Ficha de la providencia
Sentencia SL1572-2019
Corte Suprema de Justicia · Sala de Casación Laboral
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Corte Suprema de Justicia · Sala de Casación Laboral
Ficha de la providencia
Sentencia SL1572-2019
Corte Suprema de Justicia · Sala de Casación Laboral
República de Colombia
Corte Suprema de Justicia
Sala de Casación Laboral
Sentencia SL1572-2019
Magistrado ponente: Omar de Jesus Restrepo Ochoa
23 de abril de 2019
OMAR DE JESÚS RESTREPO OCHOA
Magistrado ponente
SL1572-2019
Radicación n.° 62557
Acta 013
Bogotá D. C., veintitrés (23) de abril de dos mil diecinueve (2019).
Decide la Sala el recurso de casación interpuesto por MARÍA LEILA PÁEZ contra la sentencia proferida por la Sala Laboral de Descongestión del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá D.C. el 14 de diciembre de 2012, en el proceso promovido en contra de la SUCESIÓN DE JOSÉ EDUARDO GARZÓN RODRÍGUEZ representada por sus HEREDEROS DETERMINADOS, CLARA RODRÍGUEZ DE GARZÓN, MARTHA, EDUARDO y CLARA MARÍA GARZÓN RODRÍGUEZ, NANCY STELLA GARZÓN MORENO y ADA JULIETH GARZÓN MORA, y por sus HEREDEROS INDETERMINADOS.
ANTECEDENTES
María Leila Páez demandó a la sucesión de José Eduardo Garzón Rodríguez, representada por sus herederos determinados e indeterminados, pretendiendo, que previa la declaratoria de que sostuvo con el fallecido una relación laboral desde el 3 de enero de 1986, la cual continúa vigente, se condenara a la parte demandada, al pago de los salarios dejados de cancelar desde mayo de 2009; los intereses a las cesantías doblados y los aportes al Sistema de Seguridad Social Integral en pensiones, salud y riesgos profesionales, desde el inicio de la relación; la indemnización por el no suministro de la dotación de calzado y vestido de labor; las vacaciones; las horas extras diurnas y nocturnas; los dominicales y festivos laborados; la indexación de las sumas que no tengan naturaleza salarial ni prestacional; y las costas del proceso.
Como fundamento de sus pretensiones, adujo que celebró con José Eduardo Garzón Rodríguez contrato de trabajo verbal el 3 de enero de 1986, para desempeñar labores de oficios varios de 6 a.m. a 6 p.m., y de celaduría de 6 p.m. a 6 a.m., de lunes a domingo, en la fábrica Artesanías en cuero Trianyn, ubicada en la carrera 10B n.° 25-50 sur; que recibía como contraprestación por sus servicios además del salario de $30.000 mensuales, la habitación para ella y su familia como salario en especie.
Agregó que su empleador falleció el 10 de mayo de 2009; que para dicha fecha recibía un salario de $420.000; que una vez falleció su empleador, siguió desempeñando sus oficios en el mismo sitio; que los herederos no le pagaron los salarios por los servicios prestados, desde la fecha de defunción del señor Garzón Rodríguez, ni tampoco los aportes al Sistema de Seguridad Social Integral en pensiones, salud y riesgos profesionales, por todo el tiempo laborado; que durante la vigencia de la relación laboral, no se acogió al sistema de cesantías de la Ley 50 de 1990; y que ni el señor Garzón Rodríguez ni sus herederos, le pagaron las primas de servicios causadas durante la vigencia de la relación laboral, tampoco los intereses a las cesantías, las vacaciones compensadas en dinero, ni la dotación de calzado y vestido de labor.
Los herederos determinados de José Eduardo Garzón Rodríguez, Clara Rodríguez de Garzón, Martha, Eduardo y Clara María Garzón Rodríguez, Nancy Garzón Moreno y Julieth Garzón Mora, al contestar la demanda se opusieron a las pretensiones. Aceptaron el deceso de José Eduardo Garzón Rodríguez, ocurrido el 10 de mayo de 2009.
Expresaron que entre la demandante y José Eduardo Garzón Rodríguez nunca existió relación laboral pues ella siempre fue una arrendataria de una habitación ubicada en el inmueble de propiedad de este, incluso buscó la manera de impedirles su ingreso a dicha casa de habitación, de la cual ha pretendido adueñarse en forma inescrupulosa y valiéndose de artimañas.
En su defensa propusieron las excepciones que denominaron cobro de lo no debido, falta de legitimación en la causa, prescripción de la acción y fraude procesal.
Por su parte, el curador ad litem que representa a los herederos indeterminados, al dar respuesta a la demanda, aceptó la fecha de deceso del citado señor, y expresó no constarle los demás hechos.
II. SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
El Juzgado Dieciséis Adjunto Laboral del Circuito de Bogotá D.C. mediante sentencia del 31 de agosto de 2011, absolvió a la demandada de todas las pretensiones, y condenó a la demandante a pagar las costas del proceso.
III. SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
La Sala de Descongestión Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá D.C., al resolver el recurso de apelación propuesto por la demandante, a través de la sentencia del 14 de diciembre de 2012, confirmó la decisión de primer grado.
Partió el tribunal de que el problema jurídico se orientaba a determinar la naturaleza del vínculo que unió a María Leila Páez con José Eduardo Garzón Rodríguez, pues al respecto la parte demandada alegó que se trató de un contrato de arrendamiento en el inmueble que también habitaba su padre, en el que la actora realizaba artesanías, que incluso eran comercializadas por el fallecido José Eduardo Garzón Rodríguez.
Efectuó el análisis de la prueba recaudada en el proceso, iniciando con los interrogatorios de los demandados, Clara Rodríguez de Garzón, cónyuge del fallecido (f.° 265), y de José Eduardo, Marta y Clara María Garzón Rodríguez (f.° 264, 268 y 270), Nancy Stella Garzón Moreno (f.° 277) y Ada Julieth Garzón Mora (f.° 344); igualmente relacionó la querella de perturbación promovida por la actora en contra de los herederos determinados del señor Garzón Rodríguez.
Sobre las circunstancias de modo, tiempo y lugar en que se desarrolló el nexo existente entre la demandante y el fallecido, tuvo en cuenta las declaraciones de Susana Saravia de Navarrete (f.° 324), Gerardo Quiroga Fierro (f.° 331), Gladys Bermúdez León (f.° 335), Horacio Moreno Sánchez (f.° 340), Luis Orlando Pabón Sapuyes (f.° 350), Luis Carlos Rojas (f.° 352), Clara Inés Amaya A. (f.° 360) y María Ruth Julia Gutiérrez Bejarano (f.° 370). Expresó al respecto:
De las declaraciones rendidas con anterioridad y las documentales aportadas, se extrae que la demandante elaboraba carteras de cuero, y era conocida por los vecinos del lugar, más que como empleada, como empresaria en compañía del demandado fallecido, en compañía del demandado fallecido, dada la autonomía que en dicha casa desarrollaba recibiendo material de trabajo, abriendo a los trabajadores, atendiendo al fallecido, quien inicialmente le arrendó una habitación en el sitio donde funcionaba la empresa, luego su labor la realizaba de manera independiente, y por la cantidad de carteras que fabricara o armara, se le pagaba un valor fijo, sin que estuviera supeditada a un horario pues vivía en el sitio de trabajo con total autonomía; además nada dicen los testigos vecinos, en relación con los detalles en que se desarrolló el vínculo, solamente la secretaria y algunos trabajadores indican que ella era la que se encargaba de todo, incluso la recepción del material, la apertura de la empresa, la cerrada, la atención al señor José Eduardo Garzón Rodríguez, quien como contraprestación le pagaba el valor de las carteras realizadas en su propia máquina, la que una vez deteriorada generó el uso de la propiedad del señor Garzón.
Nada dicen los testigos vecinos, en relación con el pago, no la contraprestación que recibía por los trabajos realizados, y más que una empleada, o una arrendataria, en la casa en que funcionaba la empresa, ejerció actos de señor y dueño, no sólo en relación con el inmueble, sino con la misma unidad de explotación económica, al punto de continuar con ella, con posterioridad a la muerte del señor José Eduardo Garzón Rodríguez, es decir, que no existía en ella un temor reverencial o un sometimiento jerárquico dentro de la empresa, a su empleador, su condición allí, fue más de socia, preocupada por todos los problemas y la parte administrativa de la pequeña empresa, e incluso del causante como persona natural, en la atención de sus necesidades domesticas (sic), al punto de defender con arraigo su actividad dentro de la compañía, aun con posterioridad a la muerte del señor José Eduardo, cuya desaparición no generó la de la empresa, pues ella continuó con la demandante, sin que los demandados hijos de éste ejercieran un poder de subordinación sobre ella o una sustitución patronal, al contrario los repelió, como señora y dueña, tanto del inmueble como de la unidad económica.
Advirtió que si bien las testigos María Ruth Julia Gutiérrez y Clara Inés Amaya A., sostuvieron una relación afectiva con José Eduardo Garzón Rodríguez, también eran conocedoras de los detalles y las minucias en que se desarrolló la relación entre dicho señor y María Leila Páez, esto es, de que la citada señora fabricaba carteras de manera independiente, que eran comercializadas por el señor Garzón Rodríguez, a través de la Asociación de Artesanos, por medio de la cual estuvo vinculada en materia de seguridad social, como se desprende de la prueba documental que obra a folios 215 a 219.
Concluyó que no se demostraron de manera clara los elementos de la relación laboral, y que si bien existió subordinación, no fue en relación con José Eduardo Garzón Rodríguez, sino en lo que tiene que ver con el objeto de la empresa, la fabricación de carteras, pues ellas eran elaboradas por la propia demandante, y se le pagaba por ello, sin que en el ejercicio de sus labores domésticas, estuviera sujeta a un horario, ya que éstas las ejercía dentro de la casa, donde también funcionaba la empresa.
RECURSO DE CASACIÓN
Interpuesto por la demandante, concedido por el tribunal y admitido por la corte, se procede a resolver.
ALCANCE DE LA IMPUGNACIÓN
Pretende la recurrente que se case la sentencia del tribunal, y que en sede de instancia se revoque en su totalidad la de primer grado, y se condene en costas.
Con tal propósito, por la causal primera de casación laboral, formuló un cargo que fue objeto de réplica por parte de los herederos determinados de José Eduardo Garzón Rodríguez.
CARGO ÚNICO
Acusó la sentencia de violar por la vía indirecta, en la modalidad de aplicación indebida, las siguientes disposiciones:
[…] los artículos 16, 19, 21, 22, 23, 24, del Código Sustantivo del Trabajo, Art. 7 Numeral b y art. 8 del decreto 2351 de 1965,; 8 de la Ley 153 de 1887; artículo (sic) 61 del C.S.T Modificado por el artículo 5 de la ley 50 de 1990, artículos 1, 5, 6º y 67 de la Ley 50 de 1990 que modificaron, respectivamente, los arts. 8º, 40 y 140 del Decreto-Ley 2351 de 1965; art. 39, num. 2, inciso 7º de la Ley 712 de 2001”., art. 11 de la ley 1149 de 20078 (sic), como normas medios los arts, 61, 62, 77, 145 y 157 del Código Procesal Laboral; artículos 77, 200, 210, 306, 207 y 308 del Código de Procedimiento Civil aplicado por analogía en el proceso laboral según el art. 145 del código Procesal del Trabajo y de la S.S.
Como errores de hecho manifiestos, le atribuyó al tribunal los siguientes:
No Haber dado por demostrado, estándolo, que la demandante tenía una vinculación laboral con el causante JOSE EDUARDO GARZON RODRIGUEZ al momento de su fallecimiento.
No Haber dado por demostrado, estándolo, que la demandante desempeño (sic) sus funciones como trabajadora del señor JOSE EDUARDO GARZON RODRIGUEZ al momento de su fallecimiento en el mismo sitio donde vivía.
Como pruebas no apreciadas, relacionó el libelo introductorio (f.° 134 a 145) y las facturas de ventas (f.° 6 a 120); y como pruebas indebidamente valoradas, mencionó las declaraciones de Susana Saravia de Navarrete (f.° 324), Gerardo Quiroga Fierro (f.° 331), Gladys Bermúdez León (f.° 335), Horacio Moreno Sánchez (f.° 340) y Luis Orlando Pabón Sapuyes (f.° 350).
En su demostración expresó, que el tribunal dejó de aplicar la norma sustantiva de orden nacional, descrita en el alcance de la impugnación, y como consecuencia de esa falta de aplicación, dejó de aplicar otras del orden nacional.
Señaló que con la prueba documental que aparece a folios 6 a 20 y 98 a 123, contentiva de las facturas de ventas, probó el vínculo laboral que la unió con José Eduardo Garzón Rodríguez, dando cuenta en forma concreta, de que laboraba con él y le enviaba a sus clientes los pedidos correspondientes de los productos fabricados, los cuales se confeccionaban en el sitio de trabajo; quedando así acreditada una relación laboral, con los requisitos del art. 24 del CST, es decir, los elementos de un contrato de trabajo.
Dijo que si el ad quem hubiera apreciado igualmente la demanda inicial (f.° 134 a 145), y en especial los documentos relacionados como pruebas documentales, hubiese llegado a la conclusión, de la existencia de un vínculo laboral con el señor Garzón Rodríguez, durante el tiempo comprendido entre el 3 de enero de 1986 y el 10 de mayo de 2009.
Indicó que el colegiado debió realizar un análisis global del acervo probatorio, en el presente evento, de las pruebas documentales y las declaraciones de los testigos arrimados al proceso.
Afirmó que como se probó el error cometido por el ad quem, deben estudiarse las declaraciones de Blanca Susana Saravia de Navarrete, Gerardo Quiroga Fierro, Gladys Bermúdez León, Horacio Moreno Sánchez, Luis Orlando Pabón Sapuyes, Clara Inés Amaya A., María Ruth Julia Gutiérrez Bejarano y Mario Garzón.
RÉPLICA
Los herederos determinados de Eduardo Garzón Rodríguez, aseguraron, que no se acreditó en el proceso que la demandante hubiese sostenido una relación laboral con el causante, a partir de las pruebas arrimadas al proceso, ya que aquellas conducen a la conclusión inequívoca, de que ésta nunca existió, porque a la señora Páez se le reconoció como empresaria, además de que el fallecido le había arrendado una habitación, y por consiguiente era una inquilina.
Expresaron que la recurrente se limitó a relacionar el escrito de demanda y las facturas de ventas, sin informar las razones por las cuales consideraba que no fueron apreciadas, y que respecto de las segundas, en ninguno de los documentos aparece que la actora facturara, y menos aún, que enviara la mercancía a los clientes del señor Garzón Rodríguez y que, si en gracia de discusión, se aceptara que ello fue así, no puede dejarse de lado que en el proceso quedó demostrado que actuó de manera independiente, fabricando ella misma algunos productos en cuero, con su propia máquina.
Agregaron que las declaraciones arrimadas al proceso nada aportan, pues es evidente la serie de imprecisiones y contradicciones respecto de la realidad de la relación de la demandante, pues no dan razón de si tenía o no un horario de trabajo, si la labor que ejercía para subsistir era o no independiente y si era o no inquilina en el inmueble de propiedad del causante.
CONSIDERACIONES
Como la recurrente funda su cargo en la senda indirecta, de conformidad con lo normado en el artículo 7 de la Ley 16 de 1969 modificatorio del 23 de la Ley 16 de 1968, para que se configure el error de hecho, es indispensable que venga acompañado de las razones que lo demuestran, que su existencia aparezca notoria, protuberante y manifiesta, y además, como lo ha dicho de vieja data la corte, que provenga de manera evidente de alguna de los medios de prueba calificados, esto es, de prueba documental, la confesión judicial o la inspección judicial.
Cuando el cargo se encamina por la vía de los hechos, el censor tiene la carga de acreditar, de manera razonada, la concreta equivocación en que incurrió la colegiatura en el análisis y valoración de los medios de convicción y su incidencia en la decisión impugnada, que lo llevó a dar por probado lo que no está demostrado, y a negarle evidencia a lo que sí lo está; yerros que surgen a raíz de la equivocada valoración o de la falta de apreciación de la prueba calificada.
En ese orden, no es cualquier desacierto el que puede dar lugar a la anulación de lo resuelto por el juez de segunda instancia, en tanto, son solo aquellos errores que provienen de la lectura abiertamente equivocada de un medio probatorio, esto es, que tenga la connotación de manifiesto y contrario a lo que objetivamente muestran las pruebas del proceso.
En el sub lite, vista la sentencia cuestionada y los dos reproches de orden fáctico que a la misma le atribuye la censura, le corresponde a la sala dilucidar si, como lo afirma la recurrente, se equivocó el ad quem al no haber dado por demostrado, estándolo, que María Leila Páez tenía una vinculación laboral con José Eduardo Garzón Rodríguez al momento de su fallecimiento.
El colegiado absolvió a la parte demandada de las pretensiones, al concluir:
No se demostró entonces de manera clara, los elementos de una relación de trabajo, como son la subordinación, la prestación del servicio en la que el único beneficiario fuera el hoy causante y una contraprestación por sus servicios, y si bien existió el segundo elemento, el mismo no se prestó directamente al demandado fallecido, en lo que tiene que tiene que ver con el objeto de la empresa, la fabricación de carteras, pues ellas eran elaboradas para la propia demandante y por éstas se le pagaba, sin que en ejercicio de sus labores domésticas estuviera sujeta a un horario, ya que éstas las ejercía, dentro de la casa donde también funcionaba la empresa.
Para soportar el ataque la recurrente acusó como pruebas no apreciadas, el libelo introductorio y las facturas de ventas.
Frente a la demanda inicial, dada su connotación de pieza procesal, eventualmente puede generar un error de hecho con el carácter de manifiesto, bajo el supuesto de que la voluntad de la actora hubiese sido desconocida o tergiversada ostensiblemente; así se sentó por esta corporación en la sentencia CSJ SL 8616, 5 ag. 1996, reiterada, entre otras, en las decisiones CSL SL 22386, 21 jul. 2004 y CSJ SL2052-2014, en la que la sala adoctrinó:
La demanda inicial del juicio puede ser acusada en la casación laboral como pieza procesal y no solo en cuanto contenga confesión judicial. La demanda es medio escrito, que representa la voluntad de quien pone en actividad la jurisdicción. También es acto del proceso, desde luego el primero, y en tal condición es susceptible de generar en la casación laboral el error manifiesto de hecho, pues si la voluntad del actor es desconocida o tergiversada ostensiblemente, el dicho error puede conducir a la violación de la ley sustancial, como que el sentenciador puede producir un fallo sobre lo que no se ha pedido (por yerro en la apreciación del petitum o de los hechos, o por su desconocimiento) o desatendiendo los fundamentos fácticos de lo pedido, bien en perjuicio del propio demandante o de la parte demandada. Varias han sido las decisiones de esta Sala sobre esa tesis, como también las que se han adoptado reconociendo la capacidad de generar error de hecho a otras actuaciones escritas del juicio laboral, como la contestación de la demanda, el escrito sustentatorio de la apelación, el desistimiento parcial, etc..
En el presente evento no se da tal supuesto, pues como dicha pieza procesal fue acusada por la recurrente como no valorada, lógicamente ni siquiera se alegó que hubo una indebida intelección de la misma por parte del juez de segundo grado; en este punto solo se limitó a realizar una afirmación genérica referente a que de haber sido apreciada la misma, y en especial los documentos relacionados como pruebas, se hubiese llegado a la conclusión de la existencia de un vínculo laboral con el señor Garzón Rodríguez, durante el tiempo comprendido entre el 3 de enero de 1986 y el 10 de mayo de 2009.
Lo expuesto frente a la valoración probatoria, no podría dar al traste con la conclusión a la que arribó el ad quem, ya que la vía acusada impone el análisis razonado y crítico de los eventuales desaciertos, debidamente relacionados con los medios de convicción calificados; no se trata de propugnar por otro análisis probatorio en forma genérica, como lo pretende la recurrente, sino de exponer por qué el realizado por el tribunal conllevó a errores de hecho evidentes, ya que de no hacerlo, la sentencia del tribunal quedará incólume, rodeada de la doble presunción de legalidad y acierto que caracteriza esta clase de providencias.
Igualmente acusó la censora como pruebas no valoradas, las que denominó «facturas de ventas» que obran a folios 6 a 20 y 98 a 123, de las cuales pretende deducir, que laboraba con el señor Garzón Rodríguez, y que le enviaba a sus clientes los pedidos correspondientes de los productos que fabricaba; examinadas estas, no son propiamente facturas, en los términos de los arts. 617 y 621 del Estatuto Tributario Nacional, y 774 del Código de Comercio, independientemente de ello, tales documentos en efecto reflejan es la venta y envío en algunas ocasiones por parte de la señora Páez, de unos artículos a terceros, supuesto que no es suficiente para acreditar la existencia de un contrato de trabajo entre ella y el señor Garzón Rodríguez, en los términos del art. 23 del CST, pues por el tribunal se dio por sentado, que la recurrente, en efecto participaba en la fábrica de artesanías de propiedad del primero, elaborando carteras de cuero, simplemente que no como empleada, sino con una labor independiente, y bajo esa consideración, no resulta extraño que en algunas oportunidades remitiera mercancías compradas por terceros, lo que de manera alguna devela el elemento subordinación, característico del contrato de trabajo.
Así lo ha expresado esta corporación, entre otras, en la sentencia CSJ SL 13020-2017:
Para comenzar, es claro que el elemento diferenciador entre el contrato de trabajo y el de prestación de servicios es la subordinación jurídica del trabajador respecto del empleador, poder que se concreta en el sometimiento del primero a las órdenes o imposiciones del segundo y que se constituye en su elemento esencial y objetivo, conforme lo concibió el legislador colombiano en el artículo 1 de la Ley 6 de 1945 al consagrar, que «hay contrato de trabajo entre quien presta un servicio personal bajo la continuada dependencia de otro mediante remuneración, y quien recibe tal servicio», y tal como lo repitiera en el artículo 23 del Código Sustantivo del Trabajo al señalar que en el contrato de trabajo concurren la actividad personal de trabajador, el salario como retribución del servicio prestado y la continuada subordinación que faculta al empleador para «exigirle el cumplimiento de órdenes, en cualquier momento, en cuanto al modo, tiempo o cantidad de trabajo, e imponerle reglamentos, la cual debe mantenerse por todo el tiempo de duración del contrato».
Por su parte, el contrato de prestación de servicios se caracteriza por la independencia o autonomía que tiene el contratista para ejecutar la labor convenida con el contratante, lo cual lo exime de recibir órdenes para el desarrollo de sus actividades; no obstante, este tipo de contratación no está vedado de la generación de instrucciones, de manera que es viable que en función de una adecuada coordinación se puedan fijar horarios, solicitar informes e incluso establecer medidas de supervisión o vigilancia sobre esas mismas obligaciones. Lo importante, es que dichas acciones no desborden su finalidad a punto de convertir tal coordinación en la subordinación propia del contrato de trabajo.
Por otra parte, es preciso señalar que en los contratos de prestación de servicios, por lo general el contratista desempeña sus actividades con sus propias herramientas, equipos o medios; sin embargo, bajo ciertas y particulares circunstancias es posible que esa actividad autónoma e independiente se desarrolle en las instalaciones del contratante, con elementos de su propiedad necesarios para la ejecución de la labor encomendada.
Pese a que la recurrente denuncia la indebida valoración de las declaraciones de Susana Saravia de Navarrete, Gerardo Quiroga Fierro, Gladys Bermúdez León, Horacio Moreno Sánchez y Luis Orlando Pabón Sapuyes, lo cierto es que no es posible verificar el entendimiento que el tribunal le dio a estas pruebas, toda vez que no son aptas en casación laboral, y no se advierte ningún error del ad quem en la valoración de las pruebas calificadas que permita su revisión (CSJ SL 41076, 22 nov. 2011).
En consecuencia, no incurrió el tribunal en error de hecho alguno, ni consecuencialmente, en violación de las normas relacionadas en la proposición jurídica, por lo cual, el cargo no está llamado a prosperar.
Costas en el recurso extraordinario a cargo de la recurrente, y a favor de los herederos determinados de José Eduardo Garzón Rodríguez. Como agencias en derecho se fija la suma de cuatro millones de pesos m/l ($4.000.000), valor que se incluirá en la liquidación que haga el juez de primera instancia, con arreglo a lo dispuesto en el artículo 366 del Código General del Proceso.
DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando justicia, en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley, NO CASA la sentencia proferida por la Sala Laboral de Descongestión del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá D.C., el catorce (14) de diciembre de dos mil doce (2012), en el proceso promovido por MARÍA LEILA PÁEZ en contra de la SUCESIÓN DE JOSÉ EDUARDO GARZÓN RODRÍGUEZ representada por sus HEREDEROS DETERMINADOS, CLARA RODRÍGUEZ DE GARZÓN, MARTHA, EDUARDO y CLARA MARÍA GARZÓN RODRÍGUEZ, NANCY STELLA GARZÓN MORENO y ADA JULIETH GARZÓN MORA, y por sus HEREDEROS INDETERMINADOS.
Costas como se indicó en la parte motiva.
Notifíquese, publíquese, cúmplase y devuélvase el expediente al tribunal de origen.
ANA MARÍA MUÑOZ SEGURA
OMAR DE JESÚS RESTREPO OCHOA
GIOVANNI FRANCISCO RODRÍGUEZ JIMÉNEZ
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