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Jurisprudencia › Corte Suprema de Justicia › SL1487-2023

Corte Suprema de Justicia · Sala de Casación Laboral

Sentencia SL1487-2023

Fecha
17 de mayo de 2023
Magistrado ponente
Omar Angel Mejia Amador

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia SL1487-2023

Corte Suprema de Justicia · Sala de Casación Laboral

Parte resolutiva

DECISIÓN En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, RESUELVE: PRIMERO: REVOCAR la sentencia proferida por el Juzgado Veintiuno Laboral del Circuito de Bogotá, por sentencia del 29 de enero de 2018, para, en su lugar, proferir condena en los siguientes términos: CONDENAR al BANCO POPULAR S.A., a reconocer y pagar a favor de la accionante, ALBA LUZ PACHECO TORRES, la primera mesada pensional en la suma de $1.145.881,70, a partir del 18 de diciembre de 2011, con los reajustes de ley, mesada que es compartible con la pensión de vejez que recibe la accionante de parte de COLPENSIONES. Condénese al BANCO POPULAR S.A., a cancelar a la demandante la suma de $13.832.698,23 por concepto de la diferencia entre la pensión de jubilación y la de vejez desde la data indicada con corte a marzo del presente año. En adelante, pagará el mayor valor mensual a su cargo, el cual corresponde a la suma de $113.705,64 para el 2023, con los reajustes de ley para los siguientes años. Además, reconocerá los intereses moratorios del art. 141 de la Ley 100 de 1993 a partir del 1 de enero de 2012 hasta que se haga el pago de las diferencias por mesadas en mora. El BANCO POPULAR S.A. deberá seguir reconociendo a la accionante el mayor valor por concepto de la pensión de jubilación a que tiene derecho, con los reajustes de ley. Este valor corresponde a la suma mensual de $113.705,64 para el 2023. No prosperan las excepciones formuladas por la demandada. SEGUNDO: Confirmar en todo lo demás la sentencia apelada. Costas como se indicó en la parte motiva.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Corte Suprema de Justicia

Sala de Casación Laboral

Sentencia SL1487-2023

Magistrado ponente: Omar Angel Mejia Amador

17 de mayo de 2023

OMAR ÁNGEL MEJÍA AMADOR

Magistrado ponente

SL1487-2023

Radicación n.°86536

Acta 17

Sincelejo (Sucre), diecisiete (17) de mayo de dos mil veintitrés (2023).

Procede la Sala a dictar la sentencia de instancia en el en el proceso que ALBA LUZ PACHECO TORRES instauró contra el BANCO POPULAR S.A. y COLPENSIONES (como litisconsorcio necesario en la parte pasiva, f.°198), luego de que, mediante la sentencia SL949-2022, esta Sala decidiera casar la sentencia proferida por el Tribunal.

ANTECEDENTES

Alba Luz Pacheco Torres llamó a juicio al Banco Popular S.A., con el fin de que se declare que laboró para la pasiva por más de 20 años como trabajadora oficial y, en consecuencia, se debe condenar a esa entidad a reconocer la pensión de jubilación en cuantía no inferior al 75% del salario promedio del último año de servicios, a partir del 18 de diciembre de 2011, cuando cumplió 55 años, junto con el retroactivo; la compartibilidad con la pensión de vejez a cargo de Colpensiones; los derechos contenidos en los arts. 7 y 9 de la Ley 4a de 1976 con carácter vitalicio y los intereses moratorios de las mesadas adeudadas.

Fundamentó sus pretensiones en que laboró para el banco desde el 18 de diciembre de 1974 hasta el 14 de noviembre de 1996, por finalización de mutuo acuerdo, para un total de 21 años, 10 meses y 26 días. El último salario ascendió a $668.444. Nació el 18 de diciembre de 1956, por lo que cumplió 55 años el 18 de diciembre de 2011. En consecuencia, reclamó el derecho al régimen de transición en virtud del art. 36 de la Ley 100 de 1993 y el AL 01 de 2005, fs. 73 al 81.

En instancias, quedó definido y se mantiene incólume que el banco debía reconocer a la actora la pensión de la Ley 33 de 1985, compartible con la que reconoció Colpensiones, quedando a cargo de aquel el mayor valor si lo hubiere. Además, para las pensiones de régimen de transición del art. 36 de la Ley 100 de 1993, como la de la accionante, se determinó que el IBL se debía liquidar de conformidad con el mismo art. 36 o con el 21 ibidem, dependiendo del tiempo que hacía falta para completar los requisitos de esa pensión al momento en que comenzó la vigencia de la Ley 100 de 1993.

Con base en la situación fáctica de la trabajadora, por faltarle más de 10 años para causar la pensión al 1 de abril de 1994 (cumplió 55 años el 18 de diciembre de 2011), el Tribunal definió que el IBL se determinaba de conformidad con el art. 21 de la Ley 100 de 1993, esto es, se debe tomar «el promedio del ingreso base de cotización» (IBC) y este, para los servidores del sector público, será el que señale el Gobierno, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 4a de 1992.

Mediante el DR. 1158 de 1994, el Gobierno determinó los factores que integran el salario mensual base para calcular las cotizaciones al Sistema General de Pensiones de los servidores públicos incorporados a él y en el art. 1 están los siguientes:

La asignación básica mensual;

Los gastos de representación;

La prima técnica, cuando sea factor de salario;

Las primas de antigüedad, ascensional y de capacitación cuando sean factor de salario.

La remuneración por trabajo dominical o festivo;

La remuneración por trabajo suplementario o de horas extras, o realizado en jornada nocturna;

g) La bonificación por servicios prestados

La decisión de primera instancia fue absolutoria y el Tribunal la confirmó por considerar que no había mayor valor por concepto de pensión a cargo del banco. No obstante, la sentencia del Tribunal fue casada parcialmente mediante la sentencia SL 949-2022, en lo que respecta al monto de la pensión que debe reconocer el banco, por cuanto el juez de apelaciones dejó de apreciar la relación de salarios devengados en la ejecución del contrato de trabajo que obra a fs. 189 a 196, pues la revisión de los valores por concepto de salarios que fueron registrados por el juez de la alzada en el cálculo del IBL son diferentes y no fueron tomados los correspondientes al periodo de los últimos 10 años de servicios.

En sede de instancia, la Sala solicitó a COLPENSIONES la certificación del reconocimiento de la pensión de vejez a favor de la accionante, donde constara el momento en que inició el disfrute y el monto de las mesadas que le haya reconocido desde entonces hasta la fecha.

CONSIDERACIONES

En dos correos electrónicos de 20 de abril de 2022, se recibió respuesta por parte de Colpensiones al requerimiento efectuado. De los anteriores documentos, se dio traslado a las partes, por el término de tres días hábiles: del 26 al 28 de octubre de la misma anualidad, y dentro de dicho término no se recibió pronunciamiento alguno.

En vista de que la información inicialmente enviada por COLPENSIONES no era suficiente, se le requirió por la Sala para que indicara a partir de cuándo comenzó el disfrute de la pensión y el monto de las mesadas que le hubiese reconocido desde entonces hasta la fecha.

Por correo electrónico de 9 de marzo de 2023, se recibió respuesta por parte de Colpensiones al requerimiento efectuado y, de esos documentos, se dio traslado a las partes, por el término de tres días hábiles, del 21 al 23 de marzo, y no se recibió pronunciamiento alguno dentro de dicho término.

Con base en la información allegada, se calcularon los valores de las mesadas pensionales de jubilación de responsabilidad del banco demandado y, teniendo en cuenta la compartibilidad con la pensión reconocida por COLPENSIONES a favor de la accionante, se determinó el mayor valor que estaba a cargo de la entidad ex empleadora, con corte a 30 de marzo de 2023, como se refleja en el siguiente cuadro.

FECHAS

SALARIO

SALARIO BC

SALARIO

DESDE

HASTA

BASE DE COTIZACIÓN (BC)

INDEXADO

PROMEDIO

13/11/1986

30/11/1986

$ 28.403,98

$ 869.280,12

$ 4.104,93

01/12/1986

31/12/1986

$ 51.717,21

$ 1.582.762,11

$ 13.189,68

01/01/1987

31/01/1987

$ 55.896,03

$ 1.415.711,51

$ 11.797,60

01/02/1987

28/02/1987

$ 55.577,70

$ 1.407.648,98

$ 11.730,41

01/03/1987

31/03/1987

$ 63.535,95

$ 1.609.212,25

$ 13.410,10

01/04/1987

30/04/1987

$ 62.262,63

$ 1.576.962,12

$ 13.141,35

01/05/1987

31/05/1987

$ 57.169,35

$ 1.447.961,64

$ 12.066,35

01/06/1987

30/06/1987

$ 56.407,64

$ 1.428.669,36

$ 11.905,58

01/07/1987

31/07/1987

$ 55.657,31

$ 1.409.665,31

$ 11.747,21

01/08/1987

31/08/1987

$ 55.259,37

$ 1.399.586,45

$ 11.663,22

01/09/1987

30/09/1987

$ 55.520,87

$ 1.406.209,62

$ 11.718,41

01/10/1987

31/10/1987

$ 53.610,89

$ 1.357.834,43

$ 11.315,29

01/11/1987

30/11/1987

$ 52.076,07

$ 1.318.961,15

$ 10.991,34

01/12/1987

31/12/1987

$ 52.076,07

$ 1.318.961,15

$ 10.991,34

01/01/1988

31/01/1988

$ 66.547,46

$ 1.357.753,03

$ 11.314,61

01/02/1988

29/02/1988

$ 63.330,07

$ 1.292.109,34

$ 10.767,58

01/03/1988

31/03/1988

$ 63.330,07

$ 1.292.109,34

$ 10.767,58

01/04/1988

30/04/1988

$ 63.330,07

$ 1.292.109,34

$ 10.767,58

01/05/1988

31/05/1988

$ 63.330,07

$ 1.292.109,34

$ 10.767,58

01/06/1988

30/06/1988

$ 76.957,34

$ 1.570.143,50

$ 13.084,53

01/07/1988

31/07/1988

$ 73.911,58

$ 1.508.001,54

$ 12.566,68

01/08/1988

31/08/1988

$ 66.533,11

$ 1.357.460,25

$ 11.312,17

01/09/1988

30/09/1988

$ 71.838,32

$ 1.465.701,28

$ 12.214,18

01/10/1988

31/10/1988

$ 69.764,85

$ 1.423.396,73

$ 11.861,64

01/11/1988

30/11/1988

$ 68.306,26

$ 1.393.637,44

$ 11.613,65

01/12/1988

31/12/1988

$ 72.653,35

$ 1.482.330,15

$ 12.352,75

01/01/1989

31/01/1989

$ 77.057,07

$ 1.227.731,41

$ 10.231,10

01/02/1989

28/02/1989

$ 83.884,93

$ 1.336.518,03

$ 11.137,65

01/03/1989

31/03/1989

$ 102.798,61

$ 1.637.865,05

$ 13.648,88

01/04/1989

30/04/1989

$ 92.339,77

$ 1.471.226,92

$ 12.260,22

01/05/1989

31/05/1989

$ 82.419,27

$ 1.313.166,02

$ 10.943,05

01/06/1989

30/06/1989

$ 89.926,71

$ 1.432.780,23

$ 11.939,84

01/07/1989

31/07/1989

$ 90.731,07

$ 1.445.595,90

$ 12.046,63

01/08/1989

31/08/1989

$ 85.100,37

$ 1.355.883,33

$ 11.299,03

01/09/1989

30/09/1989

$ 87.513,36

$ 1.394.328,91

$ 11.619,41

01/10/1989

31/10/1989

$ 85.100,37

$ 1.355.883,33

$ 11.299,03

01/11/1989

30/11/1989

$ 85.189,74

$ 1.357.307,24

$ 11.310,89

01/12/1989

31/12/1989

$ 84.027,93

$ 1.338.796,41

$ 11.156,64

01/01/1990

31/01/1990

$ 137.447,50

$ 1.737.610,81

$ 14.480,09

01/02/1990

28/02/1990

$ 145.490,80

$ 1.839.294,18

$ 15.327,45

01/03/1990

31/03/1990

$ 151.121,11

$ 1.910.472,54

$ 15.920,60

01/04/1990

30/04/1990

$ 163.830,15

$ 2.071.140,18

$ 17.259,50

01/05/1990

31/05/1990

$ 154.177,78

$ 1.949.114,95

$ 16.242,62

01/06/1990

30/06/1990

$ 149.995,21

$ 1.896.238,92

$ 15.801,99

01/07/1990

31/07/1990

$ 148.949,57

$ 1.883.019,94

$ 15.691,83

01/08/1990

31/08/1990

$ 148.949,57

$ 1.883.019,94

$ 15.691,83

01/09/1990

30/09/1990

$ 137.447,50

$ 1.737.610,81

$ 14.480,09

01/10/1990

31/10/1990

$ 159.460,57

$ 2.015.899,96

$ 16.799,17

01/11/1990

30/11/1990

$ 149.787,61

$ 1.893.614,44

$ 15.780,12

01/12/1990

31/12/1990

$ 144.178,33

$ 1.822.701,94

$ 15.189,18

01/01/1991

31/01/1991

$ 176.277,30

$ 1.683.688,90

$ 14.030,74

01/02/1991

28/02/1991

$ 181.787,68

$ 1.736.320,55

$ 14.469,34

01/03/1991

31/03/1991

$ 177.333,29

$ 1.693.775,04

$ 14.114,79

01/04/1991

30/04/1991

$ 195.150,86

$ 1.863.957,16

$ 15.532,98

01/05/1991

31/05/1991

$ 201.091,04

$ 1.920.693,99

$ 16.005,78

01/06/1991

30/06/1991

$ 189.211,66

$ 1.807.229,69

$ 15.060,25

01/07/1991

31/07/1991

$ 183.272,48

$ 1.750.502,42

$ 14.587,52

01/08/1991

31/08/1991

$ 183.272,70

$ 1.750.504,52

$ 14.587,54

01/09/1991

30/09/1991

$ 177.333,56

$ 1.693.777,62

$ 14.114,81

01/10/1991

31/10/1991

$ 168.424,50

$ 1.608.683,93

$ 13.405,70

01/11/1991

30/11/1991

$ 168.424,50

$ 1.608.683,93

$ 13.405,70

01/12/1991

31/12/1991

$ 168.424,50

$ 1.608.683,93

$ 13.405,70

01/01/1992

31/01/1992

$ 226.339,12

$ 1.706.838,63

$ 14.223,66

01/02/1992

29/02/1992

$ 203.901,50

$ 1.537.635,02

$ 12.813,63

01/03/1992

31/03/1992

$ 203.901,50

$ 1.537.635,02

$ 12.813,63

01/04/1992

30/04/1992

$ 222.379,54

$ 1.676.979,17

$ 13.974,83

01/05/1992

31/05/1992

$ 203.901,50

$ 1.537.635,02

$ 12.813,63

01/06/1992

30/06/1992

$ 215.356,62

$ 1.624.018,86

$ 13.533,49

01/07/1992

31/07/1992

$ 203.901,50

$ 1.537.635,02

$ 12.813,63

01/08/1992

31/08/1992

$ 203.901,50

$ 1.537.635,02

$ 12.813,63

01/09/1992

30/09/1992

$ 203.901,50

$ 1.537.635,02

$ 12.813,63

01/10/1992

31/10/1992

$ 203.901,50

$ 1.537.635,02

$ 12.813,63

01/11/1992

30/11/1992

$ 203.901,50

$ 1.537.635,02

$ 12.813,63

01/12/1992

31/12/1992

$ 203.901,50

$ 1.537.635,02

$ 12.813,63

01/01/1993

31/01/1993

$ 244.657,50

$ 1.474.166,80

$ 12.284,72

01/02/1993

28/02/1993

$ 244.657,50

$ 1.474.166,80

$ 12.284,72

01/03/1993

31/03/1993

$ 280.594,14

$ 1.690.700,53

$ 14.089,17

01/04/1993

30/04/1993

$ 248.885,34

$ 1.499.641,36

$ 12.497,01

01/05/1993

31/05/1993

$ 244.657,50

$ 1.474.166,80

$ 12.284,72

01/06/1993

30/06/1993

$ 244.657,50

$ 1.474.166,80

$ 12.284,72

01/07/1993

31/07/1993

$ 244.657,50

$ 1.474.166,80

$ 12.284,72

01/08/1993

31/08/1993

$ 244.657,50

$ 1.474.166,80

$ 12.284,72

01/09/1993

30/09/1993

$ 259.454,94

$ 1.563.327,75

$ 13.027,73

01/10/1993

31/10/1993

$ 261.568,86

$ 1.576.065,03

$ 13.133,88

01/11/1993

30/11/1993

$ 277.423,26

$ 1.671.594,62

$ 13.929,96

01/12/1993

31/12/1993

$ 263.682,96

$ 1.588.803,39

$ 13.240,03

01/01/1994

31/01/1994

$ 326.128,26

$ 1.604.428,71

$ 13.370,24

01/02/1994

28/02/1994

$ 358.471,26

$ 1.763.544,14

$ 14.696,20

01/03/1994

31/03/1994

$ 370.520,58

$ 1.822.822,27

$ 15.190,19

01/04/1994

30/04/1994

$ 356.780,70

$ 1.755.227,22

$ 14.626,89

01/05/1994

31/05/1994

$ 350.438,34

$ 1.724.025,18

$ 14.366,88

01/06/1994

30/06/1994

$ 369.533,10

$ 1.817.964,24

$ 15.149,70

01/07/1994

31/07/1994

$ 311.711,32

$ 1.533.502,77

$ 12.779,19

01/08/1994

31/08/1994

$ 319.575,30

$ 1.572.190,60

$ 13.101,59

01/09/1994

30/09/1994

$ 309.090,18

$ 1.520.607,75

$ 12.671,73

01/10/1994

31/10/1994

$ 311.711,46

$ 1.533.503,46

$ 12.779,20

01/11/1994

30/11/1994

$ 322.196,59

$ 1.585.086,37

$ 13.209,05

01/12/1994

31/12/1994

$ 340.545,18

$ 1.675.354,55

$ 13.961,29

01/01/1995

31/01/1995

$ 321.577,96

$ 1.291.410,67

$ 10.761,76

01/02/1995

28/02/1995

$ 353.033,32

$ 1.417.730,86

$ 11.814,42

01/03/1995

31/03/1995

$ 349.101,40

$ 1.401.940,83

$ 11.682,84

01/04/1995

30/04/1995

$ 329.441,80

$ 1.322.990,72

$ 11.024,92

01/05/1995

31/05/1995

$ 339.926,92

$ 1.365.097,45

$ 11.375,81

01/06/1995

30/06/1995

$ 313.714,12

$ 1.259.830,62

$ 10.498,59

01/07/1995

31/07/1995

$ 303.229,00

$ 1.217.723,90

$ 10.147,70

01/08/1995

31/08/1995

$ 347.790,76

$ 1.396.677,49

$ 11.638,98

01/09/1995

30/09/1995

$ 337.973,82

$ 1.357.254,08

$ 11.310,45

01/10/1995

31/10/1995

$ 331.656,58

$ 1.331.884,95

$ 11.099,04

01/11/1995

30/11/1995

$ 344.291,06

$ 1.382.623,20

$ 11.521,86

01/12/1995

31/12/1995

$ 328.497,96

$ 1.319.200,39

$ 10.993,34

01/01/1996

31/01/1996

$ 396.856,20

$ 1.334.665,20

$ 11.122,21

01/02/1996

29/02/1996

$ 429.953,30

$ 1.445.973,90

$ 12.049,78

01/03/1996

31/03/1996

$ 437.563,10

$ 1.471.566,38

$ 12.263,05

01/04/1996

30/04/1996

$ 441.368,00

$ 1.484.362,62

$ 12.369,69

01/05/1996

31/05/1996

$ 429.953,30

$ 1.445.973,90

$ 12.049,78

01/06/1996

30/06/1996

$ 365.270,00

$ 1.228.437,80

$ 10.236,98

01/07/1996

31/07/1996

$ 403.319,00

$ 1.356.400,21

$ 11.303,34

01/08/1996

31/08/1996

$ 403.319,00

$ 1.356.400,21

$ 11.303,34

01/09/1996

30/09/1996

$ 403.319,00

$ 1.356.400,21

$ 11.303,34

01/10/1996

31/10/1996

$ 410.928,80

$ 1.381.992,69

$ 11.516,61

01/11/1996

13/11/1996

$ 200.137,57

$ 673.081,71

$ 2.430,57

TOTAL

$ 1.527.842,27

En línea con lo anterior, la demandada deberá reconocer el retroactivo equivalente a $13.832.698,23, con corte a 31 de marzo de 2023, y seguir reconociendo el mayor valor por concepto de la pensión de jubilación a que tiene derecho la accionante, el cual corresponde a la suma de $113.705,64 mensuales para el 2023, con los reajustes de ley.

Igualmente, la demandada deberá reconocer los intereses moratorios del art. 141 de la Ley 100 de 1993, sobre las diferencias impagadas por concepto de mesada pensional a su cargo, a partir del 1 de enero de 2012 hasta cuando se haga el pago del total de las diferencias pensionales adeudas, de conformidad con la sentencia CSJ SL1681-2020, donde esta Sala abandonó su criterio jurisprudencial anterior que negaba la aplicación de dicho precepto a las pensiones de Ley 33 de 1985 y, en su lugar, postula que los intereses moratorios del artículo 141 de la Ley 100 de 1993 aplican a todo tipo de pensiones legales, reconocidas con posterioridad a la entrada en vigencia del sistema general de pensiones.

Ahora bien, en cuanto a la excepción de prescripción formulada por la demandada, cabe decirse que no prospera, como quiera que el derecho pensional se causó el 18 de diciembre de 2011; se presentó reclamación por el derecho el 16 de diciembre de 2013, fl. 3, y la demanda que dio origen al presente litigio fue presentada antes del 15 de septiembre de 2014, f.69, es decir, dentro del término trienal a que se refiere el artículo 151 del Código Procesal Laboral y de la Seguridad Social. Igual suerte le sigue a las demás excepciones formuladas.

Por lo expuesto, se revocará la sentencia proferida por el Juzgado Veintiuno Laboral del Circuito de Bogotá, por sentencia de 29 de enero de 2018, para, en su lugar, condenar al Banco Popular S.A. a pagarle a ALBA LUZ PACHECO TORRES la primera mesada pensional en la suma de $1.145.881,70, a partir del 18 de diciembre de 2011, con los reajustes de ley, mesada que es compartible con la pensión de vejez que recibe la accionante de parte de COLPENSIONES.

Por tanto, la demandada deberá reconocerle a la accionante el retroactivo pensional por valor de $13.832.698,23 por concepto de la diferencia entre la pensión de jubilación y la de vejez, desde la data indicada hasta marzo del presente año. En adelante, pagará el mayor valor mensual a su cargo, el cual corresponde a la suma de $113.705,64 para el 2023, con los reajustes de ley para los siguientes años. Además, reconocerá los intereses moratorios del art. 141 de la Ley 100 de 1993 sobre las diferencias por mesadas en mora a partir del 1 de enero de 2012 hasta que se haga el pago de las diferencias pensionales adeudadas.

Se confirma en todo lo demás la sentencia apelada.

Sin costas en la alzada.

DECISIÓN

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

RESUELVE:

PRIMERO: REVOCAR la sentencia proferida por el Juzgado Veintiuno Laboral del Circuito de Bogotá, por sentencia del 29 de enero de 2018, para, en su lugar, proferir condena en los siguientes términos:

CONDENAR al BANCO POPULAR S.A., a reconocer y pagar a favor de la accionante, ALBA LUZ PACHECO TORRES, la primera mesada pensional en la suma de $1.145.881,70, a partir del 18 de diciembre de 2011, con los reajustes de ley, mesada que es compartible con la pensión de vejez que recibe la accionante de parte de COLPENSIONES.

Condénese al BANCO POPULAR S.A., a cancelar a la demandante la suma de $13.832.698,23 por concepto de la diferencia entre la pensión de jubilación y la de vejez desde la data indicada con corte a marzo del presente año. En adelante, pagará el mayor valor mensual a su cargo, el cual corresponde a la suma de $113.705,64 para el 2023, con los reajustes de ley para los siguientes años. Además, reconocerá los intereses moratorios del art. 141 de la Ley 100 de 1993 a partir del 1 de enero de 2012 hasta que se haga el pago de las diferencias por mesadas en mora.

El BANCO POPULAR S.A. deberá seguir reconociendo a la accionante el mayor valor por concepto de la pensión de jubilación a que tiene derecho, con los reajustes de ley. Este valor corresponde a la suma mensual de $113.705,64 para el 2023.

No prosperan las excepciones formuladas por la demandada.

SEGUNDO: Confirmar en todo lo demás la sentencia apelada.

Costas como se indicó en la parte motiva.

Notifíquese, publíquese, cúmplase y devuélvase al Tribunal de origen.

GERARDO BOTERO ZULUAGA

Presidente de la Sala

No firma por ausencia justificada

FERNANDO CASTILLO CADENA

ACLARA VOTO

LUIS BENEDICTO HERRERA DÍAZ

IVÁN MAURICIO LENIS GÓMEZ

OMAR ÁNGEL MEJÍA AMADOR

MARJORIE ZÚÑIGA ROMERO

ACLARACIÓN DE VOTO

OMAR ÁNGEL MEJÍA AMADOR

Magistrado ponente

Radicación n.° 86536

ALBA LUZ PACHECO TORRES vs. BANCO POPULAR SA y ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES – COLPENSIONES.

Aunque comparto la decisión adoptada, debo reiterar mi aclaración, ya expresada frente a la providencia CSJ SL949-2022 con la cual este pronunciamiento de instancia configura una unidad inescindible, respecto de un punto específico de la sentencia, y es el relacionado con mi convicción de que el régimen de transición consagrado en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, encuentra su regulación íntegra en él, incluido el IBL.

En efecto, en los antecedentes de esta sentencia de instancia se recuerda que:

En instancias, quedó definido y se mantiene incólume que el banco debía reconocer a la actora la pensión de la Ley 33 de 1985, compartible con la que reconoció Colpensiones, quedando a cargo de aquel el mayor valor si lo hubiere. Además, para las pensiones de régimen de transición del art. 36 de la Ley 100 de 1993, como la de la accionante, se determinó que el IBL se debía liquidar de conformidad con el mismo art. 36 o con el 21 ibidem, dependiendo del tiempo que hacía falta para completar los requisitos de esa pensión al momento en que comenzó la vigencia de la Ley 100 de 1993.

Con base en la situación fáctica de la trabajadora, por faltarle más de 10 años para causar la pensión al 1 de abril de 1994 (cumplió 55 años el 18 de diciembre de 2011), el Tribunal definió que el IBL se determinaba de conformidad con el art. 21 de la Ley 100 de 1993, esto es, se debe tomar «el promedio del ingreso base de cotización» (IBC) y este, para los servidores del sector público, será el que señale el Gobierno, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 4a de 1992.

[…]

La decisión de primera instancia fue absolutoria y el Tribunal la confirmó por considerar que no había mayor valor por concepto de pensión a cargo del banco. No obstante, la sentencia del Tribunal fue casada parcialmente mediante la sentencia SL 949-2022, en lo que respecta al monto de la pensión que debe reconocer el banco, por cuanto el juez de apelaciones dejó de apreciar la relación de devengados en la ejecución del contrato de trabajo que obra a fs. 189 a 196, pues la revisión de los valores por concepto de salarios que fueron registrados por el juez de la alzada en el cálculo del IBL son diferentes y no fueron tomados los correspondientes al periodo de los últimos 10 años de servicios.

Con base en este contexto, los cálculos de los valores de las mesadas pensionales efectuados ahora en instancia, responden al criterio que privilegia la aplicación del artículo 21 de la Ley 100 de 1993 sobre el 36 de la misma norma, para el IBL de quienes se encuentran en régimen de transición, que es la apreciación de la cual tomo distancia.

Me explico, la Sala ha sido de la opinión, que el régimen de transición sólo protege la edad, tiempo de servicios o cotizaciones y el monto consagrado en el régimen anterior y de la misma manera, se ha considerado que la expresión monto, se refiere a la tasa de reemplazo o proporción sobre el ingreso de base que determina la cuantía de la pensión.

Dispone la norma en comento, en lo que interesa a este escrito:

&$ARTÍCULO 36. RÉGIMEN DE TRANSICIÓN. La edad para acceder a la pensión de vejez, continuará en cincuenta y cinco (55) años para las mujeres y sesenta (60) para los hombres, hasta el año 2014*, fecha en la cual la edad se incrementará en dos años, es decir, será de 57 años para las mujeres y 62 para los hombres.

La edad para acceder a la pensión de vejez, el tiempo de servicio o el número de semanas cotizadas, y el monto de la pensión de vejez de las personas que al momento de entrar en vigencia el Sistema tengan treinta y cinco (35) o más años de edad si son mujeres o cuarenta (40) o más años de edad si son hombres, o quince (15) o mas (sic) años de servicios cotizados, será la establecida en el régimen anterior al cual se encuentren afiliados. Las demás condiciones y requisitos aplicables a estas personas para acceder a la pensión de vejez, se regirán por las disposiciones contenidas en la presente Ley.

En lo que se refiere a la interpretación y alcance del inciso tercero, es decir el que define el IBL, pese a que, como lo recuerda la sentencia, ha habido un entendimiento, de que dicho precepto no comprende a quienes les faltaba más de 10 años para adquirir el derecho, allí es donde creo, reside el núcleo de mi aclaración, pues a mi juicio, esa lectura no es correcta y la misma fue propiciada, entre otros motivos, por virtud de la declaratoria de inexequibilidad del apartado que figuraba a renglón seguido y que redondeaba, de manera precisa, la explicación sobre la aplicación del IBL, en el artículo 36:

El ingreso base para liquidar la pensión de vejez de las personas referidas en el inciso anterior que les faltare menos de diez (10) años para adquirir el derecho, será el promedio de lo devengado en el tiempo que les hiciere falta para ello, o el cotizado durante todo el tiempo si este fuere superior, actualizado anualmente con base en la variación del Indice (sic) de Precios al consumidor, según certificación que expida el DANE. Sin embargo, cuando el tiempo que les hiciere falta fuere igual o inferior a dos (2) años a la entrada en vigencia de la presente Ley, el ingreso base para liquidar la pensión será el promedio de lo devengado en los dos (2) últimos años, para los trabajadores del sector privado, y de un (1) año para los servidores públicos. (Subrayas propias. El texto subrayado fue declarado inexequible por la Corte Constitucional en sentencia CC C-168 de 1995)

Así las cosas, aceptando como supuesto que en efecto el artículo 36 regula integralmente el tema y que el IBL que allí se dispone es especial, diferente al general contemplado en la Ley 100, la consecuencia que de ello se deriva es que había tres grupos diferenciados, según la proximidad de cada uno de ellos al momento de la pensión: i) quienes les faltaban 1 ó 2 años, dependiendo de si eran servidores públicos o trabajadores del sector privado; ii) quienes les faltaba menos de diez años y, iii) quienes teniendo el derecho de la transición, les faltaban más de diez años.

Para cada uno de ellos, el inciso ofrecía una solución gradual y progresiva atendiendo la mayor o menor proximidad al momento de pensionarse. Lo que ocurrió, fue que la declaratoria de inexequibilidad desquició la arquitectura propia del artículo y, a partir de allí, ha sido difícil encontrar una solución que satisfaga a todos, propiciando toda suerte de interpretaciones, en veces contradictorias.

A guisa de ejemplo, el Consejo de Estado, mediante providencia CE SPL, 28 ag. 2018, exp. 52001-23-33-000-2012-00143-01(IJ), llegó a las siguientes conclusiones que, aunque se aproximan al criterio de la Corte Suprema de Justicia, difieren en algunos aspectos de lo que tradicionalmente ha sostenido la Sala de Casación Laboral:

Fijación de la Regla Jurisprudencial sobre el IBL en el régimen de transición

92. De acuerdo con lo expuesto, la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo sienta la siguiente regla jurisprudencial:

'El Ingreso Base de Liquidación del inciso tercero del artículo 36 de la Ley 100 de 1993 hace parte del régimen de transición para aquellas personas beneficiarias del mismo que se pensionen con los requisitos de edad, tiempo y tasa de reemplazo del régimen general de pensiones previsto en la Ley 33 de 1985'.

93. Para este grupo de beneficiarios del régimen de transición y para efectos de liquidar el IBL como quedó planteado anteriormente, el Consejo de Estado fija las siguientes subreglas:

94. La primera subregla es que para los servidores públicos que se pensionen conforme a las condiciones de la Ley 33 de 1985, el periodo para liquidar la pensión es:

• Si faltare menos de diez (10) años para adquirir el derecho a la pensión, el ingreso base de liquidación será (i) el promedio de lo devengado en el tiempo que les hiciere falta para ello, o (ii) el cotizado durante todo el tiempo, el que fuere superior, actualizado anualmente con base en la variación del Índice de Precios al consumidor, según certificación que expida el DANE.

• Si faltare más de diez (10) años, el ingreso base de liquidación será el promedio de los salarios o rentas sobre los cuales ha cotizado el afiliado durante los diez (10) años anteriores al reconocimiento de la pensión, actualizados anualmente con base en la variación del índice de precios al consumidor, según certificación que expida el DANE.

95. La Sala Plena considera importante precisar que la regla establecida en esta providencia, así como la primera subregla, no cobija a los docentes afiliados al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, pues fueron exceptuados del Sistema Integral de Seguridad Social por virtud del artículo 279 de la Ley 100 de 1993 y su régimen (sic) pensional está previsto en la Ley 91 de 1989[30]. Por esta razón, estos servidores no están cobijados por el régimen de transición.

96. La segunda subregla es que los factores salariales que se deben incluir en el IBL para la pensión de vejez de los servidores públicos beneficiarios de la transición son únicamente aquellos sobre los que se hayan efectuado los aportes o cotizaciones al Sistema de Pensiones.

[...]

La lectura que en esta aclaración de voto se propone, en mi modo de ver, armoniza con el hecho de considerar que el régimen de transición tiene por objeto aminorar el impacto que supone el cambio abrupto del sistema, y que se preservan las condiciones más favorables del régimen anterior, en la medida en que un nuevo sistema pensional se diseña con el propósito de endurecer, de alguna manera, los requisitos de acceso a la prestación.

En síntesis, el régimen de transición reconoce las condiciones más benéficas del régimen anterior al cual se encontraba afiliado el trabajador, en aplicación del principio de favorabilidad del régimen pensional, pues esa es su razón de ser.

Sobre el particular, en ejercicio de la acción de constitucionalidad, la Corte Constitucional, al revisar el contenido del artículo 36 de la Ley 100 de 1993 expresó en sentencia CC C-168-1995 que:

En punto a la aplicación del principio de favorabilidad en materia de régimen pensional, considera la Corte que esta es labor que incumbe al juez en cada caso concreto, pues es imposible, en juicios de constitucionalidad, confrontar la norma acusada que es genérica, con cada una de las distintas normas contempladas en los diferentes regímenes pensionales que antes de la vigencia de la ley 100 de 1993 existían en el sector privado y en el público, para establecer cuál resulta más favorable a determinado trabajador. (subrayas propias).

Así las cosas, la solución que más se aviene con lo hasta aquí planteado, es mi opinión, consiste en considerar que la norma contrasta los dos grupos que subsistieron después de la declaratoria de inexequibilidad de la última parte del inciso, y el resultado final que se obtiene es que:

i) para el grupo de los que le faltan menos de diez años para adquirir el derecho el IBL «será el promedio de lo devengado en el tiempo que les hiciere falta para ello», es decir, para tener el estatus de pensionado;

ii) en tanto que, cuando la norma señala «si éste fuere superior» se está refiriendo, precisamente, al tiempo «que les hiciere falta para ello» de la frase anterior, con lo cual es claro que se refiere, por contraste y oposición, a «los que les falte menos de diez años para adquirir el derecho», quedando claro entonces que, como se señala a continuación;

iii) a los que les faltaban más de diez años, la regla que aplica en materia de IBL, será la del promedio cotizado durante todo el tiempo.

Bajo esa óptica interpretativa, contraria a la que ha venido sosteniendo mayoritariamente la Sala, en mi sentir, resultaría problemático concluir que por virtud de lo dispuesto en el artículo 36 de la ley 100, hay una especie de remisión directa al artículo 21 de la misma normativa, pues en este análisis, ello no es consecuencia inmediata de que al trabajador le falten más de diez años para pensionarse, cuando dicha disposición comenzó a regir y porque, en suma, considero que el artículo 36 contiene, en principio, todos los elementos y condiciones para que las personas beneficiarias del régimen transición puedan adquirir su pensión de vejez.

Habrá, por supuesto, algunos casos especiales que escapen a esta regla general y, excepcionalmente, podrá acudirse a otras normas, en aplicación de los principios de favorabilidad y equidad para resolverlos, si a ello hubiere lugar.

Por la brevedad debida, dejó así consignada mi aclaración frente a la decisión adoptada.

Fecha ut supra,

LUIS BENEDICTO HERRERA DÍAZ

MAGISTRADO

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