FERNANDO CASTILLO CADENA
Magistrado ponente
SL1505-2023
Radicación n.° 95308
Acta 20
Bogotá, D.C., siete (7) de junio de dos mil veintitrés (2023).
Decide la Sala el recurso de casación interpuesto por el apoderado de COLFONDOS S.A. PENSIONES Y CESANTÍAS contra la sentencia proferida por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali, el 30 de septiembre de 2021, en el proceso que promovió en su contra FREDY LOZADA y fue integrada como llamada en garantía MAPFRE SEGUROS VIDA COLOMBIA S.A.
I. ANTECEDENTES
Fredy Lozada promovió acción ordinaria laboral en contra de Colfondos S.A. para que se le condenara al reconocimiento y pago de la pensión de sobrevivientes en forma vitalicia en un 100% por la muerte de la señora Otilia Cáceres Montenegro, a partir del 14 de febrero de 2011, las mesadas adicionales, los intereses moratorios, ultra y extra petita, las costas y agencias en derecho.
Fundamentó sus peticiones, básicamente, en que: Otilia Cáceres Montenegro, afiliada a Colfondos S.A., falleció el 14 de febrero de 2011; la mencionada convivió en unión marital con el demandante hasta su deceso; procreó tres hijos con anterioridad al vínculo sentimental con el actor y, sufragaba sus gastos de techo, vestuario y alimentación; contaba con 109 semanas en los últimos tres años, las cuales resultaban suficientes para que se causara la prestación económica solicitada; y reclamó la pensión de sobrevivientes sin que hubiera recibido respuesta alguna.
Colfondos S.A., se opuso a la prosperidad de las pretensiones con fundamento en que no se demostró la convivencia de cinco años con antelación a la muerte y propuso las excepciones de falta de integración del contradictorio, inexistencia de reclamación completa para decidir de fondo la reclamación, inexistencia de intereses moratorios, falta de causa y buena fe y la innominada o genérica. Llamó en garantía a Mapfre Colombia Vida Seguros S.A.
Mapfre Colombia Vida Seguros S.A., se opuso a las pretensiones de la demanda y, en su defensa, propuso las excepciones de inexistencia de la obligación de indemnizar, ausencia del pago del retroactivo de mesadas pensionales, límite de amparos y cobertura, requisito para la cobertura consagrada en el amparo de sumas adicionales para pensiones de sobrevivientes, exclusión de cobertura pactada expresamente en la póliza, carga de la prueba de los perjuicios sufridos y de la responsabilidad del asegurado y la innominada.
II. SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
El Juzgado Sexto Laboral del Circuito de Cali, mediante sentencia del 19 de noviembre de 2018, dispuso:
Primero. - CONDENAR a COLFONDOS PENSIONES Y CESANTÍAS S.A. a reconocer y pagar al señor FREDY LOZADA identificado con la C.C.10.481.127 la pensión de sobrevivientes que reclama con ocasión de la muerte de la señora OTILIA CÁCERES MONTENEGRO a partir del 14 de febrero de 2011, en el equivalente al 61% según lo expuesto.
Segundo. - CONDENAR a COLFONDOS PENSIONES Y CESANTÍAS S.A. a reconocer y pagar al señor FREDY LOZADA el retroactivo a que hubiere lugar a partir del 14 de febrero de 2011.
Tercero. - CONDENAR a COLFONDOS PENSIONES Y CESANTÍAS S.A. a reconocer y pagar al señor FREDY LOZADA las sumas que por concepto de retroactivo se causen debidamente indexadas con base en el IPC certificado por el DANE, a la fecha efectiva del pago.
Cuarto. - CONDENAR a MAPFRE COLOMBIA VIDA SEGUROS S.A. a reconocer la suma adicional requerida para financiar la pensión de sobreviviente a que se condena, si a ello hubiere lugar, de acuerdo con la póliza suscrita.
Quinto.- NO DAR PROSPERIDAD a las excepciones de fondo propuestas por la demandada y la llamada en garantía.
Sexto. - ABSOLVER a la demandada y a la llamada en garantía de todas las demás pretensiones incoadas en su contra por el señor FREDY LOZADA.
Séptimo.- AUTORIZAR a COLFONDOS PENSIONES Y CESAN´TIAS S.A. para que sobre las mesadas pensionales reconocidas efectúe los descuentos por concepto de aportes al régimen de salud que correspondan.
Octavo.- SIN COSTAS en esta instancia.
III. SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
La Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali, al resolver el recurso de apelación interpuesto por el demandante, demandada y llamada en garantía, en fallo del 30 de septiembre de 2021, dispuso:
PRIMERO.- MODIFICAR el numeral TERCERO de la sentencia adicional a la sentencia 265 del 19 de noviembre de 2018, proferida por el JUZGADO SEXTO LABORAL DEL CIRCUITO DE CALI, en el sentido de CONDENAR a COLFONDOS S.A., al reconocimiento y pago en favor de FREDY LOZADA de notas civiles conocidas en el presente proceso, intereses moratorios del artículo 141 de la Ley 100 de 1993 por la tardanza en el reconocimiento y pago de la pensión de sobrevivientes, liquidados sobre el retroactivo adeudado, a partir del 8 de junio de 2016 y hasta que se verifique el pago efectivo de la obligación.
SEGUNDO.- CONFIRMAR en lo demás la sentencia.
En lo que tiene que ver con el recurso de casación, el juez colegiado consideró que no existía discusión en cuanto a los requisitos para acceder a la pensión de sobrevivientes y con respecto a los intereses de mora estimó que se demostró que el 7 de abril de 2016, el actor solicitó el reconocimiento de la aludida prestación, sin que la demandada hubiera acreditado que lo requirió para que aportara la documentación faltante para decidir de fondo, lo que hacía imperativo imponer los réditos solicitados en la demanda. Puntualmente sostuvo:
Respecto a la reclamación de la prestación por parte del demandante, a folio 35 del expediente reposa copia de guía No. 937042454 de Servientrega S.A., de la que se desprende que el 7 de abril de 2016 COLFONDOS S.A. recibió documentos remitidos por el apoderado del demandante.
En contestación presentada por COLFONDOS S.A., al referirse al numeral DECIMO (sic) PRIMERO de la demanda, se manifiesto: “No es cierto y aclaro que no es cierto como está redactado. Lo anterior teniendo en cuenta que si bien se radicó un derecho de petición ante mi representada, para el propósito que fue redactado en el mismo este no cumplía con los requisitos contemplados en el artículo 7 del Decreto 510 de 2003, pues como se señaló en la comunicación SER 6989-02-16 que dio respuesta de fondo al derecho de petición elevado por la parte demandante el 8 de abril de 2016 ante la oficina corporativa de Santamónica-Cali, no se radicó solicitud formal de sobrevivencia a falta de documentación completa para acreditarse el derecho pensional para el solicitante.”
A folio 98 y 99 del expediente, se encuentra la comunicación SER 6989-02-16, referida en la contestación de la demanda, de la cual se extrae: “En atención al requerimiento de la referencia, radicado a través de nuestra oficina corporativa Santa Monica (sic), el día 8 de abril de 2016, mediante (sic) allega los documentos para iniciar el trámite de Pensión de Sobrevivencia causada por el fallecimiento de la señora Otilia Cáceres Montenegro (q.e.p.d), quien en vida se identificó con número de cédula 31844305, al respecto le informamos lo siguiente: A la Luz del artículo 7° del Decreto 510 de 2003, no se radicará formalmente la solicitud de Pensión de sobrevivencia requerida por usted, hasta tanto allegue la documentación completa que acredite el derecho pensional, tal cual como lo establece la norma…”
De los documentos antes referidos, puede concluir la Sala, que el demandante radicó ante COLFONDOS S.A. solicitud de pensión de sobrevivientes, recibida por la entidad el 7 de abril de 2016, también se puede extraer que la demandada consideró que con dicha solicitud no se aportó la documentación completa para el estudio de la prestación, plasmando esto en comunicación SER 6989-02-16; sin embargo, no obra en el expediente prueba de que la misma haya sido efectivamente recibida por el señor FREDY LOZADA o por su apoderado, por tanto a la fecha de radicación de la demanda 14 de septiembre de 2016 (fl. 61), el demandante no tenía conocimiento de respuesta alguna por parte de la entidad, razón por la cual no hay lugar a dar prosperidad a los argumentos expuestos por la demandada en su recurso de apelación, debiendo confirmarse la decisión en este aspecto
IV. RECURSO DE CASACIÓN
Fue interpuesto por la demandada, concedido por el Tribunal y admitido por la Corte, se procede a resolver.
V. ALCANCE DE LA IMPUGNACIÓN
Pretende la recurrente que la Corte case la decisión acusada para que, en sede de instancia, se confirme el fallo proferido por el a quo y, en consecuencia, se absuelva del pago de los intereses moratorios.
Con tal propósito formula un cargo, por la causal primera de casación, que fue objeto de réplica por Fredy Lozada.
VI. CARGO ÚNICO
Ataca la sentencia de incurrir en error de hecho en la apreciación de las pruebas, que condujo al tribunal a aplicar indebidamente el artículo 141 de la Ley 100 de 1993.
Sostiene que el colegiado incurrió en yerro al dar por demostrado sin estarlo, que mediante la comunicación del 7 de abril de 2016 Colfondos había recibido la información necesaria para otorgar al demandante la pensión de sobreviviente y, por tanto, se causaron los intereses moratorios, a partir del 8 de junio de ese mismo año.
Acusa como erróneamente apreciadas:
La comunicación SER 6989-02-16 visible a folios 98 y 99 del expediente.
La guía número 937042454 de Servientrega S.A. que reposa a folios 30 y 35 del cuaderno de primera instancia (folio 38 y 43 del PDF)
La confesión contenida en la contestación a la demanda por parte de Colfondos al responder el hecho décimo primero de la demanda.
Luego de transcribir parte de la decisión del juez plural señala:
El error del Tribunal surge palmario de la lectura de la sentencia, pues a quien correspondía acreditar que había demostrado el derecho a la pensión y que había allegado los documentos debidamente diligenciados para tal efecto junto con la comunicación de 7 de abril de 2016 – y no lo hizo – era a la parte actora, que pretendía con ello hacerse acreedora al pago de intereses de mora. No obstante[,] lo anterior, esa carga no se cumplió pues en esa oportunidad no solo no se diligenciaron los documentos necesarios para otorgar la pensión, sino que tampoco se acreditó la calidad de beneficiario del señor Lozada. El ejercicio hermenéutico el Ad-quem, para concluir que ello se había efectuado es equivocado.
En efecto, la no constancia de entrega de la comunicación 937042454 de Servientrega S.A. no demuestra cuáles fueron los documentos que allegó el señor Lozada el 7 de abril de 2016 y por lo tanto no puede concluirse que con ellos se acreditó el derecho.
En ese sentido es claro que no se demostró que el 7 de abril de 2016 el señor Fredy Lozada hubiera demostrado la calidad de beneficiario ni diligenciado debidamente la totalidad de los documentos necesarios para el otorgamiento de la pensión y por lo tanto no había lugar a aplicar el artículo 141 de la ley 100 de 1993 ni condenar a mi mandante a pagar intereses de mora.
VII. RÉPLICA DE FREDY LOZADA
Como primera medida advierte que la condena a intereses moratorios no supera la cuantía para acceder al recurso de casación pues no supera los 120 salarios mínimos legales mensuales vigentes, dado que ésta es la única condena que genera inconformidad. En todo caso sostiene que la jurisprudencia de la Corte sobre tales réditos es que estos son de naturaleza resarcitoria y no sancionatoria por encaminarse a proteger a los beneficiarios de la prestación pensional del retardo en el reconocimiento.
Añade que no hay discusión que la demandada recibió el documento de fecha 7 de abril de 2016 en el que el actor solicitó la pensión de sobrevivientes y así se evidencia con la guía de entrega, en cambio, brilla por su ausencia prueba de recibo por el demandante de la comunicación SER 6989-02-16 visible a folios 98 y 99, por lo que la accionada tenía hasta el 7 de junio de 2016 para resolver la solicitud, como no lo hizo era imperativo imponer la condena solicitada, sin que pueda endilgarse que por no satisfacer a los requerimientos de la entidad, que nunca conoció, aquellos no se causen.
VIII. CONSIDERACIONES
Como se exhibe cristalino del itinerario procesal, para imponer la condena por concepto de intereses moratorios, la sala sentenciadora, en estricto rigor, se afincó en la plataforma probatoria, la que le permitió inferir que el accionante solicitó el reconocimiento de la pensión de sobrevivientes el 7 de abril de 2016, y aun cuando la demandada estimó que no se aportó la documentación completa, tal como lo plasmó en la comunicación SER 6989-02-16 dirigida al promotor del juicio, no demostró que efectivamente hubiera sido recibida por éste o su apoderado, por lo que concluyó que a la fecha de presentación de la demanda, el mencionado no tenía conocimiento de respuesta alguna a su petición, tal como lo afirmó en la demanda.
En contraposición, la censura aduce la errónea valoración probatoria que condujo a la aplicación indebida de las normas acusadas en la proposición jurídica, como quiera que a quien correspondía acreditar que había solicitado la pensión y allegado los documentos necesarios para decidir era a la parte actora, quien no lo hizo, carga que no se cumplió, además que la no constancia de entrega de la comunicación que echó de menos el sentenciador, no demuestra los documentos que allegó el accionante el 7 de abril de 2016, por lo que no puede concluirse que con ellos acreditó el derecho.
Pues bien, delimitado el meollo del asunto bajo examen, y según aflora del esquema del recurso extraordinario, la Sala procede a estudiar si en verdad el colegiado incurrió en un yerro fáctico al considerar que debía tenerse en cuenta el documento del 7 de abril de 2016 que el demandante remitió a la demandada, como fecha de reclamación de la pensión a efectos de contabilizar los intereses moratorios.
Como primera medida estima la Corte necesario memorar que, se acude a la vía indirecta cuando el sentenciador estime equivocadamente, o deje de contemplar algún medio de prueba relevante para la decisión. Tal proceder, lo conducirá a incurrir en errores de hecho o de derecho, consistentes ambos, en tener por probado dentro del proceso algo que realmente no lo está, o, en no tener por acreditado lo que realmente sí lo está; los primeros, (conocidos como «de hecho»), se cometen –en la casación del trabajo- sólo respecto de las pruebas calificadas, estas son, la confesión judicial, la inspección judicial o el documento auténtico y, los segundos (llamados «de derecho»), sobre las pruebas solemnes.
También ha dicho la Corte que, cuando la acusación se enderece formalmente por la vía indirecta, le corresponde al censor cumplir los siguientes requisitos elementales: precisar los errores fácticos, que deben ser evidentes; mencionar cuáles elementos de convicción no fueron apreciados por el juzgador y en cuáles cometió errónea estimación, demostrando en qué consistió ésta última; explicar cómo la falta o la defectuosa valoración probatoria, lo condujo a los desatinos que tienen esa calidad y determinar en forma clara lo que la prueba en verdad acredita. Expresado en otras palabras, cuando de error de hecho se trata, es deber del impugnante en primer lugar precisar o determinar los errores y posteriormente demostrar la ostensible contradicción entre el defecto valorativo de la prueba y la realidad procesal, sirviéndose para ello de las pruebas que considere dejadas de valorar o erróneamente apreciadas (sentencia CSJ SL, 23 mar. 2001, rad. 15.148).
Aclarado lo anterior corresponde a la Sala definir si el tribunal incurrió en algún error evidente en la apreciación de los documentos denunciados en el cargo.
Con respecto a la comunicación SER 6989-02-16 visible a folios 98 y 99 del expediente, que la demandada dirigió al accionante en la que le informa que la documentación que allegó con la solicitud pensional se encuentra incompleta, no fue apreciada erróneamente por el tribunal, toda vez que nada diferente a su contenido derivó el colegiado; lo que hizo el sentenciador fue poner de presente que la demandada no demostró que dicho documento fue recibido por el actor o su apoderado, aspecto que el censor considera irrelevante, pues estima que lo que debió observar el juez plural era que el demandante hubiera allegado toda la documentación necesaria para decidir la solicitud prestacional, dado que era su carga, lo cual efectivamente no hizo.
Con relación a la guía de Servientrega del documento remitido por correo a la demandada, tampoco se encuentra inferencia equivocada del sentenciador, pues lo que coligió de allí es que consta la entrega de la misma a Colfondos el 7 de abril de 2016 y así se verifica en el instrumento, lo cual encontró corroborado con la contestación al hecho décimo primero, sin que nada diferente se advierta de la sola observación de tales instrumentos.
Así las cosas, el recurrente no logra demostrar la indebida valoración probatoria que le enrostra al juez colegiado.
Más bien lo que se advierte del cargo es la inconformidad del recurrente con la decisión en cuanto debió entender que le correspondía a la parte actora demostrar que allegó la documentación completa para solicitar el derecho a la pensión de sobrevivientes reclamada, para ahí sí, imponer el pago de los intereses moratorios, inferencia que hace relación a la carga de la prueba, aspecto eminentemente jurídico que no es viable atacar a través de la vía utilizada por el casacionista.
En efecto, esta Corte, en la sentencia CSJ SL2186-2018, recordó que cuando la inconformidad del recurrente estriba en torno a la carga de la prueba, no es técnicamente viable proponerla por la vía fáctica o probatoria, como aquí ocurre, pues el posible error no se extrae de los elementos demostrativos sino de la propia ley, como lo tiene asentado esta Corporación, entre otras, en sentencia de 28 de abril de 2000, radicación 13664, reiterada en la del 10 de agosto del mismo año, radicación 13873, en la que se razonó: «en el recurso de casación no es un error de hecho una argumentación sobre la carga de la prueba, por cuanto la distribución del “onus probando” está determinada por la ley, la cual señala a quien incumbe probar un determinado hecho y quien corre con la desfavorable consecuencia de su falta de demostración (art. 177 del C.P.C. y art. 1757 del C.C.)».
De manera que, las razones expuestas resultan suficientes para despachar desfavorablemente el cargo.
Las costas en el recurso extraordinario serán a cargo de parte recurrente, por cuanto su acusación no salió avante y hubo réplica por parte de Fredy Lozada. Como agencias en derecho se fija la suma de $10.600.000,oo, que se incluirán en la liquidación con arreglo en lo dispuesto en el artículo 366 del C.G.P.
IX. DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, NO CASA la sentencia proferida por la Sala de Decisión Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali, el 30 de septiembre de 2021, en el proceso que instauró FREDY LOZADA contra COLFONDOS S.A. PENSIONES Y CESANTÍAS y en el que se llamó en garantía a MAPFRE SEGUROS VIDA COLOMBIA S.A.
SEGUNDO: Costas como se indicó.
Notifíquese, publíquese, cúmplase y devuélvase el expediente al tribunal de origen.
LUIS BENEDICTO HERRERA DÍAZ
Presidente (E) de la Sala
No firma por ausencia justificada
GERARDO BOTERO ZULUAGA
FERNANDO CASTILLO CADENA
IVÁN MAURICIO LENIS GÓMEZ
CLARA INÉS LÓPEZ DÁVILA
OMAR ÁNGEL MEJÍA AMADOR
No firma por ausencia justificada
MARJORIE ZÚÑIGA ROMERO