Ficha de la providencia
Sentencia SL157-2023
Corte Suprema de Justicia · Sala de Casación Laboral
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Corte Suprema de Justicia · Sala de Casación Laboral
Ficha de la providencia
Sentencia SL157-2023
Corte Suprema de Justicia · Sala de Casación Laboral
República de Colombia
Corte Suprema de Justicia
Sala de Casación Laboral
Sentencia SL157-2023
Magistrado ponente: Donald Jose Dix Ponnefz
8 de febrero de 2023
DONALD JOSÉ DIX PONNEFZ
Magistrado ponente
SL157-2023
Radicación n.° 93358
Acta 3
Bogotá, D. C., ocho (8) de febrero de dos mil veintitrés (2023).
La Sala decide el recurso de casación interpuesto por MARIA LUCELY OTÁLVARO GÓMEZ contra la sentencia proferida por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín, el 1 de septiembre de 2021, en el proceso que instauró contra la ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES - COLPENSIONES.
ANTECEDENTES
María Lucely Otálvaro Gómez llamó a juicio a Colpensiones, para que se declarara que tiene derecho a «las semanas cotizadas a través del cálculo actuarial», por el tiempo servido a Olga Luz Osorio Muñoz, entre el 1 de noviembre de 2014 y el 31 de diciembre de 2015; en subsidio, que padece de enfermedades degenerativas, catastróficas, crónicas o progresivas y, por ende, aplicable el precedente contenido, entre otras, en las sentencias CC T032-2014 y CC T043-2014, que establecieron «que el conteo de semanas en estos escenarios no sólo es la fecha del dictamen, sino también a partir de la última cotización, por la pérdida de capacidad residual, en este caso 31/03/2010».
En consecuencia, solicitó el reconocimiento y pago de la pensión de invalidez de origen común, junto con las mesadas adicionales, intereses moratorios o indexación, lo ultra y extra petita, y costas procesales.
Fundamentó sus pretensiones, en que nació el 25 de septiembre de 1957, por lo que tenía 61 años de edad; que dependía económicamente de su «padre», «hermana» y «cuñado», pues no tenía hijos, bienes ni fuentes de ingresos, debido a su grave condición de salud; que Colpensiones mediante dictamen n.°2016190021900 del 25 de noviembre de 2016, le calificó una pérdida de capacidad laboral (PCL) del 71.98% de origen común, con fecha de estructuración de la invalidez 26 de octubre de 2016, por la patología «“d485 tmor (sic) de comportamiento incierto o desconocido de la piel” y “deficiencia motivo de calificación – Capítulo 1 Deficiencias por alteraciones debidas a neoplasias o cáncer, Capítulo 12 Deficiencias del Sistema Nervioso central periférico».
Narró que requirió a la administradora la pensión de invalidez el 22 de diciembre de 2016, la cual fue negada a través de la Resolución GNR 393279 del 29 de ese mismo mes y año, con el argumento de que no reunía las semanas exigidas en la ley, decisión que fue confirmada en la GNR 36189 del 31 de enero de 2017 y SUB 244628 del 31 de octubre de 2017, a pesar de que la entidad en el último acto administrativo en mención, tuvo en cuenta los aportes equivalentes al «cálculo actuarial» que Olga Luz Osorio Muñoz asumió por el tiempo servido, entre el 1 de noviembre de 2014 y el 31 de octubre de 2015, en tanto estimó que «el hecho generador de la invalidez ocurrió con anterioridad a la fecha de realización del cálculo actuarial».
Aseguró que en la historia laboral generada el 7 de febrero de 2019, se registraron 520,86 semanas cotizadas e interrumpidas, desde el 13 de marzo de 1990 hasta el 31 de diciembre de 2015; y, que debido a su situación, el Juzgado Treinta y Cuatro Administrativo de Medellín, mediante fallo de tutela del 19 de febrero de 2017, amparó sus derechos y ordenó a Colpensiones a pagarle la pensión de invalidez de manera transitoria y le impuso la carga de promover demanda ordinaria; de manera, que a través de la Resolución SUB 52740 del 2017, la entidad le reconoció la prestación a partir del 1 de marzo de 2019, en cuantía de $828.116 (fs.°1 a 11).
La Administradora Colombiana de Pensiones – Colpensiones, al responder, se opuso a todas las pretensiones; en cuanto a los hechos, aceptó la edad de la demandante; el dictamen de PCL que contiene el porcentaje, la fecha de estructuración de la invalidez y el diagnóstico; que negó la prestación solicitada en los diversos actos administrativos; que no podían tenerse en cuenta los aportes equivalentes al «cálculo actuarial» que sufragó la empleadora Olga Luz Osorio Muñoz, porque fueron pagados posteriormente a la fecha de estructuración; y, que vía acción de tutela le fue concedida la pensión de manera transitoria.
Destacó que la accionante no tenía derecho a la pensión de invalidez, toda vez que, si bien padecía una PCL superior al 50%, también lo era que no acreditó 50 semanas en los 3 años anteriores a la fecha de estructuración, conforme a lo dispuesto en el art. 39 de la Ley 100 de 1993, modificado por el art. 1 de la Ley 860 de 2003.
En su defensa, formuló las excepciones de mérito que denominó: «inexistencia de la obligación», «inexistencia de obligación de pagar intereses de mora del artículo 141 de la ley 100 de 1993», «buena fe de colpensiones», «prescripción», «imposibilidad de condena en costas», «descuento del retroactivo por salud» y la «innominada» (fs.°128 a 131).
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
El Juzgado Diecisiete Laboral del Circuito de Medellín, mediante fallo de 27 de septiembre de 2019, absolvió a la llamada a juicio de todas las pretensiones y dispuso que una vez estuviera en firme la decisión, cesaría el pago de la pensión de invalidez y se surtiera el grado jurisdiccional de consulta en caso de que no fuera apelada. No gravó costas (f.° cd. 164).
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
La Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín, al resolver el grado jurisdiccional de consulta en favor de la promotora del litigio, mediante sentencia del 1 de septiembre de 2021, confirmó la de primer grado. No impuso costas (fs.°174 a 179).
En lo que interesa al recurso extraordinario, el colegiado indicó que el problema jurídico que debía resolver consistía en determinar si era posible «darle valor al cálculo actuarial pagado por la señora Olga Luz Osorio en calidad de empleadora de la demandante», a fin de tenerlo en cuenta en la sumatoria de semanas y, si se cumplieron las exigencias para acceder a la pensión de invalidez.
Encontró probados los siguientes supuestos:
i) Colpensiones calificó a María Lucely Otálvaro Gómez una PCL del 71.98% con fecha de estructuración 26 de octubre de 2016; ii) que a través de la Resolución GNR 393279 de 2016, denegó la pensión de invalidez (fs.°14 a 15), ya que de las «426 semanas cotizadas», ninguna se aportó dentro de los 3 años anteriores a la estructuración de la invalidez; iii) que Olga Luz Osorio Muñoz en calidad de empleadora de la actora, el 27 de julio de 2017 sufragó el cálculo actuarial, por el tiempo servido del 1 de noviembre de 2014 al 31 de diciembre de 2015 (f.°132), que fue incluido en la historia laboral «con la observación "cálculo actuarial artículo 33 Ley 100-pago aplicado al periodo"»; iv) que la administradora de nuevo denegó la prestación en los actos administrativos SUB 244628 de 2017 (f.° 20 a 23), SUB 263706 de 2017 (f.° 25 a 27) y DIR 1719 de 2018 (f°. 29 a 32), en tanto «no era posible tener en cuenta los periodos cancelados a través de cálculo actuarial, dado que el hecho generador de la invalidez ocurrió con anterioridad al pago del mismo»; y, v) el Juzgado Treinta y Cuatro Administrativo Oral de Medellín, mediante fallo de tutela del 19 de febrero de 2019, reconoció la prestación de manera transitoria por un término de 4 meses (fs.° 64 a 73), y se incluyó en nómina de pensionados en la Resolución SUB 52740 de 2019.
Precisó que como lo ha enseñado esta Corte, en la sentencia CSJ SL, 22 jul. 2008, rad. 34270, en los casos en los que se acredita la existencia de mora de aportes por omisión del empleador, estos se debían tener en cuenta en la historia laboral del asegurado, como quiera que es la entidad de seguridad social la llamada a responder, por no haber ejercido las acciones de cobro del art. 24 de la Ley 100 de 1993, es decir, «no puede alegar su propia negligencia para escudarse del reconocimiento de prestaciones», además de que los afiliados no podían asumir tales las consecuencias.
Añadió que en los asuntos en los que se controvertía la mora de aportes era necesario que el interesado demostrara el vínculo laboral con una prueba «siquiera sumaria», dado que es «precisamente de tal hecho que se desprende la obligación del empleador de efectuar cotizaciones al sistema», dada las eventualidades que puedan ocurrir como el retiro del servicio.
Explicó que en el sub lite aconteció una situación diferente, pues no existía «mora de aportes» sino «falta de afiliación», según daba cuenta el resumen de semanas contenido en la Resolución GNR 393279 de 2016 (f.°14) que evidencia que la demandante cotizó a través de varios empleadores desde septiembre de 1990 y cesó sus pagos el 31 de marzo de 2010, cuando se reportó retiro del sistema.
Dilucidó que Olga Luz Osorio solicitó a Colpensiones en el 2017, la liquidación del «cálculo actuarial», por los tiempos que adujo laboró María Lucely Otálvaro -noviembre de 2014 a diciembre de 2015-, con el argumento que omitió afiliar a la trabajadora al sistema de pensiones, pago que se realizó «casi un año después de que a la demandante se le hubiera determinado que padecía una pérdida de capacidad laboral superior al 50%, es decir, cuando ya se consideraba una persona inválida».
Consideró que,
[…] de las pruebas reseñadas, la supuesta empleadora de la actora, ante la omisión en la afiliación procedió en el año 2017 a hacer el pago de un cálculo actuarial por los ciclos de noviembre de 2014 a diciembre de 2015, sin embargo, estos ciclos no pueden ser validados ni tenidos en cuenta a fin de acreditar los requisitos de la pensión de invalidez; pues si bien es cierto que la jurisprudencia ha admitido el pago de aportes de manera extemporánea, incluso sin existir afiliación a través de pagos de cálculo actuarial con el fin de convalidar estos aportes y no afectar derechos pensionales, esto solo es posible para las pensiones de vejez, ya que se trata de un derecho en formación que se consolida en un largo periodo de tiempo, pero en tratándose de la pensiones de invalidez y de sobrevivientes esto solo es posible cuando el riesgo no ha ocurrido, lo que no sucede en el caso de autos, donde se realizó el pago de un cálculo actuarial de casi un año de aportes, sin preceder afiliación, pero se hizo varios meses después de que la demandante fue calificada como inválida no pudiendo validarse dichos aportes para afectos de tener por acreditadas las semanas exigidas para obtener la pensión de invalidez, pues cuando se realizó el pago en julio de 2017, ya la señora MARIA LUCELLY OTALVARO había sido calificada como inválida, con una fecha de estructuración de 2016.
Referenció como soporte de la decisión la sentencia CSJ SL, 22 mar. 2017, rad. 49638, reiterada en la SL4318-2020, que adoctrina que el «pago de cálculo actuarial cuando no existe afiliación, en pensiones de invalidez y sobrevivientes solo procede cuando el riesgo aún no ha ocurrido, ya que estas prestaciones están sometidas a un sistema de aseguramiento».
Agregó que, en todo caso, no se acreditó que los aportes sufragados a través del cálculo actuarial por parte de Olga Luz Osorio, fueran producto de una «verdadera relación laboral», como quiera que se «presentaron múltiples inconsistencias» entre lo declarado por la demandante en el interrogatorio de parte, el testimonio de Ángela María Garzón y la «información que reposa en la prueba documental», es decir, de las probanzas no se originaba «una convicción acerca de la verdadera existencia de una relación laboral en los periodos pagados de forma extemporánea a través de cálculo actuarial».
Por lo anterior, estimó que:
[…] solo podrán tenerse en cuenta los aportes realizados oportunamente por la actora, es decir las 460 semanas cotizadas entre el 13 de septiembre de 1990 y el 31 de marzo de 2010, con las cuales no acredita los requisitos para acceder a la pensión de invalidez, ya que no tiene ningunas semanas cotizadas dentro de los 3 años anteriores a la estructuración de la invalidez como lo exige la Ley 860 de 2003, esto es, entre el 26 de octubre de 2016 y el 26 de octubre de 2013.
Advirtió, que era improcedente la aplicación del principio de la condición más beneficiosa, en los términos de la Ley 100 de 1993, como quiera que según lo adoctrinado en la sentencia CSJ SL2358-2017, no se configuraron las siguientes hipótesis: i) la actora no estaba cotizando a la fecha de estructuración de la invalidez ni tenía 26 semanas dentro del año anterior a ese momento; y, ii) no se encontraba aportando al momento del cambio normativo, ni tenía 26 semanas en el año anterior. Aunado a que tampoco «podría pensarse en aplicar el Decreto 758 de 1990, pues en vigencia del mismo solo cotizó 185 semanas».
RECURSO DE CASACIÓN
Interpuesto por la demandante, concedido por el Tribunal, admitido por la Corte y sustentado en tiempo, se procede a resolver.
ALCANCE DE LA IMPUGNACIÓN
Pretende que la Corte case la sentencia impugnada, para que una vez en sede de instancia, revoque el fallo del a quo y, en su lugar, «acceda a las súplicas del líbelo genitor del proceso. Se provea sobre costas».
Con tal propósito, formula un cargo por la causal primera de casación, que fue replicado y que se procede a resolver.
CARGO ÚNICO
Denuncia la sentencia impugnada, por vía directa en la modalidad de interpretación errónea de los artículos 1, 2, 3, 11, 12, 13, 17, 20, 24, 33, 36, 50 y 141 de la Ley 100 de 1993, 9 de la Ley 797 de 2003, 1 de la Ley 860 de 2003.
Ilustra que los argumentos principales del Tribunal que sirvieron como soporte para confirmar la decisión del a quo, fueron: i) que no se probó que el «cálculo actuarial tenía como génesis una verdadera relación laboral, dada las aparentes contradicciones que halló entre lo manifestado por la actora en el interrogatorio de parte y lo manifestado [por] la testigo»; y, ii) que no era posible validar los «ciclos de noviembre de 2014 a diciembre de 2015 que fueron pagados el 27 de julio de 2017 a través de cálculo actuarial», pues, para esa época ya se había estructurado la invalidez.
Dice que el colegiado otorgó un «sentido y alcance restringido» al mecanismo de los cálculos o reservas actuariales consagradas, entre otros, en el art. 33 de la Ley 100 de 1993, modificado por el art. 9 de la Ley 797 de 2003, como quiera que Olga Luz Osorio Muñoz en su condición de empleadora pagó los aportes equivalentes al período comprendido entre el 1 de noviembre de 2014 y el 31 de diciembre de 2015, los cuales fueron recibidos a satisfacción por Colpensiones, «incluso dando por demostrada la relación laboral»; de manera, que no tenía la «virtualidad jurídica de validarse y producir los efectos jurídicos inherentes a las mismas», ya que fueron computadas para el reconocimiento de la pensión de invalidez en sede constitucional.
Transcribe la sentencia CC SU226-2019, que a su juicio se aparta de la decisión de segundo grado, e indica:
[…] el hecho que el cálculo actuarial se liquide y pague con posterioridad a la invalidez, y por tiempos anteriores a la misma, no necesariamente carecen de efectos jurídicos, como ocurre en el sub examine, pues ante el incumplimiento de la afiliación, en la jurisprudencia en comento dijo el Alto Tribunal al respecto [“]el incumplimiento de la afiliación que se materializa cuando no se adelanta el trámite de afiliación ante el Sistema de pensiones o cuando el empleador no reporta la novedad de ingreso de los trabajadores que ya han estado previamente afiliados, como es el caso de la actora, quien desde 1990 tuvo la afiliación inicial al sistema de pensiones como se otea en la historia laboral que reposa en los infolios, situación que de suyo materializa el segundo escenario, esto es, cuando el empleador no reporta la novedad de ingreso que han estado previamente afiliados, se entiende como inactivo, ya que la afiliación es acto jurídico único y con vocación de permanencia[”].
Expone que las consecuencias de la «falta de afiliación» o del «reporte del ingreso», no pueden recaer sobre la afilada, pese a que la reserva actuarial se origine con posterioridad a la fecha de estructuración de la invalidez, tal y como lo ha adoctrinado la Corte Constitucional; aunado a que los fallos proferidos en sede constitucional «tienen efectos vinculantes y obligatorios para los demás operadores jurídicos, incluso para los órganos cierre».
Manifiesta:
[…] si bien es cierto el juez tiene autonomía para apreciar y valorar la prueba, ello no per se no (sic) constituye un obstáculo insuperable, cuando esa valoración se aleja de los hechos que ella misma revelan y máxime cuando se ignora situaciones especialísimas como la edad de la demandante su grave enfermedad e invalidez y el tiempo que ha transcurrido entre el interrogatorio de parte y el testimonio (sic) período de incapacidad. Aunado a ello, que Colpensiones cuando liquidó el cálculo actuarial, no hizo ningún reparo a la existencia de la relación laboral, que es un requisito sine qua non para su procedencia.
De esto se sigue, que desde los mismos principios inspiradores de la sana crítica como la lógica y las reglas de la experiencia y la misma ciencia, resulta natural y obvio, que luego de varios años y máxime en el caso de la actora por la gravedad de su enfermedad e invalidez se incurra en imprecisiones, que fatalmente no conducen a predicar la inexistencia de la relación laboral como lo dedujo el Juez A-quo y el Tribunal.
RÉPLICA
Colpensiones se opone a la prosperidad del recurso, pues a su juicio, el Tribunal interpretó de manera ajustada a derecho las normas sustanciales aplicables al sub lite, en tanto la demandante no cumplió con los requisitos para acceder a la pensión de invalidez, pues no reunió 50 semanas en los tres años anteriores a la estructuración del estado de invalidez, dado que la última cotización se reportó en el 2010.
Añade que no existe mora patronal, ya que el «cálculo actuarial» pagado en el 2017, corresponde a un lapso en el que la actora no se encontraba afiliada -noviembre de 2014 a diciembre de 2015-, y, por ende, «no puede darse validez a ese periodo como válido para reconocer el derecho». Alude a las sentencias CSJ SL, 22 mar. 2017, rad. 49638 y CSJ SL4318-2020.
CONSIDERACIONES
El Tribunal consideró que no podía tenerse en cuenta el período comprendido entre el 1 de noviembre de 2014 y el 31 de diciembre de 2015 derivado de la falta de afiliación, para sumarlos a las semanas exigidas en el artículo 1 de la Ley 860 de 2003, con el fin de acceder a la pensión de invalidez, en razón a que fue sufragado en julio de 2017, cuando ya se había estructurado la pérdida de capacidad laboral de María Lucely Otálvaro Gómez.
Como sustento, trajo a colación la sentencia CSJ SL, 22 mar. 2017, rad. 49638, reiterada en la SL4318-2020, en la que se señaló que el «pago de cálculo actuarial cuando no existe afiliación, en pensiones de invalidez y sobrevivientes solo procede cuando el riesgo aún no ha ocurrido, ya que estas prestaciones están sometidas a un sistema de aseguramiento»; y, que, en todo caso, no se acreditó que, durante el aludido lapso, hubiere existido entre la demandante y Olga Luz Osorio Muñoz una «verdadera relación laboral».
Manifiesta la censura que la decisión del colegiado fue desacertada, como quiera que el cálculo actuarial equivalente a los aportes por período comprendido entre el 1 de noviembre de 2014 y el 31 de diciembre de 2015, que fueron pagados por la ex empleadora Olga Luz Osorio Muñoz y recibidos a satisfacción por Colpensiones, «incluso dando por demostrada la relación laboral», se tuvieron en cuenta para el reconocimiento de la pensión de invalidez en sede constitucional; además de que la «falta de afiliación» no podía recaer sobre la actora.
El problema jurídico a dilucidar radica en determinar si el ad quem se equivocó al confirmar la decisión absolutoria de primera instancia, en tanto consideró que no era factible tener en cuenta el cálculo actuarial cancelado por el período comprendido entre el 1 de noviembre de 2014 y el 31 de diciembre de 2015, en razón a que fueron pagados con posterioridad a la estructuración de la invalidez y no existir prueba de un verdadero vínculo laboral.
En el sub judice, son supuestos pasivos los siguientes: i) que María Lucely Otálvaro Gómez nació el 25 de septiembre de 1957 (fs.°49 y 117); ii) que Colpensiones le dictaminó una PCL del 71.98% con fecha de estructuración 26 de octubre de 2016 (fs.°39 a 44); iii) que a través de la Resolución GNR 393279 del 29 de diciembre de 2016, denegó la pensión de invalidez (fs.°14 a 15); iv) que Olga Luz Osorio Muñoz el 27 de julio de 2017 sufragó el cálculo actuarial, por el tiempo servido del 1 de noviembre de 2014 al 31 de diciembre de 2015 (fs.°132 a 137); y, v) que Colpensiones de nuevo denegó el reconocimiento pensional en los actos administrativos SUB 244628 de 2017 (fs.° 20 a 23), SUB 263706 de 2017 (f.° 25 a 27) y DIR 1719 de 2018 (fs°. 29 a 32).
Esta Corporación tiene adoctrinado que, por regla general, la norma aplicable para el reconocimiento de la pensión de invalidez es la vigente a la fecha de su estructuración (CSJ SL1172-2022).
De suerte que, la normativa que regula este caso, es el artículo 1 de la Ley 860 de 2003, toda vez que a María Lucely Otálvaro Gómez se le determinó una pérdida de capacidad laboral del 71.98%, con fecha de estructuración el 26 de octubre de 2016, conforme a la calificación efectuada por Colpensiones (fs.°39 a 44); y, por ende, debía acreditar que sufragó 50 semanas de cotización en los 3 años anteriores a esa data, esto es, entre el 26 de octubre de 2013 y el 26 de octubre de 2016.
Para resolver, cabe recordar, que la Corte ha adoctrinado que la afiliación y la cotización, son dos situaciones jurídicas distintas, pues la primera, ofrece una pertenencia permanente al sistema, la que se gana u obtiene gracias a la inscripción; mientras que la segunda, es una obligación eventual que nace bajo un supuesto determinado, como lo es la ejecución de una labor subordinada o por el despliegue de una actividad económica como independiente.
En la sentencia CSJ SL, 9 sep. 2009, rad. 35211, se indicó:
Claro que la afiliación y la cotización, si bien hacen parte de la relación jurídica de seguridad social y, por consiguiente, con estrechas vinculaciones y recíprocas influencias, son conceptos jurídicos distintos, que no es dable confundirlos, y que están llamados a producir secuelas totalmente diferentes en el mundo del derecho.
La afiliación es la puerta de acceso al sistema de seguridad social y constituye la fuente de los derechos y obligaciones que ofrece o impone aquél.
De tal suerte que la pertenencia al sistema de seguridad social está determinada por la afiliación y en ésta encuentran venero todos los derechos y obligaciones, consagrados a favor y a cargo de los afiliados y de las administradoras o entes gestores.
Nadie puede predicar pertenencia al sistema de seguridad social, mientras no medie su afiliación; y ningún derecho o ninguna obligación de los previstos en dicho sistema se causa a su cargo sin la afiliación.
La cotización, por su parte, es una de las obligaciones que emanan de la pertenencia al sistema de seguridad social, que, como ya se explicó, deriva, justamente, de la afiliación.
Mientras que la afiliación ofrece una pertenencia permanente al sistema, ganada merced a una primera inscripción, la cotización es una obligación eventual que nace bajo un determinado supuesto, como lo es la ejecución de una actividad en el mundo del trabajo o el despliegue de una actividad económica.
A partir de esa distinción, brota espontánea una conclusión: la afiliación al sistema de seguridad social, en ningún caso, se pierde o se suspende porque se dejen de causar cotizaciones o éstas no se cubran efectivamente.
Así surge de lo establecido en el artículo 13 del Decreto 692 de 1994, que al regular la permanencia de la afiliación, dispone: “La afiliación al sistema general de pensiones es permanente e independiente del régimen que seleccione el afiliado. Dicha afiliación no se pierde por haber dejado de cotizar uno o varios períodos, pero podrá pasar a la categoría de inactivos, cuando tenga más de seis meses de no pago de cotizaciones”.
Conviene resaltar que los beneficios o prestaciones que ofrece el sistema reclaman la afiliación al mismo, desde luego, que ella establece la pertenencia a éste, y, además, comporta la generación de la obligación de pago de las cotizaciones. Es decir, afiliación y cotización determinan el acceso a las prestaciones o a los beneficios.
Ahora bien, siendo cierto que la afiliación al sistema de seguridad social tiene carácter permanente, ello significa que cuando se ha producido una desvinculación temporal del sistema por alguna razón, como, por ejemplo, la extinción del vínculo laboral, existe la obligación del empleador respecto de quien, manteniendo su calidad de afiliado, recobra su condición de cotizante, de inscribirlo nuevamente en el sistema general de pensiones, pues se trata, sin duda, de una obligación legal que garantiza la continuidad en la cobertura que ofrece la seguridad social.
Quiere ello decir que la falta de inscripción en el sistema de quien ya está afiliado frustra la realización de los efectos jurídicos de la afiliación y, por esa razón, salvo en aquellos casos en que el asegurado ha consolidado los requisitos para obtener una prestación, es forzoso concluir que ante tal omisión se presentan las mismas consecuencias jurídicas previstas en la ley para cuando la afiliación no se ha dado. (Subraya la Sala).
Ahora bien, en cuanto a la tesis atinente a la expedición del cálculo actuarial por parte de la administradora de seguridad social y el respectivo pago a cargo del empleador a favor del trabajador por falta de afiliación al sistema, ha estado dirigida a las pensiones de jubilación y de vejez, en la medida que las de sobrevivientes y, como en este caso, de invalidez, ostentan características particulares y diferentes, ya que tienen origen en una fecha cierta de causación atada a la realización efectiva del riesgo que cubren, y están fundamentadas sobre otras concepciones de solidaridad, financiación y aseguramiento, diferentes de la acumulación de una cantidad suficiente de capital o de aportes, durante largos años, propias del riego de vejez, como lo estimó el ad quem.
En efecto, esta Corporación en la sentencia CSJ SL4698-2020, que trajo a colación las decisiones CSJ SL9856-2014, CSJ SL16715-2014, CSJ SL17300-2014, CSJ SL2731-2015 y CSJ SL14388-2015, sostuvo que «ante hipótesis de omisión en la afiliación del trabajador al sistema de pensiones, es deber de las entidades de seguridad social tener en cuenta el tiempo servido, como tiempo efectivamente cotizado, y obligación del empleador pagar un cálculo actuarial, por los tiempos omitidos, a satisfacción de la respectiva entidad de seguridad social»; lo que en un principio, relevaría al empleador del pago de las prestaciones derivadas del sistema general de pensiones.
Empero, seguidamente, en la referida providencia también se recordó que aquella orientación estaba dirigida a las pensiones de jubilación y de vejez, en aplicación de la Ley 100 de 1993, mas no a las de invalidez y de sobrevivientes, bajo el argumento de que,
[…] son derechos en formación, respecto de los cuales se puede predicar «el carácter retrospectivo, que ya ha definido la jurisprudencia de la Sala, tienen las normas de seguridad social, y que permite sean aplicables a situaciones en curso, en el momento que han entrado a regir, como es el caso del derecho a la pensión, que requiere de un término bastante largo para su consolidación, durante el cual el afiliado debe acumular un mínimo de aportes» (CSJ SL2731-2015 y CSJ SL14388-2015).
Lo anterior, en la medida que las pensiones de sobrevivientes y, como en este caso, de invalidez, tienen características particulares y diferentes a las que guían la prestación de vejez, pues tienen origen en una fecha cierta de causación atada a la realización efectiva del riesgo que cubren y están fundamentadas sobre otras concepciones de solidaridad, financiación y aseguramiento, diferentes de la acumulación de una cantidad suficiente de capital o de aportes, durante largos años, propias estas del riegos de vejez.
De tal manera que, ante la omisión de afiliación al Sistema de Seguridad Social Integral de María Lucely Otálvaro Gómez, como aconteció en el presente caso, por el tiempo servido del 1 de noviembre de 2014 al 31 de diciembre de 2015, la eventual responsable de las prestaciones que se derivaran por la condición de invalidez de aquella sería Olga Luz Osorio Muñoz; de ahí que, era indispensable su vinculación al proceso (CSJ SL4698-2020 reiterada en la CSJ SL1740-2021 y CSJ SL4250-2021).
En este orden, colige la Sala que el Tribunal no incurrió en los dislates endilgados, al no tener en cuenta los ciclos 2014-11 hasta el 2015-12, como quiera que fueron producto de la falta de afiliación y su pago se realizó con posterioridad a la fecha de estructuración de la invalidez.
Finalmente, cabe señalar, que no siempre los fallos proferidos en sede constitucional «tienen efectos vinculantes y obligatorios para los demás operadores jurídicos, incluso para los órganos cierre», pues, si bien en algunos casos el amparo constituye un mecanismo definitivo, ello no ocurrió en este asunto, puesto que en numeral segundo de la sentencia proferida el 19 de febrero de 2019, por el Juzgado Treinta y Cuatro Administrativo Oral del Circuito de Medellín (fs:°64 a 73), se ordenó que la pensión de invalidez sería reconocida de manera transitoria por un término de 4 meses y, en el numeral tercero, previno a la actora a que debía instaurar la acción ordinaria dentro del término mencionado, decisión que no ata a lo considerado en este escenario judicial.
Por lo expuesto, la sentencia del impugnada continúa con la doble presunción de acierto y legalidad de la que viene revesada.
En consecuencia, no prospera el cargo formulado.
Las costas en el recurso extraordinario estarán a cargo de la recurrente, en tanto se presentó réplica. Como agencias en derecho se fija la suma de $5.300.000 que será incluida en la liquidación que haga el juzgado, en los términos del artículo 366-6 del CGP.
DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando justicia en nombre de la República y, por autoridad de la ley, NO CASA la sentencia dictada el 1 de septiembre de 2021, por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín, dentro del proceso seguido por MARIA LUCELY OTÁLVARO GÓMEZ contra la ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES - COLPENSIONES.
Con costas, como se expuso en la parte motiva.
Cópiese, notifíquese, publíquese, cúmplase y devuélvase el expediente al Tribunal de origen.
DONALD JOSÉ DIX PONNEFZ
JIMENA ISABEL GODOY FAJARDO
JORGE PRADA SÁNCHEZ
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