[…]
Ajustando estos derroteros jurisprudenciales y las normas citadas al caso concreto, considera esta Sala de decisión que toda persona que considere encontrarse bajo el amparo del artículo 26 de la Ley 361 de 1997, y solicite su aplicación, ya no debe acreditar que se encuentra dentro del porcentaje de una limitación calificada siquiera como moderada, por lo que solo resta revisar las causas que dieron lugar a la terminación del vínculo laboral, para establecer si existe un nexo causal entre el estado de salud de la[sic] trabajador y el despido o la desvinculación laboral de que fue objeto y, que, el empleador conociera previamente de dicha limitación.
[…]
En ese orden de ideas, del anterior barrido probatorio, se palpa con meridiana claridad, que la demandada siempre tuvo conocimiento del estado de salud del actor, por lo cual considera esta Sala de Decisión que no podía ser despedido o terminado su contrato sino con previa autorización del Ministerio del Trabajo; pues el empleador aquí demandado tenía pleno conocimiento del estado de limitación física que soportaba el demandante al momento de terminar el contrato de trabajo el 26 de julio de 2016.
Con respecto a la causa de terminación del contrato señaló el tribunal lo siguiente:
No obstante lo anterior, al revisar el material probatorio arrimado, si bien se encuentra en cd a folio 233, documento denominado “certificación plan de reestructuración” donde en síntesis, GENERAL MOTORS COLMOTORES S.A. manifiesta que debido al incremento de inventario de vehículos y baja demanda, la empresa tomó la determinación de despedir a más de 325 trabajadores, lo cierto es que para el 26 de julio de 2016, el actor se encontraba cobijado y protegido por la estabilidad laboral reforzada, y por lo tanto era procedente y necesario elevar permiso ante el Ministerio de Trabajo, para poder efectuar su desvinculación. Adicionalmente, se tiene que la anterior certificación se trata de un documento elaborado por la pasiva sin que pueda evidenciarse a través de otra probanza que lo manifestado allí corresponde a la realidad, pues la crisis económica y de vengas que señala la demandada, no fue probada siquiera de manera sumaria y, aún de haberlo hecho, es claro que en casos como este, en el que es evidente que el trabajador despedido presenta una discapacidad de origen laboral de la que es conocedor el empleador al momento del finiquito laboral, este no puede asumir el riesgo o pérdida del empleador, y sin que este haya cumplido con su obligación especial de protección y seguridad consistente en procurar a su trabajador limitado físicamente una reubicación al interior de la organización empresarial, dada su discapacidad, garantizándole razonablemente la seguridad y salud ocupacional en procura de su rehabilitación y/o recuperación.
Así las cosas, concluye diáfanamente la Corporación que la entidad demandada no logró probar una causal objetiva de terminación del contrato de trabajo del demandante, con lo que la presunción a su favor queda confirmada en la medida que se acredita el nexo causal entre el previo estado de salud deficitario del demandante que era de conocimiento de la empleadora y la terminación del vínculo laboral, en los términos del artículo 26 de la Ley 361 de 1997.
IV. RECURSO DE CASACIÓN
Interpuesto por la demandada, concedido por el Tribunal y admitido por la Corte, se procede a resolver.
V. ALCANCE DE LA IMPUGNACIÓN
Pretende la recurrente que la Corte case la decisión fustigada, para que, en sede de instancia, se revoque íntegramente la sentencia proferida por el Juzgado 23 Laboral del Circuito de Bogotá y, en su lugar, se absuelva a la demandada de todas y cada una de las pretensiones.
Con tal propósito formula un cargo por la causal primera de casación, que fue objeto de réplica.
VI. CARGO ÚNICO
Acusa la sentencia por la vía directa y por aplicación indebida del artículo 26 de la Ley 361 de 1997; a su vez viola por infracción directa el artículo 41 de la Ley 100 de 1993, artículo 1º de la Ley 361 de 1997, artículo 2 de la Ley 1618 de 2013, artículo 3 del Decreto 1507 de 2014 y el artículo 12.4.1.7 de su anexo técnico.
Expone que acepta la totalidad de las conclusiones fácticas de la decisión y, luego de transcribir apartes de la decisión, indica que la equivocación del sentenciador estriba en que olvidó que el Decreto 2463 de 2001 solo regulaba algunos aspectos de la aplicación de la Ley 361 de 1997 que no despareció con la derogatoria anotada, en cuyo artículo 1 se prevé que la protección ampara a las personas en situación de discapacidad severas y profundas que fueron declaradas exequibles por la sentencia CC C-824-2011.
Sostiene que dicha protección no opera respecto a cualquier tipo de afección de salud de un trabajador, sino de aquél al que se le límite de manera sustancial el desempeño de sus funciones, que es la comprensión que esta Corte le ha dado a la disposición referida, para lo cual transcribió un aparte de la sentencia CSJ SL497-2021, a partir de la cual entiende que el tribunal se equivocó al afirmar que la legislación no contempla la distinción del grado de limitación para circunscribir el ámbito de protección de la Ley 361 de 1997 a limitaciones severas o profundas o que la sala ha denominado como limitaciones relevantes.
Estima que la calificación del porcentaje de pérdida de capacidad laboral no ha dejado de ser un mecanismo admisible y pertinente para establecer la severidad o relevancia de la limitación, y desarrolla la facultad que tienen los sentenciadores de asesorarse de peritos en asuntos que requieran conocimientos especializados. Por otro lado, considera que la determinación anterior es irrelevante en casos en los que los contratos terminaron después de 2013, contradice lo que al respecto ha dicho la jurisprudencia. En respaldo cita la decisión CSJ SL572-2021.
En el caso, la calificación realizada por las juntas de calificación, que determinaron un porcentaje de pérdida de capacidad laboral del 14.70% no es relevante para aplicar la estabilidad laboral reforzada, por lo que el tribunal se equivocó al aplicar el artículo 26 de la Ley 361 de 1997 e infringió el precepto 1 de la misma norma, así como el 41 de la Ley 100 de 1993. Insiste en que la acusación no se dirige a la estimación de tales evaluaciones, sino que a pesar de éstos otorgó una protección que solamente parte de un 15%, como lo ha señalado la jurisprudencia de la Sala de Casación Laboral.
Añade finalmente que, el Decreto 1507 de 2014 permite calificar la severidad de las limitaciones para el desarrollo de las actividades laborales frente a cada tipo de afección, así como la calificación de la deficiencia como uno de los factores de estudio y ponderación dentro de la calificación de la pérdida de capacidad laboral y determina el porcentaje que corresponde a una afectación leve, moderada o severa, por lo que este último baremo y criterios que aplica la jurisprudencia de la Sala se mantienen vigentes, a pesar de lo cual el tribunal no los tuvo en cuenta con lo que incurrió en la violación de la ley.
VII. RÉPLICA
Atinente al primer cargo indica que no está llamado a prosperar por cuanto se pretende darle vida jurídica a una norma que se encuentra derogada y que es inaplicable al caso, pues el despido del actor se produjo tres años después de su derogatoria. Considera que el colegiado no erró en su interpretación por cuanto acogió la descrita en la sentencia CC SU049-2017 en la que se estableció que una vez las personas adquieren una enfermedad por cualquier causa, una afectación médica de sus funciones que les impida o dificulte sustancialmente el desempeño de sus labores en condiciones regulares, experimentan una situación de debilidad manifiesta y se exponen a discriminación, lo que corroboró el tribunal, sin que se hubieran cuestionado mediante la vía indirecta.
Añade que si lo que pretendía el actor era acreditar el desconocimiento del precedente judicial debió acudir a la infracción de los artículos 230 y 234 de la Constitución Política y, finalmente, que no es cierto que el Decreto 1507 de 2014 permita calificar la severidad de las limitaciones, pues el anexo habla solo de deficiencia que aplica tan solo a una enfermedad, por lo que la petición es descontextualizada.
VIII. CONSIDERACIONES
Como se recuerda, el Tribunal fundó su decisión en que pese a que obraba en el expediente una calificación de las Juntas Regional y Nacional de calificación de invalidez, esta no resulta válida para establecer la condición de discapacidad, ya que los porcentajes que se venían aplicando por parte de la jurisprudencia dejaron de tener efecto a partir de la derogatoria del Decreto 2463 de 2001 mediante el Decreto 1352 de 2013, por lo tanto, lo que corresponde es analizar si la persona se encuentra en una situación de debilidad manifiesta frente al empleador y, a partir de allí, determinar si le asiste el derecho a la estabilidad laboral reforzada.
Luego de lo anterior, del material probatorio corroboró la situación de salud del accionante desde varios años antes de su despido, el conocimiento del empleador y que no se acreditó una causal objetiva de terminación del contrato, pues la razón aducida no fue probada en el proceso, por lo que concluyó que el actor era acreedor de la estabilidad laboral reforzada del artículo 26 de la Ley 361 de 1997.
En consideración de la recurrente, que no cuestiona la inferencias fácticas de la sentencia, el colegiado erró al otorgar la protección especial prevista en el artículo 26 de la Ley 361 de 1997, pues desconoció que dicho amparo no se desprende una aplicación automática del fuero de salud por cualquier dolencia de salud del trabajador, sino que ésta debe ser relevante y que le impide desarrollar sus funciones con normalidad; que la estimación del porcentaje por parte de las juntas de calificación no fue derogada y permite establecer la severidad o relevancia de la limitación en el porcentaje que ha señalado la jurisprudencia, el cual se mantiene vigente en virtud de lo dispuesto en el Decreto 1507 de 2014.
Dada la vía escogida por el recurrente, no fue objeto de discusión en el proceso que William Ernesto Ávila Santiago prestó sus servicios para la empresa General Motors Colmotores S.A. desde el 21 de julio de 2006 al 26 de julio de 2016, en el cargo de operario, y controlador de calidad, que fue despedido sin justa causa y que desde el año 2011 presentó afecciones de salud por las que recibía tratamientos, terapias, incapacidades y recomendaciones médicas y que fue calificado con una pérdida de capacidad laboral del 14.70% el 16 de noviembre de 2017.
Expuesto lo anterior, la Sala debe definir si en el caso concreto se equivocó el Tribunal al aplicar el artículo 26 de la Ley 361 de 1997, y derivar la protección por estabilidad laboral reforzada a favor del actor sin tener en cuenta la calificación realizada por la Junta de Calificación de Invalidez, en consideración a las enfermedades padecidas por el demandante desde el año 2011, argumento rigurosamente jurídico, máxime cuando no se cuestiona ninguna de las inferencias probatorias realizadas por el colegiado.
1º) Consideraciones previas
Sobre los criterios de la Sala respecto a la definición de discapacidad y a la protección de estabilidad laboral establecida en el artículo 26 de la Ley 361 de 1997
La jurisprudencia vigente de la Sala, por mayoría, tiene asentado que para la concesión de la protección de estabilidad laboral reforzada contemplada en el artículo 26 de la Ley 361 de 1997, no es suficiente que, al momento del despido, el trabajador sufra quebrantos de salud, esté en tratamiento médico o se le hubieran concedido incapacidades médicas, sino que debe acreditarse, al menos, una limitación física, psíquica o sensorial con el carácter de moderada; esto es, que implique un porcentaje de pérdida de capacidad laboral igual o superior al 15%, en los términos del artículo 7.º del Decreto 2463 de 2001 e independientemente del origen que tenga y sin más aditamentos especiales, como que obtenga un reconocimiento y una identificación previa (CSJ SL, 28 ago. 2012, rad. 39207, reiterada en las decisiones CSJ SL14134-2015, CSJ SL10538-2016, CSJ SL5163-2017, CSJ SL11411-2017, CSJ SL4609-2020, CSJSL3733-2020, CSJ SL058-2021 y CSJ SL497-2021).
A partir de ese porcentaje, se ha considerado que la condición o situación de discapacidad es relevante o de un grado significativo, de carácter considerable y prolongado en el tiempo que afecta el desarrollo de las funciones del trabajador en el ejercicio del derecho al trabajo en igualdad de oportunidades, por lo que merece la protección legal.
Adicionalmente, la Sala ha precisado que, para acreditar la discapacidad, no se requiere de prueba solemne y concomitante a la terminación del vínculo laboral, toda vez que, por el carácter finalista de la norma, lo importante es que el empleador tenga conocimiento de la condición del trabajador, para asumir con cuidado la potestad de prescindir de sus servicios, bien sea logrando su calificación o esperando el resultado de aquella.
Entre tanto, el contenido y los alcances del concepto de discapacidad han sido tópicos en constante discusión y desarrollo, de manera que son varios los instrumentos que impactan el entendimiento que debe asumir esta Sala, específicamente en lo que concierne al ámbito del trabajo y a la estabilidad que consagra el artículo 26 de la Ley 361 de 1997.
En efecto, el concepto de discapacidad no ha sido estático, pues ha evolucionado como consecuencia de diferentes factores de acuerdo con las realidades sociales. Desde la década de los años 60 se propuso un concepto de modelo social de discapacidad, tal como puede notarse de la aprobación del Programa de Acción Mundial para la Discapacidad por la Asamblea General de las Naciones Unidas, que buscaba el mejoramiento de las condiciones de vida de las personas en situación de discapacidad, enfocado no solo en medidas de rehabilitación, sino de prevención y equiparación de oportunidades.
Tal objetivo también puede advertirse en la Resolución n.º 48/1996 del 20 de diciembre de 1993 emanada de la Asamblea de las Naciones Unidas relativa a las «Normas uniformes sobre la igualdad de oportunidades para las personas con discapacidad», que puso de presente los «obstáculos que impiden que las personas con discapacidad ejerzan sus derechos y libertades y dificultan su plena participación en las actividades de sus respectivas sociedades», y la necesidad de «centrar el interés en las deficiencias de diseño del entorno físico y de muchas actividades organizadas de la sociedad, por ejemplo, información, comunicación y educación, que se oponen a que las personas con discapacidad participen en condiciones de igualdad».
Posteriormente, con la expedición de la «Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad» y su «Protocolo Facultativo» de 2006, se enfatizó en un modelo con enfoque social y de derechos humanos, y se reafirmó que la discapacidad resulta de la interacción entre las personas con deficiencias y las barreras externas, incluidas las actitudinales, las cuales finalmente evitan o impiden la participación igualitaria del individuo en el ámbito social, político, económico y cultural del Estado.
La Convención adoptó el «enfoque de los derechos humanos», por cuanto, con base en el «modelo social» de concepción de la discapacidad, se fijó como propósito «promover, proteger y asegurar el goce pleno y en condiciones de igualdad de todos los derechos humanos y libertades fundamentales por todas las personas con discapacidad, y promover el respeto de su dignidad inherente», artículo 1.º.
Dicha convención «configura el estándar global más reciente y garantista de los derechos de las personas en situación de discapacidad» (CC C-066-2013) y, en particular para Colombia, al ser aprobada a través de la Ley 1346 de 2009 que entró en vigor desde el 10 de junio de 2011 (CSJ SL3610-2020).
En vigencia de dicho instrumento, las sentencias CSJ SL 711-2021 y CSJ SL 572-2021 reiteraron el criterio de la Sala referido con anterioridad y, en esta última decisión se amplió y señaló que, si bien ante el carácter técnico científico de la condición de discapacidad era relevante contar con una «calificación técnica descriptiva», en el evento en que esta no obrara en el proceso, bajo el principio de libertad probatoria, la limitación podía inferirse «del estado de salud en que se encuentra, siempre que sea notorio, evidente y perceptible, precedido de elementos que constaten la necesidad de la protección, como cuando el trabajador viene regularmente incapacitado, se encuentra en tratamiento médico especializado, tiene restricciones o limitaciones para desempeñar su trabajo, cuenta con concepto desfavorable de rehabilitación».
Por ello, la Sala reexamina la composición del bloque de constitucionalidad con relación a los derechos de las personas en situación de discapacidad y concluye que la mencionada Convención es vinculante no solo para el entendimiento del concepto de discapacidad, sino de la protección de estabilidad contenida en el artículo 26 de la Ley 361 de 1997; o en otros términos, que constituye el parámetro para interpretar los derechos humanos de las personas con discapacidad contenidos en la Constitución, especialmente, en lo que concierne a las medidas de integración social en igualdad de oportunidades con las demás personas.
Pues bien, según el inciso 2.º del artículo 1.º de la convención, «Las personas con discapacidad incluyen a aquellas que tengan deficiencias físicas, mentales, intelectuales o sensoriales a largo plazo que, al interactuar con diversas barreras, puedan impedir su participación plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de condiciones con las demás»
Así mismo, señala:
Por “discriminación por motivos de discapacidad” se entenderá cualquier distinción, exclusión o restricción por motivos de discapacidad que tenga el propósito o el efecto de obstaculizar o dejar sin efecto el reconocimiento, goce o ejercicio, en igualdad de condiciones, de todos los derechos humanos y libertades fundamentales en los ámbitos político, económico, social, cultural, civil o de otro tipo. Incluye todas las formas de discriminación, entre ellas, la denegación de ajustes razonables (Inc. 4, art. 2).
Este concepto también concuerda con lo establecido en la Ley 1618 de 2013, que incluso lo amplió a las deficiencias de mediano plazo, en tanto establece:
ARTÍCULO 2o. DEFINICIONES. Para efectos de la presente ley, se definen los siguientes conceptos:
1. Personas con y/o en situación de discapacidad: Aquellas personas que tengan deficiencias físicas, mentales, intelectuales o sensoriales a mediano y largo plazo que, al interactuar con diversas barreras incluyendo las actitudinales, puedan impedir su participación plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de condiciones con las demás. Destaca la Sala.
Además, la Ley 1618 de 2013 también definió que las «acciones afirmativas son políticas, medidas o acciones dirigidas a favorecer a personas o grupos con algún tipo de discapacidad, con el fin de eliminar o reducir las desigualdades y barreras de tipo actitudinal, social, cultural o económico que los afectan».
A juicio de la Sala, sin duda estas disposiciones tienen un impacto en el ámbito laboral y se orientan a precaver despidos discriminatorios fundados en una situación de discapacidad que pueda surgir cuando un trabajador con una deficiencia física, mental, intelectual o sensorial, a mediano y largo plazo, al interactuar con el entorno laboral vea obstaculizado el efectivo ejercicio de su labor en igualdad de condiciones que los demás.
Realizado el estudio del ordenamiento jurídico vigente, la Corte, debe concluir que la identificación de la discapacidad a partir de los porcentajes previstos en el artículo 7. º del Decreto 2463 de 2001 es compatible para todos aquellos casos ocurridos antes de la entrada en vigor de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, el 10 de junio de 2011 para deficiencias de largo plazo, y el 7 de febrero de 2013 para aquellas de mediano y largo plazo, conforme a la Ley Estatutaria 1618 de ese año.
Alcance del artículo 26 de la Ley 361 de 1997, a la luz de la Convención sobre los derechos de las personas en situación de discapacidad
De acuerdo con lo expuesto, para la aplicación de la protección de estabilidad laboral reforzada establecida en el artículo 26 de la Ley 361 de 1997, la Sala considera que la discapacidad se configura cuando concurren los siguientes elementos:
La deficiencia física, mental, intelectual o sensorial, a mediano y largo plazo.
La existencia de barreras que puedan impedir al trabajador que sufre la deficiencia el ejercicio efectivo de su labor, en igualdad de condiciones con los demás.
En cuanto a las barreras, el artículo 2.5 de la Ley 1618 de 2013 señala que son «cualquier tipo de obstáculo que impida el ejercicio efectivo de los derechos de las personas con algún tipo de discapacidad». La Sala destaca que el término discapacidad empleado en este precepto debe entenderse como «algún tipo de deficiencia a mediano y largo plazo».
Dicha disposición, sin pretender realizar un listado exhaustivo, señala que las barreras pueden ser:
a) Actitudinales: Aquellas conductas, palabras, frases, sentimientos, preconcepciones, estigmas, que impiden u obstaculizan el acceso en condiciones de igualdad de las personas con y/o en situación de discapacidad a los espacios, objetos, servicios y en general a las posibilidades que ofrece la sociedad;
b) Comunicativas: Aquellos obstáculos que impiden o dificultan el acceso a la información, a la consulta, al conocimiento y en general, el desarrollo en condiciones de igualdad del proceso comunicativo de las personas con discapacidad a través de cualquier medio o modo de comunicación, incluidas las dificultades en la interacción comunicativa de las personas.
c) Físicas: Aquellos obstáculos materiales, tangibles o construidos que impiden o dificultan el acceso y el uso de espacios, objetos y servicios de carácter público y privado, en condiciones de igualdad por parte de las personas con discapacidad.
Al respecto, debe destacarse que en el ámbito laboral, el trabajador tiene el derecho a que esas barreras comunicadas o conocidas por el empleador, sean mitigadas mediante los ajustes razonables en el trabajo que, según los define la convención en el artículo 2, consisten en «las modificaciones y adaptaciones necesarias y adecuadas que no impongan una carga desproporcionada o indebida, cuando se requieran en un caso particular, para garantizar a las personas con discapacidad el goce o ejercicio, en igualdad de condiciones con las demás, de todos los derechos humanos y libertades fundamentales».
Por tanto, el empleador tiene la obligación de realizar los ajustes razonables para procurar la integración al trabajo regular y libre (artículo 27 de la convención), en iguales condiciones que las demás. Para tales efectos la Sala entiende por ajustes razonables, una lista no cerrada de medidas o adaptaciones que los empleadores pueden implementar para eliminar o mitigar esas barreras y permitir la plena participación de las personas con discapacidad en el trabajo.
Asimismo, los ajustes razonables deben fundarse en criterios objetivos y no suponer «una carga desproporcionada o indebida» para el empleador. La determinación de la razonabilidad o proporcionalidad de los ajustes requeridos podrían variar, según cada situación, lo que implica para los empleadores hacer un esfuerzo razonable para identificar y proporcionar aquellos que sean imprescindibles para las personas con discapacidad. Y en caso de no poder hacerlos debe comunicarle tal situación al trabajador.
Los ajustes razonables cobran relevancia al momento de lograr la integración laboral de las personas con discapacidad, máxime si se tiene en cuenta que el Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad en las Observaciones finales sobre el informe inicial de Colombia del año 2016, recomendó al Estado que «adopte normas que regulen los ajustes razonables en la esfera del empleo».
En suma, la protección de estabilidad laboral reforzada que refiere el artículo 26 de la Ley 361 de 1997, a la luz de la convención analizada, se determina conforme a los siguientes parámetros objetivos:
a) la existencia de una deficiencia física, mental, intelectual o sensorial a mediano y largo plazo. Entiéndase por deficiencia, conforme a la CIF, «los problemas en las funciones o estructuras corporales tales como una desviación significativa o una pérdida». Por tanto, no cualquier contingencia de salud por sí misma puede ser considerada como discapacidad.
b) la existencia de una barrera para el trabajador de tipo actitudinal, social, cultural o económico, entre otras, que, al interactuar con el entorno laboral, le impiden ejercer efectivamente su labor en condiciones de igualdad con los demás;
c) que estos elementos sean conocidos por el empleador al momento del despido, a menos que sean notorios para el caso.
Lo anterior puede acreditarse mediante cualquier medio probatorio, atendiendo al principio de necesidad de la prueba y sin perjuicio de que, para efectos de dar por probados los hechos constitutivos de la discapacidad y los ajustes razonables, de acuerdo con los artículos 51 y 54 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social, el juez oficiosamente decrete y practique los medios de convicción que estime pertinentes en búsqueda de la verdad real por encima de la meramente formal.
En el anterior contexto, la determinación de una situación de discapacidad analizada al amparo de la convención no depende de un factor numérico, pues mirarlo así sería mantener una visión que se enfoca en la persona y sus limitaciones. Se considera que el baremo establecido en el manual de calificación de pérdida de capacidad laboral tiene vocación de ser aplicado en los campos de la seguridad social, para fines principales de aseguramiento, rehabilitación y prestacionales.
En este punto la Corte destaca que en el 2001 la Asamblea Mundial de la Salud aprobó la Clasificación Internacional del Funcionamiento, de la Discapacidad y de la Salud -CIF- de la OMS, que tiene por objetivo ser una herramienta descriptiva en la medición de la salud y la discapacidad en el contexto de la atención e investigación médica y en políticas públicas sanitarias compatible con el modelo social de la discapacidad.
Con todo, este último documento no puede utilizarse por sí solo para determinar la estabilidad laboral reforzada para las personas con discapacidad, sino que debe leerse en armonía con otros instrumentos normativos de aplicación obligatoria en nuestro ordenamiento jurídico que han abordado el concepto de la discapacidad desde un enfoque de derechos humanos.
Así, a juicio de la Sala, sin que esto implique un estándar probatorio, sí es conveniente anotar que al momento de evaluar la situación de discapacidad que conlleva a la protección de estabilidad laboral reforzada, es necesario establecer, por lo menos, tres aspectos:
(i) la existencia de una deficiencia física, mental, intelectual o sensorial, una limitación o discapacidad de mediano o largo plazo -factor humano-;
(ii) el análisis del cargo, sus funciones, requerimientos, exigencias, el entorno laboral y actitudinal específico -factor contextual-; y
(iii) la contrastación e interacción entre estos dos factores -interacción de la deficiencia o limitación con el entorno laboral-.
Si del análisis referido se concluye que el trabajador está en situación de discapacidad y la terminación del vínculo laboral no se funda en una causa objetiva o justa, tal decisión se considera discriminatoria y, por ello, es preciso declarar su ineficacia, acompañada de la orden de reintegro y el pago de salarios y demás emolumentos respectivos, junto con los ajustes razonables que se requieran y la indemnización contemplada en el artículo 26 de la Ley 361 de 1997.
Ahora, el empleador conserva en todo caso la facultad de terminar el contrato de trabajo con sustento en una causa justa u objetiva y, para tal efecto, no es necesario que solicite autorización ante el Ministerio de Trabajo. El referido trámite administrativo se requerirá cuando el despido tenga una relación directa con la situación de discapacidad y no fue posible implementar ajustes razonables.
Por último, la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia, en su función de unificación de la jurisprudencia, se aparta de las interpretaciones que consideran que el artículo 26 de la Ley 361 de 1997 aplica para personas que sufren contingencias o alteraciones momentáneas de salud o que padecen patologías temporales, transitorias o de corta duración toda vez que, conforme se explicó, la Convención y la ley estatutaria previeron tal protección únicamente para aquellas deficiencias de mediano y largo plazo que al interactuar con barreras de tipo laboral impiden su participación plena y efectiva en igualdad de condiciones con los demás. Aquí, vale precisar que las diferentes afectaciones de salud per se no son una discapacidad, pues solo podrían valorarse para efectos de dicha garantía si se cumplen las mencionadas características.
2º) Caso concreto
Sentada en la forma antes expuesta el criterio de la Corte sobre la naturaleza, los alcances y requisitos para que opere la estabilidad laboral reforzada prevista en el artículo 26 de la Ley 361 de 1997, debe concluirse que, en el caso concreto, le asiste razón al recurrente en cuanto a que no cualquier tipo de afección de salud de un trabajador activa el amparo legal invocado, sino solo aquél que limite de manera sustancial el desempeño de sus funciones y siempre que se reúnen las demás condiciones y requisitos arriba señalados, en especial el análisis de si el demandante demostró o no una deficiencia física, mental, intelectual o sensorial de mediano y largo plazo, la existencia de una barrera para el trabajador de tipo actitudinal, social, cultural o económico, que al interactuar con el entorno laboral le impiden ejercer efectivamente su labor y el conocimiento del empleador. Brilla pues por su ausencia el estudio de los dos primeros requisitos, lo que llevó al colegiado a aplicar la presunción de despido discriminatorio.
Llegados a este punto del sendero, menester resulta destacar una circunstancia insoslayable, cual es, que la protección establecida en el artículo 26 de la Ley 361 de 1997 no opera para cualquier clase de afección de salud como lo concluyó en este caso el tribunal, error que es de puro derecho y conduce al quiebre de la sentencia, sin que se requieran elucubraciones adicionales a las expuestas y análisis probatorio, dada la vía seleccionada.
Lo precedente resulta suficiente para dar prosperidad al cargo y casar la sentencia.
Sin costas en el recurso extraordinario.
IX. SENTENCIA DE INSTANCIA
En instancia, es suficiente con reiterar, como arriba se dijo, que no cualquier situación de salud conlleva la estabilidad laboral reforzada prevista en el artículo 26 de la Ley 361 de 1997, sino aquella que genere una discriminación partiendo del hecho de la condición de discapacidad del trabajador, esto es, la existencia de una deficiencia física, mental, intelectual o sensorial, una limitación o una enfermedad de mediano o largo plazo – factor humano-; el análisis del cargo, sus funciones, requerimientos, exigencias, el entorno laboral y actitudinal específico – factor contextual – y la interacción de la deficiencia o limitación con el entorno laboral, esto es, la existencia de una barrera de tipo actitudinal, social, cultural o económico, entre otras, que impidan ejercer las labores en igualdad de condiciones a los demás; así como el conocimiento del empleador de las circunstancias anotadas.
Revisado el expediente, aun cuando el actor cuenta con varias afecciones de salud desde el 2007, como se observa en la historia clínica, las cuales fueron calificadas como de origen laboral en el año 2014 por la EPS CRUZ BLANCA; lo que motivó a que se le asignara al demandante en el cargo de controlador de calidad a partir del año 2010 y hasta el retiro, que no requiere la manipulación de cargas o ayudas ergonómicas según informe de puesto de trabajo elaborado por SURA, sin que se hubiera acreditado que existiera una incompatibilidad de este último cargo con las recomendaciones médicas o la presencia de barreras que le impidieran desarrollar su labor en igualdad de condiciones con los demás.
Por el contrario, el contrato de trabajo se terminó el 26 de julio de 2016, es decir, seis años después, «dada la situación actual del mercado que ha venido afectando las ventas de nuestros productos […] debiendo hacer una importante disminución tanto en las unidades producidas como en la mano de obra, forzando en esta última a hacer una reducción que se acomode al esquema de producción»; lo que conllevó al retiro de más de 325 personas, como da cuenta el expediente, aspecto que no fue objeto de discusión en el proceso y que el promotor del juicio aceptó expresamente en el interrogatorio de parte, circunstancia que desvirtúa una conducta discriminatoria.
De lo expuesto se deriva que al no acreditarse una condición de discapacidad por parte del actor y que las labores asignadas desde el año 2010 y hasta la fecha de terminación del contrato de trabajo, seis años después, eran incompatibles con las restricciones médicas, debe concluirse que no le asistió razón al juez de primer grado al considerar que el demandante es beneficiario de la protección prevista en el artículo 26 de la Ley 361 de 1997, lo que implica revocar su decisión y, como consecuencia, absolver a la demandada de todas las pretensiones de la demanda.
Sin costas en alzada. Las de primera instancia a cargo de la parte actora.
X. DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, CASA la sentencia dictada el diecinueve (19) de marzo de dos mil veintiuno (2021) por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, dentro del proceso ordinario laboral seguido por WILLIAM ERNESTO ÁVILA SANTIAGO contra GENERAL MOTORS COLMOTORES S.A. y, por ende, se dispone:
PRIMERO: REVOCAR la sentencia proferida por el Juzgado 23 Laboral del Circuito de Bogotá el 11 de noviembre de 2020 y, como consecuencia, ABSOLVER a la demandada GENERAL MOTORS COLMOTORES S.A. de todas y cada una de las pretensiones incoadas en su contra por WILLIAM ERNESTO ÁVILA SANTIAGO, por las razones expuestas en precedencia.
SEGUNDO: Sin costas en alzada. Las de primera instancia a cargo de la parte vencida.
Notifíquese, publíquese, cúmplase y devuélvase el expediente al tribunal de origen.
GERARDO BOTERO ZULUAGA
Presidente de la Sala
Aclara voto
FERNANDO CASTILLO CADENA
LUIS BENEDICTO HERRERA DÍAZ
Salvo voto
IVÁN MAURICIO LENIS GÓMEZ
OMAR ÁNGEL MEJÍA AMADOR
MARJORIE ZÚÑIGA ROMERO
FERNANDO CASTILLO CADENA
Magistrado ponente
ACLARACIÓN DE VOTO
Radicación n.° 91764
REFERENCIA: WILLIAM ERNESTO ÁVILA SANTIAGO vs. GENERAL MOTORS COLMOTORES S.A.
Con el acostumbrado respeto por las decisiones de la Sala, en esta ocasión, si bien comparto el fallo adoptado, me permito aclarar el voto, en torno a la manera en la que debe operar la garantía de estabilidad laboral reforzada por fuero de discapacidad, en el marco de un proceso judicial.
En la decisión proferida se realizan algunas afirmaciones, las cuales, desde mi sentir, necesitan una ampliación en sus argumentos, los que, en últimas, permitirán delimitar la forma en que debe materializarse el fuero de estabilidad, para quienes se encuentran en una situación de discapacidad, concepción no poco relevante para el ámbito laboral.
La postura mayoritaria de la Sala, en el marco general de la precitada protección, reexamina la composición del bloque de constitucionalidad en relación con los derechos de las personas en situación de discapacidad y su protección contenida en el artículo 26 de la Ley 361 de 1997; con base en la que descarta, de plano, la necesidad de contar con una calificación o baremo objetivo que permita, desde un estudio integral, determinar si un trabajador(a) se encuentra en condiciones especiales que permiten predicar de ellos, una protección por parte del operador judicial y, equiparar la calificación de invalidez a la de discapacidad cuando su finalidad es distinta.
Conceptos y disposiciones de la Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad y la Ley 1618 de 2013.
La providencia parte de la premisa de que, como consecuencia de la adopción de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad aprobado por la Ley 1346 de 2009 y la Ley 1618 de 2013, existen conceptos y disposiciones diferentes para la protección de una persona en situación de discapacidad. Ello, en el entendimiento de que, como consecuencia de la adherencia del Estado Colombiano al precitado instrumento internacional y la mencionada ley, existen diferentes escenarios para que ello proceda.
En ese contexto, considero que la consecuencia de la promulgación de las normativas previamente citadas implica la obligación, principalmente estatal, bajo el postulado de la progresividad, de adecuar las políticas públicas, el marco normativo y la proposición de medidas de quienes se encuentren en dicha condición, al reconocerlos como verdaderos sujetos de derechos y partícipes activos en el estudio y proposiciones de medidas que, se itera, propenden por eliminar cualquier forma de discriminación. En cumplimiento de ese mandato de adecuación, se expidió la Ley Estatutaria 1618 de 2013, con la finalidad de garantizar y asegurar el ejercicio efectivo de los derechos de este grupo poblacional, en concordancia con la anotada norma internacional.
Con lo anterior, desde mi punto de vista, el alcance de ambas normativas es complementar el Sistema Nacional de Discapacidad creado en la Ley 1145 de 2007, cuyo principio rector es el de impulsar la formulación y adopción de políticas públicas en discapacidad de manera coordinada con todas las entidades estatales y la sociedad civil para promocionar y garantizar los derechos fundamentales, en el marco de los derechos humanos de las personas con y en situación de discapacidad. Con la precisión de que, frente a este último concepto deja claro que se actualizará con base en las modificaciones que realice la Organización Mundial de la Salud, afirmación supremamente relevante, por la cual y desde este momento, puedo afirmar sin temor a equivocaciones, que las condiciones de discapacidad son variables, por ende, cambiantes en el tiempo y espacios desde los cuáles puede ser observada, de manera que, no resulta plausible el alejarse de baremos objetivos que puedan determinarla.
Recapitulando entonces, existe un sistema normativo de protección a las personas en situación o en condición de discapacidad e invalidez, que propenden por la eliminación de la discriminación, así como, de las barreras del entorno y actitudinales, que materialicen su integración en la vida social de manera autónoma que parte de la prevención, la rehabilitación y la incorporación, como verdaderos actores, en la vida comunitaria; por ende, las normas y convenios internacionales adoptados no se fundamentan per se en el otorgamiento de una prestación compensatoria; por el contrario, busca propender por reafirmar su rol personal, familiar, social y político, bajo acciones afirmativas, armonizando el Sistema Nacional de Discapacidad.
Conforme a lo expuesto, se mantiene vigente el propósito de la disposición que contiene el artículo 26 de la Ley 361 de 1997, que no es otro que impedir que las personas en situación de discapacidad fueran despedidas en virtud y, específicamente, por esa condición.
Si bien, en la sentencia se reconoce que el enfoque de modelo social, desde la década de los años 60 ya se encontraba transitando, y marcó un cambio sustancial con la aprobación del Programa de Acción Mundial para la Discapacidad por la Asamblea General de las Naciones Unidas, deja de lado la nutrida normatividad interna que, alineada con los instrumentos internacionales, ya contemplaba el concepto de discapacidad como hoy replican las leyes que sustentan el fallo.
Para refrendar lo dicho vale referir que el objetivo de lograr una verdadera protección de las personas en situación de discapacidad, condujo a la adopción de convenios, inclusive antecedentes a los hoy aplicados, como el de la Clasificación Internacional del funcionamiento de la discapacidad y la Salud (CIF 2001), aprobado en la Asamblea Mundial de la Salud del mismo año, de la que Colombia no fue ajena, por lo que introdujo en el artículo 2º de la Ley 1145 de 2007, que: «Persona con discapacidad: Es aquella que tiene limitaciones o deficiencias en su actividad cotidiana y restricciones en la participación social por causa de una condición de salud, o de barreras físicas, ambientales, culturales, sociales y del entorno cotidiano. Esta definición se actualizará, según las modificaciones que realice la Organización Mundial de la Salud, OMS, dentro de la Clasificación Internacional de Funcionalidad, CIF.»
Así las cosas, si bien el reconocimiento de que los factores que pueden inferir en el concepto de discapacidad son cambiantes; no obstante, los mismos están soportados en determinar de manera objetiva sobre quién recae la protección dependiendo del ámbito en el que se genera y que, para nuestros efectos, es el laboral.
Y es que, en puridad de verdad, el entendimiento de la posición mayoritaria realmente no se acompasa con aquellas previsiones legales que, de antaño, nos indican: (i) quién cuenta con la potestad para determinar la existencia de discapacidad, además de, (ii) qué conceptos técnicos debe consultar a efectos de concretar la protección en el sujeto que la requiere.
En efecto, si acudimos a las vetustas reglamentaciones internas del extinto Seguro Social, en las que aún no se tenía tanta claridad sobre el concepto de discapacidad, encontramos que en el Acuerdo 470 de 1989 aprobado por el Decreto 1546 del mismo año, ya se concebía la imperiosa necesidad de contar con un comité especializado interdisciplinario denominado como de «Evaluación Funcional», que era un asesor de la Sección de Medicina Legal y su función era evaluar, entre otros aspectos, «la relación que existe entre la capacidad funcional del trabajador y su ocupación funcional del trabajador y su ocupación habitual y considerar la enfermedad no sólo para su prevención, curación y rehabilitación, sino también para valorar las secuelas de la enfermedad o accidente, por ser éstas las que perturban el curso de la vida habitual».
Por su parte, y en forma posterior, el Decreto 2177 de 1989 cuya finalidad fue desarrollar la Ley 82 de 1988, por la cual aprobó el Convenio 159 de la OIT, sobre la readaptación profesional y el empleo de personas inválidas, en su artículo 4º, de igual manera, se plasmó la necesidad de que tal condición fuera certificada por las dependencias de salud ocupacional o quien hiciera sus veces «en las entidades de seguridad y previsión social públicas o privadas», a tal punto de que en el evento donde no existiese cobertura de estas últimas, ello debería ser «declarado por los médicos del trabajo dependientes del Ministerio del Trabajo y de la Seguridad Social en los diferentes niveles».
Recordemos en este punto que, bajo las voces del Convenio precitado, una persona inválida era aquella «cuyas posibilidades de obtener y conservar un empleo adecuado y de progresar en el mismo queden substancialmente reducidas a causa de una deficiencia de carácter físico o mental debidamente reconocida».
Ahora bien, de manera mucho más reciente, el Decreto 917 de 1999 describe con amplitud, y sobre el tema en específico de la discapacidad, cuáles resultan ser los criterios objetivos para determinarla; en efecto, el Manual contenido en la anotada normativa fue derogado por el Decreto 1507 de 2014 y, si bien, este no continúo siendo el documento técnico para determinar la discapacidad, en su artículo 3º la define como el «Término genérico que incluye limitaciones en la realización de una actividad» y que esta se valoraría en «el Título Segundo Valoración del Rol Laboral, Rol Ocupacional y otras áreas Ocupacionales». Dicho en breve, los Manuales de Calificación de la Pérdida de la Capacidad Laboral, concibieron un aparte relativo a cómo debe entenderse la discapacidad de cara al rol laboral de quien se pregone como afectado por ella.
Es así entonces que, cuando echamos mano de la Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad aprobada por la Ley 1346 de 2009, la Ley 361 de 1997, o bien, la Ley1618 de 2013, no emerge de sus apartes la imposibilidad de acudir a una calificación que determine el grado de severidad de la discapacidad, so pretexto de reducir a un «número» la garantía de esta última. Por el contrario, en todos los textos encontramos un común denominador, este es, que la estabilidad laboral reforzada se predica en palabras de la Convención, de la persona que posee «deficiencias físicas, mentales, intelectuales o sensoriales a largo plazo que, al interactuar con diversas barreras, puedan impedir su participación plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de condiciones con las demás». Y que si bien, nuestra legislación interna, ella es, la Ley 1618 de 2013, las define como: «[a]quellas personas que tengan deficiencias físicas, mentales, intelectuales o sensoriales a mediano y largo plazo que, al interactuar con diversas barreras incluyendo las actitudinales, puedan impedir su participación plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de condiciones con las demás», lo único que puede llegar a consentirse es que, sólo quienes cuentan con una afectación considerable en su salud serán aquellos dignos de pregonarse como beneficiarios de una situación de especial protección constitucional y legal.
En línea con lo discurrido, y como ya lo expuse, además de ser innegable la mayor protección que se extendió en nuestro ordenamiento interno para garantizar el goce pleno y efectivo de los derechos por parte de quienes se encuentran en una situación de discapacidad – se amparan afectaciones de mediano plazo-; a riesgo de fatigar, lo realmente indiscutible, es la necesaria acreditación de unas deficiencias de no cualquier monta, como un primer aspecto para dar paso al estudio de si se cuenta con todos los elementos que concretan una situación de discapacidad, en aras de alcanzar la estabilidad laboral reforzada, que en últimas, es aquella que abre las puertas para percibir los beneficios que ha previsto el Estado por tal condición.
-Un alto en el camino nos invita a realizar una breve recensión normativa en torno a la definición de discapacidad
Como ya lo indicamos con anterioridad, la definición de la discapacidad, en la manera que se presenta, no resulta ser un tema novedoso para nuestro ordenamiento jurídico, puesto que fue abordada por los acuerdos internos del hoy extinto Seguro Social, pero desde la perspectiva del concepto de invalidez.
En efecto, estos últimos compendios, desde sus inicios dan muestra del interés del legislador por regular el tema para aquella población que, en su momento, fue concebida como inválida, pero no desde su concepción actual, sino desde una perspectiva mucho más amplia, como se pasa a explicar.
Ciertamente, se contemplaron, desde aquél entonces, diferentes estadios, desde la incapacidad permanente parcial hasta la condición de invalidez. De manera más reciente, en el Acuerdo 049 de 1990, aprobado por el Decreto 758 de la misma anualidad, se denominaron como permanente total, permanente absoluta y gran invalidez, que parten para su definición, de conceptos relativos a la existencia de barreras para ejercer la profesión para el cual se encontraban capacitados los trabajadores, bien en cualquier oficio ora porque se requería la necesidad de contar con «asistencia constante de otra persona para movilizarse, conducirse o efectuar los actos esenciales de la existencia».
Y si acudimos a las definiciones de discapacidad consignadas en los Manuales de Calificación de Invalidez, v.gr., el Decreto 917 de 1999 que, por demás, era la norma técnica para la definición en su momento de la discapacidad, la enunció como «toda restricción o ausencia de la capacidad de realizar una actividad en la forma o dentro del margen que se considera normal para un ser humano, producida por una deficiencia, y se caracteriza por excesos o insuficiencias en el desempeño y comportamiento en una actividad normal o rutinaria, los cuales pueden ser temporales o permanentes, reversibles o irreversibles, y progresivos o regresivos», y, el Decreto 1507 de 2014, hoy vigente, la explica como aquél «[t]érmino genérico que incluye limitaciones en la realización de una actividad, que se valora en el Título II referido al «Rol Laboral, Rol Ocupacional y otras áreas Ocupacionales»; claro es concluir que, siempre ha sido relevante el hecho de existir una limitación o barrera que impacta el rol en el trabajo o en la sociedad.
En ese orden de ideas, puede afirmarse que en nuestra sociedad, el análisis del concepto de discapacidad pertenece a un trinomio que debe ser analizado obligatoriamente conjunto al de deficiencia, entendida como la afectación en la salud de una persona y el de minusvalía, el que comprende «toda situación desventajosa para un individuo determinado, consecuencia de una deficiencia o una discapacidad que lo limita o impide para el desempeño de un rol, que es normal en su caso en función de la edad, sexo, factores sociales, culturales y ocupacionales. Se caracteriza por la diferencia entre el rendimiento y las expectativas del individuo mismo o del grupo al que pertenece. Representa la socialización de la deficiencia y su discapacidad por cuanto refleja las consecuencias culturales, sociales, económicas, ambientales y ocupacionales, que para el individuo se derivan de la presencia de las mismas y alteran su entorno».
Así las cosas, con anterioridad a la Constitución de 1991, en Colombia ya se habían expedido normas cuyo objeto buscaba la protección de las personas en situación de discapacidad e invalidez y que vino a ser reforzada en vigencia de nuestra Carta Política, que estableció la necesidad de ampliar la cobertura y efectiva protección de los mismos.
Claros en lo anterior, desde mi perspectiva, podemos abordar la discapacidad, bajo los siguientes grupos conceptuales:
Protección a la situación de discapacidad en materia laboral
Determinar cuándo surge el amparo en materia laboral a una persona en condición de discapacidad, genera una labor con determinado nivel de complejidad, por cuanto de la concreción de tal situación y el nivel de dificultad que esta le representa para «autorrealizarse, cambiar la calidad de sus vidas y a intervenir en su ambiente inmediato y en la sociedad» (Ley 361 de 1997), en este caso en el ámbito laboral, dependerá la existencia o no de la protección foral.
La idea expuesta cobra suma importancia, en la medida que las personas pueden presentar una condición de salud que no necesariamente implica para el trabajador una situación de discapacidad y, si bien, efectivamente generan una incapacidad temporal que, inclusive, puede tener una garantía específica en la normatividad, no implica que lo sea bajo las normas forales de estabilidad laboral reforzada estatuidas en el artículo 26 de la Ley 361 de 1997.
La tutela de la discapacidad que se enmarca en el reconocimiento a las personas en una condición especial, como desarrollo del principio fundamental de la dignidad humana, como verdaderos sujetos de derecho, obliga a la necesaria integración en todos los ámbitos de la vida social, personal y política, de manera autónoma. Ello nos invita a que el amparo se dispense en situaciones en las que el trabajador pueda verse discriminado[1] por esa razón. Pero si el nivel de discapacidad no compromete ni afecta su participación plena y efectiva en condiciones de igualdad con los demás, no hay lugar a aplicar el resguardo legal, por lo menos en el campo laboral.
Debe dejarse por sentado que, la sola consideración de aplicar el amparo a una persona con cierto nivel de discapacidad, aun cuando esta le permita su participación autónoma y plena en el trabajo, puede considerarse, en sí misma como discriminación, al no reconocerse esa capacidad real que el trabajador posee para desempeñarse en el rol laboral.
Por demás, es innegable que los avances científicos y tecnológicos han llevado a que, situaciones que en un pasado pudieron ser consideradas como discapacitantes y que impedían la interacción o integración plena del trabajador, hoy no lo sean, dada la existencia de equipos y ayudas especiales que le permiten ejercer adecuadamente una actividad de trabajo. Explicado en apretadas palabras: para otorgar el fuero por discapacidad en el ámbito laboral, se debe estar ante una situación objetiva, concretada en un grado de limitación relevante que le impida el desarrollo normal de su actividad.
Un primer colofón: las elocuentes voces del artículo 26 de la Ley 361 de 1997, no prevé que cualquier situación de salud de lugar a la protección especial allí prevista.
3. Determinación de la discapacidad
Desde mi sentir, para concretar en quién se habilita la garantía foral, debe acudirse a la aplicación del concepto de discapacidad, el cual no ha sido estático, ha variado como consecuencia de diferentes factores, pues evoluciona de acuerdo con las nuevas realidades de la sociedad que, en todo caso, resulta de la interacción entre las personas con deficiencias, las ayudas disponibles con las que cuentan y, las barreras externas que dificultan o impiden su participación en la sociedad; entre ellas, los cambios tecnológicos, mejoras en los procedimientos de salud y avances científicos, de manera que, la protección se dirige inequívocamente a dotar a esta población de los mismos derechos y oportunidades que asisten a todos los seres humanos y que acuña como lenguaje técnico desde vieja data la distinción entre deficiencia, discapacidad y, aun, cuando hoy no se utilice el término «minusvalía».
Así, a partir de la definición de discapacidad, se han establecido normativamente procedimientos que permiten esclarecer si una persona se encuentra en un estadio que requiere la protección, en este caso laboral y, ello es así por cuanto, la acción afirmativa debe estar dirigida a quien realmente la requiere, en otras palabras, aun cuando una persona puede estar en una situación de discapacidad e inclusive una condición de salud, no necesariamente requiere de la protección.
Y como se indicó, nuestra legislación ha determinado las condiciones para determinar si una persona se encuentra en condición de discapacidad, incluido en tal concepto la situación de salud relevante y, en la misma, se ha evidenciado la incorporación de elementos no solamente físicos, que involucran aspectos relativos a la interacción con la sociedad. Efectivamente, el Decreto 2463 de 2001, además de establecer en su artículo 7, el «Grado de severidad de la limitación» dispuso en su artículo 4, que la calificación se debía efectuar con base en el Manual Único para la Calificación de la Invalidez o en las tablas de calificación vigentes al momento de la estructuración de dicha pérdida.
De lo anterior se concluye que la regulación ha estatuido que la procedencia de la protección foral se activa cuando esta tiene una connotación relevante, para ello, ha determinado límites a partir de los cuales opera y es esta la que constituye esa situación concreta que requiere la acción afirmativa.
En el horizonte trazado, el artículo 2º de la Ley 1145 de 2007, contempla la definición de persona con discapacidad atada a la actualización que de la misma realizara la Organización Mundial de la Salud, OMS, dentro de la Clasificación Internacional de Funcionalidad, CIF. Los parámetros de calificación de esta condición son:
No hay problema
(ninguno, insignificante)
0–4 %
Problema LIGERO
(poco, escaso)
5–24 %
Problema moderado
(medio, regular)
25–49 %
Problema grave
(mucho, extremo)
50–95 %
Problema completo
(total)
96–100 %
Tales baremos, fueron acogidos por la reciente Resolución n.° 113 de 2020, derogada por la Resolución 1239 de 2022 expedida por el Ministerio de Salud y Protección Social que dentro de su anexo técnico al referirse a la discapacidad severa, moderada y leve acogiendo la escala, precisamente de la CIF, definió el siguiente gradiente:
Calificador
Descriptor
Rangos
0
Ninguna
0-4%
1
Leve
5-24%
2
Moderada
25-49%
3
Severa
50-95%
4
Completa o no lo puede hacer
96-100%
Así fluye cristalino que, siempre se ha tenido un límite definido para establecer cuándo una persona tiene la protección foral, que fue reconocido por la Corte en inveterada jurisprudencia, aunque en términos diferentes.
De lo anterior, puedo afirmar que, ante la mirada de la evolución normativa y de la CIF, la protección a las personas que se encuentran en situación de discapacidad, siempre debe enmarcarse en que el límite mínimo para que ella proceda debe ser aumentado al 25% o más y, en todo caso, inferior al 50% de la pérdida de capacidad laboral, insisto, por cuanto hoy en día, se cuenta con una regulación autónoma, la cual desarrolla el enfoque de derechos humanos y modelo social, en especial, la existencia baremos objetivos que permiten su determinación.
No está de más indicar que, la descalificación absoluta de un marco numérico nos llevaría a la contradicción de que, bajo el concepto de acción afirmativa, se establezcan medidas que generen el efecto no deseado de impedir la participación. De allí, la importancia de definir claramente el sujeto protegido y el alcance de la garantía. En el mismo sentido, pero, con otras palabras, la protección de las situaciones de discapacidad sin un criterio objetivo, lejos de proteger desincentiva la contratación de personas en ellas inmersa.
Cobra entonces importancia, la necesidad de diferenciar el evento en que se contrate a un trabajador(a) con una condición de discapacidad y aquél que la adquiere en el decurso de la relación laboral. En el primer evento, no podría concebirse que sea causal de terminación del contrato su limitación y, por ende, es posible proceder a finiquitarlo, sin que se requiera algún tipo de procedimiento; no así en el segundo caso, donde, se insiste, deberá agotarse el trámite de permiso para despedir ante la autoridad administrativa competente y por supuesto, de presentarse, acreditar en el juicio laboral respectivo, si efectivamente se contaba con una condición de especial relevancia constitucional.
Debe quedar patente que todo lo expuesto, no se desdice de la necesaria e inexcusable carga probatoria de acreditar la situación de discapacidad, la cual se encuentra a cargo de quien se pregona como su sujeto activo; todo ello, en el marco de la libertad probatoria, y ante el análisis de cada contexto en particular, sin perder de vista que actualmente existen instrumentos que permiten valorar cada uno de los elementos que conforman la situación de discapacidad y que incluyen la valoración conforme a la respectiva deficiencia, la valoración de los roles personal, social y laboral de manera muy general. Valoración técnico-científica que puede encontrar excepción, por supuesto, en aquellos eventos donde las limitaciones que se padecen sean hechos notorios.
Recapitulando entonces, y puestas en esta dimensión las cosas, puedo afirmar que para que se determine la condición de discapacidad se debe partir de la existencia de una deficiencia; no obstante, este solo aspecto no implica una discapacidad, ya que ello nos retornaría a un enfoque biológico.
Entonces, definida la existencia de la deficiencia, se debe verificar si hay ayudas disponibles y si las mismas permiten la integración de la persona en condiciones de igualdad, nuevamente, no se abre paso el determinar que se cuenta con una discapacidad.
Ahora, si existiendo la deficiencia y la ayuda disponible, aún se encuentran barreras en el entorno, entramos al camino de los ajustes razonables y si con ellos se supera el obstáculo para el desempeño laboral, no se concreta la situación de discapacidad.
Y es que en materia de ajustes y su razonabilidad también se encuentra un marco normativo que permite su valoración, pues al estar enfocado al rol laboral será precisamente el análisis del puesto de trabajo y todo aquello que se relacione con las condiciones de la prestación del servicio, salud y seguridad en este último, junto con las demás que regulan esta naturaleza de relaciones, las que definirán la razonabilidad de ellos e inclusive la imposibilidad de realizarlos, evento en el que se hace necesario acudir ante el ente ministerial correspondiente.
En ese orden de ideas, bajo el marco planteado, surge un interrogante de cara a la posición mayoritaria, y se plantea de la siguiente manera: puede entenderse que el juez, por su sola condición como tal, cuenta con el conocimiento técnico-científico para determinar, con objetividad, si un trabajador(a) realmente se encuentra en una situación de discapacidad considerable así como cuáles son las ayudas razonables que requiere; realmente desde mi punto de vista, considerar ello así, es dejar al arbitrio de cada juzgador, la determinación de tales conceptos, lo que claramente lejos de garantizar la justicia en estos casos, permitirá la existencia de situaciones que la desconozcan.
De esta manera, no se resuelve, de fondo, la imperiosa necesidad de otorgar reglas claras en materia de protección cuando nos alejamos de aquellas previsiones consignadas expresamente por la legislación interna y que a las elocuentes voces de los artículos 26 de la Ley 361 de 1997, nos obligan a aplicar la protección de no desvinculación de su labor, a aquél empleado(a) por la sola razón de una situación de discapacidad, pero se olvida, que sí existe la posibilidad de solicitar autorización al Ministerio del Trabajo, si se acredita que ella es incompatible e insuperable con la labor que se desarrolla.
De esta manera, si el trabajador es vinculado para ejercer determinada labor y dada su afectación no puede desarrollarla dada la imposibilidad de realizar ajustes razonables, lo que se acredita ante la autoridad administrativa prenunciada, no podría hablarse de la existencia de una discriminación por tal hecho, pues fue el legislador, el que habilita la terminación de su contrato de trabajo sin que se genere la indemnización de 180 días a que hace referencia la ley.
En ese sendero, entender de una manera diferente la Ley 361 de 1997, es desdibujar su real intención para, con ello, obligar a mantener una contratación sin que se cumpla la finalidad para la cual fue requerida.
Y es que aceptar ello así, desconoce la realidad de nuestro país donde la micro, pequeña y mediana empresa sobrepasa con creces aquel índice previsto para las de mayor extensión. Sobre tal particular, el último boletín del Directorio Estadístico de Empresas publicado por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística DANE, a manera de ejemplo, para el año 2021, la microempresa que la define como aquella que emplea hasta 10 trabajadores reportaba para personas naturales un número igual a 4.824.341 y jurídicas 772.975 mientras que para la misma anualidad en el caso de las grandes empresas, definida como aquellas que cuentan con más de 200 empleados, se reportan para personas naturales un total de 51 y jurídicas 6.116.
En ese orden de ideas, no fijar derroteros claros en la protección, como lo serían, en un primer plano, tales criterios estadísticos en pro de la protección de las situaciones de discapacidad, lejos de llevar a la realización de la justicia, como se indicó en líneas superiores, puede provocar su efecto contrario, como lo sería generar condiciones poco propicias para la contratación de personal que se encuentra en ella inmerso.
Por demás, estos datos también impactan en el no poco claro criterio sobre «ajustes razonables» donde el rasero que se le puede exigir a un microempresario jamás podría ser el mismo a aquel que pertenece a las grandes empresas; lo que, por demás, sería un claro criterio de equidad y proporcionalidad. Y ello, sólo podría ser establecido por profesionales expertos en la materia y, se insiste, no a las vistas del juzgador respectivo, quien debe, como mínimo, contar con los informes ocupacionales que le indiquen los ajustes razonables que se requieren para la prestación del servicio, por lo menos, de una manera óptima para el trabajador y que deban ser desplegados por su empleador.
Así, en el mismo sentido, la ausencia de delimitación en la protección sobre la discapacidad trasladaría a los empleadores, de forma total, una obligación que realmente es establecida a cargo del Estado Colombiano o, por lo menos de manera principal, puesto que es este el responsable de desplegar las políticas que conlleven la garantía de los derechos de esta población, afirmación que puede extractarse de una simple lectura a la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, dado que sus intervinientes son quienes manifiestan su compromiso en «promover, proteger y asegurar el goce pleno y en condiciones de igualdad de todos los derechos humanos y libertades fundamentales por todas las personas con discapacidad, y promover el respeto de su dignidad inherente».
Finalmente, debo resaltar que la discapacidad a diferencia de la invalidez, en materia laboral propende por la estabilidad en el empleo, es por ello que la forma en que se determina sea distinta y que hoy cuente con una regulación diferenciada de aquel que determina la pérdida de capacidad laboral que, justamente, busca lo opuesto, que una persona ya no cuenta con la posibilidad de mantenerse en su labor; de allí que, no sea acertado hablar de la pérdida de la capacidad laboral en tratándose de discapacidad.
En resolución: son estas las razones por las cuales, en el presente asunto, ante la ausencia de prueba de la situación de discapacidad en los términos planteados, no se abría paso al quiebre del acto jurisdiccional controvertido.
Fecha ut supra,