante a folios 27 a 63, se desprende, del f.° 45, que dicha prestación se causa cuando el retiro se produce por haber salido el trabajador a disfrutar de pensión de jubilación o de vejez y, conforme a lo expuesto en forma precedente, la terminación del contrato de trabajo del demandante, tuvo lugar por la extinción de la entidad y la supresión del empleo, mas no por el reconocimiento de una pensión de las mencionadas.
Tal prima, fue prevista por el artículo 158 del Acuerdo JD-012 de 1993 (fl. 212 reverso), en los siguientes términos:
PRIMA DE RETIRO POR JUBILACIÓN, VEJEZ E INVALIDEZ. Consiste en una suma equivalente a ciento cuarenta (140) días del sueldo que devengue el empleado en el momento de su retiro, motivado por razón de la pensión y que haya servido a Telecom, al Ministerio de Comunicaciones o a la Administración Postal como mínimo diez (10) años en forma continua o discontinua […] (Resalta la Sala).
De donde se colige que, al no ser la pensión de jubilación el motivo del retiro de los accionantes, no procedía el pago de dicha prerrogativa. Así lo resolvió la Sala en sentencia CSJ SL3746-2018, al razonar que:
En lo tocante a la excepción de compensación propuesta por la demandada, Patrimonio Autónomo de Remanentes -PAR- (f.° 281), respecto de lo pagado por prima de retiro, en efecto le asiste razón a dicha parte, en atención a que de la Convención Colectiva de Trabajo obrante a folios 27 a 63, se desprende, del f.° 45, que dicha prestación se causa cuando el retiro se produce por haber salido el trabajador a disfrutar de pensión de jubilación o de vejez y, conforme a lo expuesto en forma precedente, la terminación del contrato de trabajo del demandante, tuvo lugar por la extinción de la entidad y la supresión del empleo, mas no por el reconocimiento de una pensión de las mencionadas.
Así las cosas, se declarará parcialmente probada la excepción de compensación; en consecuencia, se le autorizará a descontar a la demandada, Patrimonio Autónomo de Remanentes -PAR-, de la suma objeto de condena por indemnización por despido injusto, la cantidad de $4.927.767,oo pagada al demandante por concepto de prima de retiro (f.° 18).
Costas en las instancias a cargo de las condenadas y favor de los accionantes.
DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, CASA la sentencia proferida el 30 de agosto de 2013, por la Sala de Descongestión Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá D.C., dentro del proceso ordinario seguido por ÁNGEL OSIRIS SERNA MARTÍNEZ, ELVIRA ZULETA, SARA GARCÍA DE MÚNERA, RISARALDA CONCEPCIÓN MOLINA ACOSTA y LUIS ALFREDO CHÁVEZ VALBUENA, contra la SOCIEDAD FIDUCIARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO S.A. –FIDUAGRARIA S.A.-, y la SOCIEDAD FIDUCIARIA POPULAR S.A. –FIDUCIAR S.A-, voceras del PATRIMONIO AUTÓNOMO DE REMANENTES DE TELECOM–PAR. En sede de instancia, resuelve:
Primero: Confirmar el ordinal primero de la sentencia dictada el 31 de mayo de 2011, por la Juez Diecinueve Laboral del Circuito de Bogotá D.C., dentro de este proceso (fls. 487 a 504 c. juzgado), que dispuso el pago de la indemnización por despido a los accionantes, en las cuantías allí mencionadas. Se adiciona para ordenar la indexación de la referida indemnización, conforme a lo expuesto.
Segundo: Revocar el ordinal segundo de la sentencia de primer grado, mediante el cual se impuso condena por indemnización moratoria a favor de cada uno de los demandantes, de la cual se absuelve a la parte demandada.
Tercero: Revocar parcialmente el numeral cuarto de la sentencia de primer grado, que declaró no probadas las excepciones propuestas. Se dispone que prospera la excepción de compensación; en consecuencia, se autoriza a las demandadas para deducir del valor de la indemnización por despido correspondiente a cada demandante lo pagado por prima de retiro.
Cuarto: Confirmar en lo demás.
Costas como se dijo.
Cópiese, notifíquese, publíquese, cúmplase y devuélvase el expediente al Tribunal de origen.
DONALD JOSÉ DIX PONNEFZ
JIMENA ISABEL GODOY FAJARDO
JORGE PRADA SÁNCHEZ
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