Ficha de la providencia
Sentencia SL1648-2021
Corte Suprema de Justicia · Sala de Casación Laboral
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Corte Suprema de Justicia · Sala de Casación Laboral
Ficha de la providencia
Sentencia SL1648-2021
Corte Suprema de Justicia · Sala de Casación Laboral
República de Colombia
Corte Suprema de Justicia
Sala de Casación Laboral
Sentencia SL1648-2021
Magistrado ponente: Olga Yineth Merchán Calderón
27 de abril de 2021
OLGA YINETH MERCHÁN CALDERÓN
Magistrada ponente
SL1648-2021
Radicación n.° 79460
Acta 14
Bogotá, D. C., veintisiete (27) de abril de dos mil veintiuno (2021).
Decide la Sala el recurso de casación interpuesto por ALBERTO OSPINA CORREA, contra la sentencia proferida por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín, el 18 de julio de 2017, en el proceso que instauró el recurrente contra la ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES - COLPENSIONES.
ANTECEDENTES
Alberto Ospina Correa demandó a Colpensiones, con el fin de que se declare que tiene derecho a la pensión especial de vejez, y en consecuencia se condene a la pasiva a pagarle dicha prestación, las mesadas adicionales, intereses moratorios, indexación y las costas del proceso.
Fundamentó sus peticiones, básicamente, en que nació el 18 de enero de 1965, tenía a la presentación de la demanda, 48 años y había cotizado 1472.75 semanas. Añadió tener una hija de nombre Ana María Ospina Villada de 21 años, quien padece una enfermedad llamada «Parálisis Cerebral infantil por paquigiria», que le produjo una pérdida de la capacidad laboral del 92.97%, con fecha de estructuración 29 de abril de 1992, según dictamen del 6 de julio de 2012; agregó que aquella se desplaza en silla de ruedas, no se sostiene sobre sus pies, no habla y tampoco controla esfínteres, razón por la que depende de otra persona, esto es, de él.
Precisó haber pedido al «ISS» el reconocimiento de la pensión que se demanda, entidad que la negó con el argumento de que había aportado 269 semanas, desconociendo las 545 cotizadas antes de 1994, al igual que las canceladas en el RAIS desde el 28 de diciembre de 1998 hasta el 11 de agosto de 2011, es decir, 653.86, con lo cual y en total acredita 1472,75 (sic) semanas.
Adujo que su hija está a su cuidado, vive y depende económicamente de él, pues le brinda la educación, alimentación, medicamentos especiales y recreación, puesto que su esposa no trabajó fuera del hogar, siendo él, el cabeza de familia.
Al dar respuesta a la demanda, la parte accionada se opuso a las pretensiones y, en cuanto a los hechos aceptó la fecha de nacimiento y la edad del actor; la existencia de la hija quien sufre la enfermedad comentada y tiene una PCL del 92,97% al igual que admitió el contenido del acto administrativo mediante el cual negó la prestación; respecto de los demás, dijo que no le constaban.
En su defensa propuso como medios exceptivos: inexistencia de la obligación por falta de requisitos legales; inexistencia de pagar intereses de mora; improcedencia de la indexación; prescripción, pago y compensación e imposibilidad de condena en costas. Además, indicó que el actor no cumplió con los requisitos legales exigidos para acceder a la pensión suplicada.
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
El Juzgado Doce Laboral del Circuito de Medellín, al que correspondió el trámite de la primera instancia, mediante fallo del 22 de abril de 2015 (f.° 88 v/to), resolvió:
PRIMERO: Se CONDENA a COLPENSIONES a reconocer al señor ALBERTO OSPINA CORREA la pensión especial de vejez de conformidad con el inciso 2 del parágrafo 4 del artículo 33 de la Ley 100 de 1993, modificado por el artículo 9 de la Ley 797 de 2003, a partir del momento en que acredite la desafiliación al sistema, según lo indicado en la parte motiva de la providencia.
SEGUNDO: Se ORDENA a COLPENSIONES que liquide el IBL de la pensión especial de vejez reconocida al señor ALBERTO OSPINA CORREA, teniendo en cuenta los últimos 10 años cotizados anteriores al reconocimiento pensional o lo cotizado en toda la vida laboral, lo que resulte más favorable, de conformidad con el artículo 21 de la Ley 100 de 1993; una vez hallado el IBL deberá aplicar el monto establecido en el artículo 34 de la Ley 100 de 1993 modificado por el artículo 10 de la Ley 797 de 2003, debiéndose reconocer además de las mesadas normales, la adicional de diciembre de cada año, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de la providencia.
TERCERO: Se ABSUELVE a COLPENSIONES de las demás pretensiones, de conformidad con lo indicado en la parte motiva
CUARTO: Costas a cargo de la entidad demandada, y se fijan como agencias en derecho la suma $2.577.400
Las excepciones propuestas quedan resueltas implícitamente en la providencia.
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
La Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín, mediante fallo del 18 de julio de 2017, al resolver el grado jurisdiccional de consulta a favor de Colpensiones, revocó la sentencia de primer grado y absolvió a la pasiva, se abstuvo de imponer costas en esa instancia y gravó a la parte actora con las de primer grado.
En lo que interesa al recurso extraordinario, el Tribunal consideró como problema jurídico, establecer si al demandante le asistía derecho al reconocimiento y pago de la pensión especial de vejez, y en caso afirmativo, desde cuándo se debía conceder esa prestación.
Afirmó que no había discusión en que a noviembre de 2013 el actor contaba con 1556 semanas cotizadas, pero que como tenía 52 años, le faltaban aproximadamente 10 años para causar la pensión de vejez.
Así mismo, dijo que la hija tenía a la fecha de la sentencia, 25 años y a través de evaluación del 6 de julio de 2012, le había sido dictaminada una PCL del 92.97% por parálisis cerebral infantil.
Indicó que el 6 de marzo de 2013, Ospina Correa solicitó a Colpensiones, el reconocimiento de la pensión especial de vejez, petición que se resolvió negativamente en virtud de contar 269 semanas cotizadas, «inconsistencia que posteriormente se subsanó».
Precisó que la finalidad de la pensión especial demandada era permitir que el padre o madre que no hubiera cumplido la edad para acceder a una prestación por vejez, que tuviera un hijo en determinadas condiciones de salud, que estuviera a su cuidado y manutención, una vez cumpliera los requisitos para percibir la pensión, se pudiera dedicar a su plena atención; prestación que dijo regulaba el inciso segundo, parágrafo 4 del artículo 33 de la Ley 100 de 1993, cuyo texto transcribió.
Aludió a la declaratoria de exequibilidad efectuada por la Corte Constitucional mediante providencia CC C - 989 2006, en el entendido de que ese beneficio pensional se hacía extensivo al padre cabeza de familia de hijos discapacitados que dependieran económicamente de él; que dicha prestación era de carácter transitorio, pues estaba supeditada a que el hijo o hija permaneciera en estado de invalidez, que continuara dependiendo económicamente del afiliado, y que el asegurado no se reincorporara a la fuerza laboral, pues de lo contrario, la perdería.
Que «bajo este contexto se puede definir el concepto de padre cabeza de familia, para efecto de establecer si el demandante ostenta tal calidad», puesto que él asume la carga económica del núcleo familiar, mientras que los cuidados de la hija inválida están a cargo de la madre.
Aludió a los testimonios de Astrid Janeth Duque Alzate y María Olida Aristizábal de Valencia, quienes en calidad de amigas y vecinas de la pareja, respectivamente, afirmaron conocerlos desde hacía más de 20 años; que el hogar del actor se encontraba conformado por su esposa Eucaris Villada y la hija Ana María Ospina «que es especial»; que el actor es quien cubría la totalidad de gastos y colaboraba en el cuidado de su hija, puesto que le tocaba bañarla, vestirla, ya que no camina, utiliza pañales y que cuando salían a jugar debía llevarla en sillas de ruedas.
Refirió respecto de la primera de las declarantes, que aquella dijo que la colaboración «es sobre todo en las noches cuando llega de trabajar acostándola a dormir, dándole los alimentos, le colabora a la mamá para que ella descanse porque la niña siempre está muy grande», y que cuando le preguntaron qué hacía la esposa del demandante, señaló que se dedicaba al cuidado de la niña desde que nació y que por tal razón, no trabajaba; respuesta que era coincidente con la versión de la segunda de las declarantes y con lo expuesto por María Eucaris Villada, cónyuge del actor, quien expresó que llevaba 25 años de casada, tenían una hija discapacitada física y mentalmente; que era ama de casa y dependía económicamente de su esposo, quien le ayuda en las noches con el cuidado de la niña, «le da la comida, le pone el pijama, la acuesta y los fines de semana comparte más, la cuida totalmente, y la deja descansar a ella».
Señaló que la segunda de las deponentes atrás mencionadas, indicó que «EUCARIS está en tratamiento neurológico, porque sufre de ataques epilépticos controlados con medicamentos, pero omiten ilustrar sobre la injerencia que tal condición pudiese tener en el cuidado de la joven ANA MARIA OSPINA», padecimiento, dijo el Tribunal, que no se avizora que imposibilite la ejecución de tal labor.
Añadió, con fundamento en las providencias CC SU - 388 y CC SU - 389 2005 que, en relación con el padre cabeza de familia, se debían dar las siguientes circunstancias:
Que sus hijos propios menores o mayores discapacitados estén siempre a su cuidado, que vivan con él, dependan económicamente de él, y que sea una persona que les brinde el cuidado y el amor que los niños requieren, para un adecuado desarrollo, y crecimiento, que la obligación dar el apoyo y alimentación sean efectivamente asumidas y cumplidas pues se descarta todo tipo de procesos judiciales y demandas que se sigan contra los trabajadores por inasistencia de tales compromisos.
Que no tenga alternativa económica, es decir, que se trate de una persona que tiene el cuidado y la manutención exclusiva de los niños y que, en el evento de vivir con su esposa o compañera, esta se encuentre incapacitada física y mentalmente o moralmente, sea de la tercera edad o su presencia resulte totalmente indispensable en la atención de hijos menores enfermos, discapacitados o que lógicamente requieran la presencia de la madre.
Concluyó el juez de alzada, que en ninguna de las situaciones aludidas estaba el demandante; memoró los antecedentes del proyecto de ley que reformó el artículo 33 de la Ley 100 de 1993, e indicó que aquella disposición era aplicable a los padres cabeza de familia y que, debido al desgaste personal, físico, psicológico y anímico que impone el cuidado de un hijo minusválido a la madre trabajadora, quien le tocaba distribuir su tiempo para atender las obligaciones laborales y la de atención y cuidado de su hijo discapacitado, era justo que recibiera la pensión una vez cumpliera 1000 semanas de cotización, en reconocimiento a esa loable labor; a más de que se pudiera dedicar de tiempo completo a velar por las necesidades y rehabilitación de su hija.
Señaló que sobre el concepto padre cabeza de familia empleado por la Corte Constitucional, era claro que «el demandante no cumple con los requisitos para ser clasificado como padre cabeza de familia, pues según la prueba recaudada, si bien en las noches y los fines de semana cuida a su hija, es realmente un simple proveedor de dinero necesario para sostenerlos», con lo que asegura las condiciones mínimas de subsistencia para «el hogar tradicional de un hombre que mantiene una familia».
Destacó que a pesar de que las declaraciones citadas daban cuenta de que el actor en sus ratos libres estaba pendiente de su hija discapacitada; era su esposa quien en realidad se encargaba de cuidar a la hija, en atención a que era ama de casa y permanecía en el hogar siempre y, por lo tanto, se confirmaba lo expuesto con antelación, respecto a que el demandante no encuadraba en las situaciones ya enunciadas.
Memoró la providencia CSJ SL, 24 nov. 2015, rad. 44864, sobre un asunto de similares contornos y en relación a que no basta con que el hijo discapacitado y el padre convivan bajo el mismo techo y dependan económicamente del afiliado, «en tanto que el asegurado tiene la condición de ser padre cabeza de familia y acreditó que era la única persona que podía velar por la atención de las necesidades y cuidados personales de su hija, supuesto fáctico, este último que sirvió de sustento a la sentencia fustigada y no se desvirtuó».
Recordó que en la sentencia antes referida, la Corte citó la decisión «SL 783 de 2013», la que al referirse a los requisitos para acceder a este tipo de prestación, puso de relieve la necesidad de tener la condición de ser madre o padre cabeza de familia, e indicar que la anterior situación, más la condición de tener un hijo en estado de invalidez comprobada que depende económicamente de ella o de él, bastaba para que la ley le dispensara el requisito de edad y le exigiera solo el mínimo de semanas requerido, para que pudiera dedicarse al cuidado de su hijo, sin perjuicio del ingreso económico indispensable para la supervivencia no solo del discapacitado, sino del progenitor cabeza de familia.
Concluyó que, de conformidad con lo expresado, el beneficio demandado se causa cuando el peticionario reunía las siguientes circunstancias: «ser madre o padre trabajador o trabajadora, y que haya cotizado, cuando al menos el mínimo de semanas exigida en régimen de prima media para acceder a la pensión de vejez, así como tener un hijo inválido que dependa económicamente de la madre o padre cabeza de familia».
Acotó que el derecho se causaba y su exigibilidad estaría sujeta a que la madre o padre del discapacitado, se dedicaran «de manera exclusiva a los cuidados de su hijo», y que la pensión se suspendía cuando la madre o padre se reincorporara a la fuerza laboral, y duraba hasta tanto el hijo permaneciera en ese estado y como dependiente de la madre o padre.
Para terminar, dijo que no le asistía razón a la juez cuando otorgó la pensión solicitada, en tanto se debía probar que el actor tenía la condición de padre cabeza de familia, situación que no se había demostrado, y que, por tanto, la sentencia de primera instancia debía revocarse.
RECURSO DE CASACIÓN
Interpuesto por la parte actora, concedido por el Tribunal y admitido por la Corte, se procede a resolver.
ALCANCE DE LA IMPUGNACIÓN
Pretende el recurrente que la Corte case totalmente la sentencia recurrida, para que, en sede de instancia confirme la de primer grado.
Con tal propósito formula un cargo por la causal primera de casación del trabajo, que se replica.
ÚNICO CARGO
Acusa la violación, por interpretación errónea del artículo 9, inciso 2, parágrafo 4 de la Ley 797 de 2003, en armonía con los artículos 2 de la Ley 82 de 1993;1, 2, 3 y 5 Ley 790 de 2003; Decreto 190 de 2003; 36 de la Ley 1098 de 2006; 1, 2 y 4, 50, 141, 142 de la Ley 100 de 1993 y 13, 42, 44, 47, 48 y 53 constitucionales.
Para acreditar su ataque, señala que la segunda instancia negó la pensión reclamada, porque el demandante no era el encargado de los cuidados de su hija inválida, puesto que la «citada disposición», armonizada con la sentencia la Corte Constitucional y las demás disposiciones, exigían dicho requisito; esto es, que sea el padre quien se deba encargar de los cuidados personales del hijo discapacitado.
Indica que:
[…] resultaría absurdo exigirle que trabaje (la norma habla de la madre trabajadora y debe entenderse también como el padre trabajador) y a la vez que se ocupe de los cuidados personales del hijo en estado de discapacidad, porque de ser así, entonces fallaría otro de los elementos de la pensión no menos importante que es el de la dependencia económica, atendiendo a que si el padre no trabaja no podría proveer lo necesario para la subsistencia de ese hijo sujeto de especial protección.
Aduce que la filosofía de la norma es la de que la madre trabajadora pudiera dejar de hacerlo, para que se dedicara por completo a los cuidados del hijo en condición de discapacidad, lo que se hizo extensivo al padre, como es apenas natural, en las mismas condiciones que para el otro beneficiario. Que el concepto de padre o madre cabeza de familia no puede restringirse exclusivamente a la falta del cónyuge o compañero por ausencia física, muerte o abandono, sino a la necesaria presencia del padre en el hogar, no solo para lograr un desarrollo integral del discapacitado, sino para «alivianarle la carga a la madre que le toca la brega con una personita que tiene una merma en su capacidad laboral del 92,97%, tal y como lo encontró demostrado el Tribunal y no lo discute el ataque por haber dirigido el cargo por la vía del puro derecho».
Memora los parámetros que la Corte Constitucional, en la providencia CC T - 420 2017 estableció para el reconocimiento de la calidad de padre o madre cabeza de familia; esto es, tener la responsabilidad de hijos menores o con discapacidad; ausencia permanente o abandono de la pareja e incumplimiento de sus obligaciones económicas; incapacidad física de la pareja y deficiencia sustancial de ayuda de los demás miembros de la familia.
Expresa además, que como los derechos de los niños prevalecen sobre el derecho a la pensión, se persigue de manera mediata el poder brindar una crianza y acompañamiento digno, «en este caso a una menor discapacitada con PCL superior al 92% cuyas condiciones de vida requieren una dedicación permanente y a tiempo completo por parte de sus progenitores», y que por ello no pueden aplicarse criterios discriminatorios que excluyan de la categoría de cabeza de familia al padre, que además de laborar para sustentar económicamente a su familia, «llega al hogar y toma el papel a la madre, en los cuidados y atenciones requeridos por la hija, para permitirle a aquélla descansar, pues claramente el artículo 253 de la codificación civil»; razón por la cual el artículo 36 de la Ley 1098 de 2006, que copió, despeja cualquier inquietud, cuando señala a los padres y no a la madre o padre individualmente considerados, «para efectos de erigirlos como beneficiarios de una prestación social especial a cargo del Estado causada siempre y cuando asuman la atención integral de un hijo discapacitado, es así como el tenor literal de la norma en comento indica».
RÉPLICA
Señala que el hecho de que el Tribunal no hubiera actuado de conformidad con las súplicas del actor, no implicaba que se hubieran cometidos los yerros jurídicos enrostrados; y que del material probatorio el padre no se podía considerar como uno cabeza de familia del que dependan económica y afectivamente de él.
CONSIDERACIONES
En consideración al sendero de ataque escogido por la censura, no es materia de discusión que el demandante Alberto Ospina Correa es el padre de Ana María Ospina Villada, quien tiene una pérdida de la capacidad laboral del 92.97% y que esencialmente está bajo los cuidados de su progenitora.
El conflicto sometido a escrutinio de la Sala está en determinar si el juez de alzada erró jurídicamente en la intelección del inciso 2, parágrafo 4, del artículo 9 de la Ley 797 de 2003, al decir que para ser titular de la prestación reclamada el actor debía haber demostrado además dependencia económica de su hija respecto de él, la condición de padre cabeza de familia y que su cuidado no estaba a cargo directo del progenitor, que como ello no había ocurrido, no podía acceder a las súplicas del libelo.
En efecto, el sentenciador fundado en las versiones allegadas al plenario destacó que el demandante no era quien de manera directa y permanente se ocupara de la atención de la hija discapacitada, pues daba su ayuda solamente en las horas de la noche y los fines de semana; por ello concluyó que no se le podía calificar como padre cabeza de familia.
Por su parte la censura advierte que el sentido que le dio el juzgador a las disposiciones que prevén la pensión especial, no es el correcto, pues bajo esa óptica el afiliado debería estar ajeno a cualquier labor y dedicarse exclusivamente al cuidado y atención del hijo en condición de discapacidad; y que al no darse tales circunstancias no era de recibo considerar la configuración del requisito de dependencia del que habla la ley.
Pues bien, la Sala en un asunto de ribetes similares al que ahora concita su atención, incluso contra la misma entidad de seguridad social demandada, en el que se debatió, de un lado, si la pensión especial exige que el padre a cargo del hijo o hija en condición de discapacidad deba tener la calidad de cabeza de familia y, del otro, si se debe exigir el cuidado exclusivo del hijo discapacitado por parte del asegurado que aspira a la prestación, se adoctrinó lo siguiente:
Al respecto vale preciar, que en lo que concierne a los temas objeto de análisis, esta Sala de la Corte, en sentencia CSJ SL17898-2016, reiterada en las CSJ SL1991-2019, CSJ SL3772-2019 y CSJ SL2585-2020 adoctrinó, que la pensión especial consagrada en el citado precepto no exige que el progenitor a cargo del hijo o hija inválidos, deba tener la calidad de padre o madre cabeza de familia, toda vez que el inciso 2.° del parágrafo 4.° del artículo 9° de la Ley 797 de 2003, no contiene ese requisito.
Lo anterior, por cuanto se ha estimado como inadmisible una interpretación que sesgue el objeto perseguido con la implementación de aquel dispositivo, la protección de los intereses del hijo o hija invalida del afiliado, y los derechos pensionales de este último, que aspira a dicha prestación para cumplir precisamente con las obligaciones familiares y alimentarias, ya que la finalidad en la concepción de esta pensión especial de vejez, es que el progenitor cese su vida laboral para dedicarse a la entera atención de su descendiente en condición de discapacidad, por lo que se infiere así mismo, que la dependencia de aquellos respecto del padre o madre, debe ser predominantemente económica.
Por consiguiente, es viable que ese soporte económico provenga de uno u otro progenitor, máxime, cuando dicha preceptiva legal no puede tener el efecto de liberar de aquellas obligaciones constitucionales y legales.
Al respecto, en la primera de las sentencias en cita la Sala señaló:
Tal beneficio especial, se otorga con el fin de que la madre o el padre de un hijo con un grado alto de vulnerabilidad, pueda compensar mediante el cuidado personal sus insuficiencias y colaborarle en el proceso de rehabilitación. Así pues, esta prestación tiende a favorecer a las personas afectadas por una minusvalía, quienes dentro del sistema jurídico colombiano merecen una especial protección conforme lo ordenan las disposiciones constitucionales y lo imponen las obligaciones internacionales adquiridas por Colombia al suscribir tratados como la Convención Interamericana sobre los Discapacitados, aprobada mediante la Ley 762 de 2002.
En esa línea, para acceder a la prestación han de cumplirse tres condiciones:
que la madre o el padre haya cotizado al Sistema General de Pensiones cuanto menos, el mínimo de semanas exigido en el régimen de prima media para acceder a la pensión de vejez;
que el hijo sufra una invalidez física o mental, debidamente calificada;
que la persona discapacitada sea dependiente económicamente de su madre o de su padre, según fuere el caso.
A su vez, la disposición establece como condición de permanencia dentro de este régimen especial de pensión de vejez:
que el hijo permanezca en esa doble condición: afectado por la invalidez y dependiente de la madre o el padre, y
que el progenitor no se reincorpore a la fuerza laboral.
En el sub lite, le corresponde a la Sala analizar el tercero de los requisitos de acceso reseñados y, para el efecto, considera preciso acudir a los antecedentes legislativos de la norma que los contiene como herramienta hermenéutica para dilucidar su sentido original.
Así, se ha de advertir que en la exposición de motivos que acompañó la presentación del proyecto 98 de 2002 - Senado, se señaló que el objetivo de la norma era concederle el beneficio de esta especial pensión de vejez, a la madre responsable de la manutención del hijo afectado por una invalidez física o mental, con el fin de facilitarle su acompañamiento y, en esa medida, propender por su cuidado y rehabilitación.
En tal perspectiva, se tiene que con dicha prestación especial se busca relevar al padre o la madre, del esfuerzo diario de obtener ingresos para la subsistencia no solo de su hijo sino también la propia, pues al beneficiarse de tal prestación se asegura el flujo monetario que le posibilitará compensar con su cuidado personal las insuficiencias de este último.
Y es precisamente, en ese sentido que la dependencia económica del hijo inválido respecto del progenitor que persigue la pensión especial, constituye uno de los condicionamientos para acceder a la misma. Sin embargo, para la Sala, contrario a lo entendido por Tribunal, tal exigencia no puede ser equiparada al concepto de «madre cabeza de familia» que, conforme al punto 1.3 del artículo 1 del Decreto 190 de 2003, corresponde a: «Mujer con hijos menores de 18 años de edad, biológicos o adoptivos, o hijos inválidos que dependan económicamente y de manera exclusiva de ellas, y cuyo ingreso familiar corresponde únicamente al salario que devenga del organismo o entidad pública a la cual se encuentra vinculada» (resalta la Sala).
Lo anterior, por cuanto de la lectura desprevenida de esa última disposición, es dable concluir que deben converger dos situaciones para que las madres puedan ser catalogadas como «cabeza de familia». La primera, que sus hijos (menores o inválidos) dependan económicamente de ella y, la segunda, que tal subordinación financiera sea «exclusiva» o, lo que es igual, que sea la única proveedora de ingresos monetarios para el sostenimiento de sus descendientes.
Sin embargo, esa exigencia no se incluyó en la norma que establece la pensión especial pretendida en este asunto, pues en ninguno de sus apartes se refirió en sentido estricto a la calidad de madre cabeza de familia ni tampoco incluyó el requisito de «exclusividad» a que se hizo referencia.
Así pues, de acuerdo con el texto normativo y su espíritu teleológico al que se hizo alusión, para la Corte la interpretación de la norma en punto al requisito de dependencia económica del hijo inválido respecto del progenitor que persigue la pensión especial de vejez, debe observarse en los términos que se consagra la obligación de la manutención de los hijos -menores o incapacitados- que, como se sabe, se encuentra a cargo de ambos padres.
En efecto, el numeral 7 del artículo 42 de la Constitución Política, establece que «La pareja tiene derecho a decidir libre y responsablemente el número de sus hijos, y deberá sostenerlos y educarlos mientras sean menores o impedidos» (resaltado no es original). De ahí que por su consagración constitucional, el derecho de alimentos -entendido como: todo lo que es indispensable para el sustento, habitación, vestido, asistencia médica, recreación, educación o instrucción y, en general, todo lo que es necesario para el desarrollo integral de los niños, las niñas y los adolescentes, así como la obligación de proporcionar a la madre los gastos de embarazo y parto-, constituya por excelencia un derecho fundamental de toda persona, por tanto, la ley y la jurisprudencia deben propender por ubicar esta figura en claros escenarios de prevalencia.
Ahora, en los términos del artículo 413 del Código Civil, los alimentos pueden ser congruos o necesarios y comprenden la obligación de ambos padres, de proporcionarlos a sus hijos hasta el advenimiento de la mayoría de edad, es decir, hasta los dieciocho (18) años según lo establece la Ley 27 de 1977. Esta limitante de la mayoría de edad claramente resulta intrascendente, en el caso de que los hijos sean inválidos como en el sub lite, pues en tal caso, la obligación permanecerá indemne hasta tanto persista esa condición.
Y es que la obligación alimentaria de los padres respecto de los hijos, se ubica en forma primigenia dentro de los deberes que se generan en el seno de una familia, y pese a que se trata de un tema preciso y específico del campo civil, varias disposiciones nacionales se ocupan del tema. Para no ir más lejos, en materia de seguridad social, en tratándose de las pensiones de sobrevivientes, cuando los beneficiarios son hijos menores de edad, esta Sala ha sostenido que se presume la dependencia económica respecto del causante, posición que también ha sido avalada por la Corte Constitucional.
Entonces, la falta de la condición de madre cabeza de familia, no puede erigirse como un elemento constitutivo de marginación para acceder a la prestación reclamada, cuando, por lo visto, los hijos menores e inválidos, por ley dependen económicamente de sus dos progenitores, y precisamente, la pensión especial propende porque uno de ellos pueda dedicarse al cuidado de su descendiente inválido, sin perjuicio del ingreso económico indispensable para la supervivencia no solo del discapacitado sino de su padre o madre según el caso.
Por eso, resulta claro que ese derecho también está ligado a otras garantías fundamentales como el mínimo vital, alimentos y seguridad social.
En esencia, no puede avalarse una interpretación restrictiva del precepto que consagra la prestación pensional que se reclama, en los términos que lo realizó el Tribunal, pues hacerlo, sería tanto como condicionar su procedencia a la extinción de un deber jurídico del otro progenitor, esto es, de su obligación de brindar alimentos a su hijo inválido.
Así las cosas, la exégesis que le imprime la Sala al mencionado requisito de dependencia económica para acceder a la pensión especial consagrada en el parágrafo 4 del artículo 9, inciso 2 de la Ley 797 de 2003, coincide con el interés proteccionista del legislador frente a este grupo de extrema vulnerabilidad, merecedor de una especial consideración, así como con la necesidad de avanzar en la concesión de algunos beneficios conforme el principio de progresividad que caracteriza el Sistema de Seguridad Social Integral.
Aunado, esta postura no desentona con la decisión de la Corte Constitucional en sentencia C-989 de 2006, pues si bien en dicha providencia se acudió a las expresiones «madre cabeza de familia» y «padre cabeza de familia», ello no tuvo como fin darle el significado entendido por el ad quem, en tanto en dicha oportunidad, esos conceptos se equipararon a los de «madre trabajadora» y «padre trabajador», para excluir una discriminación por razones de género en vista que la norma solo aludía al primero de ellos.
Tampoco contradice lo adoctrinado por esta Sala en sentencia CSJ SL785-2013, 6 nov. 2013, rad. 40517, en la medida que, en esa oportunidad, se acudió al concepto de madre cabeza de familia, por razón de que la demandante tenía tal condición; no obstante, esa circunstancia no fue asimilada a la noción de dependencia económica; al contrario, en dicha providencia se hizo alusión «a la responsabilidad alimentaria que les asigna la ley a los padres», como un factor para efectos de verificar tal requisito que, dicho sea de paso, en ese asunto no era objeto de discusión.
En atención a lo anterior, es evidente, que el ad quem erró al interpretar el inciso 2 del parágrafo 4 del artículo 9° de la Ley 797 de 2003, al afirmar que para el disfrute de la pensión especial de vejez debe el afiliado demostrar la calidad de padre cabeza de familia.
Contrario a lo entendido por el Tribunal, la exigencia de la dependencia económica del hijo inválido respecto del progenitor que demanda la pensión especial de vejez, no puede equipararse al concepto de madre o padre cabeza de familia, ya que la norma no incluyó como requisito la exclusividad o la subordinación única del hijo frente a la madre o padre trabajador, en la medida que para la Corte, atendiendo el espíritu teleológico de la norma, la interpretación de dicho requisito, debe ser observado en los términos que se consagra la manutención de los hijos menores o incapacitados, la cual se encuentra a cargo de ambos padres (Numeral 7.°art. 42 de la Constitución Política y art. 413 del CC), y en tal sentido, es que dicha pensión, persigue que uno de ellos pueda dedicarse al cuidado de su descendiente inválido, sin perjuicio del ingreso económico indispensable para la supervivencia, tanto del hijo como de su padre o madres, según el caso.
Ahora, en cuanto al cuidado exclusivo del hijo invalido por parte del asegurado que aspira a la pretensión, como requisito, debe reiterarse, que no es posible imponer exigencias adicionales no previstas en la ley, pues ello agrava y obstaculiza el acceso a tal prerrogativa en detrimento del derecho del asegurado y de sus hijos en condición de discapacidad, que valga resaltar, son sujetos de especial protección.
Al respecto en sentencia CSJ SL3772-2019 reiterada en la CSJ SL 2585-2020, asentó la Sala:
Ahora bien, en cuanto a la exigencia que impuso el Tribunal al actor, relativa a «cumplir la función de atender a su hija en lo que se refiere al cuidado y atención», en tanto resaltó que la cumple su compañera permanente, vale señalar que, precisamente, la Corte Constitucional en la sentencia C-227 de 2004, al declarar exequible el aparte del inciso 2.° del parágrafo 4.° del artículo 9.° de la Ley 797 de 2003, referente a la necesidad de demostrar la dependencia del hijo inválido respecto de su padre o madre que pretenda el reconocimiento de la pensión especial, lo hizo en el entendido de que tal subordinación es de carácter económico.
Así es, porque la dependencia del hijo en estado de discapacidad referida a la necesidad afectiva y psicológica de contar con la presencia, el cariño y el acompañamiento de sus progenitores, es connatural a los lazos familiares, mientras que la subordinación económica es una exigencia legal a efectos de obtener el derecho a la pensión especial de vejez; entonces, la dependencia que se debe demostrar es la económica.
Y es que de esa manera, es que se arriba al objetivo principal de tal beneficio pensional, esto es, el de proteger al hijo afectado por una discapacidad física o mental, pues es en virtud de esa prerrogativa que los progenitores tendrán la posibilidad de atenderlos y compensar con su cuidado personal la disfunción que padecen, impulsar su proceso de rehabilitación y ayudarlos a vivir de forma digna sin que su ingreso económico se afecte.
Luego, es contradictorio exigir esa doble dependencia -económica y de acompañamiento o cuidado- para acceder a la pensión especial, por cuanto padre y madre están en la obligación de responder económicamente por sus hijos -menores o inválidos-, lo que necesariamente implica el desarrollo del rol de trabajador que, en cualquiera de sus formas, impide el cuidado exclusivo de su descendiente en condición de discapacidad.
En tal dirección, la Sala debe señalar que parte del correcto entendimiento en la utilización de las reglas interpretativas excluye una aplicación aislada y descontextualizada del fin último de las normas; por tanto, una correcta aplicación de la hermenéutica jurídica implica necesariamente hacer un análisis de dicho fin, de manera conjugada y armonizada, en aras de esclarecer el verdadero sentido y espíritu de las disposiciones legales.
En ese orden, resulta palmario para la Sala, el yerro jurídico en que incurrió el sentenciador de instancia, al imponer exigencias inexistentes en la norma, que indefectiblemente lo condujeron a revocar la decisión del a quo, por lo que el cargo prospera, lo cual exime a la Corte de resolver el primero, en tanto su finalidad igualmente radicaba en el quebranto de la sentencia recurrida. CSJ SL739-2021, rad. 69642
De tal suerte que como la Ley 797 de 2003 en su artículo 9 no exige que, para conceder la pensión especial por hijo discapacitado, el afiliado deba tener la calidad de padre cabeza de familia, como equivocadamente lo reclamó el Tribunal, al exigirle al demandante que se dedicara de manera directa y exclusiva al cuidado de la descendiente, soslayando hechos indiscutidos tales como que la hija del demandante sufre una discapacidad del 92.97% por parálisis cerebral infantil, que está en silla de ruedas es decir que no se vale por sí misma ni siquiera para sus necesidades básicas siendo indispensable el cuidado y acompañamiento de otra persona, labor que en este caso lo asumen ambos padres, se equivocó en la hermenéutica de la disposición acusada.
Por lo anterior, se casará la sentencia enjuiciada.
Sin costas en casación.
SENTENCIA DE INSTANCIA
El juez de primer grado consideró que el problema jurídico que debía resolver, se centraba en definir si el actor tenía derecho a la pensión especial de vejez, las mesadas adicionales, intereses moratorios, indexación y costas.
Memoró que el demandante solicitó el reconocimiento de la pensión el 6 de marzo de 2013 y que le fue negada con el argumento de que, para esa fecha, contaba con 269 semanas cotizadas, cuando debía acreditar 1250.
Refirió al artículo 9, parágrafo 4 inciso segundo de la Ley 797 de 2003, en el cual se soportaba la súplica de la prestación aludida, disposición de la que dijo se podía concluir que eran tres las exigencias que debía acreditarse para ser beneficiario de dicha pensión: i) que el demandante tuviera un hijo o hija que estuviera en condición de discapacidad debidamente certificada; ii) que el discapacitado dependiera de él o ella, y iii) que contara con la densidad de semanas mínimas exigidas para obtener la prestación, presupuestos que pasaba a verificar.
Indicó que con el registro civil de nacimiento que obraba a folio 19, se demostraba que el demandante era el padre de Ana María Ospina Villada quien, de conformidad con la calificación emitida por el ISS, presenta una PCL del 92.97%, con fecha de estructuración 29 de abril de 1992, es decir desde su nacimiento (f.°20), con lo cual se cumplía el primer requisito normativo.
En relación con la dependencia del hijo para con el padre, dijo que según lo afirmado por las señoras Astrid Janeth Duque Alzate y María Olinda Aristizábal de Valencia, quienes conocieron al demandante desde 23 y 25 años atrás, respectivamente, se establecía que este convive con su esposa e hija, que aquellas dependen de él, ya que era quien les suministraba todo lo que ambas necesitaran; así mismo reconocieron que el actor ayudaba a su esposa en el cuidado de la hija, pues no se valía por sí misma, y que la cónyuge estaba en tratamiento médico pues tenía epilepsia.
Igualmente aludió a la declaración de la pareja del demandante, quien manifestó que convivía con aquel y que su hija era invalida física y mentalmente, razón por la cual dependía totalmente de su padre, quien le ayuda a su cuidado.
De conformidad con tales declaraciones y apoyándose en el artículo 61 del CPTSS, el juez encontró acredita la convivencia y la dependencia exigidas legalmente.
Así mismo y en lo que hace al número mínimo de semanas cotizadas, de conformidad con los folios 69 a 81, que contienen la historia laboral del demandante, advirtió que el actor tenía cotizadas 1556, 25 semanas, por lo que dijo, superaba el mínimo exigido al 6 de marzo de 2013 cuando reclamó la pensión ya que para esa fecha se exigían 1250 semanas.
En consecuencia, concedió la prestación reclamada, junto con una mesada adicional, en virtud de lo dispuesto en el Acto Legislativo 01 de 2005; precisó que ello sería a partir del momento en que el accionante se desafiliara del sistema a través de la novedad pertinente, de conformidad con la jurisprudencia de la Sala.
Para determinar el valor de la mesada inicial, indicó se debía aplicar el artículo 21 de la ley 100 de 1993, es decir, obtener con lo cotizado en los últimos diez años antes del reconocimiento pensional o durante toda la vida laboral, pues contaba con más de 1250 semanas cotizadas; liquidación que no podía efectuar, por cuanto el demandante seguía laborando y no se había desafiliado del sistema.
Sobre los intereses de mora, expresó que aquellos se generaban una vez transcurriera el término de cuatro meses previsto para conceder la prestación y que como el actor la solicitó el 6 de marzo de 2013 (f.° 15) y la pasiva respondió a través de la resolución GNR 058160, notificada el 4 de junio de 2013, es decir, dentro del término previsto, aquellos no procedían.
Aclaró que, si bien los réditos se negaban a pesar de que el actor sí tenía derecho a la pensión especial de vejez, al no existir desafiliación del sistema, no tenía la demandada la obligación de pagarla, por lo que tampoco procedía la indexación; y que así quedaban resueltas implícitamente las excepciones propuestas.
Ante la ausencia de recurso por parte de la pasiva, corresponde a la Sala conocer el asunto en grado jurisdiccional de consulta.
De conformidad con lo que se resolvió en el estadio casacional, advierte la Sala que el sentenciador de primer grado se ajustó a los lineamientos legales y a las pruebas recaudadas, en la medida que el accionante satisface tanto la densidad de semanas requeridas, como que la hija está en condición de discapacidad y depende del padre.
En efecto, al examinar el resumen de la historia laboral del actor (f.° 76), se encuentra que aquel cotizó un total de 1.556,25 semanas a Colpensiones, desde el 6 de abril de 1982 hasta el 30 de noviembre de 2013.
De otro lado, el porcentaje de pérdida de la capacidad laboral de la hija del demandante, Ana María Ospina Villada, es del 92.97% (f.° 20), con lo que se comprueba su estado de discapacidad.
En relación con la dependencia económica de la hija respecto de su padre, para la Sala es claro que, ante el grado de discapacidad de aquella y de acuerdo con las versiones ya referenciadas este convive con su esposa e hija, quienes dependen de él, pues les suministra el sustento a ambas y todo lo que la hija necesitaba, por lo que queda evidenciado que es el actor quien cubre «la totalidad de gastos y colabora con el cuidado de su hija».
En consecuencia, se reúnen los tres requisitos exigidos en el inciso 2, del parágrafo 4, del artículo 9 de la Ley 797 de 2003, para que el demandante adquiera el derecho a la pensión especial de vejez por hija inválida, que peticionó a la pasiva el 6 de marzo de 2013.
En lo relativo al disfrute del derecho pensional, según el reporte de semanas cotizadas en pensiones, de fecha 16 de diciembre de 2014 (f.° 76), el accionante ya se desafilió del sistema, pues la última cotización se efectuó el 30 de noviembre de 2013 y por ello, será a partir del 1 de diciembre de dicho año que se reconozca la pensión suplicada, por cuanto para ese momento aquel ya tenía consolidado los requisitos legales exigidos.
En relación con el ingreso base de cotización a tener en cuenta, en efecto la Sala al efectuar la comparación entre su determinación con toda la vida laboral o la de los últimos diez años, evidencia que el IBL deberá ser el obtenido con la última de las posibilidades aludidas; esto es, de los diez años cotizados, por resultarle más favorable, de conformidad con las liquidaciones que a continuación se muestran, así:
Año
Periodo
Desde
Hasta
IBC
Días cotizados
Semanas cotizadas
IBC Actualizado
Salario promedio
1982
abr-82
6/04/1982
30/04/1982
$7.470
25
3,57
$511.433
$1.214
1982
may-82
1/05/1982
31/05/1982
$7.470
31
4,43
$511.433
$1.506
1982
jun-82
1/06/1982
23/06/1982
$7.470
23
3,29
$511.433
$1.117
1983
jul-83
5/07/1983
31/07/1983
$7.470
27
3,86
$413.499
$1.060
1983
ago-83
1/08/1983
31/08/1983
$7.470
31
4,43
$413.499
$1.218
1983
sep-83
1/09/1983
30/09/1983
$7.470
30
4,29
$413.499
$1.178
1983
oct-83
1/10/1983
31/10/1983
$7.470
31
4,43
$413.499
$1.218
1983
nov-83
1/11/1983
30/11/1983
$7.470
30
4,29
$413.499
$1.178
1983
dic-83
1/12/1983
31/12/1983
$7.470
31
4,43
$413.499
$1.218
1984
ene-84
1/01/1984
31/01/1984
$9.480
31
4,43
$448.433
$1.320
1984
feb-84
1/02/1984
29/02/1984
$11.850
29
4,14
$560.541
$1.544
1984
mar-84
1/03/1984
31/03/1984
$11.850
31
4,43
$560.541
$1.651
1984
abr-84
1/04/1984
30/04/1984
$11.850
30
4,29
$560.541
$1.597
1984
may-84
1/05/1984
31/05/1984
$11.850
31
4,43
$560.541
$1.651
1984
jun-84
1/06/1984
30/06/1984
$11.850
30
4,29
$560.541
$1.597
1984
jul-84
1/07/1984
31/07/1984
$11.850
31
4,43
$560.541
$1.651
1984
ago-84
1/08/1984
31/08/1984
$11.850
31
4,43
$560.541
$1.651
1984
sep-84
1/09/1984
30/09/1984
$11.850
30
4,29
$560.541
$1.597
1984
oct-84
1/10/1984
31/10/1984
$11.850
31
4,43
$560.541
$1.651
1984
nov-84
1/11/1984
30/11/1984
$11.850
30
4,29
$560.541
$1.597
1984
dic-84
1/12/1984
31/12/1984
$11.850
31
4,43
$560.541
$1.651
1985
ene-85
1/01/1985
31/01/1985
$14.610
31
4,43
$584.775
$1.722
1985
feb-85
1/02/1985
28/02/1985
$14.610
28
4,00
$584.775
$1.555
1985
mar-85
1/03/1985
31/03/1985
$14.610
31
4,43
$584.775
$1.722
1985
abr-85
1/04/1985
30/04/1985
$14.610
30
4,29
$584.775
$1.666
1985
may-85
1/05/1985
31/05/1985
$14.610
31
4,43
$584.775
$1.722
1985
jun-85
1/06/1985
30/06/1985
$14.610
30
4,29
$584.775
$1.666
1985
jul-85
1/07/1985
31/07/1985
$14.610
31
4,43
$584.775
$1.722
1985
ago-85
1/08/1985
31/08/1985
$14.610
31
4,43
$584.775
$1.722
1985
sep-85
1/09/1985
30/09/1985
$14.610
30
4,29
$584.775
$1.666
1985
oct-85
1/10/1985
3/10/1985
$28.923
3
0,43
$1.157.662
$330
1985
oct-85
4/10/1985
31/10/1985
$14.313
28
4,00
$572.887
$1.524
1985
nov-85
1/11/1985
30/11/1985
$16.697
30
4,29
$668.308
$1.904
1985
dic-85
1/12/1985
31/12/1985
$16.697
31
4,43
$668.308
$1.968
1986
ene-86
1/01/1986
31/01/1986
$23.557
31
4,43
$772.531
$2.275
1986
feb-86
1/02/1986
28/02/1986
$21.976
28
4,00
$720.684
$1.917
1986
mar-86
1/03/1986
31/03/1986
$20.395
31
4,43
$668.836
$1.969
1986
abr-86
1/04/1986
30/04/1986
$23.355
30
4,29
$765.907
$2.182
1986
may-86
1/05/1986
31/05/1986
$27.524
31
4,43
$902.625
$2.658
1986
jun-86
1/06/1986
30/06/1986
$31.693
30
4,29
$1.039.344
$2.962
1986
jul-86
1/07/1986
31/07/1986
$16.812
31
4,43
$551.335
$1.623
1987
may-87
25/05/1987
31/05/1987
$21.420
7
1,00
$580.497
$386
1987
jun-87
1/06/1987
9/06/1987
$21.420
7
1,00
$580.497
$386
1987
jun-87
8/06/1987
9/06/1987
$68.790
2
0,29
$1.864.257
$354
1987
jun-87
10/06/1987
30/06/1987
$47.370
21
3,00
$1.283.760
$2.561
1987
jul-87
1/07/1987
31/07/1987
$47.370
31
4,43
$1.283.760
$3.780
1987
ago-87
1/08/1987
31/08/1987
$47.370
31
4,43
$1.283.760
$3.780
1987
sep-87
1/09/1987
30/09/1987
$47.370
30
4,29
$1.283.760
$3.658
1987
oct-87
1/10/1987
31/10/1987
$47.370
31
4,43
$1.283.760
$3.780
1987
nov-87
1/11/1987
24/11/1987
$47.370
24
3,43
$1.283.760
$2.927
1987
dic-87
1/12/1987
31/12/1987
$61.950
31
4,43
$1.678.888
$4.944
1988
ene-88
1/01/1988
31/01/1988
$61.950
31
4,43
$1.350.614
$3.977
1988
feb-88
1/02/1988
29/02/1988
$61.950
29
4,14
$1.350.614
$3.720
1988
mar-88
1/03/1988
31/03/1988
$61.950
31
4,43
$1.350.614
$3.977
1988
abr-88
1/04/1988
30/04/1988
$61.950
30
4,29
$1.350.614
$3.849
1988
may-88
1/05/1988
31/05/1988
$61.950
31
4,43
$1.350.614
$3.977
1988
jun-88
1/06/1988
30/06/1988
$61.950
30
4,29
$1.350.614
$3.849
1988
jul-88
1/07/1988
31/07/1988
$70.260
31
4,43
$1.531.786
$4.510
1988
ago-88
1/08/1988
22/08/1988
$70.260
22
3,14
$1.531.786
$3.201
1988
dic-88
27/12/1988
31/12/1988
$47.370
5
0,71
$1.032.745
$490
1989
ene-89
1/01/1989
31/01/1989
$47.370
31
4,43
$807.255
$2.377
1989
feb-89
1/02/1989
28/02/1989
$54.630
28
4,00
$930.976
$2.476
1989
mar-89
1/03/1989
31/03/1989
$54.630
31
4,43
$930.976
$2.741
1989
abr-89
1/04/1989
30/04/1989
$54.630
30
4,29
$930.976
$2.653
1989
may-89
1/05/1989
31/05/1989
$54.630
31
4,43
$930.976
$2.741
1989
jun-89
1/06/1989
12/06/1989
$54.630
12
1,71
$930.976
$1.061
1989
jun-89
19/06/1989
30/06/1989
$54.630
12
1,71
$930.976
$1.061
1989
jul-89
1/07/1989
31/07/1989
$54.630
31
4,43
$930.976
$2.741
1989
ago-89
1/08/1989
31/08/1989
$54.630
31
4,43
$930.976
$2.741
1989
sep-89
1/09/1989
30/09/1989
$54.630
30
4,29
$930.976
$2.653
1989
oct-89
1/10/1989
31/10/1989
$70.260
31
4,43
$1.197.335
$3.526
1989
nov-89
1/11/1989
30/11/1989
$70.260
30
4,29
$1.197.335
$3.412
1989
dic-89
1/12/1989
31/12/1989
$70.260
31
4,43
$1.197.335
$3.526
1990
ene-90
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2013
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30/11/2013
$1.489.500
30
4,29
$1.489.500
$4.244
$2.030.191
Determinación del Ingreso Base de Liquidación de los últimos 10 años cotizados:
Año
Periodo
Desde
Hasta
IBC
Días cotizados
Semanas cotizadas
IBC Actualizado
Salario promedio
2003
sep-03
1/09/2003
30/09/2003
$3.322.000
1
0,14
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$1.445
2003
oct-03
1/10/2003
31/10/2003
$1.352.000
30
4,29
$2.117.672
$17.647
2003
nov-03
1/11/2003
30/11/2003
$1.555.000
30
4,29
$2.435.636
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2003
dic-03
1/12/2003
31/12/2003
$4.001.000
30
4,29
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2004
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1/01/2004
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$1.571.000
30
4,29
$2.310.468
$19.254
2004
feb-04
1/02/2004
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$1.401.000
30
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$2.060.449
$17.170
2004
mar-04
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$1.727.000
30
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$2.539.897
$21.166
2004
may-04
1/05/2004
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$1.772.000
30
4,29
$2.606.079
$21.717
2004
jun-04
1/06/2004
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2004
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$1.755.000
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30
4,29
$589.500
$4.913
2013
mar-13
1/03/2013
31/03/2013
$589.500
30
4,29
$589.500
$4.913
2013
abr-13
1/04/2013
30/04/2013
$1.489.500
30
4,29
$1.489.500
$12.413
2013
may-13
1/05/2013
31/05/2013
$900.000
30
4,29
$900.000
$7.500
2013
jun-13
1/06/2013
30/06/2013
$900.000
30
4,29
$900.000
$7.500
2013
jul-13
1/07/2013
31/07/2013
$900.000
30
4,29
$900.000
$7.500
2013
ago-13
1/08/2013
31/08/2013
$900.000
30
4,29
$900.000
$7.500
2013
sep-13
1/09/2013
30/09/2013
$900.000
30
4,29
$900.000
$7.500
2013
oct-13
1/10/2013
31/10/2013
$900.000
30
4,29
$900.000
$7.500
2013
nov-13
1/11/2013
30/11/2013
$1.489.500
30
4,29
$1.489.500
$12.413
3.600
$2.569.811
De conformidad con lo anterior, el IBL para liquidar la pensión en este caso, asciende a la suma de $2.569.811 y como el actor cotizó un total de 1.556,25 semanas durante toda la vida laboral, se evidencia que lo hizo durante 256,25 semanas adicionales a las 1.300 requeridas. Así las cosas, le corresponde un 7,5% adicional en la tasa de reemplazo, de conformidad con el incremento de 1.5% por cada 50 semanas adicionales a las primeras 1.300, de conformidad con lo previsto en el inciso 9 del artículo 10 de la Ley 797 de 2003, que modificó el artículo 34 de la Ley 100 de 1993; lo que arroja una tasa definitiva del 70,82%.
De tal suerte que el valor inicial de la mesada pensional será la suma de $1.819.949 y como retroactivo pensional se debe pagar al actor $206.291.220, como lo ilustran los siguientes cuadros cifra que habrá de indexarse al momento de su cancelación.
Año
Valor de mesada
Número de mesadas
Retroactivo pensional
2013
$1.819.949
2,03
$3.700.563
2014
$1.855.256
13
$24.118.328
2015
$1.923.158
13
$25.001.059
2016
$2.053.356
13
$26.693.631
2017
$2.171.424
13
$28.228.515
2018
$2.260.235
13
$29.383.061
2019
$2.332.111
13
$30.317.442
2020
$2.420.731
13
$31.469.505
2021
$2.459.705
3
$7.379.115
Totales
$206.291.220
Valor total de los conceptos cuantificados:
Concepto
Valor
Retroactivo pensional
$206.291.220
Total
$206.291.220
Ahora, de conformidad con el Acto Legislativo 01 de 2005, si el valor de la pensión especial es superior a tres (3) salarios mínimos legales mensuales vigentes, se deberán reconocer trece mesadas al año; como ocurre en este caso.
Sobre la absolución de los intereses de mora por el reconocimiento tardío de la prestación, se confirmará la decisión de primer grado no obstante que, ante la negativa de la entidad para reconocerla, el accionante tuvo que seguir laborando; pues de un lado dicha absolución no fue recurrida por dicha parte, de otro, por cuanto se conoce en consulta a favor de la pasiva.
Por último, frente al tema de la indexación aquella saldrá avante, en razón a que el no hacer el pago de las obligaciones en la debida oportunidad, genera para el acreedor la disminución de aquella debido a la pérdida del valor adquisitivo de la moneda y en ese sentido se adicionará la sentencia de primer grado, en la forma en precedencia explicada.
Ahora bien, en atención al resultado de la instancia, se declararán no probadas las excepciones formuladas por la pasiva, incluida la de prescripción, toda vez que el demandante solicitó el reconocimiento de la prestación el día 6 de marzo de 2013, instauró la demanda inaugural del proceso el 16 de agosto del mismo año 2013 (f.°13) y su notificación ocurrió el 20 del mismo mes y año; es decir, no transcurrió el termino trienal de que tratan los artículos 488 del CST y 151 del CPTSS.
En consecuencia, se modificarán los numerales 1 y 2 de la sentencia de primer grado adiada 22 de abril de 2015, proferida por el Juzgado Doce Laboral del Circuito de Medellín, en el sentido de que la pensión especial suplicada se deberá reconocer a partir del 1 de diciembre de 2013 tomando como IBL, el de los diez últimos años cotizados anteriores al reconocimiento de la prestación, de conformidad con el artículo 21 de la Ley 100 de 1993, respectivamente y se confirmará en lo demás.
Sin costas en la alzada; las de primera instancia estarán a cargo de la pasiva.
DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, CASA la sentencia la sentencia proferida por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín el 18 de julio de 2017, en el proceso ordinario laboral seguido por ALBERTO OSPINA CORREA contra la ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES – COLPENSIONES.
En sede de instancia, RESUELVE:
PRIMERO: MODIFICAR los numerales primero y segundo de la sentencia adiada 22 de abril de 2015, proferida por el Juzgado Doce Laboral del Circuito de Medellín, en cuanto que la pensión especial de vejez por hija inválida, se reconocerá al demandante ALBERTO OSPINA CORREA a partir del 30 de noviembre de 2013, de conformidad con la parte motiva de esta sentencia, junto con el reconocimiento anual de una mesada adicional, por cuanto el valor de la prestación es superior a tres salarios mínimos legales mensuales vigentes, reconociéndose un retroactivo pensional liquidado hasta marzo de 2021, por la suma de DOSCIENTOS SEIS MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y UN MIL DOSCIENTOS VEINTE PESOS M/CTE ($206.291.220). Siendo el valor de la prestación reconocida para el año 2021 de $2.459.705. mensuales.
SEGUNDO: ADICIONAR la sentencia adiada 22 de abril de 2015, proferida por el Juzgado Doce Laboral del Circuito de Medellín en el sentido de CONDENAR a COLPENSIONES a pagar al actor la indexación de las mesadas adeudas desde el 30 de noviembre de 2013 y hasta cuando se verifique su cancelación.
TERCERO: CONFIRMAR en lo demás la sentencia adiada 22 de abril de 2015, proferida por el Juzgado Doce Laboral del Circuito de Medellín.
Costas como se dijo en la parte motiva.
Notifíquese, publíquese, cúmplase y devuélvase el expediente al tribunal de origen.
MARTÍN EMILIO BELTRÁN QUINTERO
DOLLY AMPARO CAGUASANGO VILLOTA
OLGA YINETH MERCHÁN CALDERÓN
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