Ficha de la providencia
Sentencia SL1746-2023
Corte Suprema de Justicia · Sala de Casación Laboral
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Corte Suprema de Justicia · Sala de Casación Laboral
Ficha de la providencia
Sentencia SL1746-2023
Corte Suprema de Justicia · Sala de Casación Laboral
República de Colombia
Corte Suprema de Justicia
Sala de Casación Laboral
Sentencia SL1746-2023
Magistrado ponente: Fernando Castillo Cadena
24 de mayo de 2023
FERNANDO CASTILLO CADENA
Magistrado ponente
SL1746-2023
Radicación n.° 92369
Acta 18
Bogotá, D.C., veinticuatro (24) de mayo de dos mil veintitrés (2023).
Decide la Sala el recurso de casación interpuesto por la ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS PROTECCIÓN S.A., contra la sentencia proferida por la Sala Quinta de Decisión Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín, el 27 de agosto 2021, en el proceso que instauró BENJAMÍN CAICEDO en su contra y al que se integraron como parte a LA NACIÓN - MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO.
ANTECEDENTES
Benjamín Caicedo demandó a la sociedad Protección S.A., en procura de que, previas las declaraciones de rigor, fuera condenada al reconocimiento y pago de la pensión de vejez del artículo 65 de la Ley 100 de 1993, a partir del 26 de noviembre de 2016, data en que llegó a 62 años de edad y en la que alcanzó 1260 semanas de cotización; el retroactivo pensional y las mesadas que a futuro se causaren, desde el día siguiente de ejecutoriada la sentencia definitiva; los intereses moratorios; las costas y agencias del proceso.
En soporte de sus súplicas, afirmó que: nació el 26 de noviembre de 1954; ha cotizado al sistema de seguridad social en pensiones 1260 semanas; que cumplió 62 años de edad en el mismo mes y día del año 2016; que a la demandada le fue trasladado el bono pensional por el tiempo cotizado a Colpensiones desde el 01.° de noviembre de 1997 al 31 de marzo de 2000 y aportó la información para que a través del Ministerio del Trabajo solicitara lo correspondiente al tiempo de trabajo laborado en España, en el interregno del 07 de septiembre de 2005 al 09 de octubre de 2010; radicó solicitud de reconocimiento de la pensión mínima de vejez del artículo 65 del estatuto pensional el 14 de diciembre de 2016; no obstante, después de 9 meses la sociedad llamada a juicio no le dio respuesta, por lo que a través de apoderado judicial interpuso una acción de tutela, en la que se ordenó a Protección S.A. resolverle de fondo la petición; acudió a incidente de desacato en el que la entidad de seguridad social, en comunicación del 10 de octubre de 2017, informó estar pendiente de documentación para definir la prestación, «como lo era el documento del Ministerio del Trabajo mediante el cual se aplica el convenio de seguridad social entre Colombia y España», en consecuencia, se archivaron las diligencias, y desde que reclamó la pensión transcurrió 1 año y 4 meses sin que se resolviera de fondo la reclamación.
Protección S.A., al contestar la demanda, se opuso a todas y cada una de las pretensiones incoadas, en cuanto a los hechos, aceptó la afiliación del accionante con la entidad, la solicitud efectuada, los restantes fueron negados o que no le constaban. En su defensa propuso las excepciones de inexistencia de la obligación, cobro de lo no debido, falta de causa en las pretensiones de la demanda, petición antes de tiempo, buena fe y la que denominó como «innominada o genérica». Adicionalmente, pidió la integración al proceso como litisconsorte necesario del Ministerio de Hacienda y Crédito Público.
El Juzgado Primero Laboral del Circuito de Cali, mediante auto del 14 de noviembre de 2018, llamó como litisconsorte necesario a la Nación - Ministerio de Hacienda y Crédito Público, entidad que también se opuso a los pedimentos, aceptó la edad del accionante y de los restantes hechos manifestó que no le constaban.
En su defensa propuso las excepciones de inexistencia de obligación de la oficina de bonos pensionales de reconocer la garantía de pensión mínima ante la falta de agotamiento del trámite por parte de la AFP; no cumple funciones de entidad administradora de pensiones ni es reconocedora de derechos pensionales; cumplimiento de obligación de esa entidad frente a la emisión, redención y pago del cupón principal del bono pensional a favor del señor Benjamín Caicedo, buena fe y la que denominó «genérica».
II. SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
El Juzgado Primero Laboral del Circuito de Cali, mediante sentencia de 15 de marzo de 2019, decidió:
PRIMERO: DECLARAR NO PROBADAS las excepciones formuladas por la parte demandada.
SEGUNDO: DECLARAR que el señor BENJAMIN CAICEDO, identificado con la cedula de ciudadanía número 16.603.867, tiene derecho a que el beneficio de la garantía de la pensión mínima de vejez del artículo 65 de la Ley 100 de 1993, a partir del 26 de noviembre de 2016, fecha en la cual cumplió la totalidad de presupuestos para el disfrute de la misma. TERCERO: CONDENAR a la ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTIAS PROTECCIÓN S.A., a pagar al demandante BENJAMIN CAICEDO la suma $22.230.045 por concepto de la garantía de pensión mínima de vejez del artículo 65 de la Ley 100 de 1993, causados entre el 26 de noviembre de 2016 y liquidada hasta el 28 de febrero de 2019, y deberá cancelar las mesadas que se causen en adelante.
CUARTO: CONDENAR a la ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTIAS PROTECCIÓN S.A. al pago de los intereses moratorios del artículo 141 de la Ley 100 de 1993, a partir del 15 de abril de 2017, sobre las mesadas adeudadas, que se generaran hasta que se haga su pago efectivo.
QUINTO: ABSOLVER al MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO de las pretensiones de la demanda.
SEXTO: CONDENAR a la ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTIAS PROTECCIÓN S.A. en costas […].
III. SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
Al resolverse la apelación interpuesta por Protección S.A., la Sala Quinta de Decisión Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín, con fallo de 27 de agosto 2021, confirmó la de primer grado. Costas a cargo de la parte vencida.
En lo que estrictamente interesa al recurso de casación, el colegiado trascribió la inconformidad de la entidad recurrente de que se impartiera condena en su contra cuando con la solicitud de pensión elevada por el accionante, se presentó la historia laboral de España, empero, ese documento no tenía plena validez, por cuanto de conformidad con el convenio con ese país, se debía presentar el formato ES-CO 02 ya que solo con ese formato, se podían ingresar dichas semanas en el cómputo para verificar si concretaba el derecho pensional.
La sala sentenciadora identificó como normas reguladoras para resolver el cuestionamiento los artículos 65 y 68 de la Ley 100 de 1993. Encontró que el señor Benjamín Caicedo nació el 26 de noviembre de 1954 con lo que acreditó los 62 años de edad en el mismo mes y día de 2016; en cuanto a la contabilización de semanas destacó que para su adecuada tabulación debían acumularse los tiempos aportados en España conforme lo estatuido en «la Ley 1121 del 27 de diciembre de 2006 -D.O. 46.494 de 27 dic-2006 y el Decreto de promulgación No. 2024 del 06 de junio de 2008-D.O. 47.012 del 06/06/2008-, por medio de la cual se aprueba el Convenio de Seguridad Social entre ambos países, el cual se encuentra vigente y es aplicable “b) En Colombia: A la legislación relativa a las prestaciones económicas dispuestas en el Sistema General de Pensiones (Prima Media con Prestación Definida…), en cuanto a vejez».
Recordó que la Corte Constitucional había declarado exequible la ley aprobatoria del convenio por estar ajustada a la constitución y a los compromisos internacionales adquiridos por Colombia en la materia, por lo que se tiene acreditado en el plenario que el actor:
[…] prestó sus servicios para el Reino de España de manera interrumpida desde el 07/09/2005 hasta 09 de noviembre de 2011 (f.21 vto.), las cuales le representan 2.030 días (f.20), equivalentes a 290 semanas, que sumados los tiempos de servicios cotizados al ISS hoy COLPENSIONES de 934.14 semanas (f.18 vto.) y las semanas cotizadas al RAIS –PROTECCIÓN S.A.- de 38.86 semanas f.17, da un total de 1.263 semanas cotizadas, cumpliendo las exigencias del art. 65 de la Ley 100 de 1993, estructurando la pensión de vejez, permitiéndose tener en cuenta los tiempos laborados por el actor en el Reino de España -numeral 1,art. 9,Ley 1112 de 2006- reportando como última cotización en Colombia la del periodo de 31/12/2017 (f.65vto.); la prestación se reconoce en sede judicial en aras de no vulnerar los derechos fundamentales del demandante como lo son al mínimo vital y seguridad social, y no poner a la espera a que las entidades (PROTECCIÓN S.A. y Ministerio del Trabajo y por parte de España el Instituto de la Seguridad Social (INSS) o la entidad que corresponda, adelanten trámites administrativos para lograr la acumulación de los tiempos, por lo tanto se condenará a PROTECCIÓN S.A. a reconocer y pagar en favor del demandante la pensión de vejez sin perjuicio de que dicha entidad realice los trámites administrativos para cobrar la cuota parte pensional ante la entidad que corresponda; tampoco es aceptable la excusa de no reconocimiento pensional, por estar pendiente a que la oficina de bonos pensionales autorice el reconocimiento de la pensión de vejez, pues la entidad de seguridad social en pensiones, es la encargada de adelantar todos los trámites ante las entidades respectivas para lograr la financiación de la pensión de vejez, así lo ha establecido la H. Corte Suprema de Justicia Sala de Casación Laboral en sentencia SL2686 23/06/2021 M.P. […]
El juez de alzada consideró procedente la condena de intereses moratorios conforme lo explicado en sentencia CSJ SL2512-2021.
No hubo prosperidad de ninguna de las excepciones por parte de la entidad de seguridad social incluida la de prescripción ya que «la prestación se concede a partir del 26 de noviembre de 2016 y la demanda fue presentada el 18 de abril de 2018 (f.1 A y 8), sin el transcurso del término trienal prescriptivo. En apelación no se opuso respecto a los montos y extremos fijados por la a-quo, que por consonancia (art.66-A, CPTSS) se confirma».
IV. RECURSO DE CASACIÓN
Interpuesto por la parte demandada, concedido por el Tribunal y admitido por la Corte, se procede a resolver.
V. ALCANCE DE LA IMPUGNACIÓN
Pretende la recurrente que la Corte case totalmente la sentencia impugnada para que, en sede de instancia, revoque la de primera instancia y, en su lugar, absuelva a la entidad de seguridad de social de todas las pretensiones de la demanda o, «en subsidio, modifique la sentencia para condenar al reconocimiento de la prestación por vejez, pero solo de manera provisional, mientras se culmina el trámite requerido para establecer si el actor tiene o no derecho a la garantía a la pensión mínima por vejez y se absuelva de los intereses moratorios. Sobre costas se proveerá como corresponda».
Con tal propósito formula un cargo, por la causal primera de casación, el cual fue objeto de réplica.
VI. ÚNICO CARGO
Acusa la sentencia de violar la ley por la vía directa, en la modalidad de interpretación errónea, «de los artículos, 65 de la Ley 100 de 1993, 4 del Decreto 832 de 1996 y 21 del Decreto 656 de 1994, y la infracción directa de los artículos 7 y 9 del Decreto 832 de 1996, 2 del Decreto 142 de 2006, 60, 68, 83 y 90 de la Ley 100 de 1993».
En voces de la censura se discute desde una perspectiva estrictamente jurídica que:
[…] se haya concluido que el actor tiene derecho a la garantía de la pensión mínima; (b)que no se tuvo en cuenta es el Ministerio de Hacienda y Crédito Público la entidad encargada de la garantía de pensión mínima; (c)que no se reparó en que la garantía de pensión mínima no es una prestación de la seguridad social, sino un subsidio estatal; (d) que se ignoró que sin el reconocimiento de la garantía de pensión mínima no es posible reconocer la pensión de vejez en casos como el presente; y, (e) que se concluyó que la administradora llamada a juicio debe reconocer en forma definitiva la pensión de vejez.
La entidad recurrente, una vez cita el aparte de la providencia del juzgador que se refiere al reconocimiento de la pensión en sede judicial, para no vulnerar los derechos del accionante y ponerlo a la espera de que la A.F.P., el Ministerio del Trabajo y por parte de España el I.N.S.S., adelanten los trámites administrativos para el reconocimiento respectivo. Indica que el hecho de que un afiliado cumpla la edad y las 1150 semanas de cotización no implica el inmediato reconocimiento de la pensión mínima de vejez por haberse causado y, por ello, iniciar su pago, por cuanto se requiere verificar la insuficiencia del saldo de la cuenta individual para una pensión mínima, «así reúna el capital suficiente para pensionarse, según surge con claridad de lo establecido en el literal i) del artículo 60 de la Ley 100 de 1993, directamente infringido, y en el artículo 65 de la Ley 100 de 1993, mal interpretado», tal precepto «supone, necesariamente, que se deba efectuar un cálculo previo con base en las sumas que tenga depositadas el afiliado en su cuenta individual».
Agrega que, como lo ha señalado esta Corporación, la garantía de pensión mínima «no es una prestación en sí misma considerada sino un auxilio, subsidio o beneficio estatal necesario para financiar la pensión de vejez». Pone de presente que corresponde a un mecanismo de financiación de la prestación a ciertos afiliados, de allí que cumplir los requisitos para su acceso no da lugar a su reconocimiento inmediato, por manera que los artículos 4 y 9 del Decreto 832 de 1996, fueron erradamente entendidos y aplicados por el colegiado, pues la norma claramente señala que el reconocimiento de la garantía no está a cargo de las A.F.P., sino del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, de manera que, aun cuando la cartera en comento no sea quien haga el pago, no implica que esta no tenga responsabilidad como dio a entender la providencia fustigada.
Insiste en que la pensión no se causa solamente con el cumplimiento de sus requisitos, que el pago de la misma no es inmediato y, por ende, no se le puede reclamar a la administradora por ese solo hecho, «como se desprende de una correcta interpretación de la norma antes citada: “Una vez reconocido el derecho a la garantía de pensión mínima por parte de la Oficina de Obligaciones Pensionales, la AFP iniciará los pagos por parte de la Oficina de Obligaciones Pensionales, la AFP iniciará los pagos mensuales de la respectiva pensión con cargo a la cuenta de ahorro individual”» se sustenta en el artículo 7 del Decreto 832 de 1996.
Adiciona en su acusación que el juzgador interpretó y aplicó con desacierto el artículo 21 del Decreto 656 de 1994, al dejar de lado:
[…] (i) que solamente permite el otorgamiento de pensiones provisionales, pero no definitivas como la que aquí se ordenó; y (ii) que para que se ordene un reconocimiento de una pensión provisional se requiere de un análisis de la conducta de la administradora, pues solamente tal reconocimiento es posible cuando no existan recursos suficientes por la falta de presentación oportuna de las solicitudes de pago de las garantías de pensión mínima, pero por razones imputables a las administradoras.
Con tal argumento, sin que se estén introduciendo cuestiones fácticas, identifica que el juez de segundo grado no verificó, efectuando un análisis de si la falta de solicitud del reconocimiento de la garantía era imputable a la accionante, por ende, no «estableció la condición exigida en el inciso segundo de la norma para pagar la pensión con cargo a sus propios recursos» y adiciona,
[…] si en gracia de discusión, y solo en gracia de discusión se admitiera que la demandada no fue diligente en el trámite del reconocimiento pensional, ello no sería razón suficiente para imponerle la obligación de reconocer una prestación en forma definitiva, si se tiene en cuenta el texto de la antes citada disposición, que solamente habla de pensiones provisionales, lo cual no se tuvo en cuenta en el fallo de segunda instancia.
En consecuencia, solicita que sea casada la sentencia.
VII. RÉPLICA DEL DEMANDANTE
Considera que el fallo confutado se fundamenta en los artículos 65 y 141 de la Ley 100 de 1993, entre otras normas, y se apoya en la jurisprudencia de esta Corporación, el cual guarda concordancia con los fundamentos fácticos probados en el expediente sin que exista equivocación alguna en su interpretación o aplicación.
Manifiesta que, conforme con el marco normativo, los fondos de pensiones tienen la obligación de adelantar los trámites administrativos ante las entidades correspondientes para que suministren el bono pensional o, para convalidar el tiempo laborado en el exterior como es su caso y, hagan efectivo el beneficio de la garantía en comento.
Añade que, en caso de incumplimiento en estos trámites, deben «reconocer y pagar la pensión mínima con cargo a la cuenta de ahorro individual del afiliado». Recuerda que quedó probado que la administradora no elevó solicitud ante la O.B.P., para el reconocimiento de la garantía hoy pretendida y como no cumplió de manera diligente esta obligación debe reconocer la prestación deprecada con cargo a sus propios recursos.
VIII. RÉPLICA DE LA NACIÓN- MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO
Asevera, en esencia, que se equivoca la censura al estimar que la cartera ministerial tiene funciones propias de una administradora del sistema pensional y que no es de su competencia «establecer si el señor Benjamín Caicedo cumple con los requisitos para que le sea reconocida la Garantía de Pensión Mínima».
Agrega que Protección S.A. no ha agotado el trámite administrativo que está a su cargo, ante la Oficina de Bonos Pensionales del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, para el reconocimiento de la garantía en comento a favor del demandante, por ello no se puede pretender que se autorice su reconocimiento.
Aclara que para que la entidad gubernamental pueda reconocer la Garantía es requisito legal esencial previo, que la administradora agote ante la Oficina de Bonos Pensionales, el trámite administrativo, adjuntando la documentación completa que permita determinar que el afiliado ha cumplido con los requisitos de ley, para proceder a reconocer el beneficio prestacional que la AFP está en la obligación de efectuar en representación del afiliado.
Afirma que, en el caso particular y, en la eventualidad de que la administradora evalúe el cumplimiento de requisitos y remita la información pertinente, conforme con la regulación,
[…] la OBP procederá a revisar el caso y si resulta procedente, expedirá el acto administrativo de reconocimiento de la Garantía de Pensión Mínima a favor del señor BENJAMIN CAICEDO, quedando bajo la responsabilidad de la AFP PROTECCION el adelantar las gestiones que le garanticen al demandante el pago de la referida prestación.
Reitera que su competencia en el trámite de la garantía de pensión mínima «solo implica el RECONOCIMIENTO de la misma, más no el pago, dado que éste último, radica en cabeza de la Administradora de Pensiones a la cual se encuentre afiliado el beneficiario de dicha garantía». Finalmente, precisa que:
[…] ante un eventual “reconocimiento” de la Garantía de Pensión Mínima a favor del demandante, la Nación no efectúa transferencia de recursos para el financiamiento de la misma dado que estos, de conformidad con lo establo establecido en la Ley 797/03, la AFP los obtiene del Fondo de Garantía de Pensión Mínima creado para tal fin, el cual se nutre del 1.5% de las cotizaciones que por concepto de pensión obligatoria realizan los afiliados al RAIS.
IX. CONSIDERACIONES
Dado que el cargo se dirige por el sendero de puro derecho, no hay controversia alguna con respecto a que: (i) el actor prestó sus servicios en el Reino de España por un espacio equivalentes a 290 semanas; (ii) cotizó al I.S.S. 934.14 semanas y a la entidad de seguridad social accionada 38.86 semanas, en total tiene a 1.263, y (iii) se reporta como última cotización en Colombia el periodo de 31 de diciembre de 2017.
Como se memora, la sala sentenciadora encontró acreditados los requisitos de acceso a la pensión bajo la garantía de pensión mínima, como quiera que el accionante había llegado a la edad 62 años y acreditando las semanas exigidas en el artículo 65 de la Ley 100 de 1993 y a efectos de no vulnerar los derechos fundamentales del demandante «y no poner a la espera a que las entidades (PROTECCIÓN S.A. y Ministerio del Trabajo y por parte de España el Instituto de la Seguridad Social (INSS) o la entidad que corresponda, adelanten trámites administrativos para lograr la acumulación de los tiempos».
El descontento de la censura gravita en torno a que no era procedente el reconocimiento de la prestación bajo la garantía de pensión mínima, por cuanto, para la aplicación del principio solidario que enmarca a esta última, se requería de la aprobación de esta prestación por parte del Gobierno, a través del ministerio autorizado para ello.
Vistas las cosas en el contexto que acaba de describirse, le corresponde a la Corte elucidar la procedencia del reconocimiento de la garantía de pensión mínima de vejez cuando no ha mediado el aval por parte del ente gubernamental autorizado por la ley para tal efecto, imponiendo el pago directo a la administradora y de manera subsidiaria la condena de manera definitiva que no temporal.
En aras de dar respuesta a los planteamientos en precedencia, menester resulta hacer las siguientes consideraciones previas, que fueron expuestas por la Corte en la sentencia CSJ SL2512-2021, que hoy reitera:
i. La pensión de vejez en el Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad -RAIS-
Procedencia
Nadie discute que, en Colombia, con la entrada en vigor del estatuto pensional en el año 1994, el legislador creó la coexistencia de dos regímenes pensionales (Prima Media con Prestación Definida- RPM- y Ahorro Individual con Solidaridad- RAIS) excluyentes y de estirpe diferente, lo que, sin hesitación ninguna, conlleva a que el acceso a los servicios y prestaciones, entre otros, estriben en el régimen escogido por el afiliado.
En esa dirección, en el RPM, la pensión de vejez dependerá del cumplimiento de las condiciones de edad y tiempo de servicios o cotizaciones (artículo 33 Ley 100 de 1993), sin tener relevancia cuánto dinero aportó el afiliado; mientras que, en el RAIS, en primera medida el reconocimiento si obedecerá al capital acumulado en la cuenta de ahorro individual. Nótese que, a voces del artículo 64 de la Ley 100 de 1993, es requisito esencial para acceder a la prestación, tratándose de la contingencia de vejez, que el afiliado posea en su Cuenta de Ahorro Individual -CAI- un capital que efectivamente le permita obtener una pensión mensual superior al 110% del salario mínimo legal mensual vigente, palmario está, en armonía con lo dispuesto en el artículo 35 del mismo estatuto, concerniente a la pensión mínima.
Aquí, juzga conveniente la Corte precisar que la determinación del capital necesario o saldo mínimo de pensión para acceder a la prestación de vejez, debe hacerse con estricto seguimiento de las normas que consagran cómo hacer este cálculo, incluyendo las variables a tenerse en cuenta, por ejemplo, las tablas de mortalidad, la existencia de beneficiarios del afiliado y su expectativa de vida. Esto para significar que no existe un monto preestablecido y que dependerá, en cada caso particular, de las condiciones personales y familiares del solicitante para encontrar cuál es el monto requerido para el acceso a la prestación.
Financiación
El artículo 68 de la Ley 100 de 1993 instituye que esta pensión se financia con «los recursos de las cuentas de ahorro pensional, con el valor de los bonos pensionales cuando a ello hubiere lugar, y con el aporte de la Nación en los casos en que se cumplan los requisitos correspondientes para la garantía de pensión mínima».
Así que, la CAI está conformada por los aportes obligatorios, voluntarios y sus rendimientos y, como lo indica el precepto, el bono pensional, si a este hubiere lugar. Entonces, estos factores constituyen los recursos destinados para la cobertura de la pensión y de allí la necesidad de establecer de manera certera la suficiencia de los mismos para acceder a la prestación.
En lo atinente al mencionado porcentaje del 110% del salario mínimo legal mensual vigente, se impone dejar cristalino que no solo es utilizado para calcular la prestación económica, como quiera que el fundamento del artículo 64 de la Ley 100 de 1993 es, precisamente, que se reconozcan pensiones con recursos suficientes para su financiación, en el entendido que es una prestación a largo plazo y con alta probabilidad de ser sustituida en cabeza de los beneficiarios de segundo orden del afiliado.
A lo discurrido se suma que, acorde con lo dispuesto en el Acto Legislativo 01 de 2005, tanto el reconocimiento de la prestación, como el monto de la mesada pensional, deben guardar correspondencia con lo acumulado en la CAI, toda vez que, una interpretación que escinda del cálculo para acceder al beneficio pensional el valor de la mesada a cancelar, conduce al acceso de la prestación sin el lleno de los requisitos de ley y, esto, por repercusión, golpeará los recursos que en el tiempo permitan el pago de la misma.
Recapitulando: la determinación del capital para acceder a la pensión en el RAIS del artículo 64 anotado, debe ser armonizado, necesaria y rigurosamente, conforme a los términos que sobre pensión mínima de vejez consagra el artículo 35 de la Ley 100 de 1993.
Aportes pensionales y Bono pensional
Los aportes pensionales no son otros diferentes a las cotizaciones que en favor del trabajador se realizan mes a mes y sobre los cuales las administradoras tienen, dentro de su gestión, el deber de invertirlos según los límites que ha señalado la normatividad, con el fin de que generen una rentabilidad. En tratándose de aportes voluntarios, solo harán parte del capital que financia la pensión, si así lo quiere el afiliado.
En lo tocante al bono pensional, regulado en el artículo 115 de la Ley 100 de 1993, tal como lo ha enseñado esta Sala, representa el valor de los tiempos de servicio o cotización de un trabajador que se traslada de régimen y que en el RAIS se denomina bono tipo A, el cual para su consolidación depende de la información de la historia laboral, para que una vez afianzada y confirmada por los empleadores permita la emisión del bono, a efectos de que el mismo en la fecha correspondiente, sea redimido y pagado.
A este respecto, la Sala, en providencia CSJ SL4305-2018, razonó:
Del procedimiento para la liquidación, emisión y expedición de los bonos pensionales tipo A:
Para que el valor del bono haga parte del capital de financiación de la pensión, han de agotarse las siguientes etapas: a) conformación de la historia laboral del afiliado; b) solicitud y realización de la liquidación provisional; c) aceptación por parte del afiliado de la liquidación provisional; d) emisión; e) expedición; f) redención y g) pago del bono pensional. A continuación se describirán brevemente cada una ellas:
Una vez el beneficiario del bono realiza la solicitud, de conformidad con lo previsto en el artículo 22 del Decreto 1513 de 1998, el primer paso para la tramitación del bono pensional es la conformación de la historia laboral del afiliado, que se realiza mediante la información que éste suministra a su AFP y la información que la AFP solicita a las entidades a las cuales el trabajador realizó cotizaciones diferentes al ISS. La información así obtenida es ingresada por la AFP al Sistema Interactivo que para el efecto tiene la OBP. La información sobre cotizaciones realizadas por el trabajador al ISS se obtiene del archivo masivo que para el efecto tiene el ISS. Si se presenta alguna variación posterior de esta información y así lo certifica el ISS, la AFP debe digitar esta nueva información en el Sistema Interactivo de la OBP.
Conformada la historia laboral, la AFP, en representación del afiliado, debe solicitar al emisor del bono pensional la liquidación de éste, para lo cual debe definir el salario base para el cálculo del bono pensional.
Con esta información, la OBP realiza un cálculo del valor del bono a la fecha de corte, cálculo que denomina liquidación provisional. Antes de la emisión del bono pensional se pueden producir diversas liquidaciones provisionales, dependiendo de la información y de la aceptación de la misma por parte del afiliado. Según lo dispone el inciso 9º del artículo 52 del Decreto 1748 de 1995, la liquidación provisional no constituye una situación jurídica consolidada.
Realizada la liquidación provisional, la AFP debe darla a conocer al afiliado, para que éste la apruebe y la firme de conformidad con lo estipulado en el artículo 7° del Decreto 3798 de 2003. Si no está de acuerdo, el afiliado debe explicar a la AFP sus razones para que se efectúen las correcciones a que haya lugar. Efectuados los ajustes, debe realizarse una nueva solicitud a la OBP de liquidación provisional.
Producida la aprobación de la liquidación provisional por parte del afiliado, la AFP debe requerir a la OBP la emisión del bono pensional, la cual se realiza mediante resolución por parte del emisor, en la que se consagran los datos básicos del bono pensional y los valores calculados a esa fecha, los cuales pueden variar.
La expedición del bono pensional, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 1º del Decreto 1513 de 1998, es el momento en que se suscribe el título físico o del ingreso de la información a un depósito central de valores, en el caso de la expedición desmaterializada de títulos. Un bono emitido se expide en uno de los siguientes tres casos: (1) por redención normal del bono pensional tipo A que se produce cuando el afiliado, cumple 62 años, si es hombre, o 60 años, si es mujer, o cuando el mismo completa mil semanas de vinculación laboral válida para el bono; (2) por redención anticipada del bono pensional tipo A que ocurre cuando el afiliado fallece, es declarado inválido, o no cumple con el requisito de las semanas exigidas para obtener la garantía de la pensión mínima ni cuenta con el capital suficiente para adquirir una pensión; y (3) por solicitud de la AFP, una vez ésta ha obtenido autorización escrita del afiliado para negociar el bono con el fin de obtener una pensión anticipada.
Por último, se produce el pago del bono pensional a la AFP, que consiste en el depósito de los dineros en la cuenta de ahorro individual del beneficiario.
De la historia laboral y las certificaciones válidas para liquidar los bonos pensionales:
En este orden de ideas se tiene que dentro del trámite para la expedición de bonos pensionales Tipo A se ha de cumplir con la conformación de la historia laboral del afiliado, puesto que, para la liquidación y emisión del bono, se utilizará aquella información laboral que haya sido confirmada directamente por el empleador o caja, fondo o entidad que deba dar certificación, según el caso, de forma oportuna. O aquella certificada a tiempo que no haya sido negada por alguno de estos, art. 52 del D. 1748 de 1995, modificado por los artículos 14 del Decreto 1474 de 1997 y 22 del D. 1513 de 1998.
Conforme al citado artículo 52, una vez el beneficiario eleva ante la AFP una solicitud de trámite de bono pensional, esa entidad debe establecer la historia laboral del afiliado con base i) en la información que este le haya suministrado y los archivos que la entidad posea y, ii) en toda la información laboral que pueda incidir en el valor del bono y que sea confirmada, modificada o negada por quienes hayan sido empleadores del afiliado, o por las cajas, fondos o entidades de previsión social a las que hubiere cotizado. Realizado lo anterior, la AFP trasladará dicha información al emisor para que este dé inicio al proceso de liquidación provisional del bono.
Es de advertir que el legislador allí mismo previó que, si la entidad requerida para que allegue la información pertinente es de carácter público, se aplicará lo dispuesto en el artículo 6º del Código Contencioso Administrativo. Si se trata de servidores públicos, el incumplimiento de este plazo será sancionado disciplinariamente del acuerdo con el Código Disciplinario Único, pero el legislador no previó los efectos del silencio administrativo positivo ni la presunción de veracidad de la información respecto de la cual se solicitó su confirmación o certificación.
Cuando un empleador deba certificar información laboral con destino a la expedición de un bono tipo A, en arreglo a lo dispuesto en el artículo 23 del D.1748 de 1995, la certificación debe contar con los requisitos expresamente allí señalados, dentro de los cuales, entre otros ítems, debe estar especificado «g) Número total de días de interrupción por suspensión o licencia no remunerada; opcionalmente, fechas de iniciación y terminación de las interrupciones», como también «k) Fecha de expedición de la certificación y su número consecutivo».
Se puede colegir de la regulación del trámite para obtener la expedición del bono, que la conformación de la historia laboral con este fin no está a cargo exclusivo de la AFP, si no que se trata de un proceso complejo que si bien es ejecutado y coordinado por la AFP, en él también han de intervenir el afiliado, las entidades donde se estuvo afiliado y los empleadores, según el caso. Puede estimarse que se trata de un trámite complejo, pero no por esto se ha eximir al aspirante a la pensión de llevarlo a cabo, puesto que la conformación de la historia laboral se justifica para reunir, de manera eficiente, cierta y efectiva, los medios económicos que permiten capitalizar las prestaciones pensionales, garantizando así el principio de sostenibilidad financiera de los recursos y procurar la eficiencia, la solidaridad y la universalidad en la protección de las personas frente a las contingencias que el sistema de seguridad social ampara (arts. 48 de la Constitución y 2 de la Ley 100 de 1993).
Durante el agotamiento de la conformación de la historia laboral del afiliado, las sociedades administradoras de fondos de pensiones que manejan el régimen de ahorro individual con solidaridad, así como aquellas cajas o fondos del sector público o privado que lo hacen en el régimen solidario de prima media con prestación definida, deben procurar la mejor utilización de los recursos administrativos, técnicos y financieros disponibles para que la emisión y redención de los bonos pensionales se materialice en forma adecuada, oportuna y suficiente, a partir de una articulación de políticas, instituciones, regímenes y procedimientos que permitan, cuando a ello haya lugar, recaudar aquellos aportes destinados a contribuir a la conformación del capital necesario para financiar las pensiones de los afiliados al Sistema General de Pensiones.
Por otra parte, de acuerdo con el artículo 59 del D. 1748 de 1995, adicionado por el artículo 25 del D. 1513 de 1998, se ha de tener en cuenta la intangibilidad de la historia laboral elaborada con base en un archivo masivo que haya sido utilizada para la emisión del bono pensional, ya que, según este precepto, tal historia sólo podrá ser modificada con el consentimiento del afiliado.
Muy a tono con lo explicado, resulta útil señalar que hasta tanto no se tenga consolidado el bono pensional, incluyendo las inconsistencias que sobre el mismo se presenten, no se tendrá total certeza de cuál es el saldo de la CAI y, por tanto, si esta permite el cumplimiento de los condicionamientos del artículo 64 de la Ley 100 de 1993.
En el panorama descrito, la Sala no desconoce que la emisión del bono se puede tornar en un obstáculo para que el afiliado comience a disfrutar la pensión, empero, la solución a esta situación «no es ordenar automáticamente, a la administradora el reconocimiento de la pensión, sin que se haya comprobado previamente el cumplimiento del requisito financiero que da derecho a percibir la prestación, porque, de aceptarse esto, se atentaría contra el mandato consagrado en el artículo 48 de la Constitución» (CSJ SL4305-2018).
En fin, si un afiliado logra satisfacer el requisito de capital necesario, conforme a la normativa vigente, tendrá el derecho a acceder a la pensión de vejez en los términos y condiciones de la modalidad pensional que seleccione. Ahora bien, en el evento de que no exista el capital necesario lo procedente en primera medida es determinar si el afiliado puede optar por la garantía de pensión mínima y de no contar con los requerimientos para ello, la prestación sustitutiva de la pensión es la devolución de saldos vista en el artículo 66 de la Ley 100 de 1993.
ii. Procedencia del principio solidario de la garantía de la pensión mínima de vejez en el Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad
Naturaleza y objetivo de la garantía de pensión mínima
Desde la expedición de la Ley 100 de 1993 se contempló la garantía estatal de pensión mínima, para aquellos afiliados al RAIS, que llegados a las edades máximas, esto es, 57 años mujeres y 62 años hombres, que hubieren cotizado un número mínimo de semanas de 1150, sin capital suficiente para financiar una pensión de vejez, tendrían derecho a que con cargo a la Nación, se les completaran los recursos a efectos de acceder a una pensión de vejez de salario mínimo, como una clara y palpable expresión del postulado de solidaridad. No se olvide que la reforma introducida en la Ley 797 de 2003, estatuyó que un porcentaje del aporte de los afiliados al RAIS, se iría a la constitución de recursos, en aras de completar el capital faltante de los beneficiarios del principio solidario.
Lo anotado quiere significar, que tal garantía constituye un subsidio, esto es, un beneficio, ya sea en dinero o en especie, para que, a través de este, se satisfaga una necesidad puntual, de acuerdo a las políticas de protección a específicos grupos poblacionales (riesgo de vulnerabilidad) que por sus condiciones lo justifican, es así como las reglas para acceder al mismo, propenden por el cumplimiento de requisitos que den certeza de su correcta asignación.
Cabe resaltar que en Colombia todas las pensiones del RPM poseen un subsidio implícito como consecuencia de que la prestación se sustenta en tiempo de servicios o cotizaciones y edad, sin tener en cuenta la equivalencia del aporte, como anteriormente se mencionó, dado que los aportes entran en un fondo común de naturaleza pública que financia las prestaciones a los pensionados en un momento actual, esto significa que las cotizaciones que recibe la Administradora cubren el pago de las mesadas pensionales.
Muy a diferencia, en el RAIS, en principio no existe un subsidio a la pensión, dado que, como se evidenció, la pensión y el valor de su mesada dependen del saldo acumulado en la CAI, sin que la Nación entre a cubrir monto alguno. Sin embargo, y dada la finalidad de proteger a aquellos que a pesar de haber realizado un esfuerzo significativo en densidad de cotizaciones no logran el capital suficiente para su pensión, y vean nugatoria la protección su vejez, se implementó la prerrogativa a través de la garantía del artículo 65 de la Ley 100 de 1993.
Identificado como quedó, el acceso a la pensión de vejez en el RAIS, por medio de la garantía de pensión mínima, materializa la asignación de un subsidio y, por ende, debe existir certeza del cumplimiento de los requisitos para efectos del reconocimiento y pago de la prestación con cargo a los recursos de este.
Reconocimiento y pago de la garantía
En palabras del artículo 65 del estatuto de la seguridad social, para el reconocimiento de la garantía se debe acreditar el cumplimiento de: i) la edad, ii) las semanas mínimas de aportes, y iii) la insuficiencia del capital para financiar con la CAI la pensión de vejez. No sobra señalar que de conformidad con el artículo 9º del Decreto 832 de 1996, la determinación de este saldo, deberá ser efectuado por la administradora con sujeción a los cálculos que mediante resolución establezca el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, lo que, con sustento en el decreto antes referido, claramente incluye la cuantía del bono pensional.
En este punto, se llama la atención en la necesidad de que la información de la historia laboral que da sustento al bono pensional, permite determinar su cuantía, y los obligados frente al mismo, así como las cuotas partes que les correspondería a cada uno de ellos, debe ser consistente, esto es, que se pueda hallar su valor, ya que en caso de inconsistencias no existirá certeza del verdadero saldo pensional y, por ende, en principio, la imposibilidad de determinar la suficiencia de capital.
En ese horizonte, una vez comprobada la existencia de los supuestos señalados, corresponde a la AFP elevar la solicitud de reconocimiento ante la Oficina de Bonos Pensionales del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, la cual tiene la responsabilidad de comprobar la suficiencia o no del capital a efectos de que, como entidad gubernamental habilitada (Artículo 4o del Decreto 833 de 1996 y Artículo 11 Decreto 4712 de 2008), determine si otorga y paga o no el subsidio estatal. Así las cosas, corresponde a la OBP, establecer si entre el monto acumulado en la CAI y el saldo mínimo de pensión, incluyendo el valor del bono pensional, existe diferencia, para que proceda la garantía de pensión mínima (Cálculo para la Garantía).
Ciertamente, en aquellos casos en que exista el derecho a bono pensional, pueden darse situaciones en donde, verbi gracia, la fecha de redención de aquel sea posterior a las edades en que se acceda a la garantía, como en el caso de las mujeres, cuya fecha de acceso a la garantía es a los 57 años y la redención se da hasta los 60, pero el Decreto 142 de 2006, artículo 3º, introdujo la garantía temporal de pensión mínima, con el fin de que se reconozca el subsidio hasta la fecha de redención del bono, el cual se pagará descontando el valor cancelado, precisamente por la dicha garantía temporal.
Verificada la procedencia o no del subsidio por OBP, la administradora deberá, en caso de que no se cumpla con los requisitos de procedencia de la misma, devolver los saldos de la CAI, conforme al artículo 66 de la Ley 100 de 1993, sin perjuicio de que el afiliado opte por seguir cotizando; en caso contrario, esto es, que la OBP emita resolución de reconocimiento de la garantía, la administradora queda obligada a efectuar el reconocimiento de la pensión vitalicia de vejez en cuantía de salario mínimo y en la modalidad de retiro programado.
Es menester traer a colación, en este punto, el artículo 84 de la Ley 100 de 1993, vigente para la época del caso en estudio, pues, además, de los condicionamientos antes expuestos, creó la excepción de la garantía, cuando el afiliado o sus beneficiarios, recibieran ingresos equivalentes a un salario mínimo lo que significaba que no habría lugar a la aplicación del principio solidario y, por consecuencia, procedía la devolución de la CAI anotada.
Reconocida la pensión, existen reglas especiales para su pago dado que la misma es vitalicia y procede la pensión de sobrevivientes en caso de existir beneficiarios del pensionado, con cargo al subsidio pensional; de allí que en primer lugar la prestación se pague con los recursos de la misma cuenta de ahorro pensional y solo cuando estos se agoten, se pueda acudir a los recursos del subsidio. Así se establece en cabeza de la AFP el control de saldos de la pensión reconocida, a efectos de que al percatarse de que los recursos de la CAI no son suficientes para financiar la mesada por más de una anualidad, le informe a la OBP para que tal entidad proceda a efectuar la apropiación de recursos para con ello autorizar la utilización de los recursos del subsidio, claro está, por anualidades (Artículo 9º del Decreto 832 de 1996, modificado por el artículo 2º del Decreto 142 de 2006).
Fuente de financiación
En cuanto a los recursos que financian la garantía como tal, dada la modificación de la Ley 797 de 2003, antes aludida, en primera medida se cubren con los recursos provenientes del aporte pensional de los afiliados al RAIS, que, dada la inexequibilidad - por vicios de forma- (sentencia CC C-794-2004) del artículo que creaba el Fondo de Pensión de Garantía de Pensión Mínima, quedaron bajo la administración de las AFP y, una vez se agoten estos recursos, es decir, los aportados por los afiliados al RAIS, junto con los rendimientos, las pensiones reconocidas bajo la garantía de pensión mínima se pagarán con cargo directo a la Nación, a través del presupuesto general.
Si bien estos recursos son aportados por los afiliados, el porcentaje correspondiente a dicha garantía, no es para la cobertura de su pensión, inclusive no entran en su CAI, y frente a ellos las administradoras solo fungen como administradoras de los mismos - dada la inexistencia legal del Fondo de Garantía de Pensión Mínima-, por ende, solo la Nación puede determinar a quién se asignan tales recursos con la finalidad de completar el capital necesario para el reconocimiento de la pensión de vejez en armonía con el principio solidario.
Llegados a este punto del sendero, se impone dejar en claro una cosa: aun cuando financieramente se traslade la conformación de recursos para el pago del subsidio a los afiliados del RAIS, lo cierto es que tanto constitucional como legalmente la titularidad de la obligación de garantía de pensión está en cabeza del Estado colombiano y este aspecto no ha tenido modificación alguna.
iii. Reconocimiento provisional de la pensión bajo el principio solidario de la GPM por la Sociedad Administradora de Fondos de Pensiones- deberes de la AFP
Siendo claro, que la asignación del subsidio bajo la garantía de pensión mínima es estatal y, por ende, su reconocimiento está exclusivamente en cabeza del Estado – Oficina de Bonos pensionales del Ministerio de Hacienda y crédito público- es menester poner de presente que por vía de excepción sí existe normativamente la posibilidad de establecer en cabeza de una administradora del RAIS la obligación de manera temporal, de asumir el pago de la pensión y, con cargo a sus propios recursos, esto porque el artículo 21 del Decreto 656 de 1994 dispuso:
Artículo 21. Las administradoras que incumplan el plazo establecido para pronunciarse respecto de una solicitud de pensión deberán pagar, con cargo a la respectiva cuenta individual de ahorro, una pensión provisional en favor del afiliado, calculada tomando en consideración los mismos criterios establecidos para la determinación de la mesada pensional a través de retiros programados. Esta pensión comenzará a reconocerse mensualmente a partir del día quince (15) hábil contado desde el vencimiento del plazo señalado para pronunciarse y deberá pagarse hasta el momento en el cual se efectúe el correspondiente pronunciamiento.
Del mismo modo, cuando no existan recursos suficientes para atender el pago de una pensión por falta de presentación oportuna de las solicitudes de pago de bonos pensionales, de las solicitudes de pago de las garantías mínimas estatales o de las solicitudes de pago de las diferencias a cargo de las compañías aseguradoras, por razones imputables a las administradoras, éstas deberán reconocer a los respectivos pensionados pensiones provisionales, con cargo a sus propios recursos.
En general, corresponderá a las administradoras asumir pensiones provisionales con cargo a sus propios recursos en todos aquellos casos en los cuales el afiliado no disponga de la totalidad de las sumas a que tendría derecho para atender su pensión por falta de cumplimiento oportuno y adecuado de sus obligaciones por parte de la administradora.
Parágrafo. Lo dispuesto en este artículo se entiende sin perjuicio de las demás sanciones personales e institucionales que puedan imponerse por el incumplimiento de las correspondientes obligaciones señaladas en el presente capítulo. (Negrilla fuera de Texto)
El Decreto citado, además de indicar la naturaleza jurídica de estas entidades, estableció, entre otros, su régimen de responsabilidad, partiendo de que si bien son entidades de naturaleza privada, las mismas están, en todo caso prestando, el servicio público de la seguridad social que comporta la garantía de derechos mínimos, en el caso de los trabajadores afiliados al sistema pensional.
Así, el estándar de diligencia y cuidado que deben observar las mismas es mayúsculo, pues si su actuar es negligente deberán asumir las consecuencias conforme lo estableció la legislación y el regulador. Esto es así como, en el tema objeto de análisis, claramente se determinó que si por razones imputables a ellas el afiliado no cuenta con los recursos para acceder a la pensión bajo la garantía de pensión mínima- claro está siempre y cuando consolide los requisitos para su acceso- corresponderá el pago de la pensión de manera provisional y con cargo a sus propios recursos a la entidad de seguridad social.
En suma, si injustificadamente retarda el trámite de la solicitud de garantía ante el ente estatal, surgirá la obligación de asumir el pago de la pensión de vejez de su afiliado y, palmariamente, sin afectar la cuenta de ahorro individual del mismo. Por lo que el funcionario judicial podrá echar mano de esta norma, cuando evidencie que existe un actuar evidentemente displicente que impidió la materialización del derecho.
Finalmente, debe recordarse que no existe duda alguna que la pensión de vejez, bajo la garantía de pensión mínima, constituye una verdadera prestación propia del sistema pensional y, el hecho de que su fuente financiera sea a través de un subsidio estatal y, por ende, corresponde a la entidad pública encargada de reconocerlo a través de acto administrativo, en nada cambia su naturaleza, se reitera de prestación económica dentro del sistema general de pensiones con todas las garantías legales y constitucionales que conlleva.
No está de más recordar que esta Corporación ya se ha pronunciado respecto a la procedencia de la condena a las administradoras por concepto de la garantía de pensión mínima, a guisa de ejemplo, se pueden consultar las providencias CSJ SL5658-2021, CSJ SL2676-2021 y CSJ SL4531-2020.
Caso Concreto
Debe señalarse que el colegiado no dejó de lado que la garantía de pensión mínima está en cabeza de la Oficina de Bonos Pensionales del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, pues trascribió todas las normas que así lo contemplan, lo que llevó a impartir condena al administrador de pensiones de manera literal fue que:
[…]se reconoce en sede judicial en aras de no vulnerar los derechos fundamentales del demandante como lo son al mínimo vital y seguridad social, y no poner a la espera a que las entidades (PROTECCIÓN S.A. y Ministerio del Trabajo y por parte de España el Instituto de la Seguridad Social (INSS) o la entidad que corresponda, adelanten trámites administrativos para lograr la acumulación de los tiempos, por lo tanto se condenará a PROTECCIÓN S.A. a reconocer y pagar en favor del demandante la pensión de vejez sin perjuicio de que dicha entidad realice los trámites administrativos para cobrar la cuota parte pensional ante la entidad que corresponda; tampoco es aceptable la excusa de no reconocimiento pensional, por estar pendiente a que la oficina de bonos pensionales autorice el reconocimiento de la pensión de vejez, pues la entidad de seguridad social en pensiones, es la encargada de adelantar todos los trámites ante las entidades respectivas para lograr la financiación de la pensión.
Ahora bien, conforme al derrotero de la sentencia CSJ SL2512-2021, antes citada, dado el servicio público esencial que prestan, se estableció un régimen de responsabilidad cuyo efecto es que, si la falta del reconocimiento pensional a un afiliado que tiene causado el derecho obedece a una razón imputable a su deber de diligencia y cuidado, debe asumir las consecuencias que la norma antes citada predica.
De la trascripción literal de la sentencia se encuentra que el colegiado estimó que no es excusa la autorización de la cartera ministerial pues es la entidad de seguridad social la encargada de adelantar los trámites para lograr financiar la misma; no obstante, no precisó cuál fue el incumplimiento en su deber de diligencia y funda la condena en evitar la vulneración de los derechos fundamentales del accionante y que este no quede «a la espera a que las entidades (PROTECCIÓN S.A. y Ministerio del Trabajo y por parte de España el Instituto de la Seguridad Social (INSS) o la entidad que corresponda, adelanten trámites administrativos para lograr la acumulación de los tiempos».
Valga memorar que no hay duda de que la Administradora de pensiones tiene la obligación, entre otras, de adelantar el trámite para obtener el reconocimiento de la garantía mínima estatal, e inclusive dentro del convenio estas son las entidades competentes; empero, conforme a lo anotado, su responsabilidad se genera por un actuar negligente, esto es, que por razones imputables a ellas se retarde el acceso a la correspondiente prestación, de acuerdo con el artículo 21 del Decreto 656 de 1994, de allí la necesidad de expresar la falta en el cuidado de su gestión.
En este punto cabe resaltar que en el caso bajo estudio confluyen dos trámites, de un lado el correspondiente a la solicitud de una prestación en el sistema general de pensiones -bajo el amparo solidario de la garantía de pensión mínima- y, de otro lado, el procedimiento ante los organismos de enlace para lograr la aplicación del convenio de seguridad social, en el asunto con el Reino de España, con el fin de convalidar tiempos de servicio para acceder a la prestación.
Así las cosas, erró el juzgador al impartir la condena al ente de seguridad social sin acreditar la existencia de una negligencia administrativa o falta de diligencia. Se resalta que con la contestación de la demanda y su respectivo anexo (folios 55 –57), la administradora encartada afirmó que el 21 de diciembre de 2017 reportó al Coordinador Grupo de Convenios Internacionales del Ministerio del Trabajo, los periodos de cotización a Colombia y solicitó se le remitiera «de España el formulario ES/Co-01 o el ES/CO-02-para con este poder definir la solicitud de garantía de pensión mínima», asunto que era necesario esclarecer antes de adjudicar la responsabilidad solicitada en la demanda.
De manera que los ataques salen victoriosos y habrá de quebrarse el acto jurisdiccional controvertido.
En sede de instancia y para mejor proveer y decidir lo que en derecho corresponda, se decreta como prueba de oficio que por Secretaría, se envíe comunicación a la Administradora de Fondos de Pensiones y Cesantías Protección S.A., con el fin de que remita el expediente de su afiliado en el que reposa el trámite interadministrativo y binacional de validación de semanas cotizadas en España por Benjamín Caicedo, en el que incluya, los medios de prueba resultantes de la actuación previamente adelantada por la entidad, para poder adoptar una decisión de fondo, para lo cual se le concede un término de 15 días hábiles dada la celeridad del caso.
Por Secretaría, se ordena enviar comunicación al Ministerio del Trabajo como organismo enlace, con el fin de que informe el trámite dado a la solicitud del Convenio de España «[a]l formulario ES/Co-01 o el ES/CO-02-» que le fuera dirigido por la administradora demandada el 21 de diciembre de 2017 al Coordinador Grupo de Convenios Internacionales de esa cartera e incluir los medios probatorios resultantes de la gestión que se hubiere adelantado, para lo cual se le concede un término de 15 días hábiles dada la celeridad del caso.
Una vez se reciba la anterior información, se pondrá a disposición de las partes, por el término de tres (3) días, conforme al artículo 110 del CGP.
X. DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, CASA la sentencia proferida el 27 de agosto de 2021 por la Sala Quinta de Decisión Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín, dentro del proceso ordinario laboral seguido por BENJAMÍN CAICEDO contra la ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS PROTECCIÓN S.A.
En sede de instancia y para mejor proveer y decidir lo que en derecho corresponda, se decreta como prueba de oficio que por Secretaría, se envíe comunicación a la Administradora de Fondos de Pensiones y Cesantías Protección S.A., con el fin de que remita el expediente de su afiliado en el que reposa el trámite interadministrativo y binacional de validación de semanas cotizadas en España por Benjamín Caicedo, en el que incluya, los medios de prueba resultantes de la actuación previamente adelantada por la entidad, para poder tomar una decisión de fondo, para lo cual se le concede un término de 15 días hábiles dada la celeridad del caso.
Por Secretaría, envíese comunicación al Ministerio del Trabajo como organismo enlace, con el fin de que informe el trámite dado a la solicitud del Convenio de España «[a]l formulario ES/Co-01 o el ES/CO-02-» que le fuera dirigido por la administradora demandada el 21 de diciembre de 2017 al Coordinador Grupo de Convenios Internacionales de esa cartera e incluir los medios probatorios resultantes de la gestión que se hubiere adelantado, para lo cual se le concede un término de 15 días hábiles dada la celeridad del caso.
Una vez se reciba la anterior información, se pondrá a disposición de las partes, por el término de tres (3) días, conforme al artículo 110 del CGP. Luego de ello, ingresarán las diligencias al despacho para efectos de adoptar la decisión de instancia.
Sin costas en el recurso extraordinario.
Notifíquese, publíquese y cúmplase.
GERARDO BOTERO ZULUAGA
Presidente de la Sala
FERNANDO CASTILLO CADENA
LUIS BENEDICTO HERRERA DÍAZ
IVÁN MAURICIO LENIS GÓMEZ
CLARA INÉS LÓPEZ DÁVILA
OMAR ÁNGEL MEJÍA AMADOR
MARJORIE ZÚÑIGA ROMERO
SALVAMENTO DE VOTO
Recurrente: Protección S.A.
Demandante: Benjamín Caicedo.
Radicación: 92369
Magistrado Ponente: Fernando Castillo Cadena
Tal como lo expresé en la sesión en la que se debatió el asunto, manifiesto que salvo el voto por las razones que expongo a continuación.
La Sala concluyó que el Tribunal se equivocó al ordenar a la administradora de pensiones el pago directo de la garantía de pensión mínima, toda vez que para ello debió analizar inicialmente si la entidad faltó a su deber de diligencia y cuidado en los trámites administrativos requeridos para lograr la convalidación de los aportes que el actor realizó en España y el trámite de la garantía mínima pensional ante la Oficina de Bonos Pensionales del Ministerio de Hacienda y Crédito Públicos, en los términos contemplados en el artículo 21 del Decreto 656 de 1994.
Lo anterior implica entender que la Sala parte de la premisa, según la cual, el Tribunal condenó a la AFP al pago de la pensión con cargo a sus propios recursos, pues no habría otra razón para que advirtiera que debe demostrarse su diligencia en la gestión de los recursos requeridos para atender el pago de la prestación en los términos del artículo mencionado.
Sin embargo, advierto que tal determinación es equivocada, toda vez que lo que estableció el Tribunal es que en este caso resulta procedente la concesión de la garantía estatal de pensión mínima de forma definitiva por acreditarse la edad y densidad de semanas que establece el artículo 65 de la Ley 100 de 1993, independientemente que la AFP adelante el trámite «administrativo para lograrla acumulación de los tiempos».
Ello supone que la orden del Tribunal estuvo dirigida a que la prestación se reconociera conforme a lo dispuesto en el artículo 68 de la Ley 100 de 1993, esto es, inicialmente con los recursos de la cuenta de ahorro individual, sin perjuicio de que la AFP gestione la acumulación de los tiempos que el actor trabajó en España y la cobertura a cargo de la Nación en desarrollo del principio de solidaridad.
Justamente por esa razón advierto coherente que el Tribunal se abstuviera de analizar el deber de diligencia y cuidado en los términos del artículo 21 del Decreto 656 de 1994, pues su demostración solo tiene incidencia al establecer si la AFP debe responder por el pago de una pensión provisional con su propio patrimonio, lo que, insisto, no sucedió en este caso, dado que lo que decidió el ad quem fue la concesión de la prestación de forma definitiva y con cargo al capital ahorrado.
Además, si la intención del Tribunal hubiese sido en el sentido de que el pago de la prestación debe hacerse con los recursos propios de la AFP, así lo habría dispuesto en el fallo; sin embargo, ello no es lo que se extrae del contenido de las órdenes que impuso en la sentencia, como tampoco de los argumentos que expuso para ello.
Por esa razón, no es era posible entender que debe pagar la prestación con sus propios recursos, porque además de hacer más gravosa su situación como única recurrente, tal argumento no podía ser objeto de análisis en este mecanismo extraordinario, dado no es una instancia adicional y su utilización implicaba confrontar los pilares esenciales de la sentencia del Tribunal.
Por otra parte, advierto que la discusión que abordó la Sala sobre la gestión de la AFP en el trámite administrativo de la garantía de pensión mínima y acumulación de tiempos en España es un aspecto netamente formal que, a mi juicio, no impide el reconocimiento definitivo de la prestación como lo concluyó el Colegiado de instancia.
Lo anterior, debido a que la jurisprudencia de esta Sala ha establecido de forma reiterada que no es admisible que la administradora de pensiones excuse el reconocimiento de la prestación en la falta de agotamiento de un procedimiento administrativo que le corresponde, pues es su deber articular su infraestructura y adelantar las gestiones pertinentes para garantizar el reconocimiento del derecho pensional (CSJ SL4108-2020, reiterada en CSJ SL2766-2021), sin que en modo alguno pueda trasladársele al afiliado los procedimientos administrativos requeridos para ello.
Precisamente por esa razón, si el Tribunal encontró probadas las exigencias del artículo 65 de la Ley 100 de 1993 -edad y tiempo-, lo procedente era que reconociera el derecho, sin perjuicio que la AFP adelantara los trámites requeridos para obtener el capital necesario para financiar la prestación, como en efecto lo dispuso y, por esa razón, considero que no era procedente casar su decisión.
Dejo así planteadas las razones de mi salvamento de voto.
Fecha ut supra.
IVÁN MAURICIO LENIS GÓMEZ
Magistrado
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