Finalmente, adujo que, por presunción legal, si la desvinculación del trabajador se produce en estado de debilidad manifiesta, la demandada debía acreditar que no fue ese el motivo de la desvinculación; que, según la respuesta al oficio decretado, el actor fue reportado por la demandada como su trabajador, ante el operador Talismán, para el «Proyecto de Explotación Sísmica Araguato», en el que se realizaron las Sísmicas San Martín, del 12 de enero al 25 de marzo de 2010, y Guamal, del 2 al 14 de marzo de 2010, y como el accidente ocurrió con posterioridad a la terminación de la última, en virtud de la libre formación del convencimiento, entendió que el contrato del demandante no estaba supeditado a la existencia del proyecto, sino que se encontraba laborando para los diferentes contratos que suscribía la demandada.
RECURSO DE CASACIÓN
Interpuesto por la demandada, concedido por el Tribunal y admitido por la Corte, se procede a resolver.
ALCANCE DE LA IMPUGNACIÓN
Pretende la recurrente que la Corte case la sentencia del Tribunal, para que, en sede de instancia, confirme íntegramente la decisión proferida en primer grado.
Con tal propósito formuló dos cargos, por la causal primera de casación laboral, que no fueron objeto de réplica y se analizarán conjuntamente, por cuanto se complementan.
CARGO PRIMERO
Acusa la sentencia de violar, por la vía indirecta, en la modalidad de aplicación indebida, los artículos 5º de la Ley 50 de 1990, 1º, 5º y 26 de la Ley 361 de 1997.
Como errores evidentes de hecho en que incurrió el Tribunal enlista:
Haber dado por probado, sin estarlo, que el demandante Señor Leonardo Fabio Silgado Perdomo se encontraba incapacitado para trabajar al momento de la terminación del contrato de trabajo.
Haber dado por probado, sin estarlo, que el demandante Señor Leonardo Fabio Silgado Perdomo se encontraba calificado con algún grado de pérdida de capacidad al momento de la terminación del contrato de trabajo.
Haber dado por probado, sin estarlo, que el día 23 de diciembre de 2010 el demandante señor Leonardo Fabio Silgado Perdomo, tenía una pérdida de capacidad laboral del 24.92%.
Haber dado por probado, sin estarlo, que el empleador tenía la obligación de solicitar permiso para terminar el contrato de trabajo del señor Leonardo Fabio Silgado Perdomo.
Haber dado por demostrado sin estarlo que el demandante con posterioridad a la terminación del contrato de trabajo en forma legal, estuvo incapacitado para trabajar.
Haber dado por probado, sin estarlo, que al momento de la terminación del contrato de trabajo en forma legal, ya se había estructurado la pérdida de capacidad laboral.
No dar por demostrado, a pesar de estarlo, que la empresa que represento afilió al demandante al sistema de seguridad social en riesgos laborales.
No dar por demostrado, a pesar de estarlo, que la empresa que represento subrogó el riesgo laboral del actor a la ARL Colmena Seguros S.A.
No dar por demostrado, a pesar de estarlo, que la Junta Regional de Calificación de Invalidez hasta el día 27 de septiembre de 2011 emitió el dictamen de pérdida de capacidad.
No dar por demostrado, a pesar de estarlo, que la Junta Nacional de Calificación de Invalidez, confirmó el dictamen de la Junta Regional hasta el día 28 de febrero de 2013.
No dar por demostrado, a pesar de estarlo, que la fecha de estructuración de la pérdida de capacidad laboral ocurrió con posterioridad a la terminación del contrato de trabajo.
No dar por demostrado a pesar de estarlo, que el contrato de trabajo terminó por la finalización de la obra o labor contratada.
Relaciona como pruebas erróneamente apreciadas, del cuaderno del Juzgado, el dictamen emitido el 27 de septiembre de 2011 por la Junta Regional de Calificación de Invalidez del Meta (f.º 52 a 55); el dictamen emitido el 28 de febrero de 2013 por la Junta Nacional de Calificación de Invalidez (f.º 77 a 82); la carta de terminación del contrato de trabajo del 21 de diciembre de 2010 (f.º 142) y el contrato de trabajo suscrito entre las partes (f.º 137 y 138); y, como prueba dejada de apreciar, la incapacidad del 17 de noviembre de 2010 (f.º 142, cuaderno del juzgado).
Para la demostración del cargo, afirma que el Tribunal incumplió su deber legal de exponer razonadamente el mérito asignado a cada prueba y valoró en forma equivocada las allegadas al proceso; que aquel expresó que el contrato no se encontraba supeditado a la existencia de determinado proyecto, sin que fuera objeto de inconformidad en la demanda, ni discutida, la validez de la modalidad del contrato de trabajo suscrito por las partes; que partió del supuesto de terminación ilegal del contrato de trabajo, y si lo hubiera valorado correctamente, así como la carta de terminación, habría concluido que el contrato fue por duración de la obra, que terminó en forma legal, según lo previsto en el literal d) del art. 5º de la Ley 50 de 1990; que no se vulneró ningún derecho del actor y que no había lugar a solicitar permiso alguno.
Frente a la condición médica del actor, señala que si el Tribunal hubiera valorado correctamente los dictámenes de las juntas de calificación de invalidez, habría determinado que el actor no gozaba de estabilidad laboral a la terminación de su contrato, por lo que no debía solicitarse el permiso al que hizo alusión, de conformidad con lo dispuesto en el art. 26 de la Ley 361 de 1997; que el reintegro se sustentó en la pérdida de capacidad del 24.92%, mencionando expresamente el dictamen de la Junta Regional de Calificación de Invalidez del Meta, el que tomó en cuenta para concluir que el trabajador gozaba de estabilidad laboral reforzada al momento de la terminación del contrato, cuando lo que demuestra el documento, así como el dictamen emitido por la Junta Nacional de Invalidez, es que a esa fecha, no existía calificación de porcentaje de pérdida de capacidad ni se había estructurado la pérdida de capacidad laboral; y de esas pruebas tampoco se deriva el estado de debilidad manifiesta del demandante cuando terminó su contrato, sin que obre prueba en el plenario que acredite tal afirmación.
Aduce que, de haber valorado la última incapacidad emitida al actor, la conclusión del Tribunal habría sido correcta, esto es, que al momento de la terminación del contrato de trabajo en forma legal, el trabajador no gozaba de estabilidad laboral reforzada, por cuanto no se expidieron más incapacidades; que de haber apreciado correctamente el acervo probatorio, habría concluido que el demandante no estaba incapacitado para laborar, ni calificado con pérdida de capacidad alguna, ni tenía ninguna limitación física, ni aparece en el expediente prueba siquiera sumaria que demuestre que al momento de la terminación existiera sustento fáctico que exigiera a la demandada solicitar autorización previa al Ministerio; y que la decisión de primera instancia fue acertada.
CARGO SEGUNDO
Acusa la sentencia de violar, por la vía directa, en la modalidad de infracción directa, los artículos 51, 60 y 61 del CPTSS, 164, 165 y 167 del CPC, aplicables en virtud del 145 del CPTSS; lo que llevó a que se «[…] interpretara erróneamente el artículo 61 del Código Sustantivo del Trabajo y los artículos 1º, 5º y 26 de la Ley 361 de 1997, precepto legal que no se tuvo en cuenta para la recta solución del litigio y al que ha debido hacérsele producir efectos en el caso».
En la demostración del cargo, sostiene que, acorde con los art. 60 del CPTSS y 164 del CPC, el juzgador tiene la obligación legal de fundar su decisión en las pruebas allegadas al proceso en debida y oportuna forma, y si bien el art. 61 del CPTSS faculta a los jueces para formar libremente su convencimiento, les impone el deber de indicar los hechos y circunstancias que causaron su convencimiento, sustentado con los medios de prueba establecidos en la ley y no en el «[…] conocimiento o conclusión personal que pueda tener de algún hecho relevante en el resultado del proceso» ni el «arbitrio Iudicis»; y que:
[…] sin saberse como (sic) el Tribunal llego (sic) a la conclusión que a la fecha de terminación del contrato de trabajo el actor se encontraba incapacitado, con una perdida (sic) de capacidad laboral del 24.92% al igual que su estructuración, cuando en el proceso quedo (sic) demostrado que estos dos últimos eventos lo fueron con posterioridad y que la incapacidad había finalizado.
El artículo 61 del Código Sustantivo del Trabajo y los artículos 1º, 5º y 26 de la Ley 361 de 1997, fueron erróneamente interpretados, pues no obstante que la primera de estas normas establece como una de las formas de terminación del contrato de trabajo, la finalización de la obra o labor sin autorización del Ministerio de Trabajo, el Tribunal llegó a la conclusión que se debía solicitar la autorización, a pesar que, reitero, el demandante no gozaba de ninguna protección legal.
Así mismo, se interpretó (sic) los artículos 1, 5 y 26 de la Ley 361 de 1997, al otorgar una condición de debilidad manifiesta que no existía al momento de la finalización del contrato de trabajo, al respecto es importante insistir que, el demandante no se encontraba incapacitado, no tenía perdida (sic) de capacidad para trabajar y ni siquiera la fecha de estructuración se dio en la fecha en que se finiquitó el vínculo laboral.
CONSIDERACIONES
Contrario a lo manifestado por el recurrente, el Tribunal no desconoció los postulados adjetivos denunciados en el cargo formulado por la vía directa, para llegar a las conclusiones fácticas y probatorias, que dieron lugar a la aplicación de las normas sustanciales que gobernaban el caso concreto, cuya intelección se ajustó al criterio actual y reiterado de esta Corporación, sin cometer el yerro jurídico endilgado por la censura.
Lo anterior, por cuanto resulta evidente que el Colegiado hizo referencia expresa a cada una de las pruebas que lo llevaron al convencimiento de los supuestos fácticos de los que derivó su decisión, indicando «los hechos y circunstancias que causaron su convencimiento» y «atendiendo a las circunstancias relevantes del pleito»; analizó las pruebas allegadas oportunamente, conforme a lo dispuesto en los art. 51, 60 y 61 del CPTSS, y en lo pertinente, los art. 164, 165 y 167 del CGP, vigentes y aplicables para el momento en que profirió la sentencia; además, tuvo en cuenta aquellas pruebas que decretó de manera oficiosa, según lo previsto en el art. 83 del CPTSS, modificado por el art. 41 de la Ley 712 de 2001, que lo facultaba para ordenar la práctica de las demás pruebas que considerara necesarias para resolver la apelación, las que fueron incorporadas al proceso y puestas a disposición de las partes, con antelación a la celebración de la audiencia.
El Tribunal le dio alcance e intelección al art. 26 de la Ley 361 de 1997, en armonía con recientes pronunciamientos de esta Corporación, en los que se precisó su correcta interpretación y el alcance de la presunción legal que aquella norma comporta, a partir de la sentencia CSJ SL1360-2018, así:
En esta dirección, la disposición que protege al trabajador con discapacidad en la fase de la extinción del vínculo laboral tiene la finalidad de salvaguardar su estabilidad frente a comportamientos discriminatorios, léase a aquellos que tienen como propósito o efecto su exclusión del empleo fundado en su deficiencia física, sensorial o mental. Esto, en oposición, significa que las decisiones motivadas en un principio de razón objetiva son legítimas en orden a dar por concluida la relación de trabajo.
Lo que atrás se afirma deriva del artículo 26 de la Ley 361 de 1997, pues, claramente, en ese precepto no se prohíbe el despido del trabajador en situación de discapacidad, lo que se sanciona es que tal acto esté precedido de un criterio discriminatorio. Nótese que allí se dispone que «ninguna persona limitada podrá ser despedida o su contrato terminado por razón de su limitación», lo que, contrario sensu, quiere decir que si el motivo no es su estado biológico, fisiológico o psíquico, el resguardo no opera.
Lo anterior significa que la invocación de una justa causa legal excluye, de suyo, que la ruptura del vínculo laboral esté basada en el prejuicio de la discapacidad del trabajador. Aquí, a criterio de la Sala no es obligatorio acudir al inspector del trabajo, pues, se repite, quien alega una justa causa de despido enerva la presunción discriminatoria; es decir, se soporta en una razón objetiva.
Con todo, la decisión tomada en tal sentido puede ser controvertida por el trabajador, a quien le bastará demostrar su estado de discapacidad para beneficiarse de la presunción de discriminación, lo que de contera implica que el empresario tendrá el deber de acreditar en el juicio la ocurrencia de la justa causa. De no hacerlo, el despido se reputará ineficaz (C-531-2000) y, en consecuencia, procederá el reintegro del trabajador junto con el pago de los salarios y prestaciones dejados de percibir, más la sanción de 180 días de salarios consagrada en el artículo 26 de la Ley 361 de 1997.
De acuerdo con lo anterior, precisa la Sala que no es objeto de controversia en este asunto y se encuentra libre de ataque en el recurso que: (i) entre las partes se celebró un contrato de trabajo por duración de la obra, que inició el 25 de enero y terminó el 23 de diciembre de 2010; (ii) el 14 de abril de 2010 el trabajador sufrió un accidente de trabajo, que le generó incapacidades sucesivas; (iii) las secuelas permanentes del accidente de trabajo fueron calificadas por la Junta Regional de Calificación de Invalidez del Meta y la Junta Nacional de Calificación de Invalidez, dictaminando una pérdida de capacidad laboral del 24.92%, de origen profesional, por accidente de trabajo; y (iv) la ARL Colmena emitió concepto laboral con recomendaciones médicas por dos meses para el reintegro laboral del actor, que le fue remitido al empleador el 16 de diciembre de 2010.
Lo que motiva la controversia en casación es la conclusión fáctica del juzgador de segunda instancia en torno a la situación de salud del demandante a la fecha de terminación de su contrato de trabajo, por cuanto aduce la recurrente que los dictámenes de las juntas fueron emitidos el 27 de septiembre de 2011 y el 28 de febrero de 2013, y establecieron una fecha de estructuración posterior a la de finalización del vínculo laboral, así como que el contrato terminó por la finalización de la obra contratada, esto es, por causa legal.
Al respecto, encuentra la Sala que el Tribunal no incurrió en los errores de hecho que le endilga la censura, ni su decisión fue producto de la apreciación errónea del contrato de trabajo, la carta de terminación del mismo o los dictámenes emitidos por las juntas de calificación de invalidez allegados al expediente, que informaron las conclusiones que lo llevaron a la decisión de revocar la sentencia de primera instancia y acceder a lo pretendido; menos aún puede predicarse la omisión en la valoración de la última incapacidad emitida al actor.
De ninguna manera estableció el ad quem que en la fecha de la terminación del contrato de trabajo el demandante se encontrara incapacitado, ni que en ese momento estuviera calificado con pérdida de capacidad laboral o que estuviera la misma calificada y estructurada en grado alguno para ese momento pues, por el contrario, advirtió que para que operara la estabilidad laboral reforzada era necesario que por la condición de salud del trabajador se viera afectada su productividad, mas no certificación o calificación alguna en la fecha de terminación del contrato.
En cuanto al estado de salud del demandante, acertadamente advirtió el colegiado que en la fecha de terminación del contrato de trabajo no había sido calificada su pérdida de capacidad laboral, indicando acto seguido que ello era así por cuanto se encontraba en proceso de recuperación, lo que derivó del concepto laboral emitido por la ARL y el examen médico de egreso, cuya apreciación no fue acusada de errónea por la recurrente; indicó que a pesar de que la estructuración de la incapacidad también fue posterior al finiquito contractual, resultaba acreditado en el proceso que fue consecuencia del accidente laboral ocurrido en vigencia del contrato, el 14 de abril de 2010.
Además, contrario a lo aducido por la censura, el Tribunal expresamente valoró la última incapacidad emitida al actor en su condición de trabajador de la demandada, para indicar que lo fue por 30 días contados a partir del 16 de noviembre de 2010, por lo que finalizó el 16 de diciembre siguiente.
Y fue del análisis conjunto de las pruebas, ausente de yerro protuberante alguno, de donde el colegiado concluyó que el actor se encontraba en estado de debilidad manifiesta para la fecha de terminación de su contrato, toda vez que estaba aún en proceso de recuperación de su estado de salud, como consecuencia del accidente de trabajo sufrido, por el que hasta una semana antes había estado incapacitado, cuyas secuelas posteriormente fueron calificadas con un 24.92% de pérdida de capacidad laboral, aunque con fecha de estructuración también posterior, pero originada en el mencionado accidente, se itera, ocurrido en vigencia del vínculo laboral; y que la empleadora conocía ese estado de salud y debilidad manifiesta del actor, por el concepto que le fue remitido el 16 de diciembre de 2010, por la ARL Colmena, según la certificación obrante en el proceso, cuya valoración no fue objeto de reproche en el recurso.
En torno a lo anterior, esta Sala ha señalado que, para ser destinatarios de la garantía de estabilidad laboral reforzada, prevista en el art. 26 de la Ley 361 de 1997, los trabajadores deben tener una condición de discapacidad o limitación, en grado moderado, severo o profundo, sin que se requiera que la misma esté previamente calificada, ni que se identifique con un carné, como lo regula el art. 5 de la misma ley, sino que deben padecer una discapacidad en un grado significativo, debidamente conocida por el empleador; advirtiendo que, por regla general, existe libertad probatoria para acreditar la condición que genera la protección. En la sentencia CSJ SL11411-2017 la Sala señaló:
Así las cosas, no le asiste razón a la censura al sostener que para que el demandante pudiera ser objeto de especial protección a la estabilidad laboral, debía contar con un carné o certificación que lo identificara como minusválido o disminuido, pues tales documentos no tenían un carácter constitutivo de esa condición.
Igual situación se predica del dictamen que emiten las juntas de calificación de invalidez, pues, de acuerdo con lo adoctrinado por esta sala, ese documento no está instituido como prueba solemne de la condición de discapacidad del trabajador o de la pérdida de su capacidad laboral, de manera que, en estos casos, el juez del trabajo tiene libertad probatoria.
En la misma providencia, acto seguido, se hizo alusión a lo indicado en la sentencia CSJ SL10538-2016, en la que se concluyó:
En consecuencia, al no estar en presencia de un medio probatorio solemne, en el sub lite al Juzgador de alzada le era permitido, conforme a la potestad de apreciar libremente la prueba, acoger aquellos elementos de convicción que le den mayor credibilidad o lo persuada mejor sobre cuál es la verdad real y no simplemente formal que resulte del proceso, en atención a lo previsto en el artículo 61 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social y sobre todo en casos tan especiales como lo es la protección de un derecho fundamental como ocurre en el asunto de marras.
De los criterios anteriores se extrae: i) tanto el carné de que trata el artículo 5 de la Ley 361, como el dictamen pericial de las JCI, son algunos de los medios de prueba, no solemnes, con los cuales se puede acreditar el grado de la limitación física, psíquica y sensorial; ii) habrá casos, según la patología, en los que el Juez sólo podrá verificar tal supuesto de hecho con los dictámenes de las JCI y iii) en otros eventos, el Juzgador tiene libertad probatoria.
En cuanto a los motivos de terminación del contrato de trabajo, no observa esta Corporación que el juzgador de la alzada hubiera incurrido en error protuberante en la valoración del contrato de trabajo suscrito entre las partes y de la comunicación mediante la cual el empleador dio por terminado el mismo. Por el contrario, advirtió que el contrato se celebró por duración de la obra o labor determinada, como se desprende del contenido del acuerdo suscrito (f.º 136 a 138), en el cargo de Técnico HSE «[…] para el desarrollo del proyecto sísmico denominado, SAN MARTÍN GUAMAL 3D, para la operadora TALISMAN COLOMBIA OIL & GAS a desarrollar en los municipios de GUAMAL, SAN MARTÍN DE LOS LLANOS, SAN LUIS DE CUBARRAL, CASTILLA LA NUEVA, EL DORADOMETA, en el Departamento del META».
Empero, el ad quem también valoró la respuesta dada al oficio que libró en uso de sus facultades legales, en el que requirió a la Operadora Talismán Oil & Gas, para que informara si el proyecto para el que fue contratado el demandante se encontraba vigente, o si había sido ejecutado hasta su terminación y la fecha concreta en que ello ocurrió. En la referida respuesta (f.º 26 del cuaderno del tribunal), el representante legal de Talismán informó que la demandada reportó al actor como su trabajador en el «Proyecto de Exploración Sísmica Araguato del Bloque CPO09, dentro del cual se realizaron la Sísmica San Martín y la Sísmica Guamal 3D», primera que inició el 12 de enero y finalizó el 25 de marzo de 2010, y la segunda, entre el 2 y el 14 de marzo de 2010.
De la valoración de esa prueba legal y oportunamente incorporada al proceso y que no fue atacada en el recurso, concluyó el fallador que, como la fecha en que ocurrió el accidente de trabajo fue posterior a la de terminación de las sísmicas realizadas en el proyecto para el que fue contratado el demandante, pese a lo cual continuaba vinculado laboralmente, su contrato de trabajo ya no estaba ligado a ese proyecto, sin que encontrara entonces ni legal ni justificada la causa de la terminación del mismo, lo que tampoco podría tenerse por acreditado con la carta que le fue remitida (f.º 139), pues no constituye más que la afirmación del motivo de la terminación, que no encuentra ningún tipo de soporte probatorio que permita acreditar en este asunto la obra o labor a la que se hace referencia y su efectiva culminación, toda vez que, se itera, de las pruebas obrantes en el proceso, concluyó la segunda instancia que la obra para la que fue inicialmente contratado el actor culminó en fecha incluso anterior a la de ocurrencia del accidente de trabajo.
En este punto, conviene precisar que, tal como se adujo en las decisiones ya referidas, si se invoca una causa o razón objetiva de terminación del contrato de trabajo, no se hace necesario acudir al inspector de trabajo, sin embargo, si el trabajador demuestra su estado de discapacidad que lo hace beneficiario de la presunción legal también referida, el empleador tiene el deber de acreditar la causa de terminación aducida, de lo contrario, el despido se torna en ineficaz, como en este caso ocurrió, si se tiene en cuenta que la demandada no demostró cuál era la presunta obra en la que se encontraba trabajando el demandante cuando ocurrió el accidente de trabajo e iniciaron sus incapacidades, y en qué momento terminó.
En ese sentido, en la sentencia CSJ SL3520-2018, en asunto similar a este, en el que la causa de terminación aducida fue la culminación de la obra o labor, esta Sala precisó:
Con todo, sobre el punto, la Sala comparte esta reflexión del juez de segundo nivel puesto que así como al demandante le corresponde demostrar los fundamentos fácticos de sus pretensiones, a la parte demandada le concierne hacer lo propio frente a los hechos soporte de sus excepciones, de tal manera que si se alega la terminación de la obra, lo apropiado es aportar la documentación que lo acredite. Lo anterior, además, hace justicia al hecho de que la empresa en su calidad de dueña del negocio se encuentra en mejor posición probatoria para documentarse y acreditar la efectiva terminación de las actividades contratadas.
Finalmente, la afiliación al sistema de riesgos profesionales y la consecuente subrogación del riesgo en cabeza de la ARL no fue objeto de discusión en el proceso, ni tuvo incidencia alguna en la decisión, pues lo pretendido compete únicamente al empleador, como consecuencia de las condiciones particulares de salud del trabajador.
De lo anteriormente expuesto se concluye que en ninguno de los yerros fácticos y jurídicos endilgados incurrió el Tribunal en su decisión, razón por la cual, los cargos se desestiman.
Sin costas en el recurso extraordinario.
DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, NO CASA la sentencia proferida el quince (15) de marzo de dos mil dieciocho (2018), por la Sala Civil Familia Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Villavicencio, en el proceso ordinario laboral promovido por LEONARDO FABIO SILGADO PERDOMO contra SAEXPLORATION INC SUCURSAL COLOMBIANA.
Costas como se dijo en la parte motiva.
Notifíquese, publíquese, cúmplase y devuélvase el expediente al tribunal de origen.
IVÁN MAURICIO LENIS GÓMEZ
Presidente de la Sala
GERARDO BOTERO ZULUAGA
FERNANDO CASTILLO CADENA
CLARA CECILIA DUEÑAS QUEVEDO
LUIS BENEDICTO HERRERA DÍAZ
No firma por ausencia justificada
OMAR ÁNGEL MEJÍA AMADOR
JORGE LUIS QUIROZ ALEMÁN
ACLARACIÓN DE VOTO
Demandante: Leonardo Fabio Silgado Perdomo
Demandado: Saexploration Inc Sucursal Colombia
Radicación: 81338
Magistrado Ponente: Jorge Luis Quiroz Alemán
Como lo manifesté en la sesión en que se debatió el asunto, comparto la decisión de no casar el fallo del ad quem que revocó la decisión absolutoria de primer grado y, en su lugar, declaró que el accionante es merecedor de la protección consagrada en el artículo 26 de la Ley 361 de 1997 y, en consecuencia, condenó al pago de salarios y prestaciones dejados de cancelar desde la fecha del despido hasta que se haga efectivo su reintegro, los aportes al sistema de seguridad social integral por el mismo lapso y la indemnización de que trata la citada disposición.
Lo anterior, con fundamento en que conforme lo dispuesto en la normativa vigente para el momento de ocurrencia de los hechos, esto es, el Decreto 2463 de 2001, el trabajador estaba en estado de discapacidad, en la mediad que fue calificado con una pérdida de capacidad laboral del 24.92% y, si bien se estableció que su estructuración fue el 15 de febrero de 2011, esto es, con posterioridad a la fecha de terminación del contrato de trabajo -23 de diciembre de 2010-, lo cierto es que en el proceso quedó debidamente acreditado que ello fue a consecuencia del accidente de trabajo que tuvo lugar el 14 de abril de 2010, en vigencia de la relación laboral, y que el empleador «conocía ese estado de salud y debilidad manifiesta del demandante».
No obstante, considero oportuno y relevante aclarar mi voto bajo las consideraciones que explico a continuación.
Desde hace más de una década esta Sala viene defendiendo la idea que el resguardo frente a despidos discriminatorios consagrado en el artículo 26 de la Ley 361 de 1997 opera a favor de las personas en situación de discapacidad, léase aquellos que tienen una limitación moderada, severa y profunda en los términos y porcentajes que definía el artículo 7.º del Decreto 2436 de 2001; es decir, con base en el modelo médico rehabilitador que imperaba a principios de los años 90´s y que encontraba sustento en distintas normas del orden jurídico. Según esta aproximación la discapacidad viene a ser consecuencia de las limitaciones o pérdidas anatómicas o funcionales de los trabajadores. Por ello, la consideración de que una persona tenga o no discapacidad, dependía exclusivamente de parámetros médicos, mas no sociales o contextuales.
Sin embargo, en mi criterio, tal panorama varió a la luz de la Convención sobre los Derechos de las personas con Discapacidad y la Ley 1618 de 2013, pues a partir de tales preceptivas surgió un nuevo modelo de aproximación a la discapacidad denominado «modelo social» o de «barreras sociales».
A diferencia de su predecesor, el modelo social alega que las causas que dan origen a la discapacidad no son científicas, son preponderantemente sociales. Según los defensores de este modelo, no son –exclusivamente- las limitaciones individuales las raíces del problema, sino las limitaciones de la sociedad para prestar servicios apropiados y para asegurar adecuadamente que las necesidades de las personas con discapacidad se tengan en cuenta dentro de la estructura social. Bajo este esquema, la discapacidad se desplaza de la persona a la comunidad, puesto que no depende únicamente de las características propias del individuo, sino también de la manera como la sociedad donde vive organiza su entorno y lo acepta o rechaza. Luego, el problema principal de la discapacidad no reside en la persona, sino fuera de ella, en los entornos sociales que le impiden hacer uso de sus capacidades y habilidades.
Por tanto, este modelo se enfoca en la inclusión social, la igualdad de oportunidades y el reconocimiento de las diferencias funcionales de las personas para el diseño de políticas sociales, laborales, administrativas, entre otras. La intervención del Estado no debe ser exclusivamente para rehabilitar a las personas, también para remover los obstáculos que impiden su integración social y su independencia. Por ello, se busca incidir sobre las estructuras, ideas y prácticas sociales mediante conceptos tales como el de ajustes razonables, diseño universal y la toma de conciencia.
Adicionalmente, esta comprensión propugna por el quiebre de binomios tales como deficiencia/discapacidad o enfermedad/discapacidad, bajo la consideración de que la deficiencia hace referencia a las pérdidas o limitaciones de un miembro, órgano o mecanismo del cuerpo, mientras que la discapacidad comprende las desventajas o restricciones que las personas con diversidad funcional experimentan debido a barreras sociales que impiden su participación en las actividades sociales. En otros términos, la deficiencia es una pérdida anatómica o limitación funcional, y la discapacidad son las restricciones que experimentan las personas a raíz de la interacción de esas deficiencias con los factores sociales.
Desde este ángulo, «una incapacidad para caminar es una deficiencia, mientras que una incapacidad para entrar a un edificio debido a que la entrada consistente en una serie de escalones es una discapacidad. Una incapacidad de hablar es una deficiencia pero la incapacidad para comunicarse porque las ayudas técnicas no están disponibles es una discapacidad. Una incapacidad para moverse es una deficiencia pero la incapacidad para salir de la cama debido a la falta de disponibilidad de ayuda apropiada es una discapacidad».
Lo anterior es importante, dado que el disociar la deficiencia de la discapacidad, dejarla de considerar como una enfermedad y subrayar los factores sociales que contribuyen a producirla, conduce a abandonar definiciones de discapacidad construidas en términos de salud, enfermedad o parámetros exclusivamente médicos.
Pues bien, la Convención sobre los Derechos de las personas con Discapacidad, aprobada por la Ley 1346 de 2009, ratificada el 10 de mayo de 2011 y vigente en Colombia a partir del 10 de junio de 2011, adoptó una definición sustentada en el modelo social.
En este instrumento, la discapacidad es concebida como el resultado negativo de la correlación entre las circunstancias específicas de un sujeto y las barreras impuestas por la sociedad. En su preámbulo, tras reconocer que la discapacidad es «un concepto que evoluciona», prescribe que es el producto «de la interacción entre las personas con deficiencias y las barreras debidas a la actitud y al entorno que evitan su participación plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de condiciones con las demás».
En igual dirección, el artículo 1.º señala que las personas con discapacidad «incluyen a aquellas que tengan deficiencias físicas, mentales, intelectuales o sensoriales a largo plazo que, al interactuar con diversas barreras, puedan impedir su participación plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de condiciones con las demás».
Vale subrayar que con esta conceptualización se buscaba evitar que los Estados establecieran en sus legislaciones internas definiciones pensadas en función de porcentajes, grados o criterios netamente médicos que situaran la discapacidad en las limitaciones de la persona y, en lugar de ello, adoptaran un concepto amplio de discapacidad compatible con el modelo social que tuviera en cuenta los distintos colectivos con diversas funciones y las barreras que obstaculizan la integración de las personas (factores individuales y sociales).
Así pues, la discapacidad en la actualidad es el producto de la interrelación que existe entre una deficiencia física, mental, intelectual y sensorial, y los obstáculos humanos que impiden la participación igualitaria de determinadas personas. Indica, por tanto, los aspectos negativos de la interacción entre un individuo (con una «condición de salud») y sus factores contextuales.
La jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos al interpretar los instrumentos internacionales de derechos humanos, subraya la necesidad actual de comprender la discapacidad desde un modelo social. En efecto, en sentencia de 31 de agosto de 2012, proferida en el caso Furlan y familiares Vs. Argentina, expresó:
Al respecto, la Corte observa que en las mencionadas Convenciones se tiene en cuenta el modelo social para abordar la discapacidad, lo cual implica que la discapacidad no se define exclusivamente por la presencia de una deficiencia física, mental, intelectual o sensorial, sino que se interrelaciona con las barreras o limitaciones que socialmente existen para que las personas puedan ejercer sus derechos de manera efectiva. Los tipos de límites o barreras que comúnmente encuentran las personas con diversidad funcional en la sociedad, son, entre otras, barreras físicas o arquitectónicas, comunicativas, actitudinales o socioeconómicas.
Igualmente, en fallo de 1.° de septiembre de 2015, emitido en el caso Gonzales Lluy y otros Vs. Ecuador, adujo:
Como parte de la evolución del concepto de discapacidad, el modelo social de discapacidad entiende la discapacidad como el resultado de la interacción entre las características funcionales de una persona y las barreras en su entorno. Esta Corte ha establecido que la discapacidad no se define exclusivamente por la presencia de una deficiencia física, mental, intelectual o sensorial, sino que se interrelaciona con las barreras o limitaciones que socialmente existen para que las personas puedan ejercer sus derechos de manera efectiva.
En idéntica dirección, y a modo simplemente doctrinario, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, en los asuntos C-335/11 HK Danmark (Jete Jette Ring) y C-337/11 HK Danmark, (Lone Skouboe Werge), expuso que «el concepto de «discapacidad» debe entenderse en el sentido de que se refiere a una limitación, derivada en particular de dolencias físicas, mentales o psíquicas que, al interactuar con diversas barreras, puede impedir la participación plena y efectiva de la persona de que se trate en la vida profesional en igualdad de condiciones con los demás trabajadores».
No hay que perder de vista que la Convención sobre los Derechos de las personas con Discapacidad establece una definición de discapacidad mínima, de manera que cada Estado, de acuerdo con su legislación interna, puede diseñar un concepto más amplio. En efecto, la palabra «incluyen» contenida en el artículo 1.° de la Convención da a entender que dicha definición no es cerrada, sino que engloba como mínimo a las personas «que tengan deficiencias físicas, mentales, intelectuales o sensoriales a largo plazo que, al interactuar con diversas barreras, puedan impedir su participación plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de condiciones con las demás».
Teniendo en cuenta lo anterior, a través de la Ley Estatutaria 1618 de 2013, el Estado colombiano adoptó un concepto de discapacidad más amplio, en tanto incluyó, además, de las deficiencias a largo plazo, las de mediano plazo, tal como se consignó en su artículo 2.°, así:
Personas con y/o en situación de discapacidad: Aquellas personas que tengan deficiencias físicas, mentales, intelectuales o sensoriales a mediano y largo plazo que, al interactuar con diversas barreras incluyendo las actitudinales, puedan impedir su participación plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de condiciones con las demás.
Dados estos trascendentales cambios normativos, en mi criterio, el concepto de discapacidad que debe emplearse a la hora de identificar a los titulares de la estabilidad laboral reforzada del artículo 26 de la Ley 361 de 1997, es el contenido en el artículo 1.° de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, en armonía con el artículo 1.° de la Ley 1618 de 2013.
Bajo ese contexto, no sobra aclarar que si bien los artículos 1.º y 5.º de la Ley 361 de 1997 aluden a los grados de discapacidad para determinar los beneficiarios de las prerrogativas de esa ley, ello obedece a que para esa época, la discapacidad se abordaba desde el punto de vista del modelo rehabilitador, que la concebía como un asunto médico-científico, medido en términos de porcentajes.
No obstante, como se explicó el cambio de milenio conllevó a replantear ese abordaje a nivel mundial a través de instrumentos como la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, el cual hace parte de los tratados que reconocen derechos humanos y que, al haber sido ratificada por el Estado colombiano forma parte del llamado bloque de constitucionalidad que consagra el artículo 93 de la Constitución Política; por tanto, en mi sentir, su adopción implica una nueva conceptualización de la discapacidad consagrada en la Ley 361 de 1997, que en cuanto norma de inferior jerarquía se encuentra subordinada tanto a la Constitución Política de 1991 como a la Ley Estatutaria 1618 de 2013. En otras palabras, esa ley ordinaria debe interpretarse conforme al ordenamiento superior para mantener su actualidad y vigencia en los sistemas globales de protección de derechos humanos; una interpretación diferente, sería inconstitucional.
Entonces, como atrás se mencionó, en la actualidad la comprensión de la discapacidad basada en un modelo médico-rehabilitador y centrada exclusivamente en un criterio científico, más específicamente en las deficiencias o porcentajes de pérdida de la capacidad laboral de las personas, se abandonó en favor de una aproximación social que tiene en cuenta también los factores contextuales que discapacitan a las personas. Transición teórica que se itera se plasmó en la Convención sobre los Derechos de las personas con Discapacidad y en la Ley Estatutaria 1618 de 2013, al poner el acento en las barreras sociales y actitudinales.
De ese modo, con apego en estas definiciones, en mi sentir, los trabajadores con discapacidad laboral son aquellos que tengan deficiencias físicas, mentales, intelectuales o sensoriales a mediano y largo plazo que, al interactuar con diversas barreras incluyendo las actitudinales, puedan impedir su participación plena y efectiva en la vida laboral, en igualdad de condiciones con las demás.
Sin embargo, esta definición, extraída del artículo 1.° de la Convención sobre los Derechos de las personas con Discapacidad, en consonancia con el artículo 1.° de la Ley 1618 de 2013, merece algunos comentarios:
En primer lugar, las limitaciones en las estructuras corporales y funciones deben ser a mediano o largo plazo, premisa que excluye las dolencias o enfermedades temporales que aquejan a un trabajador. Por ello, estoy en desacuerdo con aquellas construcciones doctrinarias que engloban en el concepto de discapacidad las deficiencias a corto plazo, dando lugar a abusos, estigmatizaciones y situaciones que no consultan la necesidad de protección de las personas con diversidad funcional.
En igual orden, vale precisar que la enfermedad per se no es una discapacidad ni tampoco un motivo adicional de discriminación. Podría transformarse en una discapacidad cuando cumpla las características antedichas, esto es cuando la enfermedad física, mental o psíquica, de largo o mediano plazo, al interactuar con diversas barreras, frustre o entorpezca la integración plena y efectiva de la persona en la vida profesional en igualdad con los demás trabajadores.
Por idéntica razón, disiento de algunas tesis que consideran la enfermedad como una situación cobijada por la protección del artículo 26 de la Ley 361 de 1997. Precisamente, una de las grandes victorias de las personas con diversidad funcional consistió en lograr que la discapacidad no sea considerada una enfermedad. En el pasado, esta asimilación supuso un menosprecio y una subestimación hacia estos colectivos en detrimento de sus capacidades generales. Lo anterior generaba, además, su exclusión de los entornos laborales, pues bajo el prejuicio de que estaban «enfermos» la sociedad los marginaba de su participación profesional hasta tanto se «curaran, rehabilitaran o normalizaran».
En segundo lugar, la pérdida o afectación de una estructura anatómica o una función psicológica o fisiológica no es suficiente para determinar una discapacidad. Es indispensable, adicionalmente, poner esa limitación en contexto con las funciones y entornos laborales. El resultado de esta operación consistente en la imposibilidad o dificultad para que un trabajador desarrolle roles ocupacionales o participe en la vida laboral en igualdad con los demás, es una discapacidad.
En esta dirección, en mi concepto, la delimitación de la discapacidad recorre tres pasos: (1) la existencia de una deficiencia física, mental, intelectual o sensorial a mediano y largo plazo (deficiencia); (2) el análisis del cargo, sus funciones, requerimientos, exigencias, el entorno laboral y actitudinal específico, teniendo en cuenta que usualmente los empleos se diseñan sobre un patrón de trabajador ideal o “perfecto” (factor contextual); y (3) la contrastación e interacción entre la diversidad funcional y esos factores contextuales (interrelación entre deficiencia y entorno laboral). Cuando el resultado sea negativo, es decir, cuando el entorno laboral impida al trabajador su integración profesional o el desarrollo de roles ocupacionales, dada su diversidad funcional, habrá una discapacidad.
Así, por ejemplo, un trabajador con problemas respiratorios que labore en socavones puede tener una discapacidad dadas sus limitaciones para laborar, mientras que, ubicado en una oficina administrativa, puede no tener ninguna restricción. Igualmente, puede darse el caso de un trabajador de la construcción con una restricción de movimiento en su rodilla que impida o limite el desarrollo de sus roles, mientras que en desarrollo de otras actividades esa deficiencia sea irrelevante.
También, una persona con VIH asintomático en un entorno laboral adverso lleno de prejuicios y sesgos, podría estar cobijada por la protección de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad; en cambio, en un medio laboral distinto, libre de estereotipos y donde el trabajador puede participar en todas las actividades laborales en igualdad con los demás, podría no ser sujeto de especial resguardo. Nótese que si se juzgara la primera situación bajo el modelo anterior -médico-rehabilitador-, este trabajador no tendría ninguna protección legal ya que al ser un portador de VIH asintomático, probablemente su pérdida de capacidad laboral sería 0% o inferior al 15%, mientras que, si se evalúa bajo el tamiz de la Convención podría ser sujeto de protección, si se constata que experimenta restricciones discriminatorias en su entorno laboral.
A la inversa, puede ocurrir que un trabajador tenga una pérdida de capacidad laboral superior al 15% y, sin embargo, no sufra restricciones en una actividad profesional específica. Nótese que, si se juzga su caso con el modelo anterior, el trabajador inmerecidamente sería titular de una protección de estabilidad laboral reforzada, a pesar de no poseer ninguna dificultad en su integración laboral; mientras que, si se evalúa bajo la Convención, el citado por definición no tendría una discapacidad.
Lo anterior pone de relieve que el porcentaje de pérdida de capacidad laboral, no es un factor objetivo para medir la discapacidad, dado que el simple referente médico no da cuenta por sí solo de las desventajas o restricciones que puede experimentar una persona en un contexto laboral determinado.
En tercer lugar, la discapacidad no es sinónimo de incapacidad o de invalidez. El término discapacidad indica los aspectos negativos de la interacción entre un individuo con una determinada condición de salud, y los factores contextuales. Es una noción que incluye deficiencias en las funciones y estructuras corporales, limitaciones en la actividad y restricciones en la participación.
La protección de una persona en situación de discapacidad, le da derecho al acceso a los programas nacionales y territoriales de inclusión social, en temas de salud, educación, cultura, trabajo y seguridad social, información, transporte, vivienda, etc., dispuestos en las leyes 361 de 1997, 1145 de 2007, 1237 de 2008, 1429 de 2010, 1438 de 2011, 1618 de 2013, entre otras normas legales y reglamentarias dictadas en distintos sectores.
A su turno, la incapacidad y la invalidez son conceptos diseñados al interior del sistema de seguridad social y son útiles para el acceso a determinadas prestaciones sociales.
En efecto, la incapacidad hace referencia a la situación del trabajador que viene realizando una determinada tarea y le sobreviene, de forma involuntaria e imprevisible, una disminución o anulación de su capacidad laboral. Aquí, por cuenta de la enfermedad o accidente, el trabajador presenta una alteración de la salud que le impide trabajar. Su establecimiento permite el acceso a los subsidios por incapacidad temporal o la indemnización por incapacidad permanente parcial a cargo del sistema de seguridad social, en cualquiera de sus sub-sitemas, según corresponda.
La invalidez se alcanza cuando una persona pierde el 50% o más de su capacidad laboral. Da lugar a una pensión de invalidez de origen laboral o común según el origen de la contingencia. La invalidez se determina con base en el manual único de calificación de invalidez por las instituciones descritas en el artículo 41 de la Ley 100 de 1993, dentro de las cuales se encuentran las juntas de calificación de invalidez.
En cambio, la discapacidad la establecen los equipos multidisciplinarios de las entidades prestadoras de servicios de salud, con base en el enfoque dinámico e interactivo de discapacidad de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y de la Ley Estatutaria 1618 de 2013, y científicamente se soporta en la Clasificación Internacional del Funcionamiento, de la Discapacidad y de la Salud -CIF- de la OMS.
Conforme a ello, un trabajador puede poseer una discapacidad y no tener una incapacidad ni invalidez; o puede tener una incapacidad o invalidez y no tener una discapacidad. De hecho, muchos trabajadores con diversidad funcional son plenamente capaces de laborar y, por tanto, no pueden ser considerados como incapacitados o inválidos; e incluso una persona declarada invalida puede no tener una discapacidad para una actividad laboral específica.
Pese a lo expuesto, no era dable juzgar este asunto a la luz de los nuevos abordajes y conceptos de la Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad y la Ley 1618 de 2013, porque los hechos examinados ocurrieron antes de su entrada en vigencia. De allí que para efectos de establecer si el promotor del litigio posee una discapacidad, era válido que la Corte acudiera al criterio construido sobre los grados y porcentajes del artículo 7.º del Decreto 2436 de 2001.
En los anteriores términos expongo las razones que mi aclaración de voto.
Fecha ut supra.
CLARA CECILIA DUEÑAS QUEVEDO
Magistrada