Ficha de la providencia
Sentencia SL1677-2022
Corte Suprema de Justicia · Sala de Casación Laboral
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Corte Suprema de Justicia · Sala de Casación Laboral
Ficha de la providencia
Sentencia SL1677-2022
Corte Suprema de Justicia · Sala de Casación Laboral
República de Colombia
Corte Suprema de Justicia
Sala de Casación Laboral
Sentencia SL1677-2022
Magistrado ponente: Jorge Prada Sanchez
18 de mayo de 2021
JORGE PRADA SÁNCHEZ
Magistrado ponente
SL1677-2022
Radicación n.° 87401
Acta 17
Bogotá, D. C., dieciocho (18) de mayo de dos mil veintiuno (2021).
La Sala decide el recurso de casación interpuesto por la ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES, COLPENSIONES, contra la sentencia proferida por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín, el 12 de noviembre de 2019, en el proceso ordinario que en su contra promovió LEONARDO DE JESÚS MUÑETÓN CIFUENTES.
ANTECEDENTES
Leonardo de Jesús Muñetón Cifuentes llamó a juicio a Colpensiones para que se la condenara a reconocer la pensión de vejez en los términos del Acuerdo 049 de 1990. Pidió el retroactivo, los intereses moratorios y las costas (fls. 2 al 18).
Informó que nació el 8 de abril de 1955, de suerte que cumplió 60 años de edad ese mismo día y mes de 2015; que realizó aportes al ISS desde el 18 de septiembre de 1973 y pertenecía al régimen de transición pues, al 1 de abril de 1994, tenía más de 15 años de servicios. Afirmó que a pesar de que completó el tiempo de servicios que exige el artículo 12 del Acuerdo 049 de 1990, la demandada negó el derecho con el argumento de que no reunió los requisitos previstos en la Ley 797 de 2003.
Manifestó que si bien, bajo las reglas del Acto Legislativo 01 de 2005, no es beneficiario del artículo 36 de la Ley 100 de 1993, tiene derecho a que se le reconozca la pensión de vejez conforme los supuestos de esta norma, en tanto se trata de un derecho adquirido. Afirmó que el Acto Legislativo 01 de 2005 es inconstitucional, y va en contra de los tratados internacionales ratificados por Colombia y añadió que la accionada se abstuvo de responder la solicitud tendiente a obtener la prestación.
Colpensiones se opuso a las pretensiones y formuló las excepciones de inexistencia de la obligación por ausencia de uno de los requisitos legales para el reconocimiento de la pensión de vejez, petición de lo no debido, petición antes de tiempo, inexistencia de la obligación de reconocer intereses de mora del artículo 141 de la Ley 100 de 1993, imposibilidad de condena en costas, prescripción y compensación indexada. Admitió la fecha de afiliación al Instituto y la de nacimiento, la no pertenencia del actor al régimen de transición, y la solicitud de la prestación. Afirmó que las pretensiones no estaban llamadas a prosperar, como quiera que conforme la enmienda constitucional el régimen de transición solo estuvo vigente hasta 2014; que lo demás, no le constaba (fls. 39 al 43).
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
El Juzgado Noveno Laboral del Circuito de Medellín, mediante fallo de 26 de febrero de 2018 (fls. 105, 106 y 110 Cd), resolvió:
PRIMERO: SE CONDENA a LA ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES -COLPENSIONES, a reconocer y pagar al señor LEONARDO DE JESÚS MUÑETÓN CIFUENTES (…), la pensión de vejez con fundamento en el artículo 9 de la Ley 797 de 2003. LA ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES COLPENSIONES deberá pagar al demandante, la suma de $8.283.234 a título de retroactivo de la pensión de vejez, causado desde el 9 de abril de 2017 al mes de enero de 2018. Se autoriza a LA ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES COLPENSIONES a realizar el descuento de ley, respecto de las cotizaciones al Sistema General de Seguridad Social en Salud para ser dirigido a la entidad promotora de salud pertinente.
SEGUNDO: A partir del 01 de febrero de 2018, COLPENSIONES deberá cancelar al demandante (…), una mesada pensional equivalente a la suma de $805.866 para cada anualidad a razón de 13 mesadas al año con los respectivos aumentos decretados por el gobierno nacional año a año.
TERCERO: SE ABSUELVE A LA ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES COLPENSIONES- de reconocer y pagar al señor LEONARDO DE JESÚS MUÑETÓN CIFUENTES (…) los intereses moratorios del artículo 141 de la Ley 100 de 1993.
CUARTO: Se CONDENA en costas a LA ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES -COLPENSIONES a favor de LEONARDO DE JESÚS MUÑETÓN CIFUENTES (…).
QUINTO: Se autoriza a LA ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES COLPENSIONES a realizar el descuento de ley, respecto a las cotizaciones al Sistema General de Seguridad Social en Salud para ser dirigido a la entidad promotora de salud pertinente. (Negrillas del texto original).
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
Las partes apelaron y, mediante la sentencia gravada, el Tribunal resolvió (fls. 117 Cd, 123 y 124):
Primero: Confirmar la sentencia de primera instancia proferida por la juez novena laboral del circuito de Medellín, pero con las siguientes modificaciones:
Al numeral primero porque el retroactivo pensional causado entre el 9 de abril de 2017 y el 30 de noviembre de 2019, asciende a la suma de $64.054.521, sin incluir en ese valor la adicional de noviembre.
Al numeral segundo porque el valor de la mesada pensional a partir del 1 de diciembre de 2019 y la adicional de noviembre, será de $1.447.750, que deberá ser incrementada anualmente, reconociendo al actor 13 mesadas cada año.
Segundo: Se revoca el numeral cuarto porque en este proceso no se causan costas en ninguna de las instancias.
Se ocupó de analizar lo relativo al régimen de transición y los efectos del Acto Legislativo 01 de 2005, en función de dilucidar si la prestación deprecada debió analizarse bajo los parámetros del Acuerdo 049 de 1990, o si, por el contrario, el litigio debió resolverse a la luz de las reglas previstas en el artículo 9 de la Ley 797 de 2003, en tanto el accionante arribó a los 62 años de edad después de instaurada la demanda.
Descartó la primera alternativa, como quiera que si bien, a la entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993, el actor contaba más de 15 años de servicios (fls. 92 a 104) y cuando entró en vigor el Acto Legislativo 01 de 2005 tenía cotizadas más de 1000 semanas, cumplió el requisito de edad el 8 de abril de 2015, cuando ya había finalizado el periodo previsto por la enmienda constitucional para acceder a la prestación bajo las reglas del régimen de transición.
Recordó lo adoctrinado en sentencias CC C-754-2004 y CC C-258-2013, y sostuvo que según las providencias CSJ SL13567-2016, CSJ SL3080-2018, CSJ SL5157-2018 y CSL SL5374-2018, el a quo acertó al colegir que el derecho pensional no debía definirse conforme lo previsto en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, en concordancia con los artículos 12 y 20 del Acuerdo 049 de 1990.
Estimó evidente que el actor consolidó la prestación por vejez en el transcurso del proceso, con base en lo previsto en la Ley 797 de 2003, como quiera que radicó la demanda el 20 de noviembre de 2015, y alcanzó 62 años de edad el 8 de abril de 2017, cuando contaba 1880.84 semanas cotizadas.
Consideró que no le asistía razón a la accionada al argüir que se pasaron por alto los postulados de congruencia y debido proceso, pues la satisfacción de la edad luego de haber presentado la demanda, constituye un hecho sobreviniente que no puede desconocerse, por tratarse de un derecho mínimo e irrenunciable. En ese orden, conforme lo previsto en el artículo 281 del Código General del Proceso, y lo ilustrado en proveído CSJ SL3707-2018, confirmó el fallo de primer grado, en tanto reconoció la prestación con base en el artículo 9 de la Ley 100 de 1993.
Dada la ausencia de información de las razones que llevaron al a quo a fijar la mesada inicial en $768.223, en «grado jurisdiccional de consulta», revisó lo relacionado con el reconocimiento pensional. A partir de lo previsto en el artículo 21 de la Ley 100 de 1993, examinó la historia laboral y dedujo:
A partir del IBL de toda la vida laboral por ser el más favorable se tiene como tasa inicial 64.45 %, una vez consagrada la tasa consagrada en el artículo 10 de la Ley 797 de 2003, si hacemos con el SMMLV de 2017, que es de $747.717, y dividimos el IBL mas alto de $1.604.409 por este valor, obtenemos que en esta hay 2.1 salarios mínimos.
Al llenar la fórmula con esta cifra 2.1, encontramos que la tasa inicial del demandante es de 64.45 %, una vez obtenido este porcentaje inicial, debemos ahora definir cuáles son las semanas adicionales.
Por cada 50 semanas adicionales a las 1000 se debe aumentar un 1.5, y de acuerdo con lo establecido en la ley, lo máximo que se puede aumentar son 15 puntos adicionales, que en el caso del actor sería 79.45 al sumárselo a los 64.45 %. Como el actor cotizó un total de 1880.84 semanas, significa que tiene 580 semanas adicionales, lo que llevaría a subir 16.5 %, pero como esto supera el límite máximo que prevé la ley para el caso del demandante entonces, lo máximo que se puede incrementar es 15 puntos, lo que nos lleva a 79.45 %. Observamos entonces con esto que la Sala encuentra una tasa levemente inferior a la definida por la juez en la providencia, pues la estableció en el tope máximo de 80 %.
Ahora bien, cuando le aplicamos a $1.604.409 la tasa de 79.45 %, nos encontramos un valor de mesada inicial de $1.274.702. se observa entonces por la Sala que el valor que se obtiene es claramente superior al definido en la sentencia que se revisa, pues la juez estableció la mesada inicial en la suma deficitaria de $768.223 pesos (…) (Resaltado de la Sala).
Afirmó que tenía competencia para modificar la decisión de primer grado en este punto, pese a que el accionante nada dijo al respecto pues, según el fallo CC C-968-2003, las materias objeto de apelación incluyen derechos mínimos irrenunciables de los trabajadores, como la mesada pensional (arts. 48 y 53 CN).
Así las cosas, ordenó se reconociera la prestación en 13 mesadas anuales, al haberse configurado el derecho luego del 31 de julio de 2011. Condenó a pagar $64.054.521 por retroactivo causado desde el 9 de abril de 2017 hasta el mes de noviembre de 2019, y ordenó a la demandada reconocer al actor a partir del 1 de diciembre de 2017 una mesada por valor de $1.447.750. Dijo que no procedía condena en costas en las instancias, dado que para la fecha en que el accionante activó el aparato judicial -9 de abril de 2015-, no había cumplido los requisitos consagrados en la Ley 797 de 2003.
RECURSO DE CASACIÓN
Interpuesto por la demandada, fue concedido por el Tribunal y admitido por la Corte. Se procede a resolver.
ALCANCE DE LA IMPUGNACIÓN
Pretende que la Corte case la sentencia recurrida, para que, en sede de instancia, revoque la de primer grado y, en su lugar, la absuelva de las pretensiones de la demanda.
En subsidio, pide se case parcialmente el fallo gravado en cuanto «dispuso modificar el monto de la mesada pensional (…), y se mantenga incólume en cuanto dispuso revocar la condena por concepto de costas del proceso». En sede de instancia, pide se mantenga el numeral primero del proveído de primer grado, «en cuanto al monto de la mesada pensional».
Con tal propósito formula dos cargos, oportunamente replicados por el promotor del litigio.
CARGO PRIMERO
Denuncia violación directa, por aplicación indebida, de los artículos 9 de la Ley 797 de 2003 y 281 del Código General del Proceso.
Arguye que el juzgador de alzada erró al conceder la pensión objeto de litigio, pese a que el accionante satisfizo el requisito de edad luego de iniciado el proceso; con ello, sostiene, desconoció el precedente CSJ SL13680-2016, CSJ SL, 3 may. 2001, rad. 15155, que giró en torno a la petición antes de tiempo.
Asevera que dicha excepción traduce que no puede declararse en juicio un derecho no consolidado al momento en que se inicia el proceso, dado que nadie puede ser condenado por una obligación inexistente e inexigible cuando se formula el llamado a juicio. Dice que la pensión reconocida en los términos del artículo 9 de la Ley 797 de 2003, impone el cumplimiento de los requisitos de tiempo y edad, de suerte que a falta de uno de ellos, el derecho no nace a la vida jurídica. Añade que no puede reclamarse por vía judicial el reconocimiento de la pensión de vejez, cuando no se han satisfecho los requisitos legales, pues se trata de una mera expectativa y no una situación jurídica consolidada.
RÉPLICA
Afirma que el fallo gravado es acertado, en tanto el advenimiento de la edad para acceder a la pensión, está soportado en los artículos 281 del Código General del Proceso y 48 de la Constitución Política. Reproduce pasjes del fallo CSJ SL3707-2018.
CONSIDERACIONES
La senda de ataque elegida por la censura, deja fuera de discusión que el demandante no satisfizo las exigencias para causar la pensión de vejez bajo las reglas del artículo 12 del Acuerdo 049 de 1990. También, que nació el 8 de abril de 1955, de suerte que cumplió 62 años el mismo día y mes de 2017, cuando contaba 1880.84 semanas en total.
El juzgador de alzada consideró que a pesar de que Muñetón Cifuentes no causó la prestación por vejez contemplada en el Acuerdo 049 de 1990, bajo cuyo amparo solicitó el reconocimiento, en el curso del proceso cumplió los requisitos del artículo 9 de la Ley 797 de 2003. La censura alega que no se debió conceder la prestación conforme el precepto recién mencionado, dado que el actor completó la edad luego de iniciada la contienda judicial, de donde emergía la excepción de petición antes de tiempo.
Contrario a lo expuesto por la recurrente, la actuación del ad quem encuentra respaldo en el artículo 281 del Código General del Proceso, vigente para la fecha en que profirió su decisión. Dicha norma es aplicable a los procesos laborales por remisión del artículo 145 del Código de Procedimiento Laboral. Preceptúa aquel canon que:
En la sentencia se tendrá en cuenta cualquier hecho modificativo o extintivo del derecho sustancial sobre el cual verse el litigio, ocurrido después de haberse propuesto la demanda, siempre que aparezca probado y que haya sido alegado por la parte interesada a más tardar en su alegato de conclusión, y cuando este no proceda, antes de que entre el expediente al despacho para sentencia, o que la ley permita considerarlo de oficio» (Negrillas fuera del texto original).
En punto a la excepción de petición antes de tiempo, en sentencia CSJ SL3707-2018, la Sala discurrió:
Ahora bien, frente a la declaratoria de la excepción de petición antes de tiempo, debe indicarse, que la solicitud elevada en el escrito inaugural, tenía por objeto el reconocimiento de la pensión de vejez por considerar que a más de la edad de 55 años, tenía cotizadas las semanas a la que se refiere el literal b) del artículo 12 del Acuerdo 049/90; sin embargo, este último aspecto no estaba satisfecho cuando se presentó el escrito inicial el 16 de marzo de 2005, puesto que acreditaba aproximadamente 987, y las 500 semanas debían haberse sufragado en los veinte años anteriores al cumplimiento de la edad mínima, como quedó dicho anteriormente, que para el caso sería entre el 29 de junio de 1974 y el 29 de junio de 1994, lapso en que el que solo tiene aportes por 442,79.
No obstante lo anterior, la actora después de radicar la presente acción, continuó cotizando y lo hizo hasta el 30 de mayo de 2006, completando 1065,42, como efectivamente lo estableció el Tribunal y se infiere de la historia laboral allegada a los autos por solicitud del juez de primera instancia.
En este orden, sin bien la accionante para cuando impetró la demanda inicial el 16 de marzo 2005, no cumplía con la densidad de semanas que la ley exigía para acceder a la prestación solicitada, tal requisito estaba satisfecho en fecha muy anterior a cuando se profirió la sentencia del juzgado, lo que condujo a que en esta se le otorgara la pensión de vejez con base en las mil semanas que regula el artículo 12 del Acuerdo 049/90.
Así las cosas, nos encontramos ante un hecho sobreviniente que no podía ser desconocido por el juzgador de alzada, puesto que la prestación aquí deprecada tiene el carácter de un derecho mínimo e irrenunciable, conforme a lo establece el artículo 48 de la C.N., y en esa medida, este debe hacerse prevalecer, debiendo tenerse en cuenta, que se trata de la misma pretensión contenida en la demanda inaugural, la pensión de vejez, la que si bien para cuando se presentó la acción no reunía los requisitos en cuanto a densidad de semanas, ello se surtió en el trámite del mismo.
En ese orden, no se vislumbra un desacierto en las conclusiones del fallo confutado. El hecho de que el actor hubiera solicitado la pensión de vejez bajo las reglas del artículo 12 del Acuerdo 049 de 1990, no impedía al Tribunal resolver el litigio conforme los requisitos del artículo 9 de la Ley 797 de 2003, dado que se trata de un derecho mínimo e irrenunciable, no hubo variación de la pretensión principal y alcanzó la edad exigida antes de que se profiriera el fallo de primer grado.
Por lo dicho, el cargo no prospera.
CARGO SEGUNDO
Por vía directa, denuncia infracción directa de los artículos 29 de la Constitución Política, 50 y 66 A del Código de Procedimiento Laboral, 280 a 282 del Código General del Proceso, que condujo a la aplicación indebida de los artículos 9 y 10 de la Ley 797 de 2003.
Aduce que la decisión confutada violó el principio de consonancia de que trata el artículo 66 A del Código Procesal del Trabajo, en tanto incrementó el monto de la mesada, a pesar de que no fue objeto de reproche en la alzada del actor.
Afirma que el principio referido impone una restricción al marco de competencia funcional del ad quem, a quien no le es permitido resolver materias no planteadas en el recurso de apelación (CSJ SL4939-2017). Arguye que el monto de la prestación no constituye un derecho mínimo e irrenunciable, salvo que la pensión se haya reconocido por debajo de un salario mínimo; y, como ello no ocurrió, el Tribunal no era competente para revisar de oficio este punto.
RÉPLICA
Afirma que la sentencia CC C-968-2003, declaró la exequibilidad condicionada del artículo 66 A del Código de Procedimiento Laboral, en el entendido de que las materias apeladas incluyen los derechos mínimos e irrenunciables del trabajador. Por ello, aduce, el ad quem obró en debida forma al efectuar control de legalidad a la pensión reconocida, por tratarse de un derecho fundamental.
CONSIDERACIONES
Por considerar que debido al grado jurisdiccional de consulta se hallaba habilitado para ocuparse del monto de la prestación, el ad quem incursionó en ese análisis y dedujo que el monto de la prestación era muy superior al obtenido por el fallador de la instancia inicial. Se fundó en que el derecho en disputa tiene la connotación de irrenunciable y que, en virtud de lo considerado en la sentencia CC C-968-2003, el juzgador de alzada estaba facultado para incrementar el valor de la pensión concedida por el a quo.
La entidad recurrente acusa infracción directa de los artículos 50 y 66 A del Código Procesal del Trabajo. Asevera que el Tribunal carecía de competencia para juzgar lo concerniente al monto de la pensión, en la medida en que el demandante ninguna inconformidad mostró de cara a la cuantía de la pensión que el fallador de primer nivel dedujo.
Claramente, se advierte que la censura se equivocó en punto a la selección de la modalidad invocada. A pesar de que no aludió expresamente a las normas del Código Procesal del Trabajo que acusa de inaplicadas, el Tribunal se fundó en un pronunciamiento de la Corte Constitucional que declaró ceñido a la Carta Superior el artículo 35 de la Ley 712 de 2001, que adicionó el precepto 66 A del estatuto adjetivo laboral, «en el entendido [de] que las materias objeto del recurso de apelación incluyen siempre los derechos laborales mínimos irrenunciables del trabajador». Lo anterior, significa que, contrario a lo que aduce la impugnante, hizo suyas las razones que tuvo en cuenta el juez de constitucionalidad para emitir su decisión, que no son otras que:
Indudablemente en la situación que se plantea el sentenciador de segundo grado podría abstenerse de pronunciarse sobre derechos y garantías mínimas del trabajador que no le fueron reconocidos por la sentencia apelada, ya que la exégesis del precepto bajo revisión lo obliga a ceñirse a la materia del recurso de apelación, impidiéndole extender su decisión a aspectos diferentes. Además el juez puede argüir que en tal situación el apelante está indicando tácitamente su conformidad con los aspectos no apelados de la sentencia de primer grado.
Sin embargo, para la Corte tal interpretación no se aviene con el Ordenamiento Superior, pues evidentemente comporta no sólo un flagrante desconocimiento del principio de irrenunciabilidad a los beneficios mínimos establecidos en las normas laborales que consagra el artículo 53 Superior, sino también del principio de la prevalencia del derecho sustancial que, según se explicó, le impone al juez laboral, como director del proceso, el deber de aplicar las normas procesales para hacer efectivos los derechos de quienes intervienen en el proceso, especialmente los derechos de los trabajadores.
Por lo tanto el principio de consonancia consagrado en el artículo 35 de la Ley 712 de 2002, no puede ser interpretado en el sentido restringido ya analizado, sino de manera tal que su significado se avenga a los dictados de la Constitución. De esta manera, cuando la norma en mención exige que la sentencia de segunda instancia debe estar en consonancia “con las materias objeto del recurso de apelación” debe entenderse que el examen que efectúa el superior no se limita a los asuntos desfavorables del fallo de primera instancia sobre los cuales versa la impugnación, sino a todos aquellos aspectos desfavorables al trabajador que involucran beneficios mínimos irrenunciables los cuales deben entenderse siempre incluidos en el recurso de alzada. Esta solución tiene fundamento en el principio de la conservación del derecho que habilita a la Corte para mantener la disposición en el ordenamiento, excluyendo del mismo, a través de una sentencia condicionada, los entendimientos de la misma que contraríen los principios y valores constitucionales.
Lo anterior no significa que el juez de segunda instancia pueda adicionar o extender un fallo en el cual ya ha utilizado el a-quo la facultad extra o ultra petita. Por lo tanto, cuando un fallo de primera instancia, sea revisado por el superior, en virtud del recurso de apelación, éste puede confirmar una decisión extra petita de la primera instancia, si ella es acertada, o revocarla en caso contrario, o modificarla reduciéndola si el yerro del inferior así lo impone, decisión que no puede ser aumentada ya que, de lo contrario, sería superar el ejercicio de la facultad, llevarla más allá de donde la ejercitó el a-quo y esto no le está permitido al ad-quem, ni tampoco agravarla en vigencia del principio procesal de la no reformatio in pejus, garantía constitucional que hace parte del derecho fundamental al debido proceso (C.P., arts. 29 y 31).
Debe tenerse en cuenta, que si bien tanto la consulta como la apelación son figuras jurídicas diferentes, pues el grado jurisdiccional de consulta no opera a iniciativa de la parte afectada sino automáticamente por mandato legal, con el fin de evitar fallos que puedan afectar los derechos de los trabajadores o el patrimonio público, lo cual justifica que el superior cuente con un amplio margen para resolver, y tratándose del recurso de apelación éste un medio de impugnación establecido en favor de quien se considera afectado por una resolución judicial a fin de que el superior jerárquico la modifique, aclare o revoque, correspondiéndolo a éste determinar las pretensiones de su recurso, materias éstas que delimitan la competencia del superior quien no podrá enmendar la providencia en la parte que no fue objeto del recurso, “salvo que en razón de la reforma fuere indispensable hacer modificaciones sobre puntos íntimamente relacionados con aquélla” (CPC art. 357), y por lo tanto, en apariencia no se vulneraría el derecho a la igualdad, no es menos cierto que, la facultad del reconocimiento de beneficios mínimos irrenunciables del trabajador no concedidos en primera instancia no puede ser una facultad exclusiva de la consulta, según la cual, el superior adquiere plena competencia para revisar íntegramente la actuación con el fin de reparar los posibles yerros en los que ha incurrido el a-quo, y por lo tanto debe emitir un pronunciamiento como si fuese el juez de primera instancia pudiendo en consecuencia ejercer la atribución que al sentenciador del primer grado confiere el artículo 50 del CPT HYPERLINK "https://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2003/C-968-03.htm" \l "_ftn15" \o "" [15] para fallar extra y ultra petita, bajo las condiciones allí establecidas que consisten en que los hechos en que se sustenta se hayan debatido dentro del proceso con la plenitud de las formas legales y que los mismos estén debidamente probados.
La interposición del recurso de apelación en materia laboral y su delimitación a las materias que perjudican al trabajador, no puede entenderse excluyente de aquellos derechos mínimos irrenunciables no concedidos en la primera instancia, pues a través de este mecanismo no puede el trabajador de manera voluntaria renunciar a ellos, pues por esta vía perdería efectividad la protección especial de la cual gozan todos los trabajadores.
En consecuencia, para la Corte las expresiones “la sentencia de segunda instancia”, “deberá estar en consonancia con las materias objeto del recurso de apelación” del artículo 35 de la Ley 712 de 2002, se ajustan a la Constitución, en el entendido que las materias objeto del recurso de apelación incluyen siempre los derechos laborales mínimos irrenunciables del trabajador. Interpretado de esta forma el segmento normativo acusado del artículo 35 de la Ley 712 de 2002 se hacen efectivos los derechos y garantías mínimas irrenunciables del trabajador que ampara el Ordenamiento Superior.
Entendimiento de la norma acorde con la Constitución que no desarticula el diseño legal de la apelación y la consulta, y tampoco desconoce los derechos fundamentales de defensa y contradicción de quienes intervienen en el proceso, ya que en dicha hipótesis el juez de grado superior que resuelve la apelación al quedar habilitado para pronunciarse sobre derechos mínimos irrenunciables que no fueron concedidos en primera instancia, debe hacerlo bajo el supuesto que los hechos que le sirven de soporte hayan sido debatidos y probados en el proceso de acuerdo con los preceptos legales respectivos. Y si bien el grado jurisdiccional de consulta fue instituido a favor del trabajador cuyas pretensiones fueren totalmente adversas al trabajador, si no fuere apelada, en materia laboral debe entenderse que el recurso de apelación incluye siempre para el trabajador sus derechos mínimos irrenunciables. Sería contrario a la Constitución, entender que la utilización de un mecanismo legítimo de defensa tuviera un efecto perverso respecto del trabajador que por cualquier circunstancia no incluyó en su recurso de apelación o no lo sustentó debidamente, el reconocimiento de sus derechos mínimos irrenunciables, y que la vía del recurso de apelación sirviera como un mecanismo para desconocer la protección especial respecto de aquellos derechos. No puede entenderse bajo ninguna circunstancia que el trabajador, por el hecho de apelar la sentencia, renuncia de aquellos beneficios mínimos no aducidos en tal recurso, pues se insiste, ella delimita todos los demás derechos reclamados pero no puede excluir los irrenunciables.
Con todo, tan prolija y contundente argumentación no deviene útil al propósito de la impugnante, en la medida en que, como queda visto, el ad quem no desbordó su competencia al ocuparse de una materia específicamente no controvertida por el promotor del juicio a la hora de sustentar el recurso de apelación.
Aunque tal dislate sería suficiente para desestimar el cargo, si la Sala se propusiera incursionar en la crítica que orienta la inconformidad de la censura, el objetivo perseguido tampoco tendría buen suceso. Esto, en tanto la Corte tiene definido que el juez de segundo grado debe pronunciarse no solo sobre las materias confutadas por las partes en el recurso de apelación, sino también sobre los derechos mínimos e irrenunciables del trabajador, siempre que hayan sido discutidos en el proceso y estén debidamente probados (CSJ SL1142-2014).
Así mismo, se ha indicado que conforme el artículo 48 de la norma superior, la seguridad social es un derecho subjetivo e irrenunciable; en tanto subjetivo, es exigible judicialmente para obtener su satisfacción, y en cuanto irrenunciable, es un derecho que no puede ser total o parcialmente objeto de disminución o disposición por su titular, ni extinguido por el paso del tiempo o por imposición de las autoridades.
La exigibilidad judicial de la seguridad social y, en particular, del derecho a la pensión, comporta la posibilidad de ser justiciado en todo tiempo; además, el derecho a obtener su entera satisfacción, de suerte que el reconocimiento se haga de forma ajustada al ordenamiento jurídico. Así pues, el calificativo de irrenunciable de la seguridad social no solo propende por la concesión formal de las prestaciones fundamentales que ella comporta; materialmente, significa que su satisfacción debe ser completa, a fin de que los derechos y los intereses objeto de protección, sean reales, efectivos y practicables (CSJ SL2148-2017, CSL SL20749-2017).
En ese orden, la insistencia del demandante por vía de apelación, para obtener una pensión en mejores condiciones a las reconocidas en primera instancia, no constituye un obstáculo para que el juez de la alzada verificara las condiciones pensionales que realmente le correspondían, e hiciera producir efectos positivos a las normas jurídicas llamadas a aplicarse, entendidas en su dimensión sistémica y plena; es decir, no solo en tanto consagran la concesión pura y simple del derecho una vez causado, sino además, de que todos sus componentes y aditamentos, como el de la forma correcta en que debe mensurarse una prestación instituida en favor de personas de la tercera edad, merecedoras de una protección especial por parte del ordenamiento jurídico.
De esta suerte, contrario a lo afirmado por la censura, el monto de la prestación se erige como un componente mínimo e irrenunciable de la pensión de vejez, en el marco del derecho fundamental a la seguridad social.
Y es que la Sala no puede compartir la idea de que la imposibilidad legal de que existan pensiones inferiores al salario mínimo traduzca, necesariamente, que solo estas constituyen derechos mínimos e irrenunciables. Ello implicaría que cualquier mesada superior al salario mínimo es susceptible de disposición. Semejante posibilidad riñe frontalmente con nociones elementales como la del mínimo vital, incorporada en el artículo 53 de la Constitución Política como garantía fundamental y como expresión de la dignidad humana.
Tampoco, se podía exigir al Tribunal dictar, a sabiendas, una sentencia contraria a derecho y a la evidencia regularmente acopiada, cuando la norma superior y la ley le impone el deber inexcusable de emitir decisiones conforme al orden jurídico y a la verdad real.
Lo anterior, cobra mayor fuerza y sentido al no estar en discusión la considerable diferencia entre la mesada que el a quo calculó por valor de $768.223, y la que el ad quem encontró acreditada, por la suma de $1.274.702.
Corolario de lo anterior, el cargo es infundado.
Costas en sede extraordinaria a cargo de Colpensiones. En la liquidación, inclúyanse $9.400.000, como agencias en derecho y aplíquese el artículo 366 del Código General del Proceso.
DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, NO CASA la sentencia proferida el 12 de noviembre de 2019, por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín, en el proceso que instauró LEONARDO DE JESÚS MUÑETÓN CIFUENTES contra la ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES, COLPENSIONES,
Costas, como se dijo.
Cópiese, notifíquese, publíquese, cúmplase y devuélvase el expediente al Tribunal de origen.
DONALD JOSÉ DIX PONNEFZ
JIMENA ISABEL GODOY FAJARDO
Salva el voto
JORGE PRADA SÁNCHEZ
Radicación No. 87401
Magistrado Ponente: JORGE PRADA SÁNCHEZ
LEONARDO DE JESÚS MUÑETÓN CIFUENTES VS la ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES, COLPENSIONES
SALVAMENTO DE VOTO
Con el acostumbrado respeto por las decisiones que toma esta Corte, debo expresar que, contrario a lo considerado por la mayoría de los integrantes de la Sala, estimo que le asistía razón a la entidad recurrente y su impugnación debió prosperar, dado que se acreditaron los yerros – fácticos y jurídicos - en la decisión del Tribunal, como lo expuso en su escrito de sustentación.
Consecuentemente, a continuación presento los argumentos que me llevan a disentir de la decisión adoptada en el asunto de la referencia.
Si el monto inicial de la pensión no fue objeto de la apelación del demandante, el Tribunal no tenía competencia para aumentarlo en su favor.
El derecho irrenunciable es el derecho a la pensión, el que en el asunto bajo análisis le fue concedido, no el monto de la primera mesada, frente al cual se guardó conformidad.
En sentencia CSJ SL3538-2021, la Sala se abstuvo de modificar el monto de la pensión precisamente porque, «no fue materia de apelación y, en consulta, no es factible aumentarla en perjuicio de la entidad a favor de la cual se surte el grado jurisdiccional».
Ahora, si bien el cálculo del a quo fue errado, pues estableció el valor inicial de la pensión en $768.223, tal yerro por corresponder a un error matemático podía ser objeto de corrección previa solicitud, en cualquier tiempo, sin que fuera pertinente desbordar el campo de competencia del juez de segunda instancia so pretexto de enmendarlo.
No obstante, también el Tribunal calculó mal el valor de la mesada, porque aplicó mal la fórmula legal; lo fijó en la suma $1.274.702, cuando el valor correcto, con base en el Ingreso Base de Liquidación (IBL) que anuncia el fallo, es de $1.154.005.
Fecha ut supra,
JIMENA ISABEL GODOY FAJARDO
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