5.º Ordenar al Municipio de Yarumal, el pago de las prestaciones sociales que se causaron a favor del demandante (…) entre el 10 de agosto de 2012 y el 31 de diciembre del mismo año y del 1.º de enero al 31 de diciembre de 2013, a excepción de la cesantía y de aquellas que se encuentran afectadas por el fenómeno de la prescripción alegada por la parte demandada, que se acoge parcialmente, así:
Para el periodo 10 de agosto a 31 de diciembre de 2012:
Auxilio de cesantía $423.000, intereses a la cesantía $19.881, prima de servicios $423.000, y vacaciones $211.500.
Para el periodo 01 de enero a 31 de diciembre de 2013:
Auxilio de cesantía $1.600.000, intereses a la cesantía $192.000, prima de servicios $1.600.000, y vacaciones 800.000.
De las sumas referenciadas quedan excluidas las que corresponden a los intereses a la cesantía y la prima de servicios causados en el año 2012, debido a que se encuentran afectadas por la prescripción.
6.º Denegar las pretensiones al pago de la sanción moratoria y de la sanción por la no afiliación a un fondo de cesantía.
7.º Denegar la devolución de las sumas que se reclaman por el demandante por concepto de retención en la fuente y ordenar al Municipio de Yarumal que reembolse a favor del demandante el 8.5% y el 12% por concepto de aportes a salud y pensiones, respectivamente (…).
Se ordena asimismo al Municipio de Yarumal, reconocer al demandante (…) las sumas pagadas por éste, en razón de las pólizas que le fueron exigidas por dicha entidad territorial, esto es, las sumas de $80.040 y de $58.000.
8.º Declarar que no prospera la excepción denominada como indebido agotamiento de vía gubernativa.
9.º Ordenar al demandante (…) que proceda a reintegrar al Municipio de Yarumal, el valor de la cesantía que le fue liquidada y pagada en razón del contrato de trabajo a término fijo, por el periodo comprendido entre el 1.º de enero de 2014 y el 12 de febrero de 2015.
10.º Condenar en costas a la entidad demandada (…).
11.º Notificar esta decisión en estrados y ordenar que se surta el grado jurisdiccional de la consulta en el evento de que no sea apelada en cuanto fue adversa al Municipio de Yarumal (…).
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
Por apelación del Municipio de Yarumal y al surtir el grado jurisdiccional de consulta en favor de la entidad en aquellos aspectos no apelados, mediante sentencia de 9 de julio de 2021 la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Antioquia resolvió (f.º 1 a 30, PDF. Fl. 005 Editco+Sentencia2daInstancia):
PRIMERO: REVOCAR los numerales segundo, tercero y cuarto de la sentencia objeto de apelación y consulta, para en su lugar ABSOLVER al municipio de Yarumal del reintegro y pago de prestaciones sociales por estabilidad laboral reforzada.
SEGUNDO: CONFIRMAR en lo demás.
Sin costas en esta instancia.
Para los fines que interesan al recurso de casación, el ad quem señaló que no se discutía en el proceso que: (i) el actor prestó sus servicios al Municipio de Yarumal desde el 10 de agosto de 2012 hasta el 12 de febrero de 2015; (ii) desarrolló funciones como operario de maquinaria pesada, y (iii) el 24 de agosto de 2014 sufrió un accidente de origen común.
Así, estimó que los problemas jurídicos a resolver consistían en determinar si: (i) la accionada desvirtuó la presunción del contrato de trabajo y los elementos que la conforman; (ii) «la interpretación de la accionada respecto de la excepción de prescripción», y (iii) se cumplían los presupuestos para el «fuero de estabilidad laboral reforzada».
En relación con el primer aspecto, indicó que era deber del actor probar la prestación personal del servicio, para que la entidad que se beneficia de la labor tenga la carga procesal de desvirtuar la presunción que consagra el artículo 20 del Decreto 2127 de 1945, de modo que acreditara que el vínculo se materializó a través de un contrato distinto al laboral.
Agregó que en el caso de los servidores públicos del orden municipal se consideran trabajadores oficiales aquellos que se dedican a labores de construcción y sostenimiento de obras públicas, esto al tenor de lo dispuesto en el artículo 81 de la Ley 222 de 1983. Asimismo, que «no es la forma de vinculación (…) sino el tipo de labor que desempeña (…) en el ente territorial», lo que determina la calidad que ostenta el servidor público. En su apoyo, citó las providencias CSJ SL4579-2014, CSJ SL, 22 may. 05, rad. 25248 y CSJ SL, 4 abr. 01, rad. 15143.
Expuso que la obra pública se define como aquella de interés general, destinada al uso público tales como carreteras, puertos, ferrocarriles, aeródromos, canales, pavimentación de calles y puentes, entre otras.
En tal perspectiva, apreció los contratos suscritos, sus prórrogas, las pólizas que suscribió el demandante, el documento denominado «necesidad del servicio para operación del vehículo de propiedad del municipio de Yarumal (sic)», los estudios previos de conveniencia y oportunidad para la realización de dichos contratos, las planillas de pago y de control de conducción de vehículos, así como las declaraciones de Yomara Tamayo -amiga de la familia del demandante- y Diana Cecilia Montoya -cuñada del actor-.
De lo anterior concluyó que el demandante operaba maquinaria especial al servicio de la entidad territorial apoyando labores que desarrollaba la Unidad de Asistencia Agropecuaria -Umata-, con el fin de «aumentar la productividad y nivel de vida de los pequeños productores agropecuarios», de modo que su actividad sí era propia de un trabajador oficial por estar encaminada al mantenimiento y construcción de obras públicas.
Agregó que dadas las breves interrupciones existentes entre los contratos suscritos por prestación de servicios y los contratos de trabajo a término fijo -cuyo interregno nunca superó los ocho días-, debía considerarse que existió un solo vínculo laboral.
En lo relativo a la prescripción, indicó que conforme al artículo 151 del Código Procesal del Trabajo y la jurisprudencia de esta Sala, en este caso, «a partir de la finalización del vínculo el 12 de febrero de 2015, se contabiliza[ban] 90 días para que empiece a correr el término de tres años; que finalizan el 15 de julio de 2015, con lo que a partir de allí el accionante podía impulsar la reclamación administrativa, y que en efecto lo hizo el 1º de julio de 2016, y la entidad dio respuesta [el 19 de julio del mismo año]», de modo que el demandante interpuso en debida forma la reclamación ante la entidad y presentó la demanda el 23 de febrero de 2018. En sustento, citó la providencia CSJ SL5362-2018.
Claro lo anterior, revisó los cálculos y prohijó las conclusiones de la a quo respecto a que la prescripción cobijó los intereses a las cesantías y las primas proporcionales previas al 1.º de julio de 2013, y señaló que la liquidación de acreencias laborales adeudadas se realizó en debida forma.
En cuanto a la «estabilidad laboral reforzada», indicó que la jurisprudencia de esta Sala ha clasificado las «limitaciones de salud» que puede sufrir un trabajador en «severas, moderadas o profundas», de modo que para ser sujeto de especial protección se requiere un porcentaje de pérdida de la capacidad laboral superior al 15%; esto, destacó, contrario a lo establecido por la Corte Constitucional, que ha considerado que incluso personas a las cuales no se las haya realizado tal calificación pueden considerarse como destinatarios de dicha prerrogativa, «siempre y cuando se observe a un trabajador en una situación de salud que le impida o dificulte sustancialmente el desempeño de sus labores en condiciones regulares».
Agregó que, en este último escenario, esta Sala «ha morigerado las reglas jurisprudenciales y ha expresado que, si el trabajador se encuentra en proceso de calificación, el principio de buena fe con que deben ejecutarse los contratos de trabajo, impone esperar la calificación del estado de salud».
Conforme a las anteriores consideraciones, destacó que el trabajador estuvo incapacitado en forma continua, mediante la expedición de certificados de incapacidad que corresponden a prórrogas, durante un interregno de 173 días -desde el 24 agosto de 2014 hasta el 12 de febrero de 2015-, y que el 20 de noviembre de 2014 la EPS Coomeva informó que el actor padeció un accidente el 24 de agosto «que generó incapacidad continua y concepto de rehabilitación por establecer, por lo cual le solicitó que asistiera a la AFP Colpensiones para que, realice estudio técnico médico para el pago (…) por incapacidad temporal».
Agregó que el formulario anexo al citado concepto que expidió la EPS daba cuenta de que el actor «no ha finalizado su tratamiento médico y que tiene un concepto de rehabilitación médico laboral favorable (…) y se señala como opción a seguir: por concepto favorable de rehabilitación, [la necesidad de] prórroga de incapacidad mayor a 180 días, reconocer subsidio económico».
Expone que, al rendir interrogatorio de parte, el demandante informó que «nunca fue a que le evaluaran la capacidad médica de funcionalidad de la mano; porque la médica que lo atendió le dijo que comprobara si podía desempeñar su labor (…), que el dedo sí le había quedado rígido pero que no era impedimento para seguir laborando o al menos para ensayar».
En tal perspectiva, el Tribunal señaló que el último contrato de trabajo se suscribió por un año y posteriormente se le realizó una prórroga hasta el 12 de febrero de 2015 -mismo día en que finalizaron las incapacidades temporales del actor-, no obstante, consideró que pese a que la entidad conocía tal circunstancia, las terapias a las que asistía y sus ausencias, lo cierto es que durante tal incapacidad la entidad prorrogó el contrato, lo cual daba cuenta de que «hubo voluntad de continuar con el vínculo laboral».
Agregó que si bien el Municipio de Yarumal no realizó un análisis respecto a las condiciones de rehabilitación del trabajador, este tampoco informó a su empleador del trámite que debía realizar ante la administradora de pensiones para continuar con el pago de las incapacidades, ni asistió a que le realizaran el «examen» que requería, de modo que la entidad «podía estar en el sano convencimiento que el trabajador era un persona recuperada, con posibilidad de continuar sus labores, normalmente, pero que sencillamente debía prescindir de sus servicios», sin que pueda considerarse que el motivo de la finalización del vínculo laboral haya sido su incapacidad.
Por último, destacó que la jurisprudencia de la Sala, sin indicar en qué providencia, ha fijado que para que proceda la garantía por estabilidad laboral reforzada es necesario que el trabajador cuente con una calificación de pérdida de capacidad laboral superior al 15%, y que si bien el trabajador tiene un «certificado de incapacidad», en este caso no contaba con tal valoración y había sido renuente a obtenerla.
En consecuencia, indicó que no existió nexo causal entre la decisión de dar por terminado el contrato de trabajo y «el estado de salud del trabajador», de modo que debían revocarse las condenas relativas al reintegro y las prestaciones económicas derivadas del mismo.
RECURSO DE CASACIÓN
El recurso extraordinario de casación lo interpuso el demandante, lo concedió el Tribunal y lo admitió la Corte Suprema de Justicia.
ALCANCE DE LA IMPUGNACIÓN
La recurrente pretende que la Corte «case parcialmente» la sentencia impugnada para que, en sede de instancia, confirme la decisión del a quo, en lo relativo al «reintegro y las prestaciones consecuenciales», y provea en costas lo pertinente.
Con tal propósito, por la causal primera de casación, formula un cargo, que no fue objeto de réplica.
CARGO ÚNICO
Por la vía directa, acusa la «interpretación errónea del artículo 26 de la Ley 361 de 1997, en armonía con los artículos 27, 37, 45, 47 (subrogado por el artículo 5 del Decreto 2351 de 1965), 55, 65, 127 (subrogado por el artículo de la Ley 50 de 1990), 158, 186, 189 (subrogado por el artículo 14 del Decreto 2351 de 1965), 249, 254 y 306 del Código Sustantivo del Trabajo; 13, 47, 48 y 53 de la Constitución Nacional».
Al respecto, indica que la jurisprudencia de esta Corte no condiciona la protección de los trabajadores «en situación de discapacidad» a la existencia de un dictamen de pérdida de la capacidad laboral para el momento del despido, sino únicamente al «conocimiento del empleador de la existencia de dolencias que aquejan al trabajador». En su sustento, citó las sentencias CSJ SL, 15 jul. 20, rad. 67633 y CSJ SL2586-2020.
Agregó que en desarrollo de las normas constitucionales se han expedido leyes internas dirigidas a la protección de «grupos especialmente vulnerables», tales como la Ley 361 de 1997. Asimismo, que Colombia ha ratificado instrumentos internacionales con el fin de evitar que las condiciones de desigualdad de las personas en situación de «discapacidad» se perpetúen en el tiempo.
Expone que tales compromisos hacen parte del bloque de constitucionalidad, en el cual se integra la Convención Americana, Declaración Universal de Derechos Humanos «y todos los instrumentos internacionales que protegen al trabajador discapacitado», en los cuales el Estado realizó un compromiso respecto de las personas que enfrentan tales condiciones y pueden verse limitadas en la consecución de un empleo o en la finalización de los vínculos laborales.
Expresa que en el marco de dichas protecciones existe una presunción de despido discriminatorio, en la cual una vez el empleador conoce la «situación de discapacidad» del trabajador -lo cual no se discute en el cargo, pues aduce, el Tribunal lo encontró probado-, toda vez que dio por acreditado «la situación de salud del demandante, el despido [cuando mediaba] una enfermedad que duró más de 180 días y de la que no había sido posible su recuperación (…) la cual comporta[ba] una afectación a su capacidad de trabajo que ha persistido en el tiempo (…) que le imposibilita seguir trabajando (…) [y] es señal inequívoca de discapacidad», le correspondía a la entidad desvirtuar que el motivo de finalización del vínculo laboral estuvo asociado a la condición del trabajador.
Aduce que un entendimiento distinto de las normas acusadas, supone «otorgar a los empleadores una patente de corso para que abusen de la figura y nunca se pueda atender de manera favorable el reintegro de un trabajador discapacitado, porque nunca se fulminaría el contrato por la discapacidad del trabajador sino por el vencimiento del término (…) o por cualquier otra causal que no le acarree como consecuencia la reinstalación del trabajador a su puesto de trabajo».
Manifiesta que: (i) el deber de acreditar la justeza del despido por parte del empleador debe estar desprovisto de consideraciones subjetivas o suposiciones; (ii) el empleador no requiere conocer el «estado de discapacidad del trabajador», sino su imposibilidad de laborar al estar incapacitado o que existan recomendaciones de los entes de salud «o que existe calificación»; (iii) la calificación de pérdida de capacidad laboral solo se produce al final del proceso, «cuando ya se ha dicho si existe pronóstico favorable o desfavorable de rehabilitación», y (iv) desproveer de tales elementos objetivos la finalización de los vínculos laborales, convertiría a la «norma en fallida, inocua e ineficaz de cara a los derechos que pretende proteger».
Por último, destaca que al terminar el contrato de trabajo -«justa o injustamente»- de un trabajador discapacitado, debe obtenerse permiso del Ministerio del Trabajo, so pena de que el despido sea ineficaz y el trabajador sea reinstalado a un empleo «por lo menos igual al que desempeñaba antes de haber sufrido la terminación del nexo laboral», toda vez que «resulta obvio concluir que un empleador nunca invocará esa circunstancia, a sabiendas de las consecuencias de índole jurídico y patrimonial que ello acarrea».
CONSIDERACIONES
No son objeto de debate los siguientes hechos en casación, esto es, que: (i) entre Restrepo Múnera y el Municipio de Yarumal se ejecutó una relación de trabajo desde el 10 de agosto de 2012 al 12 de febrero de 2015; (ii) el demandante fue contratado para desarrollar las actividades de conductor de maquinaria pesada u operador de retroexcavadora; (iii) el 24 de agosto de 2014 sufrió una lesión de origen común que le ocasionó dificultades de movilidad de la mano izquierda; (iv) a raíz de esta lesión, fue sometido a múltiples procedimientos, tratamientos médicos y le formularon incapacidades desde el 24 de agosto de 2014 hasta el 12 de febrero de 2015.
Con estas premisas, le corresponde a la Corte definir si el Tribunal se equivocó al exigirle al trabajador la aportación de una calificación de pérdida de capacidad laboral que dictamine una limitación superior al 15%, como prerrequisito para que opere la estabilidad laboral reforzada por discapacidad en su favor.
Para dar respuesta a este problema jurídico, la Corte considera oportuno reflexionar en torno a (1) la jurisprudencia actual de la Sala de Casación Laboral respecto al concepto de discapacidad y la necesidad de revisar su criterio a la luz del modelo de derechos humanos previsto en la Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad y la Ley 1618 de 2013; (2) el alcance del artículo 26 de la Ley 361 de 1997, conforme a tal planteamiento y, por último, (3) procederá al análisis del asunto planteado.
Sobre los criterios de la Sala respecto a la definición de discapacidad y a la protección de estabilidad laboral establecida en el artículo 26 de la Ley 361 de 1997
La jurisprudencia vigente de la Sala, por mayoría, tiene asentado que para la concesión de la protección de estabilidad laboral reforzada contemplada en el artículo 26 de la Ley 361 de 1997, no es suficiente que, al momento del despido, el trabajador sufra quebrantos de salud, esté en tratamiento médico o se le hubieran concedido incapacidades médicas, sino que debe acreditarse, al menos, una limitación física, psíquica o sensorial con el carácter de moderada; esto es, que implique un porcentaje de pérdida de capacidad laboral igual o superior al 15%, en los términos del artículo 7.º del Decreto 2463 de 2001 e independientemente del origen que tenga y sin más aditamentos especiales, como que obtenga un reconocimiento y una identificación previa (CSJ SL, 28 ago. 2012, rad. 39207, reiterada en las decisiones CSJ SL14134-2015, CSJ SL10538-2016, CSJ SL5163-2017, CSJ SL11411-2017, CSJ SL4609-2020, CSJ SL3733-2020, CSJ SL058-2021 y CSJ SL497-2021).
A partir de ese porcentaje, se ha considerado que la condición o situación de discapacidad es relevante o de un grado significativo, de carácter considerable y prolongado en el tiempo que afecta el desarrollo de las funciones del trabajador en el ejercicio del derecho al trabajo en igualdad de oportunidades, por lo que merece la protección legal.
Adicionalmente, la Sala ha precisado que, para acreditar la discapacidad, no se requiere de prueba solemne y concomitante a la terminación del vínculo laboral, toda vez que, por el carácter finalista de la norma, lo importante es que el empleador tenga conocimiento de la condición del trabajador, para asumir con cuidado la potestad de prescindir de sus servicios, bien sea logrando su calificación o esperando el resultado de aquella.
Entre tanto, el contenido y los alcances del concepto de discapacidad han sido tópicos en constante discusión y desarrollo, de manera que son varios los instrumentos que impactan el entendimiento que debe asumir esta Sala, específicamente en lo que concierne al ámbito del trabajo y a la estabilidad que consagra el artículo 26 de la Ley 361 de 1997.
En efecto, el concepto de discapacidad no ha sido estático, pues ha evolucionado como consecuencia de diferentes factores de acuerdo con las realidades sociales. Desde la década de los años 60 se propuso un concepto de modelo social de discapacidad, tal como puede notarse de la aprobación del Programa de Acción Mundial para la Discapacidad por la Asamblea General de las Naciones Unidas, que buscaba el mejoramiento de las condiciones de vida de las personas en situación de discapacidad, enfocado no solo en medidas de rehabilitación, sino de prevención y equiparación de oportunidades.
Tal objetivo también puede advertirse en la Resolución n.º 48/1996 del 20 de diciembre de 1993 emanada de la Asamblea de las Naciones Unidas relativa a las «Normas uniformes sobre la igualdad de oportunidades para las personas con discapacidad», que puso de presente los «obstáculos que impiden que las personas con discapacidad ejerzan sus derechos y libertades y dificultan su plena participación en las actividades de sus respectivas sociedades», y la necesidad de «centrar el interés en las deficiencias de diseño del entorno físico y de muchas actividades organizadas de la sociedad, por ejemplo, información, comunicación y educación, que se oponen a que las personas con discapacidad participen en condiciones de igualdad».
Posteriormente, con la expedición de la «Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad» y su «Protocolo Facultativo» de 2006, se enfatizó en un modelo con enfoque social y de derechos humanos, y se reafirmó que la discapacidad resulta de la interacción entre las personas con deficiencias y las barreras externas, incluidas las actitudinales, las cuales finalmente evitan o impiden la participación igualitaria del individuo en el ámbito social, político, económico y cultural del Estado.
La Convención adoptó el «enfoque de los derechos humanos», por cuanto, con base en el «modelo social» de concepción de la discapacidad, se fijó como propósito «promover, proteger y asegurar el goce pleno y en condiciones de igualdad de todos los derechos humanos y libertades fundamentales por todas las personas con discapacidad, y promover el respeto de su dignidad inherente» (artículo 1.º).
Dicha convención «configura el estándar global más reciente y garantista de los derechos de las personas en situación de discapacidad» (CC C-066-2013) y, en particular para Colombia, al ser aprobada a través de la Ley 1346 de 2009, entró en vigor desde el 10 de junio de 2011 (CSJ SL3610-2020).
En vigencia de dicho instrumento, las sentencias CSJ SL 711-2021 y CSJ SL 572-2021 reiteraron el criterio de la Sala referido con anterioridad y, en esta última decisión se amplió y señaló que, si bien ante el carácter técnico científico de la condición de discapacidad era relevante contar con una «calificación técnica descriptiva», en el evento en que esta no obrara en el proceso, bajo el principio de libertad probatoria, la limitación podía inferirse «del estado de salud en que se encuentra, siempre que sea notorio, evidente y perceptible, precedido de elementos que constaten la necesidad de la protección, como cuando el trabajador viene regularmente incapacitado, se encuentra en tratamiento médico especializado, tiene restricciones o limitaciones para desempeñar su trabajo, cuenta con concepto desfavorable de rehabilitación».
Por ello, la Sala reexamina la composición del bloque de constitucionalidad con relación a los derechos de las personas en situación de discapacidad y concluye que la mencionada convención es vinculante no solo para el entendimiento del concepto de discapacidad, sino de la protección de estabilidad contenida en el artículo 26 de la Ley 361 de 1997; o en otros términos, que constituye el parámetro para interpretar los derechos humanos de las personas con discapacidad contenidos en la Constitución, especialmente en lo que concierne a las medidas de integración social en igualdad de oportunidades con las demás personas.
Pues bien, según el inciso 2.º del artículo 1.º de la convención, «Las personas con discapacidad incluyen a aquellas que tengan deficiencias físicas, mentales, intelectuales o sensoriales a largo plazo que, al interactuar con diversas barreras, puedan impedir su participación plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de condiciones con las demás»
Así mismo, señala:
Por “discriminación por motivos de discapacidad” se entenderá cualquier distinción, exclusión o restricción por motivos de discapacidad que tenga el propósito o el efecto de obstaculizar o dejar sin efecto el reconocimiento, goce o ejercicio, en igualdad de condiciones, de todos los derechos humanos y libertades fundamentales en los ámbitos político, económico, social, cultural, civil o de otro tipo. Incluye todas las formas de discriminación, entre ellas, la denegación de ajustes razonables (artículo 2).
Este concepto también concuerda con lo establecido en la Ley 1618 de 2013, que incluso lo amplió a las deficiencias de mediano plazo, en tanto establece:
ARTÍCULO 2o. DEFINICIONES. Para efectos de la presente ley, se definen los siguientes conceptos:
1. Personas con y/o en situación de discapacidad: Aquellas personas que tengan deficiencias físicas, mentales, intelectuales o sensoriales a mediano y largo plazo que, al interactuar con diversas barreras incluyendo las actitudinales, puedan impedir su participación plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de condiciones con las demás.
Además, la Ley 1618 de 2013 también definió que las «acciones afirmativas son políticas, medidas o acciones dirigidas a favorecer a personas o grupos con algún tipo de discapacidad, con el fin de eliminar o reducir las desigualdades y barreras de tipo actitudinal, social, cultural o económico que los afectan».
A juicio de la Sala, sin duda estas disposiciones tienen un impacto en el ámbito laboral y se orientan a precaver despidos discriminatorios fundados en una situación de discapacidad que pueda surgir cuando un trabajador con una deficiencia física, mental, intelectual o sensorial, a mediano y largo plazo, al interactuar con el entorno laboral vea obstaculizado el efectivo ejercicio de su labor en igualdad de condiciones que los demás.
Realizado el estudio del ordenamiento jurídico vigente, la Corte debe concluir que la identificación de la discapacidad a partir de los porcentajes previstos en el artículo 7. º del Decreto 2463 de 2001 es compatible para todos aquellos casos ocurridos antes de la entrada en vigor de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, el 10 de junio de 2011 para deficiencias de largo plazo, y el 7 de febrero de 2013 para aquellas de mediano y largo plazo, conforme a la Ley Estatutaria 1618 de 2013.
Alcance del artículo 26 de la Ley 361 de 1997, a la luz de la Convención sobre los derechos de las personas en situación de discapacidad
De acuerdo con lo expuesto, para la aplicación de la protección de estabilidad laboral reforzada establecida en el artículo 26 de la Ley 361 de 1997, la Sala considera que la discapacidad se configura cuando concurren los siguientes elementos:
La deficiencia física, mental, intelectual o sensorial, a mediano y largo plazo.
La existencia de barreras que puedan impedir al trabajador que sufre la deficiencia el ejercicio efectivo de su labor, en igualdad de condiciones con los demás.
En cuanto a las barreras, el artículo 2.5 de la Ley 1618 de 2013 señala que son «cualquier tipo de obstáculo que impida el ejercicio efectivo de los derechos de las personas con algún tipo de discapacidad». La Sala destaca que el término discapacidad empleado en este precepto debe entenderse como «algún tipo de deficiencia a mediano y largo plazo».
Dicha disposición, sin pretender realizar un listado exhaustivo, señala que las barreras pueden ser:
a) Actitudinales: Aquellas conductas, palabras, frases, sentimientos, preconcepciones, estigmas, que impiden u obstaculizan el acceso en condiciones de igualdad de las personas con y/o en situación de discapacidad a los espacios, objetos, servicios y en general a las posibilidades que ofrece la sociedad;
b) Comunicativas: Aquellos obstáculos que impiden o dificultan el acceso a la información, a la consulta, al conocimiento y en general, el desarrollo en condiciones de igualdad del proceso comunicativo de las personas con discapacidad a través de cualquier medio o modo de comunicación, incluidas las dificultades en la interacción comunicativa de las personas.
c) Físicas: Aquellos obstáculos materiales, tangibles o construidos que impiden o dificultan el acceso y el uso de espacios, objetos y servicios de carácter público y privado, en condiciones de igualdad por parte de las personas con discapacidad.
Al respecto, debe destacarse que en el ámbito laboral, el trabajador tiene el derecho a que esas barreras comunicadas o conocidas por el empleador, sean mitigadas mediante los ajustes razonables en el trabajo que, según los define la convención en el artículo 2.º, consisten en «las modificaciones y adaptaciones necesarias y adecuadas que no impongan una carga desproporcionada o indebida, cuando se requieran en un caso particular, para garantizar a las personas con discapacidad el goce o ejercicio, en igualdad de condiciones con las demás, de todos los derechos humanos y libertades fundamentales».
Por tanto, el empleador tiene la obligación de realizar los ajustes razonables para procurar la integración al trabajo regular y libre (artículo 27 de la convención), en iguales condiciones que las demás. Para tales efectos la Sala entiende por ajustes razonables, una lista no cerrada de medidas o adaptaciones que los empleadores pueden implementar para eliminar o mitigar esas barreras y permitir la plena participación de las personas con discapacidad en el trabajo.
Asimismo, los ajustes razonables deben fundarse en criterios objetivos y no suponer «una carga desproporcionada o indebida» para el empleador. La determinación de la razonabilidad o proporcionalidad de los ajustes requeridos podrían variar, según cada situación, lo que implica para los empleadores hacer un esfuerzo razonable para identificar y proporcionar aquellos que sean imprescindibles para las personas con discapacidad. Y en caso de no poder hacerlos debe comunicarle tal situación al trabajador.
Los ajustes razonables cobran relevancia al momento de lograr la integración laboral de las personas con discapacidad, máxime si se tiene en cuenta que el Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad en las Observaciones finales sobre el informe inicial de Colombia del año 2016, recomendó al Estado que «adopte normas que regulen los ajustes razonables en la esfera del empleo».
En suma, la protección de estabilidad laboral reforzada que refiere el artículo 26 de la Ley 361 de 1997, a la luz de la convención analizada, se determina conforme a los siguientes parámetros objetivos:
a) la existencia de una deficiencia física, mental, intelectual o sensorial a mediano y largo plazo. Entiéndase por deficiencia, conforme a la CIF, «los problemas en las funciones o estructuras corporales tales como una desviación significativa o una pérdida». Por tanto, no cualquier contingencia de salud por sí misma puede ser considerada como discapacidad.
b) la existencia de una barrera para el trabajador de tipo actitudinal, social, cultural o económico, entre otras, que, al interactuar con el entorno laboral, le impiden ejercer efectivamente su labor en condiciones de igualdad con los demás;
c) que estos elementos sean conocidos por el empleador al momento del despido, a menos que sean notorios para el caso.
Lo anterior puede acreditarse mediante cualquier medio probatorio, atendiendo al principio de necesidad de la prueba y sin perjuicio de que, para efectos de dar por probados los hechos constitutivos de la discapacidad y los ajustes razonables, de acuerdo con los artículos 51 y 54 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social, el juez oficiosamente decrete y practique los medios de convicción que estime pertinentes en búsqueda de la verdad real por encima de la meramente formal.
En el anterior contexto, la determinación de una situación de discapacidad analizada al amparo de la convención no depende de un factor numérico, pues mirarlo así sería mantener una visión que se enfoca en la persona y sus limitaciones. El baremo establecido en el manual de calificación de pérdida de capacidad laboral tiene vocación de ser aplicado en los campos de la seguridad social, para fines principales de aseguramiento, rehabilitación y prestacionales.
En este punto la Corte destaca que en el 2001 la Asamblea Mundial de la Salud aprobó la Clasificación Internacional del Funcionamiento, de la Discapacidad y de la Salud -CIF- de la OMS, que tiene por objetivo ser una herramienta descriptiva en la medición de la salud y la discapacidad en el contexto de la atención e investigación médica y en políticas públicas sanitarias compatible con el modelo social de la discapacidad.
Con todo, este último documento no puede utilizarse por sí solo para determinar la estabilidad laboral reforzada para las personas con discapacidad, sino que debe leerse en armonía con otros instrumentos normativos de aplicación obligatoria en nuestro ordenamiento jurídico que han abordado el concepto de la discapacidad desde un enfoque de derechos humanos.
Así, a juicio de la Sala, sin que esto implique un estándar probatorio, sí es conveniente anotar que al momento de evaluar la situación de discapacidad que conlleva la protección de estabilidad laboral reforzada, es necesario establecer, por lo menos, tres aspectos:
(i) la existencia de una deficiencia física, mental, intelectual o sensorial, una limitación o discapacidad de mediano o largo plazo -factor humano-;
(ii) el análisis del cargo, sus funciones, requerimientos, exigencias, el entorno laboral y actitudinal específico -factor contextual-; y
(iii) la contrastación e interacción entre estos dos factores -interacción de la deficiencia o limitación con el entorno laboral-.
Si del análisis referido se concluye que el trabajador está en situación de discapacidad y la terminación del vínculo laboral no se funda en una causa objetiva o justa, tal decisión se considera discriminatoria y, por ello, es preciso declarar su ineficacia, acompañada de la orden de reintegro y el pago de salarios y demás emolumentos respectivos, junto con los ajustes razonables que se requieran y la indemnización contemplada en el artículo 26 de la Ley 361 de 1997.
Ahora, el empleador conserva en todo caso la facultad de terminar el contrato de trabajo con sustento en una causa justa u objetiva y, para tal efecto, no es necesario que solicite autorización ante el Ministerio de Trabajo. El referido trámite administrativo se requerirá cuando el despido tenga una relación directa con la situación de discapacidad y no fue posible implementar ajustes razonables.
Por último, la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia, en su función de unificación de la jurisprudencia, se aparta de las interpretaciones que consideran que el artículo 26 de la Ley 361 de 1997 aplica para personas que sufren contingencias o alteraciones momentáneas de salud o que padecen patologías temporales, transitorias o de corta duración, toda vez que, conforme se explicó, la Convención y la ley estatutaria previeron tal protección únicamente para aquellas deficiencias de mediano y largo plazo que al interactuar con barreras de tipo laboral impiden su participación plena y efectiva en igualdad de condiciones con los demás. Aquí, vale precisar que las diferentes afectaciones de salud per se no son una discapacidad, pues solo podrían valorarse para efectos de dicha garantía si se cumplen las mencionadas características.
3. Análisis concreto del problema jurídico
Conforme al marco teórico anteriormente planteado, el Tribunal se equivocó al exigir al demandante acreditar un porcentaje de pérdida de capacidad laboral superior al 15%, pues en el modelo de derechos humanos, lo importante para establecer una discapacidad es que el trabajador tenga una limitación que, al interactuar con diversas barreras, le impida su participación plena y efectiva en la vida profesional en igualdad de condiciones con los demás.
En otras palabras, la discapacidad no se determina conforme a porcentajes o criterios numéricos de capacidad laboral, sino de la interrelación que existe entre una deficiencia física, mental, intelectual y sensorial, y los obstáculos que impiden la participación paritaria de determinadas personas en la vida laboral, para cuya acreditación existe plena libertad probatoria.
Por último, no está por demás mencionar que el empleador conocía la situación de discapacidad de Restrepo Múnera, dado que esta era evidente porque el citado estuvo incapacitado de manera continua desde la fecha del accidente; además, así también lo admitió la entidad accionada al dar respuesta al hecho octavo de la demanda inicial, cuando manifestó que el actor sufrió una lesión el 24 de agosto de 2014 «que le trajo un sinnúmero de incapacidades médicas, tratamientos, intervenciones quirúrgicas y una pérdida de capacidad laboral que aún se encuentra pendiente de determinarse, pues aún se encuentra en tratamiento médico».
En consecuencia, el cargo es fundado y se casará la sentencia en cuanto revocó la orden de reintegro.
En sede de instancia y para mejor proveer, se oficiará al demandante para que, en el término de 15 días hábiles contados a partir del recibo de la respectiva comunicación, remita a esta Corporación los documentos de la historia clínica que den cuenta de las limitaciones que tenía para el desarrollo de su actividad laboral de «conductor de maquinaria pesada u operador de retroexcavadora» e informe si a la fecha cuenta con una calificación de pérdida de capacidad laboral y, de ser así, aporte el dictamen respectivo.
La anterior documentación será puesta a disposición del demandado por el término de tres días. Vencido dicho término, el expediente regresará al Despacho para lo pertinente.
Sin cosas en casación. Las costas de las instancias se definirán cuando se dicte la respectiva sentencia de instancia.
DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, CASA la sentencia que la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Antioquia profirió el 9 de julio de 2021, en el proceso que JUÁN MAURICIO RESTREPO MÚNERA promovió contra el MUNICIPIO DE YARUMAL, en cuanto revocó la orden de reintegro.
Se ordena que por Secretaría se oficie al demandante a fin de que, en el término de 15 días hábiles contados a partir del recibo de la respectiva comunicación, remita a esta Corporación los documentos de la historia clínica que den cuenta de las limitaciones que tenía para el desarrollo de su actividad laboral de «conductor de maquinaria pesada u operador de retroexcavadora» e informe si a la fecha cuenta con una calificación de pérdida de capacidad laboral y, de ser así, aporte el dictamen respectivo.
La anterior documentación será puesta a disposición del demandado por el término de tres días. Vencido dicho término, el expediente regresará al Despacho para lo pertinente.
Sin costas en casación.
Notifíquese, publíquese y cúmplase.
GERARDO BOTERO ZULUAGA
Presidente de la Sala
FERNANDO CASTILLO CADENA
Salva Voto
LUIS BENEDICTO HERRERA DÍAZ
Aclara Voto
IVÁN MAURICIO LENIS GÓMEZ
OMAR ÁNGEL MEJÍA AMADOR
Salva Voto
MARJORIE ZÚÑIGA ROMERO
IVÁN MAURICIO LENIS GÓMEZ
Magistrado ponente
SALVAMENTO DE VOTO
Radicación n.°92857
SL1491-2023
Como lo manifesté en la Sala respectiva, con el acostumbrado respeto, salvo mi voto de la decisión de casación SL1491-2023 de 10 de mayo de 2023, pues considero que, a pesar de que el único cargo resultaba fundado por interpretación errónea del art. 26 de la Ley 361 de 1997, no se debió casar la decisión del Tribunal dado que, en todo caso, se llegaba igualmente a una sentencia absolutoria «del reintegro y pago de prestaciones sociales por estabilidad laboral reforzada», con base en los supuestos fácticos establecidos por el Tribunal, aunque por distintas razones jurídicas, todo esto con fundamento en los argumentos que seguidamente expongo.
La demanda de casación presentada por la parte actora trae un solo cargo formulado por la vía directa, en el que acusa la «interpretación errónea del artículo 26 de la Ley 361 de 1997…» en armonía con otras normas sustantivas de carácter legal y con los arts. 13, 47, 48 y 53 de la Constitución Política.
Lo anterior le imponía a la Sala hacer el análisis del cargo a partir de la premisa indiscutible, con base en la postura pacífica y de antaño de la Sala, de que los supuestos fácticos de la sentencia, como no fueron objeto de reproche por la censura, conservan incólume la presunción de legalidad y le siguen sirviendo de sustento a la decisión impugnada.
De tal manera que el estudio del recurso por la supuesta violación directa, por interpretación errónea, de las normas señaladas debió hacerse bajo el contexto de esos hechos, de modo que, a pesar de que el cargo resultaba fundado conforme a la nueva interpretación del art. 26 de la Ley 361 de 1997 acogida por la Sala, pues el Tribunal siguió la posición anterior sobre que la condición de discapacidad se daba a partir de la PCL del 15% en adelante (sin otro análisis adicional), no había lugar a casar la sentencia, porque, en sede de instancia, de acuerdo con los supuestos fácticos asentados por el juez de la alzada, al margen de que no se había probado una PCL del 15% o mayor, ni siquiera quedó demostrada, por cualquier medio probatorio, alguna deficiencia a mediano o largo plazo en el trabajador que diera paso a estudiar si se presentaron o no las barreras que le impidieran u obstaculizaran al trabajador la prestación del servicio en igualdad de oportunidades que los demás trabajadores, como también que el empleador era sabedor de todo esto.
Con relación a los supuestos fácticos fijados por el Tribunal, debo precisar que la censura equivocadamente edificó la demostración del cargo por interpretación errónea del art. 26 de la Ley 361 de 1997 en que el Tribunal había dado por demostrada la situación de discapacidad, pero esta afirmación no tenía sustento alguno.
Por el contrario, en la sentencia impugnada en casación, con base en el interrogatorio de parte del actor y lo cual resulta ser lo más relevante para el caso (a tal punto que me llevó a separarme de la decisión de casar la sentencia), el juez colegiado claramente estableció que el actor había expuesto que «nunca fue a que le evaluaran la capacidad médica de funcionalidad de la mano; porque la médica que lo atendió le dijo que comprobara si podía desempeñar su labor (…), que el dedo sí le había quedado rígido pero que no era impedimento para seguir laborando o al menos para ensayar».
Entonces, si el propio trabajador no fue a que le evaluaran la funcionalidad de la mano en su momento, en tanto que «el dedo sí le había quedado rígido pero que no era impedimento para seguir laborando o al menos para ensayar», la deducción fáctica razonable de instancia era que no había deficiencia física a mediano o largo plazo en el trabajador para el momento de la terminación del contrato ocurrida el 12 de febrero de 2015, ni mucho menos que esta pudo ser determinada después, máxime que, para ahondar en razones, en el expediente digital consta que la demanda para iniciar el proceso fue presentada el 23 de julio de 2018 (f.25 del PDF cuaderno de primera instancia), tiempo razonablemente suficiente para que, por cualquier medio probatorio, constara la deficiencia física del accionante que le hubiese quedado al trabajador como secuela del accidente sufrido el 24 de agosto de 2014 y, por tanto, el trabajador sí había podido allegar la respectiva prueba al plenario en la oportunidad legal correspondiente en el caso de existir realmente tal deficiencia.
Además, justamente en los hechos de la demanda, el actor señaló que el accidente de origen común sufrido el 24 de agosto de 2014 le trajo un sin número de incapacidades, tratamientos, intervenciones quirúrgicas y una PCL que estaba pendiente por determinar, dado que todavía se encontraba en tratamiento médico, esto es, para el 23 de julio de 2018 (fecha de presentación de la demanda), según su propio dicho, no había sido determinada su PCL, y el actor no explicó cuál era el motivo de la falta de calificación.
Ahora bien, ciertamente, con el nuevo criterio de la Sala sobre la interpretación del art. 26 de la Ley 361 de 1997 respecto a los elementos constitutivos de la condición de discapacidad, para efectos de establecer si se dan los supuestos para la protección a la estabilidad contenida en dicho artículo, ya no se requiere probar una PCL del 15% en adelante, como así se venía solicitando con la postura tradicional de la Sala (vigente para el momento de la presentación de la demanda) y que se recoge en esta sentencia CSJ SL1491-2023, entre otras de la misma fecha, lo cual acompaño plenamente, sin embargo, el cambio de interpretación no significa que basta afirmar y probar por el trabajador una serie de incapacidades médicas o procedimientos quirúrgicos para concluir que sí se presenta la condición de discapacidad que activa la protección a la estabilidad del art. 26 de la Ley 361 de 1997, pues, como se sustentó con suficiencia en las consideraciones de la sentencia, para que se configure tal condición es menester la existencia de la deficiencia física, mental, intelectual o sensorial a mediano o largo plazo y de las barreras que le impiden al trabajador que las sufre el ejercicio efectivo de su labor en igualdad de condiciones de las demás personas, como también que esos elementos sean conocidos por el empleador al momento de la terminación del contrato de trabajo, todo lo cual se puede probar por cualquier medio probatorio (inclusive puede servir el dictamen de PCL) por el trabajador, a menos que se traten de hechos notorios, y sin perjuicio de que el juez decrete pruebas de oficio para llegar a la verdad de los hechos.
Claro está que las pruebas de oficio se deben decretar con fundamento en los hechos afirmados por el propio trabajador en la demanda, puesto que es quien ejercita la acción y conoce su situación mejor que nadie, lo cual implica que las pruebas de oficio no pueden ser decretadas sin fundamento ni tampoco para favorecer la incuria o desidia del demandante.
En línea con los argumentos que acabo de exponer y que estimo eran de gran relevancia para resolver el asunto, considero que la Sala tampoco podía pasar por alto la deducción fáctica del Tribunal que refiere a que, si bien el Municipio de Yarumal no realizó un análisis respecto a las condiciones de rehabilitación del trabajador, este (es decir, el trabajador) tampoco informó a su empleador del trámite que debía realizar ante la administradora de pensiones para continuar con el pago de las incapacidades, ni asistió a que le realizaran el «examen» que requería, de modo que la entidad «podía estar en el sano convencimiento que el trabajador era un persona recuperada, con posibilidad de continuar sus labores, normalmente, pero que sencillamente debía prescindir de sus servicios», lo que a su vez llevó al sentenciador de segundo grado a descartar que el motivo de la finalización del vínculo laboral haya sido la «incapacidad» del trabajador.
Inclusive, insisto, el Tribunal fue categórico en afirmar que, si bien el trabajador tenía un certificado de incapacidad, en este caso el trabajador no contaba con la valoración de pérdida de capacidad laboral y él había sido renuente a obtenerla. Por tanto, en otras palabras, el actor no probó la deficiencia física, supuesto indispensable para examinar si había o no barreras para el desempeño de su labor al momento de la terminación del contrato y que todo esto era conocido por el empleador.
Entonces, la ausencia de los supuestos que configuran la condición de discapacidad del trabajador para el momento de la terminación del contrato del accionante era suficiente para concluir que, en todo caso, el Tribunal finalmente no se equivocó al revocar la sentencia de primera instancia para no conceder la protección a la estabilidad del art. 26 de la Ley 361 de 1997, aunque por diferentes razones.
Por último, aclaro que acompañé la nueva postura de la Sala sobre la interpretación del art. 26 de la Ley 361 de 1997, porque resulta acorde con la Convención de los derechos de las personas con discapacidad de la ONU, como también con la Convención Interamericana para la eliminación de todas las formas de discriminación contra las personas con discapacidad.
Igualmente, estoy de acuerdo con que se considere fundado el único cargo presentado por la censura por la vía directa, aunque el recurrente lo haya sustentado por razones distintas a las de la Sala, puesto que, cuando se trata de una acusación por interpretación errónea de la norma que sirvió de sustento a la decisión recurrida en casación, si en el análisis la Sala encuentra que la interpretación que dio el juez de la alzada a la norma acusada es contraria al ordenamiento jurídico, la Corte debe proceder a la corrección correspondiente así la interpretación propuesta por la censura tampoco lo sea, en atención a las competencias constitucionales y legales de la Sala.
Dejo así sustentado mi salvamento de voto.
OMAR ÁNGEL MEJÍA AMADOR
ACLARACIÓN DE VOTO
IVÁN MAURICIO LENIS GÓMEZ
Magistrado ponente
Radicación n.° 92857
Ref: JUÁN MAURICIO RESTREPO MÚNERA vs. MUNICIPIO DE YARUMAL
Como lo dejé asentado en la Sala respectiva, aun cuando estoy de acuerdo con la decisión adoptada en el presente asunto de casar la sentencia del Tribunal, debo aclarar mi voto en cuanto toca con el argumento expuesto por la ponencia, relativo a la presunción del despido discriminatorio, la posibilidad del empleador de desvirtuarla y la carga de la prueba de las partes en el escenario del proceso judicial.
Me explico. La protección laboral que emerge de la aplicación de la Ley 361 de 1997 apunta directamente a la garantía de la estabilidad en el empleo en una doble dimensión: i) la inclusión en el mercado laboral con el derecho a ganarse la vida mediante un trabajo elegido o aceptado libremente, sin limitación alguna, salvo que dicha situación de discapacidad sea claramente demostrada como incompatible e insuperable en el cargo que se va a desempeñar; y ii) proscribir la discriminación por motivos de discapacidad en todas las cuestiones relativas a cualquier tipo de condiciones de contratación y despido, con miras a la permanencia en el empleo.
Precisamente, en función del carácter tuitivo del Derecho del Trabajo, el principio de la continuidad en el empleo, al entrar en juego con la protección efectiva de las personas en situación de discapacidad, comporta una serie de acciones, derechos y deberes de los sujetos de las relaciones laborales que legitiman dicho principio, tales como la igualdad de oportunidades y de remuneración, el establecimiento de condiciones de trabajo seguras y saludables y, sobre todo, la implementación de oportunidades para buscar, obtener, conservar e, incluso, reincorporarse a un empleo en igualdad de condiciones que los demás trabajadores.
No obstante, cuando la Sala aborda el estudio de la ineficacia del despido, parece que el enfoque utilizado desdibuja la esencia de la protección y las garantías brindadas a las personas en situación de discapacidad, en armonía con el artículo 27 de la Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad, que señala:
Artículo 27 Trabajo y empleo.
1. Los Estados Partes reconocen el derecho de las personas con discapacidad a trabajar, en igualdad de condiciones con las demás; ello incluye el derecho a tener la oportunidad de ganarse la vida mediante un trabajo libremente elegido o aceptado en un mercado y un entorno laborales que sean abiertos, inclusivos y accesibles a las personas con discapacidad. Los Estados Partes salvaguardarán y promoverán el ejercicio del derecho al trabajo, incluso para las personas que adquieran una discapacidad durante el empleo, adoptando medidas pertinentes, incluida la promulgación de legislación, entre ellas:
a) Prohibir la discriminación por motivos de discapacidad con respecto a todas las cuestiones relativas a cualquier forma de empleo, incluidas las condiciones de selección, contratación y empleo, la continuidad en el empleo, la promoción profesional y unas condiciones de trabajo seguras y saludables;
b) Proteger los derechos de las personas con discapacidad, en igualdad de condiciones con las demás, a condiciones de trabajo justas y favorables, y en particular a igualdad de oportunidades y de remuneración por trabajo de igual valor, a condiciones de trabajo seguras y saludables, incluida la protección contra el acoso, y a la reparación por agravios sufridos;
c) Asegurar que las personas con discapacidad puedan ejercer sus derechos laborales y sindicales, en igualdad de condiciones con las demás;
d) Permitir que las personas con discapacidad tengan acceso efectivo a programas generales de orientación técnica y vocacional, servicios de colocación y formación profesional y continua;
e) Alentar las oportunidades de empleo y la promoción profesional de las personas con discapacidad en el mercado laboral, y apoyarlas para la búsqueda, obtención, mantenimiento del empleo y retorno al mismo;
f) Promover oportunidades empresariales, de empleo por cuenta propia, de constitución de cooperativas y de inicio de empresas propias;
g) Emplear a personas con discapacidad en el sector público;
h) Promover el empleo de personas con discapacidad en el sector privado mediante políticas y medidas pertinentes, que pueden incluir programas de acción afirmativa, incentivos y otras medidas;
i) Velar por que se realicen ajustes razonables para las personas con discapacidad en el lugar de trabajo;
j) Promover la adquisición por las personas con discapacidad de experiencia laboral en el mercado de trabajo abierto;
k) Promover programas de rehabilitación vocacional y profesional, mantenimiento del empleo y reincorporación al trabajo dirigidos a personas con discapacidad.
2. Los Estados Partes asegurarán que las personas con discapacidad no sean sometidas a esclavitud ni servidumbre y que estén protegidas, en igualdad de condiciones con las demás, contra el trabajo forzoso u obligatorio.
Muy a pesar de que la disposición internacional contempla un abanico de garantías, al momento de hacerlas efectivas en el terreno del proceso judicial, estas se vuelven inoperantes, pues se adjudicó al trabajador la carga de demostrar las deficiencias de mediano y largo plazo, pese a que puedan ser notorias o perceptibles en el ambiente laboral, así como también las barreras u obstáculos que enfrenta para el desempeño de su actividad laboral, sin tener en cuenta la disponibilidad y facilidad probatoria que corresponde a cada una de las partes del litigio.
Así, para el caso de la prueba de las deficiencias, la dificultad técnica radica en determinar si éstas son de mediano o largo plazo, en el entendido de que no cualquier afectación de una estructura o función fisiológica es suficiente para demandar la protección, requiriéndose, entonces, de un concepto técnico sobre el pronóstico favorable o desfavorable de rehabilitación, que gradúe la profundidad de la deficiencia en correspondencia con la limitación que incida en el desempeño laboral.
Sin embargo, existen circunstancias particulares que liberan al trabajador de la carga de probar si la deficiencia es de mediano o largo plazo, dado que puede presentar una condición de tal magnitud que la limitación en el entorno laboral se torna tan notoria y evidente que, bajo el libre convencimiento del juez, se tenga por probada la intensidad y duración de la deficiencia, como ocurre cuando existen restricciones médicas, reubicación laboral, tratamientos en curso de alta complejidad, periodos largos de incapacidad, etc.
Ahora bien, en cuanto a la carga de la prueba para demostrar la existencia de las barreras u obstáculos que, al interactuar en el entorno laboral con las deficiencias, le impiden ejercer efectivamente su labor en condiciones de igualdad con los demás, a mi juicio, conllevaría de forma ineludible a ubicar al trabajador en una posición procesal excesiva, por cuanto si es el empleador quien conoce de las condiciones normales en que el trabajador presta sus servicios, es obvio que también sea aquel quien esté en capacidad de identificar de primera mano las barreras u obstáculos que tiene que remover cuando deviene una deficiencia física, mental, intelectual o sensorial que limita el desempeño laboral del trabajador, con miras a garantizar que se preste la actividad en forma regular, en función de la citada disponibilidad y facilidad probatoria que lo reviste.
A lo anterior debo agregar que, toda deficiencia sobreviniente de mediano o largo plazo genera en el trabajador una limitación en el desempeño de su actividad, lo que implica para el empleador la obligación de realizar unas modificaciones en el ambiente de trabajo, con el fin de remover los obstáculos o barreras que afectan al trabajador en el desempeño de su labor; por tanto, es el empleador quien debe tener la carga de desvirtuar la existencia de barreras cuando pretenda demostrar que el trabajador no se encuentra en situación de discapacidad.
De otra parte, importa recordar que Colombia aprobó por medio de la Ley 762 de 2002, la «Convención Interamericana para la eliminación de todas las formas de discriminación contra las personas con discapacidad», instrumento que en su artículo 1.° numeral 1. dispone que el término «discapacidad» significa la deficiencia física, mental o sensorial, permanente o temporal, que per se, limita la capacidad de ejercer cualquier actividad esencial de la vida diaria, y que puede ser causada por el entorno económico y social, o quizás agravada por éste. Esta norma internacional, incorporada en la legislación interna complementa, sin duda, el marco de protección al trabajador en situación de discapacidad previsto en la Convención de Nueva York, a la luz de un enfoque holístico del modelo social con enfoque en los derechos humanos, con el fin de que toda discriminación asociada con las discapacidades sea eliminada, y para propiciar la plena integración de esas personas en la sociedad, incluidos los espacios laborales.
Finalmente, en atención a las consideraciones ya plasmadas, que acreditan la precariedad normativa requerida para asuntos como el tratado, considero oportuno y necesario exhortar al Congreso de la República y al Poder Ejecutivo para que dentro de la órbita de sus competencias, en desarrollo de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, aprobada mediante la Ley 1346 de 2009, expidan la normativa que regule la medición de las barreras actitudinales y del entorno, los ajustes razonables a que alude dicho instrumento, así como la armonización del régimen jurídico vigente, indispensables para asegurar un pacífico tránsito de un modelo médico-rehabilitador a un modelo social con enfoque en los derechos humanos, en especial, en lo relacionado con la aplicación del artículo 26 de la Ley 362 de 1997.
Con la idea de ampliar con posterioridad este breve pensamiento, dejo así consignada mi aclaración de voto a la decisión adoptada en el presente asunto, no sin antes reiterar que el juez del trabajo se convierte, hoy por hoy, en el mayor protagonista de la valoración lógica, razonable y proporcional de las controversias sobre la ineficacia del despido de las personas en situación de discapacidad.
Fecha ut supra.
LUIS BENEDICTO HERRERA DÍAZ
Magistrado
IVÁN MAURICIO LENIS GÓMEZ
Magistrado ponente
SALVAMENTO DE VOTO
Radicación n.° 92857
REFERENCIA: JUAN MAURICIO RESTREPO MÚNERA vs MUNICIPIO DE YARUMAL
Con el acostumbrado respeto por las decisiones de la Sala, en esta ocasión, me permito salvar el voto, en torno a la manera en la que debe operar la garantía de estabilidad laboral reforzada por fuero de discapacidad, en el marco de un proceso judicial.
En la decisión proferida se realizan algunas afirmaciones, las cuales, en sentir, necesitan una ampliación en sus argumentos, los que, en últimas, permitirán delimitar la forma en que debe materializarse el fuero de estabilidad, para quienes se encuentran en una situación de discapacidad, concepción no poco relevante para el ámbito laboral.
La postura mayoritaria de la Sala, en el marco general de la precitada protección, reexamina la composición del bloque de constitucionalidad en relación con los derechos de las personas en situación de discapacidad y su protección contenida en el artículo 26 de la Ley 361 de 1997; con base en la que descarta, de plano, la necesidad de contar con una calificación o baremo objetivo que permita, desde un estudio integral, determinar si un trabajador(a) se encuentra en condiciones especiales que permiten predicar de ellos, una protección por parte del operador judicial y, equiparar la calificación de invalidez a la de discapacidad cuando su finalidad es distinta.
Conceptos y disposiciones de la Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad y la Ley 1618 de 2013.
La providencia parte de la premisa de que, como consecuencia de la adopción de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad aprobado por la Ley 1346 de 2009 y la Ley 1618 de 2013, existen conceptos y disposiciones diferentes para la protección de una persona en situación de discapacidad. Ello, en el entendimiento de que, como consecuencia de la adherencia del Estado Colombiano al precitado instrumento internacional y la mencionada ley, existen diferentes escenarios para que ello proceda.
En ese contexto, considero que la consecuencia de la promulgación de las normativas previamente citadas implica la obligación, principalmente estatal, bajo el postulado de la progresividad, de adecuar las políticas públicas, el marco normativo y la proposición de medidas de quienes se encuentren en dicha condición, al reconocerlos como verdaderos sujetos de derechos y partícipes activos en el estudio y proposiciones de medidas que, se itera, propenden por eliminar cualquier forma de discriminación. En cumplimiento de ese mandato de adecuación, se expidió la Ley Estatutaria 1618 de 2013, con la finalidad de garantizar y asegurar el ejercicio efectivo de los derechos de este grupo poblacional, en concordancia con la anotada norma internacional.
Con lo anterior, desde mi punto de vista, el alcance de ambas normativas es complementar el Sistema Nacional de Discapacidad creado en la Ley 1145 de 2007, cuyo principio rector es el de impulsar la formulación y adopción de políticas públicas en discapacidad de manera coordinada con todas las entidades estatales y la sociedad civil para promocionar y garantizar los derechos fundamentales, en el marco de los derechos humanos de las personas con y en situación de discapacidad. Con la precisión de que, frente a este último concepto deja claro que se actualizará con base en las modificaciones que realice la Organización Mundial de la Salud, afirmación supremamente relevante, por la cual y desde este momento, puedo afirmar sin temor a equivocaciones, que las condiciones de discapacidad son variables, por ende, cambiantes en el tiempo y espacios desde los cuáles puede ser observada, de manera que, no resulta plausible el alejarse de baremos objetivos que puedan determinarla.
Recapitulando entonces, existe un sistema normativo de protección a las personas en situación o en condición de discapacidad e invalidez, que propenden por la eliminación de la discriminación, así como, de las barreras del entorno y actitudinales, que materialicen su integración en la vida social de manera autónoma que parte de la prevención, la rehabilitación y la incorporación, como verdaderos actores, en la vida comunitaria; por ende, las normas y convenios internacionales adoptados no se fundamentan per se en el otorgamiento de una prestación compensatoria; por el contrario, busca propender por reafirmar su rol personal, familiar, social y político, bajo acciones afirmativas, armonizando el Sistema Nacional de Discapacidad.
Conforme a lo expuesto, se mantiene vigente el propósito de la disposición que contiene el artículo 26 de la Ley 361 de 1997, que no es otro que impedir que las personas en situación de discapacidad fueran despedidas en virtud y, específicamente, por esa condición.
Si bien, en la sentencia se reconoce que el enfoque de modelo social, desde la década de los años 60 ya se encontraba transitando, y marcó un cambio sustancial con la aprobación del Programa de Acción Mundial para la Discapacidad por la Asamblea General de las Naciones Unidas, deja de lado la nutrida normatividad interna que, alineada con los instrumentos internacionales, ya contemplaba el concepto de discapacidad como hoy replican las leyes que sustentan el fallo.
Para refrendar lo dicho vale referir que el objetivo de lograr una verdadera protección de las personas en situación de discapacidad, condujo a la adopción de convenios, inclusive antecedentes a los hoy aplicados, como el de la Clasificación Internacional del funcionamiento de la discapacidad y la Salud (CIF 2001), aprobado en la Asamblea Mundial de la Salud del mismo año, de la que Colombia no fue ajena, por lo que introdujo en el artículo 2º de la Ley 1145 de 2007, que: «Persona con discapacidad: Es aquella que tiene limitaciones o deficiencias en su actividad cotidiana y restricciones en la participación social por causa de una condición de salud, o de barreras físicas, ambientales, culturales, sociales y del entorno cotidiano. Esta definición se actualizará, según las modificaciones que realice la Organización Mundial de la Salud, OMS, dentro de la Clasificación Internacional de Funcionalidad, CIF.»
Así las cosas, si bien el reconocimiento de que los factores que pueden influir en el concepto de discapacidad son cambiantes; no obstante, los mismos están soportados en determinar de manera objetiva sobre quién recae la protección dependiendo del ámbito en el que se genera y que, para nuestros efectos, es el laboral.
Y es que, en puridad de verdad, el entendimiento de la posición mayoritaria realmente no se acompasa con aquellas previsiones legales que, de antaño, nos indican: (i) quién cuenta con la potestad para determinar la existencia de discapacidad, además de, (ii) qué conceptos técnicos debe consultar a efectos de concretar la protección en el sujeto que la requiere.
En efecto, si acudimos a las vetustas reglamentaciones internas del extinto Seguro Social, en las que aún no se tenía tanta claridad sobre el concepto de discapacidad, encontramos que en el Acuerdo 470 de 1989 aprobado por el Decreto 1546 del mismo año, ya se concebía la imperiosa necesidad de contar con un comité especializado interdisciplinario denominado como de «Evaluación Funcional», que era un asesor de la Sección de Medicina Legal y su función era evaluar, entre otros aspectos, «la relación que existe entre la capacidad funcional del trabajador y su ocupación funcional del trabajador y su ocupación habitual y considerar la enfermedad no sólo para su prevención, curación y rehabilitación, sino también para valorar las secuelas de la enfermedad o accidente, por ser éstas las que perturban el curso de la vida habitual».
Por su parte, y en forma posterior, el Decreto 2177 de 1989 cuya finalidad fue desarrollar la Ley 82 de 1988, por la cual aprobó el Convenio 159 de la OIT, sobre la readaptación profesional y el empleo de personas inválidas, en su artículo 4º, de igual manera, se plasmó la necesidad de que tal condición fuera certificada por la dependencias de salud ocupacional o quien hiciera sus veces «en las entidades de seguridad y previsión social públicas o privadas», a tal punto de que en el evento donde no existiese cobertura de estas últimas, ello debería ser «declarado por los médicos del trabajo dependientes del Ministerio del Trabajo y de la Seguridad Social en los diferentes niveles».
Recordemos en este punto que, bajo las voces del Convenio precitado, una persona inválida era aquella «cuyas posibilidades de obtener y conservar un empleo adecuado y de progresar en el mismo queden substancialmente reducidas a causa de una deficiencia de carácter físico o mental debidamente reconocida».
Ahora bien, de manera mucho más reciente, el Decreto 917 de 1999 describe con amplitud, y sobre el tema en específico de la discapacidad, cuáles resultan ser los criterios objetivos para determinarla; en efecto, el Manual contenido en la anotada normativa fue derogado por el Decreto 1507 de 2014 y, si bien, este no continúo siendo el documento técnico para determinar la discapacidad, en su artículo 3º la define como el «Término genérico que incluye limitaciones en la realización de una actividad» y que esta se valoraría en «el Título Segundo Valoración del Rol Laboral, Rol Ocupacional y otras áreas Ocupacionales». Dicho en breve, los Manuales de Calificación de la Pérdida de la Capacidad Laboral, concibieron un aparte relativo a cómo debe entenderse la discapacidad de cara al rol laboral de quien se pregone como afectado por ella.
Es así entonces que, cuando echamos mano de la Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad aprobada por la Ley 1346 de 2009, la Ley 361 de 1997, o bien, la Ley1618 de 2013, no emerge de sus apartes la imposibilidad de acudir a una calificación que determine el grado de severidad de la discapacidad, so pretexto de reducir a un «número» la garantía de esta última. Por el contrario, en todos los textos encontramos un común denominador, este es, que la estabilidad laboral reforzada se predica en palabras de la Convención, de la persona que posee «deficiencias físicas, mentales, intelectuales o sensoriales a largo plazo que, al interactuar con diversas barreras, puedan impedir su participación plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de condiciones con las demás». Y que si bien, nuestra legislación interna, ella es, la Ley 1618 de 2013, las define como: «[a]quellas personas que tengan deficiencias físicas, mentales, intelectuales o sensoriales a mediano y largo plazo que, al interactuar con diversas barreras incluyendo las actitudinales, puedan impedir su participación plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de condiciones con las demás», lo único que puede llegar a consentirse es que, sólo quienes cuentan con una afectación considerable en su salud serán aquellos dignos de pregonarse como beneficiarios de una situación de especial protección constitucional y legal.
En línea con lo discurrido, y como ya lo expuse, además de ser innegable la mayor protección que se extendió en nuestro ordenamiento interno para garantizar el goce pleno y efectivo de los derechos por parte de quienes se encuentran en una situación de discapacidad – se amparan afectaciones de mediano plazo-; a riesgo de fatigar, lo realmente indiscutible, es la necesaria acreditación de unas deficiencias de no cualquier monta, como un primer aspecto para dar paso al estudio de si se cuenta con todos los elementos que concretan una situación de discapacidad, en aras de alcanzar la estabilidad laboral reforzada, que en últimas, es aquella que abre las puertas para percibir los beneficios que ha previsto el Estado por tal condición.
-Un alto en el camino nos invita a realizar una breve recensión normativa en torno a la definición de discapacidad
Como ya lo indicamos con anterioridad, la definición de la discapacidad, en la manera que se presenta, no resulta ser un tema novedoso para nuestro ordenamiento jurídico, puesto que fue abordada por los acuerdos internos del hoy extinto Seguro Social, pero desde la perspectiva del concepto de invalidez.
En efecto, estos últimos compendios, desde sus inicios dan muestra del interés del legislador por regular el tema para aquella población que, en su momento, fue concebida como inválida, pero no desde su concepción actual, sino desde una perspectiva mucho más amplia, como se pasa a explicar.
Ciertamente, se contemplaron, desde aquél entonces, diferentes estadios, desde la incapacidad permanente parcial hasta la condición de invalidez. De manera más reciente, en el Acuerdo 049 de 1990, aprobado por el Decreto 758 de la misma anualidad, se denominaron como permanente total, permanente absoluta y gran invalidez, que parten para su definición, de conceptos relativos a la existencia de barreras para ejercer la profesión para el cual se encontraban capacitados los trabajadores, bien en cualquier oficio ora porque se requería la necesidad de contar con «asistencia constante de otra persona para movilizarse, conducirse o efectuar los actos esenciales de la existencia».
Verbigracia, si acudimos a las definiciones de discapacidad consignadas en los Manuales de Calificación de Invalidez, v.gr., el Decreto 917 de 1999 que, por demás, era la norma técnica para la definición en su momento de la discapacidad, la enunció como «toda restricción o ausencia de la capacidad de realizar una actividad en la forma o dentro del margen que se considera normal para un ser humano, producida por una deficiencia, y se caracteriza por excesos o insuficiencias en el desempeño y comportamiento en una actividad normal o rutinaria, los cuales pueden ser temporales o permanentes, reversibles o irreversibles, y progresivos o regresivos», y, el Decreto 1507 de 2014, hoy vigente, la explica como aquél «[t]érmino genérico que incluye limitaciones en la realización de una actividad, que se valora en el Título II referido al «Rol Laboral, Rol Ocupacional y otras áreas Ocupacionales»; claro es concluir que, siempre ha sido relevante el hecho de existir una limitación o barrera que impacta el rol en el trabajo o en la sociedad.
En ese orden de ideas, puede afirmarse que en nuestra sociedad, el análisis del concepto de discapacidad pertenece a un trinomio que debe ser analizado obligatoriamente conjunto al de deficiencia, entendida como la afectación en la salud de una persona y el de minusvalía, el que comprende «toda situación desventajosa para un individuo determinado, consecuencia de una deficiencia o una discapacidad que lo limita o impide para el desempeño de un rol, que es normal en su caso en función de la edad, sexo, factores sociales, culturales y ocupacionales. Se caracteriza por la diferencia entre el rendimiento y las expectativas del individuo mismo o del grupo al que pertenece. Representa la socialización de la deficiencia y su discapacidad por cuanto refleja las consecuencias culturales, sociales, económicas, ambientales y ocupacionales, que para el individuo se derivan de la presencia de las mismas y alteran su entorno».
Así las cosas, con anterioridad a la Constitución de 1991, en Colombia ya se habían expedido normas cuyo objeto buscaba la protección de las personas en situación de discapacidad e invalidez y que vino a ser reforzada en vigencia de nuestra Carta Política, que estableció la necesidad de ampliar la cobertura y efectiva protección de los mismos.
Esta puntual referencia a los antecedentes del concepto de discapacidad permite subrayar algunas de sus especiales características, bajo los siguientes grupos conceptuales:
Protección a la situación de discapacidad en materia laboral
Determinar cuándo surge el amparo en materia laboral a una persona en condición de discapacidad, genera una labor con determinado nivel de complejidad, por cuanto de la concreción de tal situación y el nivel de dificultad que esta le representa para «autorrealizarse, cambiar la calidad de sus vidas y a intervenir en su ambiente inmediato y en la sociedad» (Ley 361 de 1997), en este caso en el ámbito laboral, dependerá la existencia o no de la protección foral.
La idea expuesta cobra suma importancia, en la medida que las personas pueden presentar una condición de salud que no necesariamente implica para el trabajador una situación de discapacidad y, si bien, efectivamente generan una incapacidad temporal que, inclusive, puede tener una garantía específica en la normatividad, no implica que lo sea bajo las normas forales de estabilidad laboral reforzada estatuidas en el artículo 26 de la Ley 361 de 1997.
La tutela de la discapacidad que se enmarca en el reconocimiento a las personas en una condición especial, como desarrollo del principio fundamental de la dignidad humana, como verdaderos sujetos de derecho, obliga a la necesaria integración en todos los ámbitos de la vida social, personal y política, de manera autónoma. Ello nos invita a que el amparo se dispense en situaciones en las que el trabajador pueda verse discriminado[1] por esa razón. Pero si el nivel de discapacidad no compromete ni afecta su participación plena y efectiva en condiciones de igualdad con los demás, no hay lugar a aplicar el resguardo legal, por lo menos en el campo laboral.
Debe dejarse por sentado que, la sola consideración de aplicar el amparo a una persona con cierto nivel de discapacidad, aun cuando esta le permita su participación autónoma y plena en el trabajo, puede considerarse, en sí misma como discriminación, al no reconocerse esa capacidad real que el trabajador posee para desempeñarse en el rol laboral.
Por demás, es innegable que los avances científicos y tecnológicos han llevado a que, situaciones que en un pasado pudieron ser consideradas como discapacitantes y que impedían la interacción o integración plena del trabajador, hoy no lo sean, dada la existencia de equipos y ayudas especiales que le permiten ejercer adecuadamente una actividad de trabajo. Explicado en apretadas palabras: para otorgar el fuero por discapacidad en el ámbito laboral, se debe estar ante una situación objetiva, concretada en un grado de limitación relevante que le impida el desarrollo normal de su actividad.
Un primer colofón: las elocuentes voces del artículo 26 de la Ley 361 de 1997, no prevé que cualquier situación de salud de lugar a la protección especial allí prevista.
3. Determinación de la discapacidad
En mi sentir, para concretar en quién se habilita la garantía foral, debe acudirse a la aplicación del concepto de discapacidad, el cual no ha sido estático, ha variado como consecuencia de diferentes factores, pues evoluciona de acuerdo con las nuevas realidades de la sociedad que, en todo caso, resulta de la interacción entre las personas con deficiencias, las ayudas disponibles con las que cuentan y, las barreras externas que dificultan o impiden su participación en la sociedad; entre ellas, los cambios tecnológicos, mejoras en los procedimientos de salud y avances científicos, de manera que, la protección se dirige inequívocamente a dotar a esta población de los mismos derechos y oportunidades que asisten a todos los seres humanos y que acuña como lenguaje técnico desde vieja data la distinción entre deficiencia, discapacidad y, aun, cuando hoy no se utilice, el término «minusvalía».
Así, al partir de la definición de discapacidad, se han establecido normativamente procedimientos que permiten esclarecer si una persona se encuentra en un estadio que requiere la protección, en este caso laboral y, ello es así por cuanto, la acción afirmativa debe estar dirigida a quien realmente la requiere, en otras palabras, aun cuando una persona puede estar en una situación de discapacidad e inclusive una condición de salud, no necesariamente requiere de la protección.
Y como se indicó, nuestra legislación ha determinado las condiciones para determinar si una persona se encuentra en condición de discapacidad, incluido en tal concepto la situación de salud relevante y, en la misma, se ha evidenciado la incorporación de elementos no solamente físicos, que involucran aspectos relativos a la interacción con la sociedad. Efectivamente, el Decreto 2463 de 2001, además de establecer en su artículo 7, el «Grado de severidad de la limitación» dispuso en su artículo 4, que la calificación se debía efectuar con base en el Manual Único para la Calificación de la Invalidez o en las tablas de calificación vigentes al momento de la estructuración de dicha pérdida.
De lo anterior se concluye que, la regulación ha determinado que la procedencia de la protección foral se activa cuando esta tiene una connotación relevante y para ello ha determinado límites a partir de los cuales opera y es esta la que constituye esa situación concreta que requiere la acción afirmativa.
En el horizonte trazado, el artículo 2º de la Ley 1145 de 2007, contempla la definición de persona con discapacidad atada a la actualización que de la misma realizara la Organización Mundial de la Salud, OMS, dentro de la Clasificación Internacional del Funcionamiento de la Discapacidad- CIF. Los parámetros de calificación de esta condición, son:
No hay problema
(ninguno, insignificante)
0–4 %
Problema LIGERO
(poco, escaso)
5–24 %
Problema moderado
(medio, regular)
25–49 %
Problema grave
(mucho, extremo)
50–95 %
Problema completo
(total)
96–100 %
Tales baremos, fueron acogidos por la reciente Resolución n.° 113 de 2020, derogada por la Resolución 1239 de 2022 expedida por el Ministerio de Salud y Protección Social que dentro de su anexo técnico al referirse a la discapacidad severa, moderada y leve acogiendo la escala, precisamente de la CIF, definió el siguiente gradiente:
Calificador
Descriptor
Rangos
0
Ninguna
0-4%
1
Leve
5-24%
2
Moderada
25-49%
3
Severa
50-95%
4
Completa o no lo puede hacer
96-100%
Fluye cristalino, así, que siempre se ha tenido un límite definido para establecer cuándo una persona tiene la protección foral, que fue reconocido por la Corte en inveterada jurisprudencia, aunque en términos diferentes.
Se puede afirmar hoy que, ante la mirada de la evolución normativa y de la CIF, la protección a las personas que se encuentran en situación de discapacidad, que son sujetos de protección en los términos del artículo 1 de la Ley 361 de 1997 y demás instrumentos normativos multilaterales e internos, siempre debe enmarcarse en que el límite mínimo para que ella proceda debe ser aumentado a un rango del 25% o más, desde luego atendiendo otras situaciones que más adelante me propongo desarrollar en este escrito.
No está de más indicar que la descalificación absoluta de un nivel o rango nos llevaría a la contradicción de que, bajo el concepto de acción afirmativa, se establezcan medidas que generen el efecto no deseado de impedir la participación de personas en situación de discapacidad. De allí, la importancia de definir claramente el sujeto protegido y el alcance de la garantía. En el mismo sentido, pero, con otras palabras, la protección de las situaciones de discapacidad sin un criterio objetivo, lejos de proteger, desincentiva la contratación de quienes se pretende integrar plenamente al mundo del trabajo. Cobra entonces importancia, la necesidad de diferenciar el evento en que se contrate a un trabajador(a) con una condición de discapacidad y aquél que la adquiere en el decurso de la relación laboral. En el primer evento, no podría concebirse prima facie que sea causal de terminación del contrato su limitación y, por ende, es posible proceder a finiquitar del convenio, sin que se requiera ningún tipo de procedimiento; no así en el segundo caso, donde, se insiste deberá agotarse el trámite de permiso para despedir ante la autoridad administrativa competente y por supuesto, de presentarse, acreditar en el juicio laboral respectivo, si efectivamente se contaba con una condición de especial relevancia constitucional.
Debe quedar patente que todo lo expuesto, no se desdice de la necesaria e inexcusable carga probatoria de acreditar la situación de discapacidad, la cual se encuentra a cargo de quien se pregona como su sujeto activo; todo ello, en el marco de la libertad probatoria, y ante el análisis de cada contexto en particular, sin perder de vista que actualmente existen instrumentos que permiten valorar cada uno de los elementos que conforman la situación de discapacidad y que incluyen la valoración conforme a la respectiva deficiencia, la valoración de los roles personal, social y laboral de manera muy general. Valoración técnico-científica que puede encontrar excepción, por supuesto, en aquellos eventos donde las limitaciones que se padecen sean hechos notorios.
Recapitulando entonces, y puestas en esta dimensión las cosas, puedo afirmar, sin titubeo alguno, que para que se determine la condición de discapacidad se debe partir de la existencia de una deficiencia; no obstante, este solo aspecto no implica una discapacidad, ya que ello nos retornara al enfoque biológico, hoy desueto.
Entonces, definida la existencia de la deficiencia, se debe verificar si hay ayudas disponibles y si las mismas permiten la integración de la persona en condiciones de igualdad, nuevamente, no se abre paso el determinar que se cuenta con una discapacidad.
Ahora, si existiendo la deficiencia y la ayuda disponible, aún se encuentran barreras en el entorno, entramos al camino de los ajustes razonables y si con ellos se supera el obstáculo para el desempeño laboral, no se concreta la situación de discapacidad.
Y es que en materia de ajustes y su razonabilidad también se halla un marco normativo que permite su valoración, pues al estar enfocado al rol laboral será precisamente el análisis del puesto de trabajo y todo aquello que se relacione con las condiciones de la prestación del servicio, salud y seguridad en este último, junto con las demás que regulan esta naturaleza de relaciones, las que definirán la razonabilidad de ellos e inclusive la imposibilidad de realizarlos, evento en el que se hace necesario acudir ante el ente ministerial correspondiente.
En ese orden de ideas, surge un interrogante de cara a la posición mayoritaria: ¿sí puede entenderse que el juez por su sola condición como tal, cuenta con el conocimiento técnico-científico para determinar, con objetividad, si un trabajador(a) realmente se encuentra en una situación de discapacidad considerable así como cuáles son las ayudas razonables que requiere?; realmente, desde mi punto de vista, considerar ello así, es dejar al arbitrio de cada juzgador, la determinación de tales conceptos, lo que claramente lejos de garantizar la justicia en estos casos, permitirá la existencia de situaciones que la desconozcan.
De esta manera, no se resuelve de fondo la imperiosa necesidad de otorgar reglas claras en materia de protección cuando nos alejamos de aquellas previsiones consignadas expresamente por la legislación interna y que a las elocuentes voces de los artículos 26 de la Ley 361 de 1997, nos obligan a aplicar la protección de no desvinculación de su labor, a aquél empleado(a) por la sola razón de una situación de discapacidad, pero se olvida, que sí existe la posibilidad de solicitar autorización al Ministerio del Trabajo, si se acredita que ella es incompatible e insuperable con la labor que se desarrolla.
Así, si el trabajador es vinculado para ejercer determinada labor y dada su afectación no puede desarrollarla dada la imposibilidad de realizar ajustes razonables, lo que se acredita ante la autoridad administrativa prenunciada, no podría hablarse de la existencia de una discriminación por tal hecho, pues es el legislador, el que habilita la terminación de su contrato de trabajo sin que se genere la indemnización de 180 días a que hace referencia la ley.
En ese sendero, entender de una manera diferente la Ley 361 de 1997, es desdibujar su real intención para, con ello, obligar a mantener una contratación sin que se cumpla la finalidad para la cual fue requerida.
Y es que aceptarlo así, con más veras, se desconoce la realidad de nuestro país donde la micro, pequeña y mediana empresa sobrepasa con creces aquel índice previsto para las de mayor extensión. A tono con esto, en el último boletín del Directorio Estadístico de Empresas publicado por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística DANE, a guisa de ejemplo, para el año 2021, la microempresa que la define como aquella que emplea hasta 10 trabajadores reportaba para personas naturales un número igual a 4.824.341 y jurídicas 772.975 mientras que, para la misma anualidad en el caso de las grandes empresas, definida como aquellas que cuentan con más de 200 empleados, se reportan para personas naturales un total de 51 y jurídicas 6.116.
Más todavía: no fijar derroteros claros en la protección, como lo serían, en un primer plano, tales criterios estadísticos en pro de la protección de las situaciones de discapacidad, lejos de llevar a la realización de la justicia, como se indicó en líneas superiores, puede provocar su efecto contrario, como lo sería generar condiciones poco propicias para la contratación de personal que se encuentra en ella inmerso.
Estos datos también impactan en el no poco claro criterio sobre «ajustes razonables» donde el rasero que se le puede exigir a un microempresario jamás podría ser el mismo de aquel que pertenece a las grandes empresas; lo que, por demás, sería un claro criterio de equidad y proporcionalidad. Y ello, sólo podría ser establecido por profesionales expertos en la materia y, se insiste, no a las vistas del juzgador respectivo quien debe, como mínimo, contar con los informes ocupacionales que le indiquen los ajustes razonables que se requieren para la prestación del servicio, por lo menos, de una manera óptima para el trabajador y que deban ser desplegados por su empleador.
De una forma descriptiva, la ausencia de delimitación en la protección sobre la discapacidad trasladaría a los empleadores, de forma total, una obligación que realmente es instituida a cargo del Estado Colombiano o, por lo menos, de forma principal, toda vez que es este el responsable de desplegar las políticas que conlleven la garantía de los derechos de esta población, afirmación que dimana de una simple lectura de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, dado que sus intervinientes son quienes manifiestan su compromiso en «promover, proteger y asegurar el goce pleno y en condiciones de igualdad de todos los derechos humanos y libertades fundamentales por todas las personas con discapacidad, y promover el respeto de su dignidad inherente».
Finalmente, debo resaltar que, la discapacidad a diferencia de la invalidez, en materia laboral, propende por la estabilidad en el empleo; es por ello que es distinta la forma en que se establece y hoy cuente con una regulación diferenciada de aquel que determina la pérdida de capacidad laboral que, justamente, busca lo opuesto, esto es, fijar si una persona ya no cuenta con la posibilidad de mantenerse en su labor; de esta manera, no resulta acertado hablar de la pérdida de la capacidad laboral entratándose de discapacidad.
En el caso bajo estudio, la Sala mayoritaria opta por casar la sentencia impugnada, bajo el entendido de haberse configurado la interpretación errónea del artículo 26 de la Ley 361 de 1997, por la potísima razón de considerarse que era necesario contar con una calificación, requisito previsto por la Jurisprudencia de esta Corporación al momento en que se profiere la decisión cuestionada; sin embargo, en la misma providencia, el colegiado refrendó la posibilidad de no contarse con este último baremo, y obtener la protección «siempre y cuando se observe a un trabajador en una situación de salud que le impida o dificulte sustancialmente el desempeño de sus labores en condiciones regulares», lo que no encontró acreditado, pilar no derruido en la decisión.
Son estas las razones por las cuales en mi criterio, en el presente asunto, de cara ante la ausencia de prueba de la situación de discapacidad en los términos planteados, no se abría paso el quiebre del acto jurisdiccional controvertido.
Fecha ut supra,
FERNANDO CASTILLO CADENA