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Corte Suprema de Justicia · Sala de Casación Laboral

Sentencia SL1750-2023

Fecha
25 de julio de 2023
Magistrado ponente
Ana Maria Muñoz Segura

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia SL1750-2023

Corte Suprema de Justicia · Sala de Casación Laboral

Parte resolutiva

DECISIÓN En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley, NO CASA la sentencia proferida el cuatro (4) de septiembre de dos mil dieciocho (2018), por la Sala Civil, Familia, Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Armenia, en el proceso que instauró ESTHER JULIA OLAYA CONTRERAS contra la ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES, COLPENSIONES, al que fue vinculada ESLITH FRANCO DE RESTREPO como litisconsorte necesaria, representada por MARÍA HESLITH RESTREPO FRANCO en calidad de curadora provisional. Costas como se dijo en la parte motiva.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Corte Suprema de Justicia

Sala de Casación Laboral

Sentencia SL1750-2023

Magistrado ponente: Ana Maria Muñoz Segura

25 de julio de 2023

ANA MARÍA MUÑOZ SEGURA

Magistrada ponente

SL1750-2023

Radicación n.° 83125

Acta 26

Bogotá D.C., veinticinco (25) de julio de dos mil veintitrés (2023).

Decide la Sala el recurso de casación interpuesto por MARÍA HESLITH RESTREPO FRANCO, en calidad de curadora provisional de ESLITH FRANCO DE RESTREPO, vinculada como litisconsorte necesaria, contra la sentencia proferida el 4 de septiembre de 2018 por la Sala Civil, Familia, Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Armenia, dentro del proceso que instauró ESTHER JULIA OLAYA CONTRERAS contra la ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES, COLPENSIONES.

AUTO

Se reconoce personería jurídica a los abogados Jaime Alberto Sánchez López como apoderado judicial de Eslith Franco de Restrepo y a José Ángel Mendieta Guerrero de la Administradora Colombiana de Pensiones, Colpensiones.

ANTECEDENTES

Esther Julia Olaya Contreras demandó a la Administradora Colombiana de Pensiones (en adelante Colpensiones), para que le reconociera a partir del 8 de julio de 2001, la pensión de sobrevivientes en calidad de compañera permanente de Guillermo Antonio Restrepo Correa.

Solicitó además el pago de las «[…] mesadas ordinarias y las adicionales», el retroactivo pensional, los intereses moratorios y las costas del proceso.

Como sustento de sus pretensiones, informó que el señor Restrepo Correa estuvo afiliado al Instituto de Seguros Sociales (en adelante ISS), del 1º de abril de 1968 al 8 de julio de 2001, fecha en la que murió y que cotizó un total de 370,57 semanas entre el 1º de abril de 1968 y el 23 de julio de 1971.

Relató que sostuvo una vida marital con el afiliado por más de 31 años y que tuvieron un hijo. Aseguró que el 3 de abril de 2014, requirió a la entidad el reconocimiento de la prestación, sin que emitiera respuesta.

Colpensiones se opuso a las pretensiones y frente a los hechos, aceptó la fecha de la muerte del asegurado, su afiliación al Sistema, el número de semanas cotizadas, la solicitud radicada por la demandante y la falta de repuesta, así como que la pareja tuvo un hijo.

Propuso como excepción previa la de falta de integración del litisconsorcio necesario y de fondo las de inexistencia del derecho, de la obligación, imposibilidad de aplicar la condición más beneficiosa, el Decreto 758 de 1990 y de tener en cuenta el reporte de semanas cotizadas, la de prescripción, descuentos de aportes en salud y devolución de dineros pagados por sentencia judicial.

Mediante auto del 12 de agosto de 2015, el juzgado de conocimiento resolvió integrar al proceso a Eslith Franco de Restrepo, quien, a través de curadora provisional, se opuso a las pretensiones y frente a los hechos, aceptó la fecha del fallecimiento del asegurado, su vinculación al ISS, el número de semanas cotizadas y la petición elevada por la demandante.

Como excepciones formuló la falta de legitimación en la causa, ausencia del derecho y falta de cumplimiento de requisitos legales.

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

El 18 de octubre de 2016, el Juzgado Segundo Laboral del Circuito de Armenia, decidió:

Primero: DECLARAR probada parcialmente la excepción de prescripción y, no probadas las demás excepciones planteadas por la parte pasiva de la litis “Colpensiones” […].

Segundo: DECLARAR que las señoras ESTHER JULIA OLAYA CONTRERAS y ESLITH FRANCO DE RESTREPO, son beneficiarias de la pensión de sobrevivientes en calidad de compañera permanente y esposa del causante […].

Tercero: CONDENAR a la ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES “COLPENSIONES”, a reconocer y pagar la pensión de sobrevivientes a favor de la demandante y vinculada OLAYA CONTRERAS y FRANCO DE RESTREPO, en razón de un salario mínimo legal mensual vigente compartido y en forma vitalicia, fraccionado así: para la señora Esther Julia Olaya Contreras un equivalente al 41,89% y para la vinculada Eslith Franco de Restrepo un equivalente al 58,10%.

Cuarto: CONDENAR a la ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES “COLPENSIONES”, a reconocer y pagar a favor de la demandante ESTHER JULIA OLAYA CONTRERAS, como retroactivo pensional debidamente indexado la suma de $25.189.341,54, por concepto de mesadas causadas y no prescritas, dejadas de pagar desde el 03 de abril del 2011 hasta la fecha, que debe ser actualizada al momento del pago. En lo que tiene que ver con la vinculada Eslith Franco De Restrepo, como se dijo en la parte motiva, se le deberá seguir pagando la pensión correspondiente al porcentaje del 58,10% del salario mínimo legal mensual vigente, además COLPENSIONES podrá hacer las gestiones pertinentes para lograr la devolución de los saldos pagados de más, en razón a la condena del retroactivo pensional ordenado en esta sentencia.

Dada la condición de afiliado obligatorio del pensionado al sistema general de seguridad social en salud, “COLPENSIONES” podrá descontar del retroactivo pensional los dineros correspondientes para la E.P.S. respectiva.

Quinto: Se ABSUELVE a la ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES “COLPENSIONES” […].

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

Al analizar los recursos de apelación interpuestos por Esther Julia Olaya Contreras y Eslith Franco de Restrepo, así como al surtir el grado jurisdiccional de consulta en favor de Colpensiones, la Sala Civil, Familia, Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Armenia, el 4 de septiembre de 2018, resolvió:

Primero. - Modificar los numerales segundo, tercero y cuarto de la sentencia […], los cuales quedarán así:

2°. Declarar que Esther Julia Olaya Contreras en condición de compañera permanente tiene derecho al 100% de la pensión de sobrevivientes causada por Guillermo Antonio Restrepo Correa desde el 3 de abril de 2011, en cuantía equivalente a un salario mínimo legal mensual vigente y por catorce mesadas.

3º. Condenar a Eslith Franco de Restrepo a pagar a Esther Julia Olaya Contreras dentro del término de ejecutoria de esta sentencia, el valor del retroactivo pensional causado desde el 3 de abril de 2011 hasta el 18 de octubre de 2016, que equivale a $46.575.583,33, así como las mesadas que se han causado con posterioridad a esta última data y hasta la fecha de esta decisión.

Ordenar a Colpensiones que en el término de ejecutoria de este fallo incluya en nómina de pensionados a Esther Julia Olaya Contreras, en cuantía equivalente al 100% del salario mínimo legal mensual vigente y por catorce mesadas.

4º. Autorizar a Colpensiones a descontar el valor de los aportes al Sistema General de Seguridad Social en Salud, que debe realizar Ester Julia Olaya Contreras sobre el valor de las mesadas que se generen por concepto de pensión de sobrevivientes”.

Segundo: Adicionar el ordinal sexto del mencionado fallo, para imponer a Eslith Franco de Restrepo condena en costas por el trámite de primera instancia, en beneficio de la demandante.

Tercero: Confirmar en los demás […].

El Tribunal se planteó determinar si las señoras Franco de Restrepo y Olaya de Contreras, eran beneficiarias de la pensión de sobrevivientes y si Colpensiones era responsable del reconocimiento del retroactivo pensional.

Estudió la posible configuración de la cosa juzgada y determinó que no operó, pues si bien es cierto, a través de sentencia del 28 de septiembre de 2010, el Juzgado Tercero Laboral del Circuito de Armenia declaró a Eslith Franco de Restrepo como beneficiaria de la pensión de sobrevivientes, que quedó en firme mediante providencia del 24 de abril de 2012, dictada por la Sala Civil, Familia, Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de la misma ciudad, también lo es, que Esther Julia Olaya Contreras no fue vinculada a esa discusión.

Concluyó que existía identidad en las pretensiones en los procesos, no obstante, se diferenciaban desde la «[…] perspectiva fáctica, lo cual impide predicar el fenómeno de cosas juzgada», entre otras, porque en el primero no se abordó el presupuesto de la convivencia.

En lo relativo al derecho pensional, dijo que la ley aplicable era la vigente al momento de la muerte del asegurado, tal cual lo regula el artículo 16 del Código Sustantivo del Trabajo, por lo que, en el presente asunto, era la Ley 100 de 1993, toda vez que Guillermo Antonio Restrepo Correa murió el 8 de julio de 2001.

Recordó el contenido de los artículos 46 y 47 de esa legislación y mencionó que eran acreedores de la prestación, el cónyuge o la compañera o compañero permanente que acreditara haber convivido con el afiliado en los dos años anteriores al deceso, salvo que hubiera tenido hijos con él.

Aclaró que pese a que el señor Restrepo Correa, no dejó causado el derecho pensional bajo la Ley 100 de 1993, sí lo hizo en aplicación de los artículos 6° y 25 del Acuerdo 049 de 1990, pues entre el 1º de marzo de 1968 y el 23 de julio de 1971, aportó un total de 370.57 semanas.

Acotó que lo expuesto en precedencia, «[…] no significa [que] los requisitos exigidos para los beneficiarios del pensionado o afiliado estuviesen regulados por la norma derogada, ya que deberán ser determinados bajo la legislación vigente a la fecha de la muerte del afiliado».

Así las cosas, informó que en las sentencias CSJ SL1266-2018, CSJ SL13450-2016 y CSJ SL4099-2017, se dispuso que el parámetro esencial para reconocer el derecho en aplicación de la Ley 100 de 1993, era la convivencia real y efectiva de la pareja.

Aclaró que esta Sala, también señaló que cuando se discutiera que esta fue simultánea con la cónyuge y la compañera permanente, la primera tenía un derecho preferencial sobre la segunda, no obstante, ello no la eximía de probar que cohabitó con el causante por el término legal.

Enunció que ni el referido artículo 47 ni el 7° del Decreto 1889 de 1993, dispusieron que la «[…] prestación pudiera ser compartida por partes iguales o por cuotas partes entre la cónyuge y la compañera permanente en los eventos en que la primera estuviera separada de hecho de su causante con vínculo matrimonial vigente».

Manifestó que al expediente se incorporó el registro civil de matrimonio de Eslith Franco de Restrepo y Antonio Restrepo Correa. Igualmente, se escucharon los testimonios de Nidia Patricia Giraldo Zapata y Fabio Aguirre, quienes comentaron que los esposos convivieron desde que contrajeron nupcias hasta 1992 o 1993, porque al momento de la muerte del causante, hacía vida marital con otra persona.

Por su parte, de las declaraciones de Edgar Restrepo y Mario Osa Duque, extractó que fueron concordantes al afirmar que el afiliado, tuvo una convivencia estable con la señora Olaya Contreras hasta su fallecimiento.

Del análisis de las pruebas, infirió que a Eslith Franco de Restrepo «[…] no le asiste el derecho a recibir la pensión de sobrevivientes, pues a pesar de que el vínculo matrimonial está indemne, se tiene que la interesada nunca acreditó la convivencia efectiva con el causante».

Por el contrario, encontró demostrado que Esther Julia Olaya tuvo una unión marital con el afiliado por más de 25 años hasta la muerte de aquel, de suerte que era beneficiaria del derecho desde el 8 de julio de 2001.

Finalmente, en punto al pago del retroactivo pensional, expresó:

Sin embargo, en este punto debe advertirse que dicho pago de ninguna manera deberá ser sufragado por Colpensiones, ya que de conformidad con el artículo 212 del Código Sustantivo del Trabajo, cuando la cancelación de la prestación por muerte estaba a cargo del empleador y posteriormente aparecieron otros beneficiarios, aquellos que hubieran recibido el valor de la prestación, estarán solidariamente obligados a satisfacer a los nuevos beneficiarios en las cuotas que correspondan.

Al respecto, la Corte Suprema de Justicia […], enseña que tienen efecto liberatorio para el deudor de la pensión, los pagos realizados a los beneficiarios iniciales de la prestación, pues de conformidad con lo previsto en el artículo 1634 del Código Civil «El pago hecho de buena fe a la persona que estaba entonces en posesión del crédito es válido, aunque después aparezca que el crédito no le pertenecía», se cita la sentencia de Casación Laboral de seis de septiembre de 2011, 40.942, de donde se sigue que si el fondo demandado pagó debidamente la pensión a la cónyuge supérstite del causante, dicho pago extingue tal obligación hasta el límite del derecho de aquel y seguirá en cabeza de quien resulte beneficiario del mismo a partir de entonces.

Así las cosas, teniendo en cuenta que de conformidad con la resolución GNR 22.949 de 22 de enero 2014, expedida por Colpensiones, Eslith Franco de Restrepo ha sido la única beneficiaria de la pensión de sobrevivientes del afiliado Guillermo Antonio Restrepo Correa desde el mes de julio de 2001 y hasta la fecha, es evidente que aquella deberá pagarle a la demandante las mesas causadas desde el 3 de abril de 2011 hasta la data de esta decisión […].

Asimismo, le corresponde a Colpensiones realizar las gestiones pertinentes en procura de obtener los saldos pagados indebidamente a la mencionada interviniente, pues tal como se explicó en antecedencia, la misma no acreditó el derecho analizado.

También, deberá incluir a la demandante en nómina de pensionados, pues reposa en las arcas de la entidad los dineros que sufragará la mentada prestación y, por lo tanto, le corresponde su satisfacción desde la ejecutoria de este fallo, por lo tanto, en este aspecto tampoco se acoge la censura planteada por el mandatario judicial de Eslith Franco de Restrepo, en cuanto reclamó que de ningún modo se facultará a Colpensiones a perseguir los dineros indebidamente pagados a su representada.

RECURSO DE CASACIÓN

Interpuesto por Eslith Franco de Restrepo, concedido por el Tribunal y admitido por la Corte, se procede a resolver en los términos y alcances del recurso extraordinario.

ALCANCE DE LA IMPUGNACIÓN

De manera principal pretende la recurrente que la Corte case la sentencia del Tribunal, para que, en sede de instancia, confirme la del juzgado.

Subsidiariamente, en el segundo cargo, requiere:

[…] CASAR PARCIALMENTE la sentencia […], que MODIFICÓ la de primera instancia, que había dispuesto compartir la pensión de sobrevivientes […], para que una vez, la […] Corte Suprema de Justicia, convertida en Tribunal de Instancia, REVOQUE el numeral cuarto de la decisión estimatoria proferida […] por el Juzgado Segundo Laboral del Circuito de Armenia, que facultó a Colpensiones para recobrar a Eslith Franco de Restrepo, el valor de $25.189.341 que corresponde al valor del retroactivo pensional a favor de Esther Julia Olaya contreras y ABSUELVA a la recurrente de esa obligación dineraria.

Formula dos cargos por la causal primera, los cuales son replicados y se resuelven en el orden propuesto.

CARGO PRIMERO

Denuncia la violación directa, por interpretación errónea del artículo 47 de la Ley 100 de 1993, por «[…] omisión de tener en la cuenta para su aplicación» y 13, 42 y 53 de la Constitución Política.

Advierte que no es materia de debate que Guillermo Antonio Restrepo, falleció el 8 de julio de 2001; que convivió con ella desde el 17 de abril de 1958 hasta 1992 y que el causante al momento de su deceso hacía vida marital con Esther Julia Olaya Herrera, existiendo «[…] simultaneidad de convivencia».

En el mismo sentido, acepta que la norma aplicable al presente asunto es el artículo 47 de la Ley 100 de 1993, sin embargo, reprocha el entendimiento que le dio la segunda instancia.

Asegura que una interpretación literal de la norma revela que es necesario para obtener la prestación, que la presunta beneficiaria demuestre que hizo vida marital con asegurado por lo menos en los dos años anteriores a la muerte, salvo que hubiere procreado un hijo.

Sin embargo, considera que, en consideración de los principios constitucionales, la exigencia de cohabitación, puede ser acreditada en «[…] cualquier tiempo», en tanto, la aplicación de las normas no puede limitarse a una «[…] operación lineal [ni] gramatical», sino que debe contemplar elementos «[…] sociológicos, culturales y teológicos».

Recrimina al Tribunal que desconoce «[…] el tiempo de convivencia que aquella probó, privilegiando a la compañera, cuando para la Constitución tienen iguales derechos», por lo que afirma, no se tuvo en cuenta que como esposa contribuyó a la consolidación de las «[...] cotizaciones que derivaron en el derecho», pese a que por diversas razones no compartió con él sus últimos días.

Afirma que,

Por tanto, la interpretación correcta, con una intelección de justicia y razonabilidad, del artículo 47 de la Ley 100 de 1993, lleva consigo a hacer extensivo el beneficio a la cónyuge, que para el momento de la muerte del de cujus no convivía con este, pero que con antelación convivió por un tiempo superior a los dos años exigidos por el dispositivo legal; permitiendo compartir en forma proporcional con la compañera de vida la pensión de sobrevivencia, según el número de años de convivencia de cada una de ellas.

Agrega que esta Corporación en similares asuntos, «[…] pero en vigencia de la Ley 797 de 2003», ha reconocido la pensión de sobrevivientes a la cónyuge que, pese a no convivir con el causante al momento de la muerte, prueba haber coexistido con él un tiempo superior a los cinco años en cualquier tiempo.

RÉPLICAS

Colpensiones afirma que la ley que rige el asunto es el artículo 47 de la Ley 100 de 1993, toda vez que el afiliado murió el 8 de julio de 2001. En este sentido, menciona que únicamente bajo la Ley 797 de 2003, resulta posible que la cónyuge demuestre la exigencia de cinco años de convivencia con el asegurado en cualquier tiempo.

Por su parte, Esther Julia Olaya Contreras, efectúa una réplica conjunta a los cargos, y resalta que la interpretación del artículo 47 de la Ley 100 de 1993 que realizó el Tribunal, fue acertada y que ella era la única beneficiaria del derecho, toda vez que residió con el asegurado por más de 32 años hasta que este falleció.

CONSIDERACIONES

Dada la vía seleccionada, no es materia de debate que, i) Guillermo Antonio Restrepo murió el 8 de julio de 2001; ii) dejó causado el derecho a la pensión de sobrevivientes; iii) Eslith Franco de Restrepo y el asegurado convivieron desde el 17 de abril de 1958, cuando contrajeron matrimonio hasta 1992 y iv) Esther Julia Olaya Contreras sostuvo una vida marital con el señor Restrepo por más de 25 años, la cual se prolongó hasta la muerte de aquel.

Importa precisar que más allá de si fue acertado o no el proceder del Tribunal, al establecer que la norma aplicable a las presuntas beneficiarias del derecho era el artículo 47 de la Ley 100 de 1993 y no el Acuerdo 049 de 1990, bajo el cual, encontró que el afiliado lo causó, este punto no fue materia de controversia en el recurso, por lo que resulta inmodificable, bajo la presunción de acierto y legalidad con la que viene revestida la sentencia de segunda instancia.

Así las cosas, la Sala debe dilucidar si el Tribunal erró

al interpretar el artículo 47 de la Ley 100 de 1994, al exigir que la cónyuge debía demostrar la convivencia con el afiliado en los dos años anteriores al deceso.

El artículo 47 de la Ley 100 de 1993, dispuso:

ARTÍCULO 47. Beneficiarios de la Pensión de Sobrevivientes. Son beneficiarios de la pensión de sobrevivientes:

a) En forma vitalicia, el cónyuge o la compañera o compañero permanente supérstite.

En caso de que la pensión de sobrevivencia se cause por muerte del pensionado, el cónyuge o la compañera o compañero permanente supérstite, deberá acreditar que estuvo haciendo vida marital con el causante por lo menos desde el momento en que éste cumplió con los requisitos para tener derecho a una pensión de vejez o invalidez, y hasta su muerte, y haya convivido con el fallecido no menos de dos (2) años continuos con anterioridad a su muerte, salvo que haya procreado uno o más hijos con el pensionado fallecido […] (subrayas fuera de texto).

De lo transcrito es evidente que el presupuesto esencial para establecer quién es el legítimo beneficiario de la pensión de sobrevivientes, es la convivencia real y efectiva, más allá del vínculo jurídico que una a la pareja.

Por manera que, en principio, no «[…] existe una preferencia de la cónyuge supérstite sobre la compañera permanente, por el solo hecho de mantener el vínculo matrimonial vigente, sino que siempre debe acreditarse el requisito de la convivencia» (CSJ SL4099-2017).

Sobre este tópico se pronunció la sentencia CSJ SL3045-2022, en donde expresó:

Conforme a lo discurrido, aun cuando se encuentra acreditado en el plenario con prueba apta para el efecto, el vínculo conyugal que existía entre la causante y el promotor de este proceso, esa sola demostración de la existencia del nexo matrimonial, resulta insuficiente para los fines perseguidos en el acceso a la pensión de sobrevivientes incoada, pues la controversia en este recurso extraordinario, se circunscribió a desvirtuar la inferencia que obtuvo el Tribual acerca de no haberse demostrado la convivencia de los cónyuges, y que es un presupuesto indispensable para el otorgamiento de la prestación, en la medida en que ello es lo que privilegia el sistema de aseguramiento pensional por muerte, esto es, los lazos familiares perdurables de los que se deriva que la ausencia física tiene unas consecuencias en la vida de la pareja que no pueden pasar desapercibidas, y en la que no es suficiente demostrar un vínculo jurídico; pues es la convivencia la que legitima el derecho pensional (CSJ SL4925-2015) (subrayas y fuera de texto).

Por tanto, bajo el artículo 47 de la Ley 100 de 1993, la cónyuge tiene un derecho preferencial sobre la compañera permanente a recibir la pensión de sobrevivientes, siempre y cuando demuestre la convivencia con el causante en el tiempo establecido en la norma, presupuesto que como lo asegura la propia recurrente, no acreditó, por cuanto al momento del deceso del asegurado, la pareja llevaba más de ocho años separada.

Por el contrario, el Tribunal encontró demostrado y no es motivo de debate en casación, que Esther Julia Olaya como compañera permanente del afiliado, evidenció que compartió con él por más de 25 años, hasta el final de sus días.

No sobra agregar que el artículo 47 de la Ley 100 de 1993, prevé una sola beneficiara del derecho, es decir, la cónyuge o la compañera permanente que acredite la exigencia de convivencia, al descartar la coincidencia de ambas, simultaneidad que se introdujo con la modificación de la Ley 797 de 2003.

En un caso de similares características, la Sala concluyó:

Por todo lo anterior, teniendo en cuenta que la censura no discute las premisas fácticas relativas a que quien convivió con el pensionado fallecido por el término de ley fue la señora Lourdes María Jiménez Conrado y que la señora Amparo Valencia de Guerrero estaba separa del mismo hacía más de 27 años, sumado a que reconoció «…haberse alejado de su consorte debido a su vida “disoluta”», el Tribunal no incurrió en error jurídico alguno al asignarle la pensión de sobrevivientes a la compañera permanente, quien había demostrado la convivencia real y efectiva exigida legalmente, al momento de la muerte del pensionado (subrayas fuera de texto) CSJ SL4099-2017.

La recurrente estima que, en el asunto bajo examen, debe aplicarse de forma análoga la interpretación que ha efectuado esta Corporación al artículo 13 de la Ley 797 de 2003, según la cual, la cónyuge supérstite con vínculo matrimonial vigente, separada de hecho, tiene derecho al reconocimiento de la pensión de sobrevivientes, cuando pruebe que convivió con el fallecido por un lapso no inferior a cinco años en cualquier tiempo.

No obstante, como lo asegura la recurrente, el criterio mencionado lo ha expuesto la Sala única y exclusivamente en asuntos analizados bajo la nueva normatividad (Ley 797 de 2003), no así en situaciones gobernadas por el artículo 47 de la Ley 100 de 1993 (original), al tratarse de dos disposiciones completamente diferentes. Adicionalmente, este último precepto, en su literalidad, precisa disponer que la cohabitación ha de ocurrir en los dos años anteriores al fallecimiento del causante.

Por lo anterior, no se observa que el Tribunal hubiera incurrido en el error interpretativo, por lo que la acusación no prospera.

CARGO SEGUNDO

Denuncia la violación indirecta, por aplicación indebida del artículo 768 del Código Civil, en relación con el 83 de la Constitución Política y 47 de la Ley 100 de 1993.

Acusa la comisión de los siguientes errores de hecho:

Dar por demostrado sin estarlo que Eslith Franco de Restrepo obró de mala fe al disfrutar de la pensión de sobrevivientes que había sido ordenado su pago por sentencias judiciales debidamente ejecutoriadas formalmente.

No dar por demostrado estándolo, [que] Eslith Franco de Restrepo actuó de buena fe, al disfrutar de la pensión de sobrevivientes que se le otorgó mediante sentencias judiciales debidamente ejecutoriadas formalmente.

Como elementos probatorios no valorados acusa i) la providencia dictada por el Juzgado Tercero Laboral del Circuito de Armenia, el 28 de septiembre de 2010; ii) la del 24 de abril de 2012, de la Sala Civil, Familia, Laboral del Tribunal Superior de ese Distrito y la iii) Resolución de Colpensiones GNR 22949 del 22 de enero de 2014.

Expone que, según esta Corporación, así como la Corte Constitucional, el principio de buena fe es «[…] aquel que exige a los particulares y a las autoridades públicas ajustar sus comportamientos a una conducta honesta, leal y conforme con las actuaciones que podrían esperarse de una persona correcta».

Recuerda que el artículo 768 del Código Civil, define la buena fe como la «[…] conciencia de haberse adquirido el dominio de la cosa por medios legítimos exentos de fraudes y todo otro vicio». Del mismo modo, que el artículo 83 de la Constitución Política, dispone que «[…] las actuaciones de los particulares y de las autoridades públicas deben estar gobernadas» por ese principio.

Argumenta:

A pesar de la existencia procesal de esos documentos, aportados oportunamente, fueron desconocidos por la sentencia judicial, quien omitió valorarlos, pues de hacerlo habría deducido fácilmente que la posición jurídica de la beneficiaria de la pensión de sobrevivientes que tenía Eslith Franco de Restrepo, estaba fundada en sentencias judiciales, las cuales tenían la presunción de legalidad y acierto, porque aunque podía ser revisable su estatus de cónyuge supérstite, meritoria de la pensión de viudez, este estado jurídico había sido obtenido conforme a la ley y por intermedio de un proceso judicial de doble instancia […].

Por último, reitera que como su proceder fue de buena fe no está llamada a reintegrar los dineros percibidos.

RÉPLICA

Colpensiones argumenta que, de conformidad con el principio de sostenibilidad financiera del Sistema, en ningún caso debe «[…] haber un doble pago, ni exceder del 100% de la prestación a cualquiera de las interesadas o las 2».

Igualmente, requiere que se libere a la entidad de realizar «[…] el pago o cualquier trámite adicional asociado» al reintegro que deba hacer Eslith Franco de Restrepo, por cuanto, ya sufragó unos rubros como consecuencia de una orden judicial.

CONSIDERACIONES

Conviene recordar que la sentencia atacada, puso de presente que el pago del retroactivo pensional de Esther Julia Olaya Contreras, causado entre el 3 de abril de 2011 y el 18 de octubre de 2016, asciende a $46.575.583.

De la misma forma, que esa suma no debe ser asumida por Colpensiones, toda vez que según el artículo 212 del Código Sustantivo del Trabajo, cuando la pensión por muerte del trabajador estaba a cargo del empleador y «[…] posteriormente aparecieron otros beneficiarios», aquellos que recibieron el dinero, estaban solidariamente obligados a «[…] satisfacer a los nuevos beneficiarios en las cuotas que correspondan».

Añadió que esta Sala en la sentencia CSJ SL 6 de septiembre 2011, radicado 40942, indicó que tiene «[…] efecto liberatorio para el deudor de la pensión los pagos realizados a los beneficiarios iniciales de la prestación», pues de conformidad con el artículo 1634 del Código Civil, el pago que se haga de buena fe a quien «[…] estaba entonces en posesión del crédito es válido, aunque después aparezca que el crédito no le pertenecía».

Informó que, si bien Colpensiones sufragó a la cónyuge la prestación, dicho pago «[…] extingue tal obligación hasta el límite del derecho de aquel y seguirá en cabeza de quien resulte beneficiario del mismo a partir del entonces».

Concluyó que como mediante la Resolución GNR 22949 de 2014, se reconoció a Eslith Franco de Restrepo la pensión de sobrevivientes a partir de julio de 2001 y «[…] hasta la fecha», es ella quien «[…] deberá pagarle a la demandante las mesadas causadas desde el 3 de abril de 2011 hasta la data de esta decisión».

Por último, dispuso que le corresponde a Colpensiones «[…] realizar las gestiones pertinentes en procura de obtener los saldos pagados indebidamente a la mencionada interviniente».

Por su parte, la recurrente recrimina al Tribunal por desconocer los pronunciamientos judiciales que reconocieron a la señora Franco de Restrepo como beneficiaria de la prestación de sobrevivientes, sin que la hubiera obtenido «[…] con pruebas falsas o con otro tipo de actos demostradores de mala fe». Resalta que actuó de buena fe, por lo que no puede ser obligada a devolver unos dineros percibidos conforme a parámetros legales.

En ese contexto, la impugnante no controvirtió el eje central de la determinación del Tribunal en lo referente al pago del retroactivo, al no efectuar ningún razonamiento acerca de que no podía ser sufragado por Colpensiones a la nueva beneficiaria del derecho en los términos del artículo 212 del Código Sustantivo del Trabajo, ni al pronunciarse sobre la interpretación del artículo 1634 del Código Civil, conforme a la cual, «[…] tiene efecto liberatorio para el deudor de la pensión los pagos realizados a los beneficiarios iniciales de la prestación».

El ataque se limita a enunciar generalidades, tales como que el derecho se concedió en virtud de un trámite judicial y que siempre actuó de buena fe, de suerte que el esfuerzo para probar unos presuntos desatinos del Tribunal resultó insuficiente, ya que se insiste, no cuestionó debidamente la línea argumentativa de la sentencia.

En el fallo CSJ SL3846-2021, sobre el particular se reflexionó:

Lo anterior significa, que el esfuerzo que el promotor hace en su disertación para tratar de acreditar unos supuestos desatinos fácticos, resulta a todas luces insuficiente, puesto que la columna argumentativa que sirvió de sustento a la decisión objeto de ataque, debió insoslayablemente cuestionarla y derruirla en su totalidad, en tanto ella es la que sostiene la misma, so pena de que permanezca inmodificable con soporte en los razonamientos inatacados, pues contrario al cumplimiento de tal carga procesal, la impugnante se ocupó de achacarle al Tribunal unos errores de hecho, que no son del caso entrar a estudiar, dados los defectos insalvables que se observan. De ahí que al quedar incólume el argumento medular que sirvió de apoyo al ad quem para proferir su providencia y, por lo tanto, con total independencia de lo atinada que pudiera ser o no, la misma se mantiene intacta, es decir, conserva enteramente las presunciones de acierto y legalidad que la revisten.

Lo advertido impone a la Corte recordar, que, para la prosperidad del recurso de casación, es necesario que el recurrente controvierta todos los fundamentos de hecho o de derecho en que se basa la sentencia acusada, pues nada conseguirá si ataca apenas algunas razones soporte de la decisión impugnada o distintas de las expresadas por el Tribunal, como aquí se evidencia. (CSJ SL643-2020) (subrayas fuera de texto).

Además, conviene recordar que en materia laboral no existe un precepto normativo expreso que gobierne el enriquecimiento sin causa, por tanto, en aplicación del principio de integración normativa del artículo 145 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social, debe acudirse a lo preceptuado por el artículo 831 del Código de Comercio, que consagra que «Nadie podrá enriquecerse sin justa causa a expensas de otro».

Sobre esta temática, la Sala Civil de esta Corporación, ha enfatizado que la figura jurídica, tiene como objetivo «[…] remediar aquellos desplazamientos patrimoniales que pueden existir cuando quiera que la ventaja que una parte obtiene carece de un fundamento jurídico que la preceda y justifique» y, para que se configure, se requiere, entre otras, que concurran los siguientes presupuestos: (i) una ventaja patrimonial; (ii) un empobrecimiento correlativo; (iii) que el desequilibrio entre dos patrimonios se haya producido sin causa jurídica y (iv) que el demandante a fin de recuperar el bien carezca de cualquier otra acción originada por un contrato, un cuasi-contrato, un delito, un cuasi-delito, o de las que brotan de los derechos absolutos (CSJ SC, 7 octubre 2009, radicado 2003-00164-01).

Así, el argumento de la recurrente según el cual actuó de buena fe, no resulta procedente, toda vez que el obrar o no de buena fe no es una exigencia requerida para que se configure un enriquecimiento sin causa (CSJ SL1527-2021).

En punto a la supuesta omisión de valoración de la sentencia proferida el 28 de septiembre de 2010, proferida por el Juzgado Tercero Laboral del Circuito de Armenia, modificada el 24 de abril de 2012, por la Sala Laboral del Tribunal Superior de ese mismo distrito judicial, así como de la Resolución GNR 22949 de 2014, únicamente dan cuenta de que a Eslith Franco de Restrepo le fue reconocida por Colpensiones la pensión de sobrevivientes, a partir del 8 de julio de 2001, en cumplimiento de una decisión judicial.

Aspectos que no fueron pretermitidos por el Tribunal, en tanto, fue justamente a partir de ellos que consideró que, al aparecer una nueva beneficiaria de la prestación, le correspondía a la señora Franco de Restrepo restituir los dineros por ella percibidos, a fin de evitar una vulneración a los derechos fundamentales de Esther Julia Olaya Contreras y al principio de sostenibilidad financiera del sistema pensional.

Al respecto, la Sala en providencia CSJ SL, 24 junio 1999, radicado 11862, citada en la CSJ SL, 15 febrero 2011, radicado. 34939, expresó:

En todas estas eventualidades siempre debe contemplarse la posibilidad de que posteriormente acudan nuevos beneficiarios que no han sido parte en los procesos y, por tanto, dado que su situación es individual, al no darse cosa juzgada frente a ellos, hay lugar a que ejerciten sus propias acciones. Si ello ocurre, debe recordarse que los beneficiarios que hubieren recibido son los obligados para con los nuevos, respecto de los derechos que a estos correspondan.

Sirve de ejemplo la situación generada por el fallo recurrido en casación pues resulta que la señora Mercedes Jiménez Parra tiene reconocido el derecho a sustituir en la jubilación que le cancelaba Bavaria S.A, a su compañero permanente Ricardo Marín Zamudio, de ahí que la compañía deba cancelarle la prestación. No empece a ello, otros beneficiarios diferentes del señor Marín podrían discutir judicialmente el derecho jubilatorio en todo o en parte, reclamándoselo principalmente a la beneficiaria Jiménez Parra quien responde por lo que haya percibido y a la empresa en vista que sigue respondiendo de el en tanto prestación vitalicia […] (subrayas fuera de texto).

Más recientemente, en sentencia CSJ SL1180-2022 que reiteró lo dicho en la providencia CSJ SL226-2021 y en la CSJ SL5034-2021, expuso:

Por esa razón, y para evitar que se sacrifique el principio de sostenibilidad financiera del sistema pensional ante la reclamación y surgimiento del derecho en cabeza de nuevos beneficiarios de la prestación económica, y se llegue a considerar un pago doble o sin causa alguna, el legislador permitió a la entidad que asume el reconocimiento de la pensión, compensar las sumas de dinero con las mesadas que a futuro reciban quienes inicialmente fueron aceptados como beneficiarios iniciales, o en su defecto, iniciar las acciones de recuperación de esos rubros pagados sin justificación, muy a pesar de que al principio los reclamantes lo hubieran hecho de buena fe o creyendo que los hechos y el momento respaldaban su solicitud.

Así, debe traerse a mención el artículo 5° de la citada Ley 1204 de 2008, en que la recurrente respalda su cuestionamiento: […]

De manera que existe un mecanismo para evitar una doble erogación a cargo del Estado cuando se presentan nuevos beneficiarios, como es la compensación, que significa, como se ha venido explicando, que los beneficiarios iniciales deben ir devolviendo los dineros percibidos en el pasado, hasta lograr que se ajusten los porcentajes definitivos desde el momento en que se causó el derecho pensional, lo cual aplica no solo por decisión propia de la administración sino incluso cuando el asunto es resuelto definitivamente por la jurisdicción (subrayas fuera de texto)

Por lo anterior, no se observa que se hubiera incurrido en los errores señalados, por lo que la acusación no prospera.

Costas en sede extraordinaria a cargo de la recurrente y a favor de Colpensiones y de Esther Julia Olaya Contreras. En la liquidación, inclúyanse cinco millones trescientos mil pesos ($5.300.000), como agencias en derecho, según lo dispuesto por el artículo 366 del Código General del Proceso.

DECISIÓN

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley, NO CASA la sentencia proferida el cuatro (4) de septiembre de dos mil dieciocho (2018), por la Sala Civil, Familia, Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Armenia, en el proceso que instauró ESTHER JULIA OLAYA CONTRERAS contra la ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES, COLPENSIONES, al que fue vinculada ESLITH FRANCO DE RESTREPO como litisconsorte necesaria, representada por MARÍA HESLITH RESTREPO FRANCO en calidad de curadora provisional.

Costas como se dijo en la parte motiva.

Notifíquese, publíquese, cúmplase y devuélvase el expediente al tribunal de origen.

ANA MARÍA MUÑOZ SEGURA

OMAR DE JESÚS RESTREPO OCHOA

GIOVANNI FRANCISCO RODRÍGUEZ JIMÉNEZ

Salva voto

SALVAMENTO DE VOTO

Ref.: Esther Julia Olaya Contreras (demandante) y Eslith Franco de Restrepo (litisconsorte necesario - recurrente) Vs. Colpensiones. Rad. 83125 (SL1750–2023). M.P. Ana María Muñoz Segura.

Con todo respeto por la posición mayoritaria, paso a exponer las razones que me llevaron a distanciarme, de lo decidido en el presente asunto:

Lo primero, precisar que, en este caso, el suscrito llevó proyecto a Sala el 21 de marzo de 2023, el cual fue derrotado. En segundo término, que la Corte no analizó la figura jurídica de la cosa juzgada, que, la cual, puede declararse en cualquier tiempo.

Así, no queda más sino transcribir la ponencia derrotada. Esto dijimos en aquella ocasión:

… CONSIDERACIONES

No se discuten en casación los siguientes aspectos fácticos: (i) Guillermo Restrepo Correa falleció el 8 de julio de 2001, y dejó causada la pensión de sobrevivientes; (ii) la señora Eslith Franco de Restrepo venía gozando de la prestación como única beneficiaria, en virtud de una sentencia judicial ejecutoriada, proferida dentro de un proceso ordinario laboral legalmente concluido; (iii) al momento de la muerte del causante, este mantenía una relación en calidad de compañero permanente con la señora Esther Olaya Contreras, desde el año 1972 o 1973.

Así, le corresponde a la Corte determinar si erró el Tribunal al considerar que la única beneficiaria de la pensión era la señora Esther Olaya Contreras.

A juicio de la Sala, la respuesta a la cuestión planteada es afirmativa, por lo tanto, hay lugar a casar la providencia impugnada. En efecto, nada más basta leer la sentencia para advertir que salta a la vista el desatino del fallador de la alzada, al soslayar los efectos de cosa juzgada de la sentencia por medio de la cual un juez de la República decidió, al interior de un proceso judicial, que la señora Eslith Franco de Restrepo tenía derecho a la pensión de sobrevivientes por la muerte de su cónyuge.

En aquel proceso ordinario fueron partes la señora Eslith Franco de Restrepo y el Instituto de Seguros Sociales, y no puede considerarse que la ausencia de Esther Olaya Contreras en aquella causa anulara los efectos de la cosa juzgada, pues, en estricto sentido, ella no tenía por qué ser convocada al juicio primigenio, en la medida en que no se genera en estos casos un litisconsorcio necesario.

Lo anterior, toda vez que la resolución de la controversia judicial puede darse en favor de una de las reclamantes, sin que sea imprescindible la comparecencia de la otra, habida consideración de que el eventual mejor derecho de la última puede ser objeto de declaración en otro juicio, criterio que ha sido constante y pacífico, como se refleja, entre otras, en las sentencias CSJ SL, del 24 jun. 1999, rad. 11862, SL, 21 de feb. 2006, rad. 24954, SL, 15 feb. 2011, rad. 34939, SL, 25 oct. 2011, rad. 36379, SL, 22 ago. 2012, rad. 38450 y SL16855-2015.

Importa reafirmar que la institución de la cosa juzgada atiende y respeta el principio de inmutabilidad de las sentencias judiciales, según el cual, por regla general, no es posible revisar la solución de una controversia que ha sido dirimida por la jurisdicción, en aras de que no existan decisiones contradictorias sobre unos mismos hechos. Constituye una garantía del debido proceso, cuya estricta observación siempre configura la materialización del derecho sustancial y la efectividad de las prerrogativas de los asociados, sin que ello comporte la prevalencia de las formalidades sobre aquel.

Por tanto, su aplicación en manera alguna puede conducir al quebranto de normas constitucionales y al desconocimiento del principio de irrenunciabilidad de derechos de la seguridad social, dado que lo que evita es que las partes pongan nuevamente a consideración de la administración de justicia una controversia que ya ha sido definida, tal como ocurre en el sub lite, en el que no es viable reabrir el debate sobre la procedencia del reconocimiento y pago de la pensión de sobrevivientes en cabeza de la censora, pues ella había acudido, defendido y probado en un juicio culminado y ejecutoriado, tener el derecho al mismo.

Entonces, indudablemente acierta la recurrente al sostener que «existe un protuberante, latente y evidente error de hecho del Tribunal al desconocer las sentencias judiciales que le dieron el estatus de beneficiaria de la pensión de vida a Eslith Franco de Restrepo». Y aun cuando es cierto que este argumento lo empleó en el segundo cargo, perfilado de manera subsidiaria, lo cierto es que no es difícil comprender que su propósito principal es que se case el fallo recurrido para que, en instancia, se confirme lo decidido por el a quo.

Así lo ha entendido esta Corporación cuando ha morigerado los rigores del recurso de casación (CSJ AL, 29 may. 2012, rad. 43333). Esta misma Sala, en la sentencia CSJ SL2112-2020 consideró al respecto:

No obstante, las anteriores falencias, en casos como el presente donde se debate un tema de suma sensibilidad como es el derecho fundamental a la seguridad social en pensiones, específicamente para un sector protegido constitucionalmente como es el que conforma la edad mayor (art 48 CN), la sala viene haciendo esfuerzos de flexibilización con el fin de determinar si el discurso de la casacionista comporta la suficiente persuasión para hacerle ver a la corte que la presunción de legalidad y acierto que ampara a la decisión judicial gravada no deja de ser una simple apariencia o enunciación formal.

En similar sentido se orienta la jurisprudencia de la Corte Constitucional. En la reciente sentencia CC SU129-2021 dijo esa Corporación:

[…]

115. Para finalizar, la Sala advierte que la Corte Suprema de Justicia no se percató de la vulneración aludida. Sobre esto, es preciso indicar que, si bien el recurso de casación tiene un carácter extraordinario, excepcional, riguroso y dispositivo, existen algunos eventos en los que es necesario hacer menos rígido el estudio de la prosperidad de los cargos a efectos de “atender la prevalencia del derecho sustancial”, como desarrollo de los principios contenidos en los artículos 53 y 228 de la Constitución Política. De hecho, ese estándar más flexible, ha manifestado la Corte Constitucional, es necesario “en aquellos casos en los que esté en juego la protección de los derechos fundamentales o algún otro interés constitucional superior”. Así, es importante excepcionar el carácter rogado y dispositivo del recurso de casación, especialmente “cuando existe una violación evidente de derechos fundamentales. De ahí que esta Corte haya reconocido que así la violación de los derechos fundamentales aludidos no se formule expresamente es obligatorio para el tribunal de casación pronunciarse oficiosamente”.

116. En tal sentido, lo que correspondía a la Corte Suprema de Justicia era, teniendo en cuenta las dimensiones de la vulneración analizada en esta providencia, llevar a cabo un estudio de fondo. Contrario a esto, y solo de manera marginal (porque no se estudió de mérito), al decidir el recurso de casación señaló que la deficiencia probatoria era responsabilidad de la demandante. Con esto el máximo tribunal de la jurisdicción ordinaria hizo eco de una visión en extremo rígida de la teoría de la carga de la prueba, según la cual, el papel del juez laboral es esperar que las partes aporten el material probatorio, sin ejercer el más mínimo esfuerzo para develar la verdad o superar la incertidumbre en los procesos judiciales.

Así las cosas, considera la Corte que el fallador plural de la alzada se extralimitó al someter nuevamente al escrutinio judicial el derecho pensional de la actora, que ya había sido reconocido mediante una sentencia ejecutoriada.

En tales condiciones, con ocasión del proceso promovido por Esther Olaya Contreras, la competencia del ad quem estaba limitada a definir la repartición del derecho proporcional de la pensión, pues no existía duda sobre la titularidad del derecho de ambas beneficiarias, siendo un hecho lógico que estas no pueden disfrutar al tiempo del 100% de la pensión. Por lo expuesto, la acusación prospera, en consecuencia, se casará el fallo impugnado.

Sin costas, debido al éxito del recurso.

… SENTENCIA DE INSTANCIA

Al resolver las apelaciones de las reclamantes, así como el grado jurisdiccional de consulta a favor de Colpensiones, la Corte confirmará la decisión del a quo en lo atinente a otorgarle la prestación a aquellas, pues a pesar de que la norma que rige el caso no permitía otorgarla de forma proporcional (Ley 100 de 1993, en su texto original), lo cierto es que resulta menester respetar el derecho concedido por vía judicial a Eslith Franco de Restrepo, así como asignar la proporción de la pensión a quien logró demostrar que también tenía derecho.

La demandante considera que, conforme a las pruebas allegadas, se pudo probar que no hubo convivencia simultánea, y que los porcentajes deben ser distintos a los estimados por el a quo, teniendo ella derecho a uno mayor. Por su parte, Eslith Franco de Restrepo estima que la pensión debe asignársele en un 100%.

Para resolver se tiene que existe en el expediente copia del registro civil de matrimonio del causante con la señora Eslith Franco de Restrepo (f.° 523), con el que se demuestra que contrajeron nupcias el 17 de abril de 1958, vínculo que siempre estuvo vigente, pero, conforme a los testimonios de los señores Nidia Giraldo Zapata y Fabio Aguirre, se pudo constatar que la convivencia finalizó en el año 1993.

Por su parte, con los testimonios de Edgar Restrepo y Mario Ossa, se logró establecer que la relación de Guillermo Restrepo con la demandante tuvo vocación de permanencia desde el año 1972 hasta el momento del fallecimiento, es decir, hasta el 8 de julio de 2001.

Así las cosas, en atención al tiempo convivido por cada una de ellas con el causante, hay lugar a modificar el ordinal tercero de la parte resolutiva de la sentencia de primer nivel, y en su lugar, se dispondrá su reconocimiento en un 45,32% para Esther Julia Olaya Contreras, y en un 54,68% para Eslith Franco de Restrepo.

Ahora, como el monto de la prestación es igual al salario mínimo, no se hace necesario verificar su liquidación en sede de consulta, por no poder ser inferior a ese guarismo.

Y en lo que atañe a esta acción frente al retroactivo a cancelar, el mismo está prescrito parcialmente, pues la reclamación del derecho fue realizada el 3 de abril de 2014 (f.°12-14), y la demanda fue admitida el 27 de abril de 2015 (f.°27), con lo cual se interrumpió la prescripción del retroactivo correspondiente al 3 de abril de 2011 hacia atrás, como lo consideró el a quo, según las voces del artículo 151 del CPTSS.

Así las cosas, conforme a los cálculos realizados por el actuario de esta Corporación, la demandante tiene derecho a la suma de $$$ por concepto de retroactivo causado desde el 3 de abril de 2011 hasta el 28 de febrero de 2023, más el que se siga causando hasta que sea reconocido el derecho, para lo cual habrá de modificarse el ordinal cuarto de la parte dispositiva del fallo apelado y consultado.

La pensión se pagará a razón de catorce mesadas como lo determinó el juez de primer nivel, por no verse afectada la pensión por las disposiciones del Acto Legislativo 01 de 2005.

Finalmente, no es atendible el argumento de Eslith Franco de Restrepo tendiente a que se revoque la autorización a Colpensiones para que pueda recobrar los dineros pagados en virtud del proceso laboral que le otorgó el derecho, toda vez que ella ha recibido las mesadas pensionales en un 100%, pero ha quedado acreditado que hay otra persona que tiene derecho a recibir un porcentaje de la prestación. Ha dicho la Corte que, en estos casos la entidad pensional nada adeuda de lo sufragado, sino que a quien corresponde devolverlo es al que ha recibido el pago (CSJ SL, 2 nov. 1994, rad. 6810).

Recientemente, y siendo consciente de las dinámicas sociales, la Corte, en la sentencia CSJ SL226-2021, presentó una interpretación respecto al problema específico de los traumatismos administrativos y el riesgo económico que se genera en el reconocimiento pensional a cargo de las entidades, frente a la aparición de adicionales beneficiarios de la prestación, para quienes, si acreditan el derecho, debe serles reconocido desde el momento de su causación. En esa oportunidad, razonó:

[…] Por esa razón, y para evitar que se sacrifique el principio de sostenibilidad financiera del sistema pensional ante la reclamación y surgimiento del derecho en cabeza de nuevos beneficiarios de la prestación económica, y se llegue a considerar un pago doble o sin causa alguna, el legislador permitió a la entidad que asume el reconocimiento de la pensión, compensar las sumas de dinero con las mesadas que a futuro reciban quienes inicialmente fueron aceptados como beneficiarios iniciales, o en su defecto, iniciar las acciones de recuperación de esos rubros pagados sin justificación, muy a pesar de que al principio los reclamantes lo hubieran hecho de buena fe o creyendo que los hechos y el momento respaldaban su solicitud.

Así, debe traerse a mención el artículo 5° de la citada Ley 1204 de 2008, en que la recurrente respalda su cuestionamiento: […].

Esta norma opera de pleno derecho, y no es necesario que el operador judicial acuda a ella en el instante de resolver una controversia entre beneficiarios de la prestación pensional, para que la entidad se encuentre habilitada a recuperar aquellas sumas de dinero que perdieron su causa, y en aquellos casos en que no es posible esa compensación, pueda ejercer la acción judicial pertinente ante el enriquecimiento sin causa de aquellas personas que perdieron la calidad de beneficiarios y recibieron unas mesadas sin respaldo normativo alguno.

De manera que existe un mecanismo para evitar una doble erogación a cargo del Estado cuando se presentan nuevos beneficiarios, como es la compensación, que significa, como se ha venido explicando, que los beneficiarios iniciales deben ir devolviendo los dineros percibidos en el pasado, hasta lograr que se ajusten los porcentajes definitivos desde el momento en que se causó el derecho pensional, lo cual aplica no solo por decisión propia de la administración sino incluso cuando el asunto es resuelto definitivamente por la jurisdicción.

Por último, las consideraciones expuestas en precedencia son suficientes para descartar la prosperidad de los demás medios exceptivos propuestos por Colpensiones.

Sin costas en la alzada, por no haberse causado.

… DECISIÓN

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, CASA la sentencia proferida el cuatro (4) de septiembre de dos mil dieciocho (2018) por la Sala Civil-Familia-Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Armenia, dentro del proceso ordinario laboral seguido por ESTHER JULIA OLAYA CONTRERAS contra ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES (COLPENSIONES), al que fue vinculada ESLITH FRANCO DE RESTREPO en calidad de litisconsorte necesario.

Sin costas en casación.

En sede de instancia, RESUELVE:

PRIMERO: MODIFICAR el ordinal tercero de la parte resolutiva de la sentencia de primer grado, en el entendido de que Esther Julia Olaya Contreras y Eslith Franco de Restrepo tienen derecho a la pensión de sobrevivientes en un 45,32% y un 54,68%, respectivamente, conforme a lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO: MODIFICAR el ordinal cuarto de la parte resolutiva del fallo de primer nivel, en el entendido que el retroactivo a favor de Esther Julia Olaya Contreras corresponde a la suma de $$$ desde el 13 de abril de 2011 hasta el 28 de febrero de 2023 más el que se siga causando hasta que sea reconocido el derecho, y que el porcentaje que le corresponde seguir recibiendo a Eslith Franco de Restrepo es del 54,68%.

TERCERO: CONFIRMAR en el resto de sus partes el fallo apelado y consultado.

[…].

692785-1333500En estos términos dejo expuestos los motivos de mi discrepancia.

Fecha ut supra,

GIOVANNI FRANCISCO RODRÍGUEZ JIMÉNEZ

Magistrado

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