Ficha de la providencia
Sentencia SL1768-2019
Corte Suprema de Justicia · Sala de Casación Laboral
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Corte Suprema de Justicia · Sala de Casación Laboral
Ficha de la providencia
Sentencia SL1768-2019
Corte Suprema de Justicia · Sala de Casación Laboral
República de Colombia
Corte Suprema de Justicia
Sala de Casación Laboral
Sentencia SL1768-2019
Magistrado ponente: Omar de Jesus Restrepo Ochoa
7 de mayo de 2019
OMAR DE JESÚS RESTREPO OCHOA
Magistrado ponente
SL1768-2019
Radicación n.° 64256
Acta 015
Bogotá, D. C., siete (7) de mayo de dos mil diecinueve (2019).
Decide la Sala los recursos de casación interpuestos por JOSÉ ENRIQUE CARVAJAL RAMÍREZ y por el BANCO POPULAR S.A., contra la sentencia proferida por la Sala de Descongestión Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, el 31 de mayo de 2013, en el proceso que aquel instauró contra éste.
ANTECEDENTES
José Enrique Carvajal Ramirez llamó a juicio al Banco Popular SA., procurando la reliquidación y el reajuste de las cesantías y de sus intereses por el año 2007, de las demás prestaciones sociales legales y extralegales, de las vacaciones y sus primas, causadas en los últimos tres años de servicio. En consecuencia, también solicitó el reconocimiento y pago de la indemnización moratoria del artículo 65 del Código Sustantivo del Trabajo y de la indexación de las condenas.
Fundamentó sus peticiones en que laboró para el Banco Popular por 41 años y 4 meses, entre el 9 de agosto de 1966 y el 16 de diciembre de 2007 es decir por 15.092 días; que la entidad suscribió y tenía vigentes varias Convenciones colectivas con Sintrapopular y UNEB; que según lo dispuesto en el artículo 3 del acuerdo convencional suscrito el 18 de octubre de 2005, ninguna de ellas fue modificada o derogada; que, el artículo 19 de la Convención colectiva de 1982, estableció que para los trabajadores del Banco Popular se debían aplicar los siguientes factores salariales:
1. Un primer factor integrado por el último salario ordinario que esté devengando el trabajador, sumado al valor mensual de los gastos de representación, auxilio legal o convencional de transporte, auxilio convencional de alimentación, primas técnicas y primas de estadía, si las tuviere asignada el empleado en la fecha de la liquidación parcial o definitiva.
2. Un segundo factor integrado por el promedio mensual de lo devengado en el año o fracción de año inmediatamente anterior a la fecha de liquidación parcial o definitiva, por concepto de horas extras, dominicales, festivos, recargo por trabajo nocturno, viáticos y honorarios.
3. Un tercer factor integrado por el promedio mensual de lo devengado en el año o fracción de año inmediatamente anterior a la fecha de liquidación parcial o definitiva por concepto de primas de servicios, (excluida una tercera parte de su valor que corresponde a la prima legal), primas extralegales y primas de vacaciones.
Indicó que, la suma de esos tres factores, constituía el salario base o promedio para la liquidación de las cesantías definitivas; que la prima de servicios pactada convencionalmente con la entidad, a la fecha de terminación de su contrato de trabajo, era equivalente al salario de tres meses por año, de conformidad con lo dispuesto en la Convención Colectiva de 1961; que, su última asignación mensual fue de $5.757.287; que recibía anualmente:
Sueldo………………………$62.400.042
Auxilio de Alimentos ……$ 1.276.196
Auxilio de transporte……$ 639.306
Prima de servicios……… $16.571.477
Prima Ext. Semestral……$ 5.587.354
Prima Ext. Anual………… $ 2.793.677
Prima de vacaciones …… $ 9.126.010
Vacaciones ……………… $ 3.911.147
TOTAL PERCIBIDO……… $102.305.000
Sostuvo que, no obstante, lo anterior la demandada le certificó a la DIAN, en el periodo comprendido entre el 1 de enero de 2007 y el 16 de diciembre del mismo año, que percibió como salarios $105.867.000, por intereses de cesantías pagadas; $157.290.000, y por otros ingresos $3.492.000; que sumado lo anterior los ingresos brutos ascienden a $266.649.000.
Agregó que el salario real devengado fue de $8.827.840, incluyendo todos los pagos que lo constituían; que el banco unilateralmente, en la denominada «liquidación definitiva de empleados» le reconoció un salario base de $8.170.536,70; que le correspondía como cesantía definitiva por el tiempo laborado, según lo establecido convencionalmente, la suma de $370.082.670; que esta se le debe pagar tomando en cuenta los factores salariales legales y extralegales.
Advirtió que, por el error en la liquidación de las cesantías y de sus intereses, la entidad le adeuda $414.492.590; que no realizó de manera adecuada el cómputo de las primas de servicios; que debía realizarse según lo establecido en el artículo 26 literal d) de la Convención Colectiva de Trabajo suscrita el 6 de marzo de 1990 que señaló:
“A partir de la fecha de vigencia de la presente Convención Colectiva de Trabajo, la Prima de Vacaciones que actualmente reconoce el Banco Popular a sus trabajadores se pagará, según su antigüedad así:
[…]
d) Para los trabajadores con (15) o más años de servicios CUARENTA Y NUEVE (49) días de salario ordinario.
Así mismo manifestó que, la prima de servicios, equivalente a tres meses por año, que se pactó en la Convención Colectiva en mención, tenía incidencia salarial para la liquidación de prestaciones legales y extralegales y del auxilio de cesantías.
De otro lado sostuvo que, el acuerdo convencional suscrito el 18 de abril de 2005, para el periodo comprendido entre el 1 de enero de 2006 y el 31 de diciembre de 2008, entre UNEB y el Banco Popular, en el cual se acordó que la prima de servicios no constituía factor salarial como tampoco tendría incidencia en la liquidación de prestaciones legales y extralegales incluido el auxilio de cesantías para quienes ingresaron a partir del 1° de enero del 2000, era violatoria del «principio de los derechos adquiridos».
Finalmente manifestó que, durante el tiempo que laboró en la entidad, fue beneficiario de las Convenciones colectivas; que el Banco Popular SA, nunca estuvo vinculado al Fondo Nacional del Ahorro, por lo tanto, las cesantías y las prestaciones de sus trabajadores fueron liquidadas y pagadas directamente por la demandada; que mediante la Resolución n.° 921-003857 del 27 de agosto de 2010, la entidad le negó los derechos deprecados.
Al dar respuesta a la demanda, la accionada se opuso a las pretensiones, en cuanto a los hechos dijo que no era cierto que hubiera error en la liquidación de las cesantías; que los conceptos de auxilio de alimentación y transporte fueron convenidos por las partes como salariales.
Negó que la prima extralegal fuera por 30 días de trabajo; dijo que el salario promedio devengado ascendía a $8.827.840; que el actor laboró por 15.092 días en la entidad; y, que el banco le liquidó por concepto de cesantías finales $129.226.819; dijo que no había liquidado deficientemente las cesantías y sus intereses.
En su defensa propuso las excepciones que denominó inexistencia de la obligación y cobro de lo no debido.
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
El Juzgado Trece Laboral de Descongestion del Circuito de Bogota D.C., mediante fallo del 28 de febrero de 2013, absolvió al Banco Popular de las pretensiones en su contra.
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
La Sala Laboral de Descongestión del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, mediante sentencia del 31 de mayo de 2013, al resolver la apelación presentada por la parte activa, revocó la decisión proferida por el a quo, en cuanto absolvió al Banco Popular del pago de la reliquidación por concepto de cesantías e interés de las mismas.
Como consecuencia de lo anterior condenó a la entidad accionada al reconocimiento y pago de $109.439.800.2, por el reajuste de las cesantías y $13.735.869,11 por los intereses de las mismas, cifras que ordenó indexar. Confirmó la sentencia en lo demás y condenó en costas a la demandada.
El Tribunal consideró como fundamento de su decisión, que no era motivo de discusión en la instancia i) la liquidación definitiva del contrato de trabajo y ii) que el demandante prestó sus servicios desde el 9 de agosto de 1966 hasta el 16 de diciembre de 2007. En lo que concierne al recurso dijo que:
De otra parte, respecto de la reliquidación de las cesantías pagadas al trabajador, se tiene que, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 15 de la Convención Colectiva suscrita el 1° de febrero de 1980, las cesantías de los trabajadores vinculados con la accionada, como en el caso que nos ocupa, se liquida de acuerdo con el régimen vigente para el sector privado, de entonces, esto es, el régimen de cesantías retroactivas, sin que la parte accionada, a quien correspondía la carga de la prueba, haya acreditado que el actor se hubiese trasladado al régimen anualizado, consagrado en la ley 50 de 1990; luego, siguiendo los parámetros señalados en el art. 249 del C.S.T., corresponde al empleador pagar a su trabajador, al terminar el contrato de trabajo, como auxilio de cesantía, un mes de salario por cada año de servicios y proporcionalmente por fracción de año; en ese orden de ideas, probado como quedó, que el demandante laboró al servicio de la accionada desde el 9 de agosto de 1966 al 16 de diciembre de 2007, y, que devengó como salario promedio de liquidación de este derecho, de acuerdo con lo establecido en el artículo 19, de la Convención Colectiva Suscrita el 28 de diciembre de 1981, vista a folios 277 a 297 del cuaderno 1 del expediente, la suma de $8'170.536,70—, tal como se infiere del documento contentivo de la liquidación definitiva del contrato, vista a folios 218 a 219 el expediente, sin que el actor haya acreditado dentro del proceso, suma superior a esta.
Hechas las operaciones matemáticas pertinentes, corresponde pagar a la accionada, por este concepto, la suma TRECIENTOS TREINTA Y SIETE MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL OCHENTA Y CUATRO PESOS ($337'897.084), suma esta que difiere abiertamente de la liquidada por la accionada, en cuantía de $228'457.283,87, según documento contentivo de la liquidación definitiva del contrato de trabajo, vista a folios 218 a 219 del expediente; pues, del análisis de dicho documento, se infiere que la accionada, al momento de liquidar las cesantías del actor, tomó como base de liquidación el monto del salario básico mensual y no el monto del salario promedio mensual devengado por el actor, durante el último año de servicios, desconociendo lo preceptuado en el artículo 19 de la Convención Colectiva, suscrita el 28 de diciembre de 1981, (fls.277 a 297); razón por la cual habrá de revocarse la decisión del a-quo, en cuanto denegó la reliquidación de las cesantías del actor; así las cosas, se condenará a la demandada a reajustar el valor de las cesantías del demandante, a la suma de TRECIENTOS TREINTA Y SIETE MILLONES OCHICIENTOS NOVENTA Y SIETE MILA (sic) OCHENTA Y CUATRO PESOS ($337’897.084=), debiendo descontar de esta suma, el valor de los pagos parciales, en cuantía de $99’230.819=, sobre la cual no existe discusión alguna entre las partes; y, la suma de $129’226.819= que le fue cancelada al actor, al momento de la terminación del contrato, debiendo pagar la accionada como excedente, la suma, la suma de $129’439.800,2=, por concepto de cesantías, suma esta que deberá pagarse debidamente indexada, teniendo en cuenta el IPC causado, desde la fecha de terminación del contrato, 16 de diciembre de 2007, y hasta cuando se verifique su correspondiente pago, de acuerdo con la certificación que expida el DANE.
DE LOS INTERECES DE CESANTIAS:
De acuerdo con el monto de la liquidación definitiva de cesantías, establecido a través de la presente providencia, se tiene que, por concepto de intereses al 16 de diciembre de 2007, en cuantía de $238’666.619,2=correspondía pagar a la demandada, por este concepto, la suma de $28’639.994,3=suma esta que difiere de la liquidación en cuantía de $14’904.125,19= según liquidación definitiva del contrato vista a folios 218 y 219 del expediente; razón por la cual, habrá de condenarse a la demandada a pagar el excedente determinado en la suma de $13’735.468,11=, debidamente indexada, teniendo en cuenta el IPC causado, desde la fecha de terminación del contrato, 16 de diciembre de 2007 y hasta cuando se verifique su correspondiente pago, de acuerdo con la certificación expedida por el DANE.
[…]
En los anteriores términos queda resuelto el recurso de apelación interpuesto por la parte actora, confirmando en todo lo demás la sentencia impugnada, dado que resulta improcedente la condena por concepto de indemnización moratoria, toda vez que la conducta de la accionada se encuentra desprovista de mala fe, en la medida en que, de acuerdo con lo establecido en el artículo 65 del C.S.T., pagó al demandante, oportunamente, lo que creyó deber, quedando relevada de esta sanción, máxime cuando las sumas dinerarias, objeto de condena, se ordenaron pagar debidamente indexadas.
RECURSOS DE CASACIÓN
Interpuesto por ambas partes, concedido por el tribunal y admitido por la corte, se procede a resolver, el propuesto por la entidad bancaria.
RECURSO DE CASACIÓN PARTE DEMANDADA
ALCANCE DE LA IMPUGNACIÓN
Pretende el recurrente que se case la sentencia impugnada y en sede de instancia se confirme el fallo del a quo.
Con tal propósito formuló un cargo que fue replicado oportunamente.
CARGO ÚNICO
Acusó la sentencia de violar la ley por la vía indirecta en la modalidad de aplicación indebida de los artículos:
[…] 249 del Código Sustantivo del trabajo, el artículo 17 del Decreto 2351 de 1965 (adoptado como legislación permanente por el artículo 3° de la ley 48 de 1968), el numeral primero del artículo 98 de la Ley 50 de 1990, los artículos 1°, 2°, 4° y 7del Decreto 116 de 1976 de 1976 y los artículos 1°, 3°, 22,23, y 27 del Decreto 3118 de 1968, en relación todas estas disposiciones con los artículos 467 y 468 del Código Sustantivo del trabajo.
Como errores manifiestos de hecho le enrostró a la decisión:
1. No dar por demostrado, estándolo, que el señor José Enrique Carvajal desde la fecha de su vinculación al Banco Popular hasta el 21 de noviembre de 1996 tuvo la calidad de trabajador oficial, por prestar servicios durante dicho lapso a una sociedad de economía mixta, asimilada a las empresas industriales y comerciales del Estado.
2. No dar por demostrado, estándolo, que para la fecha de la firma de la Convención Colectiva de Trabajo suscrita el 1° de febrero de 1980, el Banco Popular ostentaba la naturaleza jurídica de sociedad de economía mixta y el señor José Enrique Carvajal Ramírez tenía la calidad de trabajador oficial.
3. No dar por demostrado, estándolo, que hasta el 1° de febrero de 1980 la cesantía de los trabajadores oficiales que prestaban servicios en el Banco Popular se liquidaba conforme las reglas previstas en el Decreto 3118 de 1968.
4. No dar por demostrado, estándolo, que a partir del 1° de febrero de 1980, la cesantía de los trabajadores oficiales que laboraban para el Banco Popular, se liquida de acuerdo con lo previsto en el artículo 15 de la Convención Colectiva de Trabajo celebrada el 1° de enero de 1980 entre el Banco Popular y el Sindicato de Trabajadores del Banco Popular "Sintrapopular".
5. No dar por demostrado, estándolo, que en el artículo 15 de la Convención Colectiva de Trabajo celebrada el 1° de enero de 1980 entre el Banco Popular y el Sindicato de Trabajadores del Banco Popular "Sintrapopular", las partes convinieron que la entidad liquidaría y congelaría a diciembre 31 de 1979, "las cesantías de todos sus trabajadores y los intereses de las mismas, con base en el régimen actualmente vigente en la Entidad".
6. No dar por demostrado, estándolo, que en el artículo 15 de la Convención Colectiva de Trabajo celebrada el 1° de enero de 1980 entre el Banco Popular y el Sindicato de Trabajadores del Banco Popular "Sintrapopular", las partes convinieron que el Banco Popular, a partir de la vigencia de esa convención (1° de febrero de 1980), liquidaría y pagaría el auxilio de sus trabajadores y los intereses de la misma, con un régimen equivalente al previsto para el sector privado.
7. Dar por demostrado, contra la evidencia, que la sociedad demandada tomó como base de liquidación el monto del salario básico mensual, es decir la suma de $5.587.353.
8. No dar por demostrado, estándolo, que el Banco Popular S.A tomó como base para liquidar el auxilio de cesantía del señor José Enrique Carvajal Ramírez, la suma de $8.170.536.70, considerando los factores previstos, para ese efecto, en el artículo 19 de la Convención Colectiva de Trabajo suscrita el 28 de diciembre de 1981.
9. Dar por demostrado, contra la evidencia, que, a la terminación del contrato de trabajo del actor, el valor correspondiente al auxilio de cesantía ascendía a la suma de $337.897.084.
10. No dar por demostrado, estándolo, que, a la terminación del contrato de trabajo del actor, el valor correspondiente al auxilio de cesantía ascendía a la de $228.457.283,87.
11. Dar por demostrado, contra la evidencia, que, a la terminación del contrato de trabajo del actor, el valor correspondiente a los intereses a la cesantía ascendía a la suma de $28.639.994,30.
12. No dar por demostrado, estándolo, que, a la terminación del contrato de trabajo del actor, el valor correspondiente a los intereses a la cesantía ascendía a la suma de $14.904.125,19.
Para la demostración del cargo, después de la transcripción de apartes de la sentencia de segunda instancia, dijo que, el tribunal no analizó la naturaleza jurídica del Banco Popular, para la data del 21 de noviembre de 1996, el cual había mutado de entidad oficial a empresa de economía mixta, «[…] asimilada a las empresas (sic) y comerciales del estado». Dijo que:
Al no considerar el sentenciador de alzada el aspecto de la naturaleza jurídica del Banco Popular de sociedad de economía mixta y la calidad de trabajador oficial del demandante, para el 1° de febrero de 1980, momento a partir de la cual se inició la vigencia de la Convención Colectiva de Trabajo suscrita por la entidad demandada y "Sintrapopular", en cuyo artículo 15 las partes acordaron que la entidad liquidaría y congelaría, a diciembre 31 de 1979, las cesantías a todos sus trabajadores, con base en el régimen vigente en la Entidad para esa fecha (es decir, el de los trabajadores oficiales) y que, a partir del 1° de enero de 1980, liquidaría y pagaría el auxilio de cesantía de sus trabajadores y los intereses del mismo, con un régimen equivalente al previsto para el Sector Privado.
Arguyó que, el tribunal incurrió en los yerros manifiestos endilgados cuando no dio por demostrado que el demandante desde la fecha de su vinculación al Banco Popular hasta el 21 de noviembre de 1996, tuvo la calidad de trabajador oficial por prestar sus servicios a una empresa de economía mixta.
Indicó que, en el artículo 15 de la Convención Colectiva de trabajo suscrita el primero de enero de 1980 entre el Banco Popular y Sintrapopular estableció que:
“[…] el banco popular liquidará y congelará a Diciembre (sic) 31 de 1979, las cesantías de todos sus trabajadores y los intereses de las mismas, con base en el régimen actualmente vigente en la entidad.
A partir de la vigencia de la presente Convención Colectiva, el Banco Popular liquidará y pagará el auxilio de cesantías de sus trabajadores y los intereses del mismo, con un régimen equivalente al previsto para el sector privado”
Manifestó que, el tribunal realizó una errada apreciación de la norma, que lo condujo a expresar:
[…] las cesantías de los trabajadores vinculados con la accionada, como en el caso que nos ocupa, se liquida de acuerdo con el régimen vigente para el sector privado, de entonces, esto es, el régimen de cesantías retroactivas, sin que la parte accionada, a quien correspondía la carga de la prueba haya acreditado que el actor se hubiese trasladado al régimen anualizado, consagrado en la Ley 50 de 1990.
Resaltó, que el yerro se cometió porque las cesantías con anterioridad al 31 de diciembre de 1979, se liquidaban según las normas que cobijaban a los trabajadores oficiales, en las que se estableció que a partir del 1° de enero de 1980 se liquidarían y pagarían estas prestaciones junto con sus intereses de conformidad con un régimen equivalente al previsto para el sector privado, es decir, el de la retroactividad.
Insistió, en que, por esta razón, no le correspondía al Banco Popular acreditar que, un trabajador a sus servicios se hubiese trasladado a partir de la vigencia de la Ley 50 de 1990, al régimen anualizado de liquidación.
Sostuvo que:
En primer lugar por tener la calidad de trabajador oficial al iniciarse la vigencia de la mencionada Ley 50 (1° de enero de 1990) y además porque al adquirir la calidad de trabajador particular a partir de la privatización de la entidad demandada (21 de noviembre de 1996), la norma aplicable a su prestación era el artículo 98 de la Ley 50 de 1990 que dispone que el régimen tradicional del Código Sustantivo del Trabajo (vale decir el artículo 249) continuará rigiendo los contratos de trabajo celebrados con anterioridad a su vigencia (enero 1° de 1990), precisando en su parágrafo que los trabajadores, en este caso, podrían acogerse al régimen especial previsto en el numeral 29 del mencionado artículo 98.
Era, entonces, al trabajador a quien le correspondería acreditar que se había traslado al régimen especial establecido en el artículo 99 de la Ley 50 de 1990 y no al Banco Popular, como equívocamente lo considera el sentenciador.
Al no analizar correctamente la liquidación del contrato de trabajo de folios 218 y 219, yerra de modo manifiesto pues concluye que la sociedad demandada tomó como base de liquidación el monto del salario básico mensual, es decir la suma de $5,587.353, cuando lo evidencia el documento es que el banco Popular S.A tomo como base para liquidar el auxilio de cesantía del señor José Enrique Carvajal Ramirez, la suma de $8.170.536.70, considerando los factores previstos, en el artículo 19 de la Convención Colectiva de Trabajo suscrita el 28 de diciembre de 1981.
RÉPLICA
Dijo José Enrique Carvajal que, no tenía ningún soporte legal la tesis del recurrente en torno a la existencia de dos periodos de liquidación de las cesantías, por cuanto el banco no demostró haber liquidado y pagado estas y sus intereses para el 31 de diciembre de 1979, conforme el régimen previsto para este sector.
Sostuvo que el Banco Popular no dio cumplimiento al postulado de la buena fe, según lo normado en los artículos 83 de la Constitución Política, 55 del CST, 768 y1603 del CC, aplicables por mandato del artículo 145 del CPL.
CONSIDERACIONES
De la demostración del único cargo propuesto por el Banco Popular, por la vía indirecta, se desprende que su desacuerdo con la decisión obedece a la reliquidación del auxilio de cesantías y de los intereses que corresponden a esa prestación, ordenada por el ad quem, concretamente, por la base salarial utilizada para liquidar ambas prestaciones y por el sistema de liquidación del respectivo auxilio.
El tribunal, partiendo del hecho de que no era motivo de discusión que entre las partes existió una relación laboral cuyos extremos temporales fueron el 9 de agosto de 1966 y el 16 de diciembre de 2007, tomó como premisas normativas, relacionadas con el tema, los artículos 127, 128, 132, 249 y 467 del CST y como premisas fácticas que la base salarial utilizada por la sociedad recurrente para la liquidación final de cesantías fue de $8.170.536 y que el artículo 15 de la Convención Colectiva de Trabajo firmada el 1 de febrero de 1980 consagra que el régimen aplicable en relación con el auxilio de cesantías es el estatuido para el sector privado, es decir, para ese momento, el denominado sistema de la retroactividad, en razón a que el empleador, a quien correspondía la carga, no probó que él se hubiera acogido al sistema de la Ley 50 de 1990.
En cuanto a la base salarial que utilizó, para revocar la sentencia inicial fue la normada en el artículo 19 del acuerdo convencional signado el 28 de diciembre de 1981.
El censor mostró su desacuerdo con la decisión proferida por el tribunal, en perspectiva de los desaciertos fácticos que le atribuye, y que se circunscriben a cuestionar el régimen con el cual debía liquidarse el auxilio de cesantía que le correspondía al actor, pues a juicio del impugnante, el sentenciador de alzada se equivocó cuando dedujo que tal acreencia estaba regida por el sistema tradicional retroactivo y no por el anualizado.
Destaca la sala que la censura le enrostró a la decisión atacada, haber errado en cuanto tomó como base salarial para liquidar las cesantías definitivas la suma de $5.587.353 que correspondía al salario básico mensual lo cual no se compadece con la utilizada por el juzgador colegiado y la afirmada en libelo inicial (hecho 16) y en la respuesta al mismo que no admite discusión que fue de $8.170.536 como aparece probado en el documento de folios 218.
De conformidad con lo anterior, la discrepancia se limita a dos aspectos: (i) al sistema aplicable para la liquidación de las cesantías pues mientras el opositor y el tribunal consideraron que era el régimen anterior a la Ley 50 de 1990 por consagración convencional, el banco recurrente insiste en que era el anualizado; y, (ii) que los elementos constitutivos de la base salarial para liquidar la prestación de marras, eran los que contiene el Decreto 3118 de 1968, sin precisar cuál de sus artículos.
En cuanto al primer punto se refiere, de conformidad con lo anteriormente advertido, debe precisar la sala que el cargo es infundado, en tanto el ad quem no tenía por qué examinar la pretensión que se hizo respecto de la reliquidación del auxilio de cesantía bajo esa circunstancia, esto es, en relación con el sistema o régimen que debía corresponder para obtener el monto de ese crédito social […] «(congeladas o anualizadas y tradicionales o retroactivas)», pues la eventual diferencia que pudiera existir de tal acreencia laboral, se dirigió concretamente por no haberse tenido en cuenta en su tasación los valores reliquidados por concepto de prima de vacaciones convencionales de los tres (3) últimos años de vigencia de la relación laboral.
En efecto, desde el mismo escrito de demanda con la que se le dio inicio al presente proceso, se pretendió la reliquidación del auxilio de cesantías no con fundamento en el hecho de haberse tenido en cuenta un régimen de liquidación diferente al que legalmente correspondía al demandante, sino en virtud a que no se reunieron para su tasación como factores salariales, los valores que le fueron liquidados al actor por los conceptos ya referidos, esto es, prima de vacaciones convencionales de los meses de junio y diciembre de los tres últimos años de servicio, con la respectiva indexación.
Además de lo precisado, ni en el escrito de demanda que dio inicio al proceso, ni en el recurso de apelación que interpuso el vocero judicial del demandante, y menos aún, en los alegatos de conclusión que este presentó al tribunal, se cuestionó el tema del régimen de liquidación del auxilio de cesantía que debía tenerse en cuenta para esos efectos, lo cual a juicio de la corte constituye lo que la doctrina y la jurisprudencia han denominado como medio nuevo en casación laboral. Es así como, no resulta atendible el reclamo que plantea el recurrente en casación, en tanto esa situación nunca se discutió en el juicio, y por ende, de admitirse su examen se atentaría contra la seguridad jurídica, el debido proceso y el derecho de defensa de la parte demandada, ya que sería sorprendida con un hecho nuevo no discutido. Así lo ha dicho la sala en decisiones como la CSJ SL1033-2018, entre otras.
Sobre el segundo aspecto, que hizo parte del problema jurídico desde el inicio del proceso y durante todo el debate procesal, es decir, la aplicación de los elementos constitutivos de salario a la luz de las normas convencionales enlistadas, esto es, las Convenciones colectivas de trabajo firmadas en los años 1980 y 1981, que no son objeto de la discusión, el tribunal tomó como base para la liquidación del auxilio de cesantías la suma de $8.170.536, cifra que fue aceptada por las partes, como ya se explicó y por ello revocó la decisión inicial que había partido de otra suma diferente.
El centro de la discusión está en si tienen o no aplicación los artículos convencionales de que trata el recurso, aplicados por el colegiado o si, por el contrario, como lo asegura la parte recurrente, debe optarse por el Decreto 3118 de 1968.
Esa norma, de la que el recurrente no indicó los artículos violados, creó el Fondo Nacional del Ahorro e indicó de qué forma debía liquidarse el auxilio de cesantías para los trabajadores afiliados a él, por tanto, no hay un error del tribunal al no incluirlo como norma aplicable al caso el artículo 15 de la convención suscita el 1 de febrero de 1980 que a su tenor indica:
“[…] el banco popular liquidará y congelará a Diciembre (sic) 31 de 1979, las cesantías de todos sus trabajadores y los intereses de las mismas, con base en el régimen actualmente vigente en la entidad.
A partir de la vigencia de la presente Convención Colectiva, el Banco Popular liquidará y pagará el auxilio de cesantías de sus trabajadores y los intereses del mismo, con un régimen equivalente al previsto para el sector privado”.
Esta norma lo único que hace es remitir al artículo 249 del CST en cuanto que se indica que todo empleador está obligado a pagar las cesantías a razón de un mes de salario por cada año de servicios y cuando habla de salario, hace a los artículos 127 y al 128, de la misma obra, que lo definen.
Basta entonces, aplicando estos dos artículos, concluir que el tribunal no erró al tomar la base que utilizó para realizar la liquidación del auxilio de cesantías y por ende al liquidar los intereses a ellos pues no hizo más que aplicar la normatividad existente.
En cuanto al artículo 19 de la norma convencional pactada en 1981, que se remite a la atrás trascrita, por cuanto al hacerlo podría resultar una base salarial superior e incluso un mayor valor que no es procedente aplicar en casación pues el recurso, en relación con el auxilio de cesantías, no lo propuso el beneficiado con la decisión sino su contra parte, lo que hace innecesario estudiar su aplicación.
Las anteriores razones son suficientes para negar prosperidad al cargo.
RECURSO DE LA PARTE DEMANDANTE
ALCANCE DE LA IMPUGNACIÓN
Pretende que la Corte:
Case parcialmente la sentencia recurrida, proferida por la Sala Laboral de Descongestión del Tribunal Superior de Bogota el 31 de mayo de 2013; constituida en sede de instancia REVOQUE la sentencia de primera instancia proferida por el Juzgado Octavo laboral de Descongestión del Circuito de Bogotá de fecha 14 de julio de 2008 (sic), para, en su lugar condenar a la demandada a pagar a favor del demandante la indemnización moratoria prevista en la ley, confirmando los numerales primero, segundo y tercero de la sentencia impugnada.
Con tal propósito formuló dos cargos, que se estudiarán conjuntamente por atacar similar grupo normativo y perseguir el mismo fin, los cuales fueron replicados oportunamente.
CARGO PRIMERO
Aseguró que la decisión era violatoria de la ley sustancial:
[…] por cuanto la sentencia impugnada infringe los artículos 1° del D. 797/49 y 65 del C.S. del T., normas que aplica indebidamente al absolver a la demandada de la indemnización moratoria.
La infracción Directa de las disposiciones legales mencionadas llevó al ad quem a la falta de aplicación de normas sustantivas contenidas en los artículos 9°; 10°; 13; 14; 16; 18; 19; 20; 21; 43; 55; 57, numerales 4 5 y 9; 59 núm. y 9; 65; 142, 467, 476 del C, S. del T.; D.2351/65 literal b) y 8; 29, 83 de la C, P; 63, 66, 769, 1.603, 1.604, 1.608, 1.613, 1.614, 1.616, 1.618 del C. C.
La violación de las normas sustanciales por el ad quem se produjo en forma Directa, en la modalidad de aplicación indebida al caso sub lite, pues con fundamento en ellas concluyó que la demandada quedó relevada de la sanción moratoria prevista en la ley por el pago indebido efectuado por la demandada.
Para la demostración del cargo, después de la transcripción de apartes de la sentencia de segunda instancia, sostuvo que, las convenciones colectivas de trabajo y la ley, integraban un conjunto de normas que se encuentran dentro del régimen jurídico propio «[…] de la institución, el cual no podía ser ignorado por los funcionarios de la entidad, como justificación de la indebida liquidación de cesantía (sic) e intereses de la cesantía (sic) que demandó el actor y el Tribunal Superior encontró debidamente probado».
Arguyó que la ignorancia de la ley no era excusa que justificara que «[…] el solo hecho de pagar lo que supuestamente se cree deber» exoneraría a la demandada de la indemnización moratoria prevista legalmente.
Indicó que, el principio de la buena fe estaba consagrado en los artículos 83 de la CP, 55 del CPL y 1603 del C.C con fundamento en un actuar probado, libre de toda conducta ilegal, culposa o negligente de las personas jurídicas o naturales.
Afirmó que, la demandada violó preceptos sustantivos con su accionar de manera «[…]injustificada, deliberada y maliciosa, por omitir la realización del contrato de trabajo y su final liquidación en los términos previstos en la ley». Dijo que:
Al suscribirse las convenciones colectivas de trabajo, dicho ordenamiento forma parte de los contratos de trabajo, (art. 467 C S. del T.). Dentro del ordenamiento jurídico y contractual el Banco demandado es pleno conocedor que el procedimiento para la liquidación de la cesantía e intereses de ella, se encuentran regulados en la ley y las convenciones colectivas de trabajo, tal como lo encontró probado el Tribunal Superior, de tal manera que no es justificación legal que, la deliberada e indebida subliquidación efectuada por el Banco al demandante, exonere a la demandada del cumplimiento de la indemnización prevista en los artículos 1° del D.797/49 y 65 del C.S. del T., pues, por el contrario, el hecho de liquidar indebidamente, resistirse en forma deliberada, negligente, persistente y obsesionadamente, a corregir la indebida liquidación no obstante el reclamo justo del trabajador presentado desde la reclamación administrativa y la (sic) oportunidades de conciliar judicialmente brindada por la Administración de Justicia, negándose a ello, demuestra que la demandada se salió del contexto de la buena fe, resistiéndose deliberadamente a efectuar la liquidación conforme a los dispuesto en el artículo 249 del C. S. del T., propio del régimen privado, previsto en el artículo 15 de la convención colectiva de Trabajo suscrito el 10 de febrero de 1.980 y el artículo 19 de la convención colectiva de trabajo suscrita el 28 de diciembre de 1.981.
CARGO SEGUNDO
Dijo que:
Dentro del contexto del artículo 51 del D. 2651 de 1.991, adoptado como legislación permanente por la Ley 446 de 1.998, artículo 162, acuso la sentencia por la causal primera de casación, esto es, por ser violatoria de la ley sustancial, por cuanto la sentencia impugnada infringe los artículos 90, 100; 13; 14; 16; 18; 21; 43; 55; 57, numerales 4 5 y 9; 59 num. 1 y 9; 65; 142, 467, 476 del C. S del T D 2351/65 literal b) 1 ,5 ,6 y 8; 29, 83 de la C. P; 63, 66, 769, 1 603, 1604, 1608, 1613, 1 614, 1616, 1618 del C. artículo 29 y 83 de la C P , en procedimiento los artículos 174 del CPC., 60 y 61 del C. P. L», normas que dejo de aplicar.
La infracción indirecta de las disposiciones legales mencionadas llevó al sentenciador a aplicar erróneamente el artículo 65 del C. S. del T. La violación de las normas sustanciales por el ad quem se produjo en forma indirecta, incurriendo en errores de hecho, al apreciar erróneamente pruebas, siendo que de haber aplicado correctamente la normativa legal (D. 797/49 y art. 65 del Cm S. del T.), ha debido condenar a la demandada al pago indemnizatorio por mora previsto en la legislación laboral.
Como errores de hecho destacó:
• Dar por demostrado, sin estarlo, que el mero hecho de pagar "lo que se cree deber, exonera a la demandada del cumplimiento de la Ley, esto es de la indemnización moratoria.
• Dar por demostrado, sin estarlo, que la conducta de la demandada se encuentra desprovista de mala fe, por pagar al demandante "lo que creyó deber".
• No dar por demostrado, estándolo que la demandada actuó deliberada y maliciosamente al efectuar la liquidación final de cesantía y prestaciones del demandante, omitiendo conscientemente pagar lo que legal y convencionalmente debía pagar, negándose a corregir el protuberante y manifiesto error liquidatario impugnado por el demandante.
-No dar por demostrado, estándolo, que el Banco era y es conocedor del régimen convencional y legal de liquidación de la cesantía e intereses de ella, aplicable al demandante, por lo cual su conducta procesal no lo exonera de la indemnización moratoria conforme lo previsto en la ley.
-No dar por demostrado, estándolo que el actor reclamó directamente, (f. 9-10 Cd. 1) la reliquidación de cesantía y prestaciones sociales, brindando a la demandada la oportunidad para corregir el manifiesto y deliberado indebida liquidación.
-No dar por demostrado, estándolo, que el Banco negó en forma renuente y pertinaz, la reliquidación de cesantía e intereses de ella, por lo cual su conducta lo hace acreedor al reconocimiento indemnizatorio por falta de pago señalado en la ley, como se aprecia en la documental dejada de apreciar.
-No dar por demostrado, estándolo, que la demandada fue y es renuente a atender el requerimiento directo presentado por el demandante para que se efectuara la debida y legal liquidación de la cesantía e intereses de cesantía, lo que la hace acreedora a la sanción legal.
-No dar por demostrado, estándolo, que la demandada se resistió a conciliar judicialmente y extrajudicialmente la indebida liquidación efectuada al demandante, sin justificación alguna, y sin haber demostrado la fundamentación legal de sus resistencias (sic) al cumplimiento de la ley, por lo cual su conducta tipifica la sanción legal indemnizatoria reclamada.
Como pruebas no apreciadas señaló:
1.- Folios 9 y 10 cuaderno 1. Reclamación Administrativa presentada en representación del demandante en procura de la reliquidación y reajuste de la cesantía, intereses de cesantía y prestaciones sociales indebidamente liquidadas.
2.-folios 11 cuaderno 1, Negativa a reliquidar y reajustar la cesantía, intereses de cesantía y prestaciones sociales, contenido en la comunicación 921- 003857-201 del 27 de agosto de 2.010, suscrito por la Dra. Lucero Gutiérrez.
3.- F. 526 a 536 cdno. 2, contestación de la demanda, donde a f. 528 el apoderado de la demandada niega el hecho 12 de la demanda, alegando que el "El Banco liquidó la cesantía del señor Carvajal Ramírez considerando lo previsto para ese efecto en la Ley y en las convenciones lectivas de Trabajo".
4.- F.529 donde la demandada en forma pertinaz ratifica que las sumas liquidadas por concepto de cesantía e intereses a la cesantía fueron "correctamente liquidados por el Banco Popular," y no adeudarle suma alguna al demandante por las diferencias reclamadas judicialmente.
5.- F.547, donde en audiencia de conciliación la demandada manifiesta " El banco considera que le canceló al trabajador todas las acreencias, no asiste ánimo conciliatorio por cuanto se liquidaron de conformidad con las normas legales y convencionales que lo obligaban, por tanto, no le adeuda suma alguna"
Sostuvo que, no podía servir de excusa la ignorancia de la ley, para justificar que, «[…] el solo hecho de pagar lo que supuestamente se cree deber», exoneraría al Banco Popular de la indemnización moratoria prevista legalmente, como lo interpreto erróneamente el ad quem. Dijo que:
Las convenciones colectivas de trabajo, una vez suscritas, dicho ordenamiento forman parte de los contratos de trabajo, conforme lo indicado en el artículo 467 C S. del T. Dentro del ordenamiento jurídico y contractual el Banco demandado es conocedor que el procedimiento para la liquidación de la cesantía e intereses de ella, se encuentran regulados en las convenciones colectivas de trabajo, tal como lo encontró probado el Tribunal Superior, de tal manera que no es justificación legal que, la deliberada e indebida subliquidación efectuada por el Banco al demandante, exonere a la demandada del cumplimiento de la indemnización prevista en los artículos 1° del D.797/49 y 65 del C.S. del T., pues, por el contrario, el hecho de liquidar indebidamente, resistirse en forma deliberada, persistente y obsesionadamente, a corregir la indebida liquidación no obstante el reclamo justo del trabajador presentado desde la reclamación administrativa y la oportunidad de conciliar judicialmente brindada por la Administración de Justicia, negándose a ello, demuestra que la demandada se salió del contexto de la buena fe resistiéndose deliberadamente a efectuar la liquidación conforme a los dispuesto en el artículo 249 del C S del T propio del régimen privado, previsto en el artículo 15 de la convención colectiva de Trabajo 1° de febrero de 1980 y el artículo 19 de la convención colectiva de trabajo suscrita el 28 de diciembre de 1.981.
[…]
El procedimiento liquidatario pactado y previsto para los trabajadores del Banco Popular S.A., tiene mayor asidero cuando a la fecha de retiro del demandante el 16 de diciembre de 2007 la entidad demandada era una Sociedad anónima (S.A.), regulada por el derecho privado, conforme es de notorio y público conocimiento (inc. 2° art.177 C. P. C.), lo que también lleva a la conclusión lógica y jurídica que la demandada no está exenta del cumplimiento de la ley que ordena el pago indemnizatorio reclamado.
RÉPLICA
Dijo la entidad accionada que, en la apelación, el demandante no se refirió a la indemnización moratoria, violando de esta manera el principio de consonancia según lo normado en el artículo 66A del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social.
Arguyó que, si en gracia de discusión, la corte arribara al estudio de los dos cargos, estos no tendrían vocación de prosperidad, ya que el recurrente planteó dos conceptos de la violación de la ley, que son excluyentes entre sí: la falta de aplicación o infracción directa y la aplicación indebida.
CONSIDERACIONES
Partiendo de la base de que el tribunal no se pronunció sobre la sanción moratoria de que trata el recurso extraordinario, es decir, aquella que se refiere a pagar un día de salario por cada día de mora en el pago de las prestaciones sociales al final de la relación laboral, el problema jurídico planteado por el recurrente lleva a la sala a pronunciarse sobre la aplicación del principio de consonancia de que trata el artículo 66A del CPTSS, con la modificación introducida por el 35 de la Ley 712 de 2001, norma que, en su tenor literal ordena: «[…] La sentencia de segunda instancia, así como la decisión de autos apelados, deberá estar en consonancia con las materias objeto del recurso de apelación».
La Corte Constitucional, en decisiones CC C968-2013 y C070-2010, al pronunciarse sobre la exequibilidad del artículo 54 de la Ley 712, que introdujo a la legislación procesal laboral el principio de consonancia, condicionando su aplicación a que se entendiera que en todo recurso de apelación estaban incluidos los derechos mínimos irrenunciables del trabajador. Esta misma tesis ha sido avalada por esta sala en sentencias CSJ SL4981-2017, SL866-2019, SL5569-2018, SL5159-2018. En esta última dijo la corte:
Esta Sala de la Corte, al respecto, ha sostenido que la consonancia obliga al juez a pronunciarse respecto a los temas expresamente apelados, de modo que entre lo que es objeto de impugnación y lo resuelto por el Tribunal, exista una relación de correspondencia, a no ser que en la segunda instancia se verifique la presencia de «derechos mínimos irrenunciables del trabajador» (CC C-968-2003 y SL4981-2017).
La posibilidad real de apelar, sin embargo, -precisa la Sala- presupone la existencia de materias o puntos que puedan ser controvertidos. Esto si se tiene en cuenta que la apelación es un ejercicio dialéctico, en el cual la parte inconforme discute a través de argumentos y razonamientos la decisión de primer nivel. La parte que apela intenta demostrar una tesis contraria a la sostenida por el juzgado y persuadir al superior funcional de la corrección de su argumento. Por ello, es lógico que para que pueda darse este contraste de ideas y puntos de vista debe existir en el fallo combatido temas discutibles. Dicho de otro modo: no se trata de apelar por el prurito de hacerlo o argumentar «al vacío» sobre temas que no han sido ni siquiera analizados. Lo relevante es que la parte tenga posibilidades argumentativas o puntos a los cuales puedan dirigir ataques argumentales.
En este caso, el juzgado no se pronunció sobre la sanción moratoria por la simple razón de que no accedió a darle efectos salariales a los beneficios denominados pensión voluntaria y auxilio gastos médicos. De allí que no había ninguna materia que apelar ni tenía sentido hacerlo al vacío o sinrazón alguna. Admitir la tesis del Tribunal llevaría al absurdo de, por ejemplo, apelar el pago de prestaciones sociales o la sanción moratoria en un juicio en el que se negó la existencia de un contrato realidad. Tampoco debe abrirse paso el mal hábito en los estrados judiciales de recurrir en alzada todo lo pedido, simplemente porque hay que hacerlo, al margen de si no hay materias susceptibles de ser rebatidas.
Por lo anterior, la infracción medio del artículo 66 A del Código Procesal del Trabajo es mayúscula, en tanto que el Tribunal no podía exigirle al demandante apelar una materia que ni siquiera fue objeto de pronunciamiento por el juez de primer nivel, dado que su análisis estaba supeditado a la inclusión salarial de unos beneficios, con la consecuente detección de una mora en la satisfacción de los créditos laborales.
En este caso, como en aquel, el a quo no se pronunció sobre la sanción moratoria porque no accedió a darle efectos salariales a los beneficios reclamados como tales y absolvió a la entidad bancaria de todas las pretensiones incoadas en su contra.
En el recurso de apelación la parte interesada, por haber sido vencida en el juicio, se limitó a insistir en que sus prestaciones sociales habían sido liquidadas deficientemente. Aunque brilla por su ausencia el tema de la sanción moratoria, el tribunal debió pronunciarse sobre a ese respecto pues, al revocar la decisión absolutoria y considerar que la liquidación final había sido deficientemente realizada tenía que considerar, como parte del recurso, lo relacionado con la sanción moratoria.
Aunque el colegiado advirtió que estudiaría el recurso con base en el artículo 66A y limitaría «[…] el estudio del recurso de alzada a los puntos de inconformidad expresados por el apelante en su escrito visible a folios 585 a 587 del cuaderno 2 del expediente», debió entender que la sanción moratoria estaba implícita en el recurso.
No obstante existir el error del tribunal en su decisión, si la corte, en instancia, asumiera el tema, no concedería la sanción moratoria por cuanto como se ha dicho siempre, ella no es automática, incluye elementos subjetivos que se relacionan con la buena o mala fe del empleador al no pagar al final del contrato de trabajo las prestaciones y los salarios adeudados. Al respecto, la sala se pronunció en sentencia SL8216-2016, que ha sido replicada constantemente, en la que dijo:
1º) Esta Corporación, reiteradamente, ha puntualizado que la sanción moratoria prevista en los arts. 65 del C.S.T. y 99 de la L. 50/1990, procede cuando quiera que, en el marco del proceso, el empleador no aporte razones satisfactorias y justificativas de su conducta. Para esto, se ha dicho que el juez debe adelantar un examen riguroso del comportamiento que asumió el empleador en su condición de deudor moroso, y de la globalidad de las pruebas y circunstancias que rodearon el desarrollo de la relación de trabajo, en aras de establecer si los argumentos esgrimidos por la defensa son razonables y aceptables.
De igual modo, la Sala ha estimado que la buena o mala fe no depende de la prueba formal de los convenios o de la simple afirmación del demandado de creer estar actuando conforme a derecho, pues, en todo caso, es indispensable la verificación de «otros tantos aspectos que giraron alrededor de la conducta que asumió en su condición de deudor obligado; vale decir, además de aquella, el fallador debe contemplar el haz probatorio para explorar dentro de él la existencia de otros argumentos valederos, que sirvan para abstenerse de imponer la sanción» (CSJ SL9641-2014).
Como puede verse, la jurisprudencia de esta Corte y la interpretación que, como órgano de cierre de la jurisdicción ordinaria laboral, ha realizado de las disposiciones que prevén las sanciones moratorias, se ha opuesto a cualquier hermenéutica fundada en reglas inderrotables y concluyentes acerca de cuándo procede o no la sanción moratoria o en qué casos hay buena fe o no. En su lugar, se ha inclinado por una interpretación según la cual, la verificación de la conducta del empleador es un aspecto que debe ser revisado en concreto, de acuerdo con todos los detalles y peculiaridades que aparezcan probados en el expediente, pues «no hay reglas absolutas que fatal u objetivamente determinen cuando un empleador es de buena o de mala fe» y «sólo el análisis particular de cada caso en concreto y sobre las pruebas allegadas en forma regular y oportuna, podrá esclarecer lo uno o lo otro» (CSJ SL, 13 abr. 2005, rad. 24397).
Desde este punto vista, las decisiones fundamentadas en guías o paradigmas preestablecidos de comportamiento de buena o mala fe, se distancian del sentido que esta Sala le ha atribuido a los preceptos normativos que consagran la indemnización moratoria, que, se repite, exigen sin excepción, la revisión completa y dimensionada de todos los elementos del caso. De igual modo, también se aparta de la jurisprudencia consolidada de esta Sala, el juzgador que dirime los pleitos mediante un razonamiento basado en reglas definitivas e inderrotables de absolución de la sanción moratoria.
[…]
En segundo lugar, la intención de no causar daño al trabajador no puede erigirse en una razón sólida para determinar la buena o mala fe del empleador, si se tiene en cuenta que el examen de dicho parámetro de comportamiento se da en perspectiva a si el empleador, real y objetivamente, creyó no adeudar nada al trabajador, para lo cual deben aportarse, en cada caso, argumentos y pruebas racionalmente aceptables y convincentes.
En primer lugar, el tribunal no pudo incurrir en interpretación errónea ni en aplicación indebida de los artículos 65 del CST y 1° del decreto 797 de 1949, por la simple razón de que no se incurre en esos defectos cuando se deja de aplicar la norma.
De contera, el ad quem no pudo incurrir en los errores facticos que en el recurso se le enrostran a la decisión porque nunca se pronunció sobre el tema, es decir, nunca dijo que el que paga lo que cree deber esta exonerado de la sanción, jamás expreso que la conducta del Banco Popular estuviera desprovista de buena fe, tampoco aseguró que el actuar del empleador era malicioso y consiente, ni que hubiera desconocido la aplicación de las Convenciones colectiva de trabajo de que trata el recurso y mucho menos que se hubiera negado insistentemente a pagar lo adeudado; los que, a la postre, fueron los errores planteado para intentar el éxito del recurso.
En ese orden de ideas, la decisión del tribunal no fue atacada en debida forma. Cuando el juez colegiado no se pronuncia sobre un tema, el ataque en casación debe plantearse por falta de aplicación o lo que es lo mismo por infracción directa de la norma que debió utilizar en su decisión.
Sin costas.
DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, NO CASA la sentencia dictada el treinta y uno (31) de mayo de dos mil trece (2013) por la Sala Laboral de Descongestión del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogota D.C, dentro del proceso ordinario laboral seguido por JOSÉ ENRIQUE CARVAJAL RAMIREZ contra el BANCO POPULAR SA.
Sin costas como se indicó en la parte motiva.
Notifíquese, publíquese, cúmplase y devuélvase el expediente al tribunal de origen.
ANA MARÍA MUÑOZ SEGURA
OMAR DE JESÚS RESTREPO OCHOA
GIOVANNI FRANCISCO RODRÍGUEZ JIMÉNEZ
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