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Corte Suprema de Justicia · Sala de Casación Laboral

Sentencia SL1478-2023

Fecha
28 de junio de 2023
Magistrado ponente
Jorge Prada Sanchez

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia SL1478-2023

Corte Suprema de Justicia · Sala de Casación Laboral

Parte resolutiva

DECISIÓN En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, CASA la sentencia dictada el 22 de agosto de 2019 por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá D. C., dentro del proceso ordinario laboral seguido por PEDRO ANTONIO y DIEGO FERNANDO MURILLO USAQUÉN contra la ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS PROTECCIÓN S.A. y la llamada en garantía COMPAÑÍA DE SEGUROS BOLÍVAR S.A., en cuanto confirmó la declaratoria de pago parcial de la obligación a cargo de esta última y modificó la condena a su cargo, con el fin de imponerle la obligación de «garantizar las sumas adicionales que se requieran para completar el capital necesario para pagar la pensión de sobrevivientes a los actores». No la casará en lo demás. En sede de instancia, modifica el numeral tercero de la sentencia proferida el 23 de julio de 2019 por el Juzgado Doce Laboral del Circuito de Bogotá D.C., en el sentido de precisar que se declara probada la excepción de pago total propuesta por la llamada en garantía. También, revoca el numeral quinto de la misma decisión. Costas, como se dejó dicho.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Corte Suprema de Justicia

Sala de Casación Laboral

Sentencia SL1478-2023

Magistrado ponente: Jorge Prada Sanchez

28 de junio de 2023

JORGE PRADA SÁNCHEZ

Magistrado ponente

SL1478-2023

Radicación n.° 89328

Acta 21

Bogotá, D. C., veintiocho (28) de junio de dos mil veintitrés (2023).

La Sala decide los recursos de casación interpuestos por la ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS PROTECCIÓN S.A. y la llamada en garantía COMPAÑÍA DE SEGUROS BOLÍVAR S.A., contra la sentencia proferida por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá D. C., el 22 de agosto de 2019, en el proceso que PEDRO ANTONIO y DIEGO FERNANDO MURILLO USAQUÉN adelantaron en su contra.

ANTECEDENTES

Pedro Antonio y Diego Fernando Murillo Usaquén solicitaron el reconocimiento de la pensión de sobrevivientes por la muerte de su hermano Juan Manuel, el 27 de septiembre de 2012, junto con el retroactivo, los intereses del artículo 141 de la Ley 100 de 1993, la indexación y las costas del proceso.

En sustento de sus aspiraciones, adujeron la condición de hermanos inválidos dependientes económicamente del causante, quien desde el 23 de febrero de 2012 era pensionado por invalidez de la administradora de fondos de pensiones (AFP) accionada. Precisaron que su estado se estructuró desde su nacimiento, el 30 de enero de 1968 (Pedro Antonio) y el 11 de junio de 1985 (Diego Fernando).

Protección S.A. se opuso a la prosperidad de las pretensiones y formuló las excepciones de inexistencia de dependencia económica, inexistencia de intereses moratorios, prescripción e improcedencia del reconocimiento de la mesada 14. Admitió el fallecimiento del pensionado y dijo que no le constaba lo demás, en especial, la condición de invalidez y la dependencia económica alegadas por los demandantes. Adujo que, en cambio, le constaba que estos dependían de su padre, pensionado de Colpensiones, de suerte que la ayuda que pudiera brindar en vida el causante, solo podía considerarse la de un «buen hijo de familia».

Llamada en garantía, la Compañía de Seguros Bolívar S.A. también rechazó las aspiraciones de los demandantes y blandió las excepciones de «improcedencia de reconocimiento de la pensión sustitutiva pretendida, por carecer los demandantes de la calidad de beneficiarios de la misma», improcedencia del cobro de intereses moratorios, improcedencia de condena simultánea por concepto de intereses moratorios e indexación y prescripción. En cuanto al llamamiento, propuso adicionalmente las excepciones de pago y compensación. Sobre los hechos de la demanda, se pronunció en forma similar a la AFP.

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

El 23 de julio de 2019, el Juzgado Doce Laboral del Circuito de Bogotá D.C. declaró a los demandantes beneficiarios de la pensión reclamada. Condenó a la AFP demandada a pagarl la prestación por partes iguales, a partir del 4 de diciembre de 2014, debidamente indexada.

En el numeral tercero de la parte resolutiva de la sentencia, declaró probada la excepción de «pago parcial frente a la llamada en garantía COMPAÑÍA DE SEGUROS BOLÍVAR S.A. en la suma de $128.091.576 que fueron destinados con cargo a la cuenta de ahorro individual del afiliado fallecido». En el numeral quinto, hizo «la advertencia que si de la cuenta de ahorro individual no hay saldo suficiente para cumplir con la obligación pensional, a posterioridad será asumida por SEGUROS BOLIVAR S.A. como aseguradora previsional».

Gravó a la demandada y a la llamada en garantía con las costas del proceso.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

Al resolver la apelación de las partes y de la llamada en garantía, el Tribunal modificó la sentencia del a quo, en el sentido de precisar que «la Compañía de Seguros Bolívar S.A. deberá garantizar las sumas adicionales que se requieran para completar el capital necesario para pagar la pensión de sobrevivientes a los actores». Confirmó en lo demás, sin costas en esa instancia.

No halló controversial la condición de pensionado por invalidez del hermano de los demandantes, desde el 23 de febrero de 2012, ni que falleció el 27 de septiembre siguiente.

En lo que interesa al recurso extraordinario, centró su competencia en discernir si los demandantes cumplían los requisitos y condiciones para acceder a la prestación reclamada, bajo la égida del artículo 13 de la Ley 797 de 2003, por tratarse de la norma en vigor al momento del deceso del pensionado.

Tras repasar la noción de dependencia económica, dio respuesta positiva a ese interrogante. Descartó discusión sobre la ausencia de otro beneficiario con mejor derecho, así como la condición de invalidez de los demandantes según los dictámenes obrantes en el expediente, que daban cuenta de un retardo mental que derivó en la pérdida de más del 50% de sus capacidades, desde el nacimiento.

Sobre la dependencia económica, destacó el informe preparado por la firma contratada por la AFP, de donde dedujo que si bien, los demandantes contaban con otros tres hermanos, estos no les proporcionan soporte financiero, bien por estar en incapacidad de hacerlo o tener su propia familia dependiente. Hizo énfasis en la necesidad de ayuda de los actores pues, por su condición, requerían terapias y tratamiento regular, en sitios especiales, a donde debían desplazarse también por medios especiales, por registrar dificultades para la movilidad. Resaltó igualmente que todo el núcleo familiar coincidió en que los gastos del hogar, concentrados fundamentalmente en la atención de los actores, estaba a cargo del padre y el pensionado.

Agregó que la vocación de ayuda económica también era palpable, porque el pensionado vinculó a sus hermanos a la seguridad social, como sus beneficiarios. Asimismo, en la relación de gastos visible de folios 78 a 84, de donde fluía que, en vida, el causante asumía buena parte de las expensas familiares.

Señaló que esa condición de dependencia fue corroborada por los testigos traídos al proceso. Asentó que «el hecho de que los demandantes también recibieran ayuda económica de su padre (…) en nada desvirtúa la dependencia económica hacia su hermano», como quiera que este «era el encargado de proveerles alimentación, vestuario, medicamentos, transporte, y se encargaba de pagar los servicios públicos de la casa en que habitaban». Concluyó que la ayuda financiera del pensionado a los accionantes era indispensable para su subsistencia en condiciones dignas, que se vio comprometida «como quiera que dada la gravedad de las enfermedades que padecen, les resulta imposible prodigárselo por sí mismos y la ayuda económica que reciben de su padre resulta insuficiente».

Descartó que el a quo se hubiera equivocado al hallar demostrada parcialmente la excepción de pago propuesta por la aseguradora, porque los recursos que esta trasladó a la AFP para financiar la pensión de invalidez del causante, terminó haciendo parte de las sumas a emplear para financiar ahora la pensión de sobrevivientes.

Anticipó que en respuesta a la apelación de la Compañía de Seguros Bolívar S.A., modificaría la decisión de primer grado para corregir el alcance de la obligación a cargo de la aseguradora, toda vez que, en su condición de emisora de la póliza de seguro previsional, está llamada a garantizar el capital requerido para financiar la prestación, no a asumir el pago directo de las mesadas cuando los fondos de la cuenta de ahorro individual se agotaran, como lo entendió en forma equivocada el a quo.

RECURSO DE CASACIÓN DE PROTECCIÓN S.A.

Una vez interpuesto, fue concedido por el Tribunal y admitido por la Corte. Se procede a resolver.

ALCANCE DE LA IMPUGNACIÓN

Mediante un cargo, replicado en tiempo, pretende que la Corte case la sentencia recurrida, para que, en sede de instancia, revoque la del a quo y, en su lugar, la absuelva de todas las pretensiones.

CARGO ÚNICO

Acusa violación indirecta, por aplicación indebida, de los artículos 164, 167 y 221-3 del Código General del Proceso y 60 y 61 del Procesal del Trabajo. «Violación de medio que llevó a la aplicación indebida del artículo 13 literal e) de la Ley 797 de 2003 y a la infracción directa de los artículos 29 y 230 de la Carta Magna y 1° del Acto Legislativo 01 de 2005».

A título de errores de hecho, imputa:

No dar por demostrado, estándolo, que la primera persona que se presentó a reclamar el hipotético derecho pensional fue el padre del fallecido y sólo cuando a él se le negó el derecho fue que se comenzó a mencionar la dependencia económica de los hermanos.

No dar por demostrado, estándolo, que los demandantes Murillo Usaquén eran asistidos por la EPS Compensar porque su progenitor, y no su hermano, era quien los tenía afiliados como sus beneficiarios.

No dar por demostrado, estándolo, que el señor Murillo Sevilla contaba con una pensión que le permitía cubrir la manutención de su hogar, incluidos sus hijos inválidos, en forma autónoma.

4) Dar por demostrado, sin estarlo, que los señores Pedro Antonio y Diego Fernando Murillo Usaquén dependían en términos económicos del difunto, cuando no hay prueba que demuestre la existencia de una contribución monetaria periódica, coetánea con la fecha del deceso, con una cuantía con la significancia suficiente para constituirse en determinante del mínimo vital de sus hermanos y, consecuentemente, que acredite que ese aporte, y de existir, no era la simple ayuda brindada por un buen hermano sino que era constitutiva de una subordinación pecuniaria frente a él.

Asegura que los desaciertos descritos fueron producto de la valoración equivocada de la demanda inicial, en particular el hecho 6.º; del «documento resultante de la investigación administrativa adelantada por la firma Alianza» (fls. 59 a 64); del formato para investigación de dependencia económica (fls. 78 a 84) y de los testimonios de Pedro Murillo Sevilla, Alejandro Escobar Ramírez y Julio Díaz Bello. También, de la preterición del documento denominado «Aprobación de Solicitud de Pensión No. 22025 - Invalidez Afiliado Juan Manuel Murillo Usaquén» (fls. 9 a 12); de los «documentos expedidos por el Fosyga con relación a los señores Pedro Murillo Sevilla y Juan Manuel, Pedro Antonio y Diego Fernando Murillo Usaquén» (fls. 74 a 77); y de la solicitud de pensión de Pedro Murillo Sevilla (fl. 108).

Afirma que quien reclame un derecho debe probar su calidad de acreedor legítimo «y el juez debe soportar su providencia en lo que en verdad se haya demostrado en el juicio y no en meras suposiciones». Sostiene que «con sólo estudiar el acervo probatorio es simple hallar que no hay una sola comprobación que permita verificar la cuantía y frecuencia del aporte del occiso y la significancia de esa ayuda frente a las erogaciones de sus hermanos». Según su parecer, ello «saca a relucir el yerro del fallador ad quem cuando, sin contar con los pilares fácticos para hacerlo, confirmó la condena impuesta en la primera instancia».

Echa de menos, «por ejemplo, la cuantía y frecuencia de la colaboración prodigada por el fallecido y su significancia con relación al total de las erogaciones de sus hermanos, cuyo valor brilla por su ausencia».

Pide volver la vista sobre la aprobación de la solicitud de pensión de invalidez (fls. 9 a 12), en la que se dejó consignado que «la única persona reportada como beneficiario de esa prestación es el padre del afiliado, señor Pedro Murillo Sevilla». Asegura que fue por ello que el 21 de octubre de 2013, el padre del pensionado se presentó a reclamar la sustitución pensional (fl. 108), de suerte que solo cuando recibe respuesta negativa, los ahora demandantes «formulan una petición de reconocimiento pensional como dependientes económicos de su hermano Juan Manuel (como fue confesado en el hecho 6° de la demanda inicial del proceso, f.2, c.1)».

En ese orden, concluye que «la pregonada subordinación monetaria de los hermanos sorprendentemente solo apareció después del intento de su papá de ser favorecido con la prestación».

Adicionalmente, destaca que, contra lo inferido por el Tribunal, los demandantes son beneficiarios de su padre ante el sistema de salud, como da cuenta la documentación expedida por el Fosyga (fls.74 a 77). Asevera que, por lo anterior, si se admitiera que el fallecido colaboraba con sus hermanos, «no hay duda acerca de que ellos también disponían de otros medios provenientes de su padre para sufragar su mínimo vital, probablemente sin ningún tipo de holgura», sí con suficiente solvencia para que, sin la ayuda del causante, pudieran llevar una vida congrua.

Enfatiza que la investigación administrativa adelantada por la firma Alianza (fls. 59 a 64), contiene información relevante para entender que el padre de los actores se halla en capacidad de sostenerlos, por manera que si se creyera que el pensionado ayudaba a sus hermanos, «con algo (lo que no se admite) de ninguna forma tendría la virtud de generar una subordinación monetaria por carecer de la significancia suficiente para hacerlo y, por tanto, se trataría de un auxilio propio y admirable de un buen hermano pero nada más».

Reprocha la valoración de los testimonios pues, dice, se trata de versiones de oídas, sin el conocimiento requerido para respaldar las conclusiones del colegiado de instancia.

Anota que este tipo de conflictos deben ser analizados «en forma individual y según sus peculiaridades, sin que sea correcto recurrir a notables superficialidades como aquellas en las que el juzgador de segundo grado cimentó su providencia».

RÉPLICA

La parte demandante aboga por la intangibilidad de la decisión de segunda instancia. Hace un recuento de la actuación y destaca que la censura no demuestra los errores de hecho que pregona.

CONSIDERACIONES

En forma concreta, la censura sostiene que el Tribunal se equivocó al concluir que los demandantes dependían financieramente del pensionado, siendo que las pruebas denunciadas mostraban objetivamente lo contrario.

Para resolver tal inquietud y sin mayores preámbulos, la Sala desciende al material probatorio denunciado:

En lugar de contradecir las inferencias del Tribunal, el formato para investigación de dependencia económica (fls. 78 a 84), suscrito por miembros del grupo familiar, entre ellos los promotores del proceso, corrobora la percepción del fallador en punto a las condiciones económicas de los actores, la ayuda que recibían en vida de su hermano y la necesidad de dicha colaboración para sobrellevar su existencia en condiciones dignas.

En primer lugar, el documento mencionado refiere la capacidad económica del causante, con ingresos mensuales cercanos al millón de pesos. A renglón seguido, informa que luego de la muerte de su progenitora, Juan Manuel se hizo cargo «de la parte económica de su padre y hermanos discapacitados». Corrobora, además, que los otros hermanos de los actores no colaboran para su sostenimiento, por falta de capacidad económica y/o responder por su propio grupo familiar. De esta suerte, ningún desacierto manifiesto cometió el Tribunal en la apreciación de este documento.

Otro tanto se afirma de la certificación emitida por el Fosyga (fls. 74 a 77), que da cuenta de que los actores estaban afiliados a la seguridad social, en condición de beneficiarios. Tal documentación no ofrece claridad acerca del cotizante que respaldaría su vinculación al sistema, de suerte que el Tribunal no incurrió en error de hecho al deducir que pudo ser a través del pensionado fallecido.

Con todo, si en gracia de discusión se admitiera que la vinculación al sistema de seguridad social fue en condición de beneficiarios de su progenitor, ello no tendría la virtud requerida para derruir las inferencias del ad quem. Este sentenciador tuvo claro que el padre de los demandantes también contribuía activamente para su apremiante sostenimiento; ello, no opaca o torna irrelevante la ayuda dispensada en vida por el causante.

Igual resultado se predica de la lectura del hecho 6.º de la demanda. Evidentemente, ninguna consecuencia perjudicial para los actores puede derivarse de que afirmaran que «radicaron solicitud de pensión de sobrevivientes a la administradora (…) el día 12 de noviembre de 2014 en calidad de hermanos inválidos del causante y en virtud de que dependían económicamente de él».

En ese orden, allende el contenido objetivo de las pruebas, la censura propone un escenario hipotético, en aras de persuadir a la Corte de que el reclamo de los actores, estuvo supeditado al fracaso de la reclamación de la prestación presentada por su padre. Desde luego, las especulaciones acerca de hechos no demostrados, no constituyen error de hecho.

La «Aprobación de Solicitud de Pensión No. 22025 - Invalidez Afiliado Juan Manuel Murillo Usaquén» (fls. 9 a 12), es un documento que proviene de la propia demandada, elaborado por la gerencia de operaciones. De esta suerte, la información que se extrae de allí es elaboración propia de la llamada al proceso, que debía ser corroborada por otros medios, como quiera que nadie está autorizado para elaborar su propia prueba.

Los demás medios de prueba denunciados provienen de terceros o son testimonios recaudados en el proceso que, en casación laboral reciben el mismo tratamiento. De ahí que, al no demostrarse errores manifiestos en la valoración de pruebas calificadas, la Sala no puede descender a su estudio, conforme las restricciones contenidas en el artículo 7 de la Ley 16 de 1969.

Resultado de lo anterior, el cargo no prospera.

Costas a cargo de Protección S.A. y a favor de la parte demandante. Inclúyase la suma de $10.600.000 como agencias en derecho, que será incluida en la liquidación que efectúe el juzgado de primera instancia (art. 366-6 CGP).

RECURSO DE CASACIÓN DE COMPAÑÍA DE SEGUROS BOLÍVAR S.A.

Interpuesto por la aseguradora, fue concedido por el Tribunal y admitido por la Corte. Se procede a resolver.

ALCANCE DE LA IMPUGNACIÓN

Mediante dos cargos, replicados en tiempo, pretende que la Corte case la sentencia recurrida, para que, en sede de instancia, revoque la del a quo y, en su lugar, absuelva a la demandada y a la llamada en garantía o, en su defecto, a esta última, de todas las pretensiones.

CARGO PRIMERO

Denuncia violación indirecta, por aplicación indebida, de los artículos 46 y 74 de la Ley 100 de 1993, en la versión modificada por la Ley 797 de 2003, en relación con los artículos 48, 73 y 77 de la Ley 100 de 1993.

Como errores de hecho, imputa:

Dar por demostrado, sin estarlo, que los demandantes PEDRO ANTONIO y DIEGO FERNANDO MURILLO USAQUÉN dependían económicamente del pensionado fallecido, señor JUAN MANUEL MURILLO USAQUÉN.

Dar por demostrado, sin estarlo, que los demandantes aparecían en el sistema de salud como beneficiarios del pensionado fallecido, Señor JUAN MANUEL MURILLO USAQUÉN.

No dar por demostrado, estándolo, que quien aparecía como beneficiario de la pensión de sobrevivientes causada por el fallecimiento del pensionado JUAN MANUEL MURILLO USAQUÉN, era el Padre de este, señor PEDRO MURILLO SEVILLA, en caso de depender económicamente de aquel.

No dar por demostrado, estándolo, que los demandantes recibían lo necesario para su mínimo vital cualitativo, de su padre PEDRO MURILLO SEVILLA.

Dar por demostrado, sin estarlo, que el afiliado fallecido, señor JUAN MANUEL MURILLO USAQUÉN, tenía reportados como beneficiarios ante el sistema de salud y de pensiones a los demandantes.

Como pruebas mal valoradas, acusa la «comunicación de Alianza-Analista de Siniestros e Investigaciones S.A.S de fecha noviembre 27/15» (fls. 59 a 64), y el formato para investigación de dependencia económica, emitido por Protección S.A. y diligenciado por Pedro Murillo Sevilla (fls. 78 a 83). Como preteridas, la «Aprobación de solicitud de pensión No. 22025- invalidez (folios 9 a 12)», los dictámenes de pérdida de capacidad laboral de los actores y la certificación expedida por Fosyga (folios 74 a 77).

Reprocha que el Tribunal omitiera considerar que «al analizar el requisito de la “dependencia económica”, es necesario evaluar de manera sistemática y completa la prueba aportada para el caso concreto de que se trate, sin incurrir en deficiencias de análisis probatorio como las que a continuación se ponen de presente».

Tras un recuento del contenido de los medios de prueba denunciados, sostiene que, de su valoración, el Tribunal debió concluir que los actores «no dependían de su hermano fallecido JUAN MANUEL MURILLO USAQUÉN para sufragar su mínimo vital cualitativo, como para afirmar que su congrua subsistencia dependía del causante».

RÉPLICA

La parte demandante aboga por la intangibilidad de la decisión de segunda instancia. Hace un recuento de la actuación y destaca que la censura no demuestra los errores de hecho que pregona.

CONSIDERACIONES

En tanto se orienta por idéntica senda, se apoya en las mismas pruebas y plantea argumentos similares, lo dicho al resolver el cargo formulado por la AFP es suficiente para descartar la prosperidad de esta acusación. La Sala se remite a lo allí expuesto, para absolver las inquietudes de la censura, bastando agregar que los dictámenes también se encuentran dentro del grupo de pruebas no calificadas en la casación laboral.

De todas maneras, conviene memorar que en sentencia CSJ SL, 13 feb. 2013, rad. 43839, esta Corporación enseñó que el interés jurídico de la llamada en garantía se restringe a la parte de la condena que le resulta adversa, es decir la responsabilidad derivada del contrato de seguro.

Igualmente, en sentencia CSJ SL6030-2017 adoctrinó que el pronunciamiento judicial en relación con la aseguradora es de tipo declarativo, en tanto expresa la obligación que le asiste a esta de cubrir el «déficit o faltante» para «el financiamiento de la pensión de sobrevivientes». En ese orden, para deducir la responsabilidad de la aseguradora, según la providencia en cita, «es suficiente con demostrar, la existencia del contrato respectivo, su término de vigencia y que el siniestro que ampara se haya presentado durante el período de cubrimiento de la correspondiente póliza».

En consecuencia, el cargo, enfilado a derruir la concesión del derecho, desborda el interés jurídico de la aquí recurrente.

El cargo no prospera.

CARGO SEGUNDO

Acusa violación indirecta, por aplicación indebida, del artículo 77 de la Ley 100 de 1993, en relación con los artículos 46, 47, 48, 69, 73 y 74 ibídem; y 1070 del Código de Comercio.

A título de errores manifiestos de hecho, denuncia:

Dar por demostrado, sin estarlo, que para ordenar la “suma adicional” que fuere necesario para completar el capital que financie una pensión, no se requiere examinar la Póliza de Seguro Previsional de invalidez y sobrevivientes. En este caso, la No. 6000-0000014-01 celebrada entre SEGUROS BOLÍVAR y la SOCIEDAD ING ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS S.A., hoy PROTECCIÓN, obrante en el expediente.

No dar por demostrado, estándolo que, de acuerdo con los términos de la Póliza antes mencionada, no existe obligación alguna de mi representada para proveer la Suma Adicional que fuere necesaria para completar el capital que financie el monto de la pensión pretendida, en caso de que hubiere lugar a dicha suma.

No dar por demostrado, estándolo, que SEGUROS BOLIVAR S.A. reconoció y pagó oportunamente la totalidad de la “suma adicional” a que había lugar en este caso, de conformidad con los términos de la póliza de seguro previsional antes mencionada.

Como pruebas preteridas, señala la póliza de seguro previsional de invalidez y sobrevivientes No.6000-0000014-01, celebrada entre Seguros Bolívar y Protección S.A (folios 142 a 154); y los correos electrónicos de septiembre 15 de 2015 «con pantallazo adjunto» (folios 207 y 208). Como mal apreciada, la comunicación de Seguros Bolívar S.A. de 15 de agosto de 2012 (folios 205 y 206).

En esencia sostiene que, si el Tribunal hubiera apreciado correctamente los anteriores medios de prueba, habría entendido que la aseguradora no estaba llamada a responder por algún valor para proveer el capital requerido para financiar la prestación de sobrevivientes, pues ya había cumplido la obligación de suministrar los recursos para costear la pensión de invalidez objeto de sustitución.

RÉPLICA

La parte demandante sostiene que no resulta lógico, ni legítimo, que la aseguradora pretenda eludir el deber legal de responder por las obligaciones que se derivan del seguro previsional.

La AFP pide mantener la condena a cargo de Seguros Bolívar S.A. Asevera que la recurrente confunde la pensión de sobrevivientes con la sustitución pensional, y recuerda que las cargas de la aseguradora para responder por el capital requerido para financiar prestaciones como la reclamada provienen de la ley, como inveteradamente lo tiene definido la jurisprudencia.

CONSIDERACIONES

En forma concreta, la censura pretende persuadir a la Sala de que el Tribunal se equivocó, en tanto asumió que la responsabilidad de la aseguradora iba hasta suministrar los recursos necesarios para consolidar el capital que financie la prestación reclamada. Sostiene que, si dicho fallador hubiera apreciado correctamente las pruebas denunciadas, habría concluido que su única obligación quedó satisfecha con el pago de la suma requerida para financiar la pensión de invalidez.

Si bien, la acusación se anuncia por la senda de los hechos, fácil resulta advertir que el cuestionamiento es de orden jurídico y apunta a demostrar que, al tratarse de la muerte de un pensionado por invalidez, el pago de la suma necesaria para financiar la prestación que este venía percibiendo, efectuado por la aseguradora que emitió la póliza de seguro previsional, constituye la única obligación a cargo de esta entidad, que, además, quedó satisfecha con la trasferencia de los recursos requeridos por Protección S.A. al momento del reconocimiento de la pensión por invalidez.

Vista así la problemática traída a sede extraordinaria, la Sala da la razón a la censura. Como lo ha explicado la Corte al referirse a las pensiones de sobrevivientes en el RAIS, su financiación depende de que se trate de la muerte de un pensionado o de un afiliado (art. 77 Ley 100 de 1993), «pues en el primer caso se presupone que la prestación está financiada y se continúa pagando con los recursos que se previeron inicialmente para la de vejez o invalidez, y el monto de la prestación depende de la modalidad que el causante eligió para percibir la prestación -artículos 77 y 80 ibidem» (CSJ SL3942-2021).

Y más adelante, en sentencia CSJ SL3451-2022, explicó que conforme al tenor literal del artículo 77 de la Ley 100 de 1993, «cuando se está ante un pensionado por vejez o por invalidez del R.A.I.S., la fuente que financia la prestación por muerte es el previsto para el pago de la que recibía el causante a su deceso. En otras palabras, será la reserva que el propio pensionado tiene la que garantice en el tiempo la mesada correspondiente al posible beneficiario».

Así las cosas, como no está en discusión que Seguros Bolívar S.A. trasfirió a Protección S.A. $128.091.576 para financiar la pensión de invalidez que percibió en vida el causante, el ad quem debió entender que con ello quedó satisfecha la obligación a cargo de la aseguradora, a manera de pago total -como medio exceptivo-, en tanto a la luz de la doctrina reseñada, resultaba válido colegir que la pensión de sobrevivientes reclamada quedó financiada en esas condiciones.

En consecuencia, el cargo prospera y se casará la sentencia de segundo grado, en cuanto confirmó la declaratoria de pago parcial de la obligación a cargo de Seguros Bolívar S.A. y modificó la condena a cargo de esa misma aseguradora, con el fin de imponerle la obligación de «garantizar las sumas adicionales que se requieran para completar el capital necesario para pagar la pensión de sobrevivientes a los actores». No la casará en lo demás.

Sin costas.

SENTENCIA DE INSTANCIA

Baste lo discurrido en sede extraordinaria para anunciar que se modificará el numeral tercero de la parte resolutiva de la sentencia, que declaró probada la excepción de «pago parcial frente a la llamada en garantía COMPAÑÍA DE SEGUROS BOLÍVAR S.A. en la suma de $128.091.576 que fueron destinados con cargo a la cuenta de ahorro individual del afiliado fallecido». Se indicará que se trató de un pago total de la obligación a cargo de la aseguradora.

Por eso mismo, se revocará el numeral quinto de dicha decisión, en el que el a quo hizo «la advertencia que si de la cuenta de ahorro individual no hay saldo suficiente para cumplir con la obligación pensional, a posterioridad será asumida por SEGUROS BOLIVAR S.A. como aseguradora previsional». Además de que la imposición de una responsabilidad directa en el pago de las mesadas no corresponde al esquema de aseguramiento a cargo de Seguros Bolívar S.A., la prosperidad de la excepción de pago torna innecesario lo así dispuesto por el juez de primer grado.

Sin costas en segunda instancia.

DECISIÓN

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, CASA la sentencia dictada el 22 de agosto de 2019 por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá D. C., dentro del proceso ordinario laboral seguido por PEDRO ANTONIO y DIEGO FERNANDO MURILLO USAQUÉN contra la ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS PROTECCIÓN S.A. y la llamada en garantía COMPAÑÍA DE SEGUROS BOLÍVAR S.A., en cuanto confirmó la declaratoria de pago parcial de la obligación a cargo de esta última y modificó la condena a su cargo, con el fin de imponerle la obligación de «garantizar las sumas adicionales que se requieran para completar el capital necesario para pagar la pensión de sobrevivientes a los actores». No la casará en lo demás.

En sede de instancia, modifica el numeral tercero de la sentencia proferida el 23 de julio de 2019 por el Juzgado Doce Laboral del Circuito de Bogotá D.C., en el sentido de precisar que se declara probada la excepción de pago total propuesta por la llamada en garantía. También, revoca el numeral quinto de la misma decisión.

Costas, como se dejó dicho.

Cópiese, notifíquese, publíquese, cúmplase y devuélvase el expediente al Tribunal de origen.

DONALD JOSÉ DIX PONNEFZ

JIMENA ISABEL GODOY FAJARDO

JORGE PRADA SÁNCHEZ

SALVAMENTO DE VOTO PARCIAL

Magistrada ponente: JORGE PRADA SÁNCHEZ

Radicación: 89328

Recurrentes: PROTECCIÓN SA y COMPAÑÍA DE SEGUROS BOLÍVAR SA

Opositor: PEDRO ANTONIO y DIEGO FERNANDO MURILLO USAQUÉN

Con el debido respeto, me permito manifestar que, aunque comparto la decisión tomada por la mayoría de la Sala, me aparto de lo expuesto al resolver el primer cargo de la demanda de casación presentada por la Compañía de Seguros Bolívar SA, en cuanto se indicó que no le asistía interés jurídico para discutir el derecho a la pensión.

La recurrente Compañía de Seguros Bolívar SA, fue legalmente vinculada al proceso, a través del llamamiento en garantía que hiciera en su oportunidad la AFP demandada principal, figura procesal que se encuentra regulada en el art. 64 del CGP, disposición aplicable a los asuntos laborales en virtud del principio de integración normativa consagrado en el art. 145 del CPTSS.

De acuerdo con tal preceptiva legal y la Ley 100 de 1993 que introdujo el Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad (RAIS), que opera a través de las administradoras de pensiones, la vinculación de la llamada en garantía tiene como propósito garantizar el capital necesario en la cuenta individual de ahorro pensional del afiliado, frente a la eventualidad de que resulte insuficiente para completar el monto de la pensión reconocida. Por ello, corresponde acudir a la aseguradora a través de la «suma adicional que sea necesaria para completar el capital que financie el monto de la pensión», según lo establece el art. 77 de la codificación citada, la que también apareja para la AFP una exigencia adicional: la contratación de seguros «colectivos y de participación», en procura de garantizar al afiliado, como ya lo expresé, la suficiencia de los recursos para el cumplimiento de la obligación pensional.

Lo expuesto, tiene como propósito resaltar la importancia de la vinculación al proceso de la llamada en garantía, la que al comparecer se opuso a las pretensiones de la demanda principal que se dirigieron contra la administradora Protección SA, al punto que en las razones de defensa manifestó que en el sub examine no se cumplieron los requisitos de la «ley 797 de 2003», para considerar a los actores beneficiarios de la pensión de sobrevivientes.

Además de lo anotado en precedencia, mi salvamento de voto en procesos donde la Sala resolvía con iguales argumentos al sub lite, tenía origen en que para el resto de magistrados que la integran, cuando la convocada principal, esto es, la AFP había desistido del recurso o simplemente se abstuvo de interponerlo, a la aseguradora no le asistía interés jurídico para recurrir en casación, discernimiento del que discrepo, por cuanto en mi criterio la condena finalmente afecta los intereses de la llamada en garantía. Pero lo relevante en esta controversia es que los supuestos fácticos son distintos, pues Protección sí interpuso y sustentó en tiempo el medio de impugnacion extraordinario.

Es del caso relievar, la providencia CSJ AL3220-2015, donde se indicó:

Esta Sala de la Corte tiene precisado que la condena contra quien es quien es llamado en garantía debe partir por lo general, salvo algunas excepciones, de la condena impuesta al demandado principal. Así se ha expuesto entre otros fallos, CSJ SL, 15 may. 2007, Rad. 28246 en el que dijo:

La entidad llamada en garantía es parte circunstancial al proceso al que se le convoque; las relaciones jurídicas que cuentan para cuando se pretende declaración de existencia del derecho a una remuneración por un contrato de mandato, y la responsabilidad principal de su pago son las habidas entre el mandante y el mandatario.

La responsabilidad de la convocada al proceso como llamada en garantía no es autónoma frente a quien no tiene ningún vínculo contractual; es una relación derivada de la que se ha constituido por las relaciones contractuales (...), bajo el supuesto ineludible de la existencia de una obligación entre quien es la garantizada, la entidad demanda (sic) y el actor.

Así, por tanto, la absolución de la llamante en garantía arrastra la de la llamada en garantía.

En virtud de lo explicado, se tiene que la AFP Porvenir S.A., al ser convocada a juicio por la demandante para obtener el reconocimiento y pago de una pensión de sobrevivientes, llamó en garantía a Seguros de Vida Colpatria S.A.

Así, en la sentencia que se pretende recurrir en casación se condenó a la AFP al pago de la prestación deprecada y por tanto a la aseguradora se le extendieron sus efectos, en calidad de garante, toda vez que le impuso la obligación de cubrir la suma adicional necesaria para completar el capital que financie el monto de la pensión de sobrevivientes y, en tal medida, ambas entidades se encontraban habilitadas en sede casacional para discutir el derecho pensional, en razón a su vinculación contractual.

También considero necesario reiterar la providencia CSJ SL2830-2020, donde se enseñó:

Sobre la viabilidad del recurso extraordinario de casación, ha explicado suficientemente la Corte que se produce cuando se reúnen los siguientes requisitos: a) que se interponga dentro de un proceso ordinario contra la sentencia de segunda instancia, salvo que se trate de la situación excepcional a que se refiere la llamada casación per saltum; b) que la interposición se haga por quien tiene la calidad de parte y acredite la condición de abogado o en su lugar esté debidamente representado por apoderado; c) que la sentencia recurrida haya agraviado a la parte recurrente en el valor equivalente al interés jurídico económico para recurrir; y d) que la interposición del recurso se produzca en su oportunidad, esto es, dentro del término legal de los 15 días siguientes a la notificación del fallo atacado.

También ha sido reiterativa esta Corporación en manifestar que el interés jurídico económico para recurrir en casación está determinado por el agravio que sufre el impugnante con la sentencia acusada que, tratándose del demandado, se traduce en la cuantía de las resoluciones que económicamente lo perjudiquen y, respecto del demandante, como el caso en estudio, en el monto de las pretensiones que hubiesen sido negadas por la sentencia que se intenta impugnar, en ambos casos, teniendo en cuenta la conformidad o inconformidad del interesado respecto del fallo de primera instancia, pues en el grado de consulta que se surte en su favor se parte de que ninguna le fue concedida por el inferior.

En mi opinión, la doctrina de que la responsabilidad en estos casos es derivada, que no autónoma, no es suficiente para que se resuelva la falta de interés jurídico de la aseguradora, cuyo recurso inclusive fue admitido por la Corte por auto de 22 de septiembre de 2021, oportunidad en que, entiendo se analizaron los supuestos que permitían su admisión, entre estos, el citado presupuesto para recurrir en esta sede, más aún cuando también acudió en casación Protección SA.

En los anteriores términos, expongo las razones de mi salvamento de voto parcial.

Fecha ut supra.

DONALD JOSÉ DIX PONNEFZ

Magistrado

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