Ficha de la providencia
Sentencia SL1434-2023
Corte Suprema de Justicia · Sala de Casación Laboral
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Corte Suprema de Justicia · Sala de Casación Laboral
Ficha de la providencia
Sentencia SL1434-2023
Corte Suprema de Justicia · Sala de Casación Laboral
República de Colombia
Corte Suprema de Justicia
Sala de Casación Laboral
Sentencia SL1434-2023
Magistrado ponente: Donald Jose Dix Ponnefz
21 de junio de 2023
DONALD JOSÉ DIX PONNEFZ
Magistrado ponente
SL1434-2023
Radicación n.°94353
Acta 20
Bogotá, D. C., veintiuno (21) de junio de dos mil veintitrés (2023).
La Sala decide el recurso de casación interpuesto por WILSER DE JESÚS GUTIÉRREZ FERNÁNDEZ, contra la sentencia proferida el 23 de marzo de 2022, por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Buga, en el proceso ordinario que instauró contra la COOPERATIVA DE CAFICULTORES DEL CENTRO DEL VALLE - CAFICENTRO.
ANTECEDENTES
Wilser de Jesús Gutiérrez Fernández, llamó a juicio a la Cooperativa de Caficultores del Centro del Valle - Caficentro, para que se declarara la existencia de dos contratos verbales de trabajo, el primero del 2 de enero de 2000 al 30 de julio de 2005 y el segundo desde el 2 de enero de 2007 hasta el 10 de octubre de 2014. Reclamó el pago de las cesantías por todo el tiempo laborado; las primas de servicios y vacaciones de los últimos tres años de trabajo; la indemnización por despido sin justa causa, junto con la sanción moratoria del art. 65 del CST; la dotación no suministrada y «pensión». Todo con intereses a la tasa máxima legal y las costas del proceso.
Indicó en sustento de las pretensiones, que se vinculó con la demandada en las fechas señaladas, como obrero y que le correspondía «bultear», empacar, cargar y secar café; que ambas vinculaciones fueron verbales; que ejecutó sus labores de manera subordinada; que si bien el horario de trabajo era de 7:00 am a 4:00 pm, el mismo era incierto; que «su sueldo fijo mensual» era pagado en el sitio de trabajo; que obedeció las instrucciones de su empleador y estuvo bajo su supervisión permanente y continua; que lo citó a una audiencia de conciliación ante la Inspección de Trabajo de Tuluá, que se declaró fracasada; que por lo anterior, la accionada como represalia lo despidió, sin pagarle sus prestaciones sociales; que nunca le hicieron los aportes al sistema de seguridad social integral ni le suministraron la dotación obligatoria (fs.°23 a 29 y 36 cdno. principal).
La Cooperativa de Caficultores del Centro del Valle – Caficentro, al contestar, se opuso a las pretensiones. Negó la existencia de la relación laboral, pero indicó que el actor «tuvo una fugaz vinculación» del 18 de octubre de 2001 al 30 de diciembre de ese mismo año, vínculo en el que devengó un salario de $143.000, por cuanto su labor fue de medio tiempo como quiera que «se trataba de trabajadores enganchados por cosecha». Negó los demás supuestos fácticos, exceptos los relativos a la audiencia de conciliación.
Si bien admitió la anterior relación, rechazó que hubiera existido otra. En ese orden, sostuvo que Gutiérrez Fernández se desempeñó como brasero en las afueras del «fielato» de Ceilán, labor que era pagada por los dueños de la carga o los propietarios de los camiones. En atención a que el demandante no fue su trabajador, adujo que no tenía la obligación de pagar salarios ni prestaciones laborales.
Propuso como excepciones las de inexistencia de la obligación y del contrato de trabajo, prescripción, buena fe y la «INNOMINADA» (fs.°45 a 53).
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
El Juzgado Primero Laboral del Circuito de Tuluá, mediante fallo de 29 de agosto de 2019 (cd f.°144), resolvió:
Primero: Declarar que entre el 1 de enero de 2007 y el 10 de octubre de 2014, existió un contrato de trabajo entre el señor Wilser de Jesús Gutiérrez Fernández como trabajador y la Cooperativa de Caficultores del Centro del Valle – Caficentro como empleador, la cual terminó por decisión unilateral y sin justa del empleador.
Segundo: Condenar a la Cooperativa de Caficultores del Centro del Valle – Caficentro, a pagar al señor Wilser de Jesús Gutiérrez Fernández, los siguientes montos:
Cesantías 2011 $599.200
Cesantías 2012 $634.500
Cesantías 2013 $660.000
Cesantías 2014 $535.111
Total cesantías $2.428.811
Primas de servicios 2011 $198.069
Primas de servicios 2012 $634.500
Primas de servicios 2013 $660.000
Primas de servicios 2014 $535.111
Total prima de servicios $2.027.168
Intereses a las cesantías 2011 $23.768
Intereses a las cesantías 2012 $76.140
Intereses a las cesantías 2013 $79.200
Intereses a las cesantías 2014 $49.244
Total intereses a las cesantías $278.996
Compensación vacaciones $1.032.000
Indemnización por despido injusto $3.398.267
TOTAL $9.165.242
Asimismo, el empleador deberá consignar a favor del trabajador las cotizaciones correspondientes a toda la relación laboral declarada, con los rendimientos que pudo haber devengado este dinero de haberse pagado oportunamente, conforme lo certifique el cálculo actuarial que, para el efecto deberá solicitarse y realizar el fondo de pensiones al cual se encuentre vinculado el señor Wilser de Jesús Gutiérrez Fernández, o al que se vincule según su voluntad.
Tercero: Negar las demás pretensiones de la demanda.
Cuarto: Condenar en costas a la entidad demandada, se fijan las agencias en derecho en $1.200.000.
[…]
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
La Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Buga, al desatar las apelaciones interpuestas por ambas partes, con sentencia de 23 de marzo de 2022 (fs.°1 a 36 cdno. digital), dispuso:
PRIMERO: CONFIRMAR en su integridad el auto interlocutorio No. 1517 del 29 de agosto de 2019, por lo expuesto en la parte considerativa de este proveído.
SEGUNDO: REVOCAR los numerales 1º y 2º de la sentencia identificada con el número 134, proferida por el Juzgado Primero Laboral del Circuito de Tuluá, Valle del Cauca, el 29 de agosto de 2009 (sic), para en su lugar, ABSOLVER a la demandada COOPERATIVA DE CAFICULTORES DEL CENTRO DEL VALLE “CAFICENTRO” de las pretensiones esbozadas por la parte actora, por las consideraciones esbozadas en el asunto del epigrafie (sic).
TERCERO: CONFIRMAR el numeral 3º de la decisión.
CUARTO: REVOCAR el numeral 4º de la sentencia recurrida, la cual quedará así: “CUARTO: CONDENAR en costas al señor WILSER DE JESUS GUTÍERREZ (sic) FERNÁNDEZ a favor de la demandada COOPERATIVA DE CAFICULTORES DEL CENTRO DEL VALLE “CAFICENTRO” Liquídese por la secretaria del Juzgado las agencias en derecho”.
QUINTO: SIN COSTAS en esta instancia.
Del estudio probatorio, encontró acreditada la prestación del servicio del actor a favor de la demandada,
[…] lo que conforme al artículo 24 del CST, conlleva a presumir la existencia de un contrato de trabajo entre las partes.
Se duele además el demandado del extremo de la relación laboral fijado por el a quo, pues insiste en que el promotor de la acción tuvo un solo contrato laboral el cual se encuentra liquidado, y que de los hechos de la demanda como de la declaración del señor JHON ALVEIRO (sic), se indican otros extremos.
[…]
Acudió a la sentencia CSJ SL, 5 abr. 2011, rad. 41224 que se refirió a la carga probatoria de las fechas de inicio y finalización del vínculo laboral y, afirmó que de acuerdo con las «subreglas jurisprudenciales» señaladas en esa providencia, la parte actora estaba obligada a demostrar los extremos temporales que pretende hacer valer en juicio.
En ese orden, «analizó el material probatorio por ella allegado, [parte actora] que tenga la entidad de respaldar su dicho» y, anotó que en los hechos 1 y 2 de la demanda se indicó que tuvo dos vinculaciones con la accionada: de enero de 2000 a julio de 2005 y, de enero de 2007 a octubre de 2014.
De las declaraciones de «GLORIA Y JHON ALVEIRO», estimó que si bien afirmaron la prestación del servicio del demandante, también manifestaron que laboró desde el 2000 hasta el 2014, «como si fuera de manera ininterrumpida, sin acercase por lo menos a lo indicado en los fundamentos facticos (sic)». Al revisar la afiliación al sistema general de seguridad social, observó que el actor fue vinculado como trabajador de dicha entidad el 18 de octubre de 2001, por lo que tuvo esa data como fecha de inicio de la primera relación laboral.
Acotó que no corría la misma suerte el extremo final, pues si bien se alegó que esa relación se extendió hasta 2005, «no existía prueba relevante» que permitiera determinar si en verdad fue así; que, por el contrario, la entidad allegó copia del contrato de trabajo y su liquidación, documentos de los que coligió que el vínculo terminó el 31 de diciembre de 2001, sin que la accionada a la fecha de interposición de la demanda, le adeudara prestaciones económicas en punto a esa vinculación.
En relación con el segundo vínculo – entre enero de 2007 y octubre de 2014- confirmó lo expuesto por el Juzgado en cuanto al extremo final. Al verificar «el material probatorio, principalmente el documento que milita de folios 7 y 8 del expediente digital», consistente en una copia del libro de actos urgentes del Comando Subestación de Policía Ceylán, donde se instauró una queja por el actor y Jhon Albeiro, el 10 de octubre de 2014, contra el gerente de la CTA accionada,
[…] quienes refirieron que no los dejaron ingresar a las bodegas del Fielato, documento que no fue desvirtuado ni controvertido por el extremo pasivo; por el contrario, el demandante no probó el extremo inicial; se itera, los testigos afirmaron al unísono que trabajó desde el año 2000 hasta 2014, manifestaciones que no podría la Sala tener en cuenta para fraccionar el tiempo de servicio deprecado por el demandante; de ahí que al no determinarse el extremo inicial del segundo vínculo laboral, el cual es requisito esencial para cuantificar las pretensiones condenatorias (sic).
RECURSO DE CASACIÓN
Interpuesto por el demandante, concedido por el Tribunal y admitido por la Corte, se procede a resolver.
ALCANCE DE LA IMPUGNACIÓN
Pretende que se case la sentencia recurrida, para que, en sede de instancia, se confirme la de primer grado, «excepto el numeral tercero de la mentada providencia, para en su lugar, condenar a la demandada al pago de la indemnización por no pago establecida en el artículo 65 del CST, conforme lo sustentado en el recurso de apelación presentado ante el juez ad quem».
Con tal propósito, formula un cargo por la causal primera de casación, replicado por la accionada.
CARGO ÚNICO
Acusa la sentencia por la vía indirecta, en la modalidad de aplicación indebida de los arts. 3, 5, 9, 13, 14, 22, 23, 24, 34 y 35 del CST, «Ley 79 de 1988 y Decreto 468 de 1990», y los arts. 13, 25 y 53 de la C.N.
Endilga al Tribunal la comisión de los siguientes errores de hecho:
PRIMERO: No dar por demostrado, estándolo, que existió una relación laboral entre el demandante y el convocado entre el 1 de enero de 2007 y el 10 de octubre de 2014.
SEGUNDO: No dar por demostrado, estándolo, que el demandado adeuda al actor prestaciones sociales, indemnización por despido injusto, indemnización moratoria de que trata el artículo 65 del C.S.T. y aportes al Sistema General de Seguridad Social en Pensiones (negrillas del propio texto).
A renglón seguido, indica «Así mismo, acuso la sentencia censurada por ser violatoria de la ley sustancial por la vía directa en la modalidad de interpretación errónea de los artículos 23 y 24 del C.S.T».
Asevera que el ad quem aplicó la jurisprudencia de esta Corporación y, tuvo en cuenta el «entendimiento» que se ha sentado del citado art. 24, «bajo el supuesto de que el trabajador tiene la carga de demostrar los extremos temporales para que salga avante la presunción legal establecida en la norma reseñada»; que si bien aplicó la norma apropiada y la entendió de manera adecuada, «fue aplicada indebidamente», ya que las circunstancias de hecho «no hacen de suyo posible su aplicación».
Sustenta la anterior afirmación en que, pese a que esta Sala de la Corte ha señalado que al trabajador le compete demostrar los extremos temporales alegados, también ha adoctrinado que en caso de no conocerse con exactitud, se pueden establecer haciendo una aproximación (sentencia CSJ SL3937-2021), cuestión que pasó por alto el colegiado.
A continuación, asevera:
En esos términos, se debe partir de la premisa esbozada por el ad quem al tener por acreditada “la prestación del servicio por parte del actor; lo que conforme al artículo 24 del CST, conlleva a presumir la existencia de un contrato de trabajo entre las partes” (Fl. 31 Sentencia segunda instancia), así como la acreditación del extremo final de la relación laboral el día 10 de octubre de 2014, confirmando la tesis de primera instancia.
Manifiesta que así como se determinó la «relación laboral» y el extremo final, se debió analizar minuciosamente las pruebas y atender el alcance jurisprudencial acerca de la demostración de los extremos, «en especial el inicial».
Considera mal apreciadas «las confesiones vertidas por el representante legal de CAFICENTRO», cuando aceptó la existencia de una relación laboral entre las partes, la que se corrobora con el contrato de trabajo del que se infieren,
[…] las funciones realizadas al momento de su contratación, estipuladas en la cláusula “PRIMERA: […]” (Fl. 73-74 ExpedientePrimeraInstancia -sic-), premisa donde se observa la deficiente y evasiva información otorgada por el representante legal, primero porque no aclaró, teniendo conocimiento con la prueba documental anunciada, sobre las funciones realizadas por el actor al momento de la vinculación directa con la demandada y segundo porque no conoce, teniendo la obligación de hacerlo por la calidad que ostenta, a profundidad la motivación de la desvinculación del demandante.
Memora que dicho interrogado sostuvo que el demandante después «de la terminación del contrato con CAFICENTRO se desvinculó sin tener conocimiento de un nuevo contrato, entonces aquí como (sic) se explica las repetidas coincidencias testimoniales», cuando Javier Grueso Marín sostuvo que laboró con el actor y fue quien lo vinculó por órdenes de Álvaro Giraldo, «quien era el FIEL en ese entonces, ello en los años 2003 y 2004», lo que en su criterio fue coadyuvado por el testigo Abelardo Morales Amariles.
Continúa con lo expuesto por Gloria Amparo Montoya Urrego, y retoma el interrogatorio del representante legal de Caficentro cuando explicó que,
[…] el Fiel es el responsable de realizar las diferentes compras de café, sin contar con autorización para contratar por parte de sus Jefes o directivos de la empresa; y que el Fiel no tiene ayudantes para las labores de cargue y descargue; aquí existe una contradicción frente a lo estipulado por el representante legal vs. Lo (sic) que anuncian los testigos, ya que estos últimos afirman que el señor WILSER DE JESUS (sic) GUTIERREZ (sic) permanecía en el FIELATO laborando, recibía ordenes (sic) del FIEL en este caso el señor ALVARO GIRALDO y era su mano derecha, al punto de portar las llaves de la mentada bodega. Al manifestar las funciones encomendadas al FIEL, están las de evaluar, verificar la calidad del café y pagar; olvidándose de las mencionadas por los testigos arriba anunciados, funciones propias de un obrero y que no son atribuibles al FIEL, como son las labores de descargue, de secado, y demás procedimientos que se realizan al café antes de la venta. En repetidas ocasiones los testigos manifiestan las funciones que ejercía el señor WILSER DE JESUS (sic) GUTIERREZ (sic), dejando sin piso la confesión otorgada por el representante legal, al manifestar que son los cafeteros los encargados de determinar quién descarga el café.
Sigue con otras manifestaciones del citado representante legal, para insistir que fueron desvirtuadas por los testigos del accionante, incluso de la demandada. Recaba en que el interrogado aseveró que «el FIEL no despidió al señor WILSER DE JESUS (sic), porque no era empleado de la CTA y además de ello que no se reunió con este para llegar a un acuerdo conciliatorio, cuando a folios 10 del expediente de primera instancia, se visualiza el acta de no conciliación de la inspección de trabajo, de fecha octubre 11 de 2014», firmada por el gerente de la accionada.
Advierte que se desatendió la conducta procesal de Caficultores, al no aportar las pruebas que de manera oficiosa decretó el a quo en proveído de 17 de mayo de 2019, «dejando un vacío respecto a la demostración de la relación laboral y los extremos temporales», que debe considerarse como un indicio en su contra, por tener la oportunidad procesal para «demostrar sus contradicciones y el Juez pudiera llegar a una verdad real».
Aduce que la demandada aportó documentación atinente a la contratación inicial y directa del actor, que no fue analizada y que da cuenta que fue vinculado como «OBRERO DEL FIELATO»; y, que con la prueba testimonial, no logró controvertir «la no continuidad de esta misma contratación con el transcurrir del tiempo», y que todo lo contrario, se comprobó «la presencia del actor a lo largo de 14 años en la misma institución y a través de un contrato verbal, mismo que obedece a un contrato a término indefinido».
En relación con los documentos «“PAGOS NETOS NOMINA (sic) DE PERSONAL”» correspondientes a los meses de julio, agosto, septiembre y octubre de 2014, dice que unos están «sin aprobar ni revisar», otros con firma del trabajador y algunos sin ella, «mas no así la documentación solicitada de oficio, como son las notas contables, mismas requerida por el Juez de primera instancia y que en segunda instancia no fue valorado».
Insiste en que si bien era una carga procesal del actor demostrar el extremo inicial de la relación laboral, «es importante aquí, exteriorizar, que la contraparte no debió ser negligente en su intervención, ya que estamos ante un trabajador que se debilita ante las argucias de un empleador que niega un derecho innegable».
Retoma las declaraciones de Gloria Amparo Montoya Urrego, Javier Grueso Marín, Abelardo Morales Amariles y Johan Albeiro Benítez Ramírez, para aducir que no fueron valoradas «a profundidad» y, que en específico se «desconoció las afirmaciones» de Gloria Amparo.
Aclara que aunque la prueba testimonial no es apta en casación, «son necesarias en el presente caso para dilucidar el extremo inicial», por ello, trae más apartes de tales testimonios en aras de acreditar que con «todas las fechas» señaladas por los testigos, se puede
[…] promediar la fecha de ingreso de la siguiente manera: ingreso desde la vinculación directa que fue de octubre a diciembre del año 2001, fue terminada por la misma COOPERATIVA, y se dio continuidad desde enero de 2002 tal y como lo afirma el testigo MORALES AMARILES.
En suma, no es propio el alcance que le otorgó al canon 24 del C.S.T. el Honorable Tribunal Superior del Distrito Judicial de Buga – Sala Laboral al caso en concreto, ya que el supuesto de hecho establecido por esta Corporación impedía hacerlo, pues de lo concluido por la Sala en el plano factico (sic), no se tiene en cuenta el precedente vertical sobre la demostración de los extremos temporales.
RÉPLICA
La opositora alega contradicción en el alcance de la impugnación y en los errores de hecho, al solicitarse en sede de instancia que se confirmen «los dos primeros numerales de la sentencia de primer grado», en los que se declara el contrato de trabajo únicamente en el periodo comprendido entre enero de 2007 y octubre de 2014, y se abstuvo el juez «de declarar contrato para periodos anteriores».
Destaca falta de técnica, en la medida que en un mismo cargo se alega la trasgresión simultánea por vía directa e indirecta de dos normas jurídicas idénticas; dislates que no permiten analizar el ataque de fondo; que todo lo argüido por la censura, es un alegato de instancia.
CONSIDERACIONES
Importa reiterar que la demanda de casación debe ser clara, concreta, puntual, ajustarse a las formalidades y a las reglas previstas para su procedencia, por estar sometida a una técnica especial, toda vez que el recurso extraordinario de casación no comporta una tercera instancia (entre otras, se cita la sentencia CSJ SL2605-2021).
En efecto, el rigor técnico de este medio de impugnación extraordinario exige entre otros requerimientos, una formulación separada y concreta, bien sea a través de un cargo o varios, si así lo requiere el caso. Se debe identificar la vía escogida, esto es, directa si el ataque es jurídico, o indirecta si pretende apoyarse en premisas fácticas equivocadas que desvirtúen la debida aplicación de la ley, debiendo explicar de manera razonada, cómo la sentencia impugnada transgredió la norma sustancial, que en la senda indirecta incluye la formulación de los errores de hecho endilgados al Tribunal y la singularización de las pruebas que, por haber sido erróneamente apreciadas o dejadas de valorar, así como la precisión de los errores de derecho si a ello hubiere lugar.
En el sub examine, la censura a través de un único cargo, ataca la decisión de segundo grado por las sendas indirecta y directa simultáneamente, lo que es desatinado, pues si pretendía atacar por ambas vías, debió hacerlo por separado.
No obstante, como quiera que la demostración del ataque se sustenta más en lo fáctico que en lo jurídico, en tanto atribuye la comisión de errores de hecho y acusa algunas pruebas como erróneamente apreciadas, desde esa óptica la Sala abordará su estudio.
Previo a revisar las pruebas calificadas, se advierte que no le asiste razón a la censura, cuando asevera que el Tribunal dio por sentado que «el trabajador tiene la carga de demostrar los extremos temporales para que salga avante la presunción legal» que prevé el art. 24 del CST, pues de las motivaciones de la sentencia impugnada, lo que se extrae es que se tuvo en cuenta la doctrina de la Corte, que enseña que el accionante tiene la carga de demostrar los extremos de tiempo de la relación laboral, sin que el colegiado haya relacionado o asociado tal directriz jurisprudencial con lo previsto en el art. 24 del canon sustantivo laboral.
Ahora bien, cierto es que esta Corporación ha adoctrinado, que los jueces no pueden supeditar su decisión a la demostración estricta de los extremos temporales pretendidos pues, si en el expediente hay prueba de un tiempo de servicio inferior al que se refirió, tienen el deber de dictar condena minus petita (CSJ SL3126-2021).
Sin embargo, en el caso que se revisa, el demandante expuso desde los albores del proceso la existencia de dos relaciones laborales con el demandado. En cuanto a la primera, nada dice en los errores de hecho, ya que su disenso lo cimienta en el segundo vínculo, del que para el Tribunal no acreditó la fecha de inicio, ni siquiera otro que fuera inferior. Es de resaltar que la censura en el primer yerro fáctico que le endilga al ad quem, refiere esa segunda relación contractual.
Del interrogatorio de parte que absolvió el representante legal de la demandada, no es dable extraer confesión en los términos del art. 195 del CGP, por cuanto no hizo ninguna manifestación que produjera consecuencias jurídicas adversas a la empresa accionada o que favorecieran al demandante (cd. f.°126 minuto 53:49 en adelante).
El hecho de que dicho representante desconociera situaciones ante los interrogantes que se le hacían, es un punto que debió atacarse en la oportunidad debida. La Corte no es el escenario procesal para increpar la conducta del interrogado al absolver las preguntas que le dirigió la apoderada del demandante. Misma suerte corre los cuestionamientos relativos a la conducta procesal de la demandada en el trámite de las instancias, en cuanto a las pruebas que no allegó al expediente y los indicios que según la censura se deben tener en su contra, pues debieron proponerse en el momento pertinente.
En cuanto a que la «confesión» del representante legal fue desvirtuada por el dicho de los testigos, debe decirse que el absolvente no incurrió en confesión, de modo que se trata de pruebas no aptas en la casación del trabajo -interrogatorio de parte y testimonios-, según lo previsto en el art. 7 de la Ley 16 de 1969.
El «CONTRATO DE TRABAJO A TERMINO FIJO POR MEDIO TIEMPO» de folios 54 y 55, da cuenta de la existencia de una relación laboral entre las partes, por el lapso de 18 de octubre de 2001 al 30 de ese mismo mes y año, en donde el actor laboró como «OBRERO FIELATO AGENCIA CEYLÁN».
El acta que declaró fracasada la audiencia de conciliación ante el Ministerio de Trabajo (fs.°2 y 3 cdno. principal), hace constar que el demandante en esa diligencia refirió una relación de 14 años de trabajo. Al interponer la presente demanda, expuso la existencia de dos vínculos que transcurrieron en los extremos temporales ya referidos, lo que contradice lo manifestado ante el Ministerio citado y por ende, dificulta extraer la existencia de una sola vinculación.
En cuanto a los «PAGOS NETOS NÓMINA DE PERSONAL», si bien el Tribunal no aludió expresamente, también lo es que la decisión se cimentó en el análisis del haz probatorio arrimado a los autos, lo que permite colegir que esas probanzas también fueron estudiadas y tenidas en cuenta.
En todo caso, lo único que acreditan tales probanzas es el listado de las personas vinculadas a la demandada y el neto pagado durante el 2014, sin que aparezca el actor.
Si la censura pretendía restarles valor probatorio al no contar con la firma de los trabajadores a las nóminas aludidas (fs.°76 a 103), debió orientar el ataque por la vía directa enrostrando errores jurídicos, que es la senda adecuada para combatir tal inconformidad, a través de la llamada violación de medio.
Los testimonios no son un medio de prueba calificado en la casación laboral (art. 7 Ley 16 de 1969), por manera que no resultan suficientes para respaldar la acusación, sin que previamente se identifique un error en la valoración de una prueba que sí tenga tal condición, que no es el caso.
De cualquier modo, en cuanto a que con la prueba testimonial la accionada no pudo debatir «la no continuidad» del vínculo y, que el actor acreditó que trabajó por 14 años de manera continua, se colige ambigüedad en tal cuestionamiento, pues la censura endilgó al juez de apelaciones la comisión de errores fácticos al no dar por demostrado, estándolo, la relación contractual acaecida entre el 1 de enero de 2007 y el 10 de octubre de 2014, reiterando de esta manera los extremos narrados en la demanda inicial, que no se acompasan con los 14 años de labores continuas que ahora aduce en la sustentación del ataque.
Conviene evocar que, conforme lo previsto en el art. 61 del CPTSS, en torno a la libre formación del convencimiento, el juez no está sujeto a tarifa legal, salvo que la ley exija una solemnidad para la validez de determinado acto, encontrándose facultado para dar preferencia o mayor valor a unas pruebas sobre otras, de manera razonada. En sentencia CSJ SL18578-2016, la Sala precisó:
Previamente al estudio de los medios de convicción del proceso que la entidad recurrente indica como mal apreciados, y atendida la vía por la cual se orienta el único cargo de su demanda, importa a la Corte recordar que en virtud de lo dispuesto por el artículo 61 del Código Procesal Laboral, en los juicios del trabajo los jueces gozan de libertad para apreciar las pruebas, por lo que si bien el artículo 60 ibídem les impone la obligación de analizar todas las allegadas en tiempo, están facultados para darle preferencia a cualquiera de ellas sin sujeción a tarifa legal alguna, salvo cuando la ley exija determinada solemnidad ad sustantiam actus, pues en tal caso “no se podrá admitir su prueba por otro medio”, tal y como expresamente lo establece la primera de las citadas normas.
[…]
Corresponde es {a} los juzgadores de instancia la facultad de establecer el supuesto de hecho al que debe aplicarse la ley, y de allí que el mentado artículo 61 del Código Procesal Laboral les haya otorgado la facultad de apreciar libremente las pruebas, lo que hace que resulte inmodificable la valoración probatoria del Tribunal mientras ella no lo lleve a decidir contra le (sic) evidencia de los hechos en la forma como fueron probados en la (sic) proceso.
Por eso, dada la presunción de acierto y legalidad que ampara la sentencia acusada, la Corte, en tanto actúa como tribunal de casación, tiene el deber legal de considerar que el juez de segunda instancia, a quien, se repite, compete la función de establecer el supuesto fáctico al que debe aplicar la norma legal, cumplió con esa función y, por tanto, acertó en la determinación de los hechos relevantes del pleito, por no haber desvirtuado el recurrente esa presunción.
Así se ha dicho que el recurso de casación no es una tercera instancia en donde libremente puedan discutirse las pruebas del proceso y donde sea dable extenderse en consideraciones subjetivas sobre lo que indican las pruebas, pues el análisis de la Corte se limita a los medios de prueba calificados legalmente, y ello, siempre y cuando, de cuya observación por el juzgador de la alzada sea posible concluir un error manifiesto, protuberante u ostensible.
De ese modo, sólo en la medida en que se incurra por el juez de la segunda instancia en errores manifiestos de hecho que tengan trascendencia en su decisión es que resulta posible el quebrantamiento del fallo, yerro que, como lo asentara la Corte en sentencia de 11 de febrero de 1994 (Radicación 6.043), es aquel que “se presenta, según el caso, cuando el sentenciador hace decir al medio probatorio algo que ostensiblemente no indica o le niega la evidencia que tiene, o cuando deja de apreciarlo, y por cualquiera de esos medios da por demostrado un hecho sin estarlo, o no lo da por demostrado estándolo, con incidencia de ese yerro en la ley sustancial que de ese modo resulta infringida”.
En ese sentido, no es dable afirmar que el operador judicial hubiera desconocido la posibilidad de atender otro hito temporal, pues lo cierto es que no observó el menor atisbo del extremo inicial de ese segundo contrato. Téngase en cuenta que solo halló probado el extremo inicial de la primera vinculación y el final de la segunda, siendo palmario que la demanda inicial no se fundó en la existencia de un solo nexo contractual laboral.
Así las cosas, la censura no logró acreditar las equivocaciones que le endilgó al ad quem desde el escenario fáctico. En consecuencia, la sentencia se mantiene incólume, en virtud de la doble presunción de acierto y legalidad de que revestida a esta Corte.
El cargo no prospera.
Costas a cargo del accionante y a favor de la demandada. Se fija por agencias en derecho la suma de $5.300.000, que se incluirá en la liquidación que se practique, conforme lo dispone el art. 366 del CGP.
DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, NO CASA la sentencia proferida el 23 de marzo de 2022, por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Buga, en el proceso ordinario que instauró WILSER DE JESÚS GUTIÉRREZ FERNÁNDEZ contra la COOPERATIVA DE CAFICULTORES DEL CENTRO DEL VALLE - CAFICENTRO.
Costas como se expuso.
Cópiese, notifíquese, publíquese, cúmplase y devuélvase el expediente al tribunal de origen.
DONALD JOSÉ DIX PONNEFZ
JIMENA ISABEL GODOY FAJARDO
JORGE PRADA SÁNCHEZ
ACLARACIÓN DE VOTO
Magistrado Ponente: Donald José Dix Ponnefz
Rad. 94353
De: Wilser de Jesús Gutiérrez Fernández vs. Cooperativa de Caficultores del Centro del Valle del Cauca, Caficentro.
Con el respeto acostumbrado, manifiesto que aunque la sustentación del recurso presenta deficiencias de orden técnico, no puedo dejar de anotar las imprecisiones en el razonamiento jurídico adoptado del ad quem, cuando aseveró que la parte actora es «quien tiene la carga probatoria de demostrar los extremos temporales que ella pretende hacer valer en juicio».
Cumple memorar que, según el artículo 24 del Código Sustantivo del Trabajo, «se presume que toda relación de trabajo personal está regida por un contrato de trabajo». Por ello, la generación de efectos positivos para quien invoca la calidad de trabajador subordinado, está supeditada a la acreditación de la prestación personal del servicio a la persona natural o jurídica que señala como empleador. Una vez cumplido lo anterior, al demandado se traslada la carga de desvirtuar la presunción, mediante el aporte de elementos de juicio que tornen evidente que la actividad contratada se ejecutó en forma autónoma e independiente (CSJ SL, 24 abr. 2012, rad. 39600).
En ese orden, para demuestra la existencia de un contrato de trabajo, no es indispensable la demostración plena de los tres elementos denominados esenciales en el artículo 23 del estatuto laboral. Cosa distinta es que, para que se imparta condena en concreto, el promotor del proceso tenga unas cargas mínimas probatorias a efectos de obtener las consecuencias jurídicas que pretende.
De suerte que, aún con la activación de la referida presunción legal y sin que la misma se desvirtúe, es relevante que en el proceso se acrediten otros hechos imprescindibles para la prosperidad del reclamo, como los extremos temporales de la relación, el salario, la jornada laboral y el tiempo suplementario -si se alega-, así como los demás hechos que se enarbolen como causa de las pretensiones demandadas (CSJ SL, 6 mar. 2012, rad. 42167).
Lo anterior, no significa que los supuestos que terminen acreditados en el proceso deban ser un calco de lo pretendido en el escrito inaugural, toda vez que la jurisprudencia ha enfatizado que los operadores judiciales no pueden supeditar el éxito de la pretensión a la demostración estricta de los extremos temporales pretendidos o del salario enunciado, toda vez que, ante dicho escenario, lo procedente es imponer una condena minus petita.
Fecha ut supra,
JORGE PRADA SÁNCHEZ
Magistrado
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